El Inai debe dar nueva resolución para abrir expediente sobre Tlatlaya, ordena Juez

MÉXICO, DF: El Juez Primero de Distrito en Materia Administrativa del DF ordenó al Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos (Inai) anular la resolución en la que reservó por al menos dos años la averiguación previa militar sobre el caso Tlatlaya, en el Estado de México, donde militares ejecutaron a civiles de manera extrajudicial, y lo instruyó a dar una nueva resolución que permita el acceso al expediente.

Esta sentencia resultó de una demanda de amparo interpuesta por AristeguiNoticias, en coordinación con la organización Artículo 19, el pasado 29 de septiembre, luego de que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) negó la información solicitada vía transparencia y de que el Inai ratificó la reserva por dos años, en su resolución del 25 de junio de 2015.

La demanda de amparo argumentaba que el Inai violó los artículos 1, 6, 14 y 16 constitucionales, pues el instituto no fundó ni motivó debidamente su decisión, además de que, por tratarse de hechos relacionados con violaciones graves de derechos humanos, la información debería tener la máxima publicidad, tal como lo dice una excepción a la reserva contemplada en la Ley de Transparencia.

Uno de los alcances más significativos de este amparo, concedido por el Juez Gabriel Regis López, es que el Inai deberá dar una nueva resolución “teniendo en cuenta la actualización de la excepción prevista en el último párrafo del artículo 14 de la Ley Federal de Transparencia”, examinada por la Suprema Corte en 2012. Esta actualización contempla explícitamente la apertura de averiguaciones cuando se trate de investigaciones de violaciones a derechos humanos, que por su gravedad ofenden a toda la sociedad.

El argumento que había dado el Inai para ratificar la reserva era que los hechos que constituyeron violaciones graves a derechos humanos ya se juzgaban en tribunales civiles, aparte de los delitos que se perseguían en el fuero militar. Además, que divulgar la investigación violaría el debido proceso del juicio contra los soldados.

La sentencia del pasado 27 de noviembre de 2015 derriba los argumentos de la Sedena y del Inai:

“Contrario a lo expuesto por la autoridad responsable, (los delitos del orden castrense) sí tienen vinculación con los hechos constitutivos de violación de derechos fundamentales, dado que se determinará si los militares procesados incurrieron en los delitos previstos en los artículos 301 y 382 del Código de Justicia Militar, cuyas infracciones o conductas se encuentran relacionadas precisamente con la violación de derechos humanos, como lo estableció la Comisión Nacional de Derechos Humanos”.


Asimismo, el juez Regis López consideró que el Inai “no precisó de qué manera se vería mayormente beneficiada la sociedad con la reserva de la información que con su divulgación, […] no bastaba con señalar que la difusión de dicha información podría menoscabar la sustanciación del proceso de referencia”.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=423155

Confrontan senadores a procurador de Edomex por caso Tlatlaya

México, DF. Durante las casi seis horas que duró su comparecencia en el Senado de la República, el procurador de Justicia del estado de México Alejandro Jaime Gómez Sánchez fue fuertemente cuestionado por su actuación en el caso Tlatlaya, los feminicidios en el estado de México y por el posible conflicto de intereses que representa su candidatura a ministro de la Suprema Corte.

Su insistencia en dejar la responsabilidad de las irregularidades en la investigación de la ejecución extrajudicial de 22 personas, en el Ejército y la PGR, fue echada abajo por legisladores del PRD y PT. El perredista Alejandro Encinas le hizo notar que una cosa es el discurso y otra los hechos. Le recordó que la procuraduría mexiquense, a su cargo, sostuvo que fue un enfrentamiento entre militares y delincuentes, que agentes de esa dependencia torturaron a los mujeres sobrevivientes y sólo después de la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) se detuvo a 7 policías ministeriales y un agente del ministerio público, que están en libertad bajo fianza.

La senadora independiente Martha Tagle puso en duda que se combata a los feminicidios, en el estado de México, como lo aseguró Gómez Sánchez, puso el ejemplo de Marina Lima, asesinada por su esposo un policía ministerial, cuyo caso quiso hacer aparecer la PGJEM como suicidio.

“Así impartirá justicia si llega a la Corte”, le preguntó Encinas. El aspirante a ocupar una de las vacantes en la Suprema Corte reiteró que “una cosa es lo que ocurrió en Tlatlaya y la actuación de los elementos militares -que en todo caso es del orden federal- y otra muy distinta es la actuación de la Procuraduría de Justicia del Estado de México, que actuó consecuentemente en auxilio del ministerio público federal.

Sobre la liberación de los siete policías ministeriales y el agente del ministerio público de la procuraduría mexiquense, respondió que la tortura, según la Constitución, no es delito que impida otorgar fianza, además de que se han asegurado que enfrentarán el proceso.

Otro de los temas que más se discutieron fue su independencia del poder ejecutivo, donde ha laborado 25 años. Gómez Sánchez sostuvo que está libre de cualquier conflicto de interés, dijo que no pertenece al grupo “Atlacomulco” y rechazó ser “el delfín” del consejero jurídico de la presidencia de la república Humberto Castillejos, con quién colaboró.

Layda Sansores del PT, le dijo que en su curriculum figura haber sido asesor de Eduardo Medina Mora, cuando se desempeñaba como titular de la PGR.


“Me considero libre de conflicto de interés. Tengo mi trayectoria y consciencia limpias, así como las capacidades necesarias para ser un juez constitucional independiente, imparcial, moderno y responsable”, insistió, pero los cuestionamientos continuaron.

FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: ANDREA BECERRIL/ VICTOR BALLINAS.
LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/12/02/confrontan-senadores-a-procurador-de-edomex-por-caso-tlatlaya-605.html

Yo no fui, fue el Ejército el que alteró evidencia en Tlatlaya, dice Procurador de Edomex

Alejandro Jaime Gómez Sánchez, Procurador del Estado de México, dijo durante las investigaciones del caso que no existían pruebas de que se hubiera alterado la escena donde fueron ejecutados 22 civiles por parte de elementos del Ejército. Ahora, cuando quiere ser Ministro a propuesta del Presidente Enrique Peña Nieto, dice otra cosa.

Alejandro Jaime Gómez Sánchez, Procurador del Estado de México y aspirante a Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), dijo hoy durante su comparecencia en el Senado de la República, que fue el Ejército Mexicano quien habría alterado la escena del crimen en la bodega de Tlatlaya donde el 30 de junio de 2014 fueron presuntamente ejecutadas 22 personas.

El Procurador mexicanse expuso ante los legisladores diez puntos en los que, en su mayoría, deslindó a la dependencia a su cargo de los hechos ocurridos en Tlatlaya, en el sexto dijo: “De conformidad con la recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, presumiblemente, elementos del Ejército habrían alterado la escena de los hechos, no así personal de la Procuraduría Mexiquense, lo cual a pesar de ello, ya es materia de investigación y proceso penal por las autoridades federales”.

Pese a que durante las investigaciones del caso aseguró que no existían pruebas de que se hubiera alterado la escena donde fueron ejecutados 22 civiles por parte de elementos del Ejército.

Gómez Sánchez también enfatizó que “el procesamiento del lugar de los hechos que hizo la Procuraduría Estatal fue oportuno y sirvió para que la autoridad federal profundizara en las investigaciones”.

Dijo que su posición como Procurador del Edomex “lo obliga a dar respuesta a interrogantes sobre casos complejos que han sido del conocimiento público a nivel nacional”. Uno de ellos, indicó, “se refiere a la intervención de la Procuraduría con motivo de los hechos en que perdieran la vida 22 personas en el municipio de Tlatlaya, Estado de México el 30 de junio de 2014”.


“Al respecto la Procuraduría General de Justicia del Estado de México atendió el comunicado que hicieron elementos militares con motivo de hechos constitutivos de delitos federales en apoyo y auxilio del Ministerio Público de la Federación, y ante la urgencia del caso, practicó las primera diligencias, agregó.

El aspirante a Ministro del Máximo Tribunal, indicó, como primer punto, que “se procesó el lugar de los hechos en los términos en que éste fue hallado”. Dijo también, que de inmediato, se tomaron las entrevistas de los elementos militares quienes denunciaron un enfrentamiento con un grupo armado en el lugar.

Informó que la Procuraduría a su cargo fue quien recabó las primeras entrevistas de las mujeres que se encontraron en el lugar de los hechos a quienes, aseguró, el Ministerio Público dio la condición de víctimas y les otorgó medidas de protección.

Alejandro Gómez abundó en que se practicaron las diligencias periciales inmediatas; al igual que tres días después de los hechos, la carpeta de investigación fue entregada a la Procuraduría General de la República (PGR) para la continuación de las investigaciones por tratarse de hechos materia de su competencia.

Consideró también que “las posibles omisiones, deficiencias, insuficiencias del personal de la Procuraduría local, sobre el procesamiento del lugar de los hechos, derivaron de la complejidad del caso, las circunstancias del lugar y el riesgo de un nuevo enfrentamiento, lo cual ya es materia de los procesos de responsabilidad administrativa por las autoridades competentes”.

En tanto, sobre las acusaciones contra esa dependencia por tortura y malos tratos, aseguró, que “el Ministerio Público ejercitó acción penal en contra de los probables responsables, quienes se encuentran vinculados a proceso penal”.

Finalmente, dijo, que la recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) está en vías de cumplimiento y que están atendiendo todos y cada uno de sus puntos resolutivos.


Este día, iniciaron las comparecencias de los seis candidatos y candidatas que conforman las dos ternas enviadas por el Presidente Enrique Peña, para elegir a dos ministros de la SCJN. La primera de las ternas está integrada por: Sara Patricia Orea Ochoa, Norma Lucía Piña Hernández y Verónica Judith Sánchez Valle. La segunda terna está conformada por: el Magistrado Álvaro Castro Estrada, el Procurador Alejandro Jaime Gómez Sánchez y Javier Laynez Potisek.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/24-11-2015/1561704.

Peña Nieto postula para la Corte al procurador mexiquense que negó fusilamiento en Tlatlaya

Las propuestas presentadas por el presidente mexicano la semana pasada incluyen a cuatro magistrados con una larga trayectoria, pero también a dos personas que son cercanos colaboradores de EPN.

La semana pasada, Enrique Peña Nieto presentó seis candidaturas para que el Senado de la República elija a dos nuevos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), lista que incluye a cuatro magistrados con larga trayectoria en el Poder Judicial, así como a dos aspirantes sin experiencia como jueces, pero que han sido cercanos colaboradores del presidente durante los últimos años.

El primero de estos colaboradores que contenderá por una plaza en la Suprema Corte es Alejandro Jamie Gómez Sánchez, quien se desempeñó como subprocurador jurídico en el Estado de México cuando Peña Nieto fue gobernador de esa entidad, y quien se convirtió en consejero jurídico adjunto del gobierno federal cuando Peña llegó a Los Pinos.

Gómez Sánchez fue consejero jurídico de Peña Nieto hasta mayo del año pasado, cuando fue nombrado como procurador de Justicia del Estado de México por el actual mandatario estatal, Eruviel Ávila.

Hasta la fecha, Alejandro Jaime Gómez Sánchez ocupa dicho cargo y, de hecho, en su condición de titular de la PGJEM, él fue el encargado de presentar y defender la primera versión oficial de los hechos ocurridos en Tlatlaya, el 30 de junio de 2014, que dejaron un saldo de 22 civiles muertos en un tiroteo con elementos del Ejército mexicano.

Según esa primera versión oficial, “de las diligencias practicadas por el Ministerio Público del fuero común no se desprende indicio alguno que haga presuponer o que nos haga pensar en la posible ejecución o el posible fusilamiento” de las víctimas, tal como dijo Gómez Sánchez en julio de 2014.

Lo anterior, sin embargo, resultó falso, tal como concluyó la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) tres meses después, en octubre de 2014, al constatar que al menos 15 de los 22 civiles fallecidos en Tlatlaya fueron fusilados por militares.

La CNDH, además, comprobó que tres mujeres que sobrevivieron a la balacera en Tlatlaya fueron detenidas, torturadas y agredidas sexualmente por elementos de la Procuraduría de Justicia mexiquense, es decir, por la dependencia que encabeza Alejandro Jaime Gómez Sánchez.

El objetivo de la tortura y las agresiones sexuales cometidas por los agentes de la Procuraduría mexiquense, según la propia declaración de las víctimas, es que ocultaran los excesos cometidos por personal militar de los que habían sido testigos. De los siete agentes de la PGJEM implicados en la tortura y agresión sexual, sólo cuatro enfrentan proceso, en libertad y sin haber sido separados de sus puestos.

Aún con estos señalamientos contra la labor de la Procuraduría mexiquense en el caso Tlatlaya, su titular se mantiene hasta la fecha en el cargo y, desde la semana pasada, cuenta con la nominación presidencial a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Caso Elba

El segundo colaborador del gobierno de Peña Nieto propuesto para ocupar una de las dos plazas en la SCJN es Javier Laynez, quien tiene siete meses de experiencia como magistrado del Tribunal Federal de Justicia Fiscal, y siete años como procurador fiscal de la Federación.

En su cargo como procurador fiscal, de hecho, Laynez fue pieza clave en la formulación de las denuncias penales contra la líder magisterial Elba Esther Gordillo por delitos de fraude fiscal, que la mantienen encarcelada desde hace dos años.

El sometimiento penal de Gordillo, cabe recordar, se dio el 26 de febrero de 2013, un día después de que el presidente Peña Nieto promulgara la así denominada “reforma educativa”, que incluyó, entre otros puntos, la aplicación de un nuevo sistema de evaluación magisterial y modificaciones al sistema de promociones laborales dentro de la estructura de educación pública.

Luego de la captura de Gordillo, el presidente Peña Nieto emitió un mensaje en cadena nacional, para asegurar que “se mantiene un diálogo respetuoso y constante con la dirigencia nacional del SNTE”.

Y, efectivamente, la reforma educativa fue aceptada por la nueva dirigencia nacional del SNTE, nombrada tras la captura de Gordillo.

Trece meses después de la investigación contra la lideresa magisterial, Javier Laynez fue nombrado magistrado del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y, ahora, candidato a la Suprema Corte.

Epílogo: los otros

Con estos dos colaboradores del presidente Peña Nieto contenderán, por los dos puestos en la Corte, cuatro magistrados que han desarrollado su carrera profesional en el Poder Judicial, como jueces.


Ellos y ellas son Sara Orea (magistrada de la Primera Sala de Justicia para Adolescentes desde 2008); Norma Lucía Piña (magistrada de Circuito desde 2000); Verónica Judith Sánchez (actualmente magistrada de Distrito, y en el pasado jueza de procesos penales en el DF y magistrada administrativa de Circuito) y Álvaro Castro (magistrado presidente del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje hasta abril pasado).

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: PARIS MARTÍNEZ.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2015/11/pena-nieto-postula-para-la-corte-al-procurador-mexiquense-que-nego-fusilamiento-en-tlatlaya/

Admiten juicio de amparo contra secrecía en caso Tlatlaya

La demanda fue interpuesta por Aristegui Noticias el pasado 29 de septiembre, en coordinación con la organización Artículo 19, luego de que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) negó la información solicitada vía transparencia y de que el INAI ratificó la reserva por dos años en su resolución del 25 de junio de 2015, con decisión dividida.

El Juez Primero de Distrito en Materia Administrativa admitió un juicio de amparo, para analizar la resolución del Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos (INAI), que había aceptado reservar la averiguación previa militar sobre el caso Tlatlaya, en el Estado de México, cuando militares ejecutaron a civiles de manera extrajudicial.

La demanda de amparo -interpuesta por Aristegui Noticias, en coordinación con la organización Artículo 19-, argumenta que el INAI violó los artículos 1, 6, 14 y 16 constitucionales, pues el instituto no fundó ni motivó debidamente su decisión de ratificar la reserva de información; además que, por tratarse de hechos relacionados con violaciones graves de derechos humanos, la información debería tener la máxima publicidad y debió privilegiarse el interés público:

“El INAI reconoce que los hechos que dieron origen a la información solicitada son violaciones graves a derechos humanos. No obstante, en total incongruencia, determina que dicha información no está relacionada con violaciones graves a derechos humanos y deja de aplicar la excepción de reserva de información”, dice la demanda.

El instrumento judicial también señala que el INAI, aunque disminuyó el periodo de reserva de 12 a 2 años, ratificó la secrecía de la información sin haber accedido al expediente, con lo cual podría determinar si los hechos que se juzgan en la corte militar constituyeron o no violaciones graves a los derechos humanos:

“A pesar de que en reiteradas ocasiones el INAI solicitó a la Secretaría de la Defensa Nacional acceso a la información solicitada y sujeta de clasificación, la última nunca dio acceso a la misma.”

“En consecuencia, al no tener la información materia del recurso de revisión a la vista era imposible que la responsable determinara el daño que se pudiera causar de no divulgarse la información  y justificar que la divulgación de la misma representa un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio significativo al interés público o a la seguridad nacional”.

Al principio, el juez admnisitrativo, Gabriel Regis López, había declarado incompetencia y lo turnó al ámbito penal, diciendo que el asunto se había originado en hechos de ese orden, a pesar que la acción a impugnar era la de un órgano como el INAI. Pero el juez penal regresó el expediente.

El Juez Sexto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el DF, Juan Mateo Brieba de Castro, también declaró incompetencia al decir:

“El citado acto (la resolución del INAI) tiene existencia autónoma y no depende de la averiguación previa o el juicio de orden militar de las cuales versa la solicitud del quejoso. por su naturaleza, el acto reclamado es un acto administrativo”.

El mismo juez administrativo recibió de regreso la demanda de amparo y declinó insistir en la incompetencia, con lo que admitió el juicio de amparo para su análisis el 7 de octubre.

El 26 de octubre, la Sedena se presentó en el Juzgado Primero Administrativo para apersonarse como tercero interesado.

La audiencia constitucional, o de fondo del asunto, está prevista para el 3 de noviembre de 2015, cuando se desahogarán las pruebas para luego recibir los alegatos finales. El juez Regis López puede postergar esta audiencia o estudiar el fondo del asunto y dar una sentencia, la cual aún puede apelarse ante un tribunal colegiado.


En otras solicitudes, el INAI ya ha ordenado transparentar partes militares y peritajes de la Procuraduría General de la República relacionados con el tema. Hoy, cuatro de los ocho militares juzgados en tribunales civiles ya quedaron libres y la investigación militar permanece en la opacidad.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTRO: IRVING HUERTA.

Masacres de Tlatlaya y Ayotzinapa, prueba de crisis de derechos humanos en el país: Colmex

“México carece de un Estado de derecho, existe sólo un Estado de leyes, una quimera de reglas mínimas ordenadas para los intereses de la propia clase política”, acusó Arturo Alvarado Mendoza, investigador del Centro de Estudios Sociológicos (CES) del Colegio de México (Colmex).

En la actualidad, el país pasa por una gran crisis de derechos humanos, ante la falta de respuesta de todos los niveles de gobierno a la violación sistemática de estos; prueba de ello, dijo, han sido las masacres de Tlatlaya y Ayotzinapa, precedidas por las sendas cruentas de Acteal y Aguas Blancas.

Alvarado Mendoza expresó que se vive en un Estado donde la coalición y coacción han abierto grietas en la democracia, deformada con marcas de corrupción, conflictos de intereses y sobre todo, impunidad. Este quebranto recalcitrante de las garantías individuales es desnudado por el repunte de homicidios, el asesinato de periodistas y el acoso de activistas y figuras políticas, “donde el Pacto por México fue reventado por Ayotzinapa”, expuso. Asimismo lamentó las secuelas del estancamiento económico auspiciado por “políticos que viven bien hablando de lo mal que va el país”.

El especializado en seguridad pública, justicia y gobernabilidad, reconoció que la democracia en México no ha tenido avances significativos desde las ilusiones creadas con la alternancia; por el contrario, afirmó, que la estructura clientelar empeora en las entidades y municipios, donde es más notoria la falta de libertades del electorado. “Hay un abismo entre las autoridades federales y estatales marcado por el desmantelamiento, por no decir saqueo, de las instituciones y del erario público”, denunció.

Por otro lado aseguró que a partir de la década de los noventa, la agenda de seguridad amenaza con la militarización y que el vetusto sistema de hacer política ocasionó un gigantismo burocrático, provocado, agregó, “por la reiteradas transgresión de derechos de la ciudadanía al desbordarse el contrabando, robo y lavado de dinero”.

También señaló que el fracaso del Estado de derecho en la nación se debe también a la nueva clase de empresarios políticos que apunta ahora al poder global a costillas de los mexicanos. “Sin resolverse el acceso a derechos básicos no habrá reforma de justicia efectiva. Vivimos en un Estado de leyes, en un Estado de excepción, pero no en un Estado de derecho”, sentenció en marco a los Diálogos interdisciplinarios por la paz organizados por la Universidad Veracruzana (UV).

Ruta a la transición

Con este “pesimismo histórico”, como Arturo Alvarado le llamó, y frente a la inquietante situación coetánea, la única ruta que se vislumbra para la transición en México, estimó, es el cambio engendrado desde la sociedad civil. De esta forma dijo, es imperioso insistir en que se debe incidir sobre los temas de interés nacional y no sólo vía protestas y manifestaciones, sino a través de los mecanismos para establecer propuestas y de rendición de cuentas. “La sociedad debe obligar a la autoridad a responder”.

Agregó que el rol de las universidades y, con mayor fuerza las máximas casas de estudio públicas, deben seguir fomentando los espacios de discusión y participación en donde se convoque con cada vez más ímpetu a la ciudadanía en general y no sólo a la misma comunidad.

En cuanto al papel de las iglesias, consideró que pese a su amplio poder de convocatoria, se han prestado a sus propios intereses políticos e incluso se han caracterizado por promover posturas retrógradas, movilizaciones sociales y reformas legales muy controvertidas. “No se puede esperar mucho de ellas”, reconoció.

Alternancia en gubernatura “sacudiría” a la clase política

El investigador del Colmex descartó que de darse alternancia política con la minigubernatura se dé un cambio estructural de las condiciones actuales de la entidad, sin embargo previó una sacudida para la clase política, que consideró necesaria en el proceso de transformación democrática de Veracruz. Comparó a la entidad con Tamaulipas, y trajo a colación que, como en el caso de Michoacán, la alternancia no garantiza beneficios.


“Seguimos teniendo un régimen político arcaico en el que no existe la alternancia, donde la pluralización de la clase política ha estado limitada y ha sido cooptada por intereses más allá del control legal justo y legítimo”, comentó. No obstante para Veracruz vislumbró que la respuesta favorable y urgente ante una posible permuta en el poder Ejecutivo hasta ahora entintado por el PRI.

FUENTE: LA JORNADA DE VERACRUZ.

Eruviel defiende al Ejército en caso Tlatlaya: “Se la han jugado con el país”

TOLUCA, Edomex: El gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila, defendió el papel del Ejército en el caso Tlatlaya: “Se la han jugado con el país, y tienen un papel muy importante en la paz social y el control de las fuerzas delictivas”.

El mandatario ofreció un mensaje en el Sistema de Radio y Televisión Mexiquense en el que trató los temas que evadió durante su cuarto informe de labores, entre ellos los casos OHL, Tlatlaya, el gasto publicitario de su administración y las desapariciones de personas en la entidad.

Sobre la ejecución extrajudicial de 22 personas a manos del Ejército en el municipio mexiquense de Tlatlaya, el priista se limitó a informar: “Aceptamos incondicionalmente las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derecho Humanos, están siendo procesados 8 policías ministeriales, esperemos que el juez ponga una sanción ejemplar”.

“Lo asumimos con todo responsabilidad, habremos de proceder; si el juez considera que cometieron algún ilícito los miembros de la Procuraduría, se procederá con todo el peso de la ley”, añadió.

Aparte, con respecto a los audios difundidos en que directivos de la empresa OHL son exhibidos en presuntos tráficos de influencias con autoridades estatales, refirió: “Si hubiese alguna responsabilidad del concesionario, de esta empresa, habremos de proceder conforme a derecho o, incluso, en contra de algún funcionario. No vamos a tolerar ningún caso de este tipo”.

Adelantó que en breve se publicará en la Gaceta de Gobierno un proyecto de decreto que crea una norma para que en las concesiones o contratos de obra se graben todas las conversaciones entre las partes –incluso las pláticas de restaurante- y la licitación, siempre y cuando lo acepten los involucrados.

Sobre el programa “Eruviel te responde”, el mandatario sostuvo que no implicó ningún gasto extraordinario:
“Es parte del programa de difusión; el presupuesto de Comunicación Social es de .08 por ciento –del total de la entidad-. El informe sólo se puede publicitar 7 días previos y 5 días después, es nuestra obligación rendir cuentas. Este ejercicio no tuvo ningún costo, no hay acuerdos administrativos, TV Mexiquense nos prestó sus instalaciones, no fue ninguna contratación –la del moderador y los conductores-“.

Ávila Villegas ofreció recibir en diez días a padres de hijos desaparecidos, a quienes, afirmó, el procurador ha atendido de manera personalizada, junto con la subprocuradora y fiscal del ramo.

El gobernador aclaró que el procedimiento penal que se sigue por probable peculado al exalcalde Naucalpan David Sánchez Guevara no es su responsabilidad: “Fue el OSFEM, que depende de la Cámara de Diputados local, el que hace auditorías, detecta irregularidades, considera necesario proceder; la Junta de Coordinación Política procede penalmente; la PGJEM solicita la orden de aprehensión correspondiente y ahora está en las manos de un juez; un Poder ajeno inicia el procedimiento y quien sentencie será otro”.

Un “honor” ser presidenciable

Eruviel Ávila no evadió hablar de sus aspiraciones presidenciales y de que en algunas encuestas lo ubiquen como posible candidato del PRI a la presidencia de la República: “Es un honor, no lo puedo negar; el hecho de que a un vidriero al menos se le mencione; pero ese tipo de temas no me distrae, Churchill decía que para pensar en el futuro hay que resolver el presente, y mi presente es el Estado de México… no voy distraerme con otro tipo de cuestiones del futuro que algún día llegará”.

Finalmente, consideró que al Estado de México le ha convenido tener un presidente mexiquense, porque gracias a él se han impulsado en la entidad grandes obras.

Durante el programa televisivo, Erasto Martínez, secretario de Infraestructura, justificó que las inundaciones de los últimos días responden a que “estamos enfrentando lluvias atípicas”.

“En el mismo periodo del año pasado la lluvia ascendió a 35 milímetros sostenidos aproximadamente, este año han sido 40-41 y tenemos récords de 60”, dijo.

El gobierno estatal, detalló, ha identificado 15 puntos de conflicto que son atendidos por 17 campamentos que trabajan las 24 horas del día y en caso de emergencia tienen capacidad de convocar el auxilio de mil servidores públicos.


“La inversión este año en drenaje es de 450 millones de pesos; y todos los días retiramos mil 500 toneladas de basura de nuestros ríos”, abundó.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: VENERANDA MENDOZA.

Niegan órdenes de captura contra tres policías acusados de tortura en caso Tlatlaya

TOLUCA, Edomex: Por falta de pruebas, el Poder Judicial mexiquense denegó las órdenes de aprehensión en contra de tres policías ministeriales acusados de torturar a tres mujeres detenidas tras la masacre de 22 civiles en Tlatlaya.

No obstante, Sergio Medina Peñaloza, presidente del Tribunal Superior de Justicia de la entidad (TSJEM), aseguró que la investigación se encuentra en etapa procesal, por lo que, de presentarse las pruebas necesarias por parte del MP, se otorgarán las órdenes de captura en contra de los otros implicados.

La ley, afirmó, no establece ninguna limitante para solicitar nuevamente los procesos de detención.

“Por el momento estas tres fueron negadas, pero no hay limitantes para poderlas ejercitar; se estimará el plazo que se crea conveniente para liberarlas y cumplimentarlas, en tanto los tiempos constitucionales del Ministerio Público dependen de la gestión de la propia Fiscalía”, refirió.

Las órdenes de aprehensión, explicó, sólo se pueden negar por dos causas: falta de los medios de prueba o por la incorrecta forma de presentar los medios.

“En este caso concreto no pudiera decir qué pasó, porque no me permiten dar tantas particularidades del proceso”, justificó.

El magistrado presidente indicó que, por ahora, es preferible no emitir opiniones sobre el proceso, con el objetivo de no entorpecer las investigaciones, pero aseguró que el trabajo de los jueces “es altamente profesional para tomar la determinación que se merecen tanto víctimas como imputados”.

Sólo algunas fases de las investigaciones, refirió, pueden ser públicas, por ejemplo las peticiones de la Procuraduría y el delito por el cual se está ejerciendo la acción penal.

En días pasados cuatro policías ministeriales, acusados de torturar a tres mujeres testigos de los hechos del 30 de junio del 2014 en una bodega de San Pedro Limón, fueron detenidos y liberados bajo caución en menos de 48 horas, tras pagar una fianza por 60 mil pesos cada uno.


No obstante el juez negó, por falta de pruebas, la orden de captura para otros tres elementos presuntamente implicados en la tortura a las mujeres sobrevivientes a la matanza de Tlatlaya.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: CORRESPONSALÍA.

Pide CNDH a Sedena eliminar de sus órdenes el término “abatir” y similares

MÉXICO, D.F: La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) pidió a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) omitir órdenes a sus oficiales y tropas que incentiven violaciones a derechos humanos, como la de “abatir delincuentes”, que fue la indicación que se dio a los soldados involucrados en la matanza de Tlatlaya, ocurrida en junio del año pasado.

La instrucción del organismo, que debe ser atendida a más tardar en tres días, responde a una solicitud de medidas cautelares promovida por el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), tras la presentación de su informe “Tlatlaya, a un año: La orden fue abatir”.

En un comunicado el Centro Prodh informó que a través de la Segunda Visitaduría General, la CNDH pidió “respetuosamente” a la Sedena que “en caso de que existieran documentos u órdenes vigentes en los que se utilizan términos como ‘abatir’ u otro similar, sin precisar sus significados y alcances específicos (…) se revoquen o sean modificados en las partes conducentes a efecto de evitar ambigüedades en su acatamiento”.

La organización detalló que la resolución de la CNDH sobre las medidas cautelares está identificada con el número de oficio V2/49544, y está dirigida al director general de Derechos Humanos de la Sedena, a quien se le pide informar “el alcance, términos, carácter vinculante y vigencia” de instrucciones como las reflejadas en la Orden General de Operaciones y la Orden de Relevo y Designación de Mando, de fecha 11 de junio, documentos revelados en el informe del Centro Prodh sobre el caso Tlatlaya.

En esos documentos, se ordena a oficiales y a tropa, actuar en “horas de oscuridad” para “abatir delincuentes”, instrucciones que presuntamente se siguieron la madrugada del 30 de junio de 2014, cuando fueron “abatidos” 22 personas, 21 hombres y una menor de edad.

La CNDH pidió a la Sedena que informe sobre órdenes de similar naturaleza contenidas en oficios dirigidos a sus oficiales para que sean ejecutadas por tropas del Ejército.

“Es ilustrativo que para la CNDH, cualquier directriz ordenada mediante el uso de lenguaje poco claro no previene violaciones a derechos humanos ni garantiza la seguridad jurídica de las personas”, apuntó el Centro Prodh.

La organización que representa a una de las sobrevivientes de la masacre, puntualizó que de atenderse puntualmente el oficio de la CNDH se “abonará a la transparencia y rendición por parte de la instrucción castrense, cuya responsabilidad conforme a la cadena de mando debe investigarse”.


En su reciente edición, en circulación, el semanario Proceso, publica que, de acuerdo con un documento confidencial obtenido por el Centro Prodh, los militares que ejecutaron a 22 personas en Tlatlaya en junio del año pasado, actuaron obedeciendo órdenes de “las más altas esferas”.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GLORIA LETICIA DÍAZ.

Una orden de abatir propicia violaciones a los derechos humanos: Centro Prodh

La palabra ha sido utilizada en documentos oficiales, desde el expediente del caso Tlatlaya hasta el Segundo Informe de Gobierno de Enrique Peña Nieto, como sinónimo de matar.

El significado militar de “abatir delincuentes” no surge del diccionario, sino de su uso por parte del Ejército en un contexto de guerra no declarada, dijo el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, al difundir una infografía sobre el uso del término utilizado por autoridades castrenses en una orden emitida días antes de los hechos de Tlatlaya.

De acuerdo con el Centro Prodh, la palabra “abatir” ha sido utilizada como sinónimo de matar en documentos oficiales como el primer reporte después de los acontecimientos del 30 de junio de 2014 en Tlatlaya; el expediente del caso; al menos 17 comunicados de las Fuerzas Armadas entre 2006 y 2014; el Programa Nacional de Seguridad Pública 2014-2018, y el Segundo Informe de Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto.

Además, el término ha sido utilizado para referirse al fallecimiento de una o varias personas en el contexto de la llamada guerra sucia en México y de distintas acciones de otras Fuerzas Armadas de la región.


Infografía del Centro Prodh:

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Exigen a Peña investigar a altos mandos del Ejército por caso Tlatlaya

MEXICO, DF: El Centro para la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) exigió al gobierno de Enrique Peña Nieto “enmendar” las actuaciones legales en el caso de las 22 personas muertas en Tlatlaya, Estado de México, luego de revelarse que los militares que intervinieron en los hechos tenían la orden de “abatir delincuentes en horas de oscuridad”.

En un comunicado, Marcia Aguiluz, directora de Cejil para América Central y México, se sumó al llamado de organizaciones de derechos humanos que exigen investigar a los altos mandos del Ejército para el esclarecimiento de la masacre, después de que el jueves pasado el Centro Prodh revelara la existencia de la “Orden General de Operaciones de la Base de Operaciones San Antonio del Rosario”, por la que se dan indicaciones de priorizar actividades nocturnas sobre las matutinas “a fin de abatir delincuentes en horas de oscuridad”.

En el número de Proceso que circula esta semana, el 2018, se agrega que las indicaciones dadas al teniente Ezequiel Rodríguez Martínez, cabeza del grupo de militares que intervinieron en los hechos de Tlatlaya, respondían a la convicción del presidente Peña Nieto de que el narcotráfico es “la amenaza a la seguridad nacional, el más grande riesgo para la salud social, la más cruenta fuente de violencia”.

Luego de las revelaciones, la directora de Cejil consideró que “es urgente que el Estado mexicano replantee el curso actual de las investigaciones para enmendar lo actuado hasta el momento y realizar una investigación seria, dirigida a determinar la totalidad de los responsables de estos lamentables hechos”.

Lo anterior implica, puntualizó, “investigar la participación de los altos mandos militares que emitieron dicha orden”.

Marcia Aguiluz considera que a un año de los hechos “el Estado mexicano no ha cumplido con su deber de investigar las graves violaciones a derechos humanos”, por lo que “está faltando a su deber de debida diligencia”.

La organización recordó que sobre este caso “la versión oficial aseguró que todas las muertes sucedieron como consecuencia de un enfrentamiento”, pero el testimonio de una de las tres mujeres sobrevivientes, Clara Gómez González, confirmó que las víctimas “habían sido ejecutadas después de finalizado el enfrentamiento”, en tanto que la CNDH estimó entre 12 y 15 el número de masacrados de manera extrajudicial.

Sobre el documento dado a conocer por el Centro Prodh, la directora de Cejil advierte que si bien en el planteamiento hay indicaciones sobre el respeto a derechos humanos, “la contundencia” del párrafo en el que se ordena “abatir delincuentes”, acotó, “genera al menos confusión que en contextos de lucha contra el crimen organizado, como el mexicano, favorece la arbitrariedad y el abuso del poder”.

También hizo un llamado para que las autoridades mexicanas “respeten los derechos de las víctimas sobrevivientes, se les proteja y se les participe en todas las etapas de investigación”, así como proteger a los defensores que acompañan el caso, “escuchando sus recomendaciones para reencauzar estos procesos en el menor plazo posible”.

Aguiluz recordó que México está obligado a investigar “efectivamente la privación del derecho a la vida” y determinar “las responsabilidades de todos los actores y partícipes, especialmente cuando están involucrados agentes estatales”, de acuerdo con la Convención Americana de Derechos Humanos.


Además, apuntó que Cejil “se suma a las voces de numerosos actores locales e internacionales que exhortan a las autoridades mexicanas a cumplir con sus obligaciones internacionales de garantizar el acceso a la justicia, verdad y reparación”.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GLORIA LETICIA DÍAZ.

Urge investigar posible participación de altos mandos militares en Tlatlaya: Cejil

México, DF. Es urgente que el Estado mexicano replantee el curso actual de las investigaciones en el caso de Tlatlaya para “enmendar” lo actuado hasta el momento y realizar una investigación seria, dirigida a determinar la totalidad de los responsables de estos lamentables hechos, lo cual implica investigar necesariamente la posible participación de los altos mandos militares en la cadena de mando, exigió el Centro para la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil).

“El Estado mexicano no ha cumplido con su deber de investigar las graves violaciones de derechos humanos ocurridas en Tlatlaya el 30 de junio de 2014”, aseguró.

Además, el Cejil hizo un llamado especial para que se respeten los derechos de las víctimas sobrevivientes, se les proteja y se les participe en todas las etapas de investigación.

De igual forma, exhortó el gobierno mexicano a proteger a defensores y defensoras de derechos humanos que acompañan el caso, escuchando sus recomendaciones para reencausar estos procesos en el menor plazo posible.


El organismo internacional, con sede en Costa Rica, se pronunció en estos términos tras las revelaciones recientes del Centro Pro de Derechos Humanos, que hizo público una orden militar al batallón 102 de Infantería que participó en los hechos de Tlatlaya, que señala el objetivo de “abatir delincuentes en horas de oscuridad” en los rondines de vigilancia que realizaban por esa región del estado de México.

FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: JOSÉ ANTONIO ROMÁN.

Militares decían “¿no que muy machitos?, y les daban un balazo”: testigo de Tlatlaya

"No fue como dicen ellos que fue según que se agarraron los militares con la delincuencia organizada, un enfrentamiento, no fue así", sostuvo.

Julia, como se le conocía a Clara Gómez González, habló el viernes para Aristegui CNN, tras casi 1 año en el que ocultó, por seguridad, su identidad.

“Yo fui a rescatarla (a su hija) tuve una llamada, de ella… No estaba de forma voluntaria. Ya tenía unos meses desaparecida, que no sabíamos nada de ella. (Dijo) Que ella venía a San Pedro Limón (en Tlatlaya), yo me trasladé para traerla, yo llegué a esa bodega… dialogué con ella, pero como los muchachos se molestaron me subieron a la camioneta y me llevaron a la bodega el día 29 (de junio) ahí pasé unas horas, cuando se vino la balacera“, contó la testigo de los hechos del 30 de junio de 2014, por los que perdieron la vida 22 personas, entre ellas su hija, Érika.

-¿A qué hora empezó la balacera?-, le preguntó Aristegui.

“Como de 4 a 5 de la mañana, dormidos todos, la mayoría. Yo la verdad no dormí esa noche por miedo, por temor a que me fueran a hacer algo. Estaban unos tabiques, ahí permanecí sentada”, indicó.

“Yo alcancé a escuchar que se metió un muchacho a la bodega, dijo: ‘nos cayeron los contras’. Se metió corriendo. Se regresa la camioneta de militares, empiezan a aluzar, ven la gente armada y empiezan a disparar. No fue como dicen ellos que fue según que se agarraron los militares con la delincuencia organizada, un enfrentamiento, no fue así. Empezaron los militares. De afuera hacia adentro“, abundó.

Adentro, “la mayoría estaban dormidos y otros estaban parados”.

Después reaccionaron. “Cuando todos se empezaron a parar, entonces hubo otro fuego para acá”, agregó.

“Nada más escuchamos que ya había caído uno, que ya había muerto uno, pero la mayoría de todos estaban vivos”, apuntó Clara.

La balacera termina cuando los soldados le dicen a las personas de adentro de la bodega “ríndanse. Somos el Ejército, salgan, ríndanse. Y ya todos salieron rendidos, la mayoría”. 

“Después cuando aluzaron, me vine caminando ( a la bodega) me agarró un militar y le digo: la que está ahí es mi hija, está herida. Estaba otro muchacho que tenía otro balazo en su mano, también estaba herido, cayeron boca abajo, en ningún momento como dice el gobierno que ella tenía armas, que ella disparó, eso no es cierto. Ella cayó boca abajo, tenía un balazo en su pierna. Ella, mi hija, y el otro muchacho, menor de edad que ejecutaron los militares, cayeron boca abajo”, refirió sobre las fotografías en la que las personas muertas aparecen con armas y boca arriba. (Ver: Fotos: Los muertos en Tlatlaya; así quedaron los cuerpos)

“Ella estaba herida, yo me vine y le toqué el pulso, ella todavía estaba viva. Ella nada más se quejaba, entonces yo le dije que me la llevaba, ellos me dijeron que no que porque era de la delincuencia organizada y me dijeron retírese, váyase para allá”, relató.

Cuando salen, “se los llevan a otro cuartito, que está de un lado, ahí metieron a todos los muchachos, ahí los tuvieron, cuando a mí me llevan del otro lado de la esquina, veo a otras dos muchachas que ahí estaban y a otros dos muchachos que estaban con vida”, narró.

Les decían los militares “¿no que muy machitos, hijos de su…?, y ya les daban un balazo. Estaba muy feo la verdad”.

Clara Gómez dijo que alcanzó a ver las ejecuciones, pues “ellos tenían una lámpara” que les ponían a las personas. Entre 10 y 15 eran los detenidos que pudo contar. Los tenían hincados. “De uno por uno” los ejecutaron.

“Yo platiqué con el (militar) que estaba con nosotros… ya no lo hagan, ya no les estén matando, ¿por qué lo hacen? Dijo (un militar) porque esos perros no merecen vivir. Así. Yo siento feo, ahí está mi hija, déjenme salir”, mencionó.

Dijo que no narró todos estos hechos ante el Ministerio Público “porque a nosotros nos amenazaron (funcionarios del Estado de México) desde un principio que estábamos en la bodega. Nos dijeron que no dijéramos nada. Nos decían que no les servían esas declaraciones. Querían que diéramos una falsa declaración. Que nosotros dijéramos que también éramos de la delincuencia organizada”.

Sobre el caso, el abogado del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Santiago Aguirre, sostuvo que el informe presentado la semana pasada –el cual revela que la orden militar era “abatir delincuentes”- “es una orden que podría haber propiciado los hechos de Tlatlaya”. 


Añadió que en este caso no se ha investigado la cadena de mando y pidió garantizar la seguridad de la testigo.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

En las ejecuciones de Tlatlaya, la cadena de mando llega a Peña Nieto

Los militares que ejecutaron a 22 personas en Tlatlaya en junio del año pasado, actuaron obedeciendo órdenes, mismas que reflejan una línea estratégica que viene de las más altas esferas. Un documento confidencial obtenido por el Centro Prodh revela que el Plan Estratégico de Combate contra el Narcotráfico se pliega a la percepción presidencial de que el narcotráfico es la mayor “amenaza a la seguridad nacional” y recomienda a la tropa “abatir delincuentes en horas de la oscuridad”. Mientras las esferas militares intentan debatir sobre el significado del verbo “abatir”, organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos exigen castigo a los responsables, pero desde el ámbito civil.

MÉXICO, D.F: Detrás de la orden de “abatir delincuentes en horas de la oscuridad”, instruida al comandante del grupo militar que hace un año accionó sus armas contra 22 personas en Tlatlaya, está la convicción de Enrique Peña Nieto de que el narcotráfico es “la amenaza a la seguridad nacional, el más grande riesgo para la salud social, la más cruenta fuente de violencia”.

Así se estipula en el documento clasificado “confidencial” integrado en la Orden General de Operaciones San Antonio del Rosario, fechado el 11 de junio de 2014, que forma parte de la causa penal que se sigue a un oficial y siete elementos de tropa en el Juzgado Sexto Militar, obtenido por el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Prodh), organización que representa a Clara Gómez González, madre de la menor Éricka Gómez, “abatida” el 30 de junio de 2014.

El Centro Prodh obtuvo parte del expediente, después de una pelea legal que aún no termina, para que en la jurisdicción militar y en la Procuraduría General de la República (PGR) se reconozca a Gómez González su calidad de víctima de los hechos de Tlatlaya.

A través del juicio de amparo 135/2015, Clara Gómez y sus abogados tuvieron acceso a la causa penal 338/2014, abierta por los delitos de desobediencia e infracción de deberes militares contra el teniente Ezequiel Rodríguez Martínez, el sargento Roberto Acevedo López y los soldados Samuel Torres López, Julio César Guerrero Cruz, Fernando Quintero Millán, Alán Fuentes Guadarrama, Leobardo Hernández Leónides y Roni Martínez Atilano, quien resultó herido en el operativo del 30 de junio de 2014.

De esa revisión salió a la luz la orden de relevo por la que Rodríguez Martínez sustituyó al subteniente Carlos Caín Tinixcal como comandante de la Base de Operaciones San Antonio del Rosario, y la instrucción del “alto mando” a realizar actividades “en horas de la oscuridad, sobre objetivos específicos” y “abatir delincuentes”, indicaciones que para el Centro Prodh constituyen “verdaderos incentivos para la comisión de graves violaciones a los derechos humanos”, según su informe Tlatlaya a un año: La orden fue abatir.

Las órdenes giradas a Rodríguez Martínez estuvieron antecedidas de un reporte clasificado “confidencial” –al cual Proceso tuvo acceso– en el que se hace referencia directa al “presidente de la República”, aunque no se le nombra, para contextualizar las indicaciones de “abatir delincuentes en horas de la oscuridad”.


Fragmento del reportaje que se publica en la edición 2018 de la revista Proceso, ya en circulación.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GLORIA LETICIA DÍAZ.

Sin investigar al Ejército, no habrá justicia en los casos Ayotzinapa y Tlatlaya: HRW

MÉXICO, D.F: Los casos Tlatlaya y Ayotzinapa son reflejo fiel de la “profunda crisis de derechos humanos” que enfrenta México, afirmó el director para las Américas de la organización Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco.

Además, subrayó, el gobierno federal y el Ejército mismo deben demostrar un “genuino interés” por resolver ambos casos, a los que definió como emblemáticos.

Sin la voluntad y una investigación realmente seria al Ejército mexicano y a los miembros de la milicia, señalados por participar en ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y tortura, dichos casos no estarán claros, apuntó.

En una entrevista con el diario digital ‘SinEmbargo’, Vivanco consideró que a un año de la masacre de Tlatlaya, en el Estado de México, el pendiente más importante es la justicia y resultados concretos sobre la posible ejecución extrajudicial de 22 personas que, según el último informe del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), surgió de una orden al teniente de Infantería Ezequiel Rodríguez Martínez, quien el 30 de junio del año pasado mandó “abatir delincuentes en horas de oscuridad”.

“El caso Tlatlaya es un gravísimo ejemplo de un problema mayor, y lamentablemente no se trata solamente de denuncias de ejecuciones, pues según expertos internacionales, las fuerzas de seguridad mexicanas están implicadas también en desapariciones y en casos de tortura. Esta crisis se manifiesta, a su vez, en una preocupante desconfianza en las instituciones judiciales, que no han logrado combatir la impunidad que rodea a estos graves abusos”, expuso.

De igual manera, destacó que aunque hay evidencia de la ejecución de 12 personas, algunos soldados sólo fueron acusados por la muerte de ocho.

“Además, los abusos que sufrieron las tres mujeres que presenciaron los hechos en manos de autoridades del Ministerio Público estatal, para que no contaran lo que vieron, también siguen impunes. En el mismo sentido, aunque la CNDH (Comisión Nacional de los Derechos Humanos) sostuvo que hubo encubrimiento por parte de la Sedena (Secretaría de la Defensa Nacional), esa línea de investigación sigue sin llegar a resultados concretos que se hayan hecho públicos”.

El pasado 29 de junio, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), coadyuvante en el caso de la desaparición de los 43 normalistas de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos (Ayotzinapa), reveló en su cuarto informe de actividades que luego de tres meses de espera, el gobierno federal mantiene en vilo la petición de entrevistarse con integrantes del 27 Batallón de Infantería, con destacamento en Iguala, Guerrero, lugar donde se vio a los jóvenes por última vez.

Ángela Buitrago, experta del GIEI, señaló que el 28 de junio el Estado les informó que “aún analizaban la solicitud”.

“El GEI ve con preocupación esta demora, porque limita los esfuerzos por avanzar en la investigación de los hechos y en la búsqueda”, sostuvo.

Por su parte, Vidulfo Rosales Sierra, activista del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y abogado del caso, consideró que la renuencia del gobierno a permitir las entrevistas sólo genera más sospechas sobre su implicación en la desaparición de los estudiantes.

El abogado indicó que el gobierno pretende “presentar al Ejército como una institución inmaculada, salvadora de la patria y que jamás ha cometido actos violatorios de los derechos humanos”.


“Pero vemos el caso Tlatlaya y la guerra sucia que ilustran otra circunstancia muy distinta. Entre mayor sea la negativa de gobierno de que los padres de los estudiantes revisen los cuarteles y para que los expertos se entrevisten con los militantes, en medio de esta opacidad, arrogancia y autoritarismo, se acrecientan las sospechas de que participaron en la desaparición el 26 de septiembre”, apuntó.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Urge AI investigar orden de abatir en Tlatlaya

México, D.F. Amnistía Internacional (AI) urgió al gobierno mexicano a a investigar de manera independiente y a fondo por parte de las autoridades civiles, sobre si  la orden militar del 102 Batallón de Infantería para “abatir criminales en la oscuridad”, pudo haber provocado la masacre de Tlatlaya.

“En el contexto de este caso, el termino abatir significa matar. Abundantes documentos militares usan el término con este preciso sentido… Por lo tanto, hay bases razonables para inferir que la instrucción militar mencionada alienta las ejecuciones extrajudiciales”, consideró AI.

Ericka Guevara-Rosas, directora para las Américas del organismo internacional, señaló que “la orden militar ha salido a la luz en medio de la más grave crisis de derechos humanos en la historia reciente de México, que ha resultado en miles de personas muertas o desaparecidas”.

Por ello, señaló que es fundamental que el presidente Enrique Peña Nieto públicamente condene esta acción y “haga un compromiso público con los derechos humanos por la vía de ordenar una inmediata investigación independiente y a fondo por las autoridades civiles, en la manera en que las fuerzas armadas están implementando las políticas de seguridad del gobierno”.

Amnistía Internacional afirmó que las investigaciones debe incluir a los mandos militares “u otros con responsabilidad -mismas- que sabían o debían haber sabido que las fuerzas militares estaban cometiendo o estaban a punto de cometer esos crímenes y que no tomaron medidas para prevenirlo o impedirlo ni para someter el asunto ante las autoridades civiles competentes para su investigación y enjuiciamiento”.

Resaltó que por años, ha documentado otros casos en donde las fuerzas armadas de México se involucraron en ejecuciones extrajudiciales de civiles, desapariciones forzadas, tortura, detenciones arbitrarias, crímenes de violencia sexual y otros crímenes contemplados por las leyes internacionales y los derechos humanos.

“El gobierno mexicano lo mismo ha negado cualquier involucramiento en esos crímenes que ha optado por describirlos como casos aislados, llevados a cabo por individuos actuando por sí mismos”.

Sin embargo, la reciente revelación “arroja serias dudas sobre esta argumentación y debe obligar a las autoridades civiles a lanzar una seria investigación sobre las estrategias, acciones y políticas  militares”.

Además, sostuvo, el gobierno mexicano debe garantizar que cualquier otra orden similar vigente sea cancelada y “debe detener inmediatamente las funciones policiacas que está llevando a cabo el Ejército, como detenciones, investigaciones e interrogatorios”.

El 11 de junio de 2014, el 102 Batallón de Infantería emitió una orden militar que dice: “Las tropas deben operar primordialmente durante la noche y reducir su actividad durante el día, para abatir criminales en la oscuridad, ya que la mayoría de los crímenes suceden a esas horas”.


Esta orden, de acuerdo con organizaciones no gubernamentales, fue la base para la operación de unidades militares en el área específica de Tlatlaya cuando la matanza ocurrió. Después de la operación del 30 de junio, los soldados reportaron que habían “abatido” a 22 criminales.

FUENTE: LA JORNADA/Dpa.

Tlatlaya: alto mando ordenó “abatir delincuentes en horas de oscuridad”

MÉXICO, D.F: Al cumplirse un año de la matanza en Tlatlaya, Estado de México, el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) dio a conocer un informe en el que se desprende que los militares responsables de los hechos llevaban órdenes del “alto mando” de “abatir delincuentes en horas de oscuridad”.

En su calidad de representantes de Clara Gómez González, una de las tres sobrevivientes de la masacre, abogados del Centro Prodh presentaron el informe “Tlatlaya a un año: la orden fue abatir”, en el que se incluye un documento interno de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) dirigido al teniente de Infantería Ezequiel Rodríguez Martínez, uno de los implicados en el caso, en el que se le ordena que “las tropas deberán operar en la noche en forma masiva, y en el día reducir la actividad, a fin de abatir delincuentes en horas de oscuridad, ya que el mayor número de delitos se comenten en ese horario”.

Acompañados por miembros de organizaciones de derechos humanos, Mario Patrón Sánchez, director del Centro Prodh, y los abogados Santiago Aguirre y Araceli Olivos Portugal, solicitaron formalmente a la PGR llame a declarar al titular de la Sedena, Salvador Cienfuegos Zepeda; al comandante de la I Región Militar, Jaime Godínez Ruiz; a los comandantes de la 22 Zona Militar, José Luis Sánchez León y al adscrito Francisco Ortega Luna, así como al responsable del 102 Batallón de Infantería, Raúl Castro Aparicio, y al teniente al mando del personal de tropa que participó en los hechos, Ezequiel Rodríguez Martínez.

Al recordar que la PGR sigue un proceso penal contra siete militares por el homicidio de ocho personas, luego de que la CNDH documentó que entre 12 y 15 personas fueron víctimas de ejecución extrajudicial, de las 22 las fallecidas, Patrón Sánchez también exigió al ombudsman Luis Raúl González Pérez a “no dar por cumplida la recomendación 51/2014, en tanto la PGR no realice nuevas diligencias para determinar el número exacto de las víctimas”.

Luego de informar que el documento fue enviado a la Relatoría de Ejecuciones Arbitrarias de la ONU, a la CIDH y a la Corte Penal Internacional (CPI), el director del Centro Prodh puntualizó que los altos mandos del Ejército deberán explicar las instrucciones de realizar operativos para “abatir” personas, orden que “incita a privar arbitrariamente de la vida a civiles y a cometer graves violaciones a derechos humanos”.

El documento en cuestión fue obtenido por el Centro Prodh a través de un amparo contra la negativa del Juzgado VI Militar a dar acceso a su representada al expediente de la causa penal 33872014 que se sigue también a los soldados por faltas a la disciplina castrense.

El documento fechado el 11 de junio en el Campo Milita 22-D, de San Miguel Ixtapan, Estado de México, da “disposiciones giradas por el propio alto mando” de realizar actividades en “horario nocturno” y que, “basándose en un profundo trabajo de inteligencia”, los operativos “se planearán y ejecutarán en horas de oscuridad sobre objetivos específicos”.

En el punto VII del documento, se indica que “las tropas deberán operar de noche en forma masiva –y en el día reducir la actividad– a fin de abatir delincuentes en horas de oscuridad, ya que el mayor número de delitos se comete en ese horario”.

Santiago Aguirre resaltó que además de la explicación que deben dar los altos mandos por ese tipo de instrucción y de aclarar el número de personas ejecutadas extrajudicialmente, ya que en el caso de la hija de Clara Gómez, Ericka, de 15 años, la dependencia consideró que su muerte se debió al fuego cruzado, aunque hay serias dudas de que haya ocurrido así.

“En el cuerpo de Ericka se encontró alojada una bala que corresponde al mismo calibre con el que se ejecutó a quien la CNDH identificó como V17 y que en vida llevó el nombre de Jorge González, además de que hay indicios de que el cuerpo de Ericka fue movido del lugar donde murió”, apuntó el abogado.

Araceli Olivos señaló que por las consideraciones de la CNDH y la PGR es que Clara Gómez no ha sido considerada como víctima ni como parte del juicio que se sigue a los soldados en la PGR, ni mucho menos ante la Procuraduría General de Justicia Militar.

“Lo que estamos viendo es que hay una invasión del fuero militar en un caso que tendría que ser llevado en su totalidad en el fuero civil, pues se trata violaciones graves a los derechos humanos, y cabe señalar que el MP militar realizó periciales que nada tienen que ver con la disciplina castrense”, sostuvo la abogada.

Olivos criticó que desde la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) se hayan difundido montos económicos que supuestamente se han pagado a las víctimas del caso Tlatlaya, lo que ha puesto en riesgo a Clara Gómez y su familia, que viven “en una región de extrema violencia como lo es la de Tierra Caliente”.

En marzo pasado Jaime Rochín, presidente de la CEAV, aseguró que las víctimas por el caso Tlatlaya cobrarían un millón de pesos, y que se había registrado a 50 posibles beneficiarios.

Al exigir justicia para su hija Ericka Gómez y una explicación de “por qué la ejecutaron”, Clara desmintió haber recibido recursos públicos como parte de la reparación del daño, como se publicado, lo que la ha puesto en riesgo de secuestro o asesinato.

La mujer etiquetada como “Julia” en las indagatorias declaró que siempre ha dicho la verdad, que no cambió su declaración como también aseguró el exprocurador Jesús Murillo Karam, y que vive con miedo por haber enfrentado a los militares, pero que ello era necesario debido a que no era la primera vez que cometían abusos en la región.

“Quiero que se haga justicia –insistió– porque ejecutaron a mi hija menor de edad Ericka Gómez (…) lo que hicieron con mi hija no tienen perdón de Dios, y quiero que se castigue a los responsables, a los de Toluca (policías mexiquenses) y a los militares; que no queden impunes como siempre han quedado, porque tenemos miedo a hablar, a que te hagan algo los militares, pues no es la primera vez que se cometen errores en Arcelia, en San Pedro, siempre han cometido cualquier estupidez, siempre lo han hecho injustamente.

“He roto el silencio, me siento fuerte y con la frente en alto, voy a ir con todo y a lo que venga, pues quiero que se castigue a los responsables”, puntualizó Clara Gómez luego de responsabilizar al gobierno federal de su seguridad y de incumplir a cabalidad con las medidas cautelares de las que es beneficiaria desde octubre pasado por indicaciones de la CIDH.

Sobre las órdenes de aprehensión contra siete policías ministeriales del Estado de México que habrían intervenido en las torturas de las tres sobrevivientes, Santiago Aguirre sostuvo que hasta ahora como representantes de Clara no han sido notificados de esas acciones.

Sin embargo, recordó que la recomendación de la CNDH no sólo incluía como responsables de tortura y malos tratos a los policías ministeriales, sino a otros funcionarios que podrían ser sancionados penal y administrativamente, entre ellos personal pericial del Estado de México, así como quienes encubrieron los hechos de Tlatlaya, “a partir de supeditación y subordinación de autoridad civil sobre militar”.

Aguirre agregó que para que haya un avance en el cumplimiento de la recomendación de la CNDH también es necesaria una “disculpa pública del gobernador Eruviel Ávila, tras sus declaraciones en los días posteriores inmediatos a los hechos de Tlatlaya; “cuando reconozca que equivocó, que encubrió al Ejército y la totalidad de los funcionarios sean sancionados, podrá hablarse de un avance en la reparación”.


En la presentación del reporte estuvieron presentes Ernesto López Portillo, del Instituto de Seguridad y Democracia; Darío Ramírez, de Artículo 19; Miguel Concha Malo, director del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria; Edgar Cortez, del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia; José Antonio Guevara Bermúdez, de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, y Aidé Pérez, de Fundar, Centro de Análisis e Investigación.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GLORIA LETICIA DÍAZ.