Al presentar su informe anual “Chiapas, en la espiral de la violencia armada y criminal” que describe la situación en ocho capítulos, el Frayba señala que la violencia ha alcanzado niveles, por el “absurdo negacionismo del sexenio anterior hacia el discurso de conceptos vacíos, reconociendo lo caótico del gobierno de Chiapas encabezado por Rutilio Escandón, y la parafernalia del poder bajo un espectáculo mediático del gobierno actual” de Eduardo Ramírez.
En el documento, el colectivo describe la crisis humanitaria del Desplazamiento Forzado, en el capítulo de las personas desaparecidas, muestra el caso de la desaparición de 12 hombres originarios de Guatemala, dedicados a la crianza y comercio de pollos, los que salieron de su municipio Mazatenango del Departamento de Suchitepéquez el 13 de noviembre de 2023, ingresaron a México por Ciudad Cuauhtémoc, municipio de Frontera Comalapa, lugar donde se establecieron.
Pero para el 16 de noviembre de 2023, salieron rumbo al municipio de Siltepec, municipio de la región de la Sierra de Chiapas, y desde ese día, se desconoce el paradero de 10 de ellos. Solo dos personas fueron localizadas de regreso a su casa.
Otro de los temas es la documentación de agresiones a personas defensoras; los laberintos de las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional; la intención progresiva de la violencia política en Chiapas; la violencia criminal e impactos a la población, y la guerra contra los pueblos.
El desplazamiento forzado
El Frayba expone que el fenómeno del Desplazamiento Forzado Interno en Chiapas contiene larga data, desde la década de los 60 con las expulsiones masivas por motivaciones religiosas políticas, así como las que se presentaron en el marco del Conflicto Armado Interno irresuelto desde 1994 con un saldo de alrededor de 20 mil personas desplazadas.
El fenómeno se ha agudizado en los últimos años, documentando 20 eventos de desplazamiento forzado desde el mes de enero del año 2023, a junio del 2024, presentándose un número aproximado de 15 mil 780 personas víctimas de este fenómeno originarias de los municipios de Pantelhó, Frontera Comalapa, Chicomuselo, Oxchuc, Las Margaritas, Huixtán, Chenalhó, Ocosingo, La Trinitaria, Socoltenango, La Concordia, Bella Vista y Tila.
Tan sólo en la región Frontera y Sierra del estado han sido desplazadas, a mano de la delincuencia organizada 8 mil 190 personas, “lo que es una muestra de la agudeza del desplazamiento forzado”.
Por municipios, explica el organismo, Ocosingo representa un 25 por ciento de desplazados, por la “violencia contrainsurgente”, pero las regiones Fronteriza y Sierra, con un 30 por ciento, principales de los municipios de Frontera Comalapa, Chicomuselo, La Trinitaria, Socoltenango, La Concordia y Bellavista, “teniendo como principal causa la violencia emanada de la delincuencia organizada”.
Mientras que, en la región Altos, el 15 por ciento, “donde la violencia generalizada, ocasionada por grupos armados diversos han sido la principal razón para que las personas huyan de sus hogares”.
El organismo que dirige el obispo emérito de Saltillo, Raúl Vera, recalca que las causas del desplazamiento forzado, un 35 por ciento se debe a la disputa del control del territorio por el crimen organizado; la violencia contrainsurgente que afecta a bases zapatistas, un 35 por ciento; y la violencia generalizada con un 30 por ciento, “entre la que destaca el uso de ésta a partir de la diversificación de grupos armados en el territorio”.
Afirma que los desplazamientos forzados han sido provocado por la acción, omisión y aquiescencia de las Fuerzas Armadas e instituciones de Seguridad Pública, locales y federales, “la expansión de grupos armados ilegales, sicarios y paramilitares, que se disputan el control de territorios estratégicos para el trasiego de migrantes, armas, drogas y carros robados. El control de centros arqueológicos, especies endémicas y mercancías robadas; y en lo general economías legales e ilegales de todo tipo”.
Así como también, “la violencia que emana de la disputa por el control del territorio por parte de grupos antagónicos de la delincuencia organizada en las regiones Frontera y Sierra, y la crisis humanitaria reflejada en la agudeza del desplazamiento forzado, implica también graves violaciones a los derechos humanos y convierte a los territorios en zonas silenciadas,10 impregnadas de inseguridad y terror”.
Las desapariciones
En noviembre de 2023, el Frayba presentó el informe “Tocar el vacío” sobre la desaparición de personas en Chiapas, para visibilizar la preocupación por el ascenso de este fenómeno, que asegura según registro, que entre 2019 y 2023, aumentó en un 358 por ciento en el estado; y esto se dio principalmente en el marco de la disputa por el domino del territorio basada en la confrontación armada entre grupos criminales que cuentan con el amparo de instancias locales, nacionales y transnacionales.
Para el organismo, la desaparición de personas, “sigue siendo el control de la vida social, económica y política de las comunidades mediante la estrategia del terror, con lo que se pretende acallar toda posibilidad de movimiento social y autogestión del territorio. Esta situación no es nueva, se ha visto en otras regiones del país y ahora en Chiapas, principalmente en las regiones Sierra y Frontera”.
En el informe, el Frayba refiere que en Chiapas existe un pendiente histórico sobre las desapariciones forzadas, ocurridas en el marco de la política contrainsurgente implementada por el Estado mexicano, contra la lucha del EZLN.
Según los casos documentados por el organismo, entre 1995 y 2000, sólo en la zona Norte de Chiapas, se registraron 37 desapariciones forzadas, cometidas por el grupo paramilitar Organización Desarrollo Paz y Justicia. Además de 32 personas desaparecidas en combate que son parte y reivindica el EZLN; todos estos casos permanecen en la total impunidad.
El Frayba, fundado por el obispo Samuel Ruiz García, destaca en el informe la violencia machista, y señala que la desaparición de mujeres en el estado es mucho mayor que en los índices nacionales ya que supera ampliamente el promedio nacional del 25 por ciento, alcanzando más del 60 por ciento, en su mayoría afectando a niñas y adolescentes. Muchas de estas desapariciones tienen como objetivo la trata y explotación sexual.
Subraya que de enero a junio del 2024, en Chiapas se han registrado 632 desaparecidos, de los cuales 217 son niños y adolescentes, aunque Alerta Amber ha registrado 234 casos
Refirió que el año pasado, denunció seis casos con diez personas desaparecidas en Bella Vista, Ocosingo, Osumacinta, San Cristóbal de las Casas y Tila. “Estos sucesos en algunos casos, ocurrieron bajo el contexto de violencia generalizada”.
Documenta también que de acuerdo al Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), del 1 de diciembre del 2000 al 10 de julio del 2024, en Chiapas han habido siete mil 163 desaparecidos, tres mil 833 son mujeres y tres mil 330 hombres. “Del total, 1,977 son adolescentes entre 15 y 19 años, siendo 1,492 mujeres y 485 hombres. En cuanto a la infancia, entre 0 y 14 años, hay 1,735 desapariciones, 1,091 son niñas y 644 niños”.
La edad más frecuente de desaparición es de 15 años, y son las mujeres adolescentes las que más desaparecen. Otro detalle que habla sobre la grave situación que se vive en Chiapas es que, a nivel nacional, dos de cada 10 personas en este rango de edad siguen desaparecidas, pero en el estado esta cifra se incrementa a tres de cada 10.
Los principales lugares son Tuxtla Gutiérrez, SCLC, Tapachula, Comitán de Domínguez y Palenque.17 Según la Red por los Derechos de las Infancias y Adolescencias en Chiapas (REDIAS), entre 2020 y 2024, la cifra de niños, niñas y adolescentes desaparecidos/as fue de 2,223. Es decir, una media de 1.5 desapariciones de menores al día.
El centro Frayba sostiene que la desaparición de personas es una violación grave y múltiple a los derechos humanos, tanto de la persona desaparecida como de su familia y de la sociedad en su conjunto.
Por lo que considera que es urgente la instauración del Consejo Estatal Ciudadano, órgano de consulta, previsto por la Ley de Desaparición para el estado, ya que a más de cinco años de su anuncio, ha existido una visible oposición por la conformación de esta instancia, necesaria como mecanismo para asegurar que las necesidades y opiniones de las víctimas sean tomadas en cuenta.
Para el Centro Frayba, en la desaparición de personas, se requiere de medidas claras para la investigación de los hechos, mayor conocimiento para crear e implementar metodologías y garantías de no repetición de tales violaciones. “La búsqueda debe ser inmediata y diferenciada, en coordinación con entidades estatales, corporaciones y personas que tienen el lado de hacerlo”.
Sin embargo, la realidad de las personas desaparecidas en Chiapas, presenta un panorama desolador y alarmante, por lo que es fundamental reconocer que el derecho a saber es inalienable y debe ser garantizado por el Estado.
“A pesar de estos hechos, el Estado mexicano ha persistido en su narrativa de que Chiapas es un estado seguro y ha mostrado una alarmante omisión en sus deberes de investigar, sancionar y reparar integralmente las violaciones a derechos humanos”, apuntó el Frayba.
