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Acusados, encarcelados, torturados... bajo un cargo falso

En 2011 los hermanos Razo Casales fueron detenidos por un secuestro que no cometieron. Tras largos años en prisión, los dos fueron absueltos pero Verónica fue torturada con saña y sufre las secuelas. Con todo, sus abogados tienen la esperanza de que otros casos del anterior sistema penal mixto puedan corregirse.

El caso de Erick y Verónica Razo Casales es uno de los miles que enmarcan las deficiencias que tenía el sistema de justicia penal mixto, que dejó de estar vigente desde 2016 y en el cual la tortura, la fabricación de delitos y violaciones a los derechos humanos eran el común denominador.

Los hermanos Razo fueron detenidos hace 12 años por elementos de la hoy extinta Policía Federal vestidos de civil y quienes no portaban órdenes de aprehensión ni se identificaron.

Abren proceso contra feminista en la CDMX; la acusan de agredir a su hija con base en una testigo que ahora nadie ubica

Karina, conocida como “Mime”, fue vinculada a proceso por supuestamente agredir a su hija, menor de edad. La acusación fue promovida por una testigo que no presentó identificación y no ha sido ubicada.

El pasado 13 de diciembre, Karina, conocida como “Mime”, se encontraba dentro de un baño, cerca del Metro Chapultepec, cuando ocho policías ingresaron, la sometieron y la detuvieron, todo frente a su hija de cuatro años. Esto ocurrió después de que fue denunciada por supuestamente golpear a la niña, por una testigo llamada Nohemí, a quien ahora nadie encuentra. Ayer, Karina fue vinculada a proceso por ese presunto delito.

Karla Micheel Salas, abogada del Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social, quien acompaña el caso de Karina, dijo en entrevista que, aunque inicialmente se le acusó de cometer violencia física y psicológica, las autoridades solo la vincularon a proceso por presuntas agresiones físicas, ya que no se pudo comprobar que emocionalmente hubiera causado daño a la menor.

Álvaro lleva 3 años preso sin juicio: su caso puede cambiar la justicia mexicana

En tres ocasiones, jueces se negaron a cambiar la medida de prisión preventiva oficiosa a Álvaro, quien lleva preso un año más de lo que la Constitución prevé como periodo máximo que puede durar.

El 26 de junio de 2018, Álvaro, un hojalatero de 53 años, circulaba en su vehículo a eso de la media tarde, cuando de la nada unos policías le dieron el alto y le obligaron a bajarse del carro.

“Esta es la camioneta en la que viajaban los rateros”, dijo una persona que acompañaba a los policías. 

“Realmente tengo miedo”, dice médico quien fue golpeado y acusado de homicidio en Edomex

“Me ha causado un problema psicológico tremendo. A cada rato estoy pegado en la ventana. Me voy por otro camino. Veo para adelante, para atrás. Oigo ruidos en la noche. Realmente tengo miedo”, dijo un médico del Estado de México, golpeado y detenido durante tres días por presunto homicidio, luego de una operación por empiema a una menor de edad.

El padre de una adolescente de 14 años, quien murió durante una segunda operación de extracción de pus en pulmones, tomó los brazos del doctor Francisco Navarro, otro sujeto lo agarró de las piernas y ambos lo arrastraron hacia afuera de la clínica privada “Torres”, ubicada en Cuautitlán, Estado de México. En recepción, otras personas también lo golpearon, lo patearon y lo insultaron. La mesa con el árbol de Navidad y revistas cayeron. Dos patrullas que pasaban por la calle se detuvieron y los llevaron al Ministerio Público. El médico, víctima de agresión, fue encerrado durante tres días acusado de presunto homicidio.

Detienen a 9 policías de Chihuahua acusados de inventar delitos a un joven y robarle

Los detenidos son presuntos responsables de los delitos de robo y abuso de autoridad, por hechos ocurridos en enero en Ciudad Juárez.

Autoridades de Chihuahua informaron sobre la detención de 9 policías acusados de inventar delitos a un joven en Ciudad Juárez  para detenerlo y robarle joyas y dinero en su domicilio.

“Fueron detenidos 9 policías estatales de 11 que cuentan con orden de aprehensión, como presuntos responsables de los delitos de robo y abuso de autoridad, por hechos ocurridos el 30 de enero de 2020 en Ciudad Juárez”, detalló el gobierno de Chihuahua, en un comunicado.

Manipular las escenas y falsear las acusaciones son prácticas comunes en México: Open Society

El informe “Atrocidades innegables. Confrontando crímenes de lesa humanidad en México” de Open Society Justice Iniciative, presentado esta semana en México, muestra casos particulares de asesinatos, desapariciones forzadas y tortura realizados por fuerzas federales en Chihuahua, Guerrero, Tamaulipas, Nuevo León, Veracruz, Baja California, Tabasco y el Estado de México. Estos, afirma, comparten patrones comunes: manipulación de la escena del crimen, detenciones injustificadas sin orden de aprehensión, negación de autoridades de estar involucradas y acusación a las víctimas de vinculación con el crimen organizado. No son hechos aislados.

Los múltiples delitos de asesinato, tortura y desapariciones forzadas cometidos por las fuerzas federales de México contra la población civil, después del inicio de la guerra contra las drogas, comparten diversas semejanzas, lo cual sugiere que fueron parte de una serie de eventos generalizados y constituyen una “línea de conducta”, afirma el informe “Atrocidades innegables” de Open Society Justice Iniciative.

“Nadie puede negar que en México se cometen atrocidades. Los casos de tortura, desaparición forzada y asesinato que se han cometido en el contexto de la política vigente de seguridad no son casos aislados. Por el contrario, se trata de una acumulación de actos que se repiten con metodologías similares, con recursos públicos y con el respaldo de las instituciones públicas”, declaró José Antonio Guevara de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMPDH).

Estos crímenes de lesa humanidad, aseguró, son delitos que no son susceptibles de ser imputados y no pueden estar sujetos a las inmunidades.

Juan Carlos Gutiérrez, de I(dh)eas Litigio Estratégico en Derechos Humanos, expuso que el informe pide que México investigue los crímenes de lesa humanidad, sin embargo, “no existe voluntad política para investigar violaciones graves a los derechos humanos porque nunca se ha reconocido la gravedad de la situación. El Estado mexicano se ha dedicado a cuestionar, estigmatizar y criminalizar a aquellas personas u organizaciones que han señalado la existencia de violaciones graves”, acusó.


ASESINATOS

En el caso de los asesinatos, las características identificables son que incluyen a víctimas en custodia del gobierno; en muchos está involucrado el Ejército; y las fuerzas de seguridad y las autoridades civiles federales intentan cubrir los asesinatos extrajudiciales a través de la manipulación de las escenas del crimen y de acusar a las víctimas de ser criminales.

En junio de 2008, documenta la organización, soldados del ejército mexicano detuvieron a un presunto miembro de un grupo delictivo en Chihuahua. Le vendaron los ojos y lo torturaron. “De ser posible, mátalo”, dijo un militar de alto rango. Y así fue. Los soldados quemaron el cuerpo del sospechoso y dispersaron sus cenizas en el campo.

Ese mismo mes, un año después, militares del 93 Batallón de Infantería detuvieron un autobús que viajaba por Guerrero rumbo a la capital. Después de realizar una inspección de rutina, dejaron arrancar al camión y… dispararon. Dos personas murieron, pero la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) no reconoció expresamente el asesinato extrajudicial cometido.

Durante un enfrentamiento armado entre soldados y delincuentes en abril de 2010 en Tamaulipas, el Ejército asesinó a Martín y Bryan Almanza Salazar de 9 y 5 años. La CNDH encontró evidencia de una extensa manipulación de la escena del crimen. En otro cruce de fuego, en octubre de ese año en Nuevo León, fue asesinado un arquitecto desarmado.

El informe de Open Society también presenta el emblemático caso del asesinato de 22 secuestradores en una bodega en Tlatlaya, Estado de México, a pesar de que, según testigos, se habían rendido. De acuerdo con la CNDH, los elementos manipularon la escena del crimen aquel 30 de junio de 2014. Los fiscales estatales y federales se resistieron activamente a cualquier intento de investigar las pruebas contra el Ejército.

Los siete soldados señalados por el asesinato de ocho civiles ya fueron absueltos.


DESAPARICIONES FORZADAS

Una de las características en común de las desapariciones forzadas ha sido que las fuerzas federales comprometidas en una misión para combatir el crimen organizado son los autores que han sido acusados.

Entre diciembre de 2006 y finales de 2014, de las 418 denuncias ante la CNDH por desaparición forzada, más de la mitad presuntamente fueron cometidas por el Ejército (SEDENA); otra tercera parte por la Marina (SEMAR) y el resto por la Policía Federal y la Procuraduría General de la República (PGR).

Además, de acuerdo con Human Rights Watch, las desapariciones muestran tácticas similares. Miembros de las fuerzas de seguridad detienen arbitrariamente a las víctimas sin la orden correspondiente y sin justificación. Cuando los familiares cuestionan dónde están, en las dependencias de las fuerzas de seguridad y en el Ministerio Público se les indica que nunca fueron detenidas.

El estudio narra que en noviembre de 2008, elementos del Ejército y de la Policía Federal detuvieron a dos hermanos en una vivienda mientras patrullaban las calles de Ciudad Juárez, Chihuahua. Dijeron haber recibido una llamada anónima sobre unos presuntos sospechosos armados involucrados en narcomenudeo. Aunque una inspección no reveló armas o drogas, ambos fueron detenidos y no han vuelto a ser vistos.

Mientras otros dos hermanos circulaban en un vehículo en Chihuahua, elementos del ejército los detuvieron en diciembre de 2009. Esa misma noche soldados ingresaron a la fuerza a la casa de su prima de 18 años y también la detuvieron. Desde entonces se desconoce el paradero de los tres.

Una noche de marzo de 2010, seis personas fueron secuestradas en un club nocturno en Iguala, Guerrero. Pruebas señalan que los autores pertenecían al Ejército, dice el informe. Los familiares que han exigido su localización han recibido amenazas, acoso y agresiones.

En Nuevo León, en marzo de 2011, dos jóvenes se encontraban en un departamento de Monterrey cuando de pronto ocho hombres armados con el uniforme de la Policía Federal entraron y se los llevaron a la fuerza porque la persona que buscaban no estaba. Cuando los familiares acudieron a la dependencia de la policía, los oficiales negaron tener conocimiento del arresto visto por la abuela de uno de ellos.

Un hombre que conducía un carro en agosto de 2013, también en Nuevo León, fue detenido por miembros de la Marina y lo subieron por la fuerza a una camioneta delante de testigos, entre ellos, su padre. El cuerpo fue encontrado dos meses después.  Los señalados negaron los hechos, pero este año Amnistía Internacional informó que cinco marinos fueron detenidos por desaparición forzada en relación con el caso.

Hace cuatro meses, elementos del Batallón 80 de la Infantería detuvieron a un mecánico mientras viajaba por un camino rural en Veracruz. Días más tarde, su cadáver fue localizado dentro de su carro incendiado. Mostraba signos de tortura. La piel de los tobillos se levantó hasta las rodillas.


TORTURA

Existen “inquietantes coincidencias” entre los testimonios de las víctimas de tortura en México expuestas por el informe de Open Society,

Los torturadores son las autoridades federales involucradas en la estrategia de seguridad contra el crimen organizado; las víctimas con frecuencia son detenidas bajo circunstancias similares (personas vestidas de civil, sin orden de detención y sin informar la causa de la detención conducen a las víctimas con los ojos vendados a sitios desconocidos mientras los golpean, insultan y amenazan); las autoridades retrasan la notificación sobre el paradero de las víctimas; la tortura se comete durante la detención preventiva y el arraigo; se acusa a las víctimas de vinculación con el crimen y son forzadas a confesar; y los torturadores usan los mismos métodos (golpizas, asfixia con bolsas de plástico, simulación de ahogamiento, descargas eléctricas, tortura sexual y amenazas de muerte).

La policía de Tabasco y el ejército arrestaron a 17 policías municipales durante un operativo en agosto de 2009. Los asfixiaron con bolsas de plástico, introducción de agua con un trapo en la boca, extracción de uñas, descargas eléctricas y simulacros de ejecución. Las víctimas fueron forzadas a firmar confesiones por delitos del crimen organizado.

Una mujer de Baja California, en febrero de 2011, después de dejar a sus hijos en la escuela, fue llevada a una base militar en Tijuana. Durante el arraigo los soldados la violaron en tres ocasiones, le administraron descargas eléctricas, la asfixiaron, cortaron su muñeca y amenazaron a sus hijos y pareja. Fue obligada a firmar una confesión que la implicaba a ella y a otros en delitos de narcotráfico.

En agosto de 2012, miembros de la marina irrumpieron en la casa de una mujer en Veracruz. La ataron y vendaron los ojos. En la parte trasera de una camioneta en una base naval, la agredieron sexualmente, la golpearon, la asfixiaron, la patearon y después la dejaron atada a una silla bajo un calor abrasador.


Luego tuvo que firmar una declaración que no leyó. La PGR la presentó ante los medios como una entre varios detenidos aprendidos en un vehículo robado en posesión de armas y drogas.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: DULCE OLVERA.
LINK: http://www.sinembargo.mx/12-06-2016/3051546