Familiares de víctimas de desaparición demandaron al gobierno federal no desmantelar el Centro Nacional de Identificación Humana (CNIH) y, por el contrario, darle recursos y personal suficiente para responder a la crisis forense que vive el país, lo anterior a través de una protesta en las instalaciones vacías de ese organismo en Morelos, como parte de la Jornada Nacional de Búsqueda Humanitaria.

Los colectivos de víctimas constataron como el edificio inaugurado en 2022 y en medio de un proceso de desmantelamiento desde octubre pasado, luce hoy como un cascarón hueco, nada queda de las promesas que hiciera Alejandro Encinas en agosto de aquel año, cuando se desempeñaba como subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, de que México viviría una nueva etapa.

Una solicitud de acción urgente ante el Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas en el caso de una persona víctima de ese delito en junio de 2016, se ha convertido en un llamado mucho más amplio y de obligatoriedad del Estado mexicano para reactivar las funciones del Centro Nacional de Identificación Humana (CNIH).

La petición original, promovida por el colectivo Voz con Dignidad y Justicia en México, argumentaba la omisión de las fiscalías estatal y general para emprender medidas efectivas, oportunas y congruentes con las normas internacionales para la búsqueda y localización de la víctima –cuya identidad permanece reservada por motivos de seguridad–, el esclarecimiento de su desaparición y la sanción de los responsables.

Rosendo Gómez Silván será nombrado titular del Centro Nacional de Identificación Humana (CNIH), la institución creada intentar solucionar la crisis de personas desaparecidas en el país.

Se trata del hijo de Rosendo Gómez Piedra, el actual fiscal de la Unidad Especial para la Investigación y el Litigio del caso Ayotzinapa.