En un documento, difundido el miércoles, las ongs exigieron al Poder Judicial del estado de Chiapas revisar el caso, ya que consideran que la sentencia es “injusta, porque nunca cometieron el delito” y que se suma a las violaciones de derechos humanos padecidas durante su detención.

Además, señalaron que presentaron una queja ante el grupo de trabajo sobre la Detención Arbitraria-Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) y ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), porque la sentencia es indebida

Las organizaciones relatan que “desde el día 25 de julio, Pedro Cortés salió junto con su esposa de su comunidad Las Limas Chitamucum a San Cristóbal y después viajaron a Bochil; el 26 partieron a Simojovel donde estuvieron todo el día para llegar a su comunidad por la tarde. Diego Mendoza, por su parte, estuvo todo el día 26 en su domicilio terminando un trabajo de carpintería que le habían pedido”. 

Fue el 26 de julio de 2021 cuando 19 hombres fueron desaparecidos forzadamente en Pantelhó, “en un contexto de violencia y enfrentamiento entre el grupo de autodefensas El Machete y el grupo de Los Herrera”. 

A principios de agosto del 2021, añadieron, fue conformando un concejo municipal provisional que empezó a funcionar oficialmente el 18 de diciembre. “Fue hasta entonces que Pedro Cortés (presidente del concejo municipal) y Diego Mendoza (regidor) se conocieron”. Ambos, todavía en funciones, fueron detenidos en junio de 2022 en Tuxtla Gutiérrez, acusados de la desaparición de los 19 pobladores de Pantelhó. 

En el caso también estaba imputado el sacerdote tsotsil, Marcelo Pérez Pérez, asesinado a balazos en octubre pasado, cuando salía de un templo en San Cristóbal de las Casas. 

Las 67 organizaciones y colectivos, así como las 236 personas que firmaron el documento, aseguraron que el arresto de Pedro Cortés y Diego Mendoza, “fue arbitrario, ya que nunca se les mostró la orden de aprehensión, además que fue realizado con lujo de violencia; se violaron completamente el debido proceso y sus derechos fundamentales”. 

También “fueron despojados de sus pertenencias, se les obligó a firmar unos papeles desconociendo su contenido; se les violó el derecho fundamental a contar con un intérprete por ser miembros del pueblo indígena tseltal”. 

El juicio al que han sido sometidos, afirman, “ha estado plagado de irregularidades, empezando porque la jueza designada para el caso: Mitzi Guadalupe Flores Rocha, quien destituyó a la defensa particular por parte de la Clínica de Litigio Indígena y Formación en Derechos Humanos (CLIFODH), e impuso al defensor de oficio que estuvo hasta el final del juicio, auxiliado por otro abogado que ella también impuso”. 

La Misión Jesuita de Bachajón, a la que pertenece la comunidad en la que viven las familias de Diego y de Pedro, defienden su inocencia por conocer su recta y honorable trayectoria de vida al servicio de la paz en sus comunidades.  

“Don Pedro, de manera especial, ha sido un incansable reconciliador en su comunidad, promotor de derechos humanos, autoridad moral, buscando desde el diálogo, la ley y la no violencia resolver los distintos conflictos que se le han presentado. Es catequista y candidato al diaconado permanente”. 

En el texto, las organizaciones señalan que como parte del mismo expediente se le dictó orden de aprehensión al padre Marcelo y aunque “no se liberó, no se suprimió (…) existen pruebas testificales que corroboran la imposibilidad de que tanto Diego como Pedro, así como el padre Marcelo pudieran haber participado en la desaparición de estas 19 personas”. 

Para las ongs, el procesamiento violatorio de los derechos humanos de Pedro y Diego es un ejemplo más de la violencia que sufre el pueblo de Panthelhó, en donde más de 200 campesinos, hombres y mujeres, han sido ultimados/as en los últimos 20 años, según el testimonio de los pobladores del municipio. 

Los firmantes piden al gobierno federal y estatal que pongan las medidas necesarias para que el asesinato de Marcelo Pérez no quede impune. 

Manifestaron que el caso de Cortés y Mendoza “son ejemplo de la violencia institucional y de la vulneración de derechos humanos que sufren personas indígenas en Chiapas. Sabemos que, lamentablemente, este caso no es una excepción y que existe un patrón de construcción de delitos falsos que condenan a personas, en su mayoría indígenas, pese a ser inocentes”.

La reforma, busca proteger a las infancias de los padres feminicidas. Esta ley recibe su nombre en memoria de la abogada y activista Cecilia Monzón Pérez, quien fue asesinada el 21 de mayo de 2022 en Puebla.  

El feminicida es Javiel L. Z., a quien Cecilia había sido denunciado previamente por abandonar a su hijo e incumplir con su pensión alimenticia. 

Tras el asesinato de la activista, Javier intentó ejercer sus derechos de patria potestad con el menor. Por ello, la “Ley Monzón” pretende prohibir que los feminicidas tengan convivencia con sus hijos si asesinaron o intentaron asesinar a su madre. Además, busca castigar a los jueces que entorpezcan las investigaciones en estos casos. 

Se establece como delito ataques con ácido o sustancias químicas o corrosivas

Los diputados aprobaron también la iniciativa de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Constitucional para la Igualdad de Género y Acceso a una Vida Libre de Violencia para las Mujeres, en materia de violencia por ataques con ácido, sustancias químicas o corrosivas, presentada por la diputada Rosalinda López Sánchez. 

Esta iniciativa es conocida como “Ley Malena”, nombrada así por el caso de la saxofonista oaxaqueña María Elena Ríos Ortiz, a quien agredieron rociándole ácido en parte de su cuerpo en 2019. 

Estas reformas buscan abrir paso a una vida libre de violencia hacia las mujeres y la niñez, dijo el diputado Luis Ignacio Avendaño Bermúdez, presidente de la mesa directiva del Congreso, al destacar que las reformas responden a demandas de colectivas feministas que buscan evitar la revictimización de las mujeres afectadas por la violencia de género, “de ahí la importancia de garantizar la justicia plena impidiendo que los agresores obtengan beneficios jurídicos”. 

En el congreso del estado, colectivas feministas están presentando varias iniciativas para tipificar y castigar diversos tipos de violencia contra las mujeres. Muchas de estas iniciativas tienen nombres de activistas y defensoras de derechos humanos que han sido víctimas del machismo y la misoginia en México, y cuyas experiencias se han transformado para que ni una más atraviese por situaciones similares a las suyas en búsqueda de justicia. 

La colectiva feminista 50 más 1, se congratuló por la aprobación de las dos iniciativas que reforman y adicionan diversas disposiciones del código civil de Chiapas, y señaló que estas modificaciones a la legislación fortalecen los derechos de las mujeres y la niñez chiapaneca.

La colectiva feminista 50 mas 1 que lleva un puntual seguimiento de los feminicidios en Chiapas, señaló que los habitantes del lugar, habían emprendido la búsqueda de la niña, y hace tres días de acuerdo a los testimonios, las autoridades desplegaron un operativo.

Fue el viernes que familiares, conocidos y pobladores de La Victoria, San José y Pantaleón Domínguez, se reunieron, cuando informaron que el cuerpo de la niña había sido hallado en la carretera que va de Simón Bolívar y Ruiz Cortínez, en un punto conocido como Malpaso.

Más tarde dieron a conocer que fueron detenidos una mujer y dos hombres, implicados en el secuestro y feminicidio de la niña, pero la Fiscalía no ha confirmado la información hasta ahora.

50 más 1 al expresar su pésame a la familia de Perla Alison, que sufre una pérdida irreparable, a sus amistades, al personal docente y estudiantil de su escuela, subrayó la importancia de que los gobiernos municipales emprendan campañas para visibilizar la violencia de género.

En Mapastepec, dijo la colectiva Mapachtépec Fem, “se respira el incremento terrible de la violencia e inseguridad, resultado de los malos gobiernos; donde antes se respiraba tranquilidad, ahora nuestras hijas ya no pueden salir tranquilas de casa, sin tener miedo a que algo les pueda suceder”.

Dijo que en la localidad solo en el mes de marzo se han presentado dos feminicidios con el de la niña. Las feministas demandaron al presidente municipal, Amando Espinosa de la Cruz a hacer el acompañamiento a las familias de víctimas de feminicidio para que se les haga justicia, “que sea un canal de comunicación y exigencia ante la fiscalía para que se dé con los responsables”.

50 más 1 pidió a las autoridades competentes investigar el caso con perspectiva de género y solicitar en los tribunales todo el peso de la ley contra los presuntos responsables. ?“Con el feminicidio de Perla Alison son seis los casos que se han presentado en lo que va del año. Solo en el mes de marzo se han registrado cuatro feminicidios”, manifestó.

En el documento, el colectivo describe la crisis humanitaria del Desplazamiento Forzado, en el capítulo de las personas desaparecidas, muestra el caso de la desaparición de 12 hombres originarios de Guatemala, dedicados a la crianza y comercio de pollos, los que salieron de su municipio Mazatenango del Departamento de Suchitepéquez el 13 de noviembre de 2023, ingresaron a México por Ciudad Cuauhtémoc, municipio de Frontera Comalapa, lugar donde se establecieron.  

Pero para el 16 de noviembre de 2023, salieron rumbo al municipio de Siltepec, municipio de la región de la Sierra de Chiapas, y desde ese día, se desconoce el paradero de 10 de ellos. Solo dos personas fueron localizadas de regreso a su casa. 

Otro de los temas es la documentación de agresiones a personas defensoras; los laberintos de las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional; la intención progresiva de la violencia política en Chiapas; la violencia criminal e impactos a la población, y la guerra contra los pueblos. 

El desplazamiento forzado

El Frayba expone que el fenómeno del Desplazamiento Forzado Interno en Chiapas contiene larga data, desde la década de los 60 con las expulsiones masivas por motivaciones religiosas políticas, así como las que se presentaron en el marco del Conflicto Armado Interno irresuelto desde 1994 con un saldo de alrededor de 20 mil personas desplazadas. 

El fenómeno se ha agudizado en los últimos años, documentando 20 eventos de desplazamiento forzado desde el mes de enero del año 2023, a junio del 2024, presentándose un número aproximado de 15 mil 780 personas víctimas de este fenómeno originarias de los municipios de Pantelhó, Frontera Comalapa, Chicomuselo, Oxchuc, Las Margaritas, Huixtán, Chenalhó, Ocosingo, La Trinitaria, Socoltenango, La Concordia, Bella Vista y Tila.  

Tan sólo en la región Frontera y Sierra del estado han sido desplazadas, a mano de la delincuencia organizada 8 mil 190 personas, “lo que es una muestra de la agudeza del desplazamiento forzado”. 

Por municipios, explica el organismo, Ocosingo representa un 25 por ciento de desplazados, por la “violencia contrainsurgente”, pero las regiones Fronteriza y Sierra, con un 30 por ciento, principales de los municipios de Frontera Comalapa, Chicomuselo, La Trinitaria, Socoltenango, La Concordia y Bellavista, “teniendo como principal causa la violencia emanada de la delincuencia organizada”. 

Mientras que, en la región Altos, el 15 por ciento, “donde la violencia generalizada, ocasionada por grupos armados diversos han sido la principal razón para que las personas huyan de sus hogares”. 

El organismo que dirige el obispo emérito de Saltillo, Raúl Vera, recalca que las causas del desplazamiento forzado, un 35 por ciento se debe a la disputa del control del territorio por el crimen organizado; la violencia contrainsurgente que afecta a bases zapatistas, un 35 por ciento; y la violencia generalizada con un 30 por ciento, “entre la que destaca el uso de ésta a partir de la diversificación de grupos armados en el territorio”. 

Afirma que los desplazamientos forzados han sido provocado por la acción, omisión y aquiescencia de las Fuerzas Armadas e instituciones de Seguridad Pública, locales y federales, “la expansión de grupos armados ilegales, sicarios y paramilitares, que se disputan el control de territorios estratégicos para el trasiego de migrantes, armas, drogas y carros robados. El control de centros arqueológicos, especies endémicas y mercancías robadas; y en lo general economías legales e ilegales de todo tipo”. 

Así como también, “la violencia que emana de la disputa por el control del territorio por parte de grupos antagónicos de la delincuencia organizada en las regiones Frontera y Sierra, y la crisis humanitaria reflejada en la agudeza del desplazamiento forzado, implica también graves violaciones a los derechos humanos y convierte a los territorios en zonas silenciadas,10 impregnadas de inseguridad y terror”. 

Las desapariciones

En noviembre de 2023, el Frayba presentó el informe “Tocar el vacío” sobre la desaparición de personas en Chiapas, para visibilizar la preocupación por el ascenso de este fenómeno, que asegura según registro, que entre 2019 y 2023, aumentó en un 358 por ciento en el estado; y esto se dio principalmente en el marco de la disputa por el domino del territorio basada en la confrontación armada entre grupos criminales que cuentan con el amparo de instancias locales, nacionales y transnacionales.  

Para el organismo, la desaparición de personas, “sigue siendo el control de la vida social, económica y política de las comunidades mediante la estrategia del terror, con lo que se pretende acallar toda posibilidad de movimiento social y autogestión del territorio. Esta situación no es nueva, se ha visto en otras regiones del país y ahora en Chiapas, principalmente en las regiones Sierra y Frontera”. 

En el informe, el Frayba refiere que en Chiapas existe un pendiente histórico sobre las desapariciones forzadas, ocurridas en el marco de la política contrainsurgente implementada por el Estado mexicano, contra la lucha del EZLN.  

Según los casos documentados por el organismo, entre 1995 y 2000, sólo en la zona Norte de Chiapas, se registraron 37 desapariciones forzadas, cometidas por el grupo paramilitar Organización Desarrollo Paz y Justicia. Además de 32 personas desaparecidas en combate que son parte y reivindica el EZLN; todos estos casos permanecen en la total impunidad. 

El Frayba, fundado por el obispo Samuel Ruiz García, destaca en el informe la violencia machista, y señala que la desaparición de mujeres en el estado es mucho mayor que en los índices nacionales ya que supera ampliamente el promedio nacional del 25 por ciento, alcanzando más del 60 por ciento, en su mayoría afectando a niñas y adolescentes. Muchas de estas desapariciones tienen como objetivo la trata y explotación sexual. 

Subraya que de enero a junio del 2024, en Chiapas se han registrado 632 desaparecidos, de los cuales 217 son niños y adolescentes, aunque Alerta Amber ha registrado 234 casos 

Refirió que el año pasado, denunció seis casos con diez personas desaparecidas en Bella Vista, Ocosingo, Osumacinta, San Cristóbal de las Casas y Tila. “Estos sucesos en algunos casos, ocurrieron bajo el contexto de violencia generalizada”. 

Documenta también que de acuerdo al Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), del 1 de diciembre del 2000 al 10 de julio del 2024, en Chiapas han habido siete mil 163 desaparecidos, tres mil 833 son mujeres y tres mil 330 hombres. “Del total, 1,977 son adolescentes entre 15 y 19 años, siendo 1,492 mujeres y 485 hombres. En cuanto a la infancia, entre 0 y 14 años, hay 1,735 desapariciones, 1,091 son niñas y 644 niños”. 

La edad más frecuente de desaparición es de 15 años, y son las mujeres adolescentes las que más desaparecen. Otro detalle que habla sobre la grave situación que se vive en Chiapas es que, a nivel nacional, dos de cada 10 personas en este rango de edad siguen desaparecidas, pero en el estado esta cifra se incrementa a tres de cada 10.  

Los principales lugares son Tuxtla Gutiérrez, SCLC, Tapachula, Comitán de Domínguez y Palenque.17 Según la Red por los Derechos de las Infancias y Adolescencias en Chiapas (REDIAS), entre 2020 y 2024, la cifra de niños, niñas y adolescentes desaparecidos/as fue de 2,223. Es decir, una media de 1.5 desapariciones de menores al día. 

El centro Frayba sostiene que la desaparición de personas es una violación grave y múltiple a los derechos humanos, tanto de la persona desaparecida como de su familia y de la sociedad en su conjunto. 

Por lo que considera que es urgente la instauración del Consejo Estatal Ciudadano, órgano de consulta, previsto por la Ley de Desaparición para el estado, ya que a más de cinco años de su anuncio, ha existido una visible oposición por la conformación de esta instancia, necesaria como mecanismo para asegurar que las necesidades y opiniones de las víctimas sean tomadas en cuenta. 

Para el Centro Frayba, en la desaparición de personas, se requiere de medidas claras para la investigación de los hechos, mayor conocimiento para crear e implementar metodologías y garantías de no repetición de tales violaciones. “La búsqueda debe ser inmediata y diferenciada, en coordinación con entidades estatales, corporaciones y personas que tienen el lado de hacerlo”. 

Sin embargo, la realidad de las personas desaparecidas en Chiapas, presenta un panorama desolador y alarmante, por lo que es fundamental reconocer que el derecho a saber es inalienable y debe ser garantizado por el Estado. 

“A pesar de estos hechos, el Estado mexicano ha persistido en su narrativa de que Chiapas es un estado seguro y ha mostrado una alarmante omisión en sus deberes de investigar, sancionar y reparar integralmente las violaciones a derechos humanos”, apuntó el Frayba.

“En este contexto, el discurso y justificación que viene desde el Estado mexicano, es que existe una estrategia de seguridad consistente en no ‘alborotar el avispero’, no confrontarse con la DO (delincuencia organizada) en los territorios que controlan”, señaló. 

“(…) Esto sirve sólo para confirmar su responsabilidad ya que están siendo testigos de las acciones operativas de la DO, del control poblacional, del territorio y de las vidas de pueblos y comunidades en Chiapas, donde se cometen actos criminales, asesinatos, desapariciones, desplazamiento, entre otras graves violaciones a los derechos humanos”.

Desapariciones crecieron casi 300% en 5 años

En los últimos cinco años, se ha registrado un incremento del 299% en casos de desaparición en la entidad, según la información publicada en el informe.

En 2019, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) registró 320 casos de desaparición en Chiapas, en tanto que la cifra incrementó a 1,277 para el 2024.

“La edad más frecuente de desaparición es de 15 años, y son las mujeres adolescentes las que más desaparecen”, detalló el Frayba. “Los principales lugares son Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de las Casas, Tapachula, Comitán de Domínguez y Palenque”.

La organización remarcó que tanto los casos de las personas que permanecen desaparecidas, así como la cifra de desaparición de mujeres, es mayor en el estado que el promedio nacional en ambos indicadores.

Tan sólo considerando los reportes de desaparición que maneja el RNPDNO, Chiapas se posiciona como el cuarto lugar nacional en niñas, niños y adolescentes desaparecidos.

Hay tres rutas principales de tráfico de personas

El estado de Chiapas se ha convertido en un territorio propicio para el tráfico de personas a manos de organizaciones criminales, debido a la gran afluencia de personas migrantes que transitan por ahí.

La organización señaló que hay al menos tres rutas principales para mover a las personas: una por el Norte del estado, otra por la costa, y una tercera por el centro de Chiapas.

“Por un lado, bajo presión de los Estados Unidos, México sigue implementando una política de criminalización de la migración; y, por otro lado, deja las empresas criminales que trafican seres humanos con una impunidad casi total”, señaló en el informe.

Esto, a su vez, lo relacionó con el incremento en casos de niñas y mujeres desaparecidas en la entidad.

Sector minero provoca conflictos en comunidades

Entre las agresiones que el Frayba ha detectado, existen aquellas orientadas a defensores de la tierra y del territorio, quienes han sido víctimas incluso de desapariciones y asesinato. Estas personas fueron violentadas por “haber afectado los intereses de actores poderosos, en particular cuando se trata de megaproyectos”.

En el estado, el sector minero ha sido un foco de desestabilización en la región, ya que chocan intereses económicos y políticos que resultan en la vulneración de derechos.

Un ejemplo de ello, citó el Centro Frayba, fue en la comunidad de Nuevo Morelia, municipio de Chicomuselo, en abril de 2024, cuando 11 personas que se oponían a la violencia criminal, en el contexto de la explotación minera, fueron masacrados.

A partir de 2022, incrementó la presencia de grupos de la delincuencia organizada en este municipio. “Uno de los motivos era tratar de imponer los proyectos mineros que iban contra los intereses de las comunidades y, a fin de cuentas, la violencia fue más allá de la reactivación de la mina (que las comunidades organizadas habían logrado suspender tras años de lucha), alcanzando intereses de control político, social, económico y territorial de todas las localidades del municipio”, detalló.

El regreso de las familias desplazadas se da porque ahora “se han generado las condiciones de seguridad y con el trabajo conjunto con autoridades estatales” se acordó su retorno, explicó el alcalde, luego de señalar que las familias se desplazaron en diferentes fechas por la violencia armada que imperaba en la región.

Solís Alvarado explicó que el ayuntamiento que preside está coadyuvando con las autoridades comunitarias para que reciban a las familias que faltan por retornar.

“Hablamos con las autoridades de las comunidades de origen; les pedimos que les permitan regresar sin que les cobraran multas por haberse ido. Lo importante era que la gente que iba a retornar estuviera segura de que no iba a pagar por su entrada porque se acostumbra a multarlos para dejarlos regresar”.

Aseguró que el ayuntamiento de La Trinitaria, municipio fronterizo con Guatemala, se comprometió a apoyarlos -para empezar con la canasta básica- porque cuando se desplazaron perdieron cosas. “Platicamos con ellos y se juntaron las dos cosas, la alegría y la tristeza al regresar. No es fácil perder lo que construyeron”.

“Les ayudaremos también dándoles semillas para que retornen a cultivar sus parcelas; Chamic es una zona de riego muy productiva. Y a las autoridades comunitarias les dijimos que trabajaremos con ellas en los proyectos para que las familias que retornen se sientan ayudadas, sobre todo generarles fuentes de empleo”.

Las familias desplazadas estaban viviendo en distintos lugares, con familiares y amigos y salieron de sus comunidades en diferentes fechas, agregó.

El presidente municipal de La Trinitaria informó también que desde hace algunas semanas fue reabierto el centro ecoturístico Lagos de Colón, luego de permanecer casi dos años cerrado, también por la violencia provocada por el narco.

“Ahora volverá la derrama económica al abrir los Lagos de Colón; se han reabierto los restaurantes y las tiendas. Esa era la petición de los pobladores, porque nos decían que no tenían entradas económicas y que estaban muriendo de hambre, pero hoy con la reapertura del centro ecoturístico, los turistas están llegando, y ellos tienen la oportunidad ahora de hacer su vida normal, de ofrecer lo que comercian y tienen”.

Solís Alvarado comentó que los prestadores de servicios del centro ecoturístico, están esperando las vacaciones de Semana Santa para recibir más turistas. “Están abiertos el 90 por ciento de establecimientos. Los que tenían un poco de dudas para abrir sus negocios ya tienen la confianza. Ven que la gente abarrota los sábados y domingos el lugar”.

La violencia del narcotráfico en los municipios de la frontera y la sierra de Chiapas se agudizó a partir de 2021, cuando grupos del crimen organizado comenzaron a disputarse el territorio, lo que ocasionó enfrentamientos, asesinatos, desapariciones, desplazamientos forzados, bloqueos carreteros, quema de carros y cobro de derecho de piso.

Ayer, la Comisión a Una Vida Libre de Violencia de las Mujeres de la Colectiva, informó el brutal feminicidio de Teresa, una mujer de 45 años que salió de su casa en el municipio de Mapastepec, en la región de la costa, el pasado 10 de marzo, para ir al mercado; su familia reportara su desaparición.  

Al reportarse la no localización de Teresa Hernández Ruiz, la Fiscalía General del Estado emitió una ficha de búsqueda, tres días después, su cuerpo fue localizado en estado de descomposición, embolsado en la carretera Escuintla-Mapastepec. 

De acuerdo con la colectiva, el feminicidio de Teresa ha generado indignación en el municipio de Mapastepec. “¿Hasta cuándo las mujeres, vamos a tener que vivir con miedo?”, cuestionó.  

El mismo jueves 13 de marzo, 50más1 denunció un feminicidio más, el de María Ángela Hernández Ruiz en el municipio El Parral quien, de acuerdo con testimonios de vecinos, fue encontrada con huellas de estrangulamiento y golpes en su domicilio. 

Por los dos crímenes, la Fiscalía contra Feminicidio informó que inició las indagatorias correspondientes con protocolo de feminicidio, ante el hallazgo de los cuerpos en el municipio de Mapastepec y en El Parral.  

La dependencia señaló que un grupo especial de la Fiscalía contra Feminicidio realizará las investigaciones a fin de esclarecer los hechos y fincar responsabilidades. 

Al condenar los feminicidios y demandar justicia, 50más1 manifestó que se necesita reforzar los mecanismos de detención, atención y protección a mujeres víctimas de violencia de género y desapariciones, Así como destinar más recursos y articular medios para llegar a tiempo y evitar más muertes.  

“Las cifras nos duelen; los feminicidios se han registrado con una extrema violencia; por lo que es necesario revisar las estrategias, rediseñar acciones y programas, que coadyuven en general a que la justicia para las víctimas no sea sólo una exigencia, sino una realidad enmarcada en la ley”.

El cambio de García de los Santos se dio después de que se filtrara la autorización que esta hizo para que no procediera el ejercicio de la acción penal por atipicidad en contra del compositor y cantante Carlos Macías, acusado de violencia familiar equiparada, y se remitiera la carpeta de investigación para su archivo definitivo. 

En redes sociales circuló un video donde Macías agrede a una mujer de identidad reservada, aún con las pruebas, la exfiscal no investigó con perspectiva de género.  

El martes, la entonces titular de la Fiscalía de la Mujer publicó un video en que se lanza y acusa de violencia de género al periodista Vinicio Portela, quien días antes dio a conocer el documento a través del cual la funcionaria autoriza el acuerdo para que no proceda el ejercicio de la acción penal por atipicidad en contra de Macías. 

La exfiscal instruyó, además, que se remitiera a archivo definitivo la carpeta de investigación del compositor originario de la ciudad de Chiapa de Corzo. 

En el video se observa cómo, en tono molesto, García de los Santos reclama a Portela la publicación de los documentos que muestran cómo exonera al cantante de boleros. Lo acusó que con la publicación dañó “los propios derechos de la víctima. El 8 de marzo fuiste tú quien violento los derechos de muchas mujeres”, le espetó. 

Al mismo tiempo la exfuncionaria ventiló el nombre completo del agresor, y lo llamó violentador.  

En el Foro “Transformación para garantizar el acceso a la justicia para las mujeres”, una necesidad urgente, feministas le solicitaron al fiscal Llaven Abarca que el caso no quede impune. El fiscal aseguró que la investigación contra el cantante continuaba y que esperaban más pruebas de parte de la víctima.  

Luego de varios cuestionamientos de la ciudadanía en redes sociales, este miércoles se informó del nombramiento de la nueva titular, Flor de María Guirao. 

Llaven Abarca exhortó a la nueva funcionaria “a seguir el principio de cero impunidad y desempeñarse de manera profesional, transparente y con total compromiso con las niñas, adolescentes y mujeres”. 

El fiscal general destacó que la segunda etapa de estrategia de seguridad, que encabeza el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, es impulsar una agenda que fortalezca el trabajo a favor de la seguridad de las mujeres y, sobre todo, garantizar que ningún delito de género quede impune. 

Manifestó: “Estos relevos son una estrategia de ajuste y fortalecimiento a la estrategia de seguridad”.