La SCJN analizará creación de la Comisión de la Verdad para el caso Iguala

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) analizará el incumplimiento de la sentencia que ordenaba crear la Comisión de la Verdad para investigar la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, ocurrida en septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.

Comisión Especial de Ayotzinapa busca reunirse con fiscal de Guerrero

Señalaron que solicitarán una reunión de trabajo para analizar las conclusiones que vertió la CNDH, sobre la muerte del normalista Julio César Mondragón.

La Comisión Especial del caso Ayotzinapa, solicitará a la fiscalía del estado de Guerrero una reunión de trabajo para analizar las conclusiones que vertió la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) sobre la muerte del normalista Julio César Mondragón, ocurrida en Iguala, en septiembre de 2014.

En un comunicado, la comisión presidida por la diputada panista Guadalupe Murguía Gutiérrez, señala que en esa reunión participarían integrantes de la misma, familiares del estudiante y un representante de la CNDH.

Explica que originalmente se pensó fuera la audiencia con el subprocurador de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, de la Procuraduría General de la República (PGR), Eber Omar Betanzos Torres.

Sin embargo, añadió, los integrantes de la instancia legislativa coincidieron en que la gestión se realizara con las autoridades locales que se ocupan del caso.

Murguía Gutiérrez también informó que el 21 de julio la comisión especial recibió una propuesta por escrito del Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro”, para que se presenten los padres de los normalistas ante integrantes de comisiones unidas del Congreso.

Al respecto la legisladora panista destacó que el documento se turnó inmediatamente a la Junta de Coordinación Política (Jucopo), ya que es la instancia que debe validar el formato para atender la solicitud de los padres y las organizaciones de derechos humanos.

“El asunto ya está en la Jucopo, y solicitamos que los coordinadores de cada fracción parlamentaria tengan conocimiento de este hecho, y que sea motivo de acuerdo”, expresó.


La diputada recordó la negativa a la anterior solicitud de los padres de los normalistas de presentarse ante el pleno; sin embargo, comentó, se dejó abierta la posibilidad de analizar otra propuesta.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://aristeguinoticias.com/2807/mexico/comision-especial-de-ayotzinapa-busca-reunirse-con-fiscal-de-guerrero/

GIEI debería extender su estancia en México: comisión especial

Ciudad de México. La Comisión Especial encargada de coadyuvar en la investigación de los estudiantes desaparecidos de la escuela normal rural, Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, llamaría a una reunión urgente con el presidente de la CNDH, en cuanto el PRI no obstruya tal petición, expuso la diputada, Guadalupe Murguía, presidenta del grupo especial en San Lázaro.

Al dar a conocer su propuesta para que asista el ombudsman ante los legisladores, la representante del PAN advirtió que “ahora resulta poco creíble” la versión del ex procurador, Jesús Murillo Karam, quien habría afirmado que la PGR investigó a la policía de Huitzuco.

Para Murguía, el GIEI debería alargar su estancia en México porque ha aportado datos precisos y contundentes en la investigación, y ha contribuido a esclarecerlos hechos sucedidos el 26 de septiembre del año 2014.


Para la diputada Araceli Damián (Morena) integrante de la comisión, la PGR no ha realizado las investigaciones del caso de forma profunda, y eso significa obstrucción de la justicia en perjuicio de los familiares de los 43 jóvenes desaparecidos. Con la revelación de la CNDH, se confirma la demanda para que el GIEI continúe laborando en México, porque hoy los ciudadanos confían más en ese grupo que en el gobierno.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ROBERTO GARDUÑO.
LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/04/15/giei-deberia-prorrogar-su-estancia-en-mexico-comision-especial

Comisión Iguala de la Cámara buscará reunirse con Murillo Karam

También intentará reunirse con los peritos de la PGR que elaboraron el primer informe relativo a la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

La Comisión Especial del caso Iguala anunció que buscará reunirse con el ex procurador general de la República, Jesús Murillo Karam y los peritos de la PGR que elaboraron el primer informe relativo a la desaparición de los 43  normalistas de Ayotzinapa, y conocer los argumentos que los llevaron a “la verdad histórica”.

Asimismo, tratará de entrevistarse con el subprocurador de Derechos Humanos de la PGR, Eber Omar Betanzos Torres, para conocer los avances alcanzados tras la última sesión con la procuradora Arely Gómez.

También insistirá en encontrarse con los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (GIEI) y los peritos forenses argentinos.

La presidenta de esta comisión especial, Guadalupe Murguía Gutiérrez (PAN), enumeró otra lista de funcionarios y actores involucrados en el caso Iguala, con quienes buscarán sesiones de trabajo en las próximas semanas, “a fin de continuar con la tarea de investigación”.

Entre otros, con Jaime Rochín, presidente de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), luego de las denuncias vertidas por familiares de los estudiantes desaparecidos, relativas a que se hicieron públicos los montos de la reparación de daños, lo que consideraron como violatorio de derecho y porque vulnera sus garantías individuales.

Otras solicitudes se harán llegar al director del Hospital General de Iguala y al director del Hospital Cristina, por los comentarios de los padres de familia del equipo de futbol Los Avispones, en relación con la dificultad que tuvieron sus hijos para ser atendidos tras del atentado.

Murguía Gutiérrez agregó que se buscará entrevistar al chofer del camión Estrella Roja, 3278, identificado como el quinto autobús y en el que el grupo de expertos independientes ha puesto especial énfasis.

“También se buscará al ex secretario de Seguridad Pública de Guerrero y al Comité Estudiantil de la escuela normal Isidro Burgos, de Ayotzinapa”, indicó.

El diputado Víctor Manuel Sánchez Orozco, de Movimiento Ciudadano (MC), pidió que se reitere la solicitud de información a la PGR, en particular, la de un video filmado por cámaras de los juzgados penal y civil y la sala penal regional de la ciudad de Iguala, además del sistema de coordinación de información de las fuerzas de seguridad conocido como C-4.

Araceli Damián González (Morena) coincidió en que la PGR está obligada a entregar toda esta información requerida por la Cámara de Diputados, porque así lo establece la Ley de Transparencia y Acceso a la Información.

Cristina Gaytán Hernández (PRD) cuestionó la actuación de la CEAV, ya que de la última reunión con Jaime Rochín, a la fecha, ha ocurrido una serie de acontecimientos irregulares sobre reparación de daños, por lo que solicitó una nueva audiencia con el comisionado Rochín.

La propuesta fue respaldada por el diputado Víctor Manuel Silva Tejeda (PRI) y aprobada por el pleno de la comisión.

En la reunión de trabajo de la comisión especial, su presidenta Guadalupe Murguía dio a conocer el primer informe de actividades del grupo.

Explicó que se trata de una relatoría de actividades que ha venido desarrollando la comisión, desde el día de su instalación hasta la última reunión que sostuvo con representantes del Congreso de Guerrero.


Aclaró que este documento no tiene conclusiones u opiniones, “simple y sencillamente es un informe de actividades”.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://aristeguinoticias.com/0903/mexico/comision-iguala-de-la-camara-buscara-reunirse-con-murillo/

PVEM y PRI sabotean a la Comisión Especial de Ayotzinapa

CIUDAD DE MÉXICO: De manera inopinada, y pese a que el 5 de octubre pasado la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) accedió a que los diputados federales de la Comisión Especial de Ayotzinapa hablaran con los miembros del 27 Batallón de Infantería, eso no será posible pues en San Lázaro los legisladores del PRI y el PVEM, así como los del Partido Encuentro Social (PES) y Partido Nueva Alianza (Panal), dijeron que no estaba a discusión la visita al cuartel de Iguala.

Las bancadas de la oposición buscan echar abajo el acuerdo promovido por el PVEM. Sus diputados buscan también que los padres de los 43 normalistas desaparecidos, así como los familiares de Julio César Mondragón Fontes, el estudiante de Ayotzinapa que apareció desollado la mañana del 27 de septiembre de 2014, suban a la máxima tribuna de San Lázaro.

Aquel 5 de octubre el general Salvador Cienfuegos, titular de la Sedena, dijo que sus elementos no hablarían con extranjeros –en alusión a los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes–, sino sólo con mexicanos.

Los diputados le tomaron la palabra y en ese momento le pidieron autorizar un encuentro con los miembros del 27 Batallón de Infantería. Él aceptó.

En esa reunión, el general José Carlos Beltrán Benítez, director de Derechos Humanos de la dependencia, impuso condiciones. Dijo que cada militar estaría acompañado de un mando mayor para que no se violentaran sus derechos humanos.

Los tres meses siguientes, representantes del gobierno federal, la Sedena y los legisladores discutieron cómo sería el encuentro. Las diputadas Araceli Damián, del Movimiento de Regeneración Nacional; Víctor Sánchez Orozco, de Movimiento Ciudadano; Cristina Gaytán, de PRD, y la presidenta de la Comisión Especial de Ayotzinapa, la panista Guadalupe Murguía Gutiérrez, redactaron un primer documento que cubría las exigencias del Ejército.

El 12 de noviembre el general Roble Arturo Granados Gallardo, jefe del Estado Mayor de la Defensa, le mandó decir a los diputados que antes del encuentro debían definirse cuatro aspectos: objeto, alcance jurídico, formato y procedimiento.

El día 20 de ese mes llegó a San Lázaro un documento firmado por el subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación, Felipe Solís Acero, en el que incluía las observaciones de Granados Gallardo.

Los diputados redactaron una propuesta de tres cuartillas en la cual solicitaron entrevistas con:

“a. El general de división Alejandro Saavedra Hernández, excomandante de la 35 Zona Militar, quien tenía bajo su mando el 27 Batallón de Infantería el día del ataque a los normalistas”. (Saavedra fue elevado a rango de general de división por el presidente Enrique Peña Nieto un mes después de los acontecimientos y actualmente es el coordinador de la estrategia de seguridad en Guerrero).

“b. Coronel de Infantería José Rodríguez Pérez, comandante regional del 27 Batallón de Infantería y 41 Batallón de Infantería, quien contactó al jefe de la Policía Municipal Francisco Flores para informarle del ataque a estudiantes. Asimismo, fue él quien señaló que las instalaciones que ocupan los batallones no cuentan con áreas de seguridad para los detenidos.

“c. Capitán José Martínez Crespo, quien estuvo a cargo de la patrulla que salió del 27 Batallón de Infantería la noche del ataque, la cual encontró a los estudiantes en la clínica hospital Cristina.

“d. Elementos que integraron la patrulla del 27 Batallón de Infantería la noche del 26 de septiembre, cuando ocurrió el ataque, para que expliquen lo sucedido a partir de que ellos tuvieron contacto con los estudiantes normalistas en la clínica hospital Cristina.

“e. Agente de inteligencia militar quien presenció el ataque a estudiantes (del camión) 1531 y tomó fotografías, así como al que presenció el ataque a los estudiantes (del camión) 1568.”

Los legisladores pidieron también que se autorizara la presencia de dos miembros del GIEI “sin derecho a voz pero sí pudiendo interactuar en términos de asesoría (legal)”.

Todo iba bien. Pero el 15 de enero pasado, por medio de su asesor Miguel Ángel Barriga Vallejo, el diputado del PRI en la Comisión, Víctor Manuel Silva Tejeda, envió a la Presidencia una serie de observaciones al documento de los diputados sobre el “objeto, alcance jurídico, formato y procedimiento”.

En su escrito aclaró que no se trataba de una “presentación” de los miembros del Ejército, sino un “encuentro” para que, decía, manifiesten qué actividades realizaron el 26 y 27 de septiembre de 2014.

El PRI pidió también que, dada la secrecía de la reunión, “no deberán asistir los integrantes del GIEI ni asesores de diputados…”

El documento proponía también que, luego de que hablaran los mandos militares y la tropa, hubiera una ronda de preguntas de cinco minutos por grupo parlamentario. El priista Silva Tejeda lo objetó, proponiendo que se presentaran las preguntas al personal militar en “bloque” y sin réplica. Asimismo, planteó que el documento final “deberá ser validado en reunión de la comisión para su eventual envío a la Sedena”, pero esto no ocurrió.

El miércoles 3, cuando estaba a punto de aprobarse el formato, llegó a la sesión el diputado Arturo Álvarez Agli, del PVEM; exigió que el encuentro fuera privado, sin transmisión en el Canal del Congreso, y demandó desechar el encuentro.

“Debemos votar sobre la pertinencia de buscar de nueva cuenta una reunión personal con personal del Ejército, toda vez que desde mi consideración es que la información que se requiere puede ser solicitada por escrito, toda vez ya tuvimos la reunión con el Ejército”, dijo.

El priista Silva Tejada secundó al guerrerense Álvarez Agli. Luego irrumpieron en la sesión María Eugenia Ocampo, del Panal, y José Alfredo Ferreiro, del PES, quienes casi nunca asisten a estas reuniones, y apoyaron la propuesta del PVEM.

Araceli Damián, de Morena, y Cristina Gaytán, del PRD, abandonaran la sesión “para no convalidar el atropello legislativo”. Al final, los representantes del PVEM, Panal, PES y PRI votaron por no ir al encuentro, mientras que la panista Guadalupe Murguía votó en contra. La próxima semana los diputados impugnarán la votación, pues consideran que el encuentro no está a discusión, sino sólo su formato.

Una tribuna para la denuncia

En los últimos 16 meses, los padres de los normalistas se han entrevistado con el presidente Enrique Peña Nieto, con Jesús Murillo Karam cuando estuvo al frente de la PGR, y con su sucesora Arely Gómez, con el titular de la Secretaría de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y con autoridades de Guerrero. Ningún funcionario les ha dado certezas sobre el paradero de sus hijos.

Recientemente entregaron una carta a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y ahora intentan ocupar la tribuna de San Lázaro, comenta la diputada Araceli Damián. Sólo falta que la Junta de Coordinación Política –donde están representadas todas las fracciones– acuerde el día.

El 2 de enero, los padres de los normalistas entregaron una carta a la panista Murguía Gutiérrez en la que decían: “Deseamos acudir ante el pleno de la Cámara de Diputados del H Congreso de la Unión a manifestar nuestras demandas y solicitudes, mismas que se han expuesto ante el Ejecutivo federal pero a las que debe dar causa también el Poder Legislativo del Estado mexicano”.

Nueve días después, en una segunda carta, los familiares de Julio César Mondragón Fontes, el estudiante que apareció desollado el 27 de septiembre, se sumó a la petición. El día 19, Murguía Gutiérrez recibió una tercera misiva en la que los padres de 22 normalistas desaparecidos reiteraban la solicitud de “comparecer ante el pleno”. El martes 26 llegó la cuarta, firmada por los familiares de Mondragón Fontes, en la que pedían espacio para “buscar mecanismos para intercambiar y complementar la información con que contamos y logremos coordinar esfuerzos en la búsqueda de la verdad y la justicia”.

El emecista Sánchez Orozco, integrante de la Comisión Especial de Ayotzinapa, advierte que la presencia de los padres de los 43 estudiantes desaparecidos debe ser una “llamada de atención para el Estado y las instituciones”.


Según él, se debe escuchar la voz de estos padres que de alguna forma estarán representando a los miles de desaparecidos, a las otras víctimas. Su presencia en San Lázaro “debe mover la conciencia de esta República para que haya justicia y se evite la impunidad. Está pasando el tiempo y no hay una respuesta del Estado mexicano para llevar a la justicia a quienes incurren en las desapariciones forzadas”.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JESUSA CERVANTES.
LINK: http://www.proceso.com.mx/430211/pvm-y-pri-sabotean-a-la-comision-especial-de-ayotzinapa

Caso Ayotzinapa: Entregarán bitácoras de vuelos de septiembre de 2014

México, DF: El comisionado nacional de Seguridad, Renato Sales, y el comisionado de la Policía Federal (PF), Enrique Galindo, entregarán a los diputados de la comisión especial de Ayotzinapa las bitácoras de vuelo del mes de septiembre de 2014, pues los legisladores no descartan la hipótesis de que los jóvenes hayan sido arrojados al mar.

Al entrevistarse con los integrantes de la comisión, tanto Sales como Galindo relataron los motivos por los cuales la PF no intervino en los hechos, e insistieron en que los agentes federales no participaron en la desaparición de los normalistas.

A pesar de ser un punto de trasiego de la goma de opio, la ciudad de Iguala nunca fue prioridad para la PF en septiembre de 2014, por ello sólo movilizó seis elementos la noche en que estudiantes de Ayotzinapa fueron asesinados y otros desaparecidos, sostuvo Galindo.

Durante el encuentro el comisionado Renato Sales se comprometió a entregar las bitácoras de los vuelos, pues la diputada del PRD, Cristina Gaytán, señaló que no podían descartar la hipótesis de que los jóvenes hubieran sido arrojados al mar desde aviones o helicópteros.

En su relato, Galindo sostuvo que él se enteró de los acontecimientos entre las 22:30 y once de la noche, pues ellos no tenían integrantes en el C-4 de Iguala.

Ante los cuestionamientos de las legisladores, en especial la presidenta y miembro del PAN, Guadalupe Murguía; Aracely Damián, de Morena, y la perredista Cristina Gaytán, quienes recordaron a Galindo que desde las siete de la noche se supo que uno de los camiones pasó por la caseta en donde había dos elementos de la PF, acerca de diferentes señalamientos de que sí participaron en los hechos, el comisionado respondió que sólo “eran versiones”, pero que “no hay un solo indicio que muestre su participación”.

El comisionado de la PF reiteró que sus elementos acudieron a auxiliar a los jóvenes del equipo de futbol Los Avispones, y hasta ese momento no sabían de otros ataques en la ciudad de Iguala.

También insistió en que no pudieron enterarse antes porque ellos no tenían en ese momento gente en el C-4 de Iguala, aunque sí en el de Acapulco. Lo anterior, añadió, porque Iguala era considerada la ciudad más tranquila de la entidad, donde “no pasaba nada”.

Algunas legisladoras cuestionaron esas declaraciones, pues le recordaron al funcionario federal que Iguala es una zona de trasiego de la droga que se siembra en la sierra guerrerense. En ese momento, el comisionado nacional de seguridad, Renato Sales, aprovechó para comentar sobre las versiones del quinto camión y la posibilidad de que estuviera “cargado” de estupefacientes.

Como se recordará, el 6 de septiembre pasado el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la CIDH destacó la versión de que los jóvenes hubieran “tomado” por error un camión cargado de droga, lo que habría motivo la saña del ataque contra los normalistas de Ayotzinapa.

Al respecto, Sales comentó que ninguno de esos camiones “llegaba hasta la frontera”, con lo que cuestionó la hipótesis del GIEI. Aunque lo que no estableció el comisionado de Seguridad Nacional es que la versión completa es que alguno de esos camiones llevaba la droga y se trasladaba a otro camión en otro punto del país, y luego a otro, así hasta llegar a la frontera.

La presidenta de la comisión, Guadalupe Murguía, insistió en recibir una explicación válida que pudiera justificar la no intervención de la PF, a lo que el comisionado Enrique Galindo respondió que se trataba de “delitos del fuero común”, por lo que no había motivo para su participación.

La legisladora panista se molestó con la respuesta, por lo que aclaró al funcionario que al haber armas de alto calibre, de uso exclusivo del Ejército, ya había un delito federal que perseguir, y ellos sí debieron haber intervenido en auxilio de los estudiantes.

Galindo dijo en su defensa que en ese momento “los infractores, quienes se robaban los camiones, eran los estudiantes; además de que la policía local les decía que no pasaba nada”.

Al igual que los representantes del Ejército, como el titular de Derechos Humanos de las fuerzas armadas, la PGR, el Cisen y la propia Segob, el encargado de la PF se escudó en lo que les reportaba la policía local. Por tanto también habrían sido “engañados” por la corporación de Iguala, pues –justificó—“nosotros le creímos a la policía”.

En el mismo tenor que el entonces procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, Galindo dijo que “qué bueno que no le ayudamos a la policía, porque hubiéramos estado obligados a apoyarlos a ellos”.

Luego contó que su participación inició el 5 de octubre, debido a que la Secretaría de Gobernación les demandó un plan de búsqueda de los jóvenes; que se reunieron con los padres de los 43 jóvenes el 11 de ese mes, pero que hoy, en esta segunda etapa de localización, ya no han podido mantener contacto con todos los padres, pues éstos se niegan a proporcionar información sobre amigos de sus hijos.

Tanto Renato Sales como Galindo Ceballos se comprometieron a entregar los registros de las llamadas de celular realizadas entre la noche del 26 y 27 de septiembre de 2014, así como las bitácoras de vuelos.


El encuentro entre funcionarios y diputados fue privado y asistieron a él la presidenta Guadalupe Murguía; Víctor Silva, del PRI; Roberto Guzmán, de PRD; Cristina Gaytán, PRD, y Araceli Damián, de Morena.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JESUSA CERVANTES.
FECHA: 26 NOVIEMBRE 2015.
LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=421811

Cerrojazo a la Comisión Ayotzinapa

La bancada priista maniobró para frenar la Comisión Especial de Ayotzinapa, que preside la diputada panista María Guadalupe Murguía Gutiérrez en San Lázaro. Durante su primer mes de trabajos, sus integrantes tuvieron encuentros informales con diversos funcionarios y recabaron información sustantiva que puso en aprietos al gobierno federal y al Ejército. Eso los animó a solicitar autorización para que las siguientes reuniones fueran comparecencias en forma… Pero intervino el priista César Camacho y vino el cerrojazo.

MÉXICO, D.F: Inesperados e incómodos, los primeros resultados de la Comisión Especial de Ayotzinapa pusieron en evidencia, por vez primera, la posible inacción y responsabilidad de las autoridades federales durante el ataque, muerte y desaparición de los 43 normalistas la noche del 26 de septiembre de 2014.

Y ahora, de manera coincidente, se pretende “limitar” el trabajo de los integrantes de esa instancia legislativa encabezada por la diputada panista María Guadalupe Murguía Gutiérrez, impidiéndole “llamar a comparecer” a funcionarios de alto rango presuntamente implicados en el caso.

En su primer mes de actividades, la comisión logró encuentros “informales” con los secretarios de la Defensa Nacional, general Salvador Cienfuegos; de la Marina, almirante Vidal Francisco Soberón Sanz; de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong; con el exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero y con el exfiscal de esa entidad, Iñaky Blanco.

De esas reuniones surgieron revelaciones sustantivas: Osorio Chong y el director general del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), Eugenio Ímaz Gispert, por ejemplo, admitieron que se enteraron “en tiempo real” del ataque a los normalistas.

Aguirre Rivero, por su parte, reveló incluso que el 26 se septiembre de 2014 pidió apoyo a la Zona Regional Militar, mientras Blanco acudió al 27 Batallón de Infantería y a la Policía Federal. Ninguna de las dos peticiones fue atendida, según expusieron.

Luego de esos encuentros, el 21 de octubre, la Secretaría de Servicios Parlamentarios de la Cámara de Diputados envió un oficio a Murguía Gutiérrez para notificarle que “no posee facultades de control evaluatorio”; es decir, que no cuenta con atribuciones para llamar a comparecer a ningún funcionario.

La diputada Araceli Damián González, de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) e integrante de ese órgano legislativo, externa su preocupación por el cerrojazo:

“Quienes consideren que la comisión está siendo incómoda o que haya información que no sea conveniente dar a conocer por estar protegiendo a algunos de los posibles involucrados, o que hayan incurrido en omisiones en su actuar, ahora tienen la posibilidad de negarnos la información”.


(Fragmento del reportaje que se publica en la revista Proceso 2035, ya en circulación)

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JESUSA CERVANTES.