El Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) pidió esta mañana a Olga Sánchez Cordero, Secretaria de Gobernación, y a Alejandro Encinas, Subsecretario de Derechos Humanos, revisar el “caso Isabel Miranda de Wallace”, una mujer vinculada con los expresidentes Felipe Calderón Hinojosa y Vicente Fox Quesada, y a quien se ha acusado de comprar jueces y hasta torturar reos en prisión.

Miranda de Wallace fue señalada por periodistas, esta mañana, durante la conferencia de prensa del Presidente en Palacio Nacional. Uno de ellos dijo que la supuesta activista practica espionaje y compra jueces; también se le señaló como torturadora. López Obrador pidió entonces a la Ministra en retiro Sánchez Cordero y a Encinas Rodríguez que acudieran a ese recinto para informar qué han hecho y qué se hará respecto al caso.

Brenda Quevedo Cruz lleva más de 11 de años de cautiverio y tortura. Las irregularidades del proceso en su contra sólo pueden explicarse como parte de una suerte de “razón de Estado” con que el gobierno de Felipe Calderón y su secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, trataron el caso Wallace.

Está presa sin sentencia. La Organización de las Naciones Unidas (ONU), mediante su opinión 45/2020, instó a las autoridades mexicanas a liberarla de inmediato e investigar “a profundidad” las violaciones a sus derechos humanos. Y es que expertos del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU encontraron “graves violaciones a las garantías del debido proceso, como la presunción de inocencia y el derecho a ser juzgada sin dilaciones indebidas”.

El caso de Brenda Quevedo Cruz, detenida de manera arbitraria en 2007 por el secuestro y homicidio de Hugo Alberto Wallace Miranda, podría dar un giro de 180 grados en los próximos días si el juez resuelve a favor de una petición que primero hizo el Grupo de Trabajo de la ONU y ahora retoma el Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP): su liberación inmediata.

La Fiscalía General de la República (FGR) tiene dos carpetas de investigación en contra de Isabel Miranda de Wallace, una presentada en contra de ella y otras diez personas más en la que se denuncian actos de tortura y la segunda, la más reciente, en la que se le acusa sólo a ella por el delito de falsedad de declaraciones en la modalidad de simulación de pruebas.

Las denuncias fueron presentadas por la Secretaría Técnica de Combate a la Tortura, Tratos Crueles e Inhumanos del Instituto Federal de la Defensoría del Poder Judicial, en noviembre de 2020 y en mayo de 2021, respectivamente, según revelaron fuentes cercanas al caso a SinEmbargo.

Desde que Brenda Quevedo Cruz fue detenida en 2007 por el secuestro de Hugo Alberto Wallace Miranda fue víctima de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes, por lo que el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria (GTDA) de la ONU pidió el jueves su liberación inmediata.

Este organismo internacional solicitó que Quevedo Cruz sea puesta en libertad en un plazo no mayor a seis meses, a partir del 28 de septiembre, fecha en la que lanzó la recomendación.

La presidenta de Alto al Secuestro, Isabel Miranda de Wallace, aseguró que no es obligatorio el cumplimiento de larecomendación del Grupo de Trabajo sobre la detención arbitraria de la ONU al Estado mexicano, para liberar a Brenda Quevedo Cruz, acusada del secuestro y homicidio de Hugo Alberto Wallace Miranda.

“Es importante que todas las personas y los medios de comunicación se enteren que esta opinión no es vinculante; es decir, no es obligatoria para el Estado ni para el Sistema Judicial, ya que como su nombre lo indica se trata únicamente de una opinión, la cual no puede ir en contra de nuestra Ley Suprema que es la Constitución”, sostuvo la activista.