“Si no se van de su pueblo, los matamos”

La violencia que se vive en los municipios de Chilapa y Zitlala no es nueva, las sangrientas cifras que arrojan los municipios día con día son conocidas a nivel nacional e internacional en donde destacan los encabezados sobre personas ejecutadas y desaparecidas; sin embargo, hay una gran parte de la población que suele pasar desapercibida y que las propias autoridades han buscado ocultar. Son estos municipios los que cuentan con mayor número de personas desplazadas, pero de cuyas historias poco se sabe, tan sólo en 2016 varios medios de comunicación señalaban el desplazamiento de al menos 500 habitantes de ambos municipios, desterrados de sus comunidades ante la violencia infringida que han desaparecido y ejecutado a sus seres queridos.

Defender la tierra con el acero en la mano

Cuando la gente supo que en las tierras de Cacahuatepec el gobierno planeaba construir la presa la Parota, el finado Isabel Suástegui Valeriano junto con Simón Cruz, fueron a ver a Marco Antonio a la playa. Los campesinos de Garrapatas se pusieron al frente de esta lucha antes del 2003. La gente de San José, de donde era originario el tío de Marco Antonio, también se adhirió a este movimiento. En la playa Icacos el joven arquitecto escuchó con mucho interés el relato plagado de preocupación y de angustia de sus familiares. Fue un encuentro luminoso: don Isabel y Simón vieron en Marco a un profesionista de la región que podía apoyarlos en la organización de las comunidades. 

Las violaciones a los derechos humanos contra el CECOP y la CRAC-PC

El 7 de enero de 2018 se suscitaron hechos de violencia en Cacahuatepec, en la zona rural de Acapulco, al finalizar un baile que se celebró en la comunidad de La Concepción con motivo de una fiesta local. Un operativo letal y violatorio de los derechos humanos de fuerzas policiales en esta fecha dejó personas ejecutadas extrajudicialmente, personas torturadas y detenidas arbitrariamente, así como un ambiente de vulnerabilidad para familias que en años anteriores decidieron organizarse a través del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la presa La Parota (CECOP) y de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias – Policía Comunitaria (CRAC-PC) para defender su derechos al territorio y al consentimiento libre, previo e informado. La actuación parcial e irregular del Estado frente al conflicto añejo derivado de la construcción de la presa hidroeléctrica La Parota ha dado pauta a una polarización intracomunitaria para después incursionar de manera extremadamente violenta en la comunidad de La Concepción, Acapulco.

La fuerza letal del estado contra el CECOP

El 28 de julio de 2003 en la región del río papagayo se gestó un movimiento emblemático protagonizado por hombres y mujeres que habitan en el Acapulco rural y que viven fundamentalmente de lo que producen en el campo y lo que llegan a pescar en el río. Es un movimiento que nació a contrapelo de las políticas privatizadoras del gobierno federal y cuyo eje de su lucha se centra en la defensa de sus bienes naturales. Se organizaron al ver que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) incursionaba sin permiso a su territorio, trasladando maquinaria pesada para realizar los trabajos previos a la construcción de la cortina que tendría una altura de 190 metros para almacenar el agua del río papagayo y edificar el megaproyecto de la presa hidroeléctrica conocida como La Parota.

Los deseos de la clase política

Entre la clase política, el abrazo efusivo de año nuevo condensó lo más disímil de sus deseos, sobre todo cuando estamos en los albores de un año electoral. Este espectro de personajes marcados por la ambición, son el reverso de la realidad que padecen las familias mayoritariamente pobres del estado, quienes en su sana convivencia y en medio de su precariedad, comparten deseos e ilusiones para que termine esta pesadilla. Sus deseos son la expresión viva de su dolor y de su sufrimiento; de lo que implica tener un ser querido desaparecido o de ser víctima del horror, causado por seres siniestros que asesinan con la seguridad de que sus crímenes engrosarán las carpetas de investigación marcadas por la impunidad.

La apuesta por las armas

Una camarilla de políticos encumbrados logró imponer una ley marcial que le otorga a las fuerzas armadas más poder del que ya ejercen. Esta línea dura es la que avalaron los senadores y diputados del PRI, del Verde Ecologista y una fracción del PAN. Un grupúsculo que ha sabido lucrar con el poder, estableciendo alianzas con los grandes empresarios y las elites militares. Son personajes truculentos que no tienen la calidad moral ni política para representar a la sociedad en su conjunto. Desconocen la realidad que cotidianamente enfrenta la población que es víctima de graves violaciones a los derechos humanos. Es una clase de burócratas que se reducen a levantar la mano para congraciarse con sus jefes políticos. No tienen más perspectiva que sus intereses mezquinos y su visión cortoplacista. Sin dimensionar las implicaciones que tendrá una policía militarizada en un país sumido en la violencia, aprobaron una ley que le da legalidad a la actuación de los militares centrada en el uso de la fuerza y el accionar de sus armas. Para las elites políticas y económicas, la única forma para salir del laberinto de la violencia, es colocar a las fuerzas armadas dentro de un contexto, donde se han coludido las autoridades con el crimen organizado y donde prevalece una alta conflictividad social y política. Las fuerzas armadas son puestas por los políticos como los principales actores para tomar el control de la vida pública y someter a la población que, de acuerdo a su visión, son una amenaza para el orden público.

Centro Tlachinollan cumple 23 años en situación de riesgo, amenazas y violencia: ONU

Durante 23 años, el Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, en Guerrero, ha trabajado en “una situación de riesgos, de peligro, de amenazas -y- de violencia”, aseguró el representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México (OACNUDH), Jan Jarab, durante su participación como invitado especial en el aniversario del Centro y la presentación de su informe.

“Estamos aquí para expresar nuestro apoyo y admiración al trabajo de Tlachinollan. Es un trabajo muy valiente”, reconoció Jarab.

Guerrero tiene los índices de homicidio y crímenes graves más altos: Tlachinollan

Ciudad de México | Desinformémonos. Guerrero es el estado más violento en México, con los índices de homicidio y crímenes graves más altos y con las instituciones cooptadas por el crimen organizado, resaltó el Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan” en base a los resultados de su informe anual “¡Pueblo Indignado! ¡Resistir con el corazón por delante!”, el cual se presentará el próximo 20 de agosto en Tlapa Comonfort.

En el informe se expone un análisis de la situación actual de violencia generalizada, colusión y graves violaciones de derechos humanos en el estado de Guerrero, a través de cifras de la ignominia que desenmascaran la realidad de la entidad, apunta el Centro.

De igual forma, el documento incluye apartados que señalan los avances en los procesos organizativos de los pueblos indígenas de la Montaña, como parte de la lucha en defensa del territorio ante diversas amenazas extractivistas.

Por otra parte, los miembros de Tlachinollan exigieron al Estado la inmediata implementación del mecanismo de seguimiento de las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), ante los hechos de desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa el 26 de septiembre del 2014.

La presentación del informe se realizará como conmemoración del duodécimo aniversario de Tlachinollan, y el trabajo se dedicará a “aquellas personas que luchan con el corazón por delante, incluyendo las familias, los padres y las madres de los estudiantes desaparecidos, ejecutados y lesionados de Ayotzinapa, las comunidades de la región de la Montaña organizadas por sus derechos y las víctimas de violaciones de derechos humanos que día a día levantan su voz contra la impunidad, quienes nos acompañarán durante el evento”.

FUENTE: DESINFORMÉMONOS
AUTOR: REDACCIÓN
LINK: https://desinformemonos.org/guerrero-tiene-los-indices-de-homicidio-y-crimenes-graves-mas-altos-tlachinollan/

San Miguel del Progreso combate con otro amparo la desprotección por el sobreseimiento de la SCJN de su recurso contra la Ley Minera

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) discutió el día 24 de mayo el amparo en revisión 393/2015 promovido por la comunidad indígena Me’phaa – Júba Wajiín- San Miguel del Progreso y decidió sobreseerlo, dejando pasar así la oportunidad histórica para examinar la inconstitucionalidad e inconvencionalidad de la Ley Minera y sentar criterios sobre los derechos colectivos de los pueblos indígenas, informó el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.

Al respecto, el Consejo Tiyat Tlalli de Puebla, integrante de la  Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) aseveró que es “preocupante por decir lo menos” el fallo citado. “Con esta decisión la Corte dejó ir una oportunidad histórica de pronunciarse al respecto y otorgar el amparo y protección de la Justicia federal a favor del pueblo indígena de San Miguel del Progreso e indirectamente a favor de todos los pueblos y comunidades indias del país, bien confirmando la sentencia del Juzgado de origen o bien modificándola y sentando criterios nuevos y novedosos en materia de protección de los derechos colectivos de los pueblos indígenas de México y declarando inconstitucionales los artículos combatidos de la Ley Minera. Pero pasó todo lo contrario”.

Tlachinollan indicó que la decisión de la Primera Sala unánimemente apoyó el proyecto de sobreseimiento de la Ministra Piña Hernández, sobre la base de que los efectos del acto reclamado habrían cesado una vez que las concesiones que afectaban el territorio de San Miguel del Progreso – acto por el que se inició el juicio de amparo – fueron canceladas. Sin embargo, la comunidad por vía de un escrito a la SCJN, alegó que existían otros efectos derivados de este hecho y que el sobreseimiento les dejaría en la total desprotección.

En ese contexto, “para la comunidad de San Miguel del Progreso y para Tlachinollan no queda duda de que tanto la Secretaría de Economía (SE), la industria minera y las empresas concesionantes buscaron por vía de la cancelación de las concesiones, evitar a toda costa la revisión por parte de la SCJN del marco normativo minero vigente que permite vulnerar los derechos colectivos de los pueblos indígenas y sentar criterios en los temas que la Corte había establecido como primordiales en materia de derechos colectivos de los pueblos indígenas”.

Añadió Tlachinollan que si bien San Miguel del Progreso reconoció  públicamente que la cancelación de las concesiones es un logro de su organización comunitaria y la del Consejo Regional de Autoridades Agrarias en Defensa del Territorio de la Montaña, hay nuevas amenazas por el sobreseimiento del amparo y la emisión de la Declaratoria de Libertad de Terreno – publicada el 24 de noviembre del 2015 en el Diario Oficial de la Federación – consecuencia de la cancelación de las concesiones, lo que permite a la SE, en un plazo de 30 días, volver a otorgar concesiones mineras en los lotes liberados.

Ante ello, Júba Wajiín interpuso un segundo amparo, admitido en diciembre del 2015 y se otorgó a favor de la comunidad indígena la suspensión de plano, con el fin de que las declaratorias de libertad no surtan efectos, lo que imposibilita a la SE para autorizar la entrega de concesiones mineras a particulares que deseen los lotes liberados hasta que se resuelva el fondo del juicio. Posteriormente se remitió el amparo bajo el número de 429/2016, al Juzgado Primero de Distrito para que sea éste quien resuelva.

Por todo lo anterior, afirmó Tlachinollan, es momento de que la Jueza Primera de Distrito a cargo de dicho evalúe a detalle los antecedentes del mismo y mantenga el estándar de protección a los derechos colectivos de la comunidad indígena, dejando sin efectos la declaratoria por haberse emitido sin consulta al pueblo Me’phaa de San Miguel del Progreso.

Agregó que por su parte la comunidad continuará la defensa de su territorio que milenariamente ha emprendido por diversas vías; la cual el día de hoy, por medio de la cancelación de las dos concesiones mineras ha beneficiado a once núcleos agrarios de seis municipios, con alrededor de 240 comunidades indígenas que cubren 168 mil 346 hectáreas del territorio de la Montaña de Guerrero.

El Consejo Tiyat Tlalli por su parte manifestó que “es de todos conocidos que el gobierno mexicano está alineado al capital transnacional que saquea y despoja los bienes comunes de todos los mexicanos pero sobre todo de las comunidades indígenas y campesinas del país. Sabemos que el Poder Legislativo federal y el Poder Ejecutivo están de parte de las empresas mineras, el primero haciendo leyes a modo y el segundo otorgando concesiones a diestra y siniestra repartiendo los bienes de la nación a los privados, al menos en el caso de la mineras y en muchas otras actividades económicas extractivistas, así lo viene haciendo desde hace algunos años”.

Agregó que hoy los pueblos acudieron al tercer poder del Estado mexicano, el Poder Judicial Federal, y a su cabeza, la SCJN, “porque vislumbraban alguna posibilidad de que se les impartiera justicia; los pueblos indígenas casi siempre le han apostado a la vía institucional-legal y pacífica, pero hoy se vuelve a cerrar el Estado, con lo que ni la SCJN ni el Estado mexicano en su conjunto han estado a la altura de las demandas de justicia de sus pueblos”.

Añadió que como  REMA continuarán su lucha en defensa de los bienes comunes por todas las vías posibles “y no permitiremos su saqueo en beneficio de interés privados y menos de las transnacionales. Seguiremos luchando pos nuestros derechos, demandándolos y denunciándolos porque la razón y la justicia nos asisten”.

FUENTE: DESINFORMÉMONOS

AUTOR: ROSA ROJAS

LINK:http://desinformemonos.org.mx/san-miguel-del-progreso-combate-con-otro-amparo-la-desproteccion-por-el-sobreseimiento-de-la-scjn-de-su-recurso-contra-la-ley-minera/

Tlachinollan: priva en Guerrero colusión de narco y gobierno

Tlapa, Gro. La tragedia del 26 de septiembre del año pasado en Iguala –43 muchachos de la Normal Rural de Ayotzinapa desaparecidos, seis civiles ejecutados, entre ellos tres estudiantes– pudo ocurrir porque confluyeron los dos brazos de una pinza que tiene al estado de Guerrero envuelto en una ola delincuencial que ha pactado con caciques, alcaldes, corporaciones policiacas corruptas y militares.

Lo sostiene Abel Barrera, quien al frente del Centro de Derechos Humanos Tlachinollan desde hace 21 años documenta y litiga miles de casos de desaparición forzada, ejecuciones, violaciones, tortura, despojos agrarios, atropellos diversos. Pregunta: “¿De qué otra manera se puede explicar que se arremetiera con tanta violencia contra estudiantes desarmados y hasta un autobús con deportistas, sin razón aparente? Lo significativo es que es una acción de grandes dimensiones donde actúan en público, juntos, delincuentes y policías, seguros de su impunidad”.

En ese entorno que pesa sobre las diferentes regiones guerrerenses –Montaña, Costa Grande y Costa Chica, Sierra, Tierra Caliente, Zona Norte y ya no se diga Acapulco– los poderes políticos se trenzan con el poder del crimen organizado de tal manera que no se puede distinguir el uno del otro. Ahí, en esas comunidades, no hay mediación alguna entre los pobladores y sus organizaciones y el poder autoritario: “No hay nada que amortigüe el choque entre la violencia y la indefensión ahí donde la única ley que vale es la del sicariato. Es fierro contra fierro”.

Con motivo del próximo aniversario de las desapariciones forzadas de los 43 normalistas –el caso más grave que ha representado Tlachinollan–, Barrera habla en extenso con La Jornada. Explica que un suceso como ese solo pudo suceder por la conjunción de dos procesos paralelos: “Por un lado el brazo represivo del gobierno, con policías que son pistoleros sin control, que extorsionan, que se vinculan con secuestradores. Y por otro lado los grupos del crimen organizado que han adquirido fuerza propia desde el momento que el narcotráfico asienta su plaza en el estado. Esto es lo que detona la tragedia del 26 de septiembre”.

Los de Tlachi, “radicales”,

según el gobernador

El Centro de Derechos Humanos Tlachinollan –reconocido y respetado a nivel internacional pero tildado por el gobernador Rogelio Ortega como “radical” y ligado con guerrilleros– despliega su trabajo de defensoría en tres frentes caracterizados por su pobreza, aislamiento y conflictividad: la Montaña, desde Tlapa; Costa Chica desde Ayutla y directamente desde la Normal Rural “Isidro Burgos” de Ayotzinapa. Ello les ha valido una serie de premios internacionales, entre ellos el de Amnistía Internacional sección Alemania.

Barrera advierte que desde el gobierno federal y estatal “hay un empeño muy claro” de contener el avance de las causas que defienden. “Cada vez que logramos quitar una piedra en el camino nos ponen una roca enfrente, con toda la intención de cerrarnos el paso; de cerrarle el paso a la justicia”.

Antropólogo de formación, nativo de Tlapa, seminarista en su juventud y estudioso de teología, Abel Barrera habla extensamente con La Jornada ante la proximidad del primer aniversario de los ataques contra los estudiantes de Ayotzinapa.

Comenta sobre la forma como abordó el presidente Enrique Peña Nieto la reunión que sostuvo con los familiares en Los Pinos, “desinformado, indiferente”; sobre la investigación con la que el ex procurador Jesús Murillo Karam intentó cerrar la investigación; sobre el papel que jugó esa noche el ejército mexicano: “No estuvieron a margen de esta acción”. Y finalmente, sobre “la luz en la obscuridad” que representa para las madres y padres de los muchachos desaparecidos el trabajo del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) asignado por la ONU y el Equipo Argentino de Antropólogos Forenses.

Estaban en la mirilla

–Considerando la historia de Guerrero, desde la guerra sucia, los crímenes nunca resueltos y el deterioro de la seguridad evidente desde hace años ¿Ayotzinapa es un episodio dentro de esta sucesión de hechos?

–No, más bien es un hecho en el que se conjunta el carácter represivo de los gobiernos caciquiles con la ola delincuencias que se ha desbordado en diferentes regiones. No podemos olvidar que la Normal Rural de Ayotzinapa ha sido una piedra en el zapato de los gobiernos caciquiles que son responsables de desapariciones y ejecuciones de activistas, líderes comunitarios y defensores.

La noticia de la noche de Iguala bien hubiera podido pasar desapercibida: algunos jóvenes asesinados por la policía es nota común, local. El problema, el agravio, es que los jóvenes atacados son estudiantes de una institución que ha sido emblema de la educación para los más pobres. Y que desaparecen a 43.

–¿Fueron blanco del ataque por el hecho de ser estudiantes de la Normal “Isidro Burgos”?

–Precisamente. Ahora sabemos que estaban en la mirilla de la policía, que los seguían, sabían dónde estaban, cómo actuaban, a dónde iban. La policía iba con el objetivo de parar a los jóvenes. Y lo hizo de la mano de la delincuencia organizada. Se proyecta claramente la colusión entre autoridades y crimen organizado. Pero ahí llegaron al extremo, a la barbarie.

–¿Qué papel jugó el ejército, que estuvo físicamente en el lugar de los hechos?

–Los soldados intervinieron, como todas las demás autoridades, desde una postura de represión al movimiento estudiantil. Es una posición que los considera de alto riesgo para el status quo. No estuvieron al margen. El hecho mismo que hayan ido a la clínica persiguiendo estudiantes, que los hayan sometido, encañonado, despojado de sus celulares, indica que iban a someterlos, contenerlos, aislarlos, amedrentarlos para hacer el trabajo sucio a la policía y a la delincuencia. Su papel fue cerrar el cerco. Hay información muy clara de cómo ellos sabían cómo estaba operando Guerreros Unidos.

La relación de hechos oficial da cuenta que ellos se acercan cuando hay detonaciones de armas de fuego y que en lugar de irse contra los que estaban atacando se fueron contra los estudiantes desarmados que estaban en una clínica.

Hay que mirar con cuidado el hecho de que haya dos grupos de fuerzas especiales del ejército en la Zona Militar. Desde que el ejército aniquiló a la guerrilla en los setentas quedó controlando esa zona, controlando a las policías ministerial, estatal. Y eso sigue igual.

Y bajo ese control se incubó la delincuencia desde los años ochenta, noventa. El narcotráfico no se desarrolló al margen de esas fuerzas federales. Hay intocables.

–¿Esto explica porque no se intenta esclarecer esa liga entre gobiernos municipales, policías federales y crimen organizado?

–El gobierno no quiere trabajar esa línea. Sabemos que en la zona norte hay grupos caciquiles ligados con el narcotráfico que no son investigados, ni siquiera se mencionan. En el expediente oficial la policía ministerial es invisible, cuando se sabe que ahí están los mandos más sanguinarios. Resulta mucho menos costoso, políticamente, focalizar todo en la policía municipal, concluir que todo se origina en unos 20 ó 30 malos policías, medio locos. Se oculta el tejido bien urdido de complicidades entre negocios, intereses políticos, candidaturas, control territorial.

Por eso es tan urgente lo que los padres insisten que se haga: que la investigación se encamine a las redes de complicidad entre autoridades estatales y federales, ejército, poder político y delincuencia. Si no se hace vamos a seguir arrastrando esta cauda de violencia, porque no hay otra forma de llamar a cuentas a quienes han sido los verdugos.

–Está por cumplirse un año de la noche de Iguala. ¿Cuál es la estrategia de lucha a seguir?

–Para las mamás y papás la fecha no significa nada. Mientras no sepan dónde están sus hijos no van a dejar de exigir saber dónde están.

Para ellos un punto central es el informe del Grupo de Expertos del CIDH. Ellos apuestan que con ese informe podrán contar con información contundente, investigaciones científicas, búsquedas en vida, acciones coordinadas y comprometidas con las víctimas. Y los miembros del Grupo de Expertos han sido los acompañantes ideales, los han sabido escuchar. Y tienen capacidad de emplazar al gobierno para que cumpla.

A los padres, al llegar a este primer año, los encontramos más fortalecidos gracias al trabajo meticuloso y responsable de esta instancia.

Esto, y lo que pueda aportar el EAAF –que todavía no sabemos cuándo estará listo– son una luz en la obscuridad.

–¿Qué significó para las familias de los desaparecidos y los caídos aquella reunión con el presidente Peña Nieto en Los Pinos?

–Ellos llegaron pensando que la palabra del presidente tenía algún valor, que hablar con él abría un horizonte para la verdad. No fue así. Solo fue abrir las válvulas para bajar la presión. Lo que encontraron fue a un mandatario desinformado, indiferente.

–¿Cómo evalúan la actuación del ex procurador Murillo Karam?

–Cuando nos presentó horas antes de dar a conocer públicamente su versión oficial, los papás le pidieron que no la diera, que no era una línea bien cimentada, que les iba a lastimar mucho y que no era suficiente. Él nos dijo que no. Ahí vimos que lo que el gobierno necesitaba era salirle al paso a la presión social, a las grandes marchas. Esa su verdad histórica era lo menos costoso políticamente para ellos.

Guerrero en el declive

Abel Barrera y su equipo, entre el que se encuentra Vidulfo Rosales, que lleva la parte jurídica del caso Ayotzinapa, no solo fueron testigos sino víctimas también de varios casos que marcan el declive que sufren varias regiones del estado.

“Hace más de diez años estamos alertando sobre este proceso de descomposición en Tierra Caliente, zona norte, Costa Grande, por el pacto entre autoridades municipales y delincuencia organizada. Con hechos muy concretos: Uno fue en 2009, el asesinato de dos defensores indígenas mixtecos Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas, en Tecuanapa.

Pero es la defensa de las dos mujeres mixtecas violadas por militares, Valentina Ortega y e Inés Fernández, lo que nos pone como defensores en el umbral de alto riesgo. Tuvimos que cerrar durante más de un año la oficina en Ayutla y pedir medidas provisionales a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para más de 100 compañeros.

Luego ocurrió la desaparición de Eva Alarcón y Marcial Bautista, de la Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán. Un retén de militares los señaló en un autobús de Acapulco a México y un segundo retén de delincuentes los secuestró. Ellos habían denunciado los comportamientos opacos del Ejército y sus acuerdos con la delincuencia en la Sierra de Petatlán en una reunión con altos mando en Acapulco.

Eran las mismas denuncias que habían hecho antes los campesinos Teodoro Cabrera y Rodolfo Montiel en 1999, que fueron torturados o el Ejército y presos muchos años ilegalmente. Ellos demostraron que el control del bosque contra la tala inmoderada era contener el negocio de la droga. Y que por eso la delincuencia y los caciques les disputaban a las comunidades el control de los bosques. Y en esa red de complicidades ya estaban los militares coludidos.

Así fue como esa ola delincuencial fue envolviendo a las regiones: La Montaña, Costa Grande, Costa Chica, ya no digamos Acapulco que fue la disputa por el control del mercado; zona norte y Morelos, luego por Tierra Caliente la disputa de Michoacán. De este modo la gobernabilidad quedó en manos de la delincuencia. Ellos venden seguridad a cambio de la cuota para la siembra y el trasiego de amapola.

El sueño de justicia se tornó en pesadilla

–Tlachinollan nació hace 21 años y se ha desarrollado en este entorno. ¿Qué significa su presencia?

–Para nosotros el sueño de justicia con que empezamos nuestro trabajo se ha tornado en una pesadilla. Cuando uno empieza en la lucha de los derechos humanos tiene la esperanza de poder abatir la impunidad, pelear porque la ley funcione, hacer visible la injusticia, darle voz a la gente. Ganamos muchas cosas: pudimos darle voz a la gente, ganar casos en la Corte Interamericana, sentar al ejército en el banquillo de los acusados, hemos ganado juicios agrarios. Como se ganó el caso de La Parota. Pero ganarlo significó castigo para su líder (Marco Antonio Suástegui, del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras) encarcelado durante un año).

Hay un empeño de las autoridades de hacer más cruento este caminar. Cada vez que logramos quitar una piedra del camino y nos ponen una roca enfrente.

Trabajamos en medio de la inseguridad, las amenazas, las desapariciones. Así vamos sorteando los caminos en estas montañas, sabiendo que el gobierno tiene minado este territorio con policías sanguinarias y sicarios, con un ejército impune.

Nuestra apuesta es la alianza con la sociedad, caminar acuerpados con los pueblos, con la gente. Aquí los defensores de primera línea son los defensores comunitarios, los que defienden el territorio, organizan las asambleas, las mujeres que cohesionan a la gente para hacer realidad la vida comunitaria.

Sabemos que las autoridades esperan cualquier momento para darnos un zarpazo, para tildarnos de delincuentes y sobre todo para mandar señales funestas a sus aliados de la delincuencia. No sabemos si cuando enfrentamos a una autoridad estamos enfrentándonos a una banda del crimen.

Por ejemplo, en la zona son varios los presidentes municipales apoyados por el crimen organizado. Cuando la comunidad denuncia que el alcalde no cumple con una obra o servicio, sería muy básico. ¿Pero si sus guardaespaldas, sus policías, su equipo trabajan para la delincuencia? Ahora tenemos que contenernos, replegarnos a veces, callar cosas, porque es pelear por la sobrevivencia.


Pero esto comparado con lo que la gente está sufriendo en La Montaña, en la sierra, en las costas, es nada. Ellos siguen llorando la pérdida de sus hijos, la desaparición de sus seres queridos, el desplazamiento, que es la otra parte del drama que no se conoce.

FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: Blanche Petrich.