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lunes, 8 de agosto de 2016

Ejecutan a siete personas en Guerrero

Chilpancingo, Gro. Al menos cinco personas fueron ejecutadas hoy en el municipio de Zumpango de Neri, ubicado a diez minutos de Chilpancingo.

Fuentes del gobierno municipal, informaron que alrededor de la 1:30 de la madrugada, un comando con rifles AK-47, y AR-15, persiguieron a un grupo de civiles en las inmediaciones de la alameda de esta ciudad, cerca de una discoteca ubicada en el centro de Zumpango de Neri.

Durante la persecución, primero ejecutaron a una persona; dos cuadras antes del centro mataron a dos más; al llegar a la discoteca mataron al cadenero del lugar, y ya en el interior, ejecutaron a otro civil.

En otra versión se dijo que el ataque fue al interior de la discoteca, pero no se ha confirmado dicha información, y tampoco, si hubo personas heridas.

Mientras tanto, dos personas fueron asesinadas y abandonadas sobre la carretera Chilapa -Atzacoaloya, a la altura de la colonia Corral de Piedra, en el municipio de Chilapa, ubicado en la Montaña Baja de Guerrero.

El reporte de la policías municipal destacó que los cuerpos fueron localizados boca a abajo, con las manos maniatadas. y con disparos de armas de fuego.

Mencionó que una de las víctimas fue identificado como Margarito Calvario Tlahuacapa, oriundo de la comunidad de Atzalcoaloya.





Fuente: La Jornada
Autor: Sergio Ocampo Arista
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/08/08/ejecutan-a-cinco-personas-en-zumpango-de-neri-guerrero

sábado, 25 de junio de 2016

Ejecutan a tres policías federales en Chilapa, Guerrero

Chilpancingo, Gro. Al menos tres policías federales fueron ejecutados y seis más resultaron heridos en la cabecera municipal de Chilapa, Guerrero.

Los hechos ocurrieron cerca de la glorieta Eucaria Apreza, cuando los elementos policíacos se encontraban comiendo y fueron sorprendidos por un comando que les disparó.

Chilapa es un municipio ubicado en la montaña baja de Guerrero en donde se disputan la plaza los grupos delictivos Los Ardillos y Los Rojos.

En tanto esta mañana en las inmediaciones de Chilpancingo una pareja fue ejecutada a balazos y hallada con visibles huellas de tortura.

Según fuentes policíacas, de ayer a hoy se registraron al menos 15 muertos: siete en Acapulco, cinco en Iguala, uno en el municipio de Buenavista de Cuéllar, entre otros.





Fuente: La Jornada
Autor: Sergio Ocampo
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/06/24/ejecutan-a-tres-policias-federales-en-guerrero

domingo, 12 de junio de 2016

Indígenas de Chilapa forman su policía comunitaria

Indígenas de San Jerónimo de Palantla, municipio de Chilapa –donde los grupos Los Ardillos y Los Rojos se disputan el territorio, siembra y trasiego de droga–, conformaron este sábado su policía comunitaria que pertenecerá a la Casa de Justicia de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC), con sede en Espino Blanco, alcaldía de Malinaltepec, en la Montaña Alta.

Francisco Chautla Zizinteco, comisario municipal, explicó que en una primera acción los civiles armados detuvieron la noche del viernes a 15 pobladores a quienes acusan de ser responsables de 13 asesinatos ocurridos en la localidad. Todos fueron trasladados a la Casa de Justicia de Espino Blanco para que inicien su proceso de reducación, añadió.

Por la noche, en la capital del estado, el Grupo de Coordinación Guerrero –en el que participan el Ejército y las policías Federal, estatal y ministerial– informó que durante el forcejeo para someter a los 15 detenidos, fue asesinado por arma de fuego Florencio Morales Salgado, cuyo cuerpo fue reconocido por su esposa, Angelina Flores Ahuelican.

En un comunicado de prensa firmado por su vocero, Roberto Álvarez Heredia, se refirió que militares y policías que desde temprano se trasladaron a San Jerónimo Palantla verificaron quemiembros de la Policía Ciudadana y Popular de Temalacatzingo se llevaron detenidos a fuerzas a 15 habitantes y hubo un muerto.

Señalan como presuntos responsables de la muerte de Florencio Morales a Facundo Morales Reyes y Evodio Calvario Merino, este último al parecer familiar de Arturo Bolaños Calvario, quien encabezaba a los miembros de la policía comunitaria y popular durante la irrupción.

Sobre la formación del nuevo grupo de civiles armados, el comisario municipal, Chautla Zizinteco, explicó que los pobladores le pidieron en mayo pasado convocar a una asamblea, pues ya estaban cansados de la violencia en su comunidad, provocada por personas extrañas y algunos pobladores; hicimos la asamblea y nos integramos a la casa de Espino Blanco.

Recordó que en febrero de 2015 un grupo armado se enfrentó a balazos con habitantes de San Jerónimo Palantla, donde perdieron la vida cinco personas, entre ellas dos indígenas, una embarazada; ahora su esposo forma parte de la naciente organización de defensa popular.

Mencionó que había problemas con algunos pueblos vecinos y en años recientes se mantuvo en calma, pero la violencia llegó el año pasado, en febrero. No sabemos por qué los mataron

San Jerónimo de Palantla –donde más de 62 por ciento de sus 300 habitantes son analfabetos– colinda con otros pueblos nahuas, entre ellos Xochitempa, Ahuehuitic, Alcozacán y Rincón de Chautla, con los que desde hace 50 años mantienen pleitos por problemas de tierras y ahora por la conformación de su policía comunitaria.

Constantino Calvario, consejero de seguridad de la nueva policía en Palantla, dijo que “los que entraron y decían que eran policías comunitarios, en realidad son criminales y amenazaban con matarnos.

“Hemos pedido que el gobierno nos apoye, fuimos a la Secretaría de Asuntos Indígenas, a la Fiscalía del estado, a la Secretaría de Gobernación, y no nos dieron respuesta, nos ignoraron. Incluso el gobernador Héctor Astudillo Flores sabe lo que está pasando aquí, ya solicitamos que nos mande refuerzos pero nunca lo ha hecho. Él (Astudillo) quiere que entre pueblo y pueblo se anden matando.

“A él lo protegen los narcos, a nosotros que no tenemos para pagarle nos deja sin la seguridad que corresponde a los pueblos de la Montaña Baja. Esos compas (los 15 detenidos) han operado aquí en el pueblo desde hace año y medio, ya han matado a 13 personas”, precisó.

Por eso ahora nos incorporamos al sistema comunitario de la CRAC, que se rige por la Ley 701 y el convenio 169 (de la Organización Internacional del Trabajo), a estas leyes nos vamos apegar y las vamos a respetar para que no haya más delincuencia en nuestro pueblo.

El gobierno los ignoró

El ex comisario Alfonso Orgín Castro, comandante de la policía comunitaria del pueblo, dijo que cuando era comisario me sacaron de mi casa los de Rincón de Chautla y me acusaron de muchos delitos que no cometí, me detuvieron los (falsos) policías comunitarios de ahí, estuve tres meses y dos semanas, agregó.

Florencio Salazar Adame, secretario de Gobierno, confirmó el arresto de ciudadanos de San Jerónimo, a los que acusan de ser falsos comunitarios y de actuar al margen de la ley. Refirio: Por supuesto que es un acto indebido; las policías comunitarias no tienen facultades para desplazarse de un municipio a otro. En caso de ser delincuentes deben ser entregados a las autoridades y aportar las pruebas.





Fuente: La Jornada
Autor: Sergio Ocampo 
http://www.jornada.unam.mx/2016/06/12/estados/027n1est


domingo, 15 de mayo de 2016

Las familias de Chilapa, Guerrero, dicen que hay 61 desaparecidos en la región; urgen ayuda

El colectivo Siempre Vivos, integrado por familiares de las personas desaparecidas en mayo de 2015 tras la irrupción de un grupo armado en Chilapa, Guerrero, tiene registrados 61 casos de personas de las que no se sabe su paradero desde 2013. Los rastreadores de fosas, acompañados de otros activistas, denunciaron que el pasado viernes un equipo especializado de la Fiscalía del Estado acudió a un predio en las inmediaciones de Tepehuixco a revisar un cementerio clandestino, sin que reportara resultado alguno, por lo que decidieron ellos mismos escarbar y encontraron más de 50 fragmentos de huesos.

Ciudad de México, 15 de mayo (SinEmbargo/El Sur).- Chilapa, Guerrero, huele a miedo, a putrefacción y a corrupción, declaró el integrante del colectivo Los Otros Desaparecidos de Iguala, Mario Vergara Hernández, que instruyó a familiares de desaparecidos en la búsqueda de fosas clandestinas.

Los dos expertos buscadores de fosas, Mario Vergara y Simón Carranza, concluyeron su estancia en Chilapa donde compartieron sus experiencias y acompañaron durante dos días a los familiares de desaparecidos en este municipio, integrantes de la organización Siempre Vivos, a buscar fosas clandestinas en cerros y predios de la zona rural del municipio.

En dos días hallaron dos fosas con restos humanos de las que informaron a la Fiscalía General del Estado (FGE), que exhumó cuatro cuerpos de aproximadamente un año de haber sido enterrados.

La movilización, organización y rastreo de fosas ayudó a que los colectivos de Iguala y Chilapa ubicaran nuevos puntos con probables fosas clandestinas en los alrededores de la cabecera municipal.

El colectivo Siempre Vivos tiene registrados 61 casos de desaparecidos desde 2013, de los cuales 16 son del 9 al 14 de mayo de 2015, durante la ocupación de vecinos armados del sur del municipio a la ciudad de Chilapa, que se autodenominan Comunitarios por la Paz y la Justicia, que el Obispo Salvador Rangel señaló como integrantes del grupo criminal Los Ardillos, acusación que estos niegan.


Consultado por El Sur, Mario Vergara Hernández, cuyo hermano Tomás de 41 años de edad fue secuestrado en julio de 2015 cuando conducía un taxi en la ruta de Iguala a Huitzuco, concluyó que la búsqueda de dos días fue “exitosa”.

“Venimos a hacer en dos días lo que el gobierno no pudo hacer durante meses, durante años, también venimos a exhibir la falta de voluntad del gobierno y su mal trabajo”, señaló.

Dijo que el pasado viernes, en el segundo día de búsqueda, un equipo especializado de cinco agentes de la Fiscalía del Estado acudió a un predio en las inmediaciones de Tepehuixco a revisar una fosa, pero después de terminar su trabajo acudieron los familiares y encontraron más de 50 fragmentos de huesos, sin que los de la dependencia estatal los hallaran.

Aseguró que los huesos que desenterraron y que olvidaron los de la Fiscalía, por su mal trabajo, no pertenecen a animales.

“Lo que están desenterrando es a un familiar de nosotros y tiene derecho a ser tratado dignamente, aunque sean puros huesos”, reclamó.

“Para nosotros un hueso puede salvar la vida de alguna madre que está esperando su hijo, o un padre o una hermana y dejar tantísimos huesos es algo horroroso para nosotros”, añadió.

Al ser cuestionado sobre la experiencia que le deja su labor en Chilapa, Vergara Hernández contestó que “aquí huele a miedo, huele a putrefacción, huele corrupción, a falta de voluntad de las autoridades”.

Dijo que esa misma situación se replica en otras partes del país. La falta de voluntad, ejemplificó, también se mostró en Veracruz, donde en 15 días una brigada de ciudadanos localizó más de 15 fosas.

Indicó que a pesar de que las autoridades ministeriales cuentan con equipo especializado, seguridad, vehículos y tecnología no quieren hacer un trabajo de búsqueda serio.

Los familiares de las víctimas de desaparición carecen de todo eso y han dado más resultados, dijo.

Exhortó a los familiares de personas desaparecidas en la Montaña a que nunca dejen de buscar a sus familiares porque el día que dejen de buscarlos ese día van a desaparecer, consideró.

Vergara Hernández agregó que “algún día vamos a encontrarlos, no a todos en fosas clandestinas porque no todos están enterrados, puede haber gente trabajando en la sierra o en la Montaña, y si están trabajando, para nosotros sería maravilloso saber que nuestro familiar está vivo”.

ASESINATO DEL DIRECTOR DE GOBERNACIÓN 

El Gobernador Héctor Astudillo Flores dijo que no se puede vincular el asesinato del director de Gobernación del Ayuntamiento de Chilapa, Miguel Ángel Andraca Eligio, con el crimen organizado o con problemas de la administración municipal, pues era un hombre que iba iniciando en la función pública.

En declaraciones a reporteros sobre el tema al concluir el acto de toma de protesta de la dirigencia de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra-Guerrero), que se llevó a cabo en el salón Los Espejos del hotel Emporio de Acapulco, a Astudillo Flores se le preguntó sobre el asesinato del funcionario de Chilapa y respondió que había hablado con el alcalde Parra García para preguntarle cuál era su visión, pues era su funcionario, y que le dijo que “no encontraba una línea, ni si quiera para dar una opinión”.

Agregó que “al no existir ninguna línea, pues porque era un hombre, diríamos, que se estaba iniciando en la administración pública, que no se le conocen nexos con grupos delincuenciales, que no se le conoce un acto, allá el asunto de la vía pública es un pueblo pequeño, no hay un conflicto como podía haber en una ciudad muy grande, donde hay una disputa por la vía pública”.

Indicó que entonces al no haber una línea lo único que podía decir es que ha pedido de manera oportuna al fiscal Xavier Olea Peláez que “ojalá podamos tener algunas líneas de investigación” sobre cuál fue el motivo del asesinato de Andraca Eligio.

Aunque el gobernador dijo que Andraca Eligio venía iniciando en la función pública, fuentes del gobierno municipal informaron que la víctima fue funcionario en las tres últimas administraciones priistas: de 2008 a 2015 fungió como director de Asuntos Jurídicos y en la actual administración era director de Gobernación municipal. Además de que era abogado litigante.

Sobre si Chilapa ya está adherido al Mando Único, Astudillo Flores dijo que creía que sí, que no tenía a la mano los municipios que ya aceptaron, pues ese municipio siempre se manifestó su disposición para unirse.

El viernes alrededor de las 6 de la tarde fue asesinado el director de Gobernación municipal del Ayuntamiento de Chilapa, Miguel Ángel Andraca Eligio, en un restaurante situado en el centro de la ciudad.

El homicidio ocurrió a dos cuadras de donde policías federales y municipales blindaban un festejo masivo por el Día del Maestro, organizado por el gobierno municipal encabezado por el alcalde priista Jesús Parra García.

En un comunicado, el Ayuntamiento dijo que tres hombres armados entraron al restaurante donde comía la víctima y le dispararon. El lugar del ataque está a una calle del hotel donde se hospedan los policías federales que son parte del Operativo Chilapa que busca revertir la violencia y la inseguridad en el municipio.




Fuente: Sin Embargo/El Sur
Autor: Luis Daniel Nava
http://www.sinembargo.mx/15-05-2016/1660780

viernes, 13 de mayo de 2016

Autoridades exhuman cuatro cuerpos de fosas clandestinas de Chilapa

TEPEHUIXCO, CHILAPA, Gro: Autoridades ministeriales exhumaron cuatro cuerpos de las fosas localizadas ayer por integrantes del Comité Siempre Vivos que buscan a familiares desaparecidos en Chilapa.

Posterior a las diligencias realizadas por las autoridades, los exploradores civiles volvieron a recorrer la zona y encontraron fragmentos óseos, entre ellos dos piezas dentales y un dedo con todo y argolla, evidencias que no fueron levantadas por las autoridades en la diligencia previa.

El hecho provocó la indignación de los familiares, quienes repudiaron la simulación de las autoridades frente al tema de los desaparecidos, debido a que éstas están dejando de recuperar indicios clave para identificar a las personas que fueron inhumadas clandestinamente.

Este mañana autoridades ministeriales acompañadas de peritos realizaron la exhumación de cuerpos en las fosas descubiertas ayer por los familiares de las víctimas en el predio Loma Larga, ubicado en el camino que conduce al poblado de Tepehuixco, municipio de Chilapa.

Entre las irregularidades denunciadas por las familias de las víctimas destaca el hecho de que en Guerrero existe un solo antropólogo forense y, a escala nacional únicamente son 15 los peritos especializados en esta materia.

Loa anterior evidencia la indiferencia del gobierno federal y estatal para enfrentar el tema de los desaparecidos, luego de que los hechos han evidenciado que el país entero es un enorme cementerio clandestino.


Por la tarde se realizó un despliegue de soldados y policías estatales en las inmediaciones del hallazgo de las fosas, ya que fue reportada la presencia de un grupo armado en los cerros aledaños, al tiempo que familiares realizaban la segunda jornada de búsqueda de desaparecidos en la zona.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: EZEQUIEL FLORES CONTRERAS.
LINK: http://www.proceso.com.mx/440568/autoridades-exhuman-cuatro-cuerpos-fosas-clandestinas-chilapa

Chilapa, una reedición de Ayotzinapa, acusan pobladores

CHILAPA, Gro: Desde enero de 2014 Proceso dio a conocer que Chilapa, ubicada en el corazón de Guerrero, se había convertido en el escenario de una brutal guerra entre tres bandas criminales que buscan el control geográfico y político de un corredor esencial para el trasiego de drogas.

La escalada de violencia generada por los grupos delictivos que actúan impunemente, exhibió los nexos del narco con autoridades de los tres niveles y el Ejército quienes simplemente se limitaron a observar la brutal confrontación que ha dejado una estela de terror y muerte en esta franja de la entidad.

El contubernio de autoridades civiles y castrenses con el crimen tuvo su máxima expresión del 9 al 14 de mayo de 2015, cuando integrantes de la banda de Los Ardillos se apoderó de la ya convulsionada cabecera municipal de Chilapa, considerada hasta entonces la base del grupo delictivo rival, Los Rojos.


En ese momento, los pobladores señalaron a Proceso que aunque las autoridades lograron evitar un enfrentamiento armado a gran escala, dejaron la ciudad a merced de los sicarios, que instalaron retenes, allanaron viviendas y desaparecieron a una treintena de personas.

El vocero de las familias afectadas, José Díaz Navarro advirtió desde el año pasado que el caso Chilapa se estaba gestando “otro Ayotzinapa”.

En junio pasado Proceso publicó un texto titulado Los Ardillos, el verdadero poder en Chilapa donde se documentaron los casos de los 16 desaparecidos por el grupo armado frente a soldados y policías federales y estatales que no hicieron nada por impedir este crimen.

Las víctimas, todos varones, tienen entre 15 y 31 años y diversos oficios. Cinco son familiares de un exjefe policiaco municipal vinculado a la delincuencia, pero también hay un repartidor de tortillas, un estudiante de la Universidad Tecnológica de la Zona Norte, un vendedor de frutas en el mercado y un taxista.

Hasta el momento, se desconoce su paradero aunque existen versiones de que algunos de los jóvenes son obligados a trabajar en campos de amapola controlados por Los Ardillos.

Buscar por cuenta propia

Esta es la historia de los desaparecidos de Chilapa que desde ayer son buscados por sus familiares que decidieron conforman el comité ciudadano “Siempre vivos” ante la indolencia gubernamental.

La tarde del martes 12 de mayo del año pasado, Jorge Jaimes Abarca se trasladaba en motoneta al salón de fiestas California, en Chilapa, donde entregaría un pedido de tortillas.

Al pasar por la glorieta Ecuaria Apreza fue interceptado por miembros de la banda de Los Ardillos, que tres días antes habían tomado el control de la ciudad con la aparente anuencia de la policía y el Ejército.

Del sábado 9 al jueves 14, los delincuentes instalaron retenes, catearon viviendas y se llevaron a varias personas por la fuerza.

Jorge Jaimes, de 18 años, trabajaba en la tortillería y tiene un hijo de dos años. Es hermano de Héctor Jaimes, antropólogo de 30 años egresado de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro). Éste fue privado de su libertad el 18 de marzo, dos meses antes que Los Ardillos tomaran la cabecera de Chilapa, que hasta hace poco se consideraba bastión de Los Rojos, la banda rival.

El joven profesionista realizaba un documental, financiado por la Secretaría de la Juventud estatal, sobre la elaboración del pan en las comunidades del municipio.

Una semana antes de su desaparición, Héctor les dijo a unos amigos que “lo estaban siguiendo”, pues un grupo armado le exigió que “dejara de hacer la película” cuando realizaba entrevistas en una comunidad.

Después, un comando lo “levantó” cuando se dirigía a su casa en las inmediaciones de la colonia Las Palmas. Su cuenta personal de Facebook y su línea de teléfono móvil fueron desactivadas, narra una fuente cercana a la familia.

En el proyecto del documental, también participaba Gilberto Abundis Sánchez, también de 30 años, estudiante de artes visuales en Morelia, Michoacán, y originario de Chilapa. Él fue privado de su libertad la tarde del lunes 30 de marzo, dos semanas después que Héctor Jaimes. Sujetos armados que se desplazaban en motonetas irrumpieron en su casa y se lo llevaron.

El jueves 21 de mayo se localizaron los restos del artista gráfico en las inmediaciones del panteón de la comunidad de Nejapa, a 10 minutos de la cabecera municipal. Tenía el rostro desollado. En el lugar estaban otros dos cadáveres que aún no han sido identificados.

Héctor y Jorge Jaimes Abarca siguen desaparecidos. Su madre, María del Carmen Abarca Nava, que se dedica a vender tacos en el mercado local, está destrozada.

101 ejecuciones en dos años

Un recuento realizado por familiares de víctimas de la delincuencia organizada indica que en Chilapa se han documentado 101 ejecuciones entre julio de 2014 y mayo de este año; la cifra de desaparecidos aún no se ha precisado.

Durante los seis días que Los Ardillos asumieron el control de la cabecera municipal ante la inacción de militares y policías federales y estatales, al menos 30 personas fueron privadas de su libertad, pero sólo se denunciaron ante la autoridad ministerial 16 casos.

Hasta ahora las autoridades ministeriales han registrado la desaparición de: Jorge Jaimes Abarca, de 18 años; Carlos Emanuel Meza Nava, de 21; Daniel Velázquez Romero, de 23; los hermanos Miguel, Juan y Víctor Carreto Cuevas de 23, 20 y 15 años; Jorge Luis Salmerón Hernández, de 22; Sergio Derramona Abarca, de 25; Alexandro Nava Reyes, de 21; Jaime Eduardo Villanueva Altamirano, de 31; Arturo Gutiérrez Jaimes, de 19; Juan Carlos García Castro, de 16 años; Victorino Morales Acatitlán, de 28, Sebastián Ulises Alonso Jaimes, de 21, así como el   señor Crispino Carreto González y su hijo Samuel Carreto Vázquez.

Reportes oficiales indican que de las 16 desapariciones denunciadas, cinco son de familiares del exdirector de Seguridad Pública municipal, Silvestre Carreto, actualmente preso por sus presuntos nexos con Los Rojos.

Algunas familias de víctimas de desaparición forzada no se atrevieron a presentar la denuncia porque fueron amenazadas, dice el profesor José Díaz Navarro, hermano de Hugo y Alejandro, quienes junto a tres empresarios de la construcción fueron interceptados por sujetos armados en la comunidad de El a finales de noviembre de 2014. Los cinco siguen desparecidos.

Otro Ayotzinapa

Díaz Navarro, quien se ofreció como vocero de las familias afectadas en la cabecera de Chilapa, considera que la situación que se vivió durante la toma de la ciudad se perfila como una reedición del caso Ayotzinapa, pues fue evidente que la delincuencia actuó en contubernio con el Ejército y las autoridades, tanto federales como estatales.

Por ello, responsabiliza de esos crímenes al exgobernador provisional Rogelio Ortega Martínez y al expresidente del Congreso, el exdiputado local perredista Bernardo Ortega Jiménez, hermano de los presuntos jefes de Los Ardillos.

“Aquí tenemos otro Ayotzinapa y creo que tenemos otro Abarca en el Congreso y en la Casa Guerrero”, expresó el profesor, quien solicitó la intervención del secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong, para garantizar la procuración de justicia porque a su juicio las autoridades locales están rebasadas.

No obstante, a pesar de la intervención directa de Osorio Chong y el gabinete de Seguridad Nacional, nada se ha hecho por restablecer el orden en esta zona y sobre todo localizar a los desaparecidos.

Autoridad omisa

Mientras las autoridades de los tres niveles hasta la fecha no han justificado por qué el Ejército y las corporaciones policiacas federal y estatal hayan permitido la barbarie de la banda presuntamente dirigida por los hermanos del diputado local Ortega Jiménez, los familiares de las víctimas siguen presionando, a través de la denuncia pública, para exigir la presentación con vida de los desparecidos y el castigo a los responsables.

El miércoles 20 de mayo de 2015, de manera sorpresiva el comisionado general de la Policía Federal (PF), Enrique Francisco Galindo Ceballos, arribó a Chilapa y se reunió en privado con familiares de desaparecidos, pero se limitó a ofrecer ayuda en la investigación.

Cuatro días después, el exgobernador sustituto Rogelio Ortega también tuvo un encuentro con ellos en las instalaciones del Seminario de Chilapa, donde enfrentó, con el alcalde priista Francisco García González, las críticas y reclamos por las omisiones de la fuerza estatal y su presunta complicidad con Los Ardillos.

Indignados, padres y hermanos de los desparecidos dieron a Ortega Martínez un plazo de 48 horas para liberar a las víctimas. También le reprocharon que hubiera “negociado” con representantes de Los Ardillos el retiro de los civiles armados de la cabecera pero no exigió que soltaran a los retenidos:

“Usted negoció con el grupo armado, usted declaró públicamente que ya tenía acuerdos con los delincuentes y que ya estaba resuelto el conflicto pero lo que no mencionó es que había un gran número de retenidos y los únicos responsables son los comisarios que venían al frente del grupo armado y con los que usted negoció”, expresó enfático el profesor José Díaz Navarro.

Los familiares criticaron que el funcionario fuera a conocer el problema 10 días después de la incursión de Los Ardillos, que actuaron impunemente.

“Sólo le importa proteger su imagen. A usted no le secuestraron a sus hijos, su mamá o papá. Ya perdí tres hijos, recibí amenazas y no me importa que me maten. Por eso le damos un plazo de 48 horas para que resuelva la desaparición de nuestros hijos, porque no son perros”, le dijo Bernardo Carreto González, padre de Miguel, Juan y Víctor Carreto Cuevas.

El 22 de diciembre de 2015, Bernardo Carreto fue ejecutado y su familia tuvo que abandonar el poblado de Ahuihuiyuco donde tenían fincada su vida.

Durante el encuentro con autoridades, al presidente municipal García González le reclamaron que la violencia se recrudeció cuando él asumió el cargo. La hermana del artista gráfico Abundis expresó:

“Desde que este señor está al frente del ayuntamiento han ocurrido muchas desapariciones, la violencia aumentó año con año. ¿Por qué no se le investiga? ¿Por qué tenemos que pagar los ciudadanos por tanta cochinada de los políticos?

“No es justo que a mi hermano lo hayan matado como a un perro. Era estudiante de artes visuales. Maldita la hora que vino a visitarnos, porque él mismo decía que en Chilapa ya no hay lugar para gente decente. Aquí la única gente que tiene lugar son los delincuentes”.

Acusado públicamente de proteger a Los Rojos, el alcalde se dijo dispuesto a que lo investiguen las autoridades federales y reiteró que su administración ha sido rebasada por la violencia.

Por su parte, el exgobernador Ortega se limitó a justificar su encuentro con los 14 comisarios municipales que encabezaron a Los Ardillos durante la toma de Chilapa, argumentando que en las comunidades también han denunciado que la batalla entre Los Rojos y Los Ardillos ha dejado una treintena de desaparecidos y decenas de ejecuciones.

Acababa de insistir en que tiene “las manos limpias”, pues no lo pueden acusar de corrupto ni de tener nexos con la delincuencia, cuando un padre de familia le aclaró: “Tenía las manos limpias hasta ahora, porque después de la desaparición de nuestros hijos, usted es el responsable”.

El exmandatario anunció que iba a citar a los comisarios municipales para que declararan ante autoridades ministeriales sobre las desapariciones cometidas durante la acción de Los Ardillos y tolerada por las autoridades.

También dijo que crearía una comisión especial, formada por funcionarios estatales, familiares de desaparecidos y representantes de la sociedad, para dar seguimiento a las investigaciones.

Nada de esto se cumplió así como la promesa del gobierno federal de investigar a fondo este hecho.


Por ello, un año después, cansados de la actitud de los políticos y autoridades los familiares decidieron salir a buscar a sus desaparecidos.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: EZEQUIEL FLORES CONTRERAS.
LINK: http://www.proceso.com.mx/440415/chilapa-una-reedicion-ayotzinapa-acusan-pobladores

jueves, 4 de junio de 2015

‪#‎FreeNestora‬. Los Ardillos, el verdadero poder en Chilapa

Del 9 al 14 de mayo, la banda de Los Ardillos se apoderó de la ya convulsionada cabecera municipal de Chilapa, considerada hasta entonces la base del grupo delictivo rival, Los Rojos. A decir de los pobladores, aunque las autoridades lograron evitar un enfrentamiento armado a gran escala, dejaron la ciudad a merced de los sicarios, que instalaron retenes, allanaron viviendas y desaparecieron a una treintena de personas. El vocero de las familias afectadas teme que se esté gestando “otro Ayotzinapa”.

CHILPANCINGO, GRO: La tarde del martes 12, Jorge Jaimes Abarca se trasladaba en motoneta al salón de fiestas California, en Chilapa, adonde entregaría un pedido de tortillas.

Al pasar por la glorieta Ecuaria Apreza fue interceptado por miembros de la banda de Los Ardillos, que tres días antes habían tomado el control de la ciudad con la aparente anuencia de la policía y el Ejército.

Del sábado 9 al jueves 14, los delincuentes instalaron retenes, catearon viviendas y se llevaron a varias personas por la fuerza.

Jorge Jaimes, de 18 años, trabajaba en la tortillería y tiene un hijo de dos años. Es hermano de Héctor Jaimes, antropólogo de 30 años egresado de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro). Éste fue privado de su libertad el 18 de marzo, dos meses antes que Los Ardillos tomaran la cabecera de Chilapa, que hasta hace poco se consideraba el bastión de Los Rojos, la banda rival.

El joven profesionista realizaba un documental, financiado por la Secretaría de la Juventud estatal, sobre la elaboración del pan en las comunidades del municipio.

Una semana antes de su desaparición, Héctor les dijo a unos amigos que “lo estaban siguiendo”, pues un grupo armado le exigió que “dejara de hacer la película” cuando realizaba entrevistas en una comunidad.

Después, un comando lo levantó cuando se dirigía a su casa en las inmediaciones de la colonia Las Palmas. Su cuenta personal de Facebook y su línea de teléfono móvil fueron desactivadas, narra una fuente cercana a la familia.

En el proyecto de documental también participaba Gilberto Abundis Sánchez, también de 30 años, estudiante de artes visuales en Morelia, Michoacán, y originario de Chilapa. Él fue privado de su libertad la tarde del lunes 30 de marzo, dos semanas después que Héctor Jaimes. Sujetos armados que se desplazaban en motonetas irrumpieron en su casa y se lo llevaron.

El jueves 21 de mayo se localizaron los restos del artista gráfico en las inmediaciones del panteón de la comunidad de Nejapa, a 10 minutos de la cabecera municipal. Tenía el rostro desollado. En el lugar estaban otros dos cadáveres que aún no han sido identificados.

Héctor y Jorge Jaimes Abarca siguen desaparecidos. Su madre, María del Carmen Abarca Nava, que se dedica a vender tacos en el mercado local, está destrozada.

Un recuento realizado por familiares de víctimas de la delincuencia organizada indica que en Chilapa se han documentado 101 ejecuciones entre julio de 2014 y mayo de este año; la cifra de desaparecidos aún no se ha precisado.

Durante los seis días que Los Ardillos asumieron el control de la cabecera municipal ante la inacción de militares y policías federales y estatales, al menos 30 personas fueron privadas de su libertad, pero sólo se denunciaron ante la autoridad ministerial 16 casos.

Las víctimas tienen entre 15 y 31 años, todos varones y de diversos oficios. Cinco son familiares de un exjefe policiaco municipal vinculado a la delincuencia, pero también hay un repartidor de tortillas, un estudiante de la Universidad Tecnológica de la Zona Norte, un vendedor de frutas en el mercado y un taxista.

Hasta la fecha nada se sabe del paradero de los desaparecidos y la indignación de sus familiares aumenta ante la evidente omisión y la posible participación de autoridades civiles y militares en esos delitos, en complicidad con la delincuencia.

Algunas familias de víctimas de desaparición forzada no se atrevieron a presentar la denuncia porque fueron amenazadas, dice el profesor José Díaz Navarro, hermano de Hugo y Alejandro, quienes junto a tres empresarios de la construcción fueron interceptados por sujetos armados en la comunidad de El Jagüey a finales de noviembre de 2014. Los cinco siguen desparecidos.

Díaz Navarro, quien se ofreció como vocero de las familias afectadas en la cabecera de Chilapa, considera que la situación que se vivió durante la toma de la ciudad se perfila como una reedición del caso Ayotzinapa, pues fue evidente que la delincuencia actuó en contubernio con el Ejército y las autoridades, tanto federales como estatales.

Por ello, responsabiliza de esos crímenes al gobernador provisional Rogelio Ortega Martínez y al presidente del Congreso, el diputado local perredista Bernardo Ortega Jiménez, hermano de los jefes de Los Ardillos.

“Aquí tenemos otro Ayotzinapa y creo que tenemos otro Abarca en el Congreso y en la Casa Guerrero”, sintetiza el profesor, quien reprocha la “criminal indolencia” gubernamental y pide la intervención del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, para garantizar la procuración de justicia porque a su juicio las autoridades locales están rebasadas.

Autoridad pasiva

Hasta ahora las autoridades ministeriales han registrado la desaparición de  16 personas del 9 al 14 de mayo: Jorge Jaimes Abarca, de 18 años; Carlos Emanuel Meza Nava, de 21; Daniel Velázquez Romero, de 23; los hermanos Miguel, Juan y Víctor Carreto Cuevas de 23, 20 y 15 años; Jorge Luis Salmerón Hernández, de 22; Sergio Derramona Abarca, de 25; Alexandro Nava Reyes, de 21; Jaime Eduardo Villanueva Altamirano, de 31; Arturo Gutiérrez Jaimes, de 19; Juan Carlos García Castro, de 16 años; Victorino Morales Acatitlán, de 28, Sebastián Ulises Alonso Jaimes, de 21, así como el   señor Crispino Carreto González y su hijo Samuel Carreto Vázquez.

Mientras las autoridades de los tres niveles no pueden justificar que el Ejército y las corporaciones policiacas federal y estatal hayan permitido la barbarie de la banda dirigida por los hermanos del diputado local Ortega Jiménez, los familiares de las víctimas siguen presionando, a través de la denuncia pública, para exigir la presentación con vida de los desparecidos y el castigo a los responsables.

El miércoles 20, de manera sorpresiva el comisionado general de la Policía Federal (PF), Enrique Francisco Galindo Ceballos, arribó a Chilapa y se reunió en privado con familiares de desaparecidos, pero se limitó a ofrecer ayuda en la investigación.

Cuatro días después, el gobernador sustituto Rogelio Ortega también tuvo un encuentro con ellos en las instalaciones del Seminario de Chilapa, donde enfrentó, con el alcalde priista Francisco García González, las críticas y reclamos por las omisiones de la fuerza estatal y su presunta complicidad con Los Ardillos.

Indignados, padres y hermanos de los desparecidos dieron a Ortega Martínez un plazo de 48 horas para liberar a las víctimas. También le  reprocharon que hubiera “negociado” con representantes de Los Ardillos el retiro de los civiles armados de la cabecera pero no exigió que soltaran a los retenidos:

“Usted negoció con el grupo armado, usted declaró públicamente que ya tenía acuerdos con los delincuentes y que ya estaba resuelto el conflicto pero lo que no mencionó es que había un gran número de retenidos y los únicos responsables son los comisarios que venían al frente del grupo armado y con los que usted negoció”, expresó enfático el profesor José Díaz Navarro.

Los familiares criticaron que el funcionario fuera a conocer el problema 10 días después de la incursión de Los Ardillos, que actuaron impunemente.

“Sólo le importa proteger su imagen. A usted no le secuestraron a sus hijos, su mamá o papá. Ya perdí tres hijos, recibí amenazas y no me importa que me maten. Por eso le damos un plazo de 48 horas para que resuelva la desaparición de nuestros hijos, porque no son perros”, le dijo Bernardo Carreto González, padre de Miguel, Juan y Víctor Carreto Cuevas.

Los tres jóvenes desaparecieron el 10 de mayo poco después de llegar a Chilapa, adonde fueron desde Ahuihuiyuco para vender una ternera.

Reportes oficiales indican que de las 16 desapariciones denunciadas, cinco son de familiares del exdirector de Seguridad Pública municipal, Silvestre Carreto, destituido por sus presuntos nexos con Los Rojos.

Y al presidente municipal García González le reclamaron que la violencia se recrudeció cuando él asumió el cargo. La hermana del artista gráfico Abundis expresó:

“Desde que este señor está al frente del ayuntamiento han ocurrido muchas desapariciones, la violencia aumentó año con año. ¿Por qué no se le investiga? ¿Por qué tenemos que pagar los ciudadanos por tanta cochinada de los políticos?

“No es justo que a mi hermano lo hayan matado como a un perro. Era estudiante de artes visuales. Maldita la hora que vino a visitarnos, porque él mismo decía que en Chilapa ya no hay lugar para gente decente. Aquí la única gente que tiene lugar son los delincuentes”.

Acusado públicamente de proteger a Los Rojos, el alcalde se dijo dispuesto a que lo investiguen las autoridades federales y reiteró que su administración ha sido rebasada por la violencia.

Por su parte, el gobernador Ortega se limitó a justificar su encuentro con los 14 comisarios municipales que encabezaron a Los Ardillos durante la toma de Chilapa, argumentando que en las comunidades también han denunciado que la batalla entre Los Rojos y Los Ardillos ha dejado una treintena de desaparecidos y decenas de ejecuciones.

Acababa de insistir en que tiene “las manos limpias”, pues no lo pueden acusar de corrupto ni de tener nexos con la delincuencia, cuando un padre de familia le aclaró: “Tenía las manos limpias hasta ahora, porque después de la desaparición de nuestros hijos, usted es el responsable”.

El gobernador sustituto anunció que iba a citar a los comisarios municipales para que declararan ante autoridades ministeriales sobre las desapariciones cometidas durante la acción de Los Ardillos y tolerada por las autoridades.

También dijo que crearía una comisión especial, formada por funcionarios estatales, familiares de desaparecidos y representantes de la sociedad, para dar seguimiento a las investigaciones.

Pero la siguiente semana Ortega no se comunicó con las familias afectadas, que hicieron un llamado al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, para que intervenga directamente en la liberación de las personas retenidas y se investigue al presidente del Congreso estatal, el perredista Bernardo Ortega Jiménez, por sus presuntos nexos con el narco.


Hasta el cierre de la edición se desconocía el paradero de los desaparecidos, aunque se confirmó que el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa Cifrián, visitaría Chilapa a fin de darle seguimiento a los acuerdos de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), que implantó un programa de intervención psicológica, un registro nacional de víctimas, acceso al fondo de reparación y un mecanismo de trabajo social.  

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: EZEQUIEL FLORES CONTRERAS (REDACCIÓN)

#‎FreeNestora‬. Policía Federal llega a Acapulco para resguardar aeropuerto

Elementos federales buscan resguardar el aeropuerto General Juan N. Álvarez, después que miembros de la CNTE tomaron el aeropuerto de Oaxaca la mañana de este miércoles 3 de junio.

Unos 200 elementos de la Policía Federal llegaron al aeropuerto internacional de Acapulco para resguardarlo ante la posible llegada de maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (Ceteg) y normalistas de Ayotzinapa.

La llegada de los elementos federales sucede a unas horas de que miembros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) bloquearon el aeropuerto internacional de Oaxaca.

Maestros bloquean acceso al municipio de Tlapa, Guerrero

Maestros y alumnos del Movimiento Popular Guerrerense (MPG) bloquean uno de los accesos a la ciudad de Tlapa, Guerrero, tras haber sido desalojados del Ayuntamiento en esta localidad. El bloqueo está en la entrada de la carretera Tlapa-Chilapa.

Los miembros del MPG -que exigen al gobierno que no haya elecciones- tenían un campamento instalado en el zócalo de Tlapa desde octubre de 2014, sin embargo, fueron desalojados por los colonos tras la quema de boletas electorales que se realizó la noche del lunes 1 de junio.

Además, se registra otro bloqueo en la carretera que conduce hacia el municipio de Huamuxtitlán. Familias damnificadas por los ciclones “Manuel” e “Ingrid” -que golpearon Guerrero en septiembre de 2014- bloquean el paso para exigir la entrega de granos y la reconstrucción de sus viviendas.

Militares entran a Chilapa

La noche del martes 2 de junio, un convoy militar ingresó a Chilapa, Guerrero. Según habitantes, la comitiva se conforma por 17 vehículos blindados, pipas de gasolina, ambulancias y unidades conocidas como ‘rinocerontes’ y fue instalada en la Unidad Deportiva de la ciudad.

De acuerdo con el vocero de los familiares de desaparecidos en el municipio, José Díaz Navarro, el ingreso del convoy militar tiene la finalidad de vigilar la elección y no de cuidar a la población, pues la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación (Ceteg) y el Movimiento Popular Guerrerense determinaron no permitir la instalación de casillas el domingo 7 de junio.


Esto acontece a cuatro días de que inicie el proceso electoral y tras casi un mes de la irrupción de civiles armados a Chilapa, que dejó como saldo la desaparición de un número aún no determinado de habitantes. Este caso se ha desarrollado de la siguiente manera:

  • El 19 de mayo la Fiscalía General de Guerrero anunció que investigaría la denuncia de 15 personas desaparecidas en Chilapa.
  • La cifra de personas denunciadas subió a 16, pero también se habló de que hay otros 14 desaparecidos que no fueron denunciados por miedo a represalias.
  • El 22 de mayo, Segob instaló una mesa de diálogo con familiares de desaparecidos.
  • En días posteriores se recabaron muestras de ADN de los familiares y hacia el 30 de mayo se anunció que la búsqueda de las víctimas se hace ‘con vida’, pues no hay indicios de que hayan perdido la vida.
  • El mismo 30 de mayo se informó que los avances en las líneas de investigación son secretos y se planteó un esquema de información individual para cada una de las familias.
  • Segob informó que, ante las exigencias de los habitantes, la Policía Federal (que ingresó a Chilapa en días previos) se mantendría en la ciudad porque se sienten seguros con ella.
  • El 1 de junio se hallaron dos cuerpos en una fosa en Chilapa; el alcalde informó que no se trata de ninguno de los desaparecidos.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.

martes, 2 de junio de 2015

#‎FreeNestora‬. Desaparecidos de Chilapa fueron entregados a la Gendarmería y policía estatal: Comisarios

CHILPANCINGO, Gro: Comisarios municipales de Chilapa se presentaron a la Fiscalía General del estado (FGE), para declarar sobre el caso de la irrupción del grupo delictivo “Los Ardillos” en la cabecera y reiteraron que las personas retenidas por los civiles armados fueron entregados a la Policía Federal (PF) división Gendarmería y policía estatal.

Al respecto, informaron que durante los seis días que mantuvieron sitiada la ciudad de Chilapa estuvieron “coordinados” con los federales y estatales, quienes estuvieron al tanto de los retenes y las detenciones que realizó el grupo armado, indicaron ante autoridades ministeriales.

El representante de los bienes comunales de los poblados de San Pedro y Xiloxuchicán, José Apolonio Villanueva Jiménez se deslindó del grupo delictivo “Los Ardillos”, que dirige la familia del presidente del Congreso estatal, el diputado local perredista Bernardo Ortega Jiménez.

En su declaración ministerial, Villanueva Jiménez afirmó que “no conocía” a la banda de “Los Ardillos” y que el problema de inseguridad se vive en la cabecera donde opera la pandilla de “Los Rojos”, liderada por Zenén Nava Sánchez “El Chaparro”.

Este día arribaron al menos 21 comisarios y representantes de bienes comunales y ejidales que encabezaron la toma de Chilapa del sábado 9 al jueves 14, donde instalaron retenes, desarmaron a policías municipales y retuvieron a varias personas con la complacencia del Ejército y las policías federal y estatal.

Consultado afuera de la FGE, José Apolonio Villanueva, representante de los comisarios, dijo que además de deslindarse de “Los Ardillos” y la desaparición de al menos una treintena de personas, denunciaron que “Los Rojos” habrían desatado previamente una ola de violencia en las comunidades.

Dijo que también tienen decenas de personas desaparecidas situación que provocó la suspensión del servicio de transporte público, así como la ausencia de docentes médicos en la zona rural del municipio.

Por ello, denunciaron que el alcalde priista, Francisco García González protege al líder de “Los Rojos” y exigieron el restablecimiento de la seguridad en las comunidades.


En su reciente edición, en circulación, el semanario Proceso publica un reportaje en el que, con base en testimonios, informa cómo “Los Ardillos” se apoderaron de la cabecera municipal de Chilapa, del 9 al 14 de mayo, y desaparecieron a una treintena de personas.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: EZEQUIEL FLORES CONTRERAS.

lunes, 1 de junio de 2015

‪#‎FreeNestora‬. Fiscal de Guerrero descarta que cuerpos hallados en fosa correspondan a desaparecidos

MÉXICO, D.F: El Fiscal de Guerrero, Miguel Ángel Godínez, descartó que los dos cuerpos desmembrados hallados el domingo pasado en una fosa en el municipio de Chilapa, correspondan a las personas presuntamente levantadas por miembros del crimen organizado entre el 9 y 14 de mayo.

La Fiscalía informó el domingo por la tarde del hallazgo de dos cuerpos en una fosa ubicada la Ranchería Incinalistas, comunidad de Acazacatla, municipio de Chilapa de Álvarez.

“Lo que me dicen los peritos es que no tendrían que ver con los hechos del 9 al 14 mayo (…) hasta este momento no tenemos elementos que nos indiquen que tienen que ver”, comentó Godínez en entrevista con Radio Fórmula.

Los cuerpos, afirmó, tenían entre dos y tres meses en la fosa, estaban desmembrados y en avanzado proceso de descomposición y por eso se puede descartar que se trate de los desaparecidos hace un par de semanas.

“Los peritos me dicen que fue aproximadamente dos, tres meses que estos cuerpos fueron enterrados, es la primera opinión y ya la prueba científica que ellos realicen determinará con exactitud, me dará un resultado con certeza”, dijo el fiscal quien confió en que este lunes se den a conocer los resultados de las investigaciones periciales.

Ambos cuerpos fueron trasladados por elementos del servicio médico forense a Chilpancingo, para practicarles la necropsia de ley.

Según reportes de la Secretaría de Seguridad Pública, elementos de la Fuerza Estatal y de la Policía Ministerial del Estado (PME) acudieron a al lugar del hallazgo en respuesta a una denuncia anónima realizada alrededor de las 14:00 horas.

Ahí encontraron la fosa con los restos de dos hombres descuartizados, por lo que los integrantes de la Fiscalía de Guerrero continuaron con los trabajos de búsqueda para tratar de hallar más cuerpos.

Entre el 9 y 14 de mayo, una treintena de personas han sido levantadas y desaparecidas por miembros del crimen organizado, aunque sólo 16 casos han sido denunciados ante la autoridad ministerial.

Durante esos días, la banda de Los Ardillos se apoderó de la cabecera municipal de Chilapa, considerada hasta entonces la base del grupo delictivo Los Rojos.

Según un reportaje del reportero Ezequiel Flores publicado en el más reciente número semanario Proceso, en circulación, las víctimas tienen entre 15 y 31 años, todos varones y de distintos oficios. Cinco son familiares de un exjefe policiaco municipal vinculado a la delincuencia.

De acuerdo con testimonios de los pobladores, las autoridades evitaron un enfrentamiento armado a gran escala, pero dejaron la ciudad a merced de los sicarios que han instalado retenes, allanado viviendas y desaparecido a una treintena de personas.

José Díaz Navarro, vocero de las familias afectadas afirma en el reportaje: “Aquí (en Chilapa) tenemos otro Ayotzinapa y creo que teneos otro (José Luis) Abraca en el Congreso y en la Casa Guerrero”.


Desde las desapariciones las escuelas no trabajan al 100% y las actividades comerciales se han visto mermadas a causa de la violencia.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.

jueves, 28 de mayo de 2015

Fiscalía de Guerrero cita a declarar a comisarios ejidales por caso Chilapa

MÉXICO, D.F: La Fiscalía General del estado (FGE) de Guerrero citó a comisarios ejidales para que declaren ante el Ministerio Público sobre los hechos ocurridos en Chilapa entre el 9 y el 14 de mayo, cuando un grupo de civiles desarmó a los policías, tomó las patrullas y detuvo a varias personas.

“Todos en general están siendo investigados”, aseguró el fiscal Miguel Ángel Godínez en entrevista con Grupo Imagen Multimedia.

Luego de conocerse que el grupo de civiles armados que tomó el municipio estuvo encabezado por al menos 14 comisarios ejidales de poblaciones pertenecientes a Chilapa –zona disputada por Los Rojos y Los Ardillos–, el funcionario estatal aseguró que personal de la dependencia a su cargo acudió a entregar los citatorios, pero que encontraron cerradas las comisarías.

“Fuimos a los domicilios. Ya hemos notificado por medio de los familiares y de los presidentes municipales a los comisarios para que se presenten a declarar al Ministerio Público”, apuntó.

Sobre la presunta relación de alguno de esos comisarios con Los Rojos o Los Ardillos, Godínez comentó: “Es parte de la investigación, tenemos indicios… Tengo que fundamentar mi dicho… Es línea de investigación”.

Al respecto, el comisario ejidal de Xiloxuchicán, Guerrero, José Apolonio Villanueva Jiménez, negó pertenecer al grupo criminal de Los Ardillos y confesó que en la incursión armada que hizo junto con otros comisarios a Chilapa detuvieron a varias personas, pero las entregaron a la Gendarmería y a la Policía, y hasta la fecha no han aparecido.

“Sí (los detuvimos), pero jamás a nadie le hicimos daño. Se detuvieron algunas personas y se llevaron con los cuerpos de Policía, que es la Gendarmería, el oficial que se puso del estado”.

Añadió: “Se detuvieron porque se encontraron con celulares que decían que ahí entregaban a la gente del pueblo. Ellos mismos declararon que pertenecían a esa banda de Los Rojos”.

Villanueva argumentó que la incursión armada a la cabecera municipal de Chilapa fue porque buscaban al presidente municipal, Francisco Javier García, por las “injusticias” que, dijo, vive la gente del lugar a manos de la delincuencia, y acusó al funcionario de pertenecer a la banda de Los Rojos.

“Fuimos por las injusticias. Tenemos pruebas. Tenemos gente que se ha escapado de esos grupos (delincuenciales). Fueron agarrados por esas personas, pero por mucha suerte escaparon”.

Según el comisario ejidal de Xiloxuchicán, “no es mucha gente la que anda haciendo los males, son de 10 a 15 personas. Gozan de libertad y las autoridades los apoyan (…) Delante de policías hacen anomalías y tienen protección del presidente municipal. Nos paga con agarrarnos gente, torturándolas y hasta matándolas… Él (el alcalde) protege a Los Rojos junto con Zenén Nava Sánchez”, aseguró.

Confirma muerte de un desaparecido

La FGE confirmó la muerte de Gilberto Abundis Sánchez, una de las 16 personas denunciadas como desaparecidas en Chilapa.

Mediante un comunicado, la dependencia destacó que las pruebas genéticas de uno de los tres cuerpos encontrados el pasado jueves 21 en la comunidad de Nejapa, corresponden 99% con los datos de los padres de uno de los desaparecidos.

La FGE no mencionó el nombre, pero familiares y compañeros de Abundis Sánchez confirmaron que se trataba del estudiantes de Artes Visuales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.

Luego de ver una fotografía en un periódico, la hermana de Gilberto reconoció en la espalda de uno de los cuerpos encontrados, un tatuaje similar al que aquel tenía, por lo que la familia se trasladó a Chilpancingo para aportar el material biológico que ayudó a la identificación.

El cuerpo de Abundis Sánchez fue localizado junto a otros dos, cerca del panteón. Los tres estaban desollados y en avanzado estado de descomposición.

Ayer, funcionarios de la subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación se reunieron con 20 familiares de las personas presuntamente desaparecidas en Chilapa.

La reunión se realizó con la presencia de integrantes de las comisiones Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) y Nacional de los Derechos Humanos, así como de autoridades estatales de la Secretaría de Desarrollo Social, del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) y de la FGE.

El titular de la CEAV, Julio Hernández Barros, presentó un plan de atención integral que contempla un programa de intervención psicológica, un registro nacional de víctimas, acceso a fondo de reparación, así como un mecanismo de trabajo social, que se realizará en coordinación con las secretarías de Desarrollo Social y de Educación Pública de la entidad, además de que se ofrecerá acompañamiento jurídico y atención médica.


El subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa Cifrián, y el comisionado general de la Policía Federal, Enrique Galindo Ceballos, se reunirán en los próximos días con los familiares.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: EZEQUIEL FLORES CONTRERAS.

lunes, 25 de mayo de 2015

Dan 48 horas al gobernador de Guerrero para encontrar a desaparecidos de Chilapa

CHILPANCINGO, Gro: Familiares de personas desaparecidas de Chilapa durante el sitio que instalaron miembros del grupo delictivo Los Ardillos con el apoyo del Ejército y las policías federal y estatal, dieron un plazo de 48 horas al gobernador sustituto, Rogelio Ortega Martínez, para que libere a los retenidos.


Las víctimas recriminaron la grave omisión e indolencia de Ortega frente a este caso que exhibe nuevamente la complicidad de autoridades con la delincuencia.

Por ello, le exigieron que así como negoció con los representantes del grupo delictivo que dirige la familia del presidente del Congreso, el diputado local perredista Bernardo Ortega Jiménez, para que se retiraran de Chilapa, ahora les pida que entreguen con vida a los desaparecidos.

Lo anterior durante una reunión realizada este domingo en las instalaciones del seminario de Chilapa entre el gobernador Ortega y familiares de desaparecidos, quienes volvieron a culpar a las autoridades de los tres niveles por la desaparición de personas en este municipio ante su inacción o su presunta complicidad con la banda de Los Ardillos y Los Rojos.

“Usted negoció con el grupo armado, usted declaró públicamente que ya tenía acuerdos con los delincuentes y que ya estaba resuelto el conflicto pero lo que no mencionó es que había un gran número de retenidos y los únicos responsables son los comisarios que venían al frente del grupo armado y con los que usted negoció”, expresó enfático el profesor José Díaz Navarro.

También, le reprocharon al gobernador Ortega que se haya presentado dos semanas después de que el grupo de Los Ardillos encabezados por comisarios, sitió la cabecera de Chilapa durante cinco días, periodo donde desarmaron a policías municipales, instalaron retenes, catearon viviendas y al menos una treintena de personas fueron privadas de su libertad frente a la mirada complaciente de soldados y policías federales y estatales.

“A usted no le secuestraron a sus hijos, su mamá o papá, ya perdí tres hijos, ya recibí amenazas y no me importa que me maten por eso le damos un plazo de 48 horas para que resuelva la desaparición de nuestros hijos porque no son perros”, expresó el Bernardo Carreto González, padre de tres jóvenes desparecidos durante la acción concertada de Los Ardillos.

Las víctimas recriminaron la presencia del gobernador Ortega y le dijeron que sólo le importa “proteger su imagen” porque hasta ahora se presente en el lugar del conflicto.

Los reproches también se enfocaron contra el alcalde priista Francisco García González porque consideran que la violencia se recrudeció cuando asumió el cargo.

“Desde que este señor está al frente del ayuntamiento han ocurrido muchas desapariciones, la violencia aumentó año con año. Por qué no se le investiga; por qué tenemos que pagar los ciudadanos por tanta cochinada de los políticos”, expresó la hermana de un joven desaparecido desde el 30 de marzo y que fue encontrado ejecutado junto a dos jóvenes hace dos días en el poblado de Nejapa.

Al respecto, la mujer expresó: “No es justo que a mi hermano lo hayan matado como a un perro cuando mi hermano era estudiante de Artes Visuales. Maldita la hora que vino a visitarnos porque él mismo decía que en Chilapa, ya no hay lugar para gente decente aquí la única gente que tiene lugar son los delincuentes”.

En respuesta, el edil acusado públicamente de proteger al grupo de Los Rojos, volvió a decir que está dispuesto a que lo investiguen las autoridades federales para demostrar que no tiene nexos con la delincuencia y reiteró que su administración ha sido rebasada por los hechos de violencia que han colapsado este lugar.

Por su parte, el gobernador Ortega se limitó a justificar su encuentro con los comisarios municipales que encabezaron al grupo de Los Ardillos, argumentando que ellos también tienen una treintena de desaparecidos en las comunidades del municipio de Chilapa.

Luego, dijo que tiene las manos limpias y no lo pueden acusar de corrupto y tener nexos con la delincuencia.

También, señaló que la delincuencia organizada ha infiltrado no sólo a las autoridades, sino también al resto de los sectores de la sociedad y por ello, pidió que sociedad y gobierno se unan para enfrentar al narco.

Ortega anunció que citará a los comisarios municipales para que expliquen en una reunión el caso de los desparecidos durante la semana que el grupo de Los Ardillos asumieron el control de la ciudad con el apoyo de autoridades castrenses y corporaciones policiacas.


Así cómo crear una comisión especial para dar seguimiento a las investigaciones, conformada por funcionarios estatales, familiares de desaparecidos y representantes de la sociedad.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: EZEQUIEL FLORES CONTRERAS.