Acusados, encarcelados, torturados... bajo un cargo falso

En 2011 los hermanos Razo Casales fueron detenidos por un secuestro que no cometieron. Tras largos años en prisión, los dos fueron absueltos pero Verónica fue torturada con saña y sufre las secuelas. Con todo, sus abogados tienen la esperanza de que otros casos del anterior sistema penal mixto puedan corregirse.

El caso de Erick y Verónica Razo Casales es uno de los miles que enmarcan las deficiencias que tenía el sistema de justicia penal mixto, que dejó de estar vigente desde 2016 y en el cual la tortura, la fabricación de delitos y violaciones a los derechos humanos eran el común denominador.

Los hermanos Razo fueron detenidos hace 12 años por elementos de la hoy extinta Policía Federal vestidos de civil y quienes no portaban órdenes de aprehensión ni se identificaron.

Abren proceso contra feminista en la CDMX; la acusan de agredir a su hija con base en una testigo que ahora nadie ubica

Karina, conocida como “Mime”, fue vinculada a proceso por supuestamente agredir a su hija, menor de edad. La acusación fue promovida por una testigo que no presentó identificación y no ha sido ubicada.

El pasado 13 de diciembre, Karina, conocida como “Mime”, se encontraba dentro de un baño, cerca del Metro Chapultepec, cuando ocho policías ingresaron, la sometieron y la detuvieron, todo frente a su hija de cuatro años. Esto ocurrió después de que fue denunciada por supuestamente golpear a la niña, por una testigo llamada Nohemí, a quien ahora nadie encuentra. Ayer, Karina fue vinculada a proceso por ese presunto delito.

Karla Micheel Salas, abogada del Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social, quien acompaña el caso de Karina, dijo en entrevista que, aunque inicialmente se le acusó de cometer violencia física y psicológica, las autoridades solo la vincularon a proceso por presuntas agresiones físicas, ya que no se pudo comprobar que emocionalmente hubiera causado daño a la menor.

Álvaro lleva 3 años preso sin juicio: su caso puede cambiar la justicia mexicana

En tres ocasiones, jueces se negaron a cambiar la medida de prisión preventiva oficiosa a Álvaro, quien lleva preso un año más de lo que la Constitución prevé como periodo máximo que puede durar.

El 26 de junio de 2018, Álvaro, un hojalatero de 53 años, circulaba en su vehículo a eso de la media tarde, cuando de la nada unos policías le dieron el alto y le obligaron a bajarse del carro.

“Esta es la camioneta en la que viajaban los rateros”, dijo una persona que acompañaba a los policías. 

“Realmente tengo miedo”, dice médico quien fue golpeado y acusado de homicidio en Edomex

“Me ha causado un problema psicológico tremendo. A cada rato estoy pegado en la ventana. Me voy por otro camino. Veo para adelante, para atrás. Oigo ruidos en la noche. Realmente tengo miedo”, dijo un médico del Estado de México, golpeado y detenido durante tres días por presunto homicidio, luego de una operación por empiema a una menor de edad.

El padre de una adolescente de 14 años, quien murió durante una segunda operación de extracción de pus en pulmones, tomó los brazos del doctor Francisco Navarro, otro sujeto lo agarró de las piernas y ambos lo arrastraron hacia afuera de la clínica privada “Torres”, ubicada en Cuautitlán, Estado de México. En recepción, otras personas también lo golpearon, lo patearon y lo insultaron. La mesa con el árbol de Navidad y revistas cayeron. Dos patrullas que pasaban por la calle se detuvieron y los llevaron al Ministerio Público. El médico, víctima de agresión, fue encerrado durante tres días acusado de presunto homicidio.

Detienen a 9 policías de Chihuahua acusados de inventar delitos a un joven y robarle

Los detenidos son presuntos responsables de los delitos de robo y abuso de autoridad, por hechos ocurridos en enero en Ciudad Juárez.

Autoridades de Chihuahua informaron sobre la detención de 9 policías acusados de inventar delitos a un joven en Ciudad Juárez  para detenerlo y robarle joyas y dinero en su domicilio.

“Fueron detenidos 9 policías estatales de 11 que cuentan con orden de aprehensión, como presuntos responsables de los delitos de robo y abuso de autoridad, por hechos ocurridos el 30 de enero de 2020 en Ciudad Juárez”, detalló el gobierno de Chihuahua, en un comunicado.

Manipular las escenas y falsear las acusaciones son prácticas comunes en México: Open Society

El informe “Atrocidades innegables. Confrontando crímenes de lesa humanidad en México” de Open Society Justice Iniciative, presentado esta semana en México, muestra casos particulares de asesinatos, desapariciones forzadas y tortura realizados por fuerzas federales en Chihuahua, Guerrero, Tamaulipas, Nuevo León, Veracruz, Baja California, Tabasco y el Estado de México. Estos, afirma, comparten patrones comunes: manipulación de la escena del crimen, detenciones injustificadas sin orden de aprehensión, negación de autoridades de estar involucradas y acusación a las víctimas de vinculación con el crimen organizado. No son hechos aislados.

Los múltiples delitos de asesinato, tortura y desapariciones forzadas cometidos por las fuerzas federales de México contra la población civil, después del inicio de la guerra contra las drogas, comparten diversas semejanzas, lo cual sugiere que fueron parte de una serie de eventos generalizados y constituyen una “línea de conducta”, afirma el informe “Atrocidades innegables” de Open Society Justice Iniciative.

“Nadie puede negar que en México se cometen atrocidades. Los casos de tortura, desaparición forzada y asesinato que se han cometido en el contexto de la política vigente de seguridad no son casos aislados. Por el contrario, se trata de una acumulación de actos que se repiten con metodologías similares, con recursos públicos y con el respaldo de las instituciones públicas”, declaró José Antonio Guevara de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMPDH).

Estos crímenes de lesa humanidad, aseguró, son delitos que no son susceptibles de ser imputados y no pueden estar sujetos a las inmunidades.

Juan Carlos Gutiérrez, de I(dh)eas Litigio Estratégico en Derechos Humanos, expuso que el informe pide que México investigue los crímenes de lesa humanidad, sin embargo, “no existe voluntad política para investigar violaciones graves a los derechos humanos porque nunca se ha reconocido la gravedad de la situación. El Estado mexicano se ha dedicado a cuestionar, estigmatizar y criminalizar a aquellas personas u organizaciones que han señalado la existencia de violaciones graves”, acusó.


ASESINATOS

En el caso de los asesinatos, las características identificables son que incluyen a víctimas en custodia del gobierno; en muchos está involucrado el Ejército; y las fuerzas de seguridad y las autoridades civiles federales intentan cubrir los asesinatos extrajudiciales a través de la manipulación de las escenas del crimen y de acusar a las víctimas de ser criminales.

En junio de 2008, documenta la organización, soldados del ejército mexicano detuvieron a un presunto miembro de un grupo delictivo en Chihuahua. Le vendaron los ojos y lo torturaron. “De ser posible, mátalo”, dijo un militar de alto rango. Y así fue. Los soldados quemaron el cuerpo del sospechoso y dispersaron sus cenizas en el campo.

Ese mismo mes, un año después, militares del 93 Batallón de Infantería detuvieron un autobús que viajaba por Guerrero rumbo a la capital. Después de realizar una inspección de rutina, dejaron arrancar al camión y… dispararon. Dos personas murieron, pero la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) no reconoció expresamente el asesinato extrajudicial cometido.

Durante un enfrentamiento armado entre soldados y delincuentes en abril de 2010 en Tamaulipas, el Ejército asesinó a Martín y Bryan Almanza Salazar de 9 y 5 años. La CNDH encontró evidencia de una extensa manipulación de la escena del crimen. En otro cruce de fuego, en octubre de ese año en Nuevo León, fue asesinado un arquitecto desarmado.

El informe de Open Society también presenta el emblemático caso del asesinato de 22 secuestradores en una bodega en Tlatlaya, Estado de México, a pesar de que, según testigos, se habían rendido. De acuerdo con la CNDH, los elementos manipularon la escena del crimen aquel 30 de junio de 2014. Los fiscales estatales y federales se resistieron activamente a cualquier intento de investigar las pruebas contra el Ejército.

Los siete soldados señalados por el asesinato de ocho civiles ya fueron absueltos.


DESAPARICIONES FORZADAS

Una de las características en común de las desapariciones forzadas ha sido que las fuerzas federales comprometidas en una misión para combatir el crimen organizado son los autores que han sido acusados.

Entre diciembre de 2006 y finales de 2014, de las 418 denuncias ante la CNDH por desaparición forzada, más de la mitad presuntamente fueron cometidas por el Ejército (SEDENA); otra tercera parte por la Marina (SEMAR) y el resto por la Policía Federal y la Procuraduría General de la República (PGR).

Además, de acuerdo con Human Rights Watch, las desapariciones muestran tácticas similares. Miembros de las fuerzas de seguridad detienen arbitrariamente a las víctimas sin la orden correspondiente y sin justificación. Cuando los familiares cuestionan dónde están, en las dependencias de las fuerzas de seguridad y en el Ministerio Público se les indica que nunca fueron detenidas.

El estudio narra que en noviembre de 2008, elementos del Ejército y de la Policía Federal detuvieron a dos hermanos en una vivienda mientras patrullaban las calles de Ciudad Juárez, Chihuahua. Dijeron haber recibido una llamada anónima sobre unos presuntos sospechosos armados involucrados en narcomenudeo. Aunque una inspección no reveló armas o drogas, ambos fueron detenidos y no han vuelto a ser vistos.

Mientras otros dos hermanos circulaban en un vehículo en Chihuahua, elementos del ejército los detuvieron en diciembre de 2009. Esa misma noche soldados ingresaron a la fuerza a la casa de su prima de 18 años y también la detuvieron. Desde entonces se desconoce el paradero de los tres.

Una noche de marzo de 2010, seis personas fueron secuestradas en un club nocturno en Iguala, Guerrero. Pruebas señalan que los autores pertenecían al Ejército, dice el informe. Los familiares que han exigido su localización han recibido amenazas, acoso y agresiones.

En Nuevo León, en marzo de 2011, dos jóvenes se encontraban en un departamento de Monterrey cuando de pronto ocho hombres armados con el uniforme de la Policía Federal entraron y se los llevaron a la fuerza porque la persona que buscaban no estaba. Cuando los familiares acudieron a la dependencia de la policía, los oficiales negaron tener conocimiento del arresto visto por la abuela de uno de ellos.

Un hombre que conducía un carro en agosto de 2013, también en Nuevo León, fue detenido por miembros de la Marina y lo subieron por la fuerza a una camioneta delante de testigos, entre ellos, su padre. El cuerpo fue encontrado dos meses después.  Los señalados negaron los hechos, pero este año Amnistía Internacional informó que cinco marinos fueron detenidos por desaparición forzada en relación con el caso.

Hace cuatro meses, elementos del Batallón 80 de la Infantería detuvieron a un mecánico mientras viajaba por un camino rural en Veracruz. Días más tarde, su cadáver fue localizado dentro de su carro incendiado. Mostraba signos de tortura. La piel de los tobillos se levantó hasta las rodillas.


TORTURA

Existen “inquietantes coincidencias” entre los testimonios de las víctimas de tortura en México expuestas por el informe de Open Society,

Los torturadores son las autoridades federales involucradas en la estrategia de seguridad contra el crimen organizado; las víctimas con frecuencia son detenidas bajo circunstancias similares (personas vestidas de civil, sin orden de detención y sin informar la causa de la detención conducen a las víctimas con los ojos vendados a sitios desconocidos mientras los golpean, insultan y amenazan); las autoridades retrasan la notificación sobre el paradero de las víctimas; la tortura se comete durante la detención preventiva y el arraigo; se acusa a las víctimas de vinculación con el crimen y son forzadas a confesar; y los torturadores usan los mismos métodos (golpizas, asfixia con bolsas de plástico, simulación de ahogamiento, descargas eléctricas, tortura sexual y amenazas de muerte).

La policía de Tabasco y el ejército arrestaron a 17 policías municipales durante un operativo en agosto de 2009. Los asfixiaron con bolsas de plástico, introducción de agua con un trapo en la boca, extracción de uñas, descargas eléctricas y simulacros de ejecución. Las víctimas fueron forzadas a firmar confesiones por delitos del crimen organizado.

Una mujer de Baja California, en febrero de 2011, después de dejar a sus hijos en la escuela, fue llevada a una base militar en Tijuana. Durante el arraigo los soldados la violaron en tres ocasiones, le administraron descargas eléctricas, la asfixiaron, cortaron su muñeca y amenazaron a sus hijos y pareja. Fue obligada a firmar una confesión que la implicaba a ella y a otros en delitos de narcotráfico.

En agosto de 2012, miembros de la marina irrumpieron en la casa de una mujer en Veracruz. La ataron y vendaron los ojos. En la parte trasera de una camioneta en una base naval, la agredieron sexualmente, la golpearon, la asfixiaron, la patearon y después la dejaron atada a una silla bajo un calor abrasador.


Luego tuvo que firmar una declaración que no leyó. La PGR la presentó ante los medios como una entre varios detenidos aprendidos en un vehículo robado en posesión de armas y drogas.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: DULCE OLVERA.
LINK: http://www.sinembargo.mx/12-06-2016/3051546

“¿Quién dijo que los delitos no son inventados?, ¡eso es de toda la vida!”: funcionario de la PGJEM

ECATEPEC, Edomex: “¿Quién dijo que los delitos no son inventados?, ¡eso es de toda la vida!”, reconoció Fernando Ulises Cárdenas Uribe, director general de Litigación de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM), durante una reunión de trabajo con sus subalternos realizada el pasado 21 de abril.


De acuerdo con un video que circula en las redes sociales bajo el título “Director de Litigación de la PGJEM acepta fraude”, el funcionario instruyó en esa ocasión a su personal para que de cada 10 casos que promuevan las fiscalías ante el Poder Judicial se ganen cuando menos ocho.

“De 10 asuntos tienen que ganar ocho y perder dos. Abajo ¡ya está mal!.. Si fuéramos empresa o banco, te entran ocho pesos y te gastas 18, estoy frito ¿No?”, puntualizó.

Según el video, Edmundo Daniel Mondragón Moncallo aparece como víctima en más de 15 carpetas administrativas ya judicializadas en Ecatepec, entre ellas la 1252/14, 1285/15, 1678/15 y 1112/15.

Esta anomalía, detalla, es avalada por mandos de la Procuraduría como el fiscal regional Juan Francisco Hernández Aguilar de Ecatepec –tierra del gobernador– y el fiscal de Homicidios Miguel Ángel Tostado Reyes, “quienes inventan delitos para meter gente inocente a la cárcel contrarios a su cártel, por orden del comandante José de Jesús Arroyo López y otro policía de apellido Mendoza y demás secuaces”.

Durante el encuentro videograbado con subalternos de diversas fiscalías de la entidad, Cárdenas Uribe advierte que no hay pretextos para tener una efectividad de condenas inferior a 80%.

“¡Es que los delitos que son inventados!, ¿Quién dijo que los delitos no son inventados? ¡Eso es de toda la vida, hombre!” En 2009 que entró el sistema –acusatorio, oral y adversarial–, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014…”, admite.

Para muestra…

El actual director general de Litigación de la Procuraduría mexiquense encabezó, en medio de un aparatoso despliegue de seguridad, las audiencias del pasado 19 y 22 de abril en el penal de Chiconautla. En ellas le fue revocado a José Humbertus Pérez Espinoza, presidente del Frente Mexiquense para una Vivienda Digna AC. el auto de No Vinculación a Proceso por el delito de robo a casa-habitación con agravante de cometerse con violencia.

Al activista le fueron presuntamente fabricadas tres carpetas por el mismo ilícito. Fue absuelto en las dos primeras, pero Cárdenas Uribe representó a la Procuraduría en la tercera para garantizar que no abandone el penal, quien además ha señalado corrupción de autoridades priistas en diversos fraudes inmobiliarios.

Según las audiencias de la toca 58/2016 en la Segunda Sala Penal Colegiada de Ecatepec, a la Sala Seis de Juicios Orales del Penal de Chiconautla ingresaron este funcionario, seis ministerios públicos, cuatro fiscales, seis agentes ministeriales y cuatro integrantes del grupo antimotines para “intimidar”.

“En las dos audiencias se me puso un custodio para que me vigilara desde que salí de mi celda sin quitarme su presencia; es decir, se violaron mis derechos humanos y se me dio un trato intimidatorio y humillante, como si se procesara al peor de los delincuentes”, denunció Pérez Espinoza.

Consideró que fue “una consigna” la revocación del auto de No Vinculación a Proceso por la Segunda Sala Colegiada en Ecatepec, al resolver la apelación 58/2016.

“La redacción de este fallo estuvo a cargo de la PGJEM, concretamente del director general de Litigación, quien exhibió el servilismo, la sumisión y la simulación de los jueces Guillermo Peralta Ramírez, Alberto Cervantes Juárez y Tomás Santana Malváez, habilitados de manera extraordinaria para fungir como magistrados unitarios sólo para ese caso y evitar la liberación”, acusó.

Considerado preso de conciencia desde el 4 de noviembre de 2015 –por ganar diversos juicios contra grandes constructoras por fraudes inmobiliarios–, José Humbertus recordó que el juez Unitario de Control de Ecatepec Mario Iván Chávez Picazo resolvió la No Vinculación a Proceso en una carpeta previa en la que se acusan los mismos hechos.

En aquella carpeta, el juez confirmó que “las entrevistas de la supuesta víctima Norma Leonor Olguín y las supuestas testigos Elizabeth Zamora Gregorio y Nancy Ruiz Vargas son idénticas, no cambia una declaración de la otra, no son espontáneas y carecen de inmediatez, pues se realizaron dos meses después de los supuestos hechos delictuosos”.

Más: El peritaje de criminalística de campo realizado por la PGJEM para analizar las huellas vestigios del delito y la destrucción de las supuestas chapas de las puertas del estacionamiento y de la casa-habitación se realizan un mes después y el juez lo puso en duda porque Ricardo Enríquez Dávila, esposo de la ahora víctima Norma Leonor Olguín, no emitió su declaración ante la Fiscalía el mismo día 5 de octubre de 2015.

Estos razonamientos, lamentó el inculpado, fueron desestimados en las recientes audiencias y “los fundamentos expresados por el director general de Litigación son los mismos utilizados casi de manera textual por los magistrados que resolvieron revocar la No Vinculación a Proceso y quitarme de manera ilícita mi libertad porque el delito del que se me acusa fue fabricado por el director general de Litigación”.

El presidente del Frente Mexiquense para una Vivienda Digna AC., aseguró: “Somos solo una estadística en su falsa lucha contra la delincuencia”.

Luego, adelantó que en breve los inocentes sentenciados en el Penal de Chiconautla emprenderán denuncias millonarias contra la PGJEM, basadas en el artículo 113 de la Constitución del país que establece la reparación de los daños “cuando hayamos estado privados de nuestra libertad ilegalmente”.

Y advirtió: “El gobernador Eruviel Ávila Villegas debe asignar una partida presupuestal muy grande para reparar los daños a miles de familias e internos que sufrimos por estar privados de nuestra libertad”.


Según su versión, “los imputados somos estadística en su falsa lucha contra el crimen. Los delitos que se nos imputan están fabricados… en cientos de casos se utiliza la Tortura para que los presuntos responsables se declaren culpables”.



FUENTE: PROCESO.
AUTOR: VENERANDA MENDOZA.
LINK: http://www.proceso.com.mx/438468/funcionario-la-procuraduria-mexiquense-admite-inventar-delitos

La Procuraduría de Tlaxcala simula investigación por robo para inventar víctimas de secuestro

Los documentos de una audiencia judicial, en poder de Animal Político, revelan como falsas víctimas fueron engañadas para firmar declaraciones en las que acusaban de secuestro a policías.

Con el engaño de “recabar firmas” sobre una supuesta investigación de robo, la Procuraduría  de Tlaxcala consiguió que al menos dos personas acusaran con declaraciones falsas a siete policías de haberlos secuestrado, y luego intentó que estos no confesaran lo que había pasado ante el juez responsable del caso. Los policías inculpados están presos desde hace más de un año.

Los documentos de una audiencia judicial del caso realizada a finales de marzo, de los que Animal Político tiene copia, evidencian que los agentes de la Procuraduría fabricaron las acusaciones con mentiras. También exhiben como el Ministerio Público quiso frenar la confesión de las víctimas, argumentando incluso que no se encontraban bien sicológicamente.

Esta audiencia se realizó luego de tres ocasiones en que fue postergada, ya que aunque las personas señaladas como víctimas acudían al juzgado, el Ministerio Público se iba del lugar lo que impedía que se llevara a cabo.

Las revelaciones se suman a otras pruebas que en el último año han reunido los abogados de los policías encarcelados. Este medio ya publicó que existen fotografías que prueban que uno de los mandos acusados, junto con sus elementos, estaban en un operativo en el momento en que se le señala de participar en el secuestro.

Además existe el testimonio por escrito de una primera víctima supuestamente rescatada en flagrancia que negó también que fuera extorsionado o secuestrado por los agentes, y al contrario, señaló que colaboraba con ellos.

La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en México de Naciones Unidas ya inició una revisión de este caso tras las denuncias de los encarcelados de violaciones al debido proceso y a Sus garantías individuales.


Cabe señalar que sobre este tema, La Procuraduría de Tlaxcala declinó hacer cualquier comentario a Animal Político, y solo dijeron que serán respetuosos de la determinación que se tome en el juicio.

El engaño

La noche del 21 de enero de 2015 la procuradora de Tlaxcala Alicia Fragoso anunció que ella, junto con agentes de Investigación, había detenido a policías estatales implicados en caso de secuestro exprés y extorsiones.  Entre los detenidos estaban dos mandos: el Director de esa corporación José López Pérez (segundo e jerarquía solo debajo del comisionado), y el delegado de la Policía estatal en Apizaco, Juan Carlos Yáñez.

Inicialmente la Procuraduría consignó a los agentes solo por el caso de una persona rescatada en flagrancia pero después,  envió al juez dos casos más para reforzar la acusación: el de Ramón Cortes Ramírez y el de Leocanida Leónides Miranda, ambos vecinos del municipio de Apizaco Tlaxcala.

Según el expediente, estas dos personas denunciaron la noche del 21 de enero (misma fecha de la detención de los policías) que una semana antes habían padecido un secuestro exprés.

Posteriormente, el 24 de enero, ampliaron su denuncia para señalar que supuestamente habían visto en el periódico El Sol de Tlaxcala a los policías detenidos, y los reconocieron como los mismos que “los secuestraron”.


Con esas declaraciones, el juez del caso dictó auto de formal prisión en contra de los siete agentes por varios casos de privación ilegal de la libertad.

La audiencia

El 14 de marzo Ramón Cortes y Leocanida Leónides se presentaron ante el juzgado para responder las preguntas de los abogados defensores. Fue la cuarta cita en tres meses, luego de que el Ministerio Público frustró los intentos pasados al ausentarse de la sala. En esta ocasión, el juez había apercibido al personal de la Fiscalía para que estuvieran presentes.

El primero en comparecer esa mañana fue Cortes. Los abogados arrancaron el interrogatorio cuestionándolo si había acudido coaccionado, lo que el negó diciendo que estaba ahí por “su propia voluntad”

Luego se le preguntó si reconocía la declaración que le atribuyó la Fiscalía en contra de los policías presos. Antes de que pudiera responder el agente del Ministerio Público le solicitó al juez que no autorizara esa pregunta al considerarla “insidiosa” pues la declaración inicial era clara y servía de base del caso.

El juez desestimó la objeción del Ministerio Público al subrayar que la declaración de la víctima era un indicio y no podía obstaculizarse. En su contestación, Ramón Cortes reveló que la acusación contra los policías presos era falsa.

“Nunca he hecho una declaración ya que nunca he sido privado de mi libertad por estas personas (los policías estatales) ni las conozco” dijo Cortes.

Al cuestionársele después si era su firma la que aparecía en la acusación que la Fiscalía presentó, (pregunta que el Ministerio Público intentó frenar otra vez sin éxito también) Ramón Cortés admitió que si era su firma y explicó cómo fue engañado.

“Llegaban a mi domicilio personas que decían ser policías de investigación y que firmara esos papeles, pero no me dejaban leerlos (…) me decían que había una investigación de robo en la colonia y que firmara yo y que eso era solo como investigación de lo que estaba pasando en la colonia y era todo lo que me decían” dijo Cortes.

Tras reiterar que nunca ha sido secuestrado Ramón Cortés termino su testimonio. Luego, el Ministerio Publicó solicitó permiso para “interrogarlo”, lo que el juez rechazó al recordarle que las víctimas no pueden ser sometidas a interrogatorio y que además no lo pidió previo al arranque de la audiencia.

Finalmente en un último intento de desacreditar los dichos de la supuesta “víctima” el agente ministerial pidió que se le sometiera a un examen  sicológico para demostrar que había sido coaccionado o no se encontraba bien emocionalmente

Cuestionado sobre este punto por el juez, Ramón Cortes rechazó que se le aplicara una prueba sicológica pues recordó que en todo caso el figuraba en el caso como “víctima” no como acusado.

La audiencia continuó con la comparecencia segunda víctima Leocanida Leónides. Al igual que Ramón, ella dijo que firmó los papeles que le llevaban los policías a su domicilio con los mismos argumentos de que indagaban un robo, y que nunca los leyó.

Tras los fallidos intentos del Ministerio Público de obstaculizar nuevamente las preguntas, la señora subrayó que nunca había visto a los policías detenidos, que no los conocía, y menos que hubiera sido secuestrada.

ONU dará seguimiento

Con las confesiones de las falsas víctimas y otros elementos que se han presentado en el juicio, la defensa de los policías encarcelados consideró que ya se ha evidenciado que los hechos que imputó la Procuraduría de Tlaxcala no son ciertos.

No obstante, la fase de pruebas  aún no se cierra porque los abogados de la defensa están esperando que se complete el llamado “Protocolo de Estambul” para verificar que los policías detenidos además fueron torturados. En casos como el del comandante Juan Carlos Yáñez, el peritaje sicológico ya confirmó los maltratos pero está pendiente el examen físico.

En ese contexto, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en México de Naciones Unidas inició un expediente de investigación de este caso, luego de la denuncia que formalmente interpusieron los familiares de los expolicías encarcelados.

Araceli Gómez, esposa del comandante Juan Carlos Yáñez, dijo en entrevista que dicha instancia internacional aceptó verificar las irregularidades.

“Fuimos a solicitar su ayuda y después de seguir el protocolo que nos pidieron ya están dándole seguimiento y ya se comunicaron con el juzgado para hacerles mención de todas las violaciones que advierten y de la posible tortura y enviarán oficios a las autoridades para solicitar que esto se investigue” dijo Gómez.

Confiables… entre comillas

De acuerdo con datos oficiales a los que tuvo acceso la organización ciudadana Causa en Común la policía de investigación de Tlaxcala es una corporación relativamente confiable, toda vez que el 95 por ciento de elementos ya fueron evaluados en el proceso de control de confianza y menos del tres por ciento se encuentran reprobados.

Sin embargo, las leyes en materia de Seguridad Pública detallan que cada prueba de control de confianza pierde validez transcurrido un periodo de dos años y debe volverse a aplicar.

En ese renglón el balance del estado no es positivo. De acuerdo con los datos, el 25 por ciento de las evaluaciones que se hicieron a los mandos de la Fiscalía de Justicia ya caducaron y no se han renovado. Esto significa prácticamente que la cuarta parte de los jefes policiales no han sido evaluados nuevamente y por tanto no están certificados.


Las dudas respecto a la confiabilidad de los policías es aún mayor en la Secretaría de Seguridad Pública de los estados, pues ahí  el 38 por ciento de las evaluaciones que se hicieron a mandos y personal operativo ya caducaron.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ARTURO ANGEL.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/04/la-procuraduria-de-tlaxcala-simula-investigacion-por-robo-para-inventar-victimas-de-secuestro/

Calderón increpa a jueces que liberaron a hermanos Cortez Vallarta

CIUDAD DE MÉXICO: El expresidente Felipe Calderón, en cuyo gobierno se realizó el montaje televisivo de la captura de la francesa Florence Cassez y la presunta banda de secuestradores Los Zodiaco, reprochó la liberación de los hermanos Cortez Vallarta.


“Para un juez siempre será más fácil liberar a delincuentes tras invocar ‘ad nauseam’ derechos humanos, que fajarse para hacer justicia”, fustigó el panista a través de su cuenta en Twitter.

En otro mensaje en el que publica la liga a la columna “Confidencial” de Jorge Fernández Méndez, de Grupo Imagen, titulada “Zodiacos y Rambos: libres e indemnizados”, Calderón condenó que se aleguen violaciones a los derechos humanos para dejar impunes a asesinos.


“Se invocan supuestas violaciones a DH para dejar impunes a asesinos. Las reales víctimas, que se frieguen”, tuiteó el exmandatario.

El miércoles pasado, a menos de dos semanas de haber sido exonerados de los delitos de delincuencia organizada y secuestro, Juan Carlos y Alejandro Cortez Vallarta exigieron al gobierno mexicano y a las dos principales televisoras, Televisa y TV Azteca, la reparación de daños y resarcimiento de su imagen pública que se vio afectada tras haber sido detenidos por agentes federales a cargo del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna.

Ese día, en conferencia de prensa, los sobrinos de Israel Vallarta Cisneros, pareja de Florence Cassez, exculpada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), narraron paso a paso su detención ocurrida el 7 de mayo de 2009, así como las “duras” sesiones de tortura encaminadas a autoinculparse como miembros de la supuesta banda de Los Zodiaco.

El 23 de enero de 2013 la SCJN ordenó la liberación inmediata de Florence Cassez por las violaciones constitucionales y procesales cometidas por García Luna en su decisión de encarcelarla por su participación en el supuesto secuestro de tres personas.


La Corte resolvió que en su detención se violaron el principio de presunción de inocencia, el derecho consular y el debido proceso a causa del “efecto corruptor” del montaje televisivo preparado por García Luna y sus hombres más cercanos.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.proceso.com.mx/433922/calderon-increpa-a-jueces-liberaron-a-hermanos-cortez-vallarta

Firmamos declaraciones falsas: víctimas de secuestro fabricado por procuradora de Tlaxcala

Durante la audiencia ante el juez, una pareja confesó que firmaron declaraciones que les llevaron a sus casas sin leerlas para incriminar a policías. Procuraduría alega que fueron coaccionados y pide examen sicológico de las víctimas.

Una pareja que según la Procuraduría de Tlaxcala fue secuestrada por siete expolicías de la entidad,  presos desde hace más de un año, confesaron ante un juez que sus denuncias fueron fabricadas, pues agentes ministeriales se las llevaron ya escritas a sus casas y ellos solo las firmaron, sin siquiera haberlas leído.

Los testimonios, recabados esta semana por separado en una audiencia que se había diferido en tres ocasiones antes, se suman a la declaración que había dado una primera víctima desmintiendo que hubiera sido secuestrado y rescatado, como aseguró la noche del 21 de enero de 2015 la procuradura de Tlaxcala Alicia Fragoso.
Animal Político publicó el lunes que varias pruebas evidenciaban que los secuestros exprés que se imputaron a los agentes no ocurrieron,  y que los policías además fueron torturados, pero hacía falta aún la confesión de estas víctimas.

En respuesta a estas declaraciones,   el Ministerio Público solicitó en la audiencia  al juez que se practicaran exámenes sicológicos a las víctimas, pues acusó que las mismas  podrían haber sido coaccionadas para negar que fueron plagiados. El juzgado estudia ahora si autorizará el referido peritaje a uno de los denunciantes.

“Es increíble lo que sucede. Ahora el Ministerio Público intenta desacreditar a las supuestas víctimas a las que más bien deberían de proteger. Pero esto nos demuestra que ha sido un caso fabricado desde un inicio” dijo Jorge Lara, uno de los abogados defensores.

En tanto, las familias de los agentes encarcelados ya adelantaron que insistirán en que la procuradora Alicia Fragoso sea citada a comparecer ante el Congreso tanto por este caso, como por otras irregularidades como la de los videos perdidos en el caso de Karen

Cabe señalar que la Procuraduría de Tlaxcala a través del área de comunicación social, indicó a Animal Político que no harían ningún comentario público en torno al proceso y respetarán la determinación el juez.

“Ni las leímos”

De acuerdo con la consignación de la procuraduría de Tlaxcala , Jesús Sánchez Huerta y su novia Leocadia Leonides Miranda  fueron víctimas de secuestro exprés. Ambos habrían reconocido a siete expolicías estatales como los responsables, luego que su foto apareció en periódicos tras ser consignados por otro caso en flagrancia.

Luego de que la primera víctima (la supuesta rescatada por la Procuraduría)  confesara que todo era falso la defensa buscó a los otros denunciantes. Uno de ellos falleció en un presunto accidente vehicular en octubre pasado. Otro más ya no está en el país bajo el pretexto de que se fue a vivir a Estados Unidos,

En el caso de Sánchez Huerta y Leonides Miranda ambos fueron ubicados desde hace dos meses sin embargo, la audiencia no se pudo realizar al menos en tres ocasiones por la ausencia del Ministerio Público en el Jugado Segundo Penal de la entidad, donde se encuentra radicado el caso.

Esta semana la audiencia finalmente se llevó a cabo con la declaración de los dos por separado. Los abogados indicaron que ambos fueron cuestionados solo por la defensa respecto a sus denuncias.

En su testimonio, indicó el abogado Jorge Lara, las víctimas coincidieron en señalar que si bien son sus firmas las que están en las declaraciones ellos no las dieron sino que solo firmaron papeles que los policías les llevaron a la casa. Negaron que hubieran sido víctimas de algún delito cometido por los expolicías presos.

“Fundamentalmente comentaron que nunca fueron privados de su libertad ni fueron secuestrados.   Sus declaraciones se las llevaban  a su domicilio agentes de la Policía Ministerial y que no les permitían leerla, nada más las firmaban” dijo el abogado.

Cabe señalar que Sánchez Huerta, uno de los supuestos denunciantes, tiene antecedentes por narcomenudeo. Los abogados defensores consideraron que pudo ser un factor de presión para que él y su pareja firmaran denuncias que no dieron.

Al terminar cada uno de los testimonios el Ministerio Público solicitó que se practicaran peritajes psicológicos a los denunciantes pues asegura que fueron coaccionados para negar las denuncias.

Sánchez Huerta negó que hubiera sido coaccionado por alguien  rechazó el estudio. Leónides Miranda no dijo nada por lo que el juez evaluará si autoriza la petición.

¿Qué sigue? : Tortura pendiente

Luego de que ya se confirmó que la mayoría de las víctimas presentadas por la Procuraduría no fueron secuestrados por los policías presos, la defensa estudia solicitar el cierre del periodo de pruebas.

Jorge Lara, quien encabeza la defensa particular del ex delegado dela Policía Estatal en Apizaco Juan Yáñez Osornio, uno de los detenidos, recordó que el caso de la Procuraduría se sostenía en estas declaraciones y en el caso en flagrancia, todo ya desmentido. Dijo que se han exhibido pruebas que verifican la falta de veracidad de la acusación.

En ese contexto señaló que lo que está pendiente, particularmente en el caso de su cliente, es culminar el llamado Protocolo de Estambul que verifica que una persona fue víctima de tratos crueles o tortura.

Animal Político ya publicó que pruebas sicológicas arrojaron evidencias de posible tortura que padeció Juan Yáñez, mientras que un certificado médico certifica que presentaba lesiones de consideración, peor está pendiente el peritaje en criminalística.

El problema, dice el abogado, es que todo el proceso va lento incluso en la Comisión de Derechos Humanos de la entidad.

“Se nombró un perito médico de Puebla que acaba de decir que no puede fungir como tal. Ayer vi al visitador de la Comisión local de Derechos Humanos y nos dijo que aún no tiene una fecha. Todo esto a ha avanzado más lento de lo que debería”

Piden que comparezca

El 4 de marzo las familias de los siete expolicías presos por este caso se manifestaron en el Congreso de Tlaxcala para exigir que se llegue a un punto de acuerdo y se cite a comparecer a la Procuradora de Tlaxcala Alicia Fragoso, con el objetivo de que explique las irregularidades de la investigación.

“Entregamos varias peticiones de nuestros esposos y nos recibió la presidenta de la mesa directiva, la diputada Juana Guadalupe Cruz Bustos, y le manifestamos toda la problemática del caso. Eso fue o que pedimos y que se llame a comparecer a la procuradora” dijo Araceli Gómez.

Esta semana medios locales reportaron que el escrito de los familiares ya pasó a la secretaría Parlamentaria del Congreso en donde está siendo analizado. Cabe recordar no obstante, que la procuradora requeriría también el permiso del gobernador Mariano González Zarur para poder presentare ante los legisladores.

Cabe señalar que a finales de marzo los expolicías presos, entre ellos el ex Director de la Policía estatal Acreditable José Jorge López, iniciaron una huelga de hambre inconformes por la lentitud de su proceso y las irregularidades.


Esta no es la primera vez que se cita la comparecencia de la procuradora Alicia Fragoso por irregularidades. Los padres de Karen, una menor desaparecida en cuya búsqueda se cometieron presuntas negligencias, ya también solicitaron que se le llame pero hasta ahora, no ha habido autorización del gobernador.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ARTURO ANGEL.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/03/firmamos-declaraciones-que-no-dimos-dicen-victimas-sobre-secuestro-fabricado-por-procuradora-de-tlaxcala/

Hermanos Cortez Vallarta exigen al gobierno y la TV reparación de daños y resarcir su imagen

CIUDAD DE MÉXICO: A menos de dos semanas de haber sido exonerados de los delitos de delincuencia organizada y secuestro, Juan Carlos y Alejandro Cortez Vallarta exigen reparación de daños y resarcimiento de su imagen pública que se vio afectada tras haber sido detenidos por agentes federales a cargo del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna.


En conferencia de prensa, los sobrinos de Israel Vallarta Cisneros, pareja de Florence Cassez, exculpada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), narraron paso a paso su detención el 7 de mayo de 2009, así como las duras sesiones de tortura encaminadas a autoinculparse como miembros de la supuesta banda de Los Zodiaco.

Visiblemente afectados por las torturas ocurridas hace más de seis años en las que participaron al menos siete agentes federales, a los que han identificado plenamente, los hermanos Cortez Vallarta exigieron que se consigne la averiguación previa que integró en 2009 la Procuraduría General de la República (PGR) por tortura.


Y pidieron a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) que emita la recomendación correspondiente a la queja interpuesta momentos después de su detención.

Acompañados por familiares, entre ellos su madre y su tía, Yolanda y Guadalupe Vallarta Cisneros, su abogado Ángel Carrera Juárez y el presidente de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos, Adrián Ramírez López, los sobrinos de Israel Vallarta señalaron que fueron puestos en libertad el 27 de febrero de 2016 del penal de máxima seguridad de Nayarit.

Sin embargo, dos días antes el Primer Tribunal Unitario del Vigésimo Cuarto Circuito resolvió a favor de su libertad la apelación 215/2015 contra la sentencia emitida por el juez Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en el estado de Nayarit.

A pesar de que fueron puestos en libertad por los delitos de secuestro y delincuencia organizada, el magistrado ponente de la sentencia dejó firme la acusación que se les imputó por portación de arma de fuego. No obstante, al tratarse de un delito cuya pena es de cuatro años de prisión, el juez decretó que el ilícito fue compurgado.

Guadalupe Vallarta sostuvo que la familia interpondrá un amparo contra la resolución del Tribunal Unitario pues pretenden que los jóvenes sean exonerados de todos los cargos y manifestó la confianza de la familia en que la liberación de Juan Carlos y Alejandro contribuya a que sean puestos en libertad los familiares que faltan: su hermano Sergio y sus tíos Israel, René y Mario Vallarta Cisneros.

Sobre la denuncia de tortura que interpuso la familia en 2009 ante la PGR –en ese entonces a cargo de Eduardo Medina Mora, hoy ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) – Guadalupe Vallarta apuntó que “no se ha obtenido la acción penal a pesar de que está acreditada la tortura por la misma PGR en la aplicación de los Protocolos de Estambul, para todos los involucrados en este caso”.

Resaltó que la tortura fue también acreditada en el caso de David Orozco, quien señaló a Juan Carlos y Alejandro de pertenecer a la banda de Los Zodiaco, “una banda que nunca existió”. Orozco murió el 5 de enero de 2015 “por las secuelas de la tortura”, añadió.

Tras reconocer la labor del relator contra la tortura de la ONU, Juan Méndez, los hermanos Cortez Vallarta apuntaron que durante su reclusión en el Cefereso de Nayarit advirtieron que “la tortura es generalizada en México”, y que “la mayoría de quienes están en prisión fueron torturados, pero tienen miedo a denunciar”.

El abogado Ángel Carrera expuso que el Tribunal Unitario “tuvo que absolver en los delitos de secuestro y delincuencia organizada, porque en el proceso no se pudo acreditar el modo, tiempo y lugar en que participaron los hermanos en la supuesta banda, además de que fue fundamental la resolución de la SCJN en el caso Cassez”.

Carrera señaló que la defensa se ha dificultado porque los Vallarta están recluidos en distintos centros penitenciarios federales, en Almoloya, Estado de México; Hermosillo, Sonora y Tepic, Nayarit, y que todos ellos presentan secuelas de tortura.

Adrián Ramírez señaló que en el proceso para resarcir la imagen de los jóvenes solicitarán “espacio en los espacios noticiosos de Televisa y TV Azteca para que frente a las cámaras se conozca que fueron absueltos, que son inocentes y que fueron víctimas de un montaje en el que participaron las televisoras”.

El defensor resaltó que desde junio del año pasado se inició el proceso ante la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) para que los jóvenes sean inscritos en el padrón y sean compensados por los daños sufridos.


Ramírez López agregó que como parte de la campaña contra la tortura, “se ha demostrado que en México no sólo es generalizada sino sistemática, por lo que necesitamos un efectivo castigo a los responsables por estos hechos, que destruyeron la vida de estos jóvenes”, afirmó.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GLORIA LETICIA DÍAZ.
LINK: http://www.proceso.com.mx/433688/hermanos-cortez-vallarta-exigen-al-gobierno-la-tv-resarcir-imagen

Se desmorona existencia de Los Zodiaco tras liberación de hermanos Cortez Vallarta

CIUDAD DE MÉXICO: Los hermanos Juan Carlos y Alejandro Cortez Vallarta –sobrinos de Israel Vallarta Cisneros, presunto jefe de la banda de Los Zodiaco– fueron absueltos de los delitos de delincuencia organizada y secuestro, informó la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos (LMDDH).

De acuerdo con la toca penal 215/2015, el pasado 25 de febrero el Primer Tribunal Unitario del Vigésimo Cuarto Circuito, con sede en Tepic, Nayarit, resolvió a favor de la apelación que los hermanos Cortez Vallarta promovieron en contra de la sentencia definitiva que en su contra había emitido el juez Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en el estado de Nayarit.

En un escueto texto que aparece en su sitio en internet, la LMDDH señala además que dicho tribunal unitario resolvió “convalidar la vista al agente del Ministerio Público por posibles actos de tortura” en contra de ambos hermanos.


Juan Carlos y Alejandro fueron detenidos el 7 de mayo de 2009 junto con René Vallarta Cisneros, hermano de Israel Vallarta, quien a su vez fue apresado junto con la ciudadana francesa Florance Cassez el 8 de diciembre de 2005 mediante un montaje orquestado por la hoy desaparecida Agencia Federal de Investigación (AFI), cuyo titular fue Genaro García Luna.

Posteriormente, el 27 de abril de 2012, fueron detenidos dos miembros más de esta familia: Mario Vallarta y Sergio Cortez.

Cassez –cuyo caso tensó las relaciones diplomáticas entre México y Francia– fue liberada en enero de 2013 mediante un fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que invalidó el proceso judicial en su contra debido a que estaba plagado de irregularidades.

Pese a que los casos de los miembros de la familia Vallarta derivaron del mismo montaje y en los que también existieron violaciones al debido proceso y a los derechos humanos –incluidas torturas–, la Procuraduría General de la República (PGR) mantuvo las acusaciones en su contra y éstos continuaron recluidos en cárceles de alta seguridad.

“La familia Vallarta sigue siendo víctima de la fabricación y montaje de la banda que nunca existió: Los Zodiaco”, dice el texto de la LMDDH. Y señala que “todos fueron torturados y dispersados en diferentes penales federales, acción que imposibilita la defensa adecuada y que sus familiares realicen gastos que no están dentro de sus posibilidades para poder visitarlos”.

En septiembre pasado los hermanos Cortez Vallarta fueron sentenciados a 33 años de prisión por el secuestro de Ezequiel Elizalde –cuyas declaraciones ministeriales en contra de Cassez y los Vallarta contienen múltiples contradicciones–, así como por delincuencia organizada y portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército. Los hermanos apelaron dicha sentencia. El pasado 15 de febrero el Tribunal Unitario del Vigésimo Cuarto Distrito de Circuito los absolvió por los primeros dos delitos, pero mantuvo la sentencia de tres años de cárcel por el tercero: portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército. Debido a que ambos llevaban siete años en prisión, su liberación fue automática.

–¿Qué significa esta liberación para el caso de los Vallarta? –se le pregunta a la periodista belga Emmanuelle Steels, autora de El teatro del engaño, libro que documenta las irregularidades procesales y las violaciones a los derechos humanos que sufrieron los miembros de la familia Vallarta.

“El hecho de que se hayan caído los cargos del secuestro de Ezequiel Elizalde y de delincuencia organizada pone en tela de juicio la sola existencia de la banda de Los Zodiaco. Los hermanos Cortez Vallarta fueron detenidos en 2009 para demostrar que existía esa banda y lo que se demuestra ahora es que esa banda no existe”, responde Steels.


Y señala que hasta ahora sólo existen dos sentencias relacionadas con la supuesta banda de Los Zodiaco: la resolución de la SCJN que tiró el montaje orquestado por García Luna en 2005, y esta sentencia absolutoria que libera a los hermanos Cortez Vallarta. “No hay ninguna sentencia para los demás miembros de esta familia, ni siquiera para Israel Vallarta. Pero las dos sentencias ya emitidas van en el sentido de que esta banda no existió”, sostiene Steels.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: HOMERO CAMPA.
LINK: http://www.proceso.com.mx/433632/se-desmorona-existencia-los-zodiaco-tras-liberacion-hermanos-cortez-vallarta

Procuradora de Tlaxcala fabrica secuestro para presumir lucha anticorrupción

Desde hace más de un año siete expolicías de Tlaxcala están presos y acusados de secuestro exprés, pero la víctima rescatada reconoció que eran inocentes, y fotos demuestran que no estaban en el lugar de los hechos.

“La basura se va dónde debe estar, afuera…”

Con esas palabras, la procuradora de Tlaxcala, Alicia Fragoso anunció la noche del 21 de enero del 2015 que  acababa de detener un grupo de policías estatales a los que en ese momento acusó públicamente de secuestrar a cuatro personas.  ”Vamos a tener mano dura…. El gobernador es un hombre de resultados” dijo la funcionaria tras encabezar las capturas y el rescate de una de las presuntas víctimas.

Pero la evidencia posterior a la detención presentada en el juicio revela que la acusación en realidad es falsa, y según la defensa, fabricada.


La “víctima rescatada” por la procuradora reconoció ante el juez que nunca estuvo secuestrado ni fue salvado,  era “completamente falso”  que los policías le hubieran hecho algo, por lo que a los detenidos debía considerárseles “inocentes”.

Los otros tres casos de secuestro tampoco se han demostrado en el juicio porque una  de las personas murió en un accidente, mientras que los otros dos no han testificado  ya que cuando llegan al juzgado, el Ministerio Público no se presenta. La audiencia, se ha tenido  que posponer tres ocasiones por lo menos.

Estas acusaciones, que la procuradora dijo que ya existían contra los policías antes de su captura, en realidad se presentaron después de la detención pues de acuerdo con el expediente, las víctimas reconocieron a los agentes por sus fotos publicadas en el periódico tras ser consignados.

No es todo. Fotos que también se publicaron en la prensa, confirman que varios de los policías acusados estaban en un operativo por un intento de linchamiento, en el mismo momento en que según la Procuraduría llevaban secuestrada a la supuesta víctima.

Entre esos policías se encuentra el Delegado de la Policía Estatal en Apizaco, Juan Yáñez Osornio, que según su abogado fue obligado con golpes y maltratos a firmar una declaración falsa. La constancia médica de la propia Procuraduría revela que dicho agente fue consignado con lesiones severas y un peritaje psicológico que presentaba rasgos de tortura.

“No estamos hablando de un caso cualquiera, sino una detención que encabezó una procuradora de este país, una de las autoridades máximas,  sin que mediaran preceptos constitucionales (…) a esto se suma la noticia criminal de que hubo supuestos actos de tortura y la procuraduría  tiene por distintas razones investigar el caso, pero no ha movido ni un solo dedo” dijo Jorge Lara, defensor de Yáñez

La Comisión Estatal de los Derechos Humanos tiene abierta una investigación por la presunta tortura que padecieron varios de los agentes detenidos, mientras que un juez federal integra una demanda de amparo en contra del auto de formal prisión dictado contra los policías.

Animal Político solicitó a la Procuraduría de Tlaxcala una entrevista con la procuradora con varias preguntas por anticipado en torno al caso. Solo se recibió un posicionamiento en respuesta, en el que la dependencia sostiene que respetarán la determinación que tome el juez responsable del proceso.

El caso oficial

El 21 de enero siete elementos de la Policía Estatal fueron detenidos por agentes ministeriales encabezados por la procuradora Alicia Fragoso. Entre los aprehendidos estaba el mismo director de la Policía Estatal (segundo en la escala jerárquica por debajo del comisionado) José López Pérez, el  delegado en Apizaco Juan Yáñez Osornio, y cinco elementos más.

En la entrevista que dio esa misma noche, Fragoso dijo que ya tenían una investigación abierta por cuatro denuncias de secuestro exprés y que tras una persecución habían logrado rescatar a una de las víctimas. Advirtió que haría una “limpieza” de todos los malos elementos, e incluso dijo que se haría presión para que “jueces corruptos” no los liberaran

Tres días después, la procuraduría anunció que consignaba a los siete policías por secuestro exprés y reiteró que una víctima (Gesarel Hernández Santa Cruz de 19 años) fue  rescatada. Después se integraron tres acusaciones más de personas que supuestamente reconocieron a los policías por una foto en el periódico.


La foto de los agentes detenidos apareció en la primera plana de un diario local, y también en las notas de portales de medios nacionales. En la imagen, difundida por la procuraduría, se aprecia el rostro golpeado de alguno de los capturados.

Evidencia clave

En los meses posteriores a la consignación, la defensa de los acusados ha presentado evidencia que desvirtúa el caso. Los abogados de Yáñez Osornio entregaron copia de todos los elementos a Animal Político.

En primera instancia se demostró que la detención no fue en flagrancia, ni con orden de aprehensión. La declaración ante el juez del entonces  Comisionado estatal de la Policía, Orlando May Zaragoza, quien estuvo presente en los hechos, evidencia como la procuradora justificó la captura.

“Le preguntaron (los agentes) a la señora procuradora que por qué los detenía. Al verse muy cuestionado solo dijo que los detuvo por el simple derecho de ser la procuradora” narró el comisionado, quien a la postre terminó renunciando al cargo.

Luego la defensa demostró que la narración de los hechos era inverosímil. Según la “confesión” de Yáñez (que se alega fue obtenida con tortura) la tarde del 21 de enero él junto con elementos a su mando retuvieron a Gesarel Hernández en Apizaco, y por varias horas no lo dejaron ir hasta que entregó dinero y droga.


Pero distintos documentos, entre ellos fotografías publicadas en la misma prensa  un día después de las detenciones, demuestran que Yáñez y sus agentes no estaban en Apizaco secuestrando a alguien  sino en Santa Apolonia Teacalco, a donde llegaron en apoyo por un intento de linchamiento. Desde ahí se desplazaron a s cuartel tras ser notificados de la presencia de la procuradora.

El 11 de agosto de 2015 la defensa consiguió que el joven presuntamente rescatado por la procuradora testificara tanto en un juicio de amparo como en el proceso principal. Lo hizo por escrito para desmentir la acusación.

“Manifiesto que ni el día veintiuno de enero del 2015 ni en ninguna otra fecha he sido víctima de ningún secuestro, ni de levantón, ni de extorsión alguna; ni tampoco he sido rescatado ni en esa fecha ni en ninguna otra” dijo Gesarel.

Gesarel dijo además que era falsa la declaración que firmó en la Procuraduría en donde señaló que los policías se lo habían llevado el 21. Aclaró que el colaboraba con ellos voluntariamente, dándoles datos de puntos de venta de droga.

“Si a alguna persona se le ha detenido por la realización de actos de supuesta agresión, secuestro, robo, privación de la libertad u otras conductas en mi contra, debe considerársele inocente” concluye Gesarel.

Justicia postergada

Además del caso de Gesarel, los siete expolicías están acusados del secuestro exprés de otras tres víctimas, una de las cuales falleció en un accidente vehicular por lo que ya no puede ratificar su dicho.

Las otras dos personas que son una pareja, fueron ubicadas también a petición de la defensa para que se presenten a declarar pero la audiencia se ha pospuesto ya en tres ocasiones debido a la ausencia del Ministerio Público.

“Han acudido al juzgado con la intención de declarar que no fueron secuestrados pero en el momento en que llegan desaparece el agente del MP. Esto es increíble dado que el Ministerio Público debería ser el principal interesado en que las víctimas puedan robustecer su caso y promover pruebas” dijo el abogado de Yáñez.

El defensor advirtió además que estas tres acusaciones atentan contra los derechos humanos de su cliente y demás procesados, pues se sustentan en un supuesto reconocimiento hecho sobre la exhibición pública de los detenidos, que es una violación al principio de presunción de inocencia.

Dado que según la defensa no hay otras pruebas en el expediente en contra de Yáñez (quien de hecho tiene reconocimientos por su labor y había superado el control de confianza como los demás implicados) es indispensable desvirtuar las declaraciones de las victimas antes de pedir el cierre de pruebas y se dicte sentencia.

Tortura ignorada

En su declaración ante el juez Yáñez Osornio dijo que fue torturado con múltiples golpes, cortes en las muñecas y toques eléctricos. Esto para que firmara o pusiera una huella en una declaración de culpabilidad.


El dictamen de integridad física que la Procuraduría de Tlaxcala incluyó en la consignación de Yáñez, firmado por la médico legista Paula Andrade, confirma que el comandante presentaba “lesiones que tardan en sanar más de 15 días”, o sea de consideración.

Luego, un dictamen piscológico realizado por una perito en esa materia designada por el juzgado, establece que el comandante presenta un cuadro de trastornos compatible con quien ha sido víctima de tortura. La prueba física, que falta para completar el llamado protocolo de Estambul, no se ha realizado porque el juzgado no ha encontrado peritos en criminalística disponibles.

La Comisión Estatal de Derechos Humanos realizará en próximos días los estudios correspondientes sobre tortura a Yáñez. En el caso de otros tres detenidos, ya se hizo y el resultado fue positivo.

Pese a esto, la defensa dice que no ha sucedido nada y ni siquiera la procuraduría ha iniciado la averiguación para indagar los posibles actos de tortura.

“En esos momentos donde todo mundo está volteando a ver a México por las crisis de derechos humanos no se ha abierto una sola averiguación o acta circunstanciada ni se ha citado a los elementos a declarar (…) Hay directrices de que a la primera noticia incriminatoria de tortura, las autoridades tienen que actuar pero aquí no ha ocurrido” dijo el abogado Lara Rivera.

Silencio y drama

Animal Político buscó a la Procuraduría de Tlaxcala con varias preguntas sobre el caso, entre ellas que otros elementos además de las declaraciones existían y porque el MP no se presentaba en las audiencias. A través de Comunicación Social la dependencia respondió que no se podía dar una entrevista, pues el caso no se litigaría en los medios.

“Vamos a respetar el procedimiento que se lleva a cabo en este momento y no daremos comentario mayor en otra vertiente. Es el juez a quien le tocará determinar y nosotros nos vamos a reservar. Seguimos aportando pruebas y respetaremos la opinión del jue” indicó la dependencia.

La procuraduría no detalló a que pruebas se refería ni dio algún otro detalle.

Araceli Gómez, esposa de Yáñez, lamentó que lo que calificó como “un caso fabricado” haya terminado con la carrera de su pareja, quien llevaba más de 20 años de una trayectoria policial “intachable”, sin ningún antecedente negativo y por el contrario, con varios reconocimientos a la eficiencia.

Explicó que cuando pudo hablar con su esposo luego de la detención, este le narró todos los maltratos que recibió y la forma en como lo torturaron, al punto en que  le entintaron el dedo cuando ya estaba inconsciente, para poner su huella en la declaración que el atribuyeron y luego desmintió.

Aunque no tiene duda de que terminarán demostrando la inocencia de su esposo, Araceli señaló que el daño ya está hecho en todos los sentidos. De entrada tuvieron que vendar prácticamente todo el patrimonio con el que contaban para costear su defensa.

“Todo nuestro patrimonio ya se fue en esto. Los papas de mi esposo y mis papas están ayudando. El ya no quiere ser policía cuando esa era su vida. Yo estaba estudiando Derecho pero me tuve que salir también porque ya no había dinero y la verdad se me quitaron las ganas. A nosotros y a las familias de los demás policías nos han destrozado la vida” dijo.

Apenas el pasado 4 de marzo los familiares se manifestaron afuera de la procuraduría de Tlaxcala para exigir que ya no retarden más el juicio y las audiencias. Pero ni en esta ocasión ni en otra fueron recibidos por la procuradora.

-¿Y tú no has buscado hablar con ella directamente? – se le pregunta a Araceli Gómez


– La verdad no, le tenemos miedo… no dudaría que  a mí también me fabrique algo.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ARTURO ANGEL
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/03/procuradora-de-tlaxcala-fabrica-secuestro-para-presumir-lucha-anticorrupcion/