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viernes, 30 de junio de 2023

Más que día de la Guardia Nacional, el 30 de junio es el día de recordar masacre de Tlatlaya: Centro Prodh

«Más que día de la Guardia Nacional», declarado este jueves por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), «el 30 de junio es el día de recordar Tlatlaya, masacre ocurrida hace nueve años, y lo que este caso emblemático nos dice sobre los riesgos de la militarización, hoy más extendida que nunca», señaló el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh).

El centro recordó que a nueve años de la masacre en Tlatlaya, donde militares asesinaron a 22 personas, las autoridades mexicanos siguen sin investigar la cadena de mando involucrada en los hechos y en la emisión de la orden de «abatir delincuentas», así como que no se han sancionado a los autores materiales en el fuero civil, a pesar de que hay procesos abiertos.

lunes, 21 de febrero de 2022

Alejandro Gómez cargó en 8 años con el caso Tlatlaya y el avance del narco en Edomex

Durante su gestión al frente de la Fiscalía General del Estado de México, Alejandro Gómez Sánchez pasó por diversas polémicas, entre las que se encuentran la “masacre de Tlatlaya”, el incremento de delitos de alto impacto y la incursión de organizaciones del crimen organizado en esa entidad, los últimos dos, asuntos que quedan pendientes en materia de seguridad.

Alejandro Gómez Sánchez renunció la semana pasada a su cargo como Fiscal General de Justicia en el Estado de México, tras ocho años como titular en el cargo, periodo durante el cual la dependencia fue cuestionada por su actuar en caso como el de Tlatlaya, por la incursión de organizaciones criminales en territorio mexiquense, y por ser una de las entidades con los mayores índices en incidencia delictiva.

El 25 de mayo de 2014, Gómez Sánchez rindió protesta como titular de lo que fue la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, ante el entonces Gobernador Eruviel Ávila, y en 2017, pasó a ser Fiscal luego de que en 2016 se aprobaron reformas para convertir la Procuraduría en una Fiscalía autónoma, cargo en el que estaría siete años, hasta 2024.

jueves, 1 de abril de 2021

Reaprehenden a los 7 militares involucrados en la matanza de Tlatlaya

Los elementos, entre ellos un capitán retirado, fueron ingresados por la Policía Judicial Militar a la Prisión Militar del Campo 1-A, en la Ciudad de México.

A mediados de marzo, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) reaprehendió a los siete militares involucrados en el abatimiento de 22 presuntos delincuentes en Tlatlaya, Estado de México, en 2014, y los cuales fueron liberados entre 2015 y 2016 ante la falta de pruebas de la entonces Procuraduría General de la República (PGR).

De acuerdo con El Universal, los elementos, entre ellos un capitán retirado, fueron ingresados por la Policía Judicial Militar a la Prisión Militar del Campo 1-A, en la Ciudad de México, y cuatro de ellos salieron bajo fianza el 26 de marzo para continuar su proceso en libertad, pero se presentan diariamente a pasar lista. Fuentes aseguraron al diario que tres de los siete militares reaprehendidos permanecen presos en el Campo Militar 1-A por este caso.

jueves, 22 de octubre de 2020

Tlatlaya y Ayotzinapa, las dos herencias de Cienfuegos

Reacio a la rendición de cuentas y a la colaboración con expertos internacionales, defensor a “ultranza de la relativa autonomía de las Fuerzas Armadas” y presto –motu proprio y por interpósitas personas– a descalificar a víctimas y organizaciones defensoras de derechos humanos, son algunas de las actitudes que mantuvo el general Salvador Cienfuegos Zepeda frente a escándalos por violaciones graves a derechos humanos cometidos por personal castrense durante su gestión al frente de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), sostiene Santiago Aguirre Espinosa, director del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh). 

lunes, 1 de julio de 2019

Impunidad en el caso Tlatlaya, un “mensaje negativo” sobre la intervención militar: Centro Pro

El encubrimiento y la impunidad que privan en el caso de la ejecución extrajudicial de civiles a manos de militares en Tlatlaya, hace cinco años, “son un mensaje negativo” sobre la intervención militar en la seguridad pública en momentos en que Guardia Nacional inicia sus operaciones, señaló el Centro Pro de derechos humanos.


Si los hechos no son esclarecidos y los responsables a todos los niveles sancionados, advirtió el organismo en ocasión del quinto aniversario del caso, “se estará entendiendo que la privación de la vida en el contexto de la intervención militar en la seguridad pública no tiene consecuencias, lo que sin duda puede repercutir en nuevas y graves violaciones a derechos humanos”.

domingo, 12 de agosto de 2018

Juez ordenó a la PGR corregir su investigación, para esclarecer el caso Tlatlaya: Centro Prodh

La sentencia, dictada el 25 de mayo de 2018, indica que las autoridades deben investigar la orden "de abatir delincuentes en horas de oscuridad y a quienes intervinieron en su emisión".

El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) informó sobre una resolución del Juez Decimocuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal, en la que se señala que la Procuraduría General de la República (PGR) no ha realizado una investigación exhaustiva, adecuada y efectiva del caso Tlatlaya, por lo que debe realizar “una serie de diligencias para esclarecer de inmediato el caso y fincar responsabilidades, incluyendo la cadena de mando involucrada en la ilegal orden de abatir delincuentes en horas de oscuridad”.

miércoles, 23 de agosto de 2017

Tuvo que ser un Juez, y no la PGR, el que ordenara indagar a fondo el caso Tlatlaya, dicen abogados

La falta de debida diligencia de la Procuraduría General de la República hizo que en los últimos tres años el caso Tlatlaya se mantenga en la impunidad, afirman los abogados que acompañan a una de las víctimas. El 3o de junio de 2014, un convoy del Ejército abatió a 22 personas, al menos ocho habrían sido ejecutados, ya que no fueron parte de fuego cruzado alguno. Por su parte, la Comisión Nacional de Derechos Humanos expuso en un primer momento que entre 12 y 15 fueron víctimas de una ejecución extrajudicial. Ahora un Juez ha ordenado a la PGR juntar pruebas suficientes para imputar cargos a tres soldados que habían quedado libres de señalamientos cuando un juez anterior encontró que había deficiencias en la investigación. El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez ve en el caso Tlatlaya la impunidad que azota al país.

La falta de investigaciones de la Procuraduría General de la República (PGR) ha sido una constante en los casos judiciales del sexenio, y en el caso del homicidio de 22 personas en Tlatlaya, Estado de México, el 30 de junio de junio de 2014, no es la excepción. Sin embargo, esta investigación dará un vuelco, luego de que un juez ordenara a la Fiscalía mexicana investigar toda la cadena de mando del Ejército que intervino en esta ejecución extrajudicial.

Hoy, los abogados de las víctimas del caso Tlatlaya esperan que una nueva orden de un juez desmantelé la cadena de mando del Ejército que acabó con la vida de 22 personas.

viernes, 18 de agosto de 2017

CNDH celebra orden para la PGR de reabrir caso Tlatlaya

Ciudad de México. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) saludó la resolución de un juez federal que le ordenó a la Procuraduría General de la República (PGR) retomar el caso Tlatlaya con “exhaustividad y efectividad”, y recordó que ya había emitido una recomendación en donde enfatizaba la necesidad de rehacer las investigaciones sobre el tema.

En un comunicado, el organismo público indicó que el juzgado decimocuarto de distrito de amparo en materia penal en la Ciudad de México le ordenó al Ministerio Público Federal que realice una indagatoria exhaustiva de lo ocurrido en Tlatlaya, para lo cual “tendrá que allegarse de mayores elementos probatorios”.

miércoles, 16 de agosto de 2017

Autoridades movieron y “sembraron” armas a 11 cadáveres en Tlatlaya

Los cadáveres de 11 víctimas fueron movidos de su posición original tras la balacera en Tlatlaya, Estado de México, el 30 de junio de 2014.

En noviembre de 2016, Aristegui Noticias presentó un reportaje que documentó la alteración de nueve cadáveres.

El reportaje se hizo con fotografías entregadas por la Secretaría de la Defensa Nacional por orden del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

Sin embargo, el Ejército no entregó todas las imágenes a este medio de comunicación.

Falta investigar a los militares que ordenaron disparar en Tlatlaya, denuncia el colectivo Seguridad sin Guerra

Mediante una sentencia de amparo se dictaminó realizar con “debida diligencia” las investigaciones de lo acontecido en Tlataya, Estado de México, por la falta de investigación sobre la cadena de mando militar responsable al cometer muchas omisiones.

En un comunicado, el colectivo Seguridad Sin Guerra evidencia la falta de actividad de la Procuraduría General de la República (PGR) en el caso Tlatlaya, instancia que ha vulnerado los derechos humanos, evitando realizar investigaciones sobre los militares que dieron la orden de “abatir delincuentes en horas de oscuridad”. Se ha considerado también que no se ha investigado la cadena de mando responsable.

martes, 15 de agosto de 2017

Juez ordena a la PGR corregir su investigación sobre el caso Tlatlaya

El Juez Cuarto de Distrito en Materia de Procesos Penales ordenó a la PGR corregir y realizar una investigación exhaustiva sobre lo ocurrido en Tlatlaya, Estado de México, el 30 de junio de 2014.

Un juez federal otorgó un amparo a una de las sobrevivientes y testigo de las ejecuciones extrajudiciales ocurridas en Tlatlaya, Estado de México, en 2014. Con esto, ordenó a la PGR investigar adecuadamente los hechos, considerando el elemento de la cadena de mando militar responsable.

Por ello, en su resolución judicial, el Juez le ordena a la PGR que establezca si “existe alguna otra indagatoria que aún no haya sido consignada y que con el fin de unificar la investigación de los hechos pueda ser acumulada a la que se encuentra bajo su cargo integrando”.

martes, 24 de enero de 2017

Dan casi 4 años de prisión a policías ministeriales que torturaron a sobrevivientes de Tlatlaya

Serán destituidos del cargo y deberán pagar a las víctimas por daño moral la cantidad de 13 mil 980 pesos.

Cuatro policías ministeriales de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México fueron sentenciados a tres años y ocho meses de prisión por el delito de tortura contra tres sobrevivientes del caso Tlatlaya registrado en el 2015.

De acuerdo con el diario Reforma, los sentenciados son identificados como Gabriel Pineda Guerrero, Eulalio Hernández Martínez, Isabel Patricio Siles González y Jesús Antonio Vega Vázquez, quienes se adhirieron a proceso abreviado y reconocieron su participación en el ilícito.

Cada uno de los sentenciados será destituido del cargo que ostentaba y deberá pagar a las víctimas por daño moral la cantidad de 13 mil 980 pesos, cifra fijada por la autoridad judicial como reparación del daño.

En total, siete elementos ministeriales estaban acusados. Los otros tres policías ministeriales optaron por seguir el proceso judicial para tratar de demostrar su inocencia.


Tras los hechos ocurridos el 30 de junio de 2014 en la comunidad de San Pedro Limón en el municipio de Tlatlaya, donde murieron 22 personas, tres mujeres sobrevivientes denunciaron tortura y violación a sus derechos fundamentales por parte de personal de la PGJEM para tratar de incriminarlas con un grupo delictivo. 

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://aristeguinoticias.com/2401/mexico/dan-casi-4-anos-de-prision-a-policias-ministeriales-que-torturaron-a-sobrevivientes-de-tlatlaya/

lunes, 7 de noviembre de 2016

Sedena tuvo evidencia de alteración de escena en Tlatlaya desde el primer día

El Ejército mexicano fotografió los cadáveres tras la balacera del 30 de junio de 2014, lo cual demuestra el acomodo de cuerpos y armas.

El Ejército Mexicano tuvo evidencia desde un primer momento sobre la alteración que sufrió la escena del crimen donde 22 civiles fallecieron en un supuesto enfrentamiento, en el municipio de Tlatlaya, Estado de México, el 30 de junio de 2014.

Aristegui Noticias obtuvo, vía transparencia, los primeros reportes enviados por los soldados a sus superiores tras la balacera: cuatro partes “extraurgentes” y un anexo de 34 fotografías en blanco y negro, tomadas por soldados en el lugar de los hechos.

Dos partes militares mencionan el envío de fotografías: el S-1/M-1/14787 y el  S-1/M-1/14720. El primero no figura entre las pruebas que entregó la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para la investigación por violaciones graves.

Durante las 93 páginas de la recomendación de CNDH nunca se menciona que los elementos hayan tomado imágenes. La Comisión concluyó con peritajes que nueve cadáveres fueron movidos o les colocaron armas.


Aristegui Noticias comparó las nuevas fotos entregadas por la Sedena con dos series de imágenes que ya eran públicas. El resultado: nueve cadáveres fueron movidos o les colocaron armas.

El 30 de junio de 2014, elementos de la Sedena se enfrentaron a un grupo civiles armados en el poblado de San Pedro Limón, Tlatlaya.

Soldados reportaron que los sujetos dispararon desde una bodega, por lo que repelieron la agresión con un saldo de 22 civiles fallecidos y un militar herido.

Los hechos se registraron alrededor de las 6:00 am y el Ministerio Público llegó hasta las 12:30 horas, por lo cual los soldados tuvieron control de la escena durante seis horas.

En los cuatro partes obtenidos por Aristegui Noticias se aprecia el desarrollo de los hechos: en el primero ya se habla de 22 civiles muertos, pero no hay detalles sobre las armas decomisadas; el último reporte cierra a las 17:30 horas, cuando acabó el levantamiento de los cuerpos.

FOTOS DEMUESTRAN CADÁVERES MANIPULADOS

Las fotos entregadas por la Sedena son una pieza clave para entender cómo las autoridades modificaron el lugar donde fallecieron 22 civiles.

Hay dos registros gráficos previos. Uno fue el expediente publicado por la CNDH (con imágenes de peritajes); y el segundo, las fotos filtradas a la agencia de noticias MVT, de Toluca.

Al comparar los tres grupos de imágenes consta que el Ejército tuvo evidencia en sus archivos sobre el cambio de posición de al menos nueve cadáveres y armas a su alrededor.

La Sedena entregó 34 fotos y en 20 de ellas se aprecia la posición de los cadáveres luego de la balacera, e incluso las botas de un militar que tomó las imágenes.

En la foto número dos de la Sedena, se ve el cuerpo de un hombre con los brazos extendidos y un arma larga sin cargador sobre el brazo izquierdo, incluso aparecen las botas del militar que tomó la foto.

Después, la escena cambia.

En las imágenes que tomaron los peritos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM), se aprecia el cuerpo en la misma posición, pero ahora el arma ya tiene incorporado el cargador.

BLOQUEO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Aristegui Noticias solicitó acceso a estos archivos en enero de 2015: la Sedena negó el acceso, pero una resolución del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) obligó a la Secretaría a entregar los datos en junio de 2015.

De última hora, el Ejército Mexicano canceló la entrega de los documentos, argumentando la existencia de un amparo promovido por los soldados que participaron en los hechos para que no se divulgaran elementos de la investigación.

El bloqueo sobre la información pública terminó en octubre de 2016, cuando la dependencia notificó la posibilidad de entregar los documentos.

El expediente transparentado está en una versión pública (con datos personales y caras tapadas con un cuadro negro). Al ya tener los documentos, una fuente entregó a Aristegui Noticias otra versión de las mismas fotos, pero con mayor calidad y ahora sin el cuadro negro que tapaba la cara de las víctimas.

Además, en la lista de “EVIDENCIAS” de la CNDH no aparece el parte S-1/M-1/14787, donde los soldados reportaron el envío de imágenes a sus superiores.

El Ejército Mexicano guardó en sus archivos evidencia clave para determinar qué pasó la mañana del 30 de junio de 2014 en Tlatlaya.

JUSTICIA

La versión oficial sobre la balacera (que los militares repelieron una agresión) dominó la agenda pública dos meses, hasta que un reportaje de la revista Esquire, de septiembre de 2014, cuestionó la actuación de los soldados y una de las sobrevivientes de los hechos acusó la ejecución extrajudicial de los civiles armados.

La Procuraduría General de la República (PGR) afirmó que investigaba los hechos desde un principio, aunque poco a poco los involucrados en los hechos han salido victoriosos de los procesos penales.

A dos años y tres meses de lo ocurrido, todos los militares están libres, luego que un juez federal no encontró elementos suficientes para seguir el proceso penal.

Sin embargo, el juez dio a la PGR la oportunidad de perfeccionar la investigación y presentar el caso nuevamente.

La abogada Araceli Olivos, del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, afirmó que el juez rechazó un peritaje de PGR que confirmaba la alteración ilícita del lugar de los hechos, por carecer de elementos que comprobaran rotundamente esta hipótesis.

Sin embargo, el juez dio más peso a un documento de la PGJEM que afirmaba que la escena se conservó íntegra.


“Esto apunta directamente a la capacidad de PGR de no haber podido sostener  una investigación y una acusación sólida, con argumentos y datos de prueba”, dijo la abogada Olivos Portugal.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: SEBASTIÁN BARRAGÁN.
LINK: http://aristeguinoticias.com/0611/mexico/sedena-tuvo-evidencia-de-alteracion-de-escena-en-tlatlaya-desde-el-primer-dia/

martes, 25 de octubre de 2016

Autoriza la CEAV reparación del daño a un militar por caso Tlatlaya

CIUDAD DE MÉXICO: El pleno de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) autorizó la reparación del daño a un militar que resultó herido en los hechos ocurridos en la comunidad de San Pedro Limón, municipio de Tlatlaya, Estado de México, el 30 de junio de 2014.


En un comunicado, la CEAV precisó que “por decisión colegiada”, Julio Hernández Barros, Susana Pedroza de la Llave y Adrián Franco Zevada autorizaron “a favor de una víctima directa y de sus familiares, la posibilidad de que tengan acceso a los recursos del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral”, sin que exista de por medio una sentencia judicial o una declaratoria de víctima emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

De igual manera, determinó hacer uso de ese fondo a favor de la víctima, aun cuando el probable responsable del hecho delictivo falleció durante los hechos de Tlatlaya, de acuerdo con la indagatoria del Ministerio Público.


Durante la sesión del pleno efectuada este martes, el comisionado presidente Julio Hernández Barros destacó que con esta resolución a favor de un militar en activo, “se cumple el compromiso de buscar mecanismos alternativos e innovadores que permitan obtener la compensación subsidiaria a que tienen derecho las víctimas del delito y/o de violaciones a derechos humanos”.

Añadió que con la finalidad de restituir en el goce de sus derechos a la víctima de manera pronta, y al no existir impedimento legal para ello, se determina que se lleve a cabo una compensación subsidiaria a favor del militar.

Destacó, asimismo, que durante la sesión del pleno los comisionados hicieron un ejercicio jurídico de ponderación entre el derecho a la reparación del daño –previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Convención Americana de los Derechos Humanos– y el hecho de que el responsable del delito haya muerto.

“La no aplicación de la compensación sólo trae perjuicio y agravio a la víctima y sus familiares, al negar el acceso a la protección establecida en la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos”, destacó Hernández Barros.


“El alcance de está reparación consiste en establecer las medidas que contribuyan a garantizar la reparación integral, efectiva y eficaz de las víctimas, a través de un Plan de Reparación Integral que contiene las acciones de restitución, rehabilitación, satisfacción, medidas de no repetición y compensación”, concluyó.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.proceso.com.mx/460094/autoriza-la-ceav-reparacion-del-dano-a-militar-caso-tlatlaya

lunes, 24 de octubre de 2016

Narcoelecciones 2018 Plan H-Plan Brasil (Primera Parte)

¿Alguno de ustedes les hubiera gustado vivir una mentira como la que vive el pueblo de Brasil en los últimos años?.
Bueno,pues este plan que está en conjunto con el siguiente,entran a consideración.
Se dice que para que esto pase,son necesarios varios factores:
 -Que ocurran crímenes de lesa humanidad muy parecidos a los de Tlatlaya (lo que acaba de ocurrir en Nuevo Laredo) y Ayotzinapa.
-Que ocurra algo muy importante en las entrañas del NarcoPAN como para desplazar a Margarita Zavala de la contienda presidencial.
-Por ultimo, y aunque suene muy descabellado,puede darse una acción donde los wachos perjudiquen a sus jefes inmediatos (políticos y empresarios),no puedo explicar las condiciones exactas,pero pueden darse, aún con el lavado de cerebro que tienen, pues ya se sabe que el consumo de drogas,su instinto animal y su psicosis les pueden jugar malas pasadas.
Especulemos.
Algún robo,una pequeña pelea, o lo más común en estos hijos de puta: Una violación.
Esto,inevitablemente,restara crédito a las fuerzas armadas aún en sus defensores.
El PRI pareciera débil ante el supuesto alejamiento de Hillary ante Peña Nieto (y más cuando este invito primero a Trump que a ella),el PRD milagrosamente sigue vivo pero a nadie le interesa (al igual que MORENA),el Verde tiene sus problemas en Chiapas con el PRI (recordemos,la política es un juego de traiciones y apariencias), a pesar de ser su hijo predilecto.
Entonces,por quien votarían los electores mediocres?.
El acercamiento del personaje que se muestra en la foto hacia el PAN es más que comprobable,basta recordar al parasito de su hijo buscando una diputación federal.
Pues bien,este plan incluso es más de derecha que en Brasil,porque impone a un gobierno supuestamente progresista representado por un pequeño criminal (como calificarlo?,paramilitar?,narcotraficante?), no de un ex guerrillero como Dilma.
En el tablero del ajedrez neoliberal,ya se tienen pensados los movimientos.
Se empieza a dar el acoso de los medios atacando hasta más no poder la gestión actual, se le recrimina el supuesto apoyo de "países socialistas",empiezan a salir los casos que,como en Brasil,efectivamente, son actos de corrupción, retumba el escarnio publico, se dan los cacerolazos,el ruego porque regresen las fuerzas armadas, y al final,la traición.
Quien, en su ambición de poder, impulsaría a este personaje diciéndole que es casi su hermano,para luego acuchillarlo por la espalda?.
Es ahí donde entra el Plan I y es del que se hablará mas adelante.












domingo, 23 de octubre de 2016

El Ejército reedita el caso Tlatlaya, ahora en Nuevo Laredo

El 3 de septiembre pasado personal del XVI Regimiento de Caballería Motorizada del Ejército se vio implicado en la probable ejecución extrajudicial de 10 civiles en Nuevo Laredo, Tamaulipas. La madre de una de las víctimas presentó una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que incluye un video y 23 fotografías. El material documenta la actuación de las tropas ante los civiles, que iban desarmados. Al parecer, la Sedena no aprendió la lección de Tlatlaya, comenta el presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, Raymundo Ramos. Y sentencia: “El Ejército está aplicando la ley de venganza; todo el que parezca delincuente, va a ser eliminado”.

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Las imágenes en video y las fotografías incluidas en una queja presentada ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) el miércoles 12 implican a personal de XVI Regimiento de Caballería Motorizada del Ejército en la probable ejecución extrajudicial de 10 civiles en Nuevo Laredo, Tamaulipas, el pasado 3 de septiembre.

La querella fue presentada por la madre de una de las personas asesinadas en los operativos castrenses el primer sábado de septiembre, entre ellas una mujer que viajaba con su familia y murió a causa de una bala perdida.

Representada por el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo (CDHNL), la demandante –quien pidió que su identidad se mantenga en reserva– es la única que insiste en su determinación de esclarecer la muerte de su hijo. El muchacho, asegura, fue ejecutado por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Según el documento presentado ante la oficialía de partes de la CNDH, (folio 92413/2016), la señora expuso: “Mi hijo se había rendido a los militares. Tenía las manos levantadas y pedía que no le dispararan, pero lo mataron a bocajarro. Le destrozaron su cabeza; incluso quedó con medio cuerpo dentro de la camioneta (en la que viajaba).

“Yo no sé qué andaba haciendo mi hijo porque lo veía muy poco, pero si hizo algo malo, los militares debieron detenerlo y presentarlo ante las autoridades para que lo encarcelaran y pagara su culpa. Pero no: los militares lo mataron sin que pusiera resistencia.”

Un día después de la ejecución múltiple, según la copia del documento consultado por la reportera, “unas vecinas y familiares le informaron que en las redes sociales subieron un video donde se observa cómo un grupo de militares dispara sus armas en contra de una camioneta blanca y luego todos los ocupantes aparecen muertos en otras fotografías. Entre ellos se encontraba su hijo”.





Fuente: Proceso
Autora: Gloria Leticia Díaz
http://www.proceso.com.mx/459761/ejercito-reedita-caso-tlatlaya-ahora-en-nuevo-laredo

martes, 11 de octubre de 2016

6 casos que hicieron de México un “campeón” mundial en violaciones a derechos humanos

La crisis de derechos humanos en México va desde la represión, hasta los ataques a la libertad de expresión, el quebranto a los derechos de diversas comunidades y pueblos originarios, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales. Muchas son las tragedias que, arropadas por la impunidad y la corrupción, no han logrado esclarecerse ni han llevado a los responsables ante los jueces. Por el contrario, México es visto hoy como uno de los “campeones” a nivel mundial en el quebranto a la Ley. En este VIDEO te mostramos seis casos que conmocionaron al país, que alcanzaron repercusión mundial y que permanecen impunes.

Ciudad de México, 11 de octubre (SinEmbargo).- México vive una grave crisis que atenta contra los derechos humanos, la igualdad y la justicia. A pesar del amplio consenso internacional sobre la gravedad de ésta, existen muchos casos que han permanecido en la injusticia y sin ser resueltos.

Tal es el caso de Nochixtlán, Oaxaca, donde un grupo de maestros integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y ciudadanos de ese poblado realizaron bloqueos carreteros en protesta por la Reforma Educativa.

La Policía Federal realizó un operativo para desbloquear la carretera y disparó con armas largas en contra de los manifestantes que ahí se encontraban, lo que dejó un saldo de al 8 muertos y 108 heridos.




Fuente: Sin Embargo
Autor: Redacción
http://www.sinembargo.mx/11-10-2016/3102478

lunes, 18 de julio de 2016

Sancionan a 30 funcionarios mexiquenses por caso Tlatlaya

CIUDAD DE MÉXICO: El gobierno del Estado de México sancionó a 30 funcionarios involucrados en la matanza de 22 civiles en Tlatlaya, perpetrada por militares el 30 de junio de 2014.


“En los 30 casos hay algún tipo de sanción, siete u ocho destituciones y 22 personas que van a ser suspendidas por algún tiempo, algunos por un mes, algunos por más tiempo, es por el asunto de Tlatlaya, (son) funcionarios de la Procuraduría (General de Justicia) que fueron en algún momento acusados de algo y ya el Igispem (Inspección General de los Cuerpos de Seguridad Pública del Estado de México) manifestó las primeras 30 sanciones”, precisó el secretario general del gobierno estatal, José Manzur.

De acuerdo con las autoridades mexiquenses, diez funcionarios –entre ministerios públicos, peritos y agentes ministeriales– fueron destituidos e inhabilitados para ocupar cargos públicos durante cinco años, en dos casos; un año, en seis casos, y tres años, en dos casos, por violaciones al artículo 42 de la ley de responsabilidades de servidores públicos. Otros 19 elementos fueron suspendidos un mes, y uno más solo 15 días.

Aún falta resolver el procedimiento administrativo contra otros 22 servidores, aunque ya fueron suspendidos en tanto se resuelve de fondo un juicio de amparo.

El pasado 29 de junio, a dos años de la masacre en Tlatlaya, 16 organizaciones de la sociedad civil exigieron a la Procuraduría General de la República (PGR) que reencauzara las investigaciones después de que el tribunal federal devolvió la indagatoria a esa dependencia.

Atendiendo a la declaración que hizo la procuradora Arely Gómez, quien dijo que el caso no estaba cerrado –luego de que el magistrado del Sexto Tribunal Unitario en el Estado de México, Adalid Ambriz Landa, decretó la libertad de tres elementos del Ejército porque no encontró elementos para juzgarlos–, organizaciones de derechos humanos urgieron a la PGR a actuar con eficacia.

En un comunicado pidieron que “esta vez las averiguaciones se conduzcan con eficiencia y de acuerdo con los más altos estándares en la materia, de manera que los responsables de esta grave violación a los derechos humanos respondan ante la justicia”.

Las organizaciones firmantes denunciaron que “la falta de efectividad de la PGR y del Poder Judicial de la Federación frente a un Ejército renuente a la rendición de cuentas llevó a la consolidación de la impunidad”.

Asimismo, lamentaron que hasta ahora “ningún responsable de esta grave violación de derechos humanos se encuentra procesado, y no se están realizando todas las diligencias necesarias para fincar responsabilidades a todos los niveles”.

Recordaron que pese a los elementos establecidos por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en la recomendación de 51/2014, que determinó que en los hechos fueron ejecutados de manera arbitraria de 12 a 15 personas, la sentencia del juez Adalid Ambriz de decretar la libertad de los tres elementos militares “es producto de una acusación deficiente y falta de investigación por parte de la Procuraduría federal”.

Prueba de la ineficiencia de la PGR es que “a un año de revelarse la existencia de la Orden General Operaciones que instruyó a la unidad castrense involucrada en los hechos ‘abatir delincuentes en horas de la oscuridad’, ésta sigue sin ser investigada”, apuntaron.

Las organizaciones también reprobaron los intentos de criminalización contra “Clara Gómez González, sobreviviente de los hechos y madre de la víctima menor de edad, Erika”, sin cuyo testimonio de los hechos “la verdad nunca habría salido a la luz”.

En aquella ocasión firmaron el comunicado el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez; Artículo 19; Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan; Freedom House; Fundar, Centro de Análisis y Comunicación; Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos, y Servicios y Asesoría para la Paz.


También el Centro de Derechos Humanos de la Mujeres, Centro Nacional de Comunicación Social, Instituto para la Seguridad y Democracia, Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, I(dh)eas Litigio Estratégico en Derechos Humanos y Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.proceso.com.mx/447695/sancionan-a-30-funcionarios-mexiquenses-caso-tlatlaya

viernes, 1 de julio de 2016

Caso Tlatlaya “permanece en la impunidad”: Patrón


La Procuraduría General de la República "tendría que perfeccionar la investigación para que estos hechos no queden en la impunidad".

A dos años del operativo militar que terminó con la muerte de 22 civiles en una bodega en Tlatlaya, Estado de México, Mario Patrón, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, indicó que hay “un contexto de tristeza frente a la impunidad de los hechos, frente a la realidad de que hoy en día no haya ningún procesado por la masacre, pero incluso frente a la realidad de una intencionalidad política de borrar los hechos, incluso de generar juicios en torno a la inexistencia de los mismos, a pesar de existir con toda claridad una recomendación que establece que entre 12 y 15 personas fueron ejecutadas arbitrariamente, ya estando a disposición de las autoridades del Estado”.

En entrevista para Aristegui CNN, recordó que “se alteraron las evidencias vinculadas con la escena del crimen , y se privó arbitrariamente de la libertad a tres mujeres que a la postre fueron víctimas de tratos crueles, inhumanos y degradantes”.

Consideró que hay “una intencionalidad en un contubernio entre autoridades federales como de la Secretaría de la Defensa Nacional, con autoridades del Estado de México, justo para negar la existencia de los hechos, no podemos olvidar que el día posterior de los hechos, tanto la Sedena emitió un boletín oficial en donde refería que las 22 personas fallecidas era por consecuencia de un enfrentamiento, eso fue encubierto por las autoridades del Estado de México, quienes agradecieron públicamente a la Sedena su valor y su valentía en los operativos”.

Agregó que “el propio Estado de México estaba vinculado en los hechos, en la manipulación de la escena y en la tortura posterior a las tres mujeres sobrevivientes”.

A dos años del caso “hay indignación por la ausencia de respuesta de las instituciones del Estado Mexicano. No podemos olvidar de que a pesar de que fueron inicialmente procesados siete elementos del Ejército Mexicano, tres de ellos acusados de la ejecución extrajudicial, homicidio calificado, fueron liberados… por insuficiencia indagatoria”, expuso.

La Procuraduría General de la República “tendría que perfeccionar la investigación para que estos hechos no queden en la impunidad”, dijo Patrón.

Otra versión

El jueves, el diario mexicano El Universal publicó Tlatlaya: otra versión de la historia, una entrevista con Patricia, de 29 años de edad, sobreviviente y testigo de lo ocurrido el 30 de junio de 2014.

De acuerdo con el periódico”su historia contrasta con la de Clara Gómez —la testigo que ante la Procuraduría General de la República (PGR) se identificó con el nombre de Julia, y fue clave en el expediente contra los militares acusados del homicidio de siete de los civiles— .Clara ha dicho que Érika, su hija de 15 años que murió en el lugar, estaba secuestrada por el grupo armado y que ella estaba esa noche en el lugar del enfrentamiento porque había llegado para recuperarla. Patricia, sin embargo, afirma que ambas estuvieron ahí por su voluntad y que acompañaban a los integrantes del grupo armado que chocó con el Ejército”.


“Explica que llegó al sitio en el que estaba el grupo armado para dar sexoservicio, pero ahí encontró por casualidad a su novio, quien la mantuvo a su lado, lo que le permitió conocer durante los cuatro días previos a los hechos a otras mujeres que convivían con ellos.Entre ellas estaba también Cynthia Nava, recuerda, otra de las sobrevivientes, quien también hacía compañía a los integrantes de la organización delictiva”.

Al respecto, Patrón indicó en la entrevista para Aristegui CNN que “la señora Clara nos ha comentado que no es su intención entrar a una suerte de debate sobre la legitimidad del dicho de las víctimas. Nosotros lo que entendemos es que la versión que obra en actuaciones en el expediente es que doña Clara acude en rescate de su hija después de la llamada de ella, cuando se encuentra con los hechos que ya describíamos al inicio”.

“Nos parece que si bien el reportaje del periódico da cuenta de un testimonio de las víctimas sobrevivientes, los hechos centrales del caso están intocados, la propia víctima que entrevista el diario no se refiere a los hechos de la ejecución y de alguna manera se refiere tangentemente a los hechos posteriores de la ejecución”.

Además “no hay ningún cuestionamiento central a la veracidad y mécanica de los hechos en términos de que de 12 a 15 personas fueron privadas arbitrariamente de su vida, que hubo una manipulación de la escena del crimen y que con posterioridad las tres mujeres fueron privadas arbitratariamente de su libertad, sometidas a tortura”.

Agregó que “como centro de derechos humanos, nos parece seria la tendencia de la contraposición de los dichos y las versiones de las víctimas. Entrar en un debate sobre la legitimidad de las víctimas, es decir, si son víctimas puras o no puras, o si pudieron haber cometido algún hecho ilícito, es muy riesgoso en términos de que se podrían justificar atrocidades, como es la ejecución de un conjunto de personas”.

“Somos respetuoso del dicho de esta otra testigo sobreviviente, y nos parece, incluso irrelevante, si se trataba de personas que ejercían el trabajo sexual o no, ha habido una tendencia de descalificación al origen de su trabajo de que si era bueno o malo. Llevar ese debate a una supuesta calificación por la legitimidad de las víctimas, nos puede llevar a justificar atrocidades”, apuntó.

“El testimonio debe tomarse en cuenta para este momento de la investigación, pero en nada contradice los hechos ya planteados por la Comisión Nacional de Derechos Humanos”, aseveró.

Recordó que “después de que la CNDH emitió su recomendación en octubre de 2014, la PGR hizo su consignación correspondiente en contra de siete militares, tres de ellos acusados por homicidio calificado, y los otro cuatro por delitos vinculados con la obstrucción de justicia y abuso de autoridad. Sin embargo pronto se fue diluyendo esa posibilidad del acceso a la justicia”.

Primero fueron liberados cuatro militares “que no habían sido acusados por homicidio, y posteriormente por desgracia sucedió la emisión de la sentencia del Tribunal Militar del Estado de México, en mayo de este año, en donde termina por liberar a los tres militares que estaban por homicidio calificado”.

“El caso permanece en la impunidad, actualmente no hay actores materiales vinculados a proceso, acusados de ningún delito, tampoco se ha investigado la responsabilidad institucional o por cadena de mando“, acotó Patrón.

El caso Tlatlaya “es un reflejo de un problema sistémico y estructural”, finalizó.


Tlatlaya: A 2 años, el expediente militar, cerrado… pero surge nueva versión

Los hechos ocurridos el 30 de junio de 2014 en una bodega aún siguen sin esclarecerse por completo.

A dos años de lo ocurrido en un operativo militar que terminó con la muerte de 22 civiles en una bodega de Tlatlaya, Estado de México, el expediente militar fue cerrado en definitiva y un velo de opacidad cubre el caso, el cual hoy suma una nueva vertiente.

El lunes pasado, Aristegui Noticias detalló que un Tribunal Colegiado bloqueó el acceso al expediente militar de las ejecuciones de civiles armados, ocurridas el 30 de junio de 2014, bajo argumentos como que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) no tiene facultades para clasificar violaciones graves de derechos humanos.

En cuanto a los responsables de los hechos, sólo un militar de los siete acusados por las ejecuciones fue condenado a un año de prisión por el delito de desobediencia, pero todos ya están libres porque el año de condena ya se cumplió.

Este jueves, justo a un año de los hechos, el periódico El Universal difundió una nueva versión de los hechos, en la que se desacredita a Clara, una de las testigos clave y sobreviviente de los hechos.

Patricia, quien se identifica como una sexoservidora que acudió a prestar sus servicios al lugar de la matanza, asegura que tanto Clara como su hija Érika -quien fue una de los 22 abatidos- estaban en la bodega por voluntad propia y la joven no se encontraba secuestrada, además de que la acusa de portar un arma que según ella disparó.

Estas declaraciones, a dos años de los hechos, ya no podrán contrastarse con otras, debido al cierre del expediente militar.

Recordamos aquí 10 momentos clave del caso:

1- En un primer momento, el 30 de junio 2014, la Sedena informó que se trató de una agresión a los militares, por lo que éstos abrieron fuego; sin embargo la versión se fue cayendo con el paso de las investigaciones.

2- En julio 2014, la agencia AP difundió que las 22 personas fueron ejecutadas.

El reportaje en San Pedro Limón, Tlatlaya, sugirió que los orificios y las manchas de sangre en la pared de la bodega no fueron producto de un enfrentamiento entre sicarios y militares, sino de una sanguinaria ejecución por parte de los elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional.

3- La revista Esquire dio a conocer en septiembre 2014 las declaraciones de ‘Julia’ (Clara), testigo de los hechos, quien confirma que en el lugar hubo ejecuciones.

4- En septiembre 2014 fueron presentados a declarar 8 militares, quienes quedaron en prisión, según informó un comunicado de la Sedena. En noviembre de ese año, se les dictó auto de formal prisión a 7 soldados.


5- En octubre, la CNDH emitió una recomendación a la Sedena y la Procuraduría del Estado de México, en la que reveló testimonios que dieron una mayor claridad sobre lo ocurrido.

6- Hubo orden de abatir civiles, previo a Tlatlaya, revela el Centro Pro en julio 2015.

7- Entrevista de Clara en Gómez Aristegui CNN en la que cuenta su testimonio.

8- En enero 2016, el Inai renuncia a secrecía en expediente de las ejecuciones en Tlatlaya.

9- En mayo 2016, un tribunal federal ordena liberar a 3 militares acusados de homicidio y alteración de la escena del crimen.

10- Julio 2016. Se cierra en definitiva el expediente.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://aristeguinoticias.com/3006/mexico/tlatlaya-a-2-anos-el-expediente-militar-cerrado-pero-surge-nueva-version/