De ese total, 7 mil 594 se inscribieron en el último año como “víctimas de delito y/o violación a sus derechos humanos (14% del total), de las cuales 70% corresponde al ámbito local y el 30% al ámbito federal”.
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martes, 14 de marzo de 2023
Hay 54 mil personas en el Registro Nacional de Víctimas: CEAV
El documento se enfoca en las actividades y resultados del tiempo de gestión de Yuriria Rodríguez Estrada, del 1 de diciembre de 2021 al 31 de diciembre de 2022, periodo en el que se inscribió a más de 7 mil víctimas.
Con un presupuesto asignado en 2022 de más de mil 254 millones de pesos, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) mantiene inscritas a 54 mil personas en el Registro Nacional de Víctimas (Renavi) hasta el 31 de diciembre pasado.
miércoles, 8 de diciembre de 2021
CEAV operará en 2022 con déficit de más de mil 600 millones; peligran pagos y contrataciones
Un diagnóstico interno revela que la CEAV requiere para el año que viene más de 2 mil 500 millones, pero se aprobaron menos de mil. No hay dinero suficiente para contratar a casi 150 funcionarios y garantizar pagos a 3 mil victimas.
En una sesión privada realizada el pasado 12 de agosto la Junta de Gobierno de la CEAV, encabezada por el subsecretario de Derecho Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, había aprobado el anteproyecto de presupuesto de 2 mil 575 millones de pesos para el ejercicio 2022. Dicha propuesta fue enviada para su consideración a la Secretaría de Hacienda.
jueves, 17 de septiembre de 2020
La otra toma de víctimas: cumple 7 meses plantón en lobby de la CEAV
Integrantes de unas 15 familias que han sido víctimas violencia o de desaparición se han turnado durante la pandemia de COVID-19 para mantener ocupada la planta baja del edificio.
Ellos no han acaparado la atención de los medios ni de las autoridades, pero también tienen tomado un edificio —o una parte del edificio— de una institución federal que debería estar de su lado. Son víctimas de la delincuencia organizada y familiares de personas desaparecidas, que este jueves cumplen siete meses ocupando el lobby de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV).
Son alrededor de 80 personas de 15 núcleos familiares que se han turnado durante la pandemia de COVID-19 para mantener ocupada la planta baja del edificio, en Eje 6 Sur, dejando que los funcionarios suban por el estacionamiento a trabajar con normalidad, y sin rayar ni romper nada en las instalaciones, porque presumen que su manifestación es totalmente pacífica.
Son alrededor de 80 personas de 15 núcleos familiares que se han turnado durante la pandemia de COVID-19 para mantener ocupada la planta baja del edificio, en Eje 6 Sur, dejando que los funcionarios suban por el estacionamiento a trabajar con normalidad, y sin rayar ni romper nada en las instalaciones, porque presumen que su manifestación es totalmente pacífica.
miércoles, 24 de junio de 2020
Ignoran a familiares de desaparecidos para participar en relevo de la CEAV
A 20 días de que familiares de víctimas iniciaran su protesta, reprocharon al gobierno federal y al Senado de la República “estar jugando” con sus derechos, toda vez que hasta ahora no han sido contactados para participar en el proceso de relevo de la persona titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV).
martes, 9 de junio de 2020
Colectivo de víctimas y familiares exigen transparencia de recursos e información a la CEAV y Hacienda
El Colectivo “Justicia y Esperanza: México” exigió transparencia en el ejercicio de los recursos y de la información recabada por la CEAV así como que se “abran las carpetas de investigación penal por los delitos o faltas administrativas que pudieran surgir de las exigencias planteadas”. “Ninguna medida por parte de las autoridades puede disminuir los derechos con los que ya cuentan las víctimas. No permitiremos un retroceso”, aseguraron.
El colectivo “Justicia y Esperanza: México” denunció que el recorte presupuestal que el procedimiento de austeridad del Gobierno federal dejó en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) impactará los derechos de las personas violentadas en sus derechos humanos; sin embargo reconoció los errores “burocráticos” que han impedido la ejecución de su labor y demandó transparencia en los recursos y procedimientos de la comisión.
“La austeridad republicana y a falsedad de la prioridad al respeto de los derechos humanos” en el que denunciaron la crisis de la CEAV por la reducción presupuestaria y con ello el ejercicio de violencia a las personas sujetas de derechos.
viernes, 5 de junio de 2020
Coparmex aboga por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas tras recorte de 75%
“Esto se suma otras acciones y omisiones de la administración actual que van en detrimento de la red de apoyo para mujeres y niños como el desmantelamiento de los refugios para mujeres y sus familias, el recorte presupuestal a estancias infantiles, y la reducción del Anexo 13 de Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres en el Presupuesto de Egresos 2020 en comparación con 2019”, señaló el organismo presidido por Gustavo de Hoyos Walther.
jueves, 4 de junio de 2020
Familiares de desaparecidos protestan en Palacio Nacional; exigen aumento al presupuesto de la CEAV
El grupo de familiares, todos con cubrebocas y algunos con monos blancos de protección, protagonizó una cacerolada y gritó consignas para exigir la búsqueda de las víctimas de desaparición forzada.
Familiares de personas desaparecidas, en su mayoría madres y hermanas, protestaron este jueves en el centro de la capital mexicana para exigir al Presidente Andrés Manuel López Obrador un mayor presupuesto para la búsqueda de las víctimas.
El grupo, de unas 60 personas, denunció frente al Palacio Nacional que el plan de austeridad del Gobierno para afrontar la crisis económica derivada de la pandemia de la COVID-19 recorta los gastos de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV).
El grupo, de unas 60 personas, denunció frente al Palacio Nacional que el plan de austeridad del Gobierno para afrontar la crisis económica derivada de la pandemia de la COVID-19 recorta los gastos de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV).
miércoles, 3 de junio de 2020
AMLO asegura que víctimas no se quedarán sin ayuda, pero sostiene los recortes
No se van a quedar familiares de víctimas sin apoyo, enfermos sin sus medicamentos, ni los creadores sin sus becas o artesanos sin sus apoyos, dijo el presidente.
El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no va a faltarle nada a quien lo necesite, “nada que sea prioritario o indispensable se va a quedar sin recursos”.
Al ser cuestionado sobre el recorte al presupuesto anunciado por el gobierno y que afectaría a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), órgano central en la atención a víctimas de delitos y de graves violaciones a derechos humanos en el país, el mandatario afirmó que nadie se quedará sin apoyo.
“No se van a quedar familiares de víctimas sin apoyo, enfermos sin sus medicamentos, ni los creadores sin sus becas, o artesanos sin sus apoyos”, dijo esta mañana en conferencia.
Al ser cuestionado sobre el recorte al presupuesto anunciado por el gobierno y que afectaría a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), órgano central en la atención a víctimas de delitos y de graves violaciones a derechos humanos en el país, el mandatario afirmó que nadie se quedará sin apoyo.
“No se van a quedar familiares de víctimas sin apoyo, enfermos sin sus medicamentos, ni los creadores sin sus becas, o artesanos sin sus apoyos”, dijo esta mañana en conferencia.
Herrera: La CEAV tendrá recursos suficientes “independientemente del mecanismo presupuestal”
“Nada que sea prioritario, indispensable, se va a quedar sin recursos, nada se va a suspender, que sea prioritario”, expresó el mandatario mexicano esta mañana en su conferencia de prensa, pese a que la titular de la CEAV dijo a este medio que un recorte a los gastos de operación tendrá un severo impacto en la dependencia. El titular de Hacienda expresó que el decreto de austeridad “explícitamente dice que no serán afectados los rubros de derechos humanos”.
“La ciencia, la educación superior pública, la cultura y los derechos humanos son centrales para el desarrollo del país”, aseguró el Secretario de Hacienda, Arturo Herrera, después de que en los últimos días institutos de investigación y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV)denunciaran un recorte del 75 por ciento de sus presupuestos para 2020.
martes, 2 de junio de 2020
Colapso en Comisión de Víctimas por recorte: despedirán a 60% del personal y no hay ni para la renta
Tan solo ayer se anunció a más de 100 funcionarios que se quedaban sin trabajo. En riesgo no solo está la asistencia sino el resguardo de los datos personales del Registro Nacional de Víctimas, pues no hay dinero para sistemas informáticos.
El recorte al presupuesto anunciado por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ha puesto a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), órgano central en la atención a victimas de delitos y de graves violaciones a derechos humanos en el país, al borde del colapso.
Casi el 60% del personal de la CEAV perderá su trabajo en los próximos días ante la falta de recursos para pagarles. Funcionarios de la propia comisión indicaron a Animal Político que tan solo el día de ayer se notificó a mas de 100 colaboradores que ya no hay dinero para sus sueldos.
Casi el 60% del personal de la CEAV perderá su trabajo en los próximos días ante la falta de recursos para pagarles. Funcionarios de la propia comisión indicaron a Animal Político que tan solo el día de ayer se notificó a mas de 100 colaboradores que ya no hay dinero para sus sueldos.
La austeridad matará otra de las grandes esperanzas: la justicia para las víctimas. La CEAV muere
Pese a que en el Decreto para la aplicación de las medidas de austeridad la CEAV quedó fuera del recorte económico, la Secretaría de Hacienda informó que el gasto de la dependencia será 75 por ciento menor, lo que afectará no sólo la organización de la Comisión, sino que dejará en desamparo a las víctimas de delitos de derechos humanos.
El decreto de Austeridad del Gobierno federal cobró otra víctima: la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV). Las más de mil resoluciones y 600 procedimientos de recomendaciones internacionales sobre los casos de Ayotzinapa, Atenco, Tanhuato, ABC o Tlatlaya quedarán pendientes.
miércoles, 22 de enero de 2020
Comisión de Víctimas acepta fallas en la atención e insuficiencia de personal
En un comunicado, la CEAV "coincide" con el reportaje publicado por Animal Político sobre las fallas en la atención de víctimas.
La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) emitió un comunicado este miércoles con relación a la nota “Comisión de Víctimas, con personal insuficiente y 476 denuncias por maltrato y acoso”, publicada ayer martes por Animal Político.
En el comunicado, la CEAV “coincide sustancialmente” con el diagnóstico presentado en el reportaje y argumenta que las fallas en la atención a víctimas se deben a diversas razones, entre ellas, la insuficiencia de personal, falta de dinamismo en la colaboración con otras dependencias y un “rezago histórico” de trámites.
En el comunicado, la CEAV “coincide sustancialmente” con el diagnóstico presentado en el reportaje y argumenta que las fallas en la atención a víctimas se deben a diversas razones, entre ellas, la insuficiencia de personal, falta de dinamismo en la colaboración con otras dependencias y un “rezago histórico” de trámites.
Por posibles desvíos y violencia, exigen auditoría a la Comisión de Víctimas
Organizaciones advierten que deben esclarecerse las denuncias de víctimas sobre posible corrupción en la Comisión y fondos de ayuda. Ley de Víctimas ordena a presidente a convocar al Sistema, pero no ha ocurrido.
Organizaciones y especialistas en derechos humanos exigieron al gobierno federal que se revelen los resultados de una auditoría operativa y financiera realizada a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), tras las denuncias de víctimas de posibles malos manejos y hasta desvío de los recursos en dicha institución, y en el fondo destinado para ayudar a las víctimas.
Además, demandaron al presidente Andrés Manuel López Obrador que convoque con carácter de urgente al pleno del Sistema Nacional de Atención a Víctimas (SNAV) el cual se ha reunido solo una vez en seis años, pese a crisis de violencia y al incremento récord de homicidios por cinco años consecutivos.
Además, demandaron al presidente Andrés Manuel López Obrador que convoque con carácter de urgente al pleno del Sistema Nacional de Atención a Víctimas (SNAV) el cual se ha reunido solo una vez en seis años, pese a crisis de violencia y al incremento récord de homicidios por cinco años consecutivos.
jueves, 20 de abril de 2017
CEAV atrae caso de feminicidio de Ema Gabriela Molina
El caso ocurrido el 27 de marzo en Mérida, Yucatán es el primero que la CEAV atrae, después de las modificaciones a la Ley General de Víctimas aprobadas en enero pasado, que lo facultan para conocer y atraer casos del fuero común.
El comisionado ejecutivo, Jaime Rochín del Rincón, señaló que esta primera atracción se realiza con la finalidad de que las víctimas del delito y de violaciones de derechos humanos no caminen solas en su búsqueda de justicia, verdad y reparación integral.
miércoles, 5 de abril de 2017
En 100 días, CEAV creará Nuevo Modelo de Atención Integral para víctimas
Afectados por delitos o violaciones a derechos humanos serán incluidos en Registro Nacional de Víctimas (RENAVI) y contarán con Expediente Único Victimal.
La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) dio a conocer su agenda para los primeros 100 días de su refundación, incluida la creación del Nuevo Modelo de Atención Integral.
De acuerdo con la Comisión, con este plan de trabajo se busca que los esfuerzos “sean tangibles” directamente para las víctimas.
“El primer objetivo de este nuevo esquema de atención busca que, desde el recibimiento de las víctimas, éstas gocen de un trato personalizado, humano y diligente por parte de las y los servidores públicos de la comisión”, detalló la CEAV en un comunicado.
La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) dio a conocer su agenda para los primeros 100 días de su refundación, incluida la creación del Nuevo Modelo de Atención Integral.De acuerdo con la Comisión, con este plan de trabajo se busca que los esfuerzos “sean tangibles” directamente para las víctimas.
“El primer objetivo de este nuevo esquema de atención busca que, desde el recibimiento de las víctimas, éstas gocen de un trato personalizado, humano y diligente por parte de las y los servidores públicos de la comisión”, detalló la CEAV en un comunicado.
lunes, 20 de marzo de 2017
El periodo de Jaime Rochin en la CEAV: sin atención a víctimas de trata ni reparación del daño
Una evaluación al desempeño por parte de la ASF concluyó que la dependencia incumplió con una de las obligaciones: atender a las víctimas de trata de personas y no ejercer correctamente los recursos para reparación del daño.
La primera evaluación al desempeño de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) por parte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) concluyó que incumplió con una de sus obligaciones: atender a las víctimas de trata de personas, uno de las principales violaciones a derechos humanos en el país y el tercer ilícito más lucrativo del mundo.
Referente a las compensaciones económicas para quienes sufrieron violaciones a derechos humanos, la Auditoría informó que de los 543 millones de pesos del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, la CEAV disponibles, la Comisión entregó 48 millones de pesos para 130 víctimas en 2015, es decir, 8 %.
Referente a las compensaciones económicas para quienes sufrieron violaciones a derechos humanos, la Auditoría informó que de los 543 millones de pesos del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, la CEAV disponibles, la Comisión entregó 48 millones de pesos para 130 víctimas en 2015, es decir, 8 %.
miércoles, 15 de marzo de 2017
Plazo público de 100 días para dar resultados en la CEAV: Rochín
Jaime Rochín, ratificado como titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, indicó que se comprometió a dar resultados en cien días.
En entrevista para Aristegui en vivo, apuntó que el “plazo público de 100 días” es “para mostrar que la CEAV puede funcionar de manera diferente”.
Expuso que algunas víctimas y organizaciones “me dieron respaldo condicionado a dar resultados” y “estar del lado de las víctimas”.
“Si no damos muestra de una comisión diferente me manifestaron que habrá una exigencia más fuerte”, aceptó.
Expuso que algunas víctimas y organizaciones “me dieron respaldo condicionado a dar resultados” y “estar del lado de las víctimas”.
“Si no damos muestra de una comisión diferente me manifestaron que habrá una exigencia más fuerte”, aceptó.
viernes, 17 de febrero de 2017
ONG demandan a Peña escrutinio público de su candidato para dirigir el CEAV
En una carta dirigida al Ejecutivo, solicitaron que antes de someter su propuesta al Senado de la República permita que en dicho escrutinio participen organizaciones, colectivos y personas expertas, “al menos a través de la revisión de los documentos y trayectorias de la misma, así como a partir de entrevistas públicas”.
También dirigida a los senadores, las organizaciones pidieron que cuando éstos reciban la propuesta, de igual forma se realice un escrutinio público con las mismas características.
El llamado fue hecho luego del retraso de más de una semana que Peña Nieto ha tenido para enviar su proposición a los legisladores. También ocurre en el contexto de las críticas que el proceso ha recibido por presuntos intereses políticos y particulares del subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa, para imponer a un candidato.
“Para las y los firmantes, es fundamental que el proceso de selección de la persona titular de la CEAV sea transparente, inclusivo y que se nos permita participar en el mismo. De igual manera, resulta fundamental que la persona propuesta cumpla con el perfil idóneo para ejercer tan alta responsabilidad”, aseguraron en la carta dirigida al Ejecutivo y hecha pública.
“Consideramos que la consulta no se agota con proponer a una persona, sino estar al tanto del proceso de selección, participar del mismo y que tal participación sea efectivamente tomada en cuenta en la decisión final”, agregaron.
Las ONGs pidieron respeto a lo establecido en el artículo 85 y el transitorio quinto de la Ley General de Víctimas, y que también se retomen las mejores prácticas relacionadas con procesos transparentes, incluyentes, participativos y certeros. Recordaron que dicha ley señala la obligación de hacer una consulta pública con víctimas, expertos y organizaciones de la sociedad civil.
No obstante, como dijeron que a la fecha no tienen conocimiento del curso del proceso de selección, pidieron que Peña Nieto les informe de lista de personas propuestas para ocupar la titularidad de la CEAV y quiénes fueron los colectivos de víctimas, organizaciones y que les propusieron.
También demandaron la explicación de los pasos, tiempos y criterios que se han seguido para elegir la propuesta; así como de la manera en que el Ejecutivo y el Legislativo “van a garantizar un proceso transparente, inclusivo y participativo que implique la consulta y participación de colectivos de víctimas, expertos/as y organizaciones de la sociedad civil”.
Las organizaciones civiles destacaron que “el perfil de la persona a elegir debe cumplir no solamente con los requisitos establecidos en la convocatoria, sino que se debe buscar a la persona, cuya trayectoria, experiencia y honorabilidad en el trabajo con las víctimas, garantice un mejor ejercicio al frente de la CEAV”.
De paso, advirtieron que “la excepcionalidad de este proceso podría dar lugar a acciones discrecionales, si no se garantiza de manera fehaciente el cumplimiento de los requisitos y supuestos mencionados previamente”.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.proceso.com.mx/474757/ong-demandan-a-pena-escrutinio-publico-candidato-dirigir-ceav
miércoles, 15 de febrero de 2017
En la CEAV mandan Peña, Gobernación, Hacienda…
La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, instancia que debía ser autónoma, quedó convertida en un botín político, donde en la designación de su titular tendrá injerencia el presidente, y en cuyo funcionamiento estarán metidas las manos de las secretarías de Hacienda y Gobernación. Y mientras tanto, comenta Javier Sicilia, del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, el gobierno federal sigue sin dar apoyo… a las víctimas.
CIUDAD DE MÉXICO: A un mes de la entrada en vigor de la reforma a la Ley General de Víctimas, la intervención del presidente Enrique Peña Nieto para designar al titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) –a quien debió proponer desde el viernes 3 al Senado para que lo ratificara– acabó con la esperanza de convertir al organismo en un ente autónomo, como pretendían los colectivos ciudadanos que en abril de 2016 exigieron cambios de fondo a esa legislación.
El jueves 2, Roberto Campa, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), informó en su cuenta de Twitter que la autoridad federal recibió 326 cartas de propuesta sin especificar el número de candidatos; días antes, Gobernación filtró a un periódico de circulación nacional los nombres de Patricia Colchero, Jaime Rochín, María A. González, María de los Ángeles Fromow, Julieta Morales Sánchez y Rubén Vasconcelos como prospectos.
Javier Sicilia –quien como representante del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad encabezó a más de 100 organizaciones que presentaron al Senado la iniciativa de reforma el 13 de abril del año pasado– señala que hasta el momento el gobierno federal no ha dado apoyo a las víctimas ni se ha pronunciado sobre los graves hechos de violencia y las fosas clandestinas detectadas.
Añade que esa ley no protege el espíritu que motivó a decenas de organizaciones a impulsar una nueva legislación.
En el proyecto de reforma que entregaron al entonces presidente del Senado, el panista Roberto Gil Zuarth, las ONG mencionadas demandaron que el Estado mexicano reconozca los derechos de las víctimas de desplazamiento forzado, las cuales estimaron en más de 250 mil.
Además, plantearon que la CEAV tuviera una estructura similar a la de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en vista de que el consejo directivo colegiado no dio los resultados esperados.
Por lo mismo, exigieron que la CEAV fuera autónoma y que las víctimas participaran en la designación del titular y en las decisiones del organismo; que se sancionara a los servidores públicos revictimizadores y se asignara un presupuesto con base en las necesidades de atención, se reconocieran y apoyaran económicamente los peritajes independientes y se respetara el derecho efectivo a la memoria.
Sin embargo, Roberto Villanueva Guzmán, representante del Laboratorio de Innovación para la Paz, dice a Proceso que el 17 de octubre del año pasado las organizaciones no gubernamentales encontraron que sus exigencias quedaron fuera del dictamen de los legisladores, quienes agregaron otros para permitir la injerencia del presidente de la República, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y de Gobernación, mediante una junta de gobierno.
A decir de Villanueva Guzmán, una reforma que no garantice la máxima autonomía de la comisión será ilusoria, por lo que debe eliminarse la “junta de gobierno” y establecerse un consejo directivo formado por víctimas, académicos y expertos en atención a la sociedad civil, que tengan facultades para decidir sobre el programa anual de trabajo, las prioridades del ejercicio presupuestal y el informe anual del titular de la CEAV.
También estos mecanismos quedaron fuera del dictamen del Senado.
En cuanto al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, los colectivos planteaban que se fijara en 0.014% del gasto programable, a fin de que no estuviera condicionado por el Ejecutivo y éste no pueda utilizarlo para presionar a la CEAV. “Con la reforma a la Ley General de Víctimas se violaron los principios de la ley que pretendíamos; hay injerencia de Gobernación y del presidente”, afirma el entrevistado.
Añade que el Movimiento por la Paz no propuso a ningún candidato, sino que a la persona designada le exigirían igualdad para todas las familias, que el uso de los recursos no sea discrecional y se coloque en cada espacio de la nueva estructura de la CEAV a personas con el perfil adecuado.
De los seis nombres filtrados por Gobernación como probables presidentes de la CEAV, sólo Julio Rochín, Patricia Colchero y Julieta Morales se acercaron a presentar sus propuestas al Movimiento por la Paz.
La CEAV, una instancia política
Para la senadora Iris Vianey Mendoza, la reforma avalada por las comisiones legislativas de Gobernación, Justicia, Derechos Humanos y Estudios Legislativos es “notoriamente insuficiente” frente a la “profunda crisis de violencia, crímenes, violaciones de derechos humanos y la revictimización que atraviesa México”.
Considera “preocupante que el texto aprobado no modifique la esencia del problema y siga tratando las necesidades de las víctimas como un asunto político”. Enfatiza que la decisión de que el presidente designe al titular de la comisión es un retroceso del modelo democrático y llevará a la elección de un perfil sin legitimidad ante las organizaciones civiles.
Al preguntarle al activista e investigador Silvano Cobos su opinión sobre la nueva Ley de Víctimas, apunta:
“Es una reforma que, hay que destacarlo, no se inició a instancias de las autoridades. (La que presentamos en 2016) pretendía ser integral y cubría demandas y expectativas muy amplias de los grupos de víctimas, que han exigido un funcionamiento mucho más transparente, operativo, eficaz y optimizado de la CEAV, porque se sintieron defraudados con la gestión del primer pleno… El principal indicador de malestar que produjo fue que no se llegó a cubrir una proporción relevante de casos con atención y reparación integral.”
Dice que la propuesta del Movimiento por la Paz incluía un capítulo de sanciones con tipos penales y faltas administrativas muy específicas para aquellos servidores públicos que revictimizaran a las personas, las expusieran a daños a la vida, a la integridad y a la libertad.
Asimismo, se contemplaba la destitución del comisionado en caso de subejercicio del fondo para reparaciones o si un grupo mayor a 100 víctimas lo exigía por hechos de revictimización, omisiones o carencias de atención.
“La reforma que presentamos estaba directamente encaminada a que hubiera una CEAV centrada en la víctima, que ésta fuera el actor más empoderado en ese tablero de relaciones altamente politizadas, con muchos intereses gubernamentales de por medio, que habían marginado a las víctimas.
“Finalmente, el producto que se aprobó el 14 de diciembre de 2016 y se publicó el 3 de enero no cumple las expectativas amplias que se habían depositado en el proceso. Sin embargo, los diversos grupos de víctimas, específicamente el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, ha insistido en que esta reforma parcial avanza en algunas de las cuestiones medulares que se han puesto en la mesa.
“Una junta de gobierno presidida por la Segob será la que, en última instancia, decidirá aspectos cruciales, como el presupuesto, las prioridades de operación, el liderazgo de la institución… La idea era que la injerencia de intereses que excedieran la agenda de las víctimas se mantuviera a raya.
“La reforma aprobada le da un peso preponderante a las instituciones de Estado en las decisiones que afectan al ejercicio de la CEAV, y aunque cuenta con el contrapeso de la Asamblea Consultiva, ésta se convierte en un mero acompañamiento de las agendas que puede diseñar el comisionado con la junta de gobierno presidida por el presidente Peña Nieto o el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong. Nos preocupa que la voz de las víctimas quede marginada.”
También advierte riesgos en la sustentabilidad del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral con la nueva reforma:
“Si se agotan los recursos, el comisionado tendrá que acudir a un mecanismo de compensación ante la SHCP, cuando antes, por Ley, el Congreso destinaba al año al menos 0.014% del gasto anual programado, equivalente al menos a 500 millones, los cuales eran acumulables. Con la reforma, Hacienda se convierte en un árbitro discrecional en la entrega del recurso. Esto puede convertirse en un mecanismo de control sobre la CEAV.”
Lo positivo de la nueva ley, dice, es que la atención a la víctima se simplifica con un órgano unipersonal que se pretende hacer mucho más ejecutivo y operativo. En cambio, indica que antes dicha atención estaba muy burocratizada porque los comisionados se repartían cuotas de poder.
Aclara que si bien no prevalecieron las facultades que empoderaban a la asamblea consultiva, tampoco se le restringieron las que tiene: “El comisionado finalmente es un servidor público. Los grupos de víctimas y de la sociedad civil estarían en una asamblea que ya no dirige sino que complementa la gestión del comisionado porque es meramente consultiva. No hay garantías de que exista un equilibrio entre esas instancias”.
En cuanto al titular de la CEAV, puntualiza:
“Se ha hablado de Jaime Rochín, quien ya fue presidente de la comisión, y de Patricia Colchero. Estamos frente a servidores públicos que tienen origen en organizaciones de derechos humanos; ambos han enfrentado desafíos que tienen que ver con la gestión de la política de atención a víctimas, con agendas que a veces son más amplias que su mandato específico. Al menos por los actores con los que he tenido la posibilidad de hablar, como Movimiento por la Paz, creo que hay canales de conversación cordiales con ambos y que se podría trabajar en una agenda de refundación de la CEAV.
“También se ha escuchado de otros perfiles, como el de Julieta Morales, que viene de la CNDH, y de María de los Ángeles Fromow, pero no han tenido una interlocución con los grupos de víctimas. Esperamos que la persona que llegue al cargo tienda un puente para el diálogo y podamos acercarnos al perfil de funcionario que estamos esperando.
–¿Fromow sería una imposición?
–Los perfiles son todos de personas que vienen del servicio público. Tiene que atribuirse en buena medida a los grupos de víctimas que no haya candidaturas fuertes de la sociedad civil. Aunque Rochín y Patricia Colchero tienen en su origen en ese campo, sus experiencias más recientes han sido en el servicio público, esto es un mensaje que hay que leer, aunque eso no quiere decir que sea lo ideal.
Al consultar a Rubén Vasconcelos, actual encargado de la CEAV y candidato a presidirla, comenta la posibilidad de que el gobierno se entrometa en los asuntos de la CEAV:
“Hay varios elementos que permiten a una institución funcionar, si no con autonomía formal, sí de forma autónoma. Por eso, por ejemplo, en el mecanismo de atención a periodistas intervenimos defendiendo a la víctima incluso frente a decisiones de Gobernación.”
Este reportaje se publicó en la edición 2102 de la revista Proceso del 12 de febrero de 2017.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: PATRICIA DÁVILA.
LINK: http://www.proceso.com.mx/474503/en-la-ceav-mandan-pena-gobernacion-hacienda
El jueves 2, Roberto Campa, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), informó en su cuenta de Twitter que la autoridad federal recibió 326 cartas de propuesta sin especificar el número de candidatos; días antes, Gobernación filtró a un periódico de circulación nacional los nombres de Patricia Colchero, Jaime Rochín, María A. González, María de los Ángeles Fromow, Julieta Morales Sánchez y Rubén Vasconcelos como prospectos.
Javier Sicilia –quien como representante del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad encabezó a más de 100 organizaciones que presentaron al Senado la iniciativa de reforma el 13 de abril del año pasado– señala que hasta el momento el gobierno federal no ha dado apoyo a las víctimas ni se ha pronunciado sobre los graves hechos de violencia y las fosas clandestinas detectadas.
Añade que esa ley no protege el espíritu que motivó a decenas de organizaciones a impulsar una nueva legislación.
En el proyecto de reforma que entregaron al entonces presidente del Senado, el panista Roberto Gil Zuarth, las ONG mencionadas demandaron que el Estado mexicano reconozca los derechos de las víctimas de desplazamiento forzado, las cuales estimaron en más de 250 mil.
Además, plantearon que la CEAV tuviera una estructura similar a la de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en vista de que el consejo directivo colegiado no dio los resultados esperados.
Por lo mismo, exigieron que la CEAV fuera autónoma y que las víctimas participaran en la designación del titular y en las decisiones del organismo; que se sancionara a los servidores públicos revictimizadores y se asignara un presupuesto con base en las necesidades de atención, se reconocieran y apoyaran económicamente los peritajes independientes y se respetara el derecho efectivo a la memoria.
Sin embargo, Roberto Villanueva Guzmán, representante del Laboratorio de Innovación para la Paz, dice a Proceso que el 17 de octubre del año pasado las organizaciones no gubernamentales encontraron que sus exigencias quedaron fuera del dictamen de los legisladores, quienes agregaron otros para permitir la injerencia del presidente de la República, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y de Gobernación, mediante una junta de gobierno.
A decir de Villanueva Guzmán, una reforma que no garantice la máxima autonomía de la comisión será ilusoria, por lo que debe eliminarse la “junta de gobierno” y establecerse un consejo directivo formado por víctimas, académicos y expertos en atención a la sociedad civil, que tengan facultades para decidir sobre el programa anual de trabajo, las prioridades del ejercicio presupuestal y el informe anual del titular de la CEAV.
También estos mecanismos quedaron fuera del dictamen del Senado.
En cuanto al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, los colectivos planteaban que se fijara en 0.014% del gasto programable, a fin de que no estuviera condicionado por el Ejecutivo y éste no pueda utilizarlo para presionar a la CEAV. “Con la reforma a la Ley General de Víctimas se violaron los principios de la ley que pretendíamos; hay injerencia de Gobernación y del presidente”, afirma el entrevistado.
Añade que el Movimiento por la Paz no propuso a ningún candidato, sino que a la persona designada le exigirían igualdad para todas las familias, que el uso de los recursos no sea discrecional y se coloque en cada espacio de la nueva estructura de la CEAV a personas con el perfil adecuado.
De los seis nombres filtrados por Gobernación como probables presidentes de la CEAV, sólo Julio Rochín, Patricia Colchero y Julieta Morales se acercaron a presentar sus propuestas al Movimiento por la Paz.
La CEAV, una instancia política
Para la senadora Iris Vianey Mendoza, la reforma avalada por las comisiones legislativas de Gobernación, Justicia, Derechos Humanos y Estudios Legislativos es “notoriamente insuficiente” frente a la “profunda crisis de violencia, crímenes, violaciones de derechos humanos y la revictimización que atraviesa México”.
Considera “preocupante que el texto aprobado no modifique la esencia del problema y siga tratando las necesidades de las víctimas como un asunto político”. Enfatiza que la decisión de que el presidente designe al titular de la comisión es un retroceso del modelo democrático y llevará a la elección de un perfil sin legitimidad ante las organizaciones civiles.
Al preguntarle al activista e investigador Silvano Cobos su opinión sobre la nueva Ley de Víctimas, apunta:
“Es una reforma que, hay que destacarlo, no se inició a instancias de las autoridades. (La que presentamos en 2016) pretendía ser integral y cubría demandas y expectativas muy amplias de los grupos de víctimas, que han exigido un funcionamiento mucho más transparente, operativo, eficaz y optimizado de la CEAV, porque se sintieron defraudados con la gestión del primer pleno… El principal indicador de malestar que produjo fue que no se llegó a cubrir una proporción relevante de casos con atención y reparación integral.”
Dice que la propuesta del Movimiento por la Paz incluía un capítulo de sanciones con tipos penales y faltas administrativas muy específicas para aquellos servidores públicos que revictimizaran a las personas, las expusieran a daños a la vida, a la integridad y a la libertad.
Asimismo, se contemplaba la destitución del comisionado en caso de subejercicio del fondo para reparaciones o si un grupo mayor a 100 víctimas lo exigía por hechos de revictimización, omisiones o carencias de atención.
“La reforma que presentamos estaba directamente encaminada a que hubiera una CEAV centrada en la víctima, que ésta fuera el actor más empoderado en ese tablero de relaciones altamente politizadas, con muchos intereses gubernamentales de por medio, que habían marginado a las víctimas.
“Finalmente, el producto que se aprobó el 14 de diciembre de 2016 y se publicó el 3 de enero no cumple las expectativas amplias que se habían depositado en el proceso. Sin embargo, los diversos grupos de víctimas, específicamente el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, ha insistido en que esta reforma parcial avanza en algunas de las cuestiones medulares que se han puesto en la mesa.
“Una junta de gobierno presidida por la Segob será la que, en última instancia, decidirá aspectos cruciales, como el presupuesto, las prioridades de operación, el liderazgo de la institución… La idea era que la injerencia de intereses que excedieran la agenda de las víctimas se mantuviera a raya.
“La reforma aprobada le da un peso preponderante a las instituciones de Estado en las decisiones que afectan al ejercicio de la CEAV, y aunque cuenta con el contrapeso de la Asamblea Consultiva, ésta se convierte en un mero acompañamiento de las agendas que puede diseñar el comisionado con la junta de gobierno presidida por el presidente Peña Nieto o el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong. Nos preocupa que la voz de las víctimas quede marginada.”
También advierte riesgos en la sustentabilidad del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral con la nueva reforma:
“Si se agotan los recursos, el comisionado tendrá que acudir a un mecanismo de compensación ante la SHCP, cuando antes, por Ley, el Congreso destinaba al año al menos 0.014% del gasto anual programado, equivalente al menos a 500 millones, los cuales eran acumulables. Con la reforma, Hacienda se convierte en un árbitro discrecional en la entrega del recurso. Esto puede convertirse en un mecanismo de control sobre la CEAV.”
Lo positivo de la nueva ley, dice, es que la atención a la víctima se simplifica con un órgano unipersonal que se pretende hacer mucho más ejecutivo y operativo. En cambio, indica que antes dicha atención estaba muy burocratizada porque los comisionados se repartían cuotas de poder.
Aclara que si bien no prevalecieron las facultades que empoderaban a la asamblea consultiva, tampoco se le restringieron las que tiene: “El comisionado finalmente es un servidor público. Los grupos de víctimas y de la sociedad civil estarían en una asamblea que ya no dirige sino que complementa la gestión del comisionado porque es meramente consultiva. No hay garantías de que exista un equilibrio entre esas instancias”.
En cuanto al titular de la CEAV, puntualiza:
“Se ha hablado de Jaime Rochín, quien ya fue presidente de la comisión, y de Patricia Colchero. Estamos frente a servidores públicos que tienen origen en organizaciones de derechos humanos; ambos han enfrentado desafíos que tienen que ver con la gestión de la política de atención a víctimas, con agendas que a veces son más amplias que su mandato específico. Al menos por los actores con los que he tenido la posibilidad de hablar, como Movimiento por la Paz, creo que hay canales de conversación cordiales con ambos y que se podría trabajar en una agenda de refundación de la CEAV.
“También se ha escuchado de otros perfiles, como el de Julieta Morales, que viene de la CNDH, y de María de los Ángeles Fromow, pero no han tenido una interlocución con los grupos de víctimas. Esperamos que la persona que llegue al cargo tienda un puente para el diálogo y podamos acercarnos al perfil de funcionario que estamos esperando.
–¿Fromow sería una imposición?
–Los perfiles son todos de personas que vienen del servicio público. Tiene que atribuirse en buena medida a los grupos de víctimas que no haya candidaturas fuertes de la sociedad civil. Aunque Rochín y Patricia Colchero tienen en su origen en ese campo, sus experiencias más recientes han sido en el servicio público, esto es un mensaje que hay que leer, aunque eso no quiere decir que sea lo ideal.
Al consultar a Rubén Vasconcelos, actual encargado de la CEAV y candidato a presidirla, comenta la posibilidad de que el gobierno se entrometa en los asuntos de la CEAV:
“Hay varios elementos que permiten a una institución funcionar, si no con autonomía formal, sí de forma autónoma. Por eso, por ejemplo, en el mecanismo de atención a periodistas intervenimos defendiendo a la víctima incluso frente a decisiones de Gobernación.”
Este reportaje se publicó en la edición 2102 de la revista Proceso del 12 de febrero de 2017.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: PATRICIA DÁVILA.
LINK: http://www.proceso.com.mx/474503/en-la-ceav-mandan-pena-gobernacion-hacienda
miércoles, 11 de enero de 2017
Abogados de la Comisión de Víctimas apoyan a implicado en desaparición, denuncian familiares
El ingeniero José Antonio Robledo fue secuestrado en Monclova, Coahuila, el 25 de enero de 2009, y desde entonces se ignora su paradero. Hasta la fecha, cinco personas han sido detenidas y enfrentan juicio por esta desaparición, entre las cuales está Carlos Arturo Jiménez Encinas, alias El Plátano, operador financiero de Omar Treviño, líder del Cártel de Los Zetas.
Según declaraciones de distintos testigos, El Plátano operaba una red de talleres mecánicos en Coahuila, en los que se brindaba servicio a patrullas y vehículos gubernamentales, así como a los vehículos blindados del crimen organizado. En uno de estos talleres, según investigaciones oficiales, pudo estar temporalmente el ingeniero Robledo, luego de ser secuestrado.
Tal como denunciaron los padres del ingeniero Robledo, los abogados defensores de este presunto operador de Los Zetas han logrado diluir los principales cargos que se le imputaban, como crimen organizado, y en la actualidad sólo enfrenta dos delitos: portación de arma prohibida y secuestro (por su probable implicación en el rapto del ingeniero).
Para debilitar esta acusación por secuestro, la defensa de El Plátano ha venido coordinándose, al menos desde agosto de 2016, con los dos abogados que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas designó para apoyar a los padres del ingeniero Robledo, tal como denunciaron.
“La CEAV nombró a estos dos abogados como nuestros representantes legales, sin pedir nuestra autorización, ni avisarnos siquiera –denunció Guadalupe Fernandez, madre del ingeniero José Antonio Robledo–, y ellos mismos, de nombre Érika Natalia Jaime Moreno y Omar Vladimir Hinojosa Mascorro, jamás se han comunicado con nosotros para presentarse, o para ver en qué nos apoyan.”
En cambio, abundó, en septiembre, noviembre y diciembre de 2016, estos abogados se coordinaron con la defensa de El Plátano, para establecer la realización de nuevas audiencias en beneficio del acusado. Con la aprobación que brindaron estos abogados, la familia del ingeniero Robledo quedó obligada a presentarse nuevamente a rendir declaración, pero ahora para que su defensa del imputado fortalezca sus alegatos.
“Nosotros nunca nos negamos a rendir declaración –subrayó la madre del ingeniero Robledo–, estamos dispuestos a colaborar en todo lo que sea necesario para esclarecer el paradero de nuestro hijo. Pero aquí viene lo peor: estos abogados de la CEAV han autorizado las audiencias en tres ocasiones (septiembre, noviembre y diciembre de 2016), y en las tres ocasiones, estos mismos abogados de la CEAV han autorizado que las audiencias se pospongan, con el objetivo de darle más tiempo a la defensa, pero sin avisarnos nunca a nosotros, a quienes dicen representar.”
Se trata, concluyó la señora Guadalupe Fernández, de una “estrategia de desgaste, eso es lo que hacen con las familias de las víctimas para debiitarnos, para desesperarnos y hacer que desistamos, que dejemos perder los casos, y es indignante que estas acciones las hagan en acuerdo con la CEAV”.
En una búsqueda a través del portal de obligaciones de transparencia del gobierno federal, se pudo confirmar que Érika Natalia Jaime Moreno y Omar Vladimir Hinojosa Mascorro son integrantes de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, con el cargo de “Abogado A”.
Animal Político se comunicó con la CEAV para conocer su postura en torno a esta denuncia y, a través de Alfredo Méndez, director de Comunicación Social del organismo, se informó que “no hay comentarios”.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: PARIS MARTÑINEZ.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2017/01/atencion-victimas-desaparecido/
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