PGR busca reaprehensión de 3 militares del caso Tlatlaya

Ciudad de México. La Procuraduría General de la República (PGR) afirmó que “el caso Tlatlaya no es cosa juzgada”, y anunció que aportará pruebas que acrediten responsabilidad de los implicados en la ejecución extrajudicial de ocho -de 22- personas dentro de una bodega en la comunidad de San Pedro Limón, municipio de Tlatlaya, en hechos ocurridos el 30 de junio de 2014.

El Ministerio Público Federal anunció que luego de analizar “detalladamente la resolución del sexto tribunal unitario, con sede en Toluca, que ordenó liberar por 'falta de elementos para procesar' a tres presuntos responsables de delitos relacionados con homicidio y alteración del lugar de los hechos”, el ministerio aportará pruebas para que tres efectivos del Ejército mexicano a los cuales se les dictó libertad “sean reaprehendidos y formalmente procesados”.

La PGR señaló que “si bien dicha resolución judicial no es impugnable por parte del Ministerio Público de la Federación el magistrado estableció que el auto de libertad fue dictado sin perjuicio del que el fiscal de la federación aporte pruebas legalmente suficientes para reunir lo requisitos legales con la emisión de un auto de formal prisión por este delito o uno diverso en torno al homicidio de referencia”.

La dependencia que dirige Arely Gómez González informó que “solicitará el expediente del caso y llevará acabo todas las dirigencias que sean necesarias para aportar los elementos de prueba requeridos, a fin de evitar que los delitos cometidos el 30 de junio de 2014 en Tlatlaya, Estado de México, queden impunes.

La PGR dijo que actuará con absoluto respeto a la división de poderes y a la independencia judicial, en estricto cumplimiento a las facultades que la ley le señala.

Fuente: La Jornada

Autor: Gustavo Castillo

http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/05/14/pgr-busca-reaprehension-a-3-militares-de-caso-tlatlaya

Ordenan liberar a tres militares del caso Tlatlaya

El sexto tribunal unitario del segundo circuito ordenó la liberación de los últimos tres de los ocho militares involucrados en la muerte de 22 personas dentro de una bodega en el municipio de Tlatlaya, estado de México, en hechos ocurridos el 30 de junio de 2014.

El Ministerio Público de la Federación señaló que considerahaber ofrecido los elementos de prueba suficiente para que se procesara a los tres elementos militares, sin embargo, el tribunal determinó que Fernando Quintero Millán, Roberto Acevedo López y Leobardo Hernández Leónides son inocentes de los delitos de homicidio, encubrimiento en la modalidad de alteración y modificación ilícita de vestigios del hecho delictivo.

En marzo pasado, integrantes del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, que representan a las sobrevivientes de la balacera registrada en una bodega del municipio de Tlatlaya, indicaron que un juez castrense absolvió de los delitos militares a los implicados en este caso, a los cuales se les imputó el delito de infracción de deberes.

En octubre de 2015 un juzgado federal concedió la libertad a cinco de los ocho inculpados, a pesar de que de acuerdo con los peritajes realizados por la Procuraduría General de la República (PGR) al menos nueve personas de un total de 22 habrían sido ejecutadas, a pesar de que según indagatorias de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos hasta 15 de las víctimas habrán sido abatidas a mansalva.

La PGR informó la noche de este viernes que el tribunal mencionadodesestimó los elementos de prueba aportados por el Ministerio Público de la Federación para demostrar la culpabilidad de Quintero Millán, Acevedo López y Hernández Leónides en los hechos referidos.

Fuente: La Jornada

Autor: Gustavo Castillo

http://www.jornada.unam.mx/2016/05/14/politica/009n1pol

Hechos en Tlatlaya no han sido plenamente esclarecidos: Centro Prodh

CIUDAD DE MÉXICO: El Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) aclaró que los hechos ocurridos en Tlatlaya, Estado de México, el 30 de junio de 2014, aún no han sido plenamente esclarecidos.

Subsiste una preocupante discrepancia entre el número de víctimas de ejecución (ocho para la PGR, entre 12 y 15 para Comisión Nacional de los Derechos Humanos, CNDH) y no ha sido investigada la responsabilidad por la emisión de una orden que instruyó a la unidad militar involucrada en los hechos a “abatir delincuentes en horas de oscuridad”, puntualizó en un comunicado.

Sobre lo señalado por la Procuraduría General de la Republica (PGR), en el sentido de que Clara Gómez González, una de las sobrevivientes, tendría que ratificar el escrito presentado hace nueve meses para que la investigación sea profundizada, “es pertinente precisar que la información es incorrecta”.


En primer lugar, apuntó, en una de las averiguaciones previas abiertas la propia PGR acordó negativamente el escrito de la víctima, sin siquiera requerirle su ratificación. Esta negativa fue impugnada y el recurso no ha sido resuelto hasta el día de hoy.

En segundo lugar, en otra averiguación previa la supuesta necesidad de ratificar “es revictimizante” e “innecesaria”, en virtud de que la identidad de Clara Gómez González ya está plenamente acreditada.

Además, añadió, tanto la orden de abatir como la recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) obran ya en el expediente, y tendría que ser la PGR quien oficiosamente investigara su contenido, dado la gravedad de los delitos y acorde con los estándares internacionales en materia de derechos humanos.

En su comunicado el Centro Prodh subrayó la necesidad de reiterar que la existencia de una sentencia absolutoria en el fuero militar se difunde ahora, “porque es hasta fecha reciente cuando la víctima tuvo certeza legal de su existencia, precisamente por la opacidad que subsiste en el caso”.

Con ello se suple la omisión de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en cuanto a informar oportunamente a la víctima y a la sociedad sobre dicha determinación en un asunto de interés público, sostuvo.


En este sentido, insistió que la advertencia sobre el riesgo de que el caso quede impune obedece a que en la sentencia militar se exceden los límites del fuero y se analiza el fondo de los hechos, lo que podrá ser empleado por la defensa de los tres militares que continúan sujetos a proceso y en prisión preventiva acusados de homicidio.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.proceso.com.mx/435360/hechos-en-tlatlaya-han-sido-plenamente-esclarecidos-centro-prodh

Tlatlaya, “masacre encubierta por autoridades federales y estatales”: Mario Patrón

"Sólo con investigaciones exhaustivas se puede revertir la crisis de derechos humanos que hay en México", comentó el abogado Santiago Aguirre.

Sólo un militar de los siete acusados por las ejecuciones extrajudiciales ocurridas en Tlatlaya, Estado de México,  fue condenado a un año de prisión por el delito de desobediencia, señalaron organizaciones no gubernamentales, el miércoles.

Al respecto, Mario Patrón, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, indicó que Tlatlaya “es una de las violaciones graves de derechos humanos de nuestro México contemporáneo, estamos hablando de una masacre encubierta por autoridades federales y estatales, el 30 de junio de 2014 hay un primer enfrentamiento entre militares y civiles, se rinden el mayor número de civiles y ya estando a disposición del Ejército, proceden a ejecutarlos”.

Los hechos ocurrieron en “una bodega, en la madrugada, entendemos que hay un patrullaje militar, se da en breves minutos un enfrentamiento, se rinden los civiles, y posteriormente los proceden a ejecutar, hay tres mujeres en la bodega, que son las víctimas sobrevivientes”, explicó en entrevista para Aristegui CNN.

“Una de ellas (Clara) declara y da a conocer la verdad de lo sucedido que es distante a la verdad oficial. Ese mismo día, 30 de junio de 2014, la propia Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), emitió un comunicado en donde refiere que abatieron a 22 civiles, repeliendo una agresión”, expuso.

En días posteriores, el gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila, “hace un reconocimiento a la labor heroica del Ejército por los hechos, y con posterioridad el propio procurador del Estado de México, una vez que la revista Esquire y Associated Press sacan el reportaje con el testimonio de una de las víctimas sobrevivientes, vuelven a negar los hechos de que estemos frente a una ejecución extrajudicial”.

Pero “la Comisión de Derechos Humanos, en octubre de 2014, emite la recomendación, establece que por lo menos de 12 a 15 personas fueron ejecutadas”. 

Como consecuencia de la recomendación, la Procuraduría General de la República “hace su primera consignación, acusando a siete militares, de los cuales, a tres los acusa del homicidio de ocho personas. Hay una discrepancia clara (con la CNDH)”.

Recordó que “el Centro Prodh representa a una de las víctimas sobrevivientes, a Clara Gómez González, no se le reconoce la calidad de víctima, ella recurre al juicio de amparo, y es a través del juicio de amparo que por primera vez tenemos acceso al documento que dimos a conocer en nuestro informe: Tlatlaya un año, la orden fue abatir, que es la orden general de operación, en donde en la orden número siete se envía a los militares a actuar en horas de oscuridad, para abatir delincuentes. Esa es la frase, por eso nosotros decimos que en Tlatlaya, la orden fue abatir, y se tiene que investigar la responsabilidad institucional y la responsabilidad por cadena de mando”.

Comentó que “han pasado más de nueve meses que solicitamos a la PGR que se investigara y hasta el día de hoy no hay ni un sólo militar comparecido a declarar, ni siquiera en calidad de testigo, no sólo eso, sino que damos a conocer junto con organizaciones de la sociedad civil que el fuero militar absolvió a seis de los siete militares en la investigación de delitos contra la disciplina militar, es una resolución muy importante”.

Debido a que “en noviembre de 2014 se acota el fuero militar para que violaciones a derechos humanos donde estuvieran involucrados civiles, no fueran conocidas por el fuero militar, sino por el ordinario civil, sobre todo por la independencia y la imparcialidad en las investigaciones”.

La PGR ha informado que Clara debe ratificar lo que ha declarado, sobre ello Patrón señaló que “jurídicamente eso es falso”.

“No tendría por qué ir a ratificar, la PGR está investigando delitos graves, que son consecuencia de una recomendación por violaciones graves de derechos humanos”, apuntó. Ella ha “declarado tres veces en total“.

Denunció que “hasta la fecha no hemos tenido acceso a las órdenes de cumplimiento (militar), las cuales la Sedena, claramente al aceptar las medidas cautelares, debe de asegurar que estas órdenes no se vuelvan a repetir”.

“La respuesta oficial del gobierno primero fue que abatir no era matar, el significado. Nosotros nunca dijimos que era sinónimo, lo que dijimos es que en la disciplina y operación castrense, abatir se asemeja a privar de la vida, muestra clara es que el propio boletín oficial soobre los mismos hechos, muestra la palabra abatir”, indicó.

La segunda respuesta fue de Salvador Cienfuegos, titular de la Sedena, quien dijo que había sido “un error de transcripción”.

La tercera respuesta, recordó Patrón, “del gobierno Federal ha sido bajo la omisión de la PGR”.

Por su parte Santiago Aguirre, abogado del Centro Prodh, aseveró que “cuando fue reformado el fuero militar, muchas organizaciones señalamos que era un avance importante en la medida en la que restringía los alcances de esta jurisdicción, gracias a esa reforma es que Clara puede declarar ante una instancia civil y no ante una instancia militar”.

Sin embargo, “muchas de las organizaciones que emitimos un boletín, señalamos que era una reforma incompleta, que generaba el riesgo de que se pudieran conducir investigaciones y juicios paralelos sobre unos mismos hechos, lo que podría generar que se arribara a conclusiones contradictorias, pensamos que es lo que puede pasar en el caso Tlatlaya”.

Porque “al absolver el juez militar a los soldados, y considerar que no cometieron ninguna infracción a deberes militares, el juez llega a decir que los soldados únicamente actuaron repeliendo una agresión, es un pronunciamiento jurídico sobre el fondo de los hechos… genera la posibilidad de que los militares que están siendo juzgados por los homicidios en la justicia civil, puedan utilizar esta resolución como un elemento de su defensa”.

“Sólo con investigaciones exhaustivas se puede revertir la crisis de derechos humanos que hay en México”, finalizó.

El testimonio de Clara 

En julio de 2015 la periodista Carmen Aristegui entrevistó a la señora Clara Gómez para CNN, a continuación reproducimos la entrevista:

Julia, como se le conocía a Clara Gómez González, habló para Aristegui CNN, luego de que había ocultado, por seguridad, su identidad.

“Yo fui a rescatarla (a su hija) tuve una llamada, de ella… No estaba de forma voluntaria. Ya tenía unos meses desaparecida, que no sabíamos nada de ella. (Dijo) Que ella venía a San Pedro Limón (en Tlatlaya), yo me trasladé para traerla, yo llegué a esa bodega… dialogué con ella, pero como los muchachos se molestaron me subieron a la camioneta y me llevaron a la bodega el día 29 (de junio) ahí pasé unas horas, cuando se vino la balacera“, contó la testigo de los hechos del 30 de junio de 2014, por los que perdieron la vida 22 personas, entre ellas su hija, Érika.

-¿A qué hora empezó la balacera?-, le preguntó Aristegui.

“Como de 4 a 5 de la mañana, dormidos todos, la mayoría. Yo la verdad no dormí esa noche por miedo, por temor a que me fueran a hacer algo. Estaban unos tabiques, ahí permanecí sentada”, indicó.

“Yo alcancé a escuchar que se metió un muchacho a la bodega, dijo: ‘nos cayeron los contras’. Se metió corriendo. Se regresa la camioneta de militares, empiezan a aluzar, ven la gente armada y empiezan a disparar. No fue como dicen ellos que fue según que se agarraron los militares con la delincuencia organizada, un enfrentamiento, no fue así. Empezaron los militares. De afuera hacia adentro“, abundó.

Adentro, “la mayoría estaban dormidos y otros estaban parados”.

Después reaccionaron. “Cuando todos se empezaron a parar, entonces hubo otro fuego para acá”, agregó.

“Nada más escuchamos que ya había caído uno, que ya había muerto uno, pero la mayoría de todos estaban vivos”, apuntó Clara.

La balacera termina cuando los soldados le dicen a las personas de adentro de la bodega “ríndanse. Somos el Ejército, salgan, ríndanse. Y ya todos salieron rendidos, la mayoría”. 

“Después cuando aluzaron, me vine caminando ( a la bodega) me agarró un militar y le digo: la que está ahí es mi hija, está herida. Estaba otro muchacho que tenía otro balazo en su mano, también estaba herido, cayeron boca abajo, en ningún momento como dice el gobierno que ella tenía armas, que ella disparó, eso no es cierto. Ella cayó boca abajo, tenía un balazo en su pierna. Ella, mi hija, y el otro muchacho, menor de edad que ejecutaron los militares, cayeron boca abajo”, refirió sobre las fotografías en la que las personas muertas aparecen con armas y boca arriba. (Ver: Fotos: Los muertos en Tlatlaya; así quedaron los cuerpos)

“Ella estaba herida, yo me vine y le toqué el pulso, ella todavía estaba viva. Ella nada más se quejaba, entonces yo le dije que me la llevaba, ellos me dijeron que no que porque era de la delincuencia organizada y me dijeron retírese, váyase para allá”, relató.

Cuando salen, “se los llevan a otro cuartito, que está de un lado, ahí metieron a todos los muchachos, ahí los tuvieron, cuando a mí me llevan del otro lado de la esquina, veo a otras dos muchachas que ahí estaban y a otros dos muchachos que estaban con vida”, narró.

Les decían los militares “¿no que muy machitos, hijos de su…?, y ya les daban un balazo. Estaba muy feo la verdad”.

Clara Gómez dijo que alcanzó a ver las ejecuciones, pues “ellos tenían una lámpara” que les ponían a las personas. Entre 10 y 15 eran los detenidos que pudo contar. Los tenían hincados. “De uno por uno” los ejecutaron.

“Yo platiqué con el (militar) que estaba con nosotros… ya no lo hagan, ya no les estén matando, ¿por qué lo hacen? Dijo (un militar) porque esos perros no merecen vivir. Así. Yo siento feo, ahí está mi hija, déjenme salir”, mencionó.

Dijo que no narró todos estos hechos ante el Ministerio Público “porque a nosotros nos amenazaron (funcionarios del Estado de México) desde un principio que estábamos en la bodega. Nos dijeron que no dijéramos nada. Nos decían que no les servían esas declaraciones. Querían que diéramos una falsa declaración. Que nosotros dijéramos que también éramos de la delincuencia organizada”.

Sobre el caso, el abogado del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Santiago Aguirre, sostuvo que el informe presentado el cual revela que la orden militar era “abatir delincuentes”- “es una orden que podría haber propiciado los hechos de Tlatlaya”. 


Añadió que en este caso no se ha investigado la cadena de mando y pidió garantizar la seguridad de la testigo.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://aristeguinoticias.com/3103/mexico/tlatlaya-masacre-encubierta-por-autoridades-federales-y-estatales-mario-patron-en-cnn/

Sigue abierta la investigación por violaciones a derechos en Tlatlaya: PGR tras absolución de juez militar a 6 soldados

Un juzgado militar dictó sentencia absolutoria a seis de los siete militares que presuntamente participaron en la ejecución de 22 personas en Tlatlaya; PGR indicó que se realizan actuaciones ministeriales en torno a la denuncia por violaciones graves a derechos humanos.

La Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad mantiene una investigación abierta sobre el caso Tlatlaya, para deslindar responsabilidades respecto a las denuncias por violaciones graves a los derechos humanos, informó la Procuraduría General de la República (PGR), en un comunicado difundida este jueves 31 de marzo.

“Derivado de la Recomendación 51/2014 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad mantiene una investigación abierta, en la cual se están realizando diversas actuaciones ministeriales para deslindar responsabilidades en torno a la denuncia por violaciones graves a derechos humanos”, indicó la PGR.

“En esta investigación, atendiendo el marco legal aplicable y al debido proceso, la PGR deberá contar con la ratificación, por parte de la víctima, de las pruebas y escritos que ha ofrecido”, agregó.

Un día antes el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro (Centro ProDH) informó que el juzgado sexto militar, dependiente de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), dictó sentencia absolutoria por el delito de infracciones a los deberes militares a seis de los siete militares que presuntamente participaron en la ejecución de 22 personas en Tlatlaya, en el Estado de México.

Un séptimo militar más fue condenado a un año de prisión por desobediencia, aunque ya cumplió la condena. 

Además de este proceso, se sigue otro en la justicia federal.

“La Procuraduría General de la República a través de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, ejerció acción penal contra siete militares, tres por el delito de homicidio y cuatro por diversos ilícitos”, detalló la PGR en su tarjeta informativa.

“Al respecto, el Juez Cuarto de Distrito de Procesos Penales Federales, con sede en Toluca, Estado de México, dictó auto de formal prisión a tres elementos castrenses por el delito de homicidio calificado, quienes se encuentran en prisión, y determinó el auto de libertad a los cuatro restantes, por ejercicio indebido del servicio público y encubrimiento”, agregó.

El 30 de junio de 2014, en el municipio de Tlatlaya, Estado de México, se registró un enfrentamiento entre elementos del Ejército mexicano y supuestos delincuentes, dejando como saldo 22 jóvenes muertos.

El suceso se dio a conocer en septiembre de ese año, cuando la revista Esquire y la agencia de noticias Associated Press publicaron -con base en testimonios de víctimas sobrevivientes- que en Tlatlaya el Ejército ejecutó extrajudicialmente a civiles.

El 21 de octubre de 2014, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación 51/2014, en la que concluyó que entre 12 y 15 personas habrían sido ejecutadas por personal militar en Tlatlaya.

Los otros pendientes

Otra parte de las investigaciones que esta aún abierta en el caso Tlatlaya es la averiguación previa de la PGR donde se ha solicitado investigar la cadena de mando respecto de la orden de “abatir”.

Asimismo, queda pendiente el cumplimiento del amparo ganado por la víctima Clara Gómez González para que la Justicia militar no siga conociendo los hechos. El expediente fue remitido a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Hay una tendencia a dejar el caso en la opacidad: Centro ProDH

Tras darse a conocer la resolución del juez, el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro (Centro ProDH) advirtió que el caso Tlatlaya “se encamina a quedar impune”.

Para el Centro ProDH, la exoneración de los militares “confirma la parcialidad de los tribunales militares y las limitaciones de la reciente reforma a la justicia castrense –dado que ésta permita que se realicen juicios paralelos en instancias civiles y militares de manera simultánea-, consolida la impunidad en una de las más graves violaciones al derecho a la vida en la historia reciente”.


“Esta determinación, ilegal por haberla emitido un tribunal carente de competencia, se suma a otras acciones y omisiones institucionales que muestran una preocupante tendencia a dejar el caso en la opacidad”, subrayó el centro de derechos humanos.



FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/03/juez-absuelve-a-seis-militares-por-el-caso-tlatlaya/

Caso Tlatlaya: “se encamina a quedar impune”.

"Pese a que la gravedad de este emblemático caso de violación a los derechos humanos debería tener como respuesta una actuación ejemplar de la justicia, las recientes determinaciones apuntan a que la impunidad podría prevalecer en el caso", señalaron organizaciones sociales.

De los 7 elementos militares acusados por las ejecuciones extrajudiciales ocurridas en Tlatlaya, Estado de México, sólo uno fue condenado a 1 año de prisión por el delito de desobediencia.

Así lo revela un comunicado conjunto del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Artículo 19, Amnistía Internacional, y otras organizaciones sociales, que señalaron que el caso “se encamina a quedar impune”. 


“El Juzgado Sexto Militar, dependiente de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), dictó sentencia absolutoria por el delito de infracciones de deberes militares a seis de los siete militares que participaron en la masacre de Tlatlaya; el séptimo de los acusados fue condenado solamente a 1 año de prisión por el delito de desobediencia, pena que ya compurgó. La sentencia a favor de los militares involucrados sólo pudo ser conocida recientemente por la víctima Clara Gómez González, quien para acceder al expediente debió promover un juicio de amparo diverso debido a la opacidad que subsiste en el caso”, indicaron las organizaciones.

“La exoneración en el fuero militar de los acusados, que confirma la parcialidad de los tribunales militares y las limitaciones de la reciente reforma a la justicia castrense -dado que ésta permite que se realicen juicios paralelos en instancias civiles y militares de manera simultánea-, consolida la impunidad en una de las más graves violaciones al derecho a la vida en la historia reciente”, apuntaron.

En tanto, lamentaron las “omisiones de la Procuraduría General de la República” que, “como en otros casos de graves violaciones a derechos humanos”, fragmentó la investigación “integrando varias averiguaciones previas y ha sido reticente a investigar cabalmente a todos los elementos del Ejército que pudieron estar involucrados en los hechos”.


No obstante, recordaron que diversos procesos continúan abiertos: “en la justicia civil federal tres militares están imputados por cargos de homicidio; la PGR aún mantiene abierta la averiguación previa donde se ha solicitado investigar la cadena de mando respecto de la orden de abatir; y, adicionalmente, permanece pendiente el cumplimiento del amparo ganado por Clara Gómez González para que la justicia militar no siga conociendo los hechos, expediente que recientemente ha sido remitido a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)”.

El comunicado:

160329_Se Consolida Impunidad Tlatlaya by Aristegui Noticias:

  160329_Se Consolida Impunidad Tlatlaya by Aristegui Noticias

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://aristeguinoticias.com/3003/mexico/solo-un-militar-condenado-por-matanza-en-tlatlaya-todos-ya-estan-libres/

Seis de 7 militares son absueltos por caso Tlatlaya; sólo hay uno preso, y es por “desobediencia”

A un año y 8 meses de que elementos del Batallón 102 de Infantería matara a 22 personas que se encontraban en el interior de la bodega en la comunidad San Pedro Limón, en Tlatlaya, Estado de México, un juez militar dictó sentencia absolutoria por el delito de infracciones de deberes militares a seis de los siete elementos castrenses que participaron en esta masacre; el único de los acusados fue condenado a prisión por el delito de desobediencia,  ya compurgó su pena. Para organizaciones no gubernamentales este caso “se encamina a quedar impune”.

El Juzgado Sexto Militar, dependiente de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), dictó sentencia absolutoria por el delito de infracciones de deberes militares a seis de los siete elementos castrenses que participaron en la masacre de Tlatlaya ocurrida el 30 de junio de 2014; el séptimo de los acusados fue condenado solamente a 1 año de prisión por el delito de desobediencia, pena que ya compurgó, informaron este día 16 organizaciones sociales que han dado seguimiento al caso.

“El caso Tlatlaya se encamina a quedar impune”, denunciaron el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez, Artículo 19, Freedomhouse, Fundar,la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), la Red TDT, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”, el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD), entre otras agrupaciones civiles.

La sentencia a favor de los militares involucrados en la ejecución de 22 personas en el Estado de México sólo pudo ser conocida recientemente por Clara Gómez González, una de las tres testigos de la masacre, quien para acceder al expediente debió promover un juicio de amparo diverso “debido a la opacidad que subsiste en el caso”.

“La exoneración en el fuero militar de los acusados, que confirma la parcialidad de los tribunales militares y las limitaciones de la reciente reforma a la justicia castrense -dado que ésta permite que se realicen juicios paralelos en instancias civiles y militares de manera simultánea-, consolida la impunidad en una de las más graves violaciones al derecho a la vida en la historia reciente”, manifestaron las organizaciones no gubernamentales.

Dijeron que esta determinación es ilegal por haberla emitido un tribunal carente de competencia, la cual, agregaron, se suma a otras acciones y omisiones institucionales que muestran “una preocupante tendencia a dejar el caso en la opacidad”.


En el tiroteo ocurrido en junio de 2014, el Ejército reportó sobre la muerte de 22 sospechosos de narcotráfico en la localidad de Tlatlaya, en el sur de México. Solamente un soldado resultó herido en el enfrentamiento. La investigación del Centro señaló entre 12 y 15 de los sospechosos fueron ejecutados.

Los grupos civiles destacaron las omisiones de la Procuraduría General de la República (PGR) que “como en otros casos de graves violaciones a derechos humanos” ha fragmentado la investigación integrando varias averiguaciones previas “y ha sido reticente a investigar cabalmente a todos los elementos del Ejército que pudieron estar involucrados en los hechos”.

Recordaron que el 2 de julio de 2015 el Centro Prodh solicitó, en ejercicio de la coadyuvancia a la PGR, que se desahogaran diversas pruebas para investigar la Orden General de Operaciones que instruyó a la unidad castrense involucrada en los hechos “abatir delincuentes en horas de la oscuridad”; entre estas pruebas se solicitó que los mandos militares a cargo de emitir y supervisar dicha orden fueran citados a declarar a fin de deslindar responsabilidades por cadena de mando.

Sin embargo, las organizaciones lamentaron que tras nueve meses la PGR no ha citado a ningún mando militar, eludiendo así sus deberes y negando un ejercicio elemental de rendición de cuentas.

“La absolución en el fuero militar de los involucrados y las omisiones de PGR en la investigación se suman a decisiones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) que perpetúan la opacidad en el caso. La CNDH negó a la víctima Clara Gómez González el acceso a la versión íntegra del expediente de seguimiento a la Recomendación 51/2014, argumentando que la Sedena había calificado información del expediente como reservada, en contra de la calificación sobre la publicidad del expediente hecha por el propio Ombudsman anteriormente”, dijeron.

Indicaron que la Comisión de Derechos Humanos tampoco ha informado de los resultados de su revisión de las órdenes militares vigentes en el país y si éstas contienen instrucciones de “abatir delincuentes”, siendo un hecho público que en el contexto de sus operaciones en terreno las Fuerzas Armadas siguen refiriéndose en estos términos a la privación de la vida humana.

“Pese a que la gravedad de este emblemático caso de violación a los derechos humanos debería tener como respuesta una actuación ejemplar de la justicia, las recientes determinaciones apuntan a que la impunidad podría prevalecer en el caso”, lamentaron las organizaciones.

Reiteraron que diversos procesos continúan abiertos en el caso Tlatlaya:

“En la justicia civil federal tres militares están imputados por cargos de homicidio; la PGR aún mantiene abierta la averiguación previa donde se ha solicitado investigar la cadena de mando respecto de la orden de abatir; y, adicionalmente, permanece pendiente el cumplimiento del amparo ganado por Clara Gómez González para que la justicia militar no siga conociendo los hechos, expediente que recientemente ha sido remitido a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)”.

Las organizaciones advirtieron sobre el riesgo de que en este caso emblemático termine imponiéndose la impunidad “y, en ese sentido, llamamos nuevamente a que la justicia sea exhaustiva”.

Reiteraron además la exigencia de que se investigue la responsabilidad por la emisión de una orden que instruyó a abatir delincuentes, pues de acuerdo con el Relator sobre Ejecuciones Extrajudiciales de la ONU, Sr. Christoph Heyns, esta debe ser indagada cabalmente dado que “las órdenes a oficiales encargados de hacer cumplir la ley nunca pueden consistir en salir y matar criminales; deben consistir en arrestar, y sólo si se prueba necesario, el uso de la fuerza debe ser el mínimo necesario”.

Poco después de la matanza, la agencia norteamericana The Associated Press visitó Tlatlaya y escribió que la evidencia física no coincidía con la descripción que había hecho el Ejército de los acontecimientos. Después de los sucesos, la Secretaría de Defensa detuvo en gran medida la difusión de la información.

“En el momento de la matanza de 2014, el Ejército mexicano entregaba periódicamente boletines de prensa en los que describía los enfrentamientos en los que resultaban muertos los sospechosos”, dijo hoy AP en un despacho.

“En otro caso, el organismo de transparencia denegó un pedido de AP en febrero de 2015 para conocer las autopsias de 42 sospechosos muertos tras un desigual enfrentamiento con la Policía Federal, en el que solamente un agente resultó muerto. Las autoridades describieron el hecho como un enfrenta miento con un grupo de sospechosos, miembros de un cártel de las drogas en un rancho de Michoacán.


“El Instituto Nacional de Acceso a la Información en febrero falló en contra de una solicitud de acceso a la información presentada por The Associated Press en octubre. La institución estatal dictaminó que la información debe mantenerse como un secreto de Estado durante cinco años. El instituto se posicionó junto al gobierno al negar que hubiera alguna evidencia de que hubo violaciones de derechos humanos en el rancho donde se produjo el tiroteo”, agregó la agencia.



FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/30-03-2016/1642130

NSArchive revela expediente de ejecuciones en Tlatlaya

Hay discrepancias en testimonios y el número de personas que pudieron ser ejecutadas extrajudicialmente. 4 de 7 militares quedaron libres después de que el juez no encontró elementos contra ellos.

La organización no gubernamental National Security Archive (NSArchive) obtuvo copia del Auto de Formal Prisión contra 7 militares, acusados en tribunales civiles por los hechos ocurridos en Tlatlaya, Estado de México, donde soldados ejecutaron a personas presuntamente relacionadas con el cártel de la Familia Michoacana, el 30 de junio de 2014.

La Procuraduría General de la República (PGR) entregó este documento de 268 páginas al NSArchive después de que se lo ordenó el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos (Inai).

El contenido de este auto de formal prisión ya fue usado para la recomendación que hizo la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) sobre el caso y por el sitio de noticias SinEmbargo, pero es la primera vez que el documento íntegro está disponible para su consulta pública.

La revelación de este expediente pone de manifiesto que hubo discrepancias en los testimonios que presentó la PGR y en el número de personas que pudieron ser ejecutadas, justo días después que un tribunal confirmó la libertad de 4 de los 7 militares señalados como responsables. Este proceso en tribunales civiles es paralelo al del fuero militar, que sigue en curso.

¿Cuántas personas pudieron ser ejecutadas? 

La Procuraduría del Estado de México y la PGR habían dicho que cinco de los 22 cadáveres tenían heridas que indicaban maniobras instintivas de defensa; es decir, que antes de morir las personas intentaron proteger zonas vitales con sus brazos, lo cual apunta a que muy probablemente fueron privadas de su vida ilegalmente, según la CNDH.

Y la propia CNDH dijo en su recomendación sobre el caso que al menos 6 cadáveres tenían rastros de maniobras de defensa:

“V1, V2, V5, V11, V12 y V16, presumiblemente, realizaron maniobras instintivas de defensa, lo cual se determina por la presencia de heridas en los miembros superiores, producidas por proyectil único disparado por arma de fuego”, publicó el organismo nacional en octubre de 2014.

No obstante, el Auto de Formal Prisión revelado por el NSArchive incluye los primeros estudios realizados por la procuraduría del Estado de México, que aunque concluyó que había sido un enfrentamiento, documentó que 9 personas intentaron defenderse antes de caer abatidas por las balas.


Los cadáveres 1, 2, 5, 11, 12, 16, 17, 18 y 21, tenían huellas de “maniobras instintivas de defensa”, según el dictamen en criminalística de campo del 30 de junio de 2014, realizado por peritos del Instituto de Servicios Periciales de la Procuraduría del Estado de México.

Ese dictamen forma parte del auto de formal prisión que otorgó, en un primer momento, un juez penal del DF. Pero los militares se inconformaron con esa decisión y un tribunal ordenó reponer el proceso.

La reposición recayó en otro juez, quien determinó que no había pruebas suficientes para procesar a los siete militares y dejó en libertad a cuatro. Entonces la PGR se inconformó, pero fue inútil; el tribunal confirmó la liberación de cuatro militares acusados de ejercicio indebido del servicio público y mantuvo en prisión a tres de ellos por homicidio calificado y alteración ilícita del lugar.

El defensor de los militares en la jurisdicción civil es el abogado Juan Velázquez, quien ha sostenido ante la prensa que sólo tres de los militares entraron a la bodega donde ocurrieron los hechos.

¿Cuántos entraron a la bodega?

La CNDH dijo que cinco soldados entraron a la bodega después de un primer choque con los presuntos sujetos relacionados con el cártel de La Familia Michoacana:


“Los cinco elementos militares que ingresaron a la bodega posterior al enfrentamiento, esto es, AR2, AR3, AR4, AR5 y AR6, son quienes muy probablemente privaron ilegalmente de su vida a las personas que se encontraban al interior de la misma, o por lo menos, que hubieron algunos de ellos que lo hicieron, y otros que lo presenciaron y por tanto, hasta la fecha, lo han encubierto”, dice la Comisión en su informe.

Los cuatro militares que ahora están libres hicieron una ampliación de sus declaraciones el 28 de septiembre de 2014, en la cual aseguraban que “después de haber cesado los disparos entre ellos y un grupo de personas armadas, tres de sus compañeros se introdujeron a la bodega y que en seguida escucharon más disparos”.

Quienes declararon esto fueron el responsable de la escolta, Teniente de Infantería Ezequiel Rodríguez Martínez; el soldado de transmisiones, Julio César Guerrero; el cabo que conducía esa noche Samuel Torres; y el soldado de infantería Alan Fuentes.


Pero esa declaración contradice la que habían dado cuatro días antes y la del mismo día en que ocurrieron los hechos, aquel 30 de junio de 2014, que forman parte del Auto de Formal Prisión revelado por el NSArchive.

El 30 de junio, el Teniente Ezequiel dijo que ordenó a Samuel Torres que apoyara “al sargento Acevedo (Roberto Acevedo López) para que hiciera un reconocimiento en el interior de la bodega”. Esa versión cambió después que la agencia AP y la revista Esquire cuestionaron que se hubiera tratado de un enfrentamiento con criminales.

El 24 de septiembre, el mismo teniente Ezequiel dijo que “ordenó al sargento segundo Roberto Acevedo López y dos elementos Fernando Quintero Millán y Leobardo Hernández Leónides para que realizaran un reconocimiento en el interior de la bodega donde tardaron entre 3 y 5 minutos”. El soldado Samuel Torres desapareció de la narración del encargado del grupo.

El propio cabo Samuel Torres también cambió su versión. En su declaración del día de los hechos, dijo que no supo qué pasó dentro de la bodega. Pero el 28 de septiembre agregó que “él y su compañero Alan Fuentes Guadarrama ingresan juntos a la bodega por la parte del centro, y el comandante Acevedo con un compañero más entraron por la izquierda de la bodega”.

La versión de la defensa

Al ser cuestionado por la diferencia en el número de militares que ingresaron a la bodega, el abogado defensor, Juan Velázquez, dijo a Aristegui Noticias que la discrepancia puede deberse a que los soldados hablan de “momentos distintos de entrada a la bodega”.

Además, Velázquez sostiene que la PGR no pudo aportar “una sola prueba de su probable responsabilidad en los delitos de los que se les acusó”. Según él, “todas las armas de los abatidos habían sido accionadas”; no obstante, no pudo aclarar si la PGR levantó huellas dactilares para descartar que hubiesen sido accionadas por los soldados.

Así, los tres militares que siguen procesados por homicidio y alteración ilícita del lugar son el sargento Roberto Acevedo López y los soldados de infantería Fernando Quintero Millán y Leobardo Hernández Leónides. La PGR tampoco pudo sostener la acusación en contra del teniente Ezequiel, de encubrimiento en la hipótesis de no procurar impedir la consumación de un delito.


El Auto de Formal Prisión obtenido por el NSArchive tiene varias líneas de texto testadas y, aunque en las líneas visibles no hay mención a un estudio de huellas dactilares, es imposible descartar si la PGR lo hizo o no. Además, falta transparentar varios momentos del proceso judicial civil, lo cual podría suceder si hay más solicitudes de transparencia con el mismo argumento que usó la organización estadunidense, que hay sospechas de que en Tlatlaya hubo violaciones graves a los derechos humanos.

Este 2 de marzo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos publicó el informe “Situación de derechos humanos en México”, en el que afirma que “la impunidad masiva es la causa de la crisis de derechos humanos en México”. “La Comisión recuerda al Estado mexicano que es de la más alta importancia que los órganos judiciales realicen sus investigaciones y concluyan los procesos penales de manera independiente y sin injerencias externas”, dice el informe sobre el caso Tlatlaya.

PGR – Tlatlaya – Auto formal de prision.pdf by Aristegui Noticias:

  PGR - Tlatlaya - Auto formal de prision.pdf by Aristegui Noticias

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: IRVING HUERTA.
LINK: http://aristeguinoticias.com/0403/mexico/nsarchive-revela-expediente-de-ejecuciones-en-tlatlaya/

Casos como Apatzingán y Tlatlaya ponen a prueba a las instituciones: CNDH

Durante su informe anual de labores, el ombudsman dijo que las entidades con más hechos presuntamente violatorios a derechos humanos fueron el Distrito Federal, Estado de México, Tamaulipas y Veracruz.

Los casos de Chalchihuapan, Tlatlaya, Iguala, Apatzingán han modificado la percepción general e histórica de los derechos humanos en nuestro país, poniendo a prueba a las instituciones, incluida Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), señaló el ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez.

Al presentar el informe anual de actividades 2015, el presidente de la CNDH afirmó que son casos complejos, que por su propia naturaleza y características requieren que las investigaciones que se realizan cumplan con los atributos de objetividad, imparcialidad, de exhaustividad y credibilidad.

González Pérez manifestó que la CNDH no puede permitirse demoras o burocratismos en la atención de los asuntos a su cargo, por el contrario, debe mejorar sus capacidades y procedimientos para lograr mayor efectividad y eficiencia en este ámbito.

Ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, subrayó que el Poder Legislativo, tanto a nivel federal como local, tiene la capacidad de ingerir de manera positiva en el ámbito de los derechos humanos de nuestro país.

Dijo que es necesario tomar en serio los derechos humanos, entender que éstos son el elemento básico para sustentar los cambios que el país demanda, “para logra un México más justo e incluyente con un verdadero Estado de derecho y una institucionalidad fuerte, en donde la corrupción y la desigualdad no tiene cabida”.

Refirió que las entidades en las que se reportó con mayor frecuencia la comisión algún hecho presuntamente violatorio a derechos humanos, fueron el Distrito Federal con dos mil 350 casos, Estado de México 791; Tamaulipas 613; Veracruz 468; Sonora 442; Chiapas 405; Jalisco 354; Oaxaca 349; Nayarit 302 y Michoacán 299.

Informe

Como parte de su informe apuntó que durante 2015, el organismo inició el trámite de 27 mil 867 nuevos expedientes, de los cuales nueve mil 980 correspondieron a quejas propiamente dichas, ocho mil 292 fueron orientaciones directas, nueve mil tres remisiones y 632 inconformidades.


El ombudsman nacional también informó que se registró un incremento aproximado de 12 por ciento en el número de expedientes registrados por la CNDH, al pasar de 24 mil 889 a 27 mil 867, es decir, cerca de tres mil expedientes adicionales.



Aseguró que al inicio de 2015 existía un considerable rezago en la resolución de asuntos, el cual implicaba dos mil 366 expedientes equivalentes a 36.5 por ciento del total de asuntos en trámite de esa fecha.

A partir de este rezago se asumió como una prioridad aunque la complejidad del mismo hace que su solución sólo sea posible en el mediano plazo, señaló el titular del organismo.

Legalidad

González Pérez afirmó que se requiere la formulación de leyes pertinentes y debidas, y que su aplicación efectiva no es algo que se pueda o deba negociar ni puede ser materia de transacción o “moneda de cambio” entre intereses de ninguna índole.


Aseguró que el reto de la CNDH y de los organismos locales de protección y defensa de derechos humanos es fortalecer la credibilidad y confianza de la sociedad mexicana en el sistema de protección no jurisdiccional de los mismos.



FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://aristeguinoticias.com/2801/mexico/casos-como-apatzingan-y-tlatlaya-ponen-a-prueba-a-las-instituciones-cndh-video/

Renuncia a secrecía en Tlatlaya, por “humildad institucional”: comisionado del Inai

"Somos la máxima autoridad en dos ámbitos: en el de acceso a la información y en el ámbito de la protección de datos personales... siempre podemos llegar a ser alcanzados por una decisión judicial", apuntó. El caso lo calificó como un "lamentable paréntesis de regresión".

El Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos (Inai) renunció el miércoles al recurso judicial que había presentado para defender la reserva de la investigación militar sobre el caso Tlatlaya, Estado de México, ”en un acto de humildad institucional”, señaló el comisionado Francisco Javier Acuña Llamas, en entrevista para Aristegui CNN.

El miércoles, con votación de cinco votos a favor y dos en contra, el pleno del Inai se desistió de su inconformidad con la sentencia del juez primero de Distrito Administrativo, Gabriel Regis López, quien le había ordenado al instituto dictar una nueva resolución que contemplara las violaciones graves a derechos humanos para impulsar la transparencia. Se trata de la primera vez que el organismo renuncia a un recurso legal de ese tipo.

Acuña refirió que “es la primera vez que ocurre que el propio Inai ya como órgano constitucional autónomo garante de la transparencia, rectifique, corrija. En un acto de humildad institucional, porque las instituciones obran en consecuencia con su mandato, creemos que la resolución que se tomó en junio del año pasado cuando decidimos por mayoría de cuatro a tres, que teníamos que vernos en la circunstancia de reservar a dos años la información del caso Tlatlaya“.

Detalló que hasta ahora ”hemos resuelto catorce asuntos relacionados con Tlatlaya, y en todos abrimos, sólo en este optamos por reservar y no como lo pedía la Secretaría de la Defens Nacional de doce años sino a dos“, recordó.

La información que se reservaría era sobre el juicio castrense, ”se conoce por faltas disciplinarias al rango del Ejército y sus protocolos. Fue un gran debate, nosotros y en ese caso a mí como ponente, me tocó sostener la posición nada graciosa o nada grata a una sociedad que está indignada por éste tipo de acontecimientos, nos tocó colgarnos de esa parte técnica-jurídica y decir ‘no nos alcanza más’”.

Ante la decisión de reservar esa información “fuimos cuestionados, muy criticados, los medios con mucha razón, Artículo 19 que tiene un enorme valor su opinión nos dijo que ‘nos habíamos quedado en una posición conservadora’”.

Posteriormente, “vino el juez de amparo, Gabriel Regis, él sí tomó una decisión histórica, sin precedentes, se va más allá de lo que podríamos esperar y nos dice: ‘ustedes Inai sí podían haberse metido a reclamar información en manos del juez militar y ustedes tendrían que haber persistido en ello, no lo hicieron, por tanto su resolución queda sin efectos y tienen que emitir una nueva’”.

Sin embargo “nosotros en ese caso, cuando un juez anula una resolución, acudimos a agotar la vía, ir ante el Tribunal Colegiado, es inercial en parte… en este caso hay una cuestión histórica, rectificamos pero la Comisión Nacional de Derechos Humanos también rectificó, la CNDH determinó reclasificar las conductas que había, el ombudsman anterior se había quedado en una investigación taciturna”.

Este asunto “merece un tratamiento distinto a todos, porque este es el caso más lamentable que tenemos a la vista, en los que se ha reconocido en la propia institución nacional defensora de los derechos humanos que ocurre con esa terrible nota:’graves violaciones a derechos humanos’. Tlatlaya ha merecido lamentablemente que se diga en los foros internacionales que el Estado Mexicano desgraciadamente tiene todavía, en estos meses recientes, en nuestra democracia avanzada, en algunos sentidos, este tipo de lamentables paréntesis de regresión“, reconoció el comisionado.

Batalla por el acceso a la información

Ante el sistema en el que opera el acceso a la información, en el que un juez puede echar abajo una resolución del Inai, para bien o para mal, el comisionado explicó que “es el sistema jurídico democrático. En una democracia no caben los poderes suficientes en el sentido de la arrogancia institucional de poder decir ‘aquí queda todo’, no”.

“Somos el órgano garante que, desde la perspectiva administrativa, nuestro papel es ser la máxima autoridad en el ámbito administrativo, y somos la máxima autoridad en dos ámbitos, en el de acceso a la información, y en el ámbito de la protección de datos personales, pero siempre podemos llegar a ser alcanzados por una decisión judicial.. es un juez de rango superior”.

La Sedena y la PGR, sin embargo, no se desistieron de reservar la información por lo que el caso podría llegar hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Al respecto, el comisionado dijo que sí sería bueno que llegara a la SCJN “porque precisamente podríamos conocer ahí la dimensión de la máxima institución de justicia del país, la Corte como tribunal constitucional”.

El dilema a resolver “sería clarificar si podemos ir… a meternos al terreno del propio juez cuando ya está llevando la causa”.

Recalcó que es histórico que el juez haya dado la resolución a favor a la petición del periodista Irving Huerta -de Aristegui Noticias- y la organización no gubernamental, Artículo 19.

A Irving Huerta le reconoció “la perseverancia de sostenerse en una persistencia”. Mientras que reveló que Darío Ramírez, director de Artículo 19, les dijo: ‘no estorben ustedes’, nos lo pidió en el sentido coloquial, para que se entienda. Nos pidió: ‘desístanse’.


Entrevista:

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://aristeguinoticias.com/1401/mexico/renuncia-del-inai-a-secrecia-en-caso-tlatlaya-acto-de-humildad-institucional-comisionado-en-cnn/

Inai renuncia a secrecía en expediente de las ejecuciones en Tlatlaya

Por 5 votos a favor y 2 en contra, el organismo acata resolución de juez que sostiene que hubo violaciones graves a derechos humanos. El instituto deja solos al Ejército y la PGR en el intento de mantener bajo reserva investigación militar.

El Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos (Inai) renunció al recurso judicial que había presentado para defender la reserva de la investigación militar sobre el caso Tlatlaya, Estado de México, donde militares ejecutaron a civiles de forma extrajudicial.

En una votación de 5 votos a favor y 2 en contra, el Inai se desistió de su inconformidad con la sentencia del juez primero de Distrito Administrativo, Gabriel Regis López, quien le había ordenado al instituto dictar una nueva resolución que contemplara las violaciones graves a derechos humanos para impulsar la transparencia. Se trata de la primera vez que el INAI renuncia a un recurso legal de ese tipo.

No obstante, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Procuraduría General de la República (PGR) mantienen sus recursos contra la decisión de ese juez y piden que la sentencia sea revisada por un tribunal colegiado.

Esa decisión del juez resultó de una demanda interpuesta por Aristegui Noticias, en coordinación con la organización Artículo 19, que buscaba evitar que el expediente se mantuviera en la opacidad, como había decidido el Inai. El juez Primero de Distrito en Materia Administrativa del DF, Gabriel Regis López, falló a favor de esa petición el 23 de noviembre de 2015.

Este miércoles, quien puso sobre la mesa el desistimiento fue el comisionado Javier Acuña, quien había sido el ponente de la primera resolución que reservaba el expediente militar por dos años, y que ahora considera correcto rectificar la decisión.

Para el comisionado, la sentencia dictada por el juez establece un replanteamiento de los alcances de intervención del Inai en un proceso judicial, en este caso, militar. Dijo que, a pesar de no estar del todo de acuerdo con la sentencia, se resuelve la duda sobre si era posible requerir información contenida en los archivos de expedientes judiciales.

La comisionada Areli Cano cuestionó que el departamento jurídico del Inai hubiese interpuesto el recurso de “de forma inercial” y comentó que se debe hacer una revisión exhaustiva para procurar el derecho a la información.

Por su parte, el comisionado Eugenio Monterrey Chepov se manifestó contra el desistimiento, bajo el argumento de que debería seguir el camino usual para defender una resolución del Inai, para que un tribunal dé “certeza jurídica” sobre el caso.

El Ejército ha dicho que no puede entregar la información porque no guardó copia de la investigación que hizo la Procuraduría Militar.


El Inai estará en condiciones de resolver si reserva o no la averiguación militar cuando quede firme o se corrija la sentencia del juez Regis López..

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: IRVING HUERTA.
LINK: http://aristeguinoticias.com/1301/mexico/inai-renuncia-a-secrecia-en-expediente-de-las-ejecuciones-en-tlatlaya/

Combaten INAI, PGR y Ejército transparencia sobre ejecuciones en Tlatlaya

Las tres dependencias se inconformaron con la orden de un juez que derribó la secrecía de la averiguación previa militar.

El Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), la Procuraduría General de la República (PGR) y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) han puesto a trabajar a sus abogados para mantener bajo reserva el caso Tlatlaya, Estado de México, donde soldados ejecutaron a civiles de manera extrajudicial.

Los tres órganos se inconformaron con la decisión de un juez, que había ordenado al INAI corregir su decisión de mantener reservada la información de las investigaciones militares. Además, el INAI debía tomar en cuenta que los hechos ocurridos en Tlatlaya eran violaciones graves a derechos humanos, una condición que permitiría el acceso al expediente.

La sentencia del juez fue resultado de una demanda iniciada por Aristegui Noticias, en coordinación con la organización Artículo 19, para evitar que el expediente se mantuviera en la opacidad, como había decidido el INAI. El juez Primero de Distrito en Materia Administrativa del DF, Gabriel Regis López, falló a favor de esa petición el 23 de noviembre de 2015.

Pero el INAI, PGR y Sedena se inconformaron con esa decisión e interpusieron un recurso para que sea revisada por un Tribunal Colegiado o, en su caso, por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Fuentes consultadas al interior del INAI aseguran que la decisión de impugnar no fue llevada al pleno ni consultada a los comisionados de forma particular.

El recurso del INAI fue firmado por el director general de asuntos jurídicos del instituto, Pablo Francisco Muñoz Díaz, en suplencia de la comisionada presidente, Ximena Puente.

El funcionario sostiene que la sentencia del juez Regis López, según él, vulnera la autonomía del instituto, que los delitos en tribunales militares no violan derechos humanos y que el INAI no tenía la obligación de precisar de qué manera se vería mayormente beneficiada la sociedad con la reserva de la información.

El INAI además solicita que la Suprema Corte conozca del amparo y determine quién debe calificar hechos como violaciones graves de derechos humanos.

La inconformidad del ejército, firmada por el procurador general de justicia militar, General de Brigada Jesús Gabriel López Benítez, dice que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) no está facultada para calificar un hecho como violación grave de derechos humanos, que difundir los datos personales de los militares involucrados dañaría el debido proceso y que el documento de la averiguación previa ya no se encuentra en poder de la Procuraduría Militar.

Con respecto a este último punto, esto dice el Ejército:

“La parte quejosa solicita una información que ya no se encuentra en la Procuraduría General de Justicia Militar, sino en el Juzgado Sexto Militar Adscrito a la Primera Región Militar [...], no se dejó duplicado en la Procuraduría de Justicia Militar de la Averiguación Previa que en su momento se consignó ante los tribunales militares, por no existir disposición legal que así lo señale en el código de justicia militar” (sic).

Por parte de PGR, quien interpone el recurso legal es la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita al juzgado que otorgó el amparo, Ana Bertha Limón Torres, quien argumenta que no se acredita que se afecten los derechos de quien inició la demanda (Aristegui Noticias) y que la CNDH no califica como “graves” las violaciones a derechos humanos que ocurrieron en Tlatlaya.


En los próximos días se conocerá cuál tribunal revisará la sentencia dictada por el juez Regis López. No obstante, la Suprema Corte puede atraer el caso antes de que ese tribunal tome una determinación.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: IRVING HUERTA.
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