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Fallas de investigación y muerte de implicado mantienen impune desaparición de 5 jóvenes de Tierra Blanca

El asesinato de un presunto líder criminal deja sin esclarecer un eslabón clave en la desaparición de cinco jóvenes en Tierra Blanca, Veracruz, hecho ocurrido durante el gobierno de Javier Duarte.

Francisco Navarrete Serna, alias “El Primo”, fue detenido en 2016 bajo la sospecha de liderar un grupo criminal que, en complicidad con la policía estatal, desapareció a cinco jóvenes en el municipio de Tierra Blanca, Veracruz. Estuvo bajo proceso más de tres años, pero fallas en la investigación a cargo de la SEIDO provocaron que fuera liberado en agosto del año pasado.

Hoy Navarrete Serna está muerto. Fue asesinado el viernes en una fiesta organizada por él en el mismo municipio. Estaba armado, pero de nada le sirvió. Los sicarios fueron más rápidos. Cinco personas más también perdieron la vida. La Fiscalía considera que fue un ataque contra “el Primo” y, el resto, víctimas colaterales.

Cuitláhuac pide perdón a familias y ahora Juez quita cargo a 21 de los 5 homicidios en Tierra Blanca

De acuerdo con un Juez federal, la exoneración de 21 personas se basa en una investigación deficiente de la Fiscalía General de la República. Sin embargo, los papás de las víctimas advierten que la resolución podría estar intentando cuidar a la Secretaría de Marina, señalada de brindar protección a la banda criminal. Los detenidos quedaron libres de delitos federales y podrían solicitar su salida del penal de máxima seguridad en Gómez Palacio, Durango, y ser reinstalados en alguna cárcel de Veracruz y seguir sus procesos del fuero local por desaparición forzada y homicidio doloso.

Veintiún personas relacionadas con la desaparición forzada y asesinato de cinco jóvenes originarios de Playa Vicente, Veracruz, fueron exoneradas del delito de delincuencia organizada.

Se trata de ocho ex policías estatales –entre ellos el ex subdelegado de Tierra Blanca, Marcos Conde Hernández– y 13 civiles relacionados con un grupo criminal –incluido Francisco Navarrete Serna, presunto líder–  acusados de haber privado de la libertad a cinco jóvenes el 11 de enero de 2016 y posteriormente asesinarlos y calcinarlos en el rancho denominado El Limón, en el municipio de Tlalixcoyan.

Son 1,158 días de dolor y ya en la justicia no creemos, dicen padres de los 5 jóvenes de Playa Vicente

Bernardo Benítez, padre de uno de los cinco jóvenes desaparecidos en Playa Vicente, dijo que ellos no pueden hablar de justicia: “No creo en la justicia del Estado mexicano, les recuerdo a los aquí presentes, que a nuestros hijos los levantó la policía del estado de Veracruz. ¿Cuál justicia? Por eso digo y que quede muy claro: las familias de los desaparecidos y de las víctimas decidimos: ni perdón ni olvido”. Le recordó también al Gobernador Cuitláhuac García que aún faltan investigar a los mandos mayores, a quienes permitieron que se mantuvieran en las calles policías que a su paso desaparecían personas. Carmen Garibo, madre de Susana Tapia, dijo que es un día de mucho dolor, pero también de dignidad y fuerza: “Señor Gobernador no puede permitir que la policía que debía protegernos trabaje para el crimen organizado, para llevarse a nuestros jóvenes. No puede permitir que no se investigue y que las mamás carguemos con este dolor”.

Los padres de los cinco jóvenes de Playa Vicente, desaparecidos por policías municipales en 2016, entregados a un grupo del crimen organizado, aseguraron que hoy no pueden hablar de justicia, porque ellos no creen en ella, pero exigieron al Gobernador de Veracruz Cuitláhuac García que su caso sea por fin resuelto, que se investigue y castigue a los mandos mayores que permitieron que se mantuvieran en las calles policías que a su paso desaparecían personas. Le recordaron que su caso no es el único en la entidad y que son muchas madres de familia que aún buscan a sus hijos.

La CNDH pide al gobierno de Veracruz reparar el daño a familiares de víctimas del caso Tierra Blanca

CIUDAD DE MÉXICO: La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dirigió una recomendación al gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, luego de acreditar la detención arbitraria, tortura, desaparición forzada y ejecución arbitraria de cuatro jóvenes y una menor de edad en el municipio de Tierra Blanca, Veracruz, el 11 de enero de 2016.

En dicha recomendación solicitó se proporcione a los familiares de las víctimas la reparación integral del daño, que incluya una compensación y/o indemnización justa por la gravedad de los hechos.

Tristeza, rabia e impotencia, a un año de la desaparición de cinco jóvenes en Tierra Blanca

XALAPA, Ver: Al cumplirse un año de la desaparición en Tierra Blanca y posterior asesinato de los jóvenes José, Mario, Alfredo, Bernardo y Susana; padres y familiares en Playa Vicente no encuentra paz, ni resignación, ni sosiego, pero mucho menos justicia.

Los cinco jóvenes fueron “levantados” por elementos de la Secretaria de Seguridad Pública (SSP) y posteriormente entregados a una célula del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) quienes los llevaron al rancho “El Limón”, donde sus restos óseos calcinados y muestras sanguíneas fueron encontrados semanas después.

Bernardo Benítez, padre del joven del mismo nombre, recrimina que de nada sirve que haya 21 responsables -entre policías estatales, civiles e integrantes del Cártel de Jalisco- con prisión preventiva, si ni uno solo ha recibido sentencia, y peor aún -ataja- que con su alto nivel de peligrosidad se encuentren recluidos en penales de mediana seguridad como los de Cosamaloapan y el Duport Ostión de Coatzacoalcos.

A 365 días de la desaparición forzada de cinco jóvenes oriundos de Playa Vicente, quienes fueron detenidos por policías estatales en las inmediaciones del municipio de Tierra Blanca cuando regresaban de un viaje de placer a la playa en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río, Bernardo Benitez Arroniz recrimina el “estancamiento” y “abandono” en que la PGR dejó el caso, una vez que los medios nacionales e internacionales dejaron de dar seguimiento al caso.

Benítez expresa que hoy hay un luto difícil de “explicar con palabras” en cinco familias de Playa Vicente.

“Es un día triste, hay mucha rabia e impotencia, no se puede uno olvidar (de los jóvenes), día a día, a cada hora, a cada minuto, te vienen a la mente”.

En estos doce meses, el transitar judicial y ministerial ha sido de completa angustia y encabronamiento, Benítez Arroniz reprocha que con elementos probatorios contundentes de que el quintuple homicidio fue cometido por la delincuencia organizada, en donde la propia Secretaría de Gobernación federal, el exgobierno de Javier Duarte y la Fiscalía General del Estado (FGE) manifestaron lo mismo, la PGR en su delegación Veracruz “dictaminó” que no había elementos para concluir eso, razón por la cual los 21 indiciados están en prisiones preventivas del fuero común.

“Son cuestiones políticas internas en las que uno sale afectado, pero como dice PGR Veracruz que no hay elementos, cuando en el rancho El Limón encontraron 8 mil fragmentos óseos calcinados, varios vehículos robados y diversos bidones de combustible de procedencia ilícita”, expone.

En el viacrucis judicial, las familias de los cinco jóvenes desaparecidos y posteriormente asesinados, ya promovieron un amparo para que la PGR Veracruz atraiga el caso y los 21 delincuentes en prisión preventiva sean enviados a penales de Máxima Seguridad (amparó 1301/2016 radicado en el Juzgado Quinto del Distrito de Boca del Río); en contraste, los policías e integrantes del CJNG ya tramitaron amparos, que en una primera instancia fueron negados. Hoy se encuentran en la revisión del mismo.

“Ya queremos que termine esto, al menos en el aspecto judicial quisiéramos estar tranquilos”.

Aunque los jóvenes desaparecieron el 11 de enero del 2016, fue casi un mes después cuando elementos del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), de la Gendarmería Nacional y la Fiscalía General (FG) de Veracruz recibieron los resultados de ADN que permitieron identificar a dos de los cinco jóvenes desaparecidos.

A través de un hueso identificaron los restos de Benítez Arroniz y una “gota de sangre” permitió la identificación de Abraham González.

Durante un mes más, familiares de los cinco jóvenes exigieron más pruebas concretas sobre que sus hijos fueron asesinados ahí, por lo que saltó a la vista una mayor complicidad de la SSP con el narcotráfico, pero también una mayor cantidad de personas asesinadas en el lugar, así como diversos vicios en las diligencias realizadas, razón por la que familiares de Playa Vicente acamparon durante dos meses en la Fiscalía Regional de Tierra Blanca como medida de presión a las autoridades.

“Aquí vamos a seguir en pie de lucha y hasta llegar a las últimas consecuencias. Ayer nos dieron el resultado de la investigación. Nos dicen que se encontraron fosas con muchos cuerpos calcinados. No se pudo hacer el ADN con restos calcinados, pero hubo una parte que sí pudo ser analizada, me dicen que pertenecen a los restos de mi hijo”, relató en aquel entonces Bernardo Benítez.

Abundó que en un proceso judicial por separado, pusieron una denuncia ante la PGR en contra del exsecretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez Zurita, derivado de que de los policías incriminados en la desaparición de los jóvenes, ninguno contaba con los exámenes de evaluación y confianza.

“La denuncia la pusimos en Ciudad de México, fue una bronca que nos la recibieran, solo porque dijimos que si no abrían una investigación nos ampararíamos y lo haríamos público… la recibieron en diciembre del año pasado, pero hoy no han hecho una sola diligencia”.

Bernardo Benítez espera que con el nuevo gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares y el nuevo fiscal General del Estado (FGE), Jorge Winckler, se pueda dar un acercamiento y que ellos les ayuden a presionar ante la Federación para dar justicia y sosiego a las familias: “vamos a darles un voto de confianza”.

En Veracruz, durante el sexenio de Duarte hubo más de mil desaparecidos en el sexenio, y según cifras oficiales de la FGE, 100 denuncias fueron resueltas, pues se encontró a dichas personas pero sin vida.


El caso de José Benítez de la O, de 24 años; Mario Arturo Orozco Sánchez, de 27; Alfredo González Díaz, de 25; Bernardo Benítez Arroniz, de 25, y Susana Tapia, de 16 años; sacudió a la sociedad de Veracruz y traspasó las fronteras del país, pues en entrevista con Proceso y en encuentros con distintas televisoras, los padres de los 5 jóvenes “ofrecieron” al Cártel de Jalisco “entregarse” a cambio de que les regresarán con vida a sus hijos, dos semanas y media después, se confirmaría el hallazgo sin vida de los jóvenes oriundos de Playa Vicente.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: NOÉ ZAVALETA.
LINK: http://www.proceso.com.mx/469615/tristeza-rabia-e-impotencia-a-ano-la-desaparicion-cinco-jovenes-en-tierra-blanca

PGR se declara incompetente para investigar a policías involucrados en caso Tierra Blanca

La procuraduría afirma que de la información proporcionada por la Fiscalía del estado sólo se desprenden delitos del fuero común. Abogado de las familias de los 5 jóvenes desaparecidos anuncia que interpondrá un amparo.

La Delegación Estatal de la Procuraduría General de la República (PGR) se declaró incompetente para fincar responsabilidades a los ocho policías estatales detenidos por el caso Tierra Blanca, Veracruz, en actos de delincuencia organizada.

Mediante un acuerdo firmado por el Ministerio Público de la Federación, dentro de la Averiguación Previa AP/PGR/VER/II/46/2016, la PGR argumentó que del contenido proporcionado por la Fiscalía General del Estado (FGE) únicamente se desprende la comisión de delitos del orden local.

Es decir, los ex elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), entre ellos el subdelegado regional Marcos Conde, no serán investigados por delitos federales.

Sin embargo, Celestino Espinoza Rivera, abogado de los cinco padres de Playa Vicente, asegura que las víctimas presentarán un amparo al considerar que no fueron considerados los hallazgos del rancho El Limón, relacionado con F.N.S, presunto mando del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y que fue puesto a disposición de la PGR en enero de 2016.

Entre los indicios recabados por la Policía Científica, de la Policía Federal hubo 3 mil fragmentos humanos, así como vehículos automotores de carga, válvulas abrazaderas, tanques con restos de diésel y demás implementos empleados en el robo de hidrocarburos.

“No sé qué más pruebas necesitan. Creímos que con nuestro caso los responsables recibirían un castigo ejemplar y la situación en Tierra Blanca se iba a amainar. Sin embargo parece que la PGR se está olvidando de nosotros”, comentó en entrevista Bernardo Benítez, uno de los cinco padres.

Por su parte, el abogado abundó que la PGR tampoco consideró una declaración ante la FGE de tres civiles, quienes además de presentarse como integrantes del CJNG, describieron una presunta alianza con “Los Estuches”, como se referían a los policías estatales.

“El argumento de la PGR para no investigar a los detenidos por delincuencia organizada es falaz. Me hace suponer que intentan encubrir a otras instituciones de seguridad mencionadas en la investigación. Sin embargo las sanciones no deben recaer únicamente sobre los autores materiales, sino también debe sancionarse a las autoridades omisas, sin importa el fuero”, concluyó.

El 11 de enero, 5 jóvenes desaparecieron luego de que un grupo de policías estatales los detuvieron en Tierra Blanca cuando regresaban de un fin de semana en el Puerto de Veracruz. Se presume fueron entregados a un grupo del crimen organizado.


El pasado mes de junio, el entonces Subsecretario de Derechos Humanos de la SEGOB, Roberto Campa anunció la conclusión de la búsqueda de los estudiantes, aunque afirmó que el caso continuaría abierto. Destacó que sólo los restos de Bernardo Beníez habían sido identificados luego del hallazgo de más de 3 mil fragmentos de restos humanos en el rancho El Limón, en el municipio de Tlalixcoyan.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN/MIGUEL ÁNGEL LEÓN.
LINK: http://aristeguinoticias.com/1612/mexico/pgr-se-declara-incompetente-para-investigar-a-policias-involucrados-en-caso-tierra-blanca/

Cae otro por la desaparición forzada de jóvenes en Veracruz

XALAPA, Ver: La Policía Ministerial adscrita a la Fiscalía Regional de Cosamaloapan detuvo esta mañana a “la última persona” –presumió la dependencia– vinculada con la desaparición forzada y posterior asesinato en agravio de cinco jóvenes en Tierra Blanca.


La Fiscalía General del Estado (FGE) informó que suman ya 19 personas detenidas: ocho policías de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y once presuntos integrantes del Cártel de Jalisco Nueva Generación.

En un comunicado, el titular de la dependencia, Luis Ángel Bravo Contreras, informó de la detención de Miguel Saldaña García, alias “El Craner”, probable integrante del CJNG y quien operaba en el sur del estado.

“La detención de Saldaña García tuvo lugar la mañana de este viernes en Cosamaloapan, donde los agentes ministeriales desplegaron un operativo táctico de inteligencia, mediante el cual dieron cumplimiento a la orden de aprehensión girada por el Juez Primero de Primera Instancia de este distrito judicial”, expuso.

A los 19 detenidos se les acusa por su participación en el “levantón” y posterior asesinato de Bernardo Benítez Arroniz, Alfredo González Díaz, José Benítez de la O, Mario Arturo Orozco Sánchez y Susana Tapia, quienes fueron interceptados por policías estatales en Tierra Blanca cuando volvían de un fin de semana de vacaciones en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río.

La Fiscalía General del Estado añadió que para la detención de estas 19 personas involucradas en este quíntuple homicidio realizó 10 mil 223 operativos dedicados a ubicar el paradero de los jóvenes, en los cuales coordinó actividades con la Gendarmería Nacional y la División de Policía Científica de la Policía Federal, así como con sus similares de todas las entidades del país y miembros de la Red Nacional de Inteligencia Criminal.

“Como resultado de las 13 mil 688 diligencias realizadas a lo largo de nueve meses de la investigación en las que participaron 283 servidores públicos de la FGE, se han asegurado 10 mil 524 indicios y 13 vehículos automotores; así como cuatro inmuebles (ranchos), y dos establecimientos comerciales ubicados en los municipios de Tierra Blanca y Tlalixcoyan”.

Entre los ranchos asegurados se encuentra “El Limón”, un predio del municipio de Tlalixcoyan, que presuntos integrantes del CJNG utilizaban para resguardar a sus secuestrados y para ejecutar, quemar y desintegrar restos óseos de a quienes consideraban sus adversarios.


La Fiscalía General del Estado indicó que el pasado 3 de octubre, el Juez Cuarto de Distrito en materia penal, con residencia en Boca del Río, negó la protección de la justicia federal a los expolicías estatales René Pelayo Vidal, Édgar Omar Ruiz Tecalco, Omar Cruz Santos, Luis Rey Landeche Colorado, Othoniel Cruz Linares, Rubén Pérez Andrade y Édgar Ramón Reyes Hermida, así como Marcos Conde Hernández, quien fungía como Delegado Regional de la SSP, quienes solicitaron diversos amparos contra los efectos del auto de formal prisión; el dictamen de negativa avaló la actuación de la fiscalía estatal y del Juez del Poder Judicial del Estado, que en su oportunidad acusaron con pruebas contundentes y procesaron de manera diligente a los imputados.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: NOÉ ZAVALETA.
LINK: http://www.proceso.com.mx/458831/cae-la-desaparicion-forzada-jovenes-en-veracruz

Familia de detenido por caso Tierra Blanca asegura que es un “chivo expiatorio”

XALAPA, Ver: Seis meses después de que Francisco Navarrete Serna fue señalado como presunto jefe de plaza del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y responsable de los secuestros, ejecuciones y extorsiones en la región, su familia aseguró que el gobierno de Javier Duarte lo está utilizando como un “chivo expiatorio”.


En una carta enviada a la redacción de la revista Proceso, Esther Navarrete expone que su hermano Francisco, detenido por elementos de la Gendarmería Nacional, Policía Federal y Fiscalía General del estado, fue parte de un burdo montaje para culparlo de un asesinato múltiple que no cometió: el de cinco jóvenes de Playa Vicente que fueron “levantados” en Tierra Blanca y posteriormente asesinados por el CJNG.

“Queremos detener esta difamación (sic) y agravio por la que mi hermano y toda la familia Navarrete Serna estamos atravesando desde el primer momento en el que fue presentado como un criminal y jefe de plaza de Tierra Blanca, Veracruz. Hemos vivido los seis meses más difíciles de nuestras vidas, hemos perdido amistades y la confianza en nuestros allegados porque a los medios se les hace fácil creer las mentiras fabricadas por el mismo gobierno con la única finalidad de no cargar con una responsabilidad social y lograr presentar culpables, chivos expiatorios, gente inocente que termine pagando algo que no cometió́”, apunta.

Hace seis meses, tras la detención de Navarrete, los gobiernos federal y estatal difundieron un comunicado para dar a conocer el hecho.

Destacaron que las fuerzas policiacas “identificaron dos camionetas estacionadas con tres civiles armados, los cuales intentaron huir amagando con las armas a los uniformados, quienes de inmediato fueron sometidos. Entre los detenidos se identificó a Francisco Navarrete Serna, de 54 años, junto con su hijo y otro sujeto, quien manifestó ser uno de los sicarios al servicio del grupo criminal Cártel Jalisco Nueva Generación.

“Los tres iban armados y se les aseguró una pistola calibre 9 milímetros, un fusil de asalto AK-47 y otro AR-15, además de diversos equipos de telefonía, los cuales están proporcionando valiosa información sobre la red de complicidades en Tierra Blanca”.

En respuesta, la hermana del acusado califica a Duarte de “cínico, inhumano, enfermo de poder y repudiado por los veracruzanos” (sic)”.

En la carta enviada a Proceso sostiene: “Mi hermano no es integrante de ningún cartel, tal como se afirma en su nota del día de hoy (sobre el asesinato del reportero de La Voz de Tierra Blanca y colaborador de El Piñero de la Cuenca y Al Calor Político, Pedro Tamayo), mi hermano no está́ relacionado con hechos delictivos asociados a la desaparición y asesinato de los cinco jóvenes en Tierra Blanca”.

Francisco Navarrete, concluye, fue criminalizado sin fundamentos como “jefe de plaza del Cartel Jalisco Nueva Generación”.

El pasado 11 de enero causó conmoción el ‘levantón’ de cinco jóvenes oriundos de Playa Vicente, a manos de policías estatales en el municipio de Tierra Blanca.

Seis meses después solo se han encontrado indicios de que dos de las víctimas, Bernardo Benítez Arroniz y Alfredo González Díaz, fueron asesinados por una célula del CJNG. Los restos óseos de ambos jóvenes fueron hallados en el rancho El Limón, ubicado en Tlalixcoyan, por efectivos de la Gendarmería Nacional, la Policía Federal y la Policía Ministerial.

Del paradero de José Benítez de la O, de 24 años; Mario Arturo Orozco Sánchez, de 27, y Susana Tapia, de 16, no hay rastros.

Este escándalo exhibió la forma en que policías de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) sirven al narcotráfico y no a los ciudadanos, manifestó en un comunicado la organización civil Causa en Común, que acusó a los cuerpos policiacos de ser los “responsables morales” de la desaparición de los jóvenes.


La resistencia civil de la familia Benítez y los padres de los otros jóvenes de Tierra Blanca, quienes durante 60 días pernoctaron en la Fiscalía General del estado, dio pie a la detención del delegado de la SSP, Marcos Conde, así como la de siete de sus policías. También fue capturado Francisco Navarrete, a quien los gobiernos estatal y federal fincaron el adjetivo de “jefe de plaza” del CJNG, pero la familia asegura que eso es falso.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: NOÉ ZAVALETA.
LINK: http://www.proceso.com.mx/448250/familia-detenido-caso-tierra-blanca-asegura-chivo-expiatorio