A un año del desbordamiento del río Tula, el cual causó la muerte de 14 personas que estaban internadas en un hospital del IMSS, las investigaciones administrativas y penales iniciadas en contra de los funcionarios que pudieran resultar responsables siguen en curso y sin que existan sanciones.

Autoridades federales confirmaron a Animal Político que tanto la Secretaría de la Función Pública (SFP), a través del Órgano Interno de Control en el IMSS, así como la Fiscalía General de la República (FGR) tienen expedientes que están en curso.

El Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex) reservó de manera definitiva, por tres años, las bitácoras de operación del drenaje metropolitano correspondientes al 6 de septiembre de 2021, previo al desbordamiento del río Tula que causó la muerte de 14 personas.

Animal Político documentó que la inundación obedeció a que autoridades federales y capitalinas tomaron la decisión de enviar aguas negras hacia el municipio hidalguense para evitar afectaciones a la CDMX. El gobierno federal reconoció que la cantidad de agua enviada fue excesiva y superó la capacidad de carga del río Tula, lo que causó su desbordamiento.

Damnificados por la inundación en Tula ocasionada por el desbordamiento de ríos del 6 y 7 de septiembre del año pasado quemaron colchones donados por el gobierno municipal, al denunciar que son piezas reconstruidas que desprenden un olor pestilente y en las que, al abrirlos, encontraron capas de los forros anteriores con residuos de sangre y orina. 

La compra de 743 colchones para ser donados, de acuerdo con solicitudes de acceso a la información, costó cerca de un millón de pesos, por lo que las familias afectadas, que consideraron una ofensa la entrega de estos artículos en mal estado, pidieron investigar posibles actos de corrupción en estas adquisiciones por parte de la administración del alcalde perredista Manuel Hernández Badillo.

La distribución de los apoyos gubernamentales a familias de damnificados de Tula ha sido desigual e insuficiente, de acuerdo con víctimas de la inundación que fue provocada el pasado 6 de septiembre.

A casi tres meses de la tragedia, que dejó alrededor de 3 mil viviendas dañadas, los damnificados señalan que, por parte del gobierno federal —a través de la Secretaría del Bienestar—, han recibido un apoyo económico único de 10 mil pesos, que no les ha alcanzado para recuperar prácticamente nada del patrimonio que perdieron.