En todos los estados de la República Mexicana hay colectivos de búsqueda de personas. En todas las entidades federativas, estos colectivos son ignorados por gobiernos y fiscalías estatales. En Baja California, por ejemplo, se dio el caso aquel cuando a los buscadores no los auxilió la Fiscalía General del Estado (FGE) para acompañarlos con maquinaria en su búsqueda y el gobierno fue implacable en su indiferencia: un diputado de Morena (Juan Manuel Molina, se llama) envió un comunicado con imágenes donde se le ve entregar a colectivos de búsqueda de personas, herramientas como picos y palas, adquiridas para su vanagloria personal, con los recursos públicos legislativos.

Con el descubrimiento por parte del colectivo Buscadores Guerreros de Jalisco el 5 de marzo del año en curso en un rancho de muerte y exterminio en Teuchitlán, Jalisco, la apatía, indiferencia e incapacidad gubernamental para atender la causa de los desaparecidos, que suma cientos de miles de casos en el país en los últimos diez años, ha sido más palpable, evidenciando esa empatía selectiva que parece distinguir a los políticos que hoy en día concentran el poder en México.

No sólo la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, celebró una reunión con los seguidores de su partido en el Zócalo el 9 de marzo, tres días después de descubierto el rancho del exterminio. Congregó a gobernadores de su partido, legisladores y líderes partidistas, y una semana después, se le vio bailando con una niña de secundaria en Chiapas, como parte de sus giras. La empatía de la Presidenta está con la niña que feliz baila, pero no con aquella cuyo padre, hermano o abuelo, están desaparecidos.

Claudia Sheinbaum ha intentado de todas formas zafarse de la responsabilidad de haber contribuido, de alguna manera, a la existencia de un rancho del exterminio del Cártel Jalisco Nueva Generación. Sea como una herencia trágica y fatal de la política de los Abrazos, no balazos que imperó en el periodo de su antecesor, Andrés Manuel López Obrador, que proveyó impunidad a los cárteles de la droga para hacer ranchos de exterminio, asesinar personas, desaparecer a otras, extorsionar a unas más; o porque la Fiscalía General de la República (FGR) no ejerce su facultad y obligación de investigar y procesar los casos de delitos que bajo su fuero debe indagar, como una instalación apócrifa donde se mantuvo secuestradas a personas, privadas de la libertad, donde se utilizaron armas de uso exclusivo del Ejército, donde se habilitaron crematorios para deshacerse de cuerpos y se inhumaron restos, la titular del Poder Ejecutivo federal incluso ha intentado responsabilizar a la oposición y a sus “adversarios” de pagar millones de pesos en redes sociales para “atacarla” con el descubrimiento del horror en Teuchitlán, como si la indignación social a lo largo y ancho del país por lo allí sucedido no fuera orgánica, no fuera legítima, no fuera una terrible realidad del país.

La mandataria nacional debe justificar que alguien está pagando esas menciones antes de creer que así piensa y así se siente una parte del pueblo que ella gobierna para todos.

El jueves 20 de marzo, los buscadores regresaron al rancho del exterminio, luego que la FGR lo interviniera sólo para responsabilizar de omisiones a la Fiscalía de Jalisco, sin atraer el caso para su investigación, pero sí condenando a la autoridad local. Lo que encontraron los buscadores 15 días después de haber localizado el rancho, les afectó sobremanera: borraron todas las evidencias de la muerte, del exterminio, de la privación de la libertad de las personas, de los crematorios, de las zonas de adiestramiento y confinamiento, de la presencia de lo que se supone fueron cientos de personas que habitaron en condiciones terribles y fatales, esa propiedad.

Ni la FGR, ni la Presidencia de la República, ni la Fiscalía de Jalisco, podrán borrar los videos tomados por colectivos de búsqueda de personas cuando localizaron cientos de objetos ahí arrumbados que alguna vez pertenecieron a sus desaparecidos: mochilas, vestimenta, zapatos, productos personales y prendas. Huesos enterrados, restos que alguna vez conformaron un ser humano. Contra la limpieza del gobierno de toda evidencia de la comisión de delitos en ese rancho, están las pruebas de la atrocidad que documentaron los buscadores antes de la llegada de los gobiernos.

Los colectivos que acudieron el jueves 20 de marzo al rancho del exterminio están indignados, frustrados. Alejandra, una de las madres buscadoras, resumió: “Sentí más dolor, yo creí que venir aquí me iba a dar un poco de calma y me voy peor”.

Como muchos otros, se sintió burlada por la desaparición de toda evidencia por parte de la autoridad, “… el Gobierno, no se vale que se burle de nosotros, entras como en un zoológico, un museo, donde yo no vengo a ser la burla de nadie; yo vengo a buscar a mi hijo y a mi sobrino, lo único que quiero es encontrarlos”.

Alejandra invitó a las autoridades a acompañarlos, a entenderlos, a que “tengamos un pedazo de corazón aquí”. Pero ni ella ni los colectivos de buscadores a lo largo de los estados de la República Mexicana, ni los desaparecidos, cuentan con la empatía de una clase política selectiva con las causas sociales, indiferente al dolor de una parte de la población, en la que efectivamente no dejan ni “un pedazo de corazón”.

“Hacemos un llamado a sus asesores para que le ayuden a informarse sobre los mecanismos institucionales, procedimientos y leyes que ya existen en materia de desaparición de personas, lo que en este momento han presentado sólo exhiben ignorancia en el tema y o su intención de engañar al pueblo”, consignaron los firmantes en la carta, en la que expresaron su disposición para dialogar “cuando el gobierno tenga la seriedad de abordar realmente el problema”.  

Los firmantes cuestionaron que se pretenda incrementar el presupuesto y capacidades de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), si no se destituye a su titular, Guadalupe Reyes Sahagún, nombrada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, “quien, a pesar de no contar con el aval de las familias por su clara incapacidad técnica para ocupar el puesto, no ha demostrado estar abierto al diálogo con las víctimas de este país”, por lo que demandaron realizar un proceso de elección de la titularidad del organismo con participación de familiares de víctimas, como lo estipula la Ley General en Materia de Desaparición Forzada, Desaparición por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. 

De la misma manera, en la carta se le solicita a la presidenta separar del cargo a la actual encargada de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), Martha Yuriria Rodríguez, y no sólo incrementar el presupuesto como medida de fortalecimiento, “sino asumir que las personas titulares deben tener conocimiento del tema, se convoque a funcionar el Sistema Nacional (de Atención a Víctimas) y, sobre todo, sensibilidad para atender a las víctimas”.  

Los familiares y colectivos criticaron que el gobierno de Morena pretenda “revivir la iniciativa de Felipe Calderón de contar con una cédula de identidad”, medida que “no resuelve en lo inmediato la crisis de desapariciones”, en tanto que enunciar modificaciones a la Ley General en materia de datos forenses, muestra una vez más “el desconocimiento” de la responsabilidad que tiene la Fiscalía General de la República (FGR) al respecto pero que “se ha negado implementar”.  

La misma crítica se hizo sobre la mención de creación de protocolos de búsqueda, que ya existen, pero que no se aplican por “la falta de voluntad política de romper los pactos de impunidad que persisten en el país”, siendo los “operadores del sistema, Ministerios Públicos, Fiscalías, el primer obstáculo para iniciar las búsquedas”.  

Rechazaron “enérgicamente” la pretensión de equiparar el delito de desaparición al de secuestro, al considerar que “es una muestra clara de no entender las dinámicas criminales” y por ser “un claro retroceso en cuanto a la investigación”, al dejar invisibilizada la desaparición y las víctimas “atendidas de manera incorrecta”.  

Al comentar que “no hay certeza” de la confiabilidad en el Registro Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), los familiares y colectivos hicieron votos para que se concrete la propuesta de informar mensualmente sobre la crisis de desapariciones, no sólo un reporte sobre cuántas personas desaparecen al día “sino de cuántas logran encontrar así como ver cuántas investigaciones logran llegar ante un juez”, porque hasta ahora sólo 1% de los casos son judicializados.  

“La responsabilidad de buscar y encontrar sigue siendo de ustedes como gobierno, y son los servidores públicos uno de los principales obstáculos para encontrar a nuestros familiares desaparecidos, si se sigue tolerando eso, el problema no se resolverá. Porque mientras los edificios de gobierno están cerrados y envallados, las familias estamos encontrando a nuestros familiares que fueron desaparecidos y abandonados por el Estado mexicano”, sentenciaron las decenas de remitentes de la carta a la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Sin embargo —continuó el pronunciamiento en voz de Ana Enamorado—, queremos creer que usted sabe que somos madres y padres, hermanas y hermanos, hijas e hijos, vecinos y amigos, que buscamos con esperanzas y zozobra, varillas y uñas, a nuestros seres queridos. Usted debe saber que somos nosotras, las familias, quienes ante la omisión del Estado hemos asumido la responsabilidad y la carga de la búsqueda”. 

Desde que la carpa comenzó a instalarse y las familias pedían a los asistentes colocar los pares de zapatos con la punta viendo hacia Palacio Nacional, decenas de personas —a veces desde la solidaridad, a veces desde la curiosidad— comenzaron a congregarse alrededor y a cada tanto, entre los discursos, llegó a escucharse: “No están solas, no están solas”. 

Cuando por el micrófono se mencionó un agradecimiento que las familias de todo el país –que se sumaron, sin distingos, a la convocatoria– le daban al Colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco y se mencionó su valentía, surgió un aplauso colectivo que hizo que la lectura parara por unos momentos, sólo para después seguir: “Pusieron al descubierto el infierno y el horror en Teuchitlán, al igual que lo hacemos los colectivos y familias en tantos lugares del país”. 

A la Presidenta le pidieron que no la engañen ni se engañe: reiteraron que no pertenecen a ningún partido político ni tienen otras banderas que no sean la verdad, la justicia y la presentación de sus seres queridos con vida. Rechazaron cualquier otra idea, incluso la que impulsó más tarde un grupo de asistentes que gritó consignas contra el gobierno frente a Palacio Nacional, terminó retirando las vallas que lo rodeaban y mantuvo un grito colectivo ante una línea de policías replegada hacia la pared del inmueble. 

“Las familias no convocaron a ningún acto violento; a las personas que llegan a la acción les pedimos que se acerquen al asta bandera, las familias no convocaron a esta acción, quienes vienen a la velada, les pedimos que nos vayamos replegando hacia el asta bandera, por favor. Las familias no convocaron a ninguna acción violenta”, rechazaron en el megáfono cuando el grupo que gritaba hacia la línea de policías en Palacio Nacional decidió permanecer ahí.

Se trata de la consigna que mantenían colectivos, familias buscadoras y el público en general que abarrotaron la Plaza Imelda Virgen, frente al Palacio de Gobierno. 

Los asistentes señalaron a las autoridades estatales pasadas y presentes por las omisiones  en el caso. “Se ve, se siente, gobierno delincuente”, “Narcogobierno” y “Lemus decía que todo cambiaría”, gritaban, mientras una piñata con el rostro del actual gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, era lanzada una y otra vez entre los asistentes del recinto. 

El Rancho Izaguirre fue intervenido por la Guardia Nacional desde el 18 de septiembre de 2024, durante la administración del gobernador Enrique Alfaro. Sin embargo, en ese entonces sólo se reportó la localización de dos personas privadas de la libertad y de un cadáver cubierto con plástico. Diez personas fueron detenidas y vinculadas a proceso por estos hechos. 

Fue hasta el pasado 5 de marzo, cuando integrantes del colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco ingresó al sitio tras una serie de reportes recibidos en llamadas anónimas y tuvo el hallazgo de al menos tres hornos crematorios clandestinos, así como de segmentos óseos calcinados en el lugar.  

“Este hallazgo que debía ser producto de una investigación oficial, fue descubierto gracias al incansable esfuerzo de los colectivos y familias buscadoras. Nosotras las familias hemos tenido que hacer el trabajo que el Estado se niega a realizar. Con datos de testimonios y datos de operativos, desde hace años este lugar ha sido un centro de exterminio y reclutamiento forzado, operando bajo la permisibilidad y omisión de las autoridades”, mencionó a través de un altavoz, Marleti, fundadora del colectivo Entre Cielo y Tierra.

En la desesperación por no obtener respuesta de las autoridades, una media docena de asistentes comenzaron a escalar los muros del Palacio de Gobierno. En los descansos de las ventanas se les podía ver de pie mientras sostenían fichas de búsqueda, pancartas de más de un metro de alto para mostrar el rostro de su desaparecido, y una serie de zapatos eran colgados en la herrería de las ventanas.

“No olvidamos”, fue una de las últimas frases coreadas en colectivo para recordar la deuda que tiene el Gobierno de Jalisco con dar respuestas ante la crisis de desapariciones y la exigencia a obtener más respuestas sobre lo ocurrido en el Rancho Izaguirre, sus responsables y los datos de las investigaciones en el predio.

En el comunicado colectivo, las familias, que ante la omisión del Estado han asumido la responsabilidad y la carga de la búsqueda, “ya sea en hospitales u oficinas forenses, en redes sociales y bajo la tierra”, le piden a la presidenta que recuerde “que no nos mueve un proyecto político, ni favorable ni contrario al suyo, porque usted entenderá que quienes padecemos esta angustia y vivimos pendientes de la esperanza de encontrar a nuestros desaparecidos, nos es realmente muy difícil pensar en cualquier otra cosa que no sean nuestros familiares”.

Impasible, la Catedral mira la carpa roja que protege del sol a las madres buscadoras, que es centro de prensa, altar cubierto de flores y refugio. Y frente a Palacio Nacional una interpelación: “Presidenta, ¿ahora si nos ve?”, en monumentales letras blancas.

El 28 de agosto de 1978 la Catedral fue testigo de la primera huelga de hambre encabezada por Doña Rosario Ibarra de Piedra quien reunió a las madres de desaparecidos de diferentes estados al grito de “¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!”

Y, al final, las exigencias: Que se asuma la existencia de las más de 120 mil personas desparecidas y los incontables miles de migrantes desaparecidos que no están en los registros oficiales; se reconozca el trabajo colectivo de las familias y se abra un espacio de escucha y de diálogo con las organizaciones sociales y colectivos; que se apoye a quienes viven amenazados y aún así salen a buscar a las decenas de miles de mexicanos y migrantes que permanecen desaparecidos que el Estado mexicano se ha mostrado incapaz de buscar y encontrar; que se sancione a los servidores públicos que han permitido, por omisión o aquiescencia, el horror que se destapó en Teuchitlán; se identifique y se entreguen dignamente los restos de las personas que han sido localizadas en ese y todos los campos se extermino y fosas clandestinas en todo el país; se fortalezcan las estrategias de búsqueda y se tomen las medidas necesarias para atender e identificar a los cientos de personas que se encuentran en las fosas comunes; se reactive el Centro Nacional de Identificación Humana, dotándolo de los recursos necesarios e incorporando a las familias como consejeros y coadyuvantes de la institución; y, frente a la emergencia nacional, construir un sistema judicial que resuelva las demandas de las víctimas.

Junto a los zapatos, la luz de las veladoras tiembla en la oscuridad queriendo ser incendio.

Ciudad de México, a 13 de marzo de 2025

Segundo Comunicado Urgente

A los colectivos de familias buscadoras de todo el país.

A las familiares, padres y madres de hijas víctimas de feminicidio.

Al pueblo de México.

A los medios de comunicación nacionales e internacionales.

Presente.

Ustedes disculparán pero tal parece que a algunas y algunos políticos carroñeros carroñeras no les quedó clara nuestra denuncia del martes 11 de marzo.

¿De verdad no les quedó claro?

Cuando advertimos y dijimos que partidos políticos se estaban acercando para abanderar la iniciativa de Vigilia y Luto Nacional Popular por los trágicos acontecimientos de Teuchitlán Jalisco, lo hicimos con la información verás y oportuna que colectivos buscadores de familiares nos habían hecho llegar.

Denunciamos la tentación del agandalle, y no ventilamos sus nombres ni apellidos, porque creímos que ante la denuncia y advertencia del primer comunicado, se iban a abstener de manchar esta limpia iniciativa de los colectivos da familias que buscan a las y los suyos.

Hoy, nos vemos en la obligación de ser más precisos en la denuncia, porque conforme pasan los días, la iniciativa crece y se fortalece por todo el país, y también crece la ambición de los partidos que tratan de suplantar a los convocantes, haciéndose pasar por “sociedad civil organizada” y en otros casos, ni siquiera esconden sus siglas, ni su cinismo oportunista de querer encabezar la vigilia, y por tanto, la denuncia contra el gobierno.

Los nombres de un lado y de otro.

El martes 11 por la tarde, personas del Movimiento Nacional por la Esperanza, organización vinculada a Morena, se acercaron a colectivos de familiares en la Ciudad de México, para ofrecer inexplicablemente, mobiliario, carpas y sillas de parte del Profesor René Bejarano y de Dolores Padierna. Las familias las rechazaron de inmediato, y ese mismo martes se comunicaron con nosotros, motivo por el cual se hizo el primer comunicado urgente, advirtiendo la intromisión y el riesgo de manchar la convocatoria.

Ayer miércoles, personas cercanas al ex senador Emilio Álvarez Icaza, preguntaron a compañeros que cómo iba a estar la logística, a qué hora sería el evento central, y quiénes participarían, y “si se ofrecía algo”.

Como ustedes saben, Álvarez Icaza forma parte del Frente Cívico Nacional, y del nuevo partido “Somos México” junto con Guadalupe Acosta Naranjo, Fernando Belaunzarán del extinto PRD, Gustavo Madero, del PAN, entre mucho otros impresentables que hoy, según la coyuntura se hacen pasar por “sociedad civil” para así, aprovechar acciones de protesta que les sirvan y posicionarse frente al gobierno en futuro proceso electoral.

Es tanta su necedad y cinismo, que hace unas horas, han lanzado por redes sociales (x antes tuiter), un video en el que convocan a la Vigilia y al Luto Nacional, y lo mismo hace una Plataforma político electoral, llamada UNE, vinculada a ellos mismos.

Una ves más reiteramos:

Como convocantes y organizadores de la iniciativa, y junto con colectivos de familias buscadoras de todo el país, les decimos a los partido políticos viejos o nuevos, que no los queremos aquí, que, aunque se vistan de “Sociedad Civil, aunque se llamen UNE, aunque se digan Frente Cívico Nacional, “Somos México”, tienen la manos manchadas de sangre, al igual que la tienen los de Morena, PT, Partido Verde, PAN, PRI, PRD, Movimiento Ciudadano. Y les decimos que no vamos a caminar con quien nos metió en este infierno. No necesitamos de su apoyo. No queremos que nos acompañen. No queremos que se presenten. No queremos que manchen esta Vigilia que con tanta rabia y dignidad estamos organizando.

Esperemos que ahora sí les quede claro.

A la Presidenta Claudia Sheimbaum Pardo, le exigimos que deje su soberbia y la comodidad de su Palacio, que deje de inventarse un país que no existe. Y que, si quiere enfrentarse a la realidad, se encuentre cara a cara con todos los colectivos de familias buscadoras, ellos y ellas le ayudarán y nos ayudarán a buscar la puerta de salida del infierno, ese infierno que usted, señora presidenta nunca ha pisado.

Atentamente

Huellas de la Memoria

Tras recordar que quienes lanzaron inicialmente la convocatoria fueron los colectivos Huellas por la Memoria y La Red de Familias Migrantes, los colectivos de familiares de personas desaparecidas reprocharon los acercamientos de representantes de gobiernos federal y estatales, así como de partidos políticos para sumarse a la Vigilia y Luto Nacional.  

“Desde Huellas de la Memoria les decimos tanto a los gobiernos como a los partidos políticos que hagan su trabajo, ustedes son los responsables del horror y del infierno que estamos viviendo. 

“Ustedes, Morena, PRI, PAN, PRD, Movimiento Ciudadano, PT, Partido Verde, no tienen autoridad moral para presentarse ni mucho menos para encabezar un luto nacional de la tragedia que estamos viviendo”, reclamaron los familiares de desaparecidos.  

Mientras el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) cifra oficialmente en 113 mil 673 personas desaparecidas, de las cuales 6 mil 686 personas se registraron desde que Claudia Sheinbaum asumió el poder, los colectivos de buscadoras y buscadores emplazaron a la presidenta a atender esta crisis que arrastra el país desde hace décadas, acentuada en el gobierno de Felipe Calderón.  

“A la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, le exigimos que se ponga a trabajar y deje de verse en el espejo autocomplaciente, desde donde ve un país en el que, según su mirada, no pasa nada. Mientras México se desgrana y se cae a pedazos”, reclamaron.   

Los familiares de personas desaparecidas que convocaron a la Vigila y Luto Nacional Popular, reconocieron que los colectivos de buscadoras y buscadores “son la reserva moral de este país”, por lo que se comprometieron a seguir “caminando con ustedes para encontrarlas y hasta encontrar a los más de 120 mil personas desaparecidas”. 

Huellas de la Memoria cerró su comunicado llamando a la población a sumarse a las concentraciones en plazas públicas de todo el país, entre ellas el Zócalo de la Ciudad de México, el sábado 15 a las cinco de la tarde, para manifestarse “contra el horror y el infierno”.

Funcionarios del gobierno central, entre los que estuvieron empleados de la Secretaría de Gobierno, de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) y de la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas local, acudieron al lugar en donde la madre de Jael Montserrat encontró los primeros restos de su hija en noviembre pasado, después de cuatro años de indagatorias, rastreos y hurgar en esa zona del sur de la ciudad.

De no ser por la guía de los colectivos de buscadores, provenientes de diferentes estados, los funcionarios capitalinos, que tuvieron el cobijo de la seguridad proporcionada por el gobierno federal, habrían regresado sólo con los zapatos llenos de tierra.

Aunque la jefa de Gobierno, Clara Brugada, no ha emitido una declaración en la que reconozca la existencia de una crisis por desaparición de personas en la capital, su administración ya tuvo que encarar a las víctimas indirectas de esta problemática.

Para abordarlo, la mandataria propuso la creación de un “gabinete especial”, pero los afectados se dicen inconformes con la respuesta e identifican una tendencia institucional a hacer frente a la situación con una estrategia política que no se refleja en acciones concretas.

“Ya se acostumbraron a que les hagamos su trabajo”, son las palabras de la madre buscadora. Tiene claro que los familiares no deberían asumir la tarea de buscar a sus desaparecidos, pero en México los colectivos de buscadores son un fenómeno que nace de la inconformidad que genera la actuación de las autoridades y la urgencia por localizarlos.

En la CDMX, Jaqueline Palmeros encabeza el colectivo Una Luz en el Camino, cuya consigna es: “¿Por qué los buscamos? Porque sólo nosotros los encontramos”.

El Estado queda debiendo

Cuando compartió con la prensa que habían sido identificados algunos de los restos de su hija, Palmeros también anunció su plan de regresar a Llano de Vidrio para encontrar la mayor cantidad posible de huesos y dar una digna sepultura a la joven desaparecida en Iztapalapa, desde 2020: “Hasta la última falange, el último diente”.

Con ese antecedente, el gobierno de la ciudad comenzó a abordar el tema de las desapariciones en su agenda, incluso Clara Brugada lo incluyó, aunque de manera superficial, en su discurso de rendición de cuentas por los primeros 100 días de su administración.

Entonces, el lunes 27 de enero comenzó la búsqueda dedicada a Uribe Palmeros y las autoridades capitalinas se hicieron presentes durante los tres días con un despliegue de servidores públicos que presumieron como importante.

El titular de la Comisión de Búsqueda de la Ciudad de México, Enrique Camargo, acudió acompañado de representantes de la Secretaría de Gobierno (Segob), la FGJCDMX, la Comisión de Búsqueda Nacional (CBN), el Heroico Cuerpo de Bomberos, la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural (Corena), así como elementos de la Guardia Nacional, la Marina y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Además, se sumaron miembros de la Brigada de Paz Marabunta, activistas de la sociedad civil, periodistas y otras familias buscadoras.

La organización del trabajo en la búsqueda no fue encabezada por un Camargo ni ningún otro funcionario. Fue la buscadora Yadira González la encargada de establecer la estructura con la que se trabajó los tres días de búsqueda.

Yadira, que lleva 19 años buscando a su hermano Juan González Hernández, quien desapareció el 15 de julio de 2006, en una localidad del municipio de Corregidora, en Querétaro.

Yadira estuvo al pendiente del papel que desempeñaron todas las instituciones y tomaba decisiones de logística, por ejemplo, si una línea de vida se debía convertir en tirolesa para subir más rápido las cubetas de tierra que se cribaron. Constantemente subía y bajaba por la pendiente para preguntar a las madres qué hace falta, qué se puede mejorar.

En entrevista, lamentó la falta de recurso humano y material que se destina a las búsquedas de personas: “En un país como México, si las familias no salimos a buscarlos, no los vamos a encontrar jamás (...) nosotros deberíamos de ser observadores de los procesos, pero como no confiamos en el proceso institucional, por este letargo que tienen, pues entonces le entramos”.

Compartió que para profesionalizarse tomó talleres de rapel, nudos, primeros auxilios, antropología, arqueología, seguridad y hasta aprendió a “hablar el lenguaje de las instituciones”.

Yadira González no duda en confirmar la gravedad de la situación en el Ajusco: “Es una de las fosas clandestinas de la Ciudad de México, es uno de los focos rojos donde tiene que poner atención el Gobierno de la Ciudad de México para poder disminuir o erradicar la violencia en la ciudad, pero solamente es uno, hay más zonas de riesgo, de depósitos clandestinos”.

Y agregó: “Tiene muy poco tiempo que se hacen búsquedas en el Ajusco, yo esperaría que fuera una constante, es un lugar interminable, por las mismas condiciones climáticas, por la misma vegetación”.

González fue discreta y no mencionó qué otras zonas de la ciudad son utilizadas como depósitos ilegales de restos humanos: “Un chorro, al final, eso es parte de nuestro análisis de contexto, es un trabajo que hacemos las familias y si comparto esas zonas vulnera temas de seguridad para nosotros”.

El Llano de Vidrio, un lugar conocido por ciclistas y senderistas por sus hermosas vistas, nunca volverá a ser visto de la misma manera por Jaqueline Palmeros, pues no dejará de ser el lugar en el que removió la tierra para separar los huesos de su hija de la basura: “Se ha convertido en una zona de muerte, de terror, de hallazgos constantes; parece que las autoridades no nos escuchan”.

El 31 de enero, al grito de “¡Monse, escucha, tu madre esta en la lucha!” fueron despedidos los restos de Jael Monserrat Uribe Palmeros, durante una ceremonia frente a la Glorieta de la Mujeres que Luchan, sobre la avenida Paseo de la Reforma, donde se presentaron decenas de personas vestidas de blanco.

El féretro, cubierto de pétalos de rosa, fue sostenido por madres buscadoras mientras la cantante Vivir Quintana interpretó la “Canción sin miedo”.

Los asistentes colocaron una ofrenda con flores y cartas. Jaqueline Palmeros dio un mensaje en el que recordó la revictimización que sufrió en el proceso para localizar a su hija.

El 24 de julio de 2020 Monserrat Uribe Palmeros salió de su casa para dirigirse a una supuesta entrevista de trabajo, nunca regresó. Aunque su madre ya localizó sus restos, advierte que su lucha por la justicia continuará hasta que los culpables del feminicidio sean castigados.

Por más que emisarios, paleros y afines al Presidente Andrés Manuel López Obrador intenten defenderlo, la realidad es que hasta ellos están de acuerdo en que los resultados en materia de seguridad son insuficientes para considerar que la política de militarización sin sentido de Morena -y de combatir las causas- muestra resultados. Por el contrario, pese a los “otros datos” alentadores, la realidad sigue alcanzando al mandatario federal.