“Es posible que esa demanda busque torpedear la posible apertura de expedientes que nos prometió a El Colegio de México el Gobierno de Coahuila, no nos han abierto los expedientes. Esa una situación peculiar; la CEAV [Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas] es una institución de Estado y está pidiendo a la CNDH [Comisión Nacional de Derechos Humanos] , PGR [Procuraduría General de la República], Gobierno de Tamaulipas, de Coahuila. Estamos teniendo acceso a algunos expedientes. Si le puedo decir que la CNDH ha tenido gran apertura, pero hemos firmado un convenio de confidencialidad de no poder mostrar ni comentar estos documentos hasta que termine la investigación, pero sí es indispensable que nos den acceso en Coahuila, eso hablaré con el Gobernador”, dijo el propio Aguayo Quezada en entrevista a este diario digital hace unos días.
“Este sistema se presta para que el señor se dé por agraviado y empiece a demandar y a querer intimidar a quienes haciendo uso de su libertad de expresión lo cuestionan, escuchan y hacen que se escuche la voz y el sentir de miles de coahuilenses que se sienten desesperados por lo que pasó en Coahuila y donde la autoridad no hizo nada. Esta actitud bravucona de querer intimidar a quienes lo cuestionan no debe continuar más. El que debe rendir cuentas es él, no Sergio Aguayo, nadie más, es justamente él quien nos tiene que rendir cuentas. Él dejó hipotecado el futuro de los coahuilenses, con él hubo inseguridad, con él arrastramos una deuda que nos hace tener los impuestos más caros. Todas estas explicaciones nos las tiene que dar él, decirnos qué pasó y para eso las autoridades mexicanas tienen que colaborar y dejar de voltear a otro lado. Que no sean omisos y cómplices de lo que es evidente en Coahuila y que todos sentimos”, dijo en entrevista con SinEmbargo el Senador por el Partido Acción Nacional (PAN) de Coahuila Luis Fernando Salazar Fernández, sobre la demanda de Moreira en contra del investigador de El Colegio de México.
“La periodista Gloria Ruiz García, de Ciudad Acuña, Coahuila, acosada sexualmente y amenazada de muerte, autoridades federales y estatales intentaron desechar el caso al decir que no se consumó el delito, además buscaron una conciliación con el agresor, el líder de una organización política de la entidad”, dice el informe.
“Como en todos los asesinatos, VANGUARDIA exige a las autoridades militares, federales, estatales y municipales, una investigación a fondo. De la misma, se deberá desprender si estos crímenes están vinculados con el ejercicio periodístico.Nos parece triste y alarmante que Coahuila se convierta en un Estado en el que la autoridad condene a personas asesinadas, convirtiéndolas en delincuentes, sin que para esto ofrezca el mínimo de pruebas o argumentos, como ocurrió anoche”, publicó el medio al día siguiente.
“De las que me tocaron nunca hubo una investigación. Por ejemplo, cuando balacearon el edificio de El Sol de Coahuila. Desde hace tres años no ha habido un ataque o intento de intimidación por parte de algún grupo criminal en la Comarca Lagunera. En otras partes del estado sí hay un clima de amenazas o de intimidación”, comenta.
“No podemos ignorar que este presunto acto judicial coincide con las denuncias que hemos realizado en los últimos días para dar a conocer actos de ‘vigilancia’ e intimidación que han sufrido miembros desde nuestro personal y nuestro Director”, planteó el periódico.
“El CPJ está seriamente preocupado por el allanamiento en la casa del director de Vanguardia y las denuncias de intimidación efectuadas por el periódico”, afirmó.Ricardo Mendoza, director del periódico, dice que con Humberto Moreira se fortaleció el crimen organizado en el estado. Y ellos, los criminales, controlaron las líneas editoriales de Coahuila.
“En el caso de Humberto, son ataques directos a Vanguardia preferimos ajustar la línea editorial, debido a que no existía quien –ni el Gobierno local ni el Gobierno federal, ni ONGs– nos pudiera garantizar la seguridad”, afirma en entrevista con SinEmbargo.
“Cada quien tendrá sus lecturas. No te puedo decir, en el caso de Humberto Moreira, que el señor está ejerciendo su derecho ante una defensoría jurídica, lo único que hago es una relatoría de hechos. Muchas organizaciones lo que comentaban es que este tipo de acciones son de cierta forma intimidatorias para el ejercicio periodístico. Mientras no se determine si Moreira tiene razón o no en su querella sería desafortunado que nosotros –como parte acusada– definiéramos esta situación. Detrás de todo esto está la intimidación, el ataque a nuestra compañera”, dice. También lo es, añade, el despliegue de fuerzas policiacas para el desalojo de la casa de Armando Castilla.
“La petición de culpabilidad de González no menciona el nombre del ex Gobernador, de su ex tesorero o del hermano, a quienes los fiscales señalan de haber llevado a Moreira al poder. Pero fuentes cercanas a la investigación dijeron al San Antonio Express-News que el ex Gobernador mencionado es Humberto Moreira, quien dirigió Coahuila de 2005 a 2011, cuando renunció para irse a dirigir el PRI”, publicó el diario.
“Se estima que los fondos robados al estado de Coahuila por Moreira son aproximadamente cientos de millones de dólares”, dice la investigación publicada por el diario.
“CC1 estaba usando fondos del Gobierno del estado de Coahuila y dirigiendo esos fondos estatales a los partidarios que actuaban en concierto con CC1 para robar fondos del estado de Coahuila. Estas personas eran principalmente hombres de negocios que operaban en el estado, y / o eran vendedores que prestan servicios para el Estado de Coahuila, y tenía una relación con CC1 en el momento de la elección “, dice el acuerdo de culpabilidad de Rolando González Treviño. “Se estima que los fondos robados por el estado de Coahuila por CC1 aproximadas a cientos de millones de dólares”.
“El Gobierno de Estados Unidos quiere estar seguro de lo que hace. Por eso quieren más evidencias y eso es lo que están esperando: están todavía buscando más evidencias, buscando cuentas bancarias; es claro que la investigación apunta a Humberto Moreira con este caso, la sentencia de Rolando González está para septiembre 15 o 16, pero lo que he visto es que no le han levantado cargos a las personas que estén cooperando. Entonces podría ser que cambie la fecha de sentencia”, dijo Guillermo Contreras, uno de los autores de la investigación del diario estadounidense, en entrevista con SinEmbargo.
“Hay una serie de intereses políticos y económicos cuyo final último es que La Opinión se calle y cierre definitivamente; éste, un diario gratuito en la ciudad, vino a ganar terreno por su tipo de contenido y formato”.