Hay 2 mil posibles órdenes de aprehensión por caso Chalchihuapan

En el caso de Chalchihuapan existen por lo menos 2 mil posibles órdenes de aprehensión en contra del mismo número de pobladores por supuestamente participar en la protesta del pasado 9 de julio, que derivó en la muerte de un niño. Entre los señalados se encuentra Araceli Bautista, madre del alcalde de Chalchihuapan, Javier Montes Bautista, quien denunció este domingo que el pueblo no va a permitir que el gobierno del estado continúe de manera injusta encarcelado a personas inocentes por los hechos funestos de hace tres meses.

La advertencia fue lanzada en el zócalo de Puebla, por un grupo de vecinos de Chalchihuapan, con el respaldo de la diputada federal Roxana Luna Porquillo, y organizaciones sociales, como el Movimiento por la Alternativa Social (MAS), la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y el Movimiento Nacional Los de Abajo.

La investigación contra Araceli Bautista se basa en declaraciones que la mujer hizo a la televisora Tv Azteca Puebla, y en función de lo dicho es que se le investiga como posible autor material e intelectual del bloqueo carretero de la autopista Puebla-Atlixco, el 9 de julio.

Por lo tanto, la averiguación previa 439/2014 continúa abierta y podrían ser detenidos más vecinos en los próximos días.

“En Chalchihuapan ya nadie duerme; el pueblo tiene temor a que sean agredidos y se les detenga por un delito que no cometieron”, denunció.

FUENTE: LA JORNADA DE ORIENTE.
AUTOR: Yadira Llaven Anzures

Artículo 19 llevará a la CIDH el caso Chalchihuapan

PUEBLA, Pue. (apro).- La organización Artículo 19 anunció que presentará ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el caso Chalchihuapan por el acoso y represión que padece el pueblo a manos del gobierno de Rafael Moreno Valle.

Leopoldo Maldonado Gutiérrez, abogado de la agrupación internacional, indicó que ese asunto forma parte de tres expedientes que se expondrán el próximo 30 de octubre ante la CIDH, con el objetivo de evidenciar el clima de represión contra las manifestaciones sociales.

Otro caso que se presentará, dijo, es la agresión que sufrieron manifestantes el 1 de diciembre de 2012 durante la toma de protesta de Enrique Peña Nieto, así como la represión del 2 de octubre de 2013 contra participantes en la marcha conmemorativa de la matanza de Tlatelolco.

Artículo 19 anunció esa determinación en una rueda de prensa que se realizó en la sede del Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos), en la Ciudad de México, a la que acudió Elia Tamayo Montes, madre de José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo –el niño que perdió la vida tras el operativo policiaco del pasado 9 de julio en la carretera Atlixco-Puebla–, acompañada de las esposas de los pobladores detenidos el sábado 18.

Las mujeres narraron que la madrugada de ese día, elementos policiacos irrumpieron en distintos domicilios de San Bernardino Chalchihuapan, rompieron puertas, amenazaron con armas, golpearon a mujeres, ancianos y niños, y detuvieron a cinco personas sin presentar órdenes de aprehensión.

De acuerdo con Maldonado Gutiérrez, al parecer el gobernador poblano aprovecha que la atención nacional se concentra actualmente en la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa, Guerrero, para reaprehender a los habitantes de Chalchihuapan por haberlo denunciado públicamente por la represión violenta que sufrieron el 9 de julio.

Lejos de cumplir con la recomendación que emitió la Comisión Nacional de los Derechos Humanos el pasado 11 de septiembre, Moreno Valle arremetió nuevamente contra los pobladores, apuntó.

En Chalchihuapan pasan la noche en vela; temen más violencia gubernamental

PUEBLA, Pue: Los habitantes de San Bernardino Chalchihuapan pasaron la noche en vela, concentrados en la plaza principal, ante la posibilidad de que elementos de la policía estatal incursionaran en el pueblo, como lo hicieron la madrugada del 18 de octubre, para hacer efectivas más órdenes de aprehensión.

Armados con palos, machetes y piedras, los pobladores decidieron mantenerse en guardia toda la noche para que esta vez la policía no los agarre dormidos como ocurrió hace una semana. “Si quieren otro Atenco, lo van a tener, pero ya estuvo bueno, esta vez no nos vamos a dejar, ya no tenemos miedo”, dijeron.

Alrededor de las 11 de la noche, vecinos de esta comunidad detectaron la presencia de un comando de 9 camionetas tipo Jeep en las cercanías del pueblo, por lo que se accionaron unas alarmas que colocaron en distintos techos de casas y tocaron las campanas de la iglesia para alertar a la población.

Desde la mañana del jueves surgió el rumor de que había más órdenes de aprehensión contra otros pobladores de la localidad que supuestamente participaron en el enfrentamiento con policías del 9 de julio, donde resultó muerto el niño José Luis Tehuatlie Tamayo.

Cabe señalar que el gobierno de Moreno Valle ha argumentado que las detenciones de pobladores forman parte del cumplimiento de la recomendación que emitió la Comisión Nacional de Derechos Humanos que pidió una investigación sobre lo ocurrido durante el operativo policíaco de desalojo.

El pasado sábado un comando de unos 60 policías que se transportaban en 13 vehículos particulares, sin placas, entró a la localidad para allanar casas y detener con violencia y sin orden de aprehensión a cinco habitantes de la comunidad.

En el operativo los policías intimidaron a las familias, golpearon y encañonaron a mujeres, ancianas y niños.

Con este antecedente, los habitantes de Chalchihuapan dijeron sentirse atemorizados de que de nueva cuenta el gobierno envíe otra ofensiva, luego de que denunciaron públicamente los atropellos que ha cometido en su contra el gobernador Moreno Valle.

Luego, reunidos en la plaza acordaron que ya no tendrán más miedo y que responderán “a como puedan” las agresiones que les envíe Moreno Valle.

De acuerdo a uno de los pobladores, las nueve camionetas blancas fueron detectadas en un camino vecinal que comunica a esta localidad con algunas rancherías, por lo que presumen que de nueva cuenta la intención es tomarlos de sorpresa. Por ello, acordaron mantener guardias de 24 horas.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GABRIELA HERNÁNDEZ.

“¡Asesino, asesino!”, gritan a Moreno Valle en otra mega marcha

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GABRIELA HERNÁNDEZ.

PUEBLA, Pue. (apro).- “¡Asesino, asesino, asesino!”, fue la principal consigna que corearon miles de poblanos pertenecientes a diferentes movimientos sociales, quienes se unieron hoy para exigir la renuncia del gobernador Rafael Moreno Valle.

Elia Tamayo, madre del niño que fue asesinado el miércoles 9 de julio, habitantes de Chalchihuapan, así como integrantes de decenas de Juntas Auxiliares y de los Cholulas, aparte de propietarios de verificentros, conductores de mototaxis, maestros cesados, afectados por las minas y las hidroeléctricas y colonos organizados contra la privatización del agua, entre otros, marcharon desde la calle Juárez hasta Casa Aguayo, sede del gobierno estatal.

A la movilización, la cuarta masiva en los últimos meses, se sumaron, entre otros, el Movimiento Independiente Obrero Campesino Urbano y Popular (MIOCUP), la organización popular 28 de Octubre, las normalistas de Tetela y agrupaciones de universitarios.

Fiscal para Chalchihuapan es el mismo que llevó el caso de Digna Ochoa

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GABRIELA HERNÁNDEZ.

IMAGEN TOMADA DEL
SITIO DE PROCESO

PUEBLA, Pue. (apro).- El Colectivo Puebla de Luto cuestionó que el gobierno de Rafael Moreno Valle haya nombrado como fiscal especial para el caso Chalchihuapan a José Antonio Pérez Bravo, el mismo que sostuvo la tesis sobre el supuesto suicidio de la defensora de derechos humanos, Digna Ochoa.

Marco Mazatle, líder del Sindicato de Telefonistas, dijo que el nombramiento de Pérez Bravo es una “verdadera burla” para los poblanos, ya que con su “pasado oscuro” es casi un hecho que sólo llega con la consigna de entrampar las investigaciones y de encubrir a los verdaderos responsables del asesinato del niño José Luis Tehuatlie Tamayo.

Además, consideró que al permitirle nombrar el fiscal que supuestamente investigará lo ocurrido el 9 de julio, el presidente de la CNDH, Raúl Plascencia, dejó en manos del gobernador la posibilidad de juzgar sus propios abusos y excesos de poder, lo que pone en evidencia que las recomendaciones emitidas por el organismo la semana pasada fueron “más bien un trato entre amigos”.