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Ningún Estado podrá jamás aceptar tener campos de exterminio. El mismo Estado nazi, que decía también encarnar al pueblo, ser la expresión del Volk, negó hasta al final que los tuviera.

No conozco una definición más precisa del Estado que la que Nietzsche dio en  Así hablaba Zaratustra: “Estado se llama el más frío de los monstruos fríos. Es frío incluso cuando miente; y esta es la mentira que sale de su boca: ‘Yo soy el pueblo’”.

A lo largo de su historia el Estado ha dado prueba de ello. En México, sin embargo, esa frialdad adquirió la dimensión del cinismo con la llegada al poder de la autonombrada Cuarta Transformación. Aun cuando el viejo priismo unificó en la idea del Estado al gobierno, al partido y al pueblo, y gobernó a base de mentiras, miedo y violencia, nunca, hasta el ascenso de Morena, se atrevió a decir que el Estado, el partido en el poder y el pueblo son una sola y misma cosa.

Esa mentira que, como dice el propio Nietzsche, sólo creen “los supefluos”, “los demasiados” que el Estado “devora, masca y rumia”, ha llegado con la administración de Morena a grados demenciales al querer hacernos creer que el Rancho Izaguirre no era un campo de exterminio, sino de reclutamiento y, como en su momento lo hicieron el PRI y Enrique Peña Nieto con la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotinzapa, buscar reducir la violencia sistémica que padece el país desde hace 20 años, al esclarecimiento de lo sucedido en ese Rancho.

Contra los testimonio del pueblo, es decir, de las víctimas que lo descubrieron y junto con miles de fosas clandestinas han descubierto otros, de los testimonios de quienes lograron escapar del Rancho Izaguirre,  de las investigación académica y periodística que han puesto al denudo la realidad de esos campos y su relación con la violencia del país,  y de las declaraciones de uno de los muchos y posibles perpetradores –un tal José Gregorio el Lastra–, que afirma que en ese Rancho se reclutaba y mataba, el Estado, que dice encarnar al pueblo, lo niega y con ello lo traiciona y miente.    

Ningún Estado podrá jamás aceptar tener campos de exterminio. El mismo Estado nazi, que decía también encarnar al pueblo, ser la expresión del Volk, negó hasta al final que los tuviera. Los Lager, como lo mostró Giorio Agamben en Lo que queda de Auschwitz, no eran al principio, es decir hasta La Solución Final, propiamente campos de exterminio, sino de reclutamiento forzado para tener no sólo mano de obra esclava, sino también ejecutores a sus servicios. 

Hay que recordar las tareas que al respecto realizaban los llamados Sonderkommandos y las labores de control carcelario de los Kapos. Quienes no eran aptos para ninguna de esas labores –esclavitud, exterminio o control–, los llamados Muselmänner, eran, como en el Rancho Izaguirre, asesinados y desaparecidos.
Aun cuando el Estado mexicano se empeñe en negarlo, México tiene campos de exterminio de ese tipo al menos desde 2010 en que se descubrió el de San Fernando, Tamaulipas. No están fijos como lo estuvieron en la Alemania nazi; no concentran en ellos poblaciones muy grandes, ni utilizan, como en la última etapa del nazismo, una tecnología sofisticada para exterminar y desaparecer cuerpos.
Se encuentran dispersos como hongos a lo largo y ancho de los mil 973 millones de kilómetros cuadrados del territorio nacional, tienen una tecnología rudimentaria y brutal para exterminar y desaparecer cuerpos, y reclutan y asesinan según sus necesidades. Forman parte de todo un entramado de violencias sistémicas que, bajo el cobijo del Estado, va desde robos, secuestros, asesinatos, extorsiones, redes de trata, corrupción e impunidad.

Negarlo, como se ha hecho desde que Felipe Calderón y el PAN desataron el infierno, y empeñarse en hacerlo ahora bajo el relato idiota de que el Estado y Morena son el pueblo, lo único que muestra es no sólo la condición criminal del Estado, sino su monstruosidad, su cínica frialdad para mentir y destruir al pueblo en nombre del pueblo. 

El Estado mexicano no puede ya escapar a esa condición. Aun cuando la narrativa oficial y la velocidad de los medios hayan arrojado el asunto a un tercer plano, la dimensión de la violencia ha quedado expuesta en el fractal del exterminio del Rancho Izaguirre.

La 4T y Sheinbaum podrán continuar mintiendo; podrá intentar controlar los daños con una retórica cada vez más estúpida y vacía, y buscar minimizar la realidad, pero los crímenes que a lo largo de casi 20 años ha permitido y ha ejercido en colaboración con organizaciones criminales, lo señalan ya a nivel mundial como un Estado que, como quedó expuesto en los Juicios de Núremberg en 1945, perpetra crímenes contra la humanidad y, como lo expresa la doctrina internacional de la Responsabilidad de proteger, formulada en 2005, es incapaz de defender a su pueblo de ellos. 

No es posible saber cuánto durará esta situación antes de que el Estado termine de devorarse a sí mismo y junto con él al país entero, o antes de que, impulsada por las partes sanas que aún quedan en el Estado, la comunidad internacional intervenga como es su deber desde que la ONU se creó y como lo exige la misma doctrina de la Responsabilidad de proteger.
Lo que sí es posible saber ya sin ninguna duda es que el Estado miente de manera abierta y sistemática, que es un monstruo frío, cínico y abyecto que destruye y cobija criminales, que está gravemente enfermo y cuya sobrecogedora presencia debemos resistir hasta que muera o sea sometido por el derecho. 
Sólo allí, donde el Estado y su mentira terminan, dice Nietzsche, “comienza el ser humano” y tal vez la posibilidad de refundar a la nación y edificar un verdadero y sano pacto social.

Además opino que hay que respetar los Acuerdos de San Andrés, detener la guerra, liberar a todos los presos políticos, hacer justicia a las víctimas de la violencia, juzgar a gobernadores y funcionarios criminales, esclarecer el asesinato de Samir Flores, la masacre de los LeBarón, detener los megaproyectos y devolverle la gobernabilidad a México.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JAVIER SICILIA.

Narcocampamento en Teuchitlán, la huella de muerte y complicidades del CJNG

El caso salió a la luz pública el 5 de marzo gracias a la labor del colectivo de buscadores de personas desaparecidas Guerreros Buscadores de Jalisco, que denunció el hallazgo de numerosos restos óseos y cientos de prendas de vestir y objetos en el predio.

Si bien ha sido mucho lo que se ha dado a conocer de las acciones del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), que incluso ya fue catalogado como terrorista por Estados Unidos, alrededor de la poderosa organización criminal aún hay muchas incógnitas.

En las últimas semanas algunas de las secretas prácticas que sigue para estructurar su ejército, que se estima en al menos 19.000 hombres, quedaron al descubierto tras la intervención de uno de sus campos de adiestramiento que operó por varios años en el “Rancho Izaguirre” del municipio Teuchitlán, a las afueras de la capital del estado occidental de Jalisco.

También fue detenido uno de sus operadores, José Gregorio Lastra, alias “El Lastra”, que tenía a su cargo el reclutamiento de miembros.

El CJNG está liderado por Nemesio Rubén “El Mencho” Oseguera Cervantes, por el que el gobierno de Estados Unidos ofrece una recompensa de 15 millones de dólares por información que conduzca a su detención. “El Mencho” volvió a adquirir notoriedad esta semana a raíz de que su imagen fue proyectada en un festival de música en Jalisco durante el fin de semana.

El caso salió a la luz pública el 5 de marzo gracias a la labor del colectivo de buscadores de personas desaparecidas Guerreros Buscadores de Jalisco, que denunció el hallazgo de numerosos restos óseos y cientos de prendas de vestir y objetos en el predio, de casi una hectárea, que por varios meses había permanecido en el olvido a pesar de que fue intervenido por las autoridades en septiembre del 2024.

A continuación, algunos datos clave y nuevas evidencias sobre el CJNG tras el hallazgo.

¿Cómo opera la red de reclutamiento del Cártel?

Se estima que el CJNG surgió al separarse del Cártel de Sinaloa, luego del asesinato en julio de 2010 de uno de los líderes de ese grupo, Ignacio “Nacho” Coronel Villarreal en manos de los militares.

Desde su conformación, ha mantenido tres modalidades de reclutamiento: el voluntario que, según especialistas, conforma el grueso de sus filas; la captación de exmilitares y expolicías que operan como mercenarios y que gracias a su capacitación previa entran a la organización como jefes, instructores y líderes de comandos; y el reclutamiento forzado que se evidenció en el “Rancho Izaguirre”.

Las recientes investigaciones de las autoridades mexicanas permitieron determinar que el CJNG utiliza las redes sociales —se han detectado al menos 60 páginas— para ofrecer oportunidades de trabajo falsas, especialmente de vigilantes, con sueldos semanales de unos 600 dólares y captar así nuevos miembros de manera forzada.

Gracias al testimonio de un sobreviviente del “Rancho Izaguirre” se conoció que los candidatos eran buscados en centrales de autobuses y llevados bajo engaño al predio para recibir entrenamiento en manejo de armas de fuego y acondicionamiento físico por un mes, informó el secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch.

Los que se negaban a recibir el adiestramiento o intentaban escapar del lugar eran golpeados, torturados y asesinados.

¿Cómo es su estructura organizativa?

Según explicó el especialista en seguridad David Saucedo, el CJNG tiene una estructura vertical encabezada por Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, por el que Estados Unidos ha ofrecido una recompensa de 15 millones de dólares por información que lleve a su captura.

Dentro de la organización, hay “comandancias regionales” y un área que se dedica a la producción droga y la comercialización, precisó Saucedo.

La agencia estadounidense de Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) ha reconocido que el cártel tiene presencia en 21 de los 32 estados de México, superando al Cártel de Sinaloa que se estima que opera en 19 estados mexicanos. Algunos analistas consideran que la presencia del CJNG se extiende incluso a 25 estados, con predominio en Jalisco que es considerado el bastión de la organización. Las operaciones del cártel también se han extendido a un centenar de países, entre ellos Estados Unidos, según la DEA.

¿Cómo consolidó su expansión?

El CJNG se ha convertido en menos de dos décadas de existencia en una de las organizaciones criminales más poderosas de México y ha logrado arrebatarle el control de algunas de regiones al histórico Cártel de Sinaloa. Éste se ha ido debilitando debido a los conflictos internos de sus facciones y a la captura de varios de sus emblemáticos líderes como Joaquín “El Chapo” Guzmán, que fue condenado a cadena perpetua en Estados Unidos, e Ismael “El Mayo” Zambada, quien fue apresado en julio pasado en Texas junto a uno de los hijos de Guzmán.

Al evaluar los factores que han favorecido la expansión del CJNG, el investigador del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), Carlos Flores, afirmó que su “capacidad de acción violenta” y sus prácticas de “corte de guerra irregular” han contribuido al crecimiento de su poderío, que coincidió con el desarrollo de la producción del fentanilo que ha dejado ganancias exorbitantes a los cárteles mexicanos.

Saucedo indicó que el CJNG también ha mantenido la práctica de aliarse con grupos criminales importantes, lo que le ha permitido llegar a algunos territorios de México y conformar una suerte de “franquicias” del cártel en algunas regiones como Aguascalientes y Tijuana.

Sus vínculos con autoridades y fuerzas de seguridad

El caso de Teuchitlán también permitió evidenciar cómo suele operar el Cártel Jalisco Nueva Generación en los territorios que controla gracias a redes de complicidades que desarrolla con las autoridades y fuerzas policiales que le permiten operar libremente, reconoció Flores.

A pesar de que el “Rancho Izaguirre” fue intervenido en septiembre de 2024 por la Guardia Nacional y la Fiscalía de Jalisco —y diez personas fueron apresadas por el caso—, las investigaciones en el predio no avanzaron por seis meses, lo que ha alimentado las dudas sobre la actuación de las autoridades mexicanas. Recientemente fueron detenidos tres policías municipales por su presunta participación en la desaparición de personas en el rancho.

“Hay indicios que apuntan de manera pública cómo ese tipo de acuerdos han facilitado al Cártel Jalisco posicionarse en determinadas entidades (estados), al tiempo que van eliminando a sus contrarios con la propia ayuda, en algunas ocasiones, de elementos de fuerza pública”, sostuvo el investigador.

FUENTE: PROCESO/AP.
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Teuchitlán: Dan prisión preventiva a diez detenidos en Rancho Izaguirre por desaparición

La imputación por desaparición está relacionada con el caso del rancho Izaguirre, en Teuchitlán.

Un juez imputó a diez personas por el delito de desaparición cometida por particulares, tras ser identificadas por una víctima en hechos distintos a los de su detención, informó la Fiscalía del Estado de Jalisco.

La imputación por desaparición está relacionada con el caso del rancho Izaguirre, en Teuchitlán.

“Tras exhaustivas investigaciones de la Vicefiscalía en Personas Desaparecidas, este lunes 31 de marzo diez personas fueron imputadas”, señaló la institución en un comunicado.

Los acusados fueron detenidos el 18 de septiembre de 2024 en el Rancho Izaguirre, pero continúan siendo señalados por otros hechos y víctimas.

El año pasado, las 10 personas detenidas participaron en un enfrentamiento armado contra elementos de la Guardia Nacional; en el lugar fueron rescatadas dos personas y se localizó un cadáver envuelto en plástico.

Los imputados son Kevin N, Erick N, David N, Gustavo N, Christopher N, Juan Manuel N, Óscar Iván N, Luis Alberto N, Ricardo Augusto N y Armando N. “Lo que dio paso a un nuevo proceso penal en su contra”, indicó la Fiscalía.

Estas 10 personas ya habían sido vinculadas a proceso por los presuntos delitos de desaparición cometida por particulares, homicidio calificado, tentativa de homicidio y delitos cometidos contra representantes de la autoridad.

El juez impuso prisión preventiva oficiosa hasta la audiencia de vinculación a proceso, que se realizará en los próximos días.

Mientras tanto, la Fiscalía estatal aseguró que seguirá “enfocada en el avance del caso para que se procure la justicia”.


FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Expolicía involucrado en caso Teuchitlán estuvo preso antes por desaparición forzada

José Antonio Solís Nava, uno de los expolicías municipales de Tala, Jalisco, imputado por su presunto involucramiento en la entrega de personas detenidas al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) para que fuesen reclutadas y adiestradas para servir al grupo criminal, ya estuvo detenido en una ocasión anterior por su presunta participación en el delito de desaparición forzada.

Solís, capturado por la Fiscalía de Jalisco con base en una orden de aprehensión dictada por el Juez de Control de Tequila del Sistema Penal Acusatorio, junto con su excompañero de corporación Gabriel Nieto Jiménez, son sospechosos de participar para el CJNG en el rancho Izaguirre, en la delegación La Estanzuela, municipio de Teuchitlán.

La participación de ambos exservidores públicos y de un tercer expolicía detenido desde octubre de 2024 (Emmanuel Avelar Manjarrez) trascendió después de la captura de 10 sujetos que el 18 de septiembre de 2014 se enfrentaron a la Guardia Nacional y mantenían a dos personas secuestradas en el predio y otra sin vida envuelta en plásticos.

Fue el domingo 23 de marzo cuando la Fiscalía Estatal informó de la localización de ambos exservidores públicos. José Antonio fue capturado en Colima, donde se ocultaba y Gabriel en su municipio.

Sin embargo, lo que no dijo la institución es que Solís Nava, ya estuvo antes imputado en 2023 por la desaparición forzada de un joven de nombre Leopoldo Álvarez Vela, de 28 años de edad, quien desapareció el 15 de julio de 2022 en la colonia Paseos del Sol, en Tala, Jalisco.

El dato fue confirmado a ZETA por familiares de Leopoldo, que nunca volvió a casa, y reconocieron al expolicía José Antonio Solís Nava como uno de los detenidos el lunes 29 de mayo de 2023 en la Comisaría de Tala, quien posteriormente fue liberado por un juez de control.

En efecto, en la fecha referida, policías investigadores de Jalisco rodearon la Comisaría Municipal de Tala para detener a cuatro, de ocho elementos señalados por la desaparición del joven Álvarez Vela, pero el domingo 5 de junio siguiente se conoció que los aprehendidos recuperaron su libertad por deficiencias del Ministerio Público en la imputación.

Junto a Solís eran imputados Jonathan Ismael G., Aldo Christian C., Cruz Antonio C., Ramón Martín H., José Refugio A., Jerson Isai T. y Luis Roberto R., algunos de los cuales nunca fueron detenidos.

Después de darse a conocer en la primera semana de marzo de 2025 el hallazgo del campo de adiestramiento y presunto centro de exterminio en el rancho Izaguirre, en Teuchitlán, familiares de Leopoldo Álvarez Vela volvieron a publicar su cédula de búsqueda bajo la leyenda “Aún nos falta Polo”.

Se desconoce si la resolución de dejar en libertad a José Antonio Solís Nava y sus excompañeros policiacos en 2023 fue apelada por la Fiscalía y cuál sea el estatus actual de dicha carpeta de investigación. Sin embargo, el destape del caso es una luz de esperanza para la familia de Leopoldo para localizarle y que se haga justicia.

Actualmente también se encuentra detenido otro sujeto de nombre José Gregorio Lastra Hermida, de 51 años, el Comandante Lastra, presunto encargado del reclutamiento y capacitación de los reclutas en el rancho Izaguirre, quien fue capturado por autoridades federales en la Ciudad de México.

Con Lastra fue detenida Abril Dianeh R., de 43 años, quien también estaría involucrada junto a Lastra como operadores del líder regional del CJNG, Hugo Gonzalo Mendoza Gaytán, el Sapo, quien opera el denominado GEDDRI (Grupo Élite Delictivo de Reacción Inmediata).

FUENTE: SEMANARIO ZETA.
AUTOR: REDACCIÓN.

CIDH llama al Estado a redoblar esfuerzos en la investigación de los hechos e identificar los restos humanos encontrados en Teuchitlán

La CIDH afirma que el Estado mexicano debe investigar con debida diligencia estos hechos, sancionar a los responsables y garantizar que las víctimas y sus familiares reciban adecuada y oportuna reparación.

Ante el reciente hallazgo de restos humanos, por parte de personas buscadoras, en un predio custodiado por el Estado hace seis meses, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) llama a México a redoblar sus esfuerzos en la investigación de los hechos, el castigo a los responsables y la identificación de las víctimas. Al tiempo que valora las medidas anunciadas por la Presidenta de la República, la CIDH reconoce la importante labor que realizan las personas buscadoras.

La Comisión Interamericana viene dando seguimiento a los mencionados hallazgos en el predio denominado “Rancho Izaguirre”, que se encuentra bajo custodia del Estado desde septiembre de 2024. En dicha ocasión, el Estado había detenido a 10 personas, rescatado a dos víctimas privadas de libertad, recuperado un cadáver e incautado armas, instrumentos tácticos y vehículos.

Sin embargo, seis meses después, el colectivo “Guerreros Buscadores de Jalisco” anunció públicamente que halló en el mismo lugar fosas clandestinas, restos óseos calcinados y enseres de uso doméstico, que sugieren que el rancho habría sido utilizado para actividades criminales como centro de reclutamiento, entrenamiento, asesinato y desaparición de personas, tal como informó la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Según la información aportada por las organizaciones a medios públicos, el hallazgo además expone la deficiente búsqueda llevada adelante por el Estado. Ello pues, a pesar de haberse asegurado el predio por las autoridades en septiembre de 2024, y haberse realizado trabajos con maquinarias y binomios caninos, fue la labor del grupo buscador la que encontró las fosas clandestinas de manera reciente. Al respecto, el Estado señaló que serán las investigaciones judiciales, con apoyo en la ciencia criminal, las que determinarán el origen del material recabado y el uso que tenía el Rancho Izaguirre.

Para la Comisión Interamericana es importante destacar que, si bien los colectivos de búsqueda ejercen su derecho a buscar a sus familiares, ello no exime al Estado de su deber de investigar y buscar de conformidad con obligaciones en derechos humanos.

Por otra parte, la CIDH advierte que, tras el hallazgo, la Fiscalía del Estado de Jalisco ha recuperado más objetos del Rancho Izaguirre, incluyendo casquillos de municiones, ropa, zapatos, documentos de identidad, relojes, manuscritos, tanto de hombres como de mujeres. Tanto las denuncias sobre reclutamiento forzado, entrenamiento, trabajo forzado y desaparición de personas —entre otros crímenes— como el tipo de objetos encontrados reflejan la degradación de la violencia por parte del crimen organizado a un nivel contrario a la dignidad humana. Es alarmante que lugares de esta naturaleza hayan podido operar por períodos de tiempo prolongados sin intervención de las autoridades. Por su parte, el Estado refirió que cualquier hipótesis de investigación solo podrá ser formulada con base en la evidencia resguardada en la carpeta de investigación.

El Estado mexicano debe investigar con debida diligencia estos hechos, sancionar a los responsables y garantizar que las víctimas y sus familiares reciban adecuada y oportuna reparación. La Comisión toma nota de la ejecución de dos órdenes de aprehensión sobre dos personas vinculadas estrechamente con el Rancho Izaguirre; y resalta que las familias tienen el derecho de conocer la suerte o paradero de sus seres queridos, en tanto que la sociedad mexicana tiene el derecho de conocer la verdad sobre lo ocurrido en dicho lugar. En particular, tal como la CIDH ha sostenido en reiteradas oportunidades, en situaciones de vulneraciones a los derechos humanos cometidas en contextos de crimen organizado, se deben aplicar los tipos penales adecuados e investigar toda posible participación directa o indirecta de agentes estatales, incluyendo posibles omisiones.

Asimismo, es deber del Estado mexicano conducir un proceso confiable, basado en ciencia y evidencia, para la identificación humana de los restos hallados en el “Rancho Izaguirre”. Del mismo modo, cualquier devolución de objetos encontrados cuya propiedad pueda ser atribuida y, llegado el momento, la restitución de restos humanos, se realicen con dignidad y respetando el dolor de las familias.

La CIDH reconoce el anuncio realizado por la Presidenta de México el 17 de marzo de 2025, sobre el impulso de una serie de reformas legislativas y medidas administrativas para reforzar el trabajo de la Comisión Nacional de Búsqueda, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y el Centro Nacional de Identificación Humana. Asimismo, el Estado indicó de la consolidación de la Clave Única de Registro de Población (CURP) como fuente única de identidad, la creación de una Base Nacional Única de Información Forense, de una Plataforma Nacional de Identificación Humana, y el fortalecimiento del Centro Nacional de Identificación Humana con tecnologías avanzadas como la identificación genética. La CIDH valora el reconocimiento público del Estado de brindar a las víctimas una atención integral y la elaboración de una línea del tiempo que explique la diferencia temporal entre el aseguramiento del predio y los hallazgos del grupo buscador.

La situación de la desaparición masiva de personas en México ha sido monitoreada por la CIDH desde hace más de 25 años. En este contexto, la CIDH saluda el anuncio del Estado de una mayor coordinación —en todos sus niveles de gobierno— para fortalecer la búsqueda y combatir el delito de desaparición en México. De conformidad con los estándares internacionales, en la formulación de estas medidas, la participación de las víctimas y familiares de las personas desaparecidas debe ser garantizada.

Finalmente, la Comisión reitera su reconocimiento y solidaridad con la valiosa labor de los colectivos y familiares de búsqueda de personas desaparecidas en México, que debe ser ejercida con seguridad y libertad garantizadas por el Estado. A su vez, señala la importancia de que las autoridades reconozcan públicamente el trabajo de defensa de derechos humanos que realizan, promoviendo su valorización social y que cualquier diligencia en torno al caso del Rancho Izaguirre se lleve a cabo evitando su revictimización.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

FGR contrata estudiantes de antropología como peritos para caso Teuchitlán por falta de personal

La Fiscalía General de la República ofrece “contratación inmediata y urgente” a egresados de la licenciatura en Antropología Física para atender el hallazgo de restos óseos en el Rancho Izaguirre, Teuchitlán; a nivel nacional sólo hay 52 especialistas de esta disciplina.

La Fiscalía General de la República (FGR) está recurriendo a la contratación inmediata de estudiantes egresados de Antropología Física para trabajar en la identificación de los restos óseos hallados en el Rancho Izaguirre, en el municipio de Teuchitlán, Jalisco.

Con una breve publicación, el reclutamiento se hace mediante grupos como “Antropología FCPyS” y “Coordinación Antropología de CUCSH”, en la cual prometen a los egresados de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara “contratación inmediata y urgente en la FGR para ir a Jalisco”.

A los interesados se les pide enviar un correo con su currículum vitae a Ismael Iván Mosqueira García, titular de la Unidad de Especialidades Médico Forenses adscrita a la Agencia de Investigación Criminal de la FGR.


Los anuncios de contratación datan del 19 y 20 de marzo, casi tres semanas después de que el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco entrara al rancho e identificara restos óseos, así como ropa, cientos de zapatos y mochilas que consideraron pudieron pertenecer a personas desaparecidas.

Animal Político solicitó a la FGR una postura o entrevista sobre la falta de peritos en la institución, y la contratación de estudiantes egresados, pero no obtuvo respuesta al momento de esta publicación.


FGR tiene sólo mil 565 peritos a nivel nacional

A a nivel nacional, la FGR cuenta con 31 coordinaciones de servicios periciales y una de servicios periciales y servicio médico forense. Entre todas ellas, al 2023 reportó un total de mil 565 personas peritas de distintas disciplinas y 45 auxiliares periciales, de acuerdo con el Informe de Servicios Periciales del Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal 2024, elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Pese a la crisis de desapariciones en el país, con más de 125 mil personas desaparecidas, según el registro de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), a nivel nacional la FGR sólo reportó 52 peritos especializados en antropología física y 32 en antropología forense, la disciplina que se encarga de la identificación de restos óseos humanos para determinar, por ejemplo: identidad, forma y causas de muerte.


Asimismo, señaló contar con 73 especialistas en genética forense, disciplina que trabaja con restos orgánicos humanos como sangre, pelo, saliva, esperma o piel, o bien restos óseos, para hacer una identificación.

La mayoría de los peritos de la FGR correspondían a la especialidad de química forense, con un total de 155 trabajadores; seguido por medicina forense y criminalística de campo, cada una con 132 especialistas.

FGR reconoce falta de infraestructura y peritos

En enero de 2023, se produjo un programa de fortalecimiento para las áreas de investigación forense y pericial por parte de la FGR, ya que la misma institución detectó que “algunos Servicios Periciales у Médico Forenses de las entidades carecen de instalaciones adecuadas que permitan, por ejemplo, la práctica de necropsias medicolegales” o no había infraestructura adecuada o suficiente “para la conservación de cadáveres, segmentos o restos óseos”.

En el diagnóstico hecho por la Fiscalía, apuntó que a nivel nacional –incluyendo trabajadores adscritos a instituciones locales– hay un total aproximado de 6 mil 081 especialistas que intervienen en el tratamiento, identificación y disposición de cadáveres, segmentos y restos óseos.


“Se advierte un importante déficit en el número de especialistas necesarios para las labores de búsqueda y en su caso exhumación de cadáveres, tales como arqueólogos, de los que únicamente se cuenta con 13, así como los antropólogos físicos, que solo suman 52 (de los cuales nueve pertenecen al Estado de México y 12 son de la Coordinación General de Servicios Periciales de la Fiscalía General de la República)”, detalló en el documento.

El Centro Federal Pericial Forense de la FGR recibió en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2025 un total de mil 398 millones 556 mil 998 pesos para su operación, de los cuales el 98 % corresponde al pago de personal, incluyendo trabajadores administrativos y operativos.

La Unidad de Especialidades Médico Forenses, en cambio, cuenta tan solo con un presupuesto de 11 millones 668 mil 681 pesos.


FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: TAMARA MARES.

No habrá carpetazo a investigaciones contra funcionarios omisos en caso Teuchitlán: Lemus

El gobernador de Jalisco abordó la crisis de las desapariciones de personas en el Estado e insistió en que combatirá esta tragedia que ha marcado a México.

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, prometió que no habrá carpetazo a las investigaciones que se abrieron a funcionarios públicos por omisiones y responsabilidades en el caso de las investigaciones fallidas en torno al caso del rancho Izaguirre de Teuchitlán, Jalisco. 

Al acudir al informe de actividades del Consejo Ciudadano de Seguridad, efectuado en el salón del Ex Recinto Legislativo en Palacio de Gobierno, el mandatario dijo que las investigaciones contra estos funcionarios seguirán abiertas aún con la atracción del caso por parte de la Fiscalía General de la República (FGR).

“Las carpetas seguirán abiertas para deslindar responsabilidades. En Jalisco no hay y no habrá carpetazos. Aquí vamos a seguir investigando y vamos a seguir colaborando con la Fiscalía General de la República, con el Gobierno federal, con los colectivos, con los familiares víctimas de desaparición hasta que se conozca la verdad”, manifestó. 

En el mensaje que pronunció en el acto efectuado a puertas cerradas, del que no se notificó que asistiría en su agenda pública, el gobernador de Jalisco abordó la crisis de las desapariciones de personas en el Estado e insistió en que combatirá esta tragedia que ha marcado a México.  

Recordó que durante su toma de protesta, el pasado 6 de diciembre, manifestó que la desaparición de personas es “sin duda la principal tragedia que vive el país”. 

El gobernador subrayó las acciones tomadas desde el inicio de su administración para enfrentar esta crisis, comenzando por la creación de la primera secretaría dedicada a la búsqueda de desaparecidos. Esta nueva dependencia, según Lemus, se enmarca dentro de un esfuerzo más amplio que implica asignar mayores recursos a la Fiscalía del Estado y a la Fiscalía especializada en desapariciones, así como a la Comisión de Búsqueda de Personas. 

Lemus resaltó que las autoridades actúen de manera oportuna, indicando que “las primeras horas de la desaparición de una persona son fundamentales para su localización”. En este sentido, indicó que la estrategia de inversión en el nuevo sistema C-5, está orientada específicamente hacia la erradicación de las desapariciones en Jalisco. 

Asimismo, Lemus hizo un llamado a los ciudadanos y a diversas instituciones para trabajar juntos en la concientización sobre las ofertas laborales engañosas que afectan a los jóvenes. Subrayó la necesidad de colaboración con universidades, colegios y asociaciones civiles para prevenir que más personas caigan víctimas de estas falsas ofertas de trabajo. 

“Hoy es un gran momento para tocar fondo y decir de aquí en adelante, unidos todos… Necesitamos ser empáticos”, concluyó Lemus.  

Destacó que, aunque el camino hacia la erradicación de la desaparición no será fácil, es a través de la unión entre la sociedad, el gobierno y las familias afectadas que se podrá avanzar en la búsqueda de la verdad y la justicia para los desaparecidos en Jalisco.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ELIZABETH RIVERA AVELAR.

Teuchitlán: Buscan más "campos de adiestramiento" de cárteles cerca al rancho Izaguirre

La Fiscalía General de la República amplió su investigación al Rancho La Vega, también en Teuchitlán.

Las autoridades mexicanas investigan si cerca del Rancho Izaguirre, presuntamente propiedad del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Teuchitlán, Jalisco, hay otros “campos de adiestramiento” del narcotráfico, como los denomina el Gobierno, reveló este miércoles la presidenta, Claudia Sheinbaum.

Teuchitlán, el cruel montaje del ‘circo del horror’

La visita al rancho Izaguirre provocó el reclamo de las madres buscadoras, que se sintieron, una vez más, burladas por las autoridades. Ni la fiscalía federal ni la estatal se hicieron responsables del caos y el dolor que provocó la falta de coordinación y la ausencia de explicaciones sobre lo ocurrido en el lugar. Por eso, cada visitante inventó su propia narrativa. Aunque quienes descubrieron ese predio insisten (con fotografías) en que las excavaciones donde se encontraron los restos fueron alteradas.

Cuando regresa al rancho Izaguirre en Teuchitlán, ya no en secreto sino con autorización oficial, a Virginia Ponce se le estruja el corazón al ver que este sitio no está como lo recordaba: lo ve “limpio”, como desmantelado. No apesta a humedad, tampoco está polvoso ni abandonado; cientos de personas lo recorren, lo pisan y manosean ahora mismo —por invitación de las fiscalías federal y de Jalisco—, aunque ella, que rastrea sitios de exterminio, sabe que es la escena de muchos crímenes y seguramente conservaba evidencias forenses.

No puede reconciliar este sitio “maquillado” con el que se le metió en las pesadillas nocturnas tras una de las visitas furtivas que hizo con otras madres buscadoras en enero y febrero de 2025, cuando aún estaban crecidas las cañas en los terrenos colindantes. Esos días lo revisaron a escondidas y con miedo; momentos antes de irse, escucharon un grito: “¡Mamááá!”.

“Pensé que solo yo había escuchado, pensé que era mi mismo miedo que yo tenía, y no, mis compañeros escucharon ese lamento pidiendo ayuda. Y cuando escucho el video se oye ese ‘mamá’. ¿A cuál de las mamás de nosotras le estaba hablando? Fue muy triste y doloroso”, dice, y del puro recordar se le llenan los ojos de lágrimas a esta mujer que lleva 4 años y 9 meses en la búsqueda de su hijo Víctor Hugo Meza y que lidera el colectivo Madres Buscadoras de Jalisco.

“Encontramos prendas tiradas por toda esa parte de ahí, era un olor insoportable, un alteronón de zapatos por donde quiera. Todo tirado”, dice mostrando todo alrededor, donde ya no existe nada. Se queja de que esta visita a la que fue invitada por las autoridades a participar es una burla. “Nos trajeron como a un museo, pero siquiera en un museo tú ves o puedes preguntar, y aquí nadie te dijo a qué venías o qué trabajos habían realizado. Es una burla”. 

Los reclamos son generalizados. “Nada que ver [de lo que había], ya limpiaron. Estaba tapada la ropa con una lona, y olía muy feo. De hecho, había una bata colgada con sangre, muchas cobijas aquí y en la parte de afuera. Ahora ya está muy pisado todo aquí”, asegura Adriana Ornelas, integrante también del colectivo —ella busca a su hijo veinteañero Paul Gabriel Sánchez—, y quien siente que desde enero a este rancho le han ido sacando cosas. 

No están las gallinas y los gatos, la comida enlatada (sopas instantáneas, latas de sardinas, harina de hot cakes), la enorme pila de platos (más de 100), los tenis y botas que había en cajas nuevas, las dos bases de cama, los colchones, una estatua enorme de la Santa Muerte y más objetos que tampoco vio en las transmisiones que hizo el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco, que ingresó el 5 de marzo acompañado del fotógrafo Ulises Ruiz, de AFP, cuyas imágenes de los cientos de zapatos y prendas de ropa abandonados y más de mil objetos sin dueño lucían como vestigios de una catástrofe de la que pocos sobreviven. La catástrofe del reclutamiento forzado, y de la desaparición de personas que azota a México. 

A partir del 8 de marzo, cuando La Jornada llevó en portada la noticia del crematorio clandestino, la información comenzó a tomarse en serio y a publicarse en la prensa nacional.

Esos zapatos huérfanos y la noticia de que, desde septiembre de 2024, el rancho estaba bajo resguardo de la fiscalía estatal y, a pesar de que encontraron tres personas con reporte de desaparición (una muerta envuelta en un plástico) y detuvieron a 10 supuestos integrantes del cártel, abandonaron las evidencias, lograron que el país entero volviera los ojos a Jalisco, que se hicieran homenajes luctuosos a las víctimas en las plazas de 40 ciudades, y que la presidenta Claudia Sheinbaum anunciara que atender la desaparición de personas es una prioridad nacional.

Entre los dimes y diretes sobre en quién recaía la responsabilidad, si en el gobierno estatal porque desde septiembre se quedó a cargo de este narcorrancho, o en el federal porque lo descubrió la Guardia Nacional y el predio pertenecía a la delincuencia organizada, el miércoles 19 de marzo, un sonriente Alejandro Gertz Manero, titular de la Fiscalía General de la República (FGR), informó en rueda de prensa de todas las irregularidades cometidas por la Fiscalía General del Estado (FGE) al procesar la escena del crimen e invitó a los medios a que vieran con sus propios ojos ese rancho de la localidad La Estanzuela en el municipio de Teuchitlán. 

Tras aventar el paquete a la fiscalía estatal para que, en menos de 24 horas, organizara el recorrido, esta extendió la invitación a colectivos de familias buscadoras de Jalisco, Colima, Guanajuato, Nayarit y Zacatecas, y a todas las que hubieran identificado, entre las fotografías de objetos hallados exhibidas en internet, alguna prenda de las personas que buscan.

Así, la visita a este campo de entrenamiento que en la prensa se llamó “la escuelita del terror” se convirtió en un “tour del horror” del que fueron víctimas Virginia, Adriana y tantas otras familiares que buscan.

Las primeras denuncias de la estafa comienzan a las 13:59 horas. Cuando los periodistas están esperando que los dejen ingresar al rancho, dos mujeres salen corriendo, como traumatizadas. Una de ellas —camisa de manga larga a cuadros y el rostro cubierto con un pasamontañas porque a todas les advirtieron que podía ser peligroso dar entrevistas con la cara descubierta—, a quien no le dejan de temblar las manos con las que quiere ocultar las lágrimas, grita que las engañaron porque ya no hay nada, no está la fajina que ella pensaba que era de su esposo Juan José Ramos —desaparecido de su casa “hace 6 años y 20 días”—, y llora con la impotencia de quien siente que se lo volvieron a ocultar.

“No hay nada. No hay prendas, no hay zapatos, no hay mochila, no hay nada. Se desaparecieron. No se vale. Compañeras de otro colectivo vinieron cuando se abrió y hay fotos de todo lo que hay, ahora no hay nada. Dicen que están en Semefo, pero nunca lo han publicado, pero hay muchos lugares donde hay montones de tierra. Que nos dejen entrar, escarbar, y verán que íbamos a sacar muchos indicios de nuestros desaparecidos. No se vale. Somos una burla. No hay nadie que te diga qué ha pasado con todo esto. Según que iba a venir de México una persona [de la FGR] y no llegó. Como siempre, somos burla de esta sociedad, de este pinche gobierno. Todo está bien manipulado, todo lo que hay adentro está manipulado. Esto nada más lo hacen para hacer un teatro. Había muchos zapatos, mucha ropa, muchas mochilas. Había de todo. Y ahora no hay nada”. 

En la finca de 11,000 metros cuadrados es difícil seguir todo lo que pasa porque simultáneamente ocurren muchas cosas: un papá saca de entre la tierra un maletín azul y unos calcetines del bodegón donde supuestamente entrenaban a los sicarios, un sitio que ya había sido procesado por los peritos de la fiscalía; durante el recorrido irán surgiendo cepillos de dientes, peines, cosas que pertenecieron a alguien. Una mujer de Colima coloca sobre la pared un altar con la foto de su hijo desaparecido y unas veladoras para despedirlo (“si aquí estuvo”). Un empleado de Protección Civil trata de desalojar a la gente a gritos porque la pared del galerón principal está a punto de caerse por el peso de la multitud.

Por la ausencia de prendas, desde el principio del recorrido mujeres fuertes como las buscadoras, que cavan fosas, comenzaron a colapsar. En distintos rincones —rodeadas de decenas de cámaras que enfocan cada llanto, cada grito, cada maldición— se les ve desoladas porque sienten que, al llevarse las evidencias, les desaparecieron para siempre a sus familiares. Esas prendas que habían visto eran como señales que les mandaban los hijos, las hijas, los esposos, los padres, que buscan. Presienten que si los quemaron ahí, ya nunca los van a encontrar. 

Uno de los momentos más duros lo protagoniza una de las integrantes del colectivo Guerreros Buscadores que aparecía en alguna de las transmisiones en vivo donde encuentran los 300 zapatos, la carta de despedida de un joven desaparecido, los fragmentos de huesos, y demás imágenes que revelaron lo que la sociedad y el gobierno no habían querido ver: que el cártel local traía a jóvenes retenidos a la fuerza para convertirlos en sicarios y los sometía a un brutal entrenamiento en el que quienes no matan, mueren. Cuando nota que bajo el adoquín que pisa se siente hueco, y sabiendo que la fiscalía estatal no hizo un buen trabajo pericial, se tira al piso y, como en trance, comienza a excavar con las uñas, mientras grita llorando:

—Tócale aquí, cómo suena, ¡está hueca!… ¡Miraaaaaaa!…  ¡Mira cómo suena aquí!… 

—¡Traigan un pico y pala! —pide otra mujer que también lleva una gorra para el sol y viste una camiseta gruesa de manga larga como las que usan los exploradores, y que, aunque intenta calmarla, luego grita exasperada—: Si ellos [los peritos] no van a trabajar, que no nos den un tour como si fuera museo, como si fuera película de terror, es una burla para nosotras las víctimas…

Nada auguraba que las cosas iban a salir tan mal. Únicamente se notaba la descoordinación federal y estatal, dado que las instrucciones a la prensa eran contradictorias. La FGR citaba el jueves 20, a las 12:00 horas, a las afueras de la fiscalía estatal, y la FGE indicaba que saldrían a las 11:00 de la delegación de la fiscalía general. Como si cada una hubiera querido adjudicar la responsabilidad a la otra.

“[Un día antes] por ahí de la tarde, de las 4, 5 de la tarde, empieza a circular la versión de que iban a salir de dos puntos porque no podían ponerse de acuerdo sobre el recorrido. Eso dura hasta las 10 de la noche, que finalmente deciden lanzar dos convocatorias. Pero, evidentemente, allá se notó que no había una logística y me parece que tampoco había una razón de fondo para acudir: si se les iban a presentar las evidencias o iba a haber una explicación”, explicó el periodista y columnista jalisciense Jonathan Lomelí López.

Por la Glorieta de los Niños Héroes, rebautizada como la Glorieta de las y los Desaparecidos porque está tapiada con imágenes de las personas buscadas por sus familias (en Jalisco hay al menos 15,000 registradas), pasaron los camiones —unos reportes mencionan 10, otros 12—, con lugar para 40 invitados cada uno. 

Una hora después, los autobuses tipo maquileros que contrató el estado fueron los primeros que aparcaron en el sitio asignado como estacionamiento, a un kilómetro del portón negro con el dibujo de dos caballos encabritados, donde se lee: Izaguirre Ranch. 

Se propuso una logística a los recién llegados: esperar a unas camionetas que subirían grupos de 10 personas, y hacer recorridos de 20 minutos para permitir el acceso a los siguientes visitantes.

A las 13:15 horas ya se escuchaba el grito de guerra de las familias, que, desesperadas por estar bajo el sol y entre el terregal, ansiosas por entrar al rancho donde estaban las prendas de quienes buscan, se saltaron a los funcionarios que les impedían el paso y comenzaron una caravana con el grito:

“Queremos entrar, queremos entrar, queremos entrar, queremos entrar, queremos entrar, queremos entrar, queremos entrar, queremos entrar, queremos entrar, queremos entrar, queremos entrar, queremos entrar, queremos entrar”.

El grito de guerra que no ocultaba la furia de los primeros reclamos:

“Como le digo, señora, somos seres humanos, somos madres que buscamos a nuestros hijos nomás. ¿Cree que esto sea justo? ¿Eh? Aparte de que cuando andamos con la pala y el pico escarbando, ¿quién se arrima? ¡Nadie!, nadie se arrima. Y ahorita sí que es política, que es gobierno, que nos den trato digno. Que se pongan a pensar: tenemos a nuestros hijos desaparecidos. ¿Y que nos den este trato cuando nos están invitando y [dicen] que nos van a dar un trato digno? No se vale. No se vale, señora. Somos seres humanos, no somos animales”.

Se alcanza a escuchar a un papá buscador que en su celular toma la llamada de un noticiero: “No puedo decir que fueron 100, fueron 200 [cuerpos], no tengo la cantidad exacta. No te puedo dar una cantidad porque no eran cuerpos completos los que sacamos, quedaron una nada”.

La furibunda procesión se topó con el portón negro; la entrada parecía un hormiguero. La gente discutía para entrar. 

Dentro de la finca esperaba el funcionariado estatal, cada quien con sus logos en los uniformes, pero nadie entendía qué hacían: no explicaban nada ni daban el recorrido como en los museos, solo cuidaban que no se traspasaran los sellos de seguridad. Los tres tristes psicólogos enviados por la fiscalía estatal tampoco estaban ahí cuando con más urgencia se necesitaban.

Desde las 13:30 horas ya eran televisadas por canales como el 44 las furiosas críticas de las madres que salían del rancho, como Patricia Sotelo, del colectivo Huellas de Amor, quien —rodeada de sus compañeras, todas reclamantes— dice a cámara: “Solo pisar el lugar es un dolor y se siente. Es una burla al dolor. Esperábamos caminar por nuestro pie cada rincón. […] Lo que hemos visto por la televisión, no nos dejan pasar, te formas como niño de primaria, tienes que seguir las indicaciones, seguir una hilera, nos dan 15, 20 minutos. […] Ya no hay nada, no nos dejaron entrar donde supuestamente era el dormitorio. Sabíamos que iba a venir Gertz Manero y el fiscal de Guadalajara, que nunca llegaron. Que Gertz tome su puesto, que no nada más cobre”. 

A las 14:36, cuando la visita ya era un desastre, la fiscalía de Jalisco tuitea la foto de un oficio y un mensaje: “Hemos puesto a disposición de la @FGRMexico la totalidad de la información del caso del rancho Izaguirre para efectos de que puedan ejercer su facultad de atraer y encabezar la investigación”.

Mientras a las madres que dedican el día entero a buscar con pico, pala y varillas a sus parientes desaparecidos solo les daban 20 minutos de acceso, otros contaban con privilegios, como Jorge Manuel Suárez Azcargota (@SUAREZDEJALISCO), el influencer VIP a quien el gobierno del estado coló antes del recorrido. En su transmisión se jactaba de haber sido resguardado por la fiscalía para ser el primero en echar una mirada a la bodega. Mostró la que creía que era “casa de una familia”. Enseñó lo que “una vez fue un estanque”. La cocina rudimentaria. Un baño. Las excavaciones. Los drones que sobrevolaban el espacio. Se sentía, dijo, una “vibra no cool”, muy pesada, fea, con una “carga muy cabrona”. 

En su video en vivo le dio su llegue al fiscal general: “Se esperaba la visita de Gertz Manero, obviamente no está aquí, quizás se pueda tomar como una falta de cuidado, porque aquí están los colectivos, los medios, aquí en el punto cero tendría que darse la información”, dice en el mensaje que subió después.

No sería el único influencer en la “zona cero”. Al narcorrancho estaban por arribar otros desde la Ciudad de México, deseosos de entrar a verificar si en realidad ese sitio era un “campo de exterminio” y buscar los “hornos crematorios” que las madres habían difundido en sus transmisiones dos semanas antes, en imágenes en las que se ve a un hombre sumido medio cuerpo en un hoyo y a ellas cerniendo la tierra, depositando fragmentos de huesos en una bandeja de plástico. 

En la Mañanera del 18 de marzo se informó que el tema de Teuchitlán formaba parte de una “guerra sucia”, que estaba siendo manipulado por 87,000 bots de la oposición con el fin de atacar al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum y al expresidente López Obrador.

Algunos de los influencers y periodistas fueron a constatar en vivo si esas fotos de prendas abandonadas, y los hoyos con restos humanos que hicieron del rancho Izaguirre “el Auschwitz mexicano”, eran el montaje que la presidenta y diversos medios afines denunciaban como una campaña orquestada desde la derecha o con fines injerencistas para propiciar una invasión de Estados Unidos.

El recorrido era autodidacta. En el caminito a lo largo del predio había banderines amarillos, rojos y verdes en donde se encontró alguna posible evidencia. En el bodegón principal pusieron un cordón amarillo, pero entre el tumulto no se respetaba, ni siquiera se notaba. Otro sitio estaba clausurado con una tela.

En la visita solo se veía tierra aplanada. Raúl Servín, integrante de Guerreros Buscadores de Jalisco, el colectivo que hizo público el hallazgo, repetía que la fiscalía había rellenado los hoyos de los que sacaron fragmentos de huesos. “Yo lo vi cuando lo taparon. Todo lo alteraron”.

De las decenas de uniformados presentes (soldados, guardias nacionales, personal de derechos humanos, atención a víctimas, protección civil, fiscalía de desapariciones, FGE, comisión de búsqueda y un largo etcétera), ninguno daba razón de lo ocurrido en ese rancho, de los hallazgos, de las conclusiones. En las transmisiones en vivo de periodistas, y de feizbuqueros, yutuberos, tuiteros, tiktokeros e instagrameros llegados al rancho, se notaba esa torre de Babel, donde cada quien hablaba un lenguaje distinto. Donde unos vieron un comedor, otros vieron un sitio de desollamiento. 

Periodistas internacionales que pisaban por primera vez el campo de entrenamiento de un cártel detallaban en inglés, ante las cámaras, los métodos de ejecución que se utilizaban en el predio, y hasta los lugares exactos donde se hacía cada cosa. A pesar de que lo ocurrido aún está bajo investigación. Aderezaban sus reportes con rumores, noticias, deducciones y entrevistas a sobrevivientes anónimos que dan sus testimonios en los noticieros. 

No faltaban los morbosos que —ante las familias convertidas en un manojo de nervios mientras buscaban las prendas que reconocieron— parecían competir por quién hacía las preguntas más crueles, las más terribles o las más sangrientas para ganar más vistas.

“¿Usted cree que su hijo está aquí enterrado? Si fuera así, si él le pudiera escuchar, ¿qué mensaje le daría?”.

Solo las familias que en el primer trimestre de este año ingresaron al perímetro y encontraron las evidencias atinaban a esbozar explicaciones de lo que vieron. El señor Raúl Servín, que desde hace una década busca a su hijo Raúl, ofrece el recorrido que los medios necesitan. Habla de las dentaduras que hallaron (“piezas molares”), de la placa metálica del brazo de una persona que busca su colectivo, de los restos que sacó. Critica lo mal que excavaron los peritos de la fiscalía, que sus exploraciones no se comparan con la profundidad bajo tierra que él alcanza.

Una periodista se detiene para grabar una construcción donde se encontraron señalizaciones de carreteras contra las que se practicaba tiro al blanco, y muchos bidones, y dice ante las cámaras que los delincuentes tenían ahí “una barra” para descuartizar a sus víctimas.

Don Raúl Servín, vestido con su paliacate y su camiseta negra de manga larga que lleva a los rastreos, no quiere continuar, explica que a él no le tocó inspeccionar más adelante. Que solo recuerda que en un cuarto había bidones vacíos.

—¿Aquí se usaron combustibles?

—Sí. Las muestras están en que los que se llevaron no fueron cuerpos completos. Eso porque se llevaron las evidencias a México, no fueron cuerpos completos.

—¿Cómo se veía eso que quedó? 

—Como esta piedrita que está ahí, así quedaban reducidas las partes de los cuerpos humanos que fueron quemados.

Los camarógrafos le piden que diga más, que siga adelante. Y él continúa. Personal de la fiscalía les limita el paso porque la visita ya ha durado más de la cuenta: son las 15:30 horas.

Entonces le lanzan la pregunta del millón, por la que existe un debate público y las familias buscadoras han sido acusadas de exagerar:

—¿Este es un centro de exterminio o solo un campo de adiestramiento, como dijo en su conferencia el fiscal (Gertz)?

—No sé cómo le llaman ellos. Como cuando estaba niño yo veía en las caricaturas que usaban esas pistolas como tipo láser que los exterminaban. Yo creo que ellos [el gobierno] pensaban verlo así. Entonces, cuando vine, dije: “No, lógico, pues, si estás quitando la vida a una persona y la estás quemando, pues es un castigo de exterminio”. Claro. Están aprendiendo [a matar] con otros cuerpos, entonces a lo mejor para ellos [el gobierno] no es de esa manera, pero desgraciadamente esa es la realidad para nosotros.

A la mitad del recorrido, la hija de Adriana Ornelas —hermana de Paulo Gabriel, de 21 años, quien el año pasado fue sacado junto con sus patrones del negocio de instalación de estéreos donde trabajaba— notó el mensaje distorsionado que desde ese momento un supuesto periodista ya transmitía. Y le entró la desconfianza.

“Mi hija vio un influencer que decía que ahí no había nada. Que todo era actuado, que nos habían pagado, que somos de un partido… Da mucho coraje. Me pasaron el enlace del en vivo, ahí dicen eso”, señala su madre, quien no se dio cuenta; ese día daba contención a compañeras conmocionadas por tantas emociones vividas.  

A partir de ese tour Montessori donde cada quien hizo lo que quiso, se hicieron notar periodistas e influencers que dictaminaron al instante, como si tuvieran vista de rayos X y fueran expertos en Ciencias Forenses: aquí no hay crematorios, no hay hornos, no hay nada quemado, no hay centro de exterminio. Y hasta fueron a informarlo en la Mañanera de la presidenta los días siguientes.

El fotógrafo Ulises Ruíz, quien acompañó a Guerreros Buscadores de Jalisco el 5 de marzo, cuando hicieron los hallazgos de los zapatos, la ropa, los restos óseos, volvió al rancho para la visita a medios, y contradice a quienes aseguran que nunca hubo nada: “[En el recorrido] yo vi [los hoyos] tapados”. Menciona que una de las excavaciones del colectivo que acompañó era como de un metro de profundidad. Pero el jueves del recorrido alcanzó a notar a lo lejos —porque el paso estaba cerrado— que ese pozo lucía rellenado.

“[Si en la Mañanera] declararon que no vieron hornos es porque nadie les dijo que los hornos de aquí no son como de pan o de pizza, que podrían ser bajo tierra. Yo he ido a otros dos o tres [sitios] de los que llaman hornos crematorios, con las madres de Buscando Corazones y con Guerreros [Buscadores], e indudablemente no tienen las características de un horno de pan ni horno de ninguna otra circunstancia que uno conoce de barbacoa; tiene diferentes especificaciones”, dijo en entrevista.

Para explicar las variaciones que no se entendieron en el recorrido compartió tres fotografías aéreas que tomó para la agencia AFP en el rancho Izaguirre usando un dron, en las que se puede observar la evolución de los sitios excavados —donde él vio que los buscadores extrajeron fragmentos de huesos— para compararlas con las del día del recorrido. Y una cuarta donde se aprecia la profundidad de las excavaciones.

¿Para qué se organizó la visita? Aún no hay respuestas. Si lo que se buscaba era controlar la narrativa para bajarle la intensidad al momento —y no dar a Estados Unidos la excusa para invadir México en busca de terroristas, como planteaban algunas mesas de análisis—, y desvincular los campamentos de entrenamiento del sicariato con los campos de exterminio —como han sido denominados en México muchos sitios con fosas clandestinas—, algo salió terriblemente mal. 

Después de la visita, el tema de Teuchitlán pasó a las portadas de los informativos internacionales.

The Guardian: “Hornos secretos y restos humanos: un macabro lugar de exterminio en México saca a la luz las desapariciones forzadas”.

El País: “El horror de Teuchitlán abre sus puertas: ‘La única verdad es que no les importan los desaparecidos’”.

New York Times: “En un ‘campo de exterminio’, los rastros de los amados desaparecidos”.

CNN: “Los secretos del Rancho Izaguirre: entre el horror y la búsqueda de los desaparecidos”.

En los comentarios de medios estadounidenses no pocas personas escribían que México necesitaba “ayuda” para combatir a sus propios terroristas.

Si de algo sirvió el recorrido fue para dotar de imágenes de terror a los medios de comunicación que se alimentan también con los testimonios anónimos que surgen como hongos de quienes dicen haber estado en ese mismo rancho y haber salido con vida. Son tantos que llegan a ser dudosos, pero la crisis humanitaria ha durado tanto, y las denuncias de estos hechos han sido tan ignoradas en Jalisco (la primera fue en 2011), que tampoco es posible descartarlos.

Si para algunas madres la visita fue “una burla”, “un circo”, “un teatro”, “un museo de nuestro dolor” o un “montaje”, conforme pasan los días sienten que pudo haber sido una trampa. Ni Adriana, ni Virginia, ni las madres buscadoras presentían la campaña de insultos en su contra que desataría. 

“Qué bueno que el rancho se dio a conocer. Lo que no es bueno es que nos estén atacando a todos los colectivos, a todas las mamás, está muy feo. Nos están atacando a todas de vendidas, que porque [a nuestros hijos] no los cuidamos antes, que si estaban en malos pasos. Y eso es lo que más lastima —se le quiebra la voz—, que la gente no sea empática, que no saben que de nuestra propia bolsa pagamos para buscar a nuestros hijos. Yo, la verdad, ni veo noticias, pero me metí a Yutú a ver lo que sacaron, y dije: ‘Ojalá no les pase a ellos, que sufran lo que una anda sufriendo’. Anden bien o anden mal [nuestros desaparecidos], lo que queremos es regresarlos a casa”, dice Adriana desde su casa en Guadalajara, donde aún asimila lo ocurrido.

Aunque su colectivo mantuvo las visitas en secreto —porque los elementos de la Guardia Nacional que las escoltaban en las dos ocasiones que entraron solo les permitieron tomar imágenes, pero no las dejaron excavar ni hacerlo público en los medios, y aunque Virginia dice que avisaron de sus hallazgos a una MP de nombre Berenice, de la que no recuerdan el apellido, que no les hizo caso y les prohibió volver—, Adriana siente gratitud hacia Guerreros Buscadores de Jalisco porque rompió el silencio, dio a conocer el hallazgo y generó que voltearan a verlas a todas.

Aunque hoy las atacan. “[Le dicen a Ale] que ese drama debería de haberlo hecho para que no se lo llevaran”, dice dolida por los insultos contra la madre que acudió a la visita a Teuchitlán buscando la gorra, la mochila y una placa metálica que llevaba su hijo, y que en un ataque de histeria, de llanto, de dolor, cuando no encontró las evidencias que había visto, se tiró al piso a excavar con sus uñas. 

Esta semana, el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco anunció que “enfrenta una campaña de difamación y desprestigio sin precedentes”. También ha recibido amenazas.

El viernes 21 de marzo, en la Mañanera la presidenta Sheinbaum defendió la visita al rancho como un acto de libertad de expresión (no dijo nada de la alteración o destrucción de evidencias) para que cada quien se hiciera una opinión. 

Ese mismo día en algunos medios ya comenzaba a criticarse el “invento del centro de exterminio” y de los hornos crematorios. Pero difundían también otra noticia: al rancho seguían llegando grupos de madres que pedían entrar, pero no les autorizaron el ingreso. En la televisión se veía a una madre y su hija, ambas del grupo Buscando Corazones en Jalisco, cargando los picos, palas y varillas cotidianas, vestidas con sus camisetas largas y los sombreros para el sol, auscultando las parcelas colindantes al predio Izaguirre; después anunciaban nuevos hallazgos: una sudadera, una gorra, un huarache y —lo más sospechoso— un calcetín quemado. También un plano decolorado del rancho del terror, donde el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses marcó los sitios de interés que luego no inspeccionó. 

Las madres, imparables, siguieron excavando verdades.

FUENTE: A DÓNDE VAN LOS DESAPARECIDOS.
AUTOR: MARCELA TURATI.

La “4t” rechaza en Senado crear Comisión Especial para el caso del rancho en Teuchitlán

Con 61 votos a favor y 30 sufragios en contra, el Pleno de la Cámara de Senadores rechazó, el 25 de marzo de 2025, crear una Comisión Especial sobre caso del rancho Izaguirre, que presuntamente era usado como campo de adiestramiento del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), ubicado en la comunidad La Estanzuela, en el municipio jalisciense de Teuchitlán.

Los votos a favor fueron emitidos por los integrantes de los grupos parlamentarios de los partidos Morena, Verde Ecologista Mexicano (PVEM) y del Trabajo (PT), mientras que los sufragios en contra fueron de los miembros de las bancadas de Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y Movimiento Ciudadano (MC).

La mayoría de Morena, PVEM y PT consideraron que el punto de acuerdo no era “de urgente resolución”. El PAN y el PRI, propusieron, por separado, la creación de un grupo interdisciplinario independiente de investigación internacional, para esclarecer dicho caso.

“Venimos a pedir una comisión especial de investigación de este campo de exterminio en Teuchitlán, Jalisco, porque las madres buscadoras merecen respuestas”, planteó Manuel Añorve Baños, coordinador del grupo parlamentario del PRI en el Senado

El punto de acuerdo propuesto por el PRI fue rechazado por el Pleno de la Cámara Alta del Congreso de la Unión, con 67 votos en contra y 27 sufragios a favor.

“No se considera de urgente resolución y, por lo tanto, se turna a la Comisión de Gobernación”, respondió el presidente en funciones de la Mesa Directiva del Senado, Jorge Carlos Ramírez Marín, del PVEM.

Luego, el presidente titular de la Mesa Directiva del Senado, José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña, aseguró que no era sano, ni razonable, ni de buena fe, permitir que un grupo interdisciplinario participara en estas investigaciones.

“No, no creo que sea ni sano, ni razonable, ni de buena fe, ni nada. Las autoridades, hoy la [Fiscalía General de la República] FGR, tomó finalmente el predio, se va a ir a fondo, no habrá impunidad, se sabrá la verdad”, indicó el senador.

Los legisladores de Morena, PVEM y PT sólo aceptaron citar al titular de la FGR, Alejandro Gertz Manero, para dar cuenta del avance de las investigaciones. Por otra parte, el senador independiente, Manlio Fabio Beltrones Rivera, pidió no dudar de la capacidad del Estado mexicano para esclarecer estos hechos.

“No debemos de dudar de la capacidad del Estado mexicano para poder esclarecer los Teuchitlanes que existan en México. Sería muy lamentable que iniciáramos una jornada desconfiando de las instituciones mexicanas, por el contrario, hay que presionar a las mismas, exigir a ellas que nos den mejores resultados que en el pasado”, señaló el ex gobernador de Sonora.

FUENTE: SEMANARIO ZETA.
AUTOR: CARLOS ÁLVAREZ ACEVEDO.

Edil de Tala asegura que “confía” en su policía, tras detención de exelementos por caso Teuchitlán

Gerardo Ruiz aseguró que el gobierno municipal está dispuesto a cooperar plenamente con las autoridades competentes en la investigación sobre los exelementos de seguridad, además, subrayó que estos incidentes no ocurrieron bajo su administración, ya que él asumió el cargo el 1 de octubre.

El alcalde de Tala, Juan Gerardo Ruiz Delgado, se pronunció sobre la detención de tres expolicías de la localidad, acusados del delito de desaparición forzada por haber entregado a un hombre a un grupo criminal relacionado con el rancho Izaguirre, donde se señala que se cometía el reclutamiento forzado de personas. 

Durante una entrevista, Ruiz Delgado reveló que oficialmente no le han requerido información sobre los expolicías detenidos. Aseguró que el gobierno municipal está dispuesto a cooperar plenamente con las autoridades competentes en la investigación sobre los exelementos de seguridad, además, subrayó que estos incidentes no ocurrieron bajo su administración, ya que él asumió el cargo el 1 de octubre.

"Quiero ser muy claro y sí quiero ser muy claro en esta situación. Todos los hechos que señalan no fueron en nuestra administración, fue en la administración pasada. Nosotros iniciamos esta administración el día primero de octubre y, por eso, los hechos señalados son de la administración pasada y del año pasado, no son dentro de nuestra administración," enfatizó el alcalde. 

A pesar de la preocupación de la población por estos acontecimientos, Ruiz Delgado afirmó que los ciudadanos se encuentran tranquilos. 

Sostuvo que el gobierno a su cargo ha buscado fortalecer la policía municipal.  

"Nosotros confiamos, más sin embargo, si una cosa lleva a la otra con todo gusto (haré lo que corresponda). Insisto, estamos en una postura de cooperación y lo vamos a seguir haciendo. Le decimos a la ciudadanía que hemos trabajado en una policía muy amable, cercana a la gente y hemos dotado a los policías de herramientas necesarias," comentó el edil. 

El emecista también aseguró que se están llevando a cabo exámenes de control y confianza para garantizar que los elementos actuales no estén coludidos con el crimen organizado. 

Ruiz también manifestó su disposición a recibir el apoyo del gobierno del estado y de otras autoridades federales para abordar la situación de seguridad en Tala.  

"Nuestra postura es de cooperación y apoyo. Lo que se requiera para esclarecer estos hechos, lo haremos con todo gusto. Insisto, lo que tengamos que hacer estamos en una en una postura de total cooperación para las diferentes autoridades federales, estatales y lo que se requiera vamos a estar trabajando," afirmó. 

En respuesta a las inquietudes sobre posibles campamentos de reclutamiento forzado en Tala, de lo cual quedó registro en el año 2017, el alcalde indicó que no ha recibido denuncias recientes, aunque reconoció la importancia de estar alerta ante cualquier indicio de actividad delictiva. 

"Desde que nosotros tomamos la administración hemos trabajado en una policía de prevención más que de castigo. La ciudadanía está viendo este esfuerzo y la tranquilidad que se busca para la población es nuestra prioridad. Siempre va a haber algo más que trabajar en el tema de seguridad, pues la seguridad de los ciudadanos es innegociable," expresó. 

Finalmente, Ruiz Delgado expresó su solidaridad con las familias de las víctimas de desaparición, afirmó que tiene el compromiso de apoyarles en la medida de lo posible.  

"Quiero expresar toda nuestra solidaridad con las familias de víctimas de desaparición. Es un tema que nos indigna a todos y que nos compete a todos. En este gobierno, si es necesario apoyar desde cualquier manera a las familias de las víctimas, lo vamos a hacer de la mejor manera," concluyó, e hizo un llamado a la colaboración comunitaria y a impulsar el enfoque de prevención del delito para restablecer la confianza de los ciudadanos en su cuerpo policial.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ELIZABETH RIVERA AVELAR.

Fuerzas federales toman rancho Izaguirre. Desde hoy, oficialmente es asunto de la FGR

La FGR atrajo esta madrugada el caso del Rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco, y abrió una investigación federal. Peritos ya trabajan en el sitio para esclarecer los hechos.

La Fiscalía General de la República (FGR) asumió el control del Rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco, la madrugada de este martes. Con esta medida, el caso pasa a ser un asunto de competencia federal.

El titular de la FGR, Alejandro Gertz Manero, confirmó la intervención durante la conferencia matutina de la Presidenta Claudia Sheinbaum. Informó que el Ministerio Público, la policía y peritos ingresaron al predio para iniciar las investigaciones.

Gertz Manero explicó que, hasta ahora, la Fiscalía estatal tenía el control del sitio, lo que había impedido el acceso de las autoridades federales. Sin embargo, con la intervención de la FGR, el Ministerio Público de la Federación abrió una carpeta de investigación por delincuencia organizada.

El Fiscal detalló que la captura de José Gregorio "N", alias "El Lastra", permitió la apertura de la investigación federal. Gracias a ello, se logró su remisión a un penal de alta seguridad y la FGR pudo ingresar oficialmente al predio ubicado en La Estanzuela, Teuchitlán, Jalisco.
"La madrugada del día de hoy tomamos posesión de ese lugar. No habíamos podido tomar posesión porque como bien se sabe, se estaba manejando por la Fiscalía local por haber sido la que hizo todas las gestiones desde el mes de septiembre de 2024. En ese momento, ya es un asunto de carácter federal”, declaró desde Palacio Nacional.
Durante la conferencia matutina, el funcionario indicó que ahora la FGR es la encargada de la investigación y está a la espera de que la fiscalía estatal entregue documentos, bienes, prendas y restos óseos que tenga en resguardo. No obstante, aclaró que los peritajes en curso de la instancia local deberán concluirse antes de ser entregados.

El Ministerio Público de la Federación y peritos de investigación han comenzado a trabajar en el rancho para determinar la realidad de lo que hay en el sitio. "Está ocupado por las partes federales y están entrando los peritos para determinar la realidad que hay ahí", afirmó Gertz Manero.

El Rancho Izaguirre había permanecido bajo resguardo de las autoridades estatales desde septiembre de 2024, pero con la reciente atracción del caso por parte de la FGR, las diligencias ahora se desarrollarán bajo el fuero federal.


FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Procesan a ‘El Lastra’; FGR revela que fue servidor público

Se le identifica como "comandante Lastra", presunto jefe reclutador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) que operaba en el Rancho Izaguirre.

La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo de un juez federal, con residencia en el penal del Altiplano, vinculación a proceso en contra de dos personas por diversos delitos.

José Gregorio Lastra, “El Lastra”, fue vinculado por su probable responsabilidad en los delitos de portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea. En comunicado, FGR, informó que se aplicó la agravante de haber sido servidor público. El diario Reforma apuntó que el detenido formó parte del Ejército mexicano. 

También fue procesado por delito contra la salud en la modalidad de comercio.

Se le identifica como “comandante Lastra”, presunto jefe reclutador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) que operaba en el Rancho Izaguirre, que primero fue identificado como ‘centro de exterminio’ por madres buscadoras. Las investigaciones federales apuntan que el rancho funcionó como centro de reclutamiento para integrantes del narcotráfico.


Por su parte, Abril “R”, fue procesada por su presunta comisión en el delito de contra la salud en la modalidad de comercio.

Se fijó prisión preventiva oficiosa para ambos, quedando internos en el Centro Federal de Readaptación Social número 1 Altiplano y en Centro Federal de Readaptación Social, número 16 Morelos, respectivamente.

Fueron detenidos por fuerzas federales sobre la autopista México – Toluca. Se les aseguró un arma de fuego, clorhidrato de metanfetamina, celulares, un vehículo, dinero en efectivo y diversa documentación.


FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.