“México carece de un Estado de derecho, existe sólo un Estado de leyes, una quimera de reglas mínimas ordenadas para los intereses de la propia clase política”, acusó Arturo Alvarado Mendoza, investigador del Centro de Estudios Sociológicos (CES) del Colegio de México (Colmex).
En la actualidad, el país pasa por una gran crisis de derechos humanos, ante la falta de respuesta de todos los niveles de gobierno a la violación sistemática de estos; prueba de ello, dijo, han sido las masacres de Tlatlaya y Ayotzinapa, precedidas por las sendas cruentas de Acteal y Aguas Blancas.
Alvarado Mendoza expresó que se vive en un Estado donde la coalición y coacción han abierto grietas en la democracia, deformada con marcas de corrupción, conflictos de intereses y sobre todo, impunidad. Este quebranto recalcitrante de las garantías individuales es desnudado por el repunte de homicidios, el asesinato de periodistas y el acoso de activistas y figuras políticas, “donde el Pacto por México fue reventado por Ayotzinapa”, expuso. Asimismo lamentó las secuelas del estancamiento económico auspiciado por “políticos que viven bien hablando de lo mal que va el país”.
El especializado en seguridad pública, justicia y gobernabilidad, reconoció que la democracia en México no ha tenido avances significativos desde las ilusiones creadas con la alternancia; por el contrario, afirmó, que la estructura clientelar empeora en las entidades y municipios, donde es más notoria la falta de libertades del electorado. “Hay un abismo entre las autoridades federales y estatales marcado por el desmantelamiento, por no decir saqueo, de las instituciones y del erario público”, denunció.
Por otro lado aseguró que a partir de la década de los noventa, la agenda de seguridad amenaza con la militarización y que el vetusto sistema de hacer política ocasionó un gigantismo burocrático, provocado, agregó, “por la reiteradas transgresión de derechos de la ciudadanía al desbordarse el contrabando, robo y lavado de dinero”.
También señaló que el fracaso del Estado de derecho en la nación se debe también a la nueva clase de empresarios políticos que apunta ahora al poder global a costillas de los mexicanos. “Sin resolverse el acceso a derechos básicos no habrá reforma de justicia efectiva. Vivimos en un Estado de leyes, en un Estado de excepción, pero no en un Estado de derecho”, sentenció en marco a los Diálogos interdisciplinarios por la paz organizados por la Universidad Veracruzana (UV).
Ruta a la transición
Con este “pesimismo histórico”, como Arturo Alvarado le llamó, y frente a la inquietante situación coetánea, la única ruta que se vislumbra para la transición en México, estimó, es el cambio engendrado desde la sociedad civil. De esta forma dijo, es imperioso insistir en que se debe incidir sobre los temas de interés nacional y no sólo vía protestas y manifestaciones, sino a través de los mecanismos para establecer propuestas y de rendición de cuentas. “La sociedad debe obligar a la autoridad a responder”.
Agregó que el rol de las universidades y, con mayor fuerza las máximas casas de estudio públicas, deben seguir fomentando los espacios de discusión y participación en donde se convoque con cada vez más ímpetu a la ciudadanía en general y no sólo a la misma comunidad.
En cuanto al papel de las iglesias, consideró que pese a su amplio poder de convocatoria, se han prestado a sus propios intereses políticos e incluso se han caracterizado por promover posturas retrógradas, movilizaciones sociales y reformas legales muy controvertidas. “No se puede esperar mucho de ellas”, reconoció.
Alternancia en gubernatura “sacudiría” a la clase política
El investigador del Colmex descartó que de darse alternancia política con la minigubernatura se dé un cambio estructural de las condiciones actuales de la entidad, sin embargo previó una sacudida para la clase política, que consideró necesaria en el proceso de transformación democrática de Veracruz. Comparó a la entidad con Tamaulipas, y trajo a colación que, como en el caso de Michoacán, la alternancia no garantiza beneficios.
“Seguimos teniendo un régimen político arcaico en el que no existe la alternancia, donde la pluralización de la clase política ha estado limitada y ha sido cooptada por intereses más allá del control legal justo y legítimo”, comentó. No obstante para Veracruz vislumbró que la respuesta favorable y urgente ante una posible permuta en el poder Ejecutivo hasta ahora entintado por el PRI.
FUENTE: LA JORNADA DE VERACRUZ.
En la actualidad, el país pasa por una gran crisis de derechos humanos, ante la falta de respuesta de todos los niveles de gobierno a la violación sistemática de estos; prueba de ello, dijo, han sido las masacres de Tlatlaya y Ayotzinapa, precedidas por las sendas cruentas de Acteal y Aguas Blancas.
Alvarado Mendoza expresó que se vive en un Estado donde la coalición y coacción han abierto grietas en la democracia, deformada con marcas de corrupción, conflictos de intereses y sobre todo, impunidad. Este quebranto recalcitrante de las garantías individuales es desnudado por el repunte de homicidios, el asesinato de periodistas y el acoso de activistas y figuras políticas, “donde el Pacto por México fue reventado por Ayotzinapa”, expuso. Asimismo lamentó las secuelas del estancamiento económico auspiciado por “políticos que viven bien hablando de lo mal que va el país”.
El especializado en seguridad pública, justicia y gobernabilidad, reconoció que la democracia en México no ha tenido avances significativos desde las ilusiones creadas con la alternancia; por el contrario, afirmó, que la estructura clientelar empeora en las entidades y municipios, donde es más notoria la falta de libertades del electorado. “Hay un abismo entre las autoridades federales y estatales marcado por el desmantelamiento, por no decir saqueo, de las instituciones y del erario público”, denunció.
Por otro lado aseguró que a partir de la década de los noventa, la agenda de seguridad amenaza con la militarización y que el vetusto sistema de hacer política ocasionó un gigantismo burocrático, provocado, agregó, “por la reiteradas transgresión de derechos de la ciudadanía al desbordarse el contrabando, robo y lavado de dinero”.
También señaló que el fracaso del Estado de derecho en la nación se debe también a la nueva clase de empresarios políticos que apunta ahora al poder global a costillas de los mexicanos. “Sin resolverse el acceso a derechos básicos no habrá reforma de justicia efectiva. Vivimos en un Estado de leyes, en un Estado de excepción, pero no en un Estado de derecho”, sentenció en marco a los Diálogos interdisciplinarios por la paz organizados por la Universidad Veracruzana (UV).
Ruta a la transición
Con este “pesimismo histórico”, como Arturo Alvarado le llamó, y frente a la inquietante situación coetánea, la única ruta que se vislumbra para la transición en México, estimó, es el cambio engendrado desde la sociedad civil. De esta forma dijo, es imperioso insistir en que se debe incidir sobre los temas de interés nacional y no sólo vía protestas y manifestaciones, sino a través de los mecanismos para establecer propuestas y de rendición de cuentas. “La sociedad debe obligar a la autoridad a responder”.
Agregó que el rol de las universidades y, con mayor fuerza las máximas casas de estudio públicas, deben seguir fomentando los espacios de discusión y participación en donde se convoque con cada vez más ímpetu a la ciudadanía en general y no sólo a la misma comunidad.
En cuanto al papel de las iglesias, consideró que pese a su amplio poder de convocatoria, se han prestado a sus propios intereses políticos e incluso se han caracterizado por promover posturas retrógradas, movilizaciones sociales y reformas legales muy controvertidas. “No se puede esperar mucho de ellas”, reconoció.
Alternancia en gubernatura “sacudiría” a la clase política
El investigador del Colmex descartó que de darse alternancia política con la minigubernatura se dé un cambio estructural de las condiciones actuales de la entidad, sin embargo previó una sacudida para la clase política, que consideró necesaria en el proceso de transformación democrática de Veracruz. Comparó a la entidad con Tamaulipas, y trajo a colación que, como en el caso de Michoacán, la alternancia no garantiza beneficios.
“Seguimos teniendo un régimen político arcaico en el que no existe la alternancia, donde la pluralización de la clase política ha estado limitada y ha sido cooptada por intereses más allá del control legal justo y legítimo”, comentó. No obstante para Veracruz vislumbró que la respuesta favorable y urgente ante una posible permuta en el poder Ejecutivo hasta ahora entintado por el PRI.
FUENTE: LA JORNADA DE VERACRUZ.