INICIATIVA DE LEY DE CIBERSEGURIDAD AMENAZA LOS DERECHOS HUMANOS Y PROMUEVE LA MILITARIZACIÓN

La iniciativa de la Ley de Ciberseguridad publicada en la Gaceta Parlamentaria el día 25 de abril por el diputado del PVEM, Javier López Casarín, amenaza gravemente los derechos humanos en el entorno digital, promueve la militarización y posee serias deficiencias que la convierten en inviable y peligrosa.

Como varias organizaciones hemos observado y comentado en diversos pronunciamientos, tanto esta iniciativa como otras presentadas en materia de ciberseguridad no resultan ser ni constitucional ni operativamente viables, ni han procurado la participación de todas las voces y perspectivas desde una perspectiva multisectorial.

El anteproyecto del IFT que amenaza la libertad de internet

Especialistas en derechos digitales consultados por Proceso alertan sobre la amenaza que implica la aprobación del anteproyecto de lineamientos para la gestión de tráfico y administración de internet porque, aseguran, la red dejaría de ser un espacio plural, abierto y de libre ejercicio de los derechos humanos.

Imaginemos la internet como el servicio de televisión por cable: una internet fragmentada, empaquetada, en la que para acceder a un contenido, aplicación o servicio se tenga que pagar más dinero.

Imaginemos que las autoridades pudieran ordenar el bloqueo de contenidos, aplicaciones o servicios de internet en supuestos tan amplios y vagos como “situaciones de emergencia o de seguridad nacional”.

Tribunal Electoral ordena al INE realizar una investigación contra pejeleaks.org

A partir de una denuncia de Morena, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó al Instituto Nacional Electoral (INE) realizar una investigación a “profundidad” contra el sitio pejeleaks.org, por determinar “sustancialmente fundados” los argumentos de que los materiales ahí publicados presuntamente constituyen una “calumnia” en contra del partido y de su candidato presidencial, Andrés Manuel López Obrador.

Votado por unanimidad, el proyecto de sentencia elaborado por el magistrado José Luis Vargas Valdez obliga también a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del INE –que previamente se había negado a atender la denuncia de Morena– recurrir a la División Científica de la Policía Federal para identificar a los responsables del portal indiciado.

Libertad en el ciberespacio en México sufrió graves retrocesos en cinco años: Freedom House

En México, la libertad en el ciberespacio sufrió graves retrocesos en los últimos cinco años: mientras que actores políticos convirtieron las redes sociales en un escenario de amenazas y manipulación de la información, el gobierno federal utilizó herramientas digitales para espiar a periodistas y defensores de derechos humanos, deploró hoy la organización Freedom House.

En medio de la violencia impune contra la prensa y la libertad de expresión en general que impera en México, los asesinatos de dos periodistas quienes laboraban en medios digitales –Máximo Rodríguez Palacios y Cecilio Pineda Brito– en 2017, las repetidas amenazas de muerte contra otros informadores y los ataques cibernéticos contra portales noticiosos fomentaron la autocensura en línea, agregó la organización internacional.

Tu nombre será manchado en Internet

CIUDAD DE MÉXICO: Imagine —no es un escenario poco probable dadas las condiciones del país— que alguien fotografió el cadáver ultrajado de un familiar y subió la imagen a un blog; o que uno de sus hijos fue abusado y difunden el video en la red; o que una expareja furiosa propaga por los calabozos virtuales momentos íntimos con usted. ¿Espantoso, no? Bien, la desdicha apenas inicia.


Ese material literalmente viajará por el mundo y permanecerá por los años, imborrable en el museo virtual. Usted querrá detenerlo, en vano solicitará el auxilio de Google, Facebook, los dueños de los sitios, webmasters, y un infinito etcétera. Dependiendo cómo le afectó la información, a partir de ese momento su vida habrá dado un giro drástico; no querrán hacer negocios con usted, lo rechazarán en las solicitudes de trabajo, y será un candidato no apto para una agencia de matrimonios.

Esos infiernos los están padeciendo decenas de personas en el mundo. Veamos dos casos emblemáticos.

1.- Su hija está en un sitio gore. Su padre creía que su hija murió en un accidente y su cuerpo no sufrió daños mayores. Días después recibió un correo anónimo con el mensaje “¡Holaaaa papi! ¡Aún estoy viva!” con una imagen del rostro deformado de Nikki. En las fotografías regadas en más de 100 mil sitios web se exhibe el choque y el cuerpo mutilado de la víctima. La familia Catsouras lleva años tratando de eliminar esas imágenes. La lucha ha sido infructífera.

2.- No le damos trabajo porque sale en un video porno. Tuvo una relación de tres meses con un hombre. Al finalizar, el exnovio, en despecho, publicó un video de ambos teniendo relaciones sexuales. A partir de ello, nadie le quiere dar empleo. La universitaria pidió a un tribunal de Manhattan que ordene a Google, Yahoo y Bing borrar permanentemente su nombre de los motores de búsqueda. No lo ha logrado.

En México también existe un precedente. El 28 de enero de 2015 el Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI) anunció un proceso sancionatorio contra Google México a partir de la exigencia del empresario Carlos Sánchez de la Peña de borrar su nombre de una investigación publicada por la revista Fortuna que lo involucra con un supuesto fraude entre la empresa Estrella Blanca y Vamos México. En favor de la publicación, la Red de Defensa de los Derechos Digitales promovió un amparo argumentando que se había violado el derecho de audiencia de la revista. En agosto, el Séptimo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región concedió el amparo y anuló la orden del INAI. No obstante, la batalla jurídica permanece inconclusa.

Para algunos resultará anecdótico, pero al cantante Axl Rose, de Guns N’ Roses, no. El pasado 2 de enero demandó a Google: exige retirar de la red una fotografía tomada en 2010 en un concierto en Canadá que posteriormente se convirtió en meme y se viralizó haciendo mofa sobre su obesidad.

Las solicitudes enviadas al buscador más popular del mundo para eliminar links se incrementan aceleradamente cada año. En 2015 recibió peticiones para borrar 558 millones de enlaces, 60 por ciento más que en 2014.

Hay personas que legítimamente están dando la batalla legal para ser eliminados y poder seguir adelante con sus vidas; no obstante, también ha dado pie a que gobiernos, corporativos corruptos o delincuentes exijan el olvido de sus infamias, acto eminentemente de censura y violatorio del derecho a la información.

Uno de los casos que más ha dado pie a esta discusión es el conflicto Google-Francia, que surge de una sentencia judicial de 2014 que dictaminó que los europeos tienen el derecho a solicitar se eliminen los enlaces de consultas asociadas si los resultados son irrelevantes u obsoletos. La empresa acató la orden y ha borrado búsquedas ofensivas para el sector europeo, más no así en el resto de los continentes. A Francia no le satisfizo y la pelea continúa. Expertos advierten que, de cumplirse lo deseado por el país europeo, facilitaría que cualquier dictadura o gobierno intente que toda la información desfavorable sea borrada para el mundo entero.

Por casos como éste, la Red de los Derechos Digitales solicitó a los redactores de la nueva Constitución de la Ciudad de México no incluir el derecho al olvido, debido a que “esta medida ha sido repentinamente promovida por despachos privados como una forma de mantener limpia la reputación de funcionarios, políticos y empresarios”.

De hecho, existe un boom de negocios que se especializan en eliminar el historial de Google. Didac Sánchez, de Eliminalia.com, informó que esta compañía tiene 8 mil clientes alrededor del mundo; en una entrevista, argumentó: “Entendemos que el derecho al olvido se lo merece todo mundo, que cualquier persona, si así lo desea, merece no tener identidad en Internet”. Y reconoció que el 80 por ciento de sus clientes son políticos o exfuncionarios. En congruencia con su giro, se negó a explicar cómo hace su compañía para anular el historial en los buscadores.


Lo cierto es que fenómenos virtuales como éstos son parte cotidiana de la realidad actual, y las legislaciones están siendo rebasados por el sector privado y las infinitas posibilidades de internet. ¿Quién tiene derecho y quién no de ser borrado? ¿Cómo y cuándo se debe ejercer? ¿Defender a los inocentes sería el pretexto idóneo para la eterna impunidad política? ¿Se castigará a las empresas que se presten al encubrimiento? ¿Gente como Fidel Herrera o Javier Duarte podrán eliminar todo rastro de sus infamias y construir una reputación virtual impecable a base de cañonazos de dinero?

FUENTE: PROCESO/WWW.AGENCIADINAMITA.COM.
LINK: http://www.proceso.com.mx/471594/nombre-sera-manchado-en-internet

Derecho al olvido en internet: ¿un derecho, censura o un redituable negocio en México?

¿Puede un ciudadano exigir a Google que elimine de su motor de búsqueda los enlaces a una información periodística de años atrás en la que se le menciona en un presunto caso de corrupción, argumentando que se atenta contra sus datos personales y su imagen?

La respuesta a esta pregunta ha originado en México un intenso debate entre senadores, comisionados del Instituto de acceso a la información, expertos de Google, activistas, comunicadores, y ciudadanos, hasta formarse dos posturas: por un lado, están quienes sostienen que cualquier persona tiene derecho a ser ‘olvidado’ en Internet si se cumplen ciertas condiciones. Y por el otro, están los que denuncian que eliminar enlaces que lleven a notas periodísticas en la Red es un acto de censura.
El caso en México de la revista ‘Fortuna’

En México, este debate comenzó el 28 de enero de 2015, cuando el Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI) anunció un proceso sancionatorio contra Google México porque un ciudadano no había podido ejercer su derecho a cancelar sus datos personales en Internet.

El caso fue promovido por el empresario Carlos Sánchez de la Peña, quien pidió a Google que eliminara varios resultados de búsqueda relacionados con su nombre. Uno de esos enlaces llevaba al reportaje periodístico ‘Fraude en Estrella Blanca alcanza a Vamos México’, publicado en el 2007 por la revista Fortuna. En esta nota, el empresario es mencionado como uno de los implicados en presuntos actos de corrupción.

Ante la negativa de Google de retirar los enlaces, Sánchez de la Peña inició un procedimiento de protección de derechos ante el INAI alegando que la nota afecta a su esfera “más íntima” y también a sus “relaciones financieras actuales”. El Instituto resolvió ordenar a Google que removiera los enlaces, haciendo referencia en su argumentación al llamado ‘derecho al olvido’.

Este derecho, que en realidad es un concepto puesto que no está reconocido en la legislación mexicana como tal, tuvo su primer antecedente en mayo de 2014. En ese entonces, y a partir de la demanda de un abogado español que exigió a Google España que retirara un link a una nota de 1997 sobre un caso de impagos que ya había saldado, el Tribunal de Justicia de la Unión Europa ordenó a los buscadores que retiraran los enlaces a notas publicadas años atrás, si se comprueba que son lesivas para una persona y carecen de relevancia.

La sentencia aclara que en ningún caso se eliminará la nota original del medio, solo los enlaces de los buscadores a esa nota. Y precisa que no se tomarán en cuenta las peticiones cuando la información afecte a una figura pública como funcionarios de gobierno.

“Google no quiere el rol de censor de la red”

Los puntos no tranquilizaron a las organizaciones defensoras de la libertad de expresión.

La oficina en México de Artículo 19 denuncia que aunque no se elimine la nota original, el acto de suprimir los enlaces provoca un daño al medio de comunicación, puesto que deja de recibir tráfico a su nota, y supone “un claro acto de censura”.

“Para nosotros, el mal llamado ‘derecho al olvido’ en un concepto regresivo para la libertad de expresión -subraya Paulina Gutiérrez, abogada integrante de Artículo 19-, puesto que a partir de una interpretación errónea de la ley de protección de datos personales, se valida un mecanismo que sirve para censurar información”.

El punto sobre la ‘relevancia’ de la información es la otra gran polémica.

La resolución europea establece que cuando la ciudadanía solicite eliminar un link, los buscadores deberán ponderar “caso por caso” si la información publicada es aún relevante o no, y si por tanto el enlace se elimina o no. Una decisión “muy grave”, en opinión de la jefa de políticas públicas de Google México, Lina Ornelas, puesto que deja en manos de una empresa privada la facultad de impartir justicia.

“Intervenir en las notas periodísticas que Google debe o no buscar puede pegarle a la neutralidad de la Red, y nos parece que es un acto de censura previa y de privatización de la justicia, porque al final del día es una empresa la que determina a qué información tenemos derecho a acceder y a cuál no. Y nosotros no queremos ese rol de censores”, recalca Ornelas.

En este sentido, la especialista de Google señala que hay “excepciones” para eliminar links en México y en cualquier otro país, aunque se trata de casos muy claros como pornografía infantil, cuando se publican datos personales como el pasaporte, el IFE, o grupo sanguíneo, o cuando hay una violación a los derechos de autor.

“Si hay un ilícito, no hay interpretación posible: se elimina el enlace. El problema es que la sentencia europea dice que no debemos desindexar –eliminar- los enlaces a notas que sean de interés público y relevante. Pero esto es algo muy subjetivo y ahí está el peligro, porque lo que puede ser de interés para Google, para otra persona puede que no lo sea, y viceversa”.

Derecho a la rectificación, sí; borrado, no

Para evitar esto, el director de la Red por la Defensa de los Derechos Digitales (R3D), Luis Fernando Garza, recuerda que en el caso de México la ley ya reconoce mecanismos para limitar la libertad de expresión cuando se producen abusos, como la demanda por daño moral, u otras medidas como el derecho a rectificación o el derecho de réplica.

“Por ejemplo, si el empresario Carlos Sánchez cree que la nota de Fortuna daña su imagen de manera ilegítima, pues que demande a la revista o que le pida una rectificación –plantea Garza-. Y entonces será responsabilidad del medio analizar si rectifica. Pero será una decisión del medio, que es el responsable de la información, y no de un tercero como Google”.

Lina Ornelas trae a colación otro ejemplo de un caso real en Colombia. En aquel caso, una ciudadana pidió a Google que eliminara los links a las búsquedas que la relacionaban con una investigación de trata de personas, misma que prescribió y de la que no fue hallada culpable.

“La diferencia es que la justicia colombiana, en lugar de pedirle a Google que desindexara los enlaces (como hizo en México el INAI en el caso del empresario Carlos Sánchez) le ordena al medio que aclare en otra nota que el delito prescribió. Es decir, no borra la verdad sobre que una ciudadana estuvo mencionada en este caso, sino que aclara que no es culpable”.

De esta manera, para Ornelas la justicia sí garantiza una protección integral a la afectada, porque en la resolución europea solo le pide al buscador que elimine los links, pero la nota sigue apareciendo en el sitio original, lo cual puede continuar generando afectaciones a la persona.

En definitiva, para la directora de políticas públicas de Google existen “otros mecanismos mucho más eficaces”, que el borrado de la información para proteger a los ciudadanos. No obstante, coincide con los activistas de Artículo 19 y de la R3D en que “se está malinterpretando” el llamado ‘derecho al olvido en internet’, para permitir a personas “borrar un pasado ominoso en la Red”. Una situación, critica, que está generando que empresas vean en este ‘derecho’ una jugosa oportunidad de negocio.

“Borramos tu pasado en Internet desde 60 mil pesos”

Eliminalia, una empresa española que aterrizó en México en 2015 con el lema ‘Borramos tu pasado’, es una de esas compañías.

“Borrar tu nombre y apellidos de internet y sus buscadores es posible –reza uno de sus reclamos publicitarios-. En Eliminalia nos dedicamos a borrar su pasado, porque usted también tiene derecho al olvido”.

Dídac Sánchez es el fundador de esta compañía que, según el joven empresario, tiene un volumen de 400 clientes mensuales entre políticos, personas de negocios, ciudadanos, “y alguna compañía de electricidad y suministros”. Un grupo heterogéneo de clientes que paga cifras que van desde los 3 mil euros “si eres un ciudadano anónimo” (60 mil pesos aproximadamente), hasta los 20-30 mil “si eres un personaje público” (400-600 mil pesos), o incluso hasta los 100 mil “si eres un personaje muy público” (2 millones de pesos).

“El derecho al olvido en internet es un derecho que merece todo el mundo”, plantea Sánchez nada más arrancar la plática vía Skype para, a continuación, exponer un ejemplo con el que argumenta su afirmación.

“Imaginemos que hablan de mí en un diario. Y esa información puede ser veraz o no. Pero durante todo el tiempo en el que un juez lo decide, la información está en la Red. Pero ojo, incluso aunque el juez me diera la razón, tampoco tendría el derecho de eliminar la información. Entonces –se pregunta el empresario-, ¿para qué me sirve que la Justicia me dé la razón si voy a seguir condenado en los medios toda mi vida?”.

Por ello, Sánchez muestra a su compañía como el resultado de la necesidad en México de hacer lo que el INAI, a la fecha, no ha conseguido hacer: “satisfacer al ciudadano que quiere salir de Internet”.

“Cuando el río suena…”

Sobre las herramientas planteadas por Google y la R3D para solicitar mecanismos de reparación que rectifiquen una información sin borrar los enlaces, el fundador de Eliminalia opina que éstas no son suficientes: “El cliente no quiere que la noticia que lo perjudica se alimente de más noticia, sino que su nombre deje de estar relacionado a esa noticia”.

“Además –agrega- Sánchez-, hay una expresión que dice que ‘cuando el río suena, agua lleva’ . Y si durante un año un medio ha publicado que yo era un violador, ¿de qué me sirve que de forma puntual ese medio, de otros 200 que ya habrán replicado la nota, diga ahora que las acusaciones no eran ciertas? No sirve de nada, porque el daño va continuar”.

Por otra parte, se le cuestionó sobre las acusaciones que organizaciones civiles vierten sobre su compañía, acerca de que ésta defiende a personajes corruptos llevando a cabo prácticas agresivas, como asistir a medios de comunicación para advertir que deben bajar tal información sobre un cliente so pena de iniciar una demanda.

“Nuestro targeting en México es un cliente que ha tenido roces con su Gobierno, pero no tiene por qué ser un cliente corrupto, sino un cliente con un perfil público. En cualquier caso –matiza el empresario-, Eliminalia no es un juzgado. No somos fiscales, ni la policía. Somos una compañía que nos dedicamos a eliminar contenido en Internet, y defendemos los intereses de cualquier cliente, independientemente de si es político o no, y de si gusta o no a los medios”.

-¿Aunque sea un político con acusaciones de corrupción? –se le insiste, a lo que Sánchez contesta muy puntual:

-Creemos que todas las personas tienen el derecho al olvido en Internet, sin importar qué es lo que hizo durante su vida profesional.

Epílogo: anulan resolución en México sobre ‘derecho al olvido’

El pasado 24 de agosto, el debate sobre el ‘derecho al olvido en Internet’ escribió un nuevo capítulo en México. Ese día, un tribunal colegiado concedió el amparo solicitado por la revista Fortuna, representada legalmente por la R3D, en contra del INAI. Con esta decisión, se anuló la orden que giró el INAI a Google México en enero de 2015 para remover un enlace a la nota periodística de esta revista.

Aunque para la R3D esta decisión es un triunfo frente al ‘derecho al olvido’, la comisionada del INAI Patricia Cursain matiza que la decisión de la justicia significa que el procedimiento de protección de derechos del empresario Carlos Sánchez deberá reiniciarse. Solo que en esta ocasión están obligados a llamar a la revista Fortuna, ya que en la resolución de 2015 la excluyeron del proceso.

“El juez no consideró si la decisión del INAI (de ordenar a Google eliminar los links a la nota de Fortuna) es una decisión que debemos cambiar. No, lo que el juez dijo fue: ‘no escuchaste a un tercero (revista Fortuna) que tenía derecho a audiencia y por lo tanto debes llamarlo y repetir todo el proceso”, explica la comisionada, quien recalca que una vez que analicen de nuevo todos los argumentos, incluidos los de la revista, “volveremos a emitir un resolución, y ésta puede ser en el mismo sentido de la primera (cuando ordenaron retirar los links), o a lo mejor puede cambiar. Pero eso aún no lo sabemos”.

En otras palabras, el debate sobre el ‘derecho al olvido’ continuará.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO
AUTOR: MANU URESTE
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/09/derecho-olvido-internet-censura-mexico/

Redes sociales deben regularse en materia electoral: magistrado del TEPJF

CIUDAD DE MÉXICO: El magistrado electoral Pedro Esteban Penagos consideró que las redes sociales deben ser reguladas en materia electoral a fin de procurar que no exista inequidad en la contienda, al tiempo que reconoció que las mismas maximizan el ejercicio de la libertad de expresión para emitir un voto informado y razonado.

En el marco de la conferencia magistral “Libertad de expresión: El uso de las redes sociales en procesos electorales”, realizada tanto en Mexicali como en el Centro Cultural de Tijuana, Baja California, Penagos López reconoció que las redes constituyen el instrumento más importante para hacer oír y atender la voz, y la voluntad ciudadana, maximizando el ejercicio de la libertad de expresión.


El integrante del TEPJF destacó que “estamos en una etapa de transición en la que se oyen voces que exigen su regulación, que si bien es necesaria, no debe caer en su limitación como instrumento para el ejercicio de la libertad de expresión, pues hay que procurar un régimen de plena apertura, salvo casos de excepción”.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.proceso.com.mx/439370/redes-sociales-deben-regularse-en-materia-electoral-magistrado-del-tepjf

#LeyFayad y TPP, provocaciones a derechos en Internet

MÉXICO, DF: “Pirómano” y excesivo como suele ser en sus declaraciones, el senador hidalguense Omar Fayad, del PRI, asumió así su derrota frente a la intención de lanzar una Ley Federal para Prevenir y Sancionar Delitos Informáticos: “No sólo la vamos a retirar, la vamos a quemar”.

El gusto al legislador priista no le duró ni una semana. Desde el martes 27 de octubre, cuando fue presentada tras una serie de consultas controladas con representantes de la Policía Federal Preventiva, la #LeyFayad nació muerta.

Fueron tan absurdos sus presupuestos y artículos que pareció más una provocación que un ejercicio legislativo serio. Organizaciones como la Red de Defensa de los Derechos Digitales (@R3dmx), así como Artículo 19, la AMEDI, el colectivo Anonymous y miles de usuarios y especialistas en la neutralidad de la red le demostraron al propio Fayad que antes de criminalizar debía entender el ciberactivismo y, en especial, la defensa de los derechos en la red.


Fayad no pudo defender de manera convincente ninguno de los artículos más polémicos de la ley que fue bautizada con su nombre porque simple y sencillamente era difícil argumentar a favor de artículos tan retrógrados como el 17 o los del 21 al 24 de la #LeyFayad.

Tweets sobre #LeyFayad



Por ejemplo, el artículo 17 estipulaba que “a todo aquel que dolosamente destruya, inutilice, dañe o realice cualquier acto que altere el funcionamiento de un sistema informático o alguno de sus componentes, se le impondrá una sanción de cinco a quince años de prisión y multa de hasta mil días de salarios mínimos”.

La Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) consideró que este ordenamiento puede constituir una criminalización al uso de la computadora personal o a considerar delito tirarla a la basura.

Fayad afirmó que este artículo hablaba de “actitud dolosa”. “Si la actitud no es dolosa, si tú tiras la computadora, ¿por qué se va a interpretar que cometes esta conducta?”, abundó sin explicar quién determinará el uso “doloso”.

En los artículos 21 al 24 hay una amplia interpretación respecto de lo que puede ser intimidación, hostigamiento y agresión en las redes sociales. Un párrafo de su artículo 21 ordena:

“A quien, a través de medios informáticos acose, hostigue, intimide, agreda o profiera cualquier forma de maltrato físico, verbal o psicológico en contra de usuarios de Internet de forma reiterada y sistemática, se le impondrá una pena de seis meses a dos años de prisión y multa de cincuenta a ochenta días de salario mínimo”.

En muchos sentidos, la #LeyFayad tuvo el descaro de revelar cómo piensa un sector del peñismo y del priismo frente a la nueva dinámica del uso del Internet y, en especial, de las redes sociales, auténtica pesadilla para un telepresidente acostumbrado sólo a la comunicación vertical, unilateral y analógica.

Sin embargo, lo verdaderamente retrógrada no es la hoy extinta #LeyFayad sino otros ordenamientos que, con el pretexto de proteger el comercio internacional, buscan imponer restricciones al uso del Internet.

Es el caso del Acuerdo Transpacífico (TPP, por sus siglas en inglés), negociado en secreto, sin consultar a ninguno de los organismos legislativos de las 11 naciones firmantes, incluyendo a Estados Unidos y México, mucho menos a las organizaciones defensoras de los derechos digitales.

El TPP prevé penalizar a quienes revelen delitos empresariales “a través de sistemas informáticos”. Y con el pretexto de proteger los derechos de autor, el TPP autoriza que proveedores de contenidos puedan eliminar publicaciones o videos en Facebook o YouTube si se recibe una queja formal.

“Es la peor ley de copyright”, han subrayado otras organizaciones como Electronic Frontier Foundation (@EFF), críticas del TPP.


En otras palabras, la amenaza al libre flujo de información y de contenidos en Internet no está en los policías o en los regímenes autoritarios solamente, sino en los acuerdos de libre comercio de reciente generación, a través de los cuales se pretenden conculcar derechos digitales.

FUENTE: PROCESO.
AUTRO: JENARO VILLAMIL.
LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=419903

El priísta Fayad retira formalmente su iniciativa para castigar delitos en Internet

El tema no estuvo en la agenda del Senado, aclara el perredista Miguel Barbosa.

El presidente de la Comisión de Seguridad Pública del Senado, el priísta Omar Fayad, solicitó formalmente a la mesa directiva de este órgano legislativo que retire la iniciativa que presentó hace dos semanas para prevenir y sancionar los delitos informáticos, conocida como ley Fayad.

Asimismo, el priísta informó que las audiencias previstas para este jueves por la tarde –en las que recibiría a víctimas, organizaciones civiles y académicos– se posponen y se recalendarizarán, con el objetivo de convocar a un mayor número de especialistas, cibernautas e interesados en el tema.

El priísta retiró su propuesta luego de que en días pasados recibió una serie de críticas y cuestionamientos de organizaciones civiles, especialistas y cibernautas, que calificaron la iniciativa de ley mordaza. Incluso, advirtieron que con esa propuesta del PRI se pretendió coartar la libertad de expresión y la libertad de acceso a Internet, así como prohibir la crítica al Ejecutivo en temas como el de la Casa Blanca.

Fayad adelantó el pasado fin de semana que retiraría su iniciativa porque ha generado muchas dudas, críticas y se ha desvirtuado totalmente, se ha prestado a todo tipo de interpretaciones. Si esta versión mete tanto ruido y ha requerido de mi parte tanta explicación, por supuesto que no sirve. La voy a retirar.

Destacó: “yo no me voy a empecinar en sacar adelante esta versión de la ley que se presta a interpretaciones en algo tan delicado como son los delitos. Tampoco quiero coartar la libertad de expresión. Mi iniciativa no es una ley mordaza, como la han denominado; no es así. La están malinterpretando”.


Incluso señaló que “hay una sobrerreacción a la propuesta. Yo soy uno de los senadores más tuiteros; estoy mucho tiempo en las redes sociales. Me han calificado de ser, entre los legisladores del PRI, el número uno en Twitter, y me encuentro entre los primeros lugares de todos los senadores de la República, Entonces, cómo creen que iba yo a estar tratando de coartar la libertad de expresión y la libertad en Internet; de ninguna manera”.

En la carta que Fayad remitió al presidente del Senado, Roberto Gil Zuarth, con fecha de ayer, en seis líneas le solicita el retiro de la iniciativa por la que se expediría la ley federal para prevenir y sancionar los delitos informáticos, presentada por el que suscribe, el pasado 27 de octubre del año en curso.

En otro texto, de cinco párrafos, el senador priísta informó a los medios de comunicación que solicitó a la mesa directiva del Senado que se retire de manera formal la iniciativa referida.

En ese escrito apunta que ante el constate incremento de ilícitos cometidos con Internet como herramienta, la realización de los foros será con objeto de construir una iniciativa que permita prevenir y sancionar los delitos informáticos, tal como es su compromiso como legislador.

Reiteró: la iniciativa que construiremos tras escuchar diferentes voces especializadas e interesadas en el tema encaminará el esfuerzo legislativo a combatir a los ciberdelincuentes, ya sea de manera individual o como crimen organizado.

Insistió en que el combate a este tipo de crímenes no tuvo ni tiene nada que ver con una intención de coartar la libertad de expresión, pues como siempre estaré en favor de las garantías que establece la Constitución.

Por su parte, el coordinador de los senadores del PRD, Miguel Barbosa, afirmó: la materia de los ciberdelitos y la regulación de la red no está en la agenda del poder público, y creo que se le dio mucha importancia a una propuesta legislativa que no se convertirá en ley porque no está en la agenda de ninguna de las partes que determinan el avance del proceso legislativo.


El perredista Barbosa insistió: el tema no está en la agenda del Senado.

FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: VÍCTOR BALLINAS.