CIUDAD DE MÉXICO: Por mayoría de tres votos, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desechó el proyecto que propuso el ministro José Ramón Cossío, que pretendía confirmar la sentencia de amparo que protege constitucionalmente a Yecenia Armenta Graciano contra la detención arbitraria y los actos de tortura que sufrió a manos de agentes ministeriales de Culiacán, Sinaloa, en julio de 2012. Con esta decisión, la SCJN “pierde una oportunidad histórica” para pronunciarse sobre la tortura sexual cometida contra Yecenia, con una perspectiva de género que no tiene precedente en los casos resueltos por el máximo tribunal, destacó el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh). De acuerdo con información difundida por el diario La Jornada, las razones presentadas por los ministros estriban en un cambio en la situación jurídica de Yecenia, es decir, que recuperó su libertad desde el 7 de junio pasado. Sin embargo, el Centro Prodh considera que a pese a la liberación, existía materia para su resolución. En julio de 2012, luego de 15 horas de golpes, violaciones y amenazas, Yecenia Armenta Graciano admitió la autoría del asesinato de su esposo Jesús Alfredo Cuen Ojeda. Yecenia fue detenida por policías de Sinaloa vestidos de civil. Ellos “la ataron, la colgaron cabeza abajo, la golpearon y la violaron”, detalló la organización Amnistía Internacional en una petición para solicitar a las autoridades mexicanas que la pusieran en libertad, y para que se revisaran las recomendaciones de la Organziación de las Naciones Unidas (ONU) y las normas internacionales de derechos humanos. De acuerdo con AI, horas después de ser detenida, Yecenia fue sujeta a exámenes físicos por médicos de la misma fiscalía que la detuvo, quienes fallaron en documentar la magnitud de sus lesiones. Meses más tarde, médicos de la Procuraduría General de la República (PGR) también la revisaron. Nunca acreditaron indicios de tortura u otras formas de malos tratos. Sin embargo, en septiembre de 2012, expertos médicos independientes acreditaron la tortura de Yecenia. Detectaron señales físicas y psicológicas. Dos años después, en marzo de 2014, dos expertos del Consejo Internacional de la Rehabilitación para las Víctimas de Tortura realizaron más exámenes y también concluyeron que Yecenia fue torturada. Y en enero de 2015 la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación dirigida gobernador de Sinaloa, Mario López Valdez, en la que confirmó que la mujer fue víctima de tortura, demandó acción contra los elementos de la Procuraduría General de Justicia estatal y ordenó la reparación del daño a través de atención médica y psicológica. El pasado 7 de junio, Armenta Graciano fue puesta en libertad, a sólo unos días de cumplir cuatro años en prisión. El Juzgado Quinto de Primera Instancia de lo Penal dictó la sentencia absolutoria en favor de la acusada, debido a que en la causa se demostró que su confesión fue obtenida bajo coacción, por lo que carece de todo valor y quedó excluida del material probatorio.
La Procuraduría de Sinaloa presentó ante la SCJN una impugnación con la que pretendía revertir la decisión del juez que concedió la libertad a Yecenia Armenta Graciano, quien fue torturada por policías ministeriales de Sinaloa para que se declarara culpable del asesinato de su esposo.
La impugnación presentada por la Procuraduría de Sinaloa ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), para revertir la liberación de Yecenia Armenta Graciano, no prosperó, por lo que continúa firme la sentencia de amparo que le permitió recuperar su libertad el pasado 7 de junio. La resolución tomada por la Primera Sala del Máximo Tribunal en el caso de Yecenia Armenta, quien fue víctima de tortura y abuso sexual para ser forzada a declararse culpable del asesinato de su esposo, implica que ella mantendrá su libertad y que la absolución dictada por un juez penal de Sinaloa seguirá vigente, sin que se trate de un fallo definitivo. El proyecto que se iba a discutir en la Primera Sala proponía confirmar un amparo en el que se concluye que Yecenia sufrió tortura, abuso sexual e incomunicación por más de 15 horas tras ser detenida el 10 de julio de 2012, fallo que invalidó la confesión en la que se declaraba autora del homicidio de su esposo, Jesús Alfredo Cuen Ojeda, hermano del excandidato a la gubernatura de Sinaloa, Héctor Melesio Cuen Ojeda. Sin embargo, tres de los cinco ministros rechazaron esa propuesta por considerar que no había elementos para revisar la impugnación presentada por la Procuraduría General de Justicia del Estado de Sinaloa, resolución que obliga a la presentación de un nuevo proyecto de sentencia en la que no se va a revisar el fondo del juicio de amparo. La abogada de la sinaloense, Gabriela Carreón, explicó que si bien la resolución de la Primera Sala mantiene el estatus del proceso legal en la actual situación, sí afecta a Yecenia ya que no se abordan los efectos de la tortura y el abuso sexual en la sentencia de primera instancia, y tampoco se logró su libertad definitiva. Carreón Lee recordó que en el proceso penal contra Yecenia todavía no se resuelve un recurso de apelación presentado por la Procuraduría de Sinaloa ante el Tribunal de Justicia de esa misma entidad, por lo que el pronunciamiento de la Corte hubiera reforzado la absolución de la joven quien es considera por Amnistía Internacional como un caso emblemático de tortura en México.
“Hacemos un llamado a la Primera Sala de la Corte para que tome en cuenta que sí hay materia para resolver este recurso de revisión, puesto que el proceso penal sigue vivo, todavía se debe resolver un recurso de apelación, pero sobre todo porque se requiere un mensaje para que no haya dilación de la justicia. Yecenia esperaba una buena noticia hoy, la confirmación de su libertad, pero ahora tendrá que esperar varios meses”, lamentó. FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS. AUTOR: JUAN OMAR FIERRO. LINK: http://aristeguinoticias.com/1008/lomasdestacado/corte-aplaza-absolucion-definitiva-de-yecenia-pero-mantendra-su-libertad/
En el expediente judicial federal se señala al director de la Policía Ministerial del Estado, Jesús Antonio Aguilar Íñiguez, como parte de la línea de mando de la detención y custodia de Yecenia Armenta Graciano. Se acusa también a Julio César Acosta Pérez y Carlos Alberto Yáñez Bernal, policías ministeriales integrantes del Grupo Águila 1, de la Unidad Modelo de Investigación Policial, quienes habrían tenido la custodia de la víctima cuando fue torturada.
Jesús Antonio Aguilar Íñiguez, director de la Policía Ministerial del Estado de Sinaloa, es investigado junto con otros siete policías y mandos por haber torturado a Yecenia Armenta Graciano, quien estuvo recluida tres años y 11 meses en un penal de Culiacán acusada del asesinato de su esposo. Martín Robles Armenta, Subprocurador General de Justicia en Sinaloa, confirmó que la indagatoria inició desde el 10 febrero de 2015, después de que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y el Juzgado Tercero de Distrito, en el amparo 545/2012-III, ordenaron castigar a los responsables de haber utilizado la tortura como método de investigación. “Se investiga a ocho servidores públicos, entre ellos dos agentes de Policía Ministerial del Estado, un agente del Ministerio Público, tres peritos y dos mandos policiales”, señaló. “Paralelamente, a partir de esa fecha, también se instruye el procedimiento administrativo número 15/2015, derivado también en los hechos de las resoluciones de los tribunales del orden federal y estatal, así como también de las recomendaciones de la Comisión Nacional y Estatal de los Derechos Humanos”, dijo. En el expediente judicial federal, del cual Noroeste tiene copia, se hace del conocimiento que de las actuaciones que conforman el juicio, se señala al director de la Policía Ministerial del Estado, Jesús Antonio Aguilar Íñiguez, como parte de la línea de mando de la detención y custodia de Armenta Graciano. Se señala también a Julio César Acosta Pérez y Carlos Alberto Yáñez Bernal, policías ministeriales integrantes del Grupo Águila 1, de la Unidad Modelo de Investigación Policial, quienes habrían tenido la custodia de Yecenia cuando fue torturada.
Además, se responsabiliza a Carlos Francisco Rodríguez Ponce, coordinador general de la unidad; a José Manuel Carvajal Gómez, quien fue el agente de Ministerio Público encargado del caso; y a los peritos Martín Borboa González, Roberto Machado Verdugo e Israel Sánchez Hernández.
Armenta Graciano fue detenida y torturada el 10 de julio de 2012 por la Policía Ministerial para obtener su declaración en la que se inculpó de haber sido la autora intelectual del asesinato de Jesús Alfredo Cuén Ojeda, ex director de Deportes de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Su caso fue investigado por la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), que en febrero del 2013 emitió la recomendación 2/2013 contra la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), que rechazó las observaciones del organismo. La actuación de la PGJE fue llevada a tribunales federales que en diciembre del 2014 le concedieron un amparo, que también fue impugnado por la Procuraduría. Meses más tarde, en febrero, la CNDH emitió otra recomendación exigiendo una investigación contra los torturadores. La Procuraduría hizo caso omiso de todas las resoluciones, pero el 7 de junio de este año el Juzgado Quinto Penal dio la razón los reclamos contra la tortura y consideró que no se tenía elementos suficientes para enjuiciar a Armenta Graciano, por lo que la dejó libre. Ayer, después de señalar que esperarán lo dicho por jueces federales y locales sobre impugnaciones en el caso, se anunció que los torturadores son investigados. Vía telefónica, Aguilar Íñiguez dijo que no tenía conocimiento del caso y que eso sólo lo podía aclarar la PGJE. PGJE IMPUGNARÁ La Procuraduría del Estado apelará la decisión del Juzgado Quinto Penal de Culiacán que dio sentencia absolutoria a Yecenia Armenta Graciano, con el argumento de que la única prueba era la declaración ministerial obtenida bajo tortura. Martín Robles Armenta, Subprocurador General de Justicia, dijo que la impugnación se realizará esta semana para que un tribunal colegiado corrobore de nuevo los argumentos de la Fiscalía sobre el caso en el que se le acusa a Armenta Graciano de ser la autora intelectual del asesinato de Jesús Alfredo Cuén Ojeda. EL CASO El 2 de julio 2012 fue asesinado Jesús Alfredo Cuén Ojeda. Diez días después, su esposa, Yecenia Armenta Graciano es detenida acusada de ser la autora intelectual del homicidio, señalamiento que aceptó bajo tortura. El 25 de febrero de 2013 la Comisión Estatal de Derechos Humanos emite una recomendación en la que comprobó que sí hubo tortura contra Yecenia Armenta Graciano. El 29 de diciembre de 2014 Yecenia obtiene un amparo que exige que se invalide la declaración ministerial por haber sido obtenida con torturada. Para el 25 de enero de 2015 la Comisión Nacional de Derechos Humanos emite una recomendación para exigir al Gobierno de Sinaloa acatar la recomendación de la CEDH. En febrero de 2016 la PGJE inició una investigación contra ocho funcionarios por haber participado en la tortura de Armenta Graciano. El 8 de mayo del 2015 Amnistía Internacional atrae el caso, y en abril pasado Alto Comisionado de la ONU en México solicitó una investigación para castigar a los culpables de la tortura.
CIUDAD DE MÉXICO: El 10 de julio de 2012, Yecenia Armenta Graciano “confesó”, después de 15 horas de tortura física y sexual perpetrada por agentes de la policía de Sinaloa, su participación en el asesinato de Jesús Alfredo Cuén Ojeda, su esposo. Al firmar su declaración sin poderla leer, y sin otro elemento de prueba, la mujer fue trasladada al penal de Aguaruto de Culiacán, Sinaloa, el 25 de ese mes.
Este martes, tres años y once meses después, el Juzgado Quinto Penal absolvió a la mujer; determinó que su declaración –el único elemento en su contra– era inválida porque fue obtenida bajo tortura. Organizaciones defensoras de derechos humanos, entre ellas Amnistía Internacional (AI), se felicitaron de ese acontecimiento. Llevan años denunciando la fabricación de pruebas y recolectando firmas para conseguir la liberación de la mujer. El 10 de julio de 2012, Armenta se encontraba al volante de su auto Nissan Tsuru junto con su hermana y su cuñada, rumbo al aeropuerto de Culiacán, cuando agentes de la Procuraduría General de Justicia de Sinaloa (PGJS) vestidos de civil las detuvieron. Bajo el pretexto que el vehículo estaba robado, subieron a Armenta a una camioneta y la llevaron a una “bodega-estacionamiento”, donde la amenazaron –a ella y sus hijos–, la golpearon y la violaron para obligarla a firmar una declaración que nunca leyó. En dicha declaración, Armenta afirmó que pagó 85 mil pesos para el asesinato de Cuén Ojeda, quien fue masacrado a balazos en la mañana del 2 de julio de 2012 mientras salía de un restaurante. El día anterior, el mismo hombre contendía como candidato a senador para el Partido Nueva Alianza (Panal). En febrero de 2013, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) observó que la mujer había sido violada y torturada durante su detención, y lo notificó a la PGJS, que le hizo caso omiso. Un año más tarde, la defensa de Yecenia presentó un dictamen, realizado por el Grupo de Expertos Independientes en Medicina Forense del Consejo Internacional de Rehabilitación de Víctimas de Tortura, que demostró que “las lesiones físicas son claramente compatibles y consistentes con métodos de tortura y malos tratos que le han sido infligidos a la víctima”. En enero de 2015, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) confirmó el diagnóstico. En total, según AI, cuatro peritos certificaron la tortura en los últimos tres años y medio. Pero la PGJS se aferró a sus argumentos. Según ella, la pareja se encontraba en instancias de divorcio y Armenta buscaba cobrar un seguro de vida, por lo que mandó a asesinar a su esposo.
Yecenia Armenta lleva tres años y medio en prisión acusada de un crimen que no cometió. Esto lo han ratificado diversos organismos de defensa de derechos humanos, nacionales e internacionales. La mujer fue torturada y violada durante su detención por policías ministeriales de Sinaloa, los cuales la obligaron a firmar una confesión. Los médicos legistas de la Procuraduría estatal no documentaron las huellas de tortura y por ello sigue en la cárcel.
El 10 de julio de 2012, Yecenia Armenta Graciano transportaba en su automóvil particular a su cuñada y a su hermana rumbo al aeropuerto de Culiacán, Sinaloa. En el momento en que estacionó su vehículo, policías ministeriales vestidos de civil y sin identificación oficial se la llevaron a una bodega, para después atarla, colgarla cabeza abajo, golpearla y violarla. Después de casi 15 horas de tortura, sus agresores la amenazaron con ir a buscar a sus hijos para violarlos y matarlos. Fue en ese momento cuando sucumbió a las exigencias de los policías de firmar una confesión y dejarles tomar sus huellas dactilares. Posteriormente la acusaron del asesinato de su esposo, Jesús Alfredo Cuén Ojeda, quien ocho días antes fue privado de la vida en una situación que Yecenia dice desconocer. Mientras estaba detenida, médicos de la misma Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) de Sinaloa, examinaron las lesiones de Yecenia, sin embargo, no documentaron nada. Meses más tarde, médicos de la Procuraduría General de la República (PGR) también la revisaron, pero nunca acreditaron indicios de tortura u otras formas de malos tratos. En septiembre de 2012, expertos médicos independientes acreditaron la tortura de Yecenia, y detectaron señales físicas y psicológicas de que la misma sí había sucedido. Dos años después, en marzo de 2014, dos expertos del Consejo Internacional de la Rehabilitación para las Víctimas de Tortura realizaron más exámenes y concluyeron también que Yecenia fue torturada. Tres años y medio después, Yecenia narró a través de un video, cómo las autoridades de Sinaloa le decían que contestara todo lo que ellos le pedían o “la iba a pasar muy mal”. Ella recuerda cómo pensó que se trataba de un secuestro [su detención], y lo que sus torturadores le decían, entre otras cosas, que le podían cortar la lengua, las orejas, “que estaban afilando los cuchillos”, o que podrían traer a sus hijos… “hechos pedacitos”, después de violarlos. La mujer narró su historia a Amnistía Internacional, y señaló que pensó que jamás saldría viva de la tortura a la que fue sometida, todo para que confesara, “a cualquier costo”, que había asesinado a su esposo [aunque ella no lo hubiera hecho]. Sus agresores la violaron y le hicieron firmar su confesión vendada de los ojos, por lo que asegura que jamás pudo leer lo que firmó. De eso hace tres años y medio, y la señora Armenta sigue en la prisión, mientras los hombres que la torturaron brutalmente continúan en libertad.
LA NOTICIA RETOMADA POR MEDIOS AUSTRALIANOS
El caso de Yecenia Armenta Graciano fue revivido por diversos medios australianos luego de que una camioneta quemada con dos cuerpos calcinados dentro, abandonada en medio de la nada, puede ser la misma que transportaba a Dean Lucas y Adam Coleman, dos surfistas de aquel país desaparecidos hace una semana en México. En un viaje que comenzó en Edmonton, Canadá, los jóvenes, ya en México, habían tomado el trasbordador que los llevó de La Paz, en Baja California, a Topolobampo, una ciudad portuaria sinaloense de unos 6 mil habitantes. Allí enviaron un mensaje de texto a sus amigos y familiares. Después, nada se supo de ellos. News Australia, The Sydney Morning Herald, ABC de Australia, y otros más, han analizado la “terrible” violencia que vive México, en especifico Sinaloa. “Para una población mucho menor de Melbourne o Sydney, el estado de Sinaloa (con una población de 2.7 millones de habitantes) tiene un número de muertos que rivaliza con algunos de los peores lugares del planeta fuera de una zona de guerra [...] Excepto que es una zona de guerra para el tráfico de drogas, en una nación que se ha vuelto insensible a la violencia. Aun cuando 43 de sus propios alumnos fueron asesinados el año pasado [en referencia a Ayotzinapa] por orden de policías corruptos que los entregaron a una banda de narcotraficantes, nada parece haber cambiado”, señala ABC. LA DENUNCIA DE AMNISTÍA Un año después de la tortura que ella asegura sufrió [cuando las marcas de los hechos ya habían desaparecido de su cuerpo, incluyendo las marcas de los tobillos de donde fue colgada], los médicos de la Procuraduría de Sinaloa dictaminaron que no había “evidencias” o “pruebas” de que había sido torturada.
De aquello, dice Yecenia, lo único que le quedó es “el enorme daño psicológico” y recordó que fue agredida “de todas las formas”. Por ello, la mujer imploró, exigió que se le haga justicia, y tal vez como una quimera, pidió que no existan ya más personas torturadas en México.
“Si los doctores del estado hubieran documentado las lesiones de la tortura, ella no estaría en prisión hasta ahora. Yecenia merece justicia”, dice Amnistía en un video que tituló “Alto a la tortura”.
Amnistía inició una petición [con más de 3 mil firmas hasta el momento] dirigida a Marco Antonio Higuera Gómez, Procurador General del estado de Sinaloa, pidiendo que la denuncia de tortura de Yecenia se investigue plenamente, además, que se retiren los cargos en su contra y que se reforme “radicalmente” la manera en que se llevan a cabo los exámenes médicos forenses a sobrevivientes de tortura en México.
PRUEBAS DE LA INOCENCIA DE YECENIA
“Hasta el día de hoy no hay ninguna persona castigada [por la tortura que sufrió y los autores del homicidio de su esposo], sólo yo”, narra Yecenia en su desgarrador testimonio que fue publicado en la plataforma YouTube.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió en enero de 2015, una recomendación para que se libere a la acusada y se proceda contra los torturadores. Sin embargo, hasta el momento, ni un juez local, ni el Supremo Tribunal de Justicia en Sinaloa y ni la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que han conocido el procedimiento, le ha hecho justicia a Yecenia. La CNDH pidió al Gobernador de Sinaloa, Mario López Valdez, se acate la recomendación emitida por la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) en el caso Yesenia Armenta Graciano, quien, se confirmó, fue torturada por elementos de la Policía Ministerial.
“Gire sus instrucciones a quien corresponda, para que el personal médico adscrito al Departamento Médico de la Policía Ministerial y a la Dirección de Investigación, Criminalística y Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Sinaloa sea capacitado en el cumplimiento de las obligaciones que se derivan del Manual para la Investigación y Documentación Eficaces de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (Protocolo de Estambul), para garantizar la imparcialidad y veracidad en las certificaciones de estado físico que realicen, y no omita describir las lesiones que observe, ni denunciar los hechos ante el agente del Ministerio Público, cuando se presuma que hubo tratos crueles, inhumanos y/o degradantes”, se lee en la recomendación de la CNDH. La investigadora para México de Amnistía, Madeleine Penman, señaló en entrevista con el diario Noroeste, que tras analizar el caso, AI no encontró evidencias que inculpen a Armenta Graciano, además, dijo que el caso está basado en irregularidades, tortura y en un indebido proceso. Desafortunadamente este caso, mencionó, es paradigmático y es un ejemplo de muchos donde las autoridades basan sus actuaciones en la tortura y graves violaciones a los derechos humanos. El Gobernador ordenó una investigación contra los agentes que presuntamente la torturaron, dijo, pero no ha habido avances.
“El problema de este caso es que la Procuraduría Estatal de Justicia de Sinaloa es Juez y parte de resolver, tanto es así que hay una acusación contra Yecenia, ella sigue en la cárcel acusada de delitos por la Procuraduría estatal de sinaloa. Además los policías de la Procuraduría estatal fueron los que torturaron a Yecenia”, indicó Penman.
El caso de Yecenia, mencionó la investigadora de AI en México, es una oportunidad del Gobierno de Sinaloa para mostrar a la sociedad su compromiso con los derechos humanos y el debido proceso. En julio pasado, la presidenta del Frente Cívico Sinaloense, Mercedes Murillo, dijo a diversos medios locales haber recibido la visita de representantes de AI y dijo haber compartido con ellos la serie de intervenciones que ha habido sobre el caso y “el estupor que causa”.
A pesar de ello, aseguró Murillo, el gobierno estatal se mantiene firme privándola de la libertad, por lo que la activista expresó su “preocupación por el desprecio a la dignidad humana que ha demostrado este gobierno en Sinaloa y por su empeño en defender a policías señalados de actuar con una saña bestial en el caso de una mujer, incluso de violarla sexualmente con exceso de crueldad [...]“. FUENTE: SIN EMBARGO. AUTOR: REDACCIÓN. LINK: http://www.sinembargo.mx/02-12-2015/1567787
