A un año del desbordamiento del río Tula, el cual causó la muerte de 14 personas que estaban internadas en un hospital del IMSS, las investigaciones administrativas y penales iniciadas en contra de los funcionarios que pudieran resultar responsables siguen en curso y sin que existan sanciones.
Autoridades federales confirmaron a Animal Político que tanto la Secretaría de la Función Pública (SFP), a través del Órgano Interno de Control en el IMSS, así como la Fiscalía General de la República (FGR) tienen expedientes que están en curso.