«Más que día de la Guardia Nacional», declarado este jueves por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), «el 30 de junio es el día de recordar Tlatlaya, masacre ocurrida hace nueve años, y lo que este caso emblemático nos dice sobre los riesgos de la militarización, hoy más extendida que nunca», señaló el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh).

El centro recordó que a nueve años de la masacre en Tlatlaya, donde militares asesinaron a 22 personas, las autoridades mexicanos siguen sin investigar la cadena de mando involucrada en los hechos y en la emisión de la orden de «abatir delincuentas», así como que no se han sancionado a los autores materiales en el fuero civil, a pesar de que hay procesos abiertos.

Alejandro Gómez Sánchez renunció la semana pasada a su cargo como Fiscal General de Justicia en el Estado de México, tras ocho años como titular en el cargo, periodo durante el cual la dependencia fue cuestionada por su actuar en caso como el de Tlatlaya, por la incursión de organizaciones criminales en territorio mexiquense, y por ser una de las entidades con los mayores índices en incidencia delictiva.

El 25 de mayo de 2014, Gómez Sánchez rindió protesta como titular de lo que fue la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, ante el entonces Gobernador Eruviel Ávila, y en 2017, pasó a ser Fiscal luego de que en 2016 se aprobaron reformas para convertir la Procuraduría en una Fiscalía autónoma, cargo en el que estaría siete años, hasta 2024.

A mediados de marzo, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) reaprehendió a los siete militares involucrados en el abatimiento de 22 presuntos delincuentes en Tlatlaya, Estado de México, en 2014, y los cuales fueron liberados entre 2015 y 2016 ante la falta de pruebas de la entonces Procuraduría General de la República (PGR).

De acuerdo con El Universal, los elementos, entre ellos un capitán retirado, fueron ingresados por la Policía Judicial Militar a la Prisión Militar del Campo 1-A, en la Ciudad de México, y cuatro de ellos salieron bajo fianza el 26 de marzo para continuar su proceso en libertad, pero se presentan diariamente a pasar lista. Fuentes aseguraron al diario que tres de los siete militares reaprehendidos permanecen presos en el Campo Militar 1-A por este caso.

Reacio a la rendición de cuentas y a la colaboración con expertos internacionales, defensor a “ultranza de la relativa autonomía de las Fuerzas Armadas” y presto –motu proprio y por interpósitas personas– a descalificar a víctimas y organizaciones defensoras de derechos humanos, son algunas de las actitudes que mantuvo el general Salvador Cienfuegos Zepeda frente a escándalos por violaciones graves a derechos humanos cometidos por personal castrense durante su gestión al frente de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), sostiene Santiago Aguirre Espinosa, director del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh).