Padres de los 43, “listos” para mecanismo de la CIDH

Ciudad de México. Los padres de familia de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa se dijeron “listos” para recibir y trabajar con el mecanismo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que dará seguimiento a la investigación del caso Iguala.

Este jueves, los familiares y decenas de personas de diversas organizaciones solidarias realizaron una marcha del Hemiciclo a Juárez al antimonumento de los +43, en Paseo de la Reforma y Bucareli, para recordar a los tres estudiantes normalistas que murieron en los hechos ocurridos el 26 y 27 de septiembre de hace dos años.

En el mitin en el antimonumento, Meliton Ortega, uno de los voceros de los padres de familia, advirtió que no están dispuestos a que se mantenga la impunidad en el caso, y que para ellos el basurero de Cocula –sitio donde el gobierno señala que fueron ejecutados e incinerados los estudiantes normalistas- “ya no existe más”.

Por ello, exigieron al gobierno federal, de manera particular al nuevo procurados General de la República, Raúl Cervantes Andrade, encaminar las investigaciones sobre las rutas trazadas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).

El contingente salió casi a las 18 horas y tras rodear la Alameda Central, por las calles de Juárez, Eje Central e Hidalgo, se incorporó a Paseo de la Reforma, hasta llegar al antimonumento, casi una hora después.

Ahí, el abogado Vidulfo Rosales confirmó el acuerdo alcanzado con la Cámara de Diputados para que una comisión de padres de familia se dirija a los legisladores desde la tribuna del Salón Verde del recinto de San Lázaro.

Explicó que su presencia en este lugar será para explicar a los diputados el “balance” que los padres de familia hacen de estos dos años de lucha por saber dónde están sus hijos desaparecidos, pero también para reclamar a la Cámara de Diputados sus “omisiones” y “papel gris” y “sin compromiso” que han tenido en el caso.


Este viernes, tras un breve acto en el antimonumento, a las 10 horas, los padres levantarán a las 14 horas, el plantón que mantienen a las afueras de la Cámara de Diputados.

FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: JOSÉ ANTONIO ROMÁN.
LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/10/27/padres-de-los-43-201clistos201d-para-mecanismo-de-la-cidh

Piden a la CIDH admitir el caso de la masacre de El Charco

CIUDAD DE MÉXICO: Diversas personalidades eclesiásticas, artísticas, académicas y políticas, encabezadas por el obispo José Raúl Vera López solicitaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) admitir el caso de la masacre de El Charco, ocurrida en 1998.

En un posicionamiento de decenas de personalidades, convocadas por el obispo Vera Ruiz, fundador de la Red Solidaria Década contra la Impunidad, rechazaron la solicitud del gobierno de Enrique Peña Nieto ante la CIDH para desechar este asunto, relacionado con la ejecución extrajudicial de diez indígenas y un estudiante universitario, hechos atribuidos a miembros del Ejército Mexicano.

Este caso está relacionado con el ataque militar a indígenas y estudiantes que pernoctaban en la primaria Caritino Maldonado de la comunidad de El Charco, en Ayutla de los Libres, Guerrero, en el que once civiles desarmados murieron, y se detuvo a una veintena de personas, entre ellas a los universitarios Ericka Zamora Pardo y Efrén Cortés Chávez, quienes fueron recluidos en penales de alta seguridad, acusados de formar parte de un grupo insurgente. Ambos acusaron también haber sido torturados en un cuartel militar.

En el documento, los firmantes refieren que pese a que este asunto ocurrido en Ayutla de los Libres, Guerrero el 7 de junio de 1998, están relacionados con delitos considerados como imprescriptibles, como lo son las ejecuciones extrajudiciales y la tortura, el Estado mexicano solicitó a la CIDH desechar la petición.

De acuerdo a la respuesta del Estado, presentada con un atraso de13 meses ante la CIDH, el caso de El Charco, registrado como P-1315, debería ser inadmitido porque bajo el argumento de que fue presentada el 16 de julio de 2012, en tanto que el litigio interno llevado por algunas de las víctimas, concluyó en mayo de 2002, lo que significa que “transcurrieron 10 años un mes y 16 días para que los peticionarios presentaran la denuncia ante la CIDH”.

Los firmantes del posicionamiento, abundaron que el Estado mexicano ha dicho con respecto a este caso que la CIDH debe rechazar la petición “por presentarse fuera del plazo de 6 meses contados a partir de que se les notificó la resolución que puso fin al juicio”.

Dieron cuenta de que en la respuesta estatal se omite mencionar a las víctimas de la ejecución, el estudiante Ricardo Zavala Tapia y los indígenas Honorio García Lorenzo, Mauro González Castro, Fidencio Morales Castro, Daniel Crisóforo Jiménez, Fernando Félix Guadalupe, Apolonio Jiménez García, Manuel Francisco Prisciliano, Ceferino Damián Marco, José Rivera Morales y Mario Chávez García.

Aunado a ello, los firmantes señalan que el Estado “parece olvidar que entre las personas detenidas había una mujer, Ericka Zamora Pardo, estudiante universitaria; cuatro menores de edad, dos de ellos no sabían leer ni escribir y hablaban nasavi, los otros dos apenas si sabían leer y escribir y hablaban muy poco español”.

Al dar cuenta de lo nombres de quienes eran menores (Bernabé García de Jesús, Melitón Castro Morales, Adrián Patriarca Agustina y Pedro Esteban Ávila), los denunciantes señalan que en la respuesta el Estado omite que “al igual de los demás detenidos, fueron trasladados, a la IX Región Militar y obligados a declarar ante el Ministerio Público Militar”.

De la misma manera que se olvida que tanto Zamora Pardo como Cortés Chávez, “denunciaron en el juzgado Segundo de Distrito en el estado de Guerrero, la tortura a la que fueron sometidos por los militares en la IX Región Militar, y que el juzgado fue omiso a esta denuncia y no se les aplicó el Protocolo de Estambul”.

Puntualizan que al pedir que el caso sea desechado, “el Estado mexicano pretende pasar por alto que la tortura y las ejecuciones extrajudiciales no prescriben y que el Ejército mexicano violó los derechos de los cuatro menores de edad que fueron detenidos”.

Con la insistencia en que el caso sea admitido por la CIDH, los firmantes consideran que urge que el Estado mexicano asuma la responsabilidad de los hechos ocurridos el 7 de junio de 1998, en las ejecuciones extrajudiciales, en las detenciones de civiles en instalaciones militares obligados a declarar ante autoridades castrenses.

También exigen que se admita la responsabilidad del Estado en la tortura acusada por Zamora Pardo y Cortés Chávez, así como en las detenciones ilegales de los menores de edad.

“Solicitamos respetuosamente a la CIDH, otorgar e informe de Admisibilidad y de Fondo, a este caso paradigmático”, en el que se señala al Ejército mexicano de violaciones graves a derechos humanos.


Además del obispo Vera López, firman el documento Fray Tomás González Castillo, Fray Julián Cruzalta, la cantante Susana Harp, la dirigente nacional del PRD Beatriz Mujica Morga, la escritora Pat Davis y el dramaturgo Humberto Robles, Malú García Andrade, presidenta de la organización Nuestras Hijas de Regreso a Casa, así como el Comité de Enlace Latinoamericano y Caribeño, el Observatorio Eclesial y la Red de Defensa de Derechos Humanos, entre otras organizaciones y personalidades.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GLORIA LETICIA DÍAZ.
LINK: http://www.proceso.com.mx/460374/piden-a-la-cidh-admitir-caso-la-masacre-charco

Mecanismo de CIDH para caso Iguala llega en noviembre

Ciudad de México. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) informó que el mecanismo de seguimiento del caso Iguala realizará del 9 al 12 de noviembre próximo la primera visita a México.

Además, señaló que el Plan de Trabajo de dicho mecanismo tendrá una duración de 12 meses e incluirá labores de recopilación de información y documentación sobre el caso de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa.

“El plan también incluirá la frecuencia con que se pretende realizar las visitas regulares a México y por el tiempo que resulte necesario para el labor del mecanismo”, señala un reporte de la CIDH, distribuido aquí por el Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”, instancia que representa legalmente a los padres de familia de los jóvenes desaparecidos.


Hay que recordar que este mecanismo, acordado con el gobierno mexicano, la CIDH y los padres de familia de Ayotzinapa, dará seguimiento entre otras cosas a las recomendaciones que dejó el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI)  para avanzar en las investigaciones de los hechos de Iguala, que mañana miércoles cumplen dos años y un mes.

FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: JOSÉ ANTONIO ROMÁN.
LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/10/25/mecanismo-de-cidh-para-caso-iguala-llega-en-noviembre

Alista la CIDH grupo de seguimiento a investigación de los 43

CIUDAD DE MÉXICO: La próxima semana la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) podría definir los nombres de los integrantes del grupo de “asesores técnicos” que analizarán las investigaciones sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, como parte del Mecanismo Especial de Seguimiento establecido el 29 de julio en Washington, informó Vidulfo Rosales Sierra, abogado de los padres de las víctimas.

En el contexto del anuncio de la XXIII Acción Global por Ayotzinapa, en la que sobresale la realización de un concierto en la explanada del Estadio Azteca, el abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, apuntó que la próxima semana los padres sostendrán reunión con la procuradora Arely Gómez para conocer de avances en la investigación así como de la indagatoria que se abrió sobre la actuación irregular del director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón de Lucio.

Rosales Sierra agregó que el encuentro será aprovechado por los padres de los desaparecidos para conocer la disponibilidad de la dependencia para implementar el Mecanismo Especial de Seguimiento a la Medidas Cautelares MC/409/16, emitidas por la CIDH.

Al señalar que es probable que la próxima semana la CIDH notifique a las partes sobre los nombres de quienes integrarán el grupo operativo técnico que estará de forma permanente en México, el abogado destacó que los padres mantienen la “expectativa de que este nuevo equipo oxigene la investigación, que se había empantanado después de la salida del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI)”.

Rosales Sierra consideró fundamental el trabajo del equipo de asesores “cuya principal función será vigilar que la PGR siga las líneas de investigación que dejó marcadas el GIEI, y que no se han querido seguir con puntualidad, sino que se mantiene abierta la del basurero de Cocula”.

Unidos a la movilización de campesinos por la Ciudad de México, padres de los estudiantes tomaron una pausa en el llamado Antimonumento a los 43 para dar a conocer las próximas movilizaciones que se llevarán a cabo en la próxima Jornada Global por Ayotzinapa.

Melitón Ortega, vocero de los padres de familia informó del concierto en el que participarán grupos musicales “que han sido solidarios con el movimiento, y denominaron Voces por los 43”.

Ortega comentó que este lunes algunos padres se reunirán con expertos en telefonía en las instalaciones de la PGR, ya que siete celulares de los estudiantes siguieron activos después de los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014, en tanto que otros se sumarán a las distintas movilizaciones convocadas por maestros y campesinos.

El vocero señaló que las acciones acordadas para el próximo 26 de agosto, tienen como objetivo mantener viva la demanda de presentación de los jóvenes estudiantes.

Ortega explicó que los padres de familia solicitaron el espacio al gobierno de la Ciudad de México, y el gobierno de Miguel Ángel Mancera realizó las gestiones necesarias para facilitar el lugar.

De inicio, los padres y madres de los desaparecidos habían solicitado el Zócalo de la Ciudad de México pero se les señaló que estaría ocupado para el 26, por lo que Mancera a través de la secretaria de Gobierno, Patricia Mercado, ofreció el Deportivo los Galeana y el Estadio Azteca, pero más tarde se les informó que el Estadio estaría ocupado el 27, por lo que la única opción era la explanada del mismo.


Entre los grupos que participan en el evento están Barcos de Papel, Fallas de Origen, La Kasquivana, Nayeli Nesme, Santo Mezcal, Frausto Arellin, Insidio, Pantera Romana, entre otros.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GLORIA LETICIA DÍAZ.
LINK: http://www.proceso.com.mx/450207/alista-la-cidh-grupo-seguimiento-a-investigacion-los-43

CIDH activa mecanismo para reforzar la búsqueda de los normalistas de Ayotzinapa

La CIDH aprobó el Mecanismo de Seguimiento para conocer el paradero de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, que desaparecieron hace casi dos años.

Por considerar que el caso Ayotzinapa continúa reuniendo los requisitos de gravedad, urgencia e irreparabilidad, y tras diversas reuniones ante el pleno de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) entre las familias de Ayotzinapa, Centro Prodh, Fundar y Tlachinollan, así como representantes del Estado mexicano, este viernes 28 de julio se aprobó el Mecanismo de Seguimiento Especial para continuar con las labores de investigación y conocer el paradero de los 43 estudiantes desaparecidos el 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.

El mecanismo tendrá esencialmente las siguientes características: Dará seguimiento a las medidas cautelares y a las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI); se integrará por al menos dos asesores técnicos especiales que podrán visitar México con la frecuencia y el tiempo que sean necesarios; los asesores tendrán acceso pleno a los expedientes y demás fuentes de información; y el Comisionado de la CIDH a cargo del mecanismo realizará al menos tres visitas a México para supervisar los trabajos (párrafo 12). La Comisión fue enfática en señalar que las actividades del mecanismo no podrán interpretarse como limitativas de otras competencias que le otorga la Convención Americana de Derechos Humanos.

Es importante señalar que en su resolución, la CIDH solicitó al Estado “que redoble sus esfuerzos” (párrafo 13) para determinar el paradero o destino de los estudiantes desaparecidos. En ese sentido, la Comisión señaló que “las acciones adoptadas por las autoridades estatales aún no han arrojado resultados concretos” (párrafo 10), tomando nota de las valoraciones del GIEI sobre la existencia en las investigaciones de una “presunta obstrucción de la justicia” y sobre otros temas como las deficiencias del trabajo pericial, la omisión de recabar declaraciones relevantes, la insuficiente indagatoria sobre delincuencia trasnacional y la posible existencia de tortura, entre otros (párrafo 10).

Para las familias de las víctimas y las organizaciones que les acompañan, la decisión de la CIDH es una innegable confirmación de que la justicia y la verdad en el caso Ayotzinapa están aún pendientes. En este sentido, consideran que las menciones de la CIDH sobre el deficiente trabajo pericial muestran que la investigación debe dejar de centrarse en la hipótesis del basurero de Cocula y abarcar los aspectos señalados por la propia Comisión sobre delincuencia trasnacional y uso de tecnología para evitar el empleo de la tortura. La afirmación de la CIDH sobre la falta de resultados concretos en la investigación da la razón a la lucha que por más de un año y diez meses han mantenido las familias.

Por otro lado, las familias y sus acompañantes consideran que las características del mecanismo de seguimiento que la CIDH ha decidido pueden hacer que éste sea una importante garantía para el esclarecimiento pleno del paradero de los estudiantes desaparecidos. Sobre todo considerando que a lo largo del proceso se ha verificado que, dada la complejidad del caso, sólo la supervisión internacional podrá asegurar que se indague a fondo y se revierta el sesgo que se introdujo en la investigación. Por ello, instan al Estado mexicano a acatar la resolución de la CIDH y facilitar el inicio inmediato de las labores del Mecanismo Especial de Seguimiento. Las familias y las organizaciones reconocen y agradecen el compromiso de la CIDH por la justicia y la verdad frente a la crisis de violaciones a derechos humanos que vive el país, no sólo en el caso Ayotzinapa sino frente a muchos otros más.


El Mecanismo de Seguimiento Especial que hoy aprobó la CIDH abre la puerta para que, siguiendo en la ruta marcada por las recomendaciones del GIEI, se alcance la justicia y la verdad en el caso Ayotzinapa. Esa es, hoy, la esperanza de las familias.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO/AFP.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/07/cidh-aprueba-mecanismo-de-seguimiento-de-busqueda-de-estudiantes-normalistas-de-ayotzinapa/

“¡Asesinos, asesinos!”, gritan los padres de los 43 en la CIDH a los enviados del Gobierno mexicano

No hay indicios de los 43 estudiantes desaparecidos y la investigación está empantanada, denunciaron los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa ante los comisionados en Washington. Hoy ambas partes abordarán el mecanismo de seguimiento y el viernes esperan la resolución del organismo, informa Felipe de la Cruz. Las solicitudes de los padres son: que el Estado adopte las medidas necesarias para determinar la situación y el paradero de sus hijos con el propósito de proteger su derecho a la vida y a su integridad personal, que adopte las medidas necesarias para proteger la vida y la integridad de los heridos, que acuerde las medidas que se deben adoptar con los beneficiarios de las medidas cautelares y que informe sobre la investigación de los hechos que dieron origen a la medida cautelar.

Una representación de padres de los 43 alumnos de la Normal Rural de Ayotzinapa desaparecidos, denunció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que a 22 meses de los ataques en Iguala no hay indicio del paradero de sus hijos, y que la investigación del caso está empantanada.

En un comunicado, el comité estudiantil de Ayotzinapa informó de la primera reunión con los comisionados del organismo para el seguimiento de las medidas cautelares, otorgadas el 3 de mayo de 2014 para los desaparecidos y los heridos en los ataques de policías la noche del 26 y 27 de septiembre de ese año en Iguala.

Los comisionados se reunieron por separado con enviados del Gobierno federal, y a la llegada de la delegación mexicana, activistas que acompañaron a los padres protestaron contra las autoridades.

En redes sociales difundieron un video donde gritan: “¡Asesinos, asesinos!”.

“¡No fue uno, tampoco fueron tres, queremos de regreso a los 43”, gritaron afuera del edifico de la CIDH.

Los padres de los normalistas de Ayotzinapa entregaron cientos de firmas que apoyan su demanda de la conformación del mecanismo de seguimiento.

FIRMAS EN LA CIDH
Las alrededor de mil firmas, provenientes de estudiantes de universidades de Latinoamérica y Estados Unidos fueron recibidas por el presidente de la CIDH, James Cavallaro, en presencia del secretario ejecutivo Emilio Álvarez Icaza y los otros comisionados.

Vía telefónica desde Estados Unidos el vocero de los padres, Felipe de la Cruz informó que fue un encuentro preliminar con seis de los siete comisionados en Washington, antes del encuentro de la CIDH con la delegación de gobierno, a quienes recibieron por separado.

Dijo que los padres entraron a la reunión a las 3:30 de la tarde, durante unos 30 minutos, y comisionados de la CIDH se interesaron en conocer su percepción de la investigación de los crímenes de Iguala, y los acuerdos sobre el seguimiento a las medidas cautelares que emitió el organismo en favor de los heridos y desaparecidos.


El 3 de octubre de 2014 la CIDH emitió medidas cautelares para proteger la vida y la integridad de 43 estudiantes desaparecidos, así como de los heridos.

Éstas se resumen en cuatro solicitudes: que el Estado adopte las medidas necesarias para determinar la situación y el paradero de los 43 estudiantes con el propósito de proteger su derecho a la vida y a su integridad personal, que adopte las medidas necesarias para proteger la vida y la integridad de los heridos, que acuerde las medidas que se deben adoptar con los beneficiarios de las medidas cautelares y que informe sobre la investigación de los hechos que dieron origen a la medida cautelar.

Felipe de la Cruz precisó que ayer las reuniones fueron separadas y preliminares con los comisionados James L. Cavallaro de Estados Unidos, Paulo Vannuchi de Brasil, Margarette May Macaulay de Jamaica, Esmeralda Arosemena de Troitiño de Panamá, Francisco José Eguiguren Praeli de Perú, y Enrique Gil Botero de Colombia.

Ya que de México es el tema de conflicto no se presentó el comisionado mexicano, José de Jesús Orozco Henríquez.

Por los padres estuvieron los señores Mario González y Antonio Tizapa, sus representantes Mario Patrón y Antonio Tizapa del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, y Humberto Guerrero del Centro de Análisis e Investigación (Fundar).

El vocero dijo que al salir de la reunión se encontraron en el pasillo a la delegación mexicana del caso Iguala, que según un boletín de la Secretaría de Gobernación, está conformada por el subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Miguel Ruiz Cabañas Izquierdo, el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación Roberto Campa Cifrián, y el subprocurador de Derechos Humanos de la Procuraduría General de la República, Eber Omar Betanzos Torres.


Por otro lado, el comité directivo estudiantil Ricardo Flores Magón denunció en un comunicado que las investigaciones del paradero de los 43 normalistas desaparecidos están empantanadas, y que la oportunidad de avanzar que representaba la coadyuvancia del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) fue echada por la borda por el gobierno mexicano al expulsarlo del país.

“Para evitar que el caso Ayotzinapa quede en la impunidad es fundamental definir el Mecanismo Especial de Seguimiento de La CIDH para que dé seguimiento a las medidas cautelares y recomendaciones del GIEI”, demanda.

Hoy para las 7 de la mañana está programada la segunda reunión con el relator para México, James Cavallaro. El viernes a las 11:45 será la reunión con las dos partes, el gobierno mexicano y los padres y sus abogados, “donde esperamos que la CIDH pueda emitir la resolución final sobre el mecanismo y que en las próximas semanas esté en terreno impulsando las recomendaciones del GIEI”, dijo el vocero.

FUENTE: SIN EMBARGO/EL SUR.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/28-07-2016/3072808

El brasileño Paulo Abrão sustituirá a Álvarez Icaza en la CIDH

CIUDAD DE MÉXICO: La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) eligió hoy a Paulo Abrão como el sustituto de Emilio Álvarez Icaza como secretario ejecutivo del organismo para un periodo de cuatro años que concluirá en agosto de 2010.

En un comunicado, la CIDH informó que conforme a su reglamento remitió el nombre de Abrão al secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, quien confirmó la selección y lo designó para el puesto.

El mandato del actual secretario ejecutivo, Emilio Álvarez Icaza Longoria, quien declinó su derecho a renovarlo, finaliza el 15 de agosto de 2016.

Luego de que Álvarez Icaza declinara relegirse, el 9 de febrero pasado la CIDH publicó el llamado a concurso para seleccionar a la persona que lo relevaría en el cargo hasta 2020, con posibilidad de renovarlo por cuatro años más.

El organismo internacional recibió más de 90 postulaciones, de entre las cuales se seleccionó a cinco finalistas que cumplían con los criterios establecidos en su reglamento mismo que establece que el secretario ejecutivo será “una persona con independencia y alta autoridad moral, con experiencia y de reconocida trayectoria en derechos humanos”.

El 26 de julio pasado la Comisión en pleno entrevistó a los cinco finalistas y seleccionó a Paulo Abrão, de nacionalidad brasileña, para el cargo.

Abrão tiene un doctorado en derecho, es profesor de derecho en Brasil y en España, y es secretario ejecutivo del Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos del Mercosur, así como presidente de la Comisión de Amnistía de Brasil, responsable de las políticas de reparación y memoria para las víctimas de la dictadura brasileña.

Antes fue secretario nacional de Justicia, presidente del Comité Nacional para los Refugiados y del Comité Nacional contra la Trata de Personas en Brasil. Tiene experiencia profesional en gestión de políticas públicas, financieras y presupuestarias. Ha gestionado ámbitos académicos, no gubernamentales, gubernamentales e internacionales en derechos humanos, coordinando equipos de trabajo plurales y diversos.


Cuenta además con experiencia en recaudación de fondos y en la dirección de proyectos de cooperación internacional.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.proceso.com.mx/448830/el-brasileno-paulo-abrao-sustituira-a-alvarez-icaza-en-la-cidh

Piden ONG que Ruiz Massieu explique postura de México ante crisis en la CIDH

CIUDAD DE MÉXICO: Organizaciones de derechos humanos solicitaron al Senado de la República la comparecencia de la canciller Claudia Ruiz Massieu, para que informe sobre el papel del Estado mexicano frente a la crisis económica en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).


En una carta dirigida a las presidentas de las comisiones de Relaciones Exteriores y Derechos Humanos, Gabriela Cuevas Barrón y Angélica de la Peña, respectivamente, decenas de organizaciones, 80 de ellas agrupadas en la Red de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (Red TDT), expresan su preocupación por las declaraciones que hizo el embajador de México ante la Organización de Estados Americanos (OEA) Luis Alfonso de Alba, quien cuestionó la labor de la CIDH.

“El Estado mexicano corre el riesgo de quedar evidenciado ante la comunidad internacional” como “un país que ataca a órganos y a expertos/as internacionales en represalia por la legítima labor que realizan”, apuntan.

En su misiva, las organizaciones urgen a Cuevas (PAN) y De la Peña (PRD) a citar a comparecer a la canciller Claudia Ruiz Massieu “con la finalidad de que explique ante el Senado de la República la postura de México ante la CIDH e informe sobre las acciones que llevará a cabo frente al contexto de crisis financiera que ésta atraviesa, así como el reciente cambio de postura del Estado en relación a propuestas de reforma al Sistema Interamericano, incluido el traslado de la sede de la CIDH”.

La preocupación de las organizaciones se funda en declaraciones publicadas hace una semana, en las que el embajador De Alba propuso crear un “sistema de cuotas que sería obligatorio para los firmantes del Pacto de San José, que no ha sido ratificado por Estados Unidos, siendo este el mayor contribuyente de la CIDH”.

Y sugirió que el organismo dependiente de la OEA se traslade a Costa Rica, sede de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH).

La sugerencia de mudar de Washington a Costa Rica la sede de la CIDH ha sido recurrente por parte de países como Venezuela y Ecuador, y es una “medida que perjudicaría el funcionamiento del Sistema”. En 2013 el entonces embajador de México ante la OEA, Joel Hernández, se opuso a esa propuesta, recuerdan las organizaciones.

Además de este cambio de posición en tres años, las organizaciones firmantes hacen notar que a pesar de que De Alba ha declarado a México “amigo del Sistema Interamericano”, también ha dicho que la CIDH “ha perdido ‘legitimidad’, y se pregunta si la Comisión ‘se ha alejado de los Estados’, aseverando que no se debe comportar como ‘una ONG’, lo que se podría interpretar como una postura de rechazo frente a un órgano que ha emitido recomendaciones puntuales al Estado mexicano en los últimos años, como parte de su mandato”.

Más aún, apuntan, esta percepción se refuerza con las afirmaciones del mismo funcionario de que “documentar y señalar violaciones a derechos humanos no debe ser la ‘principal’ actividad de un órgano internacional de protección de los derechos humanos”.

Luego de destacar que De Alba es impreciso al decir que la CIDH “no ha emitido una sola recomendación en los últimos 15 años sobre la legislación en Colombia”, las organizaciones civiles sostienen que si bien México dio un paso importante al solicitar (junto con las familias de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos) la asistencia técnica para la búsqueda a través de la  creación del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), resulta preocupante que las expresiones de la Cancillería reflejen “una actitud de rechazo en las últimas actividades del GIEI y de la CIDH en nuestro país, incluidas la visita in loco de la CIDH y la publicación del Informe de País correspondiente”.

Los firmantes abundan que el cambio de política frente a la CIDH es más que evidente si se recuerda que en agosto de 2014 el entonces subsecretario de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Cancillería, Juan Manuel Gómez Robledo, consideró la labor de la CIDH “en favor de la defensa y protección de los derechos humanos y en la expansión de la democracia en nuestro continente”, destacando por “su independencia e integridad”, amén de que –apuntó entonces– su presencia en México ha favorecido el conocimiento de los derechos inalienables y ha contribuido en el diseño de políticas públicas en apego a los tratados internacionales de derechos humanos firmados.

Al indicar que las contradicciones se advierten de finales de  2014 al primer semestre de 2016, tiempo en que se han ventilado en la CIDH casos graves como el de Ayotzinapa, las organizaciones advierten que el Estado mexicano “corre el riesgo de quedar evidenciado ante la comunidad internacional como un país que en vez de buscar salir de una situación de crisis y construir una realidad de respeto y garantías de los derechos humanos, sea un país que ataca a órganos y expertos/as internacionales en represalia por la legítima labor que realizan”.

La puntualización de la posición frente a la CIDH, añaden, “resulta fundamental para la consolidación de una política exterior del Estado mexicano que mantenga como eje central a los derechos humanos, lo cual debe traducirse en una postura de apoyo y compromiso con el Sistema Interamericano, que ha tenido un papel indispensable en la búsqueda de consolidar el respeto y garantía de los derechos humanos de la región”.


Entre las organizaciones firmantes destacan Abogadas y Abogados para la Justicia y los Derechos Humanos; Asociación de Familiares Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Derechos Humanos en México; Casa del Migrante de Saltillo; Católicas por el Derecho a Decidir; Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez; Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”; Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos; Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos; Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos; I(dh)eas, Litigio Estratégico en Derechos Humanos, Indignación: Promoción y Defensa de los Derechos Humanos; Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, y JASS (Asociadas por lo Justo), entre otras.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GLORIA LETICIA DÍAZ.
LINK: http://www.proceso.com.mx/447714/piden-ong-ruiz-massieu-explique-postura-mexico-ante-crisis-en-la-cidh

Perfilan mecanismo de seguimiento a caso Ayotzinapa con CIDH

Lo integrará el presidente del organismo internacional, comisionados y un equipo técnico. El próximo lunes habrá pronunciamiento conjunto para después formalizar el mecanismo en Washington.

Los padres de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa y la Secretaría de Gobernación (Segob) perfilan el mecanismo de seguimiento del caso, impulsado desde la visita a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en mayo de este año.

Después una reunión de poco más de una hora en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, el director de ese centro, Mario Patrón, y el abogado de los padres, Vidulfo Rosales, explicaron que el mecanismo de seguimiento constará de un coordinador, comisionados y un equipo técnico de la CIDH:

“El mecanismo de seguimiento será de dos niveles: está a cargo y coordinado por relator del país, que hoy a su vez es presidente de la CIDH, el doctor James Cavallaro, y puede estar integrado por él y por otros comisionados. A su vez estos comisionados van a tener un equipo operativo permanente […], la idea es que este equipo permanente tenga la posibilidad de tener estancias y visitas de manera ilimitada en el país y, en el caso de los comisionados, tengan visitas por lo menos cada dos meses”, dijo el director del Centro Pro .

Patrón también señaló que los comisionados de ese mecanismo serán designados por el presidente de la CIDH y que su formalización debería ocurrir a más tardar en este mes de julio.

Por su parte, el subsecretario de Derechos Humanos de Segob, Roberto Campa, dijo que hubo tres acuerdos de la reunión de este viernes,:

1.-Que el lunes 11 de julio habrá una nueva reunión para avanzar en un pronunciamiento conjunto, para llegar frente a la CIDH con un acuerdo.

2.-Habrá un esquema de encuentros de los padres con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.

3.-Hay disposición para que la Policía Federal coadyuve en búsqueda del paradero de los normalistas.

Campa detalló que el mecanismo de seguimiento ya está contemplado en las normas internas de la CIDH (luego de la presencia del Grupo Interdisciplinario de Expertos de la CIDH) y su integración había sido impulsada desde la reunión que hubo en Washington, en mayo de este año.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://aristeguinoticias.com/0807/mexico/perfilan-mecanismo-de-seguimiento-a-caso-ayotzinapa-con-cidh/

“Cuestión de urgencia” el apoyo financiero adicional para la CIDH: PEN International (Carta)

El órgano "necesita recibir fondos o promesas por escrito antes del 15 de junio".
PEN International, junto con los escritores y miembros internacionales de la Red de Intercambio Internacional por la Libertad de Expresión (IFEX, por sus siglas en inglés, enviaron una “carta abierta” sobre la crisis financiera que enfrenta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), dirigida a los Estados miembros y observadores permanentes de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

En la misiva, manifiestan su “consternación” por la “grave crisis financiera que enfrenta el órgano de derechos humanos, así como “el impacto devastador que esto podría tener en lo concerniente al respeto de los derechos en las Américas, incluyendo la libertad de expresión”.

“Hacemos un llamado a todos los estados miembros y observadores permanentes de la OEA, así como otros donadores, para que el apoyo financiero adicional a disposición de la CIDH sea tratado como una cuestión de urgencia”, pidieron.

Recordaron que el pasado 23 de mayo, la CIDH informó sobre los graves problemas financieros, que han obligado a cancelar sus sesiones de julio y octubre y todos los viajes previstos para este año; si la nueva financiación no puede ser asegurada a mediados de junio, dará lugar a la no renovación del 40 por ciento de los contratos de su personal (31 empleados de un equipo de 78).

“Teniendo en cuenta que la CIDH está ya desbordada y lucha por reducir el registro de los casos, estos recortes tendrán un efecto muy perjudicial sobre la capacidad del cuerpo para llevar a cabo su trabajo, ahora y en el futuro. Creada en 1959, la CIDH es uno de los tres principales mecanismos regionales de derechos humanos en todo el mundo y desempeña un papel vital en la promoción y protección de los derechos de las personas en las Américas”, señalaron.

En ese sentido, reconocieron a la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, establecida en 1997, la cual “ha sido esencial para dar apoyo a las víctimas y para facilitar recursos, asesorar a los Estados miembros, y mantener al mundo informado acerca de la libertad de expresión y la libertad de prensa y los abusos y los avances en la región”.

Lamentaron que “en los últimos años, la CIDH ha sufrido una caída significativa en la financiación por parte de los estados miembros y de los observadores permanentes, de acuerdo con la Alianza de América Latina y el Caribe de IFEX (IFEX-ALC). Por ejemplo, los estados miembros Argentina, Canadá, Chile, Colombia, México y los Estados Unidos de América redujeron sus contribuciones a la CIDH entre 2013-15, dice IFEX-ALC, mientras que Ecuador, Paraguay, Perú y Uruguay han contribuido de manera irregular”.

Ante esta situación, “PEN International y los abajo firmantes urgen a todos los estados miembros y observadores permanentes de la OEA y otros posibles donadores a reconsiderar su apoyo financiero a la CIDH. Con el fin de evitar los recortes de personal, la CIDH afirma que necesita recibir fondos o promesas por escrito antes del 15 de junio. Esperamos que ayuden a la CIDH a seguir defendiendo los derechos humanos en las Américas”.

Los firmantes son:

Escritores
Jennifer Clement, Presidente, PEN Internacional
Homero Aridjis, Presidente Emeritus, PEN Internacional Mario Vargas Llosa, Presidente Emeritus, PEN Internacional
Margaret Atwood , Vicepresidente, PEN Internacional
Gloria Guardia, Vicepresidente, PEN Internacional
Gioconda Belli, Presidente, PEN Nicaragua
Andrew Solomon, Presidente, PEN American Center
Luisa Valenzuela, Presidente, PEN Argentina
Carmen Boullosa
Lydia Cacho
Ariel Dorfman
Álvaro Enrigue
Laura Esquivel
Francisco Goldman
Anabel Hernández
Elena Poniatowska

Organizaciones (todas miembros internacionales de la Red de Intercambio Internacional por la Libertad de Expresión (IFEX por sus siglas en inglés)
PEN Internacional
PEN American Center
Committee to Protect Journalists/ Comité para la Protección de los Periodistas
Electronic Frontier Foundation
Human Rights Watch
Index on Censorship
International Press Institute
International Publishers Association
Privacy International
Reporters Sans Frontières/ Reporteros Sin Fronteras World Association of Newspapers and News Publishers (WAN-IFRA)

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS
AUTOR: REDACCIÓN
LINK: http://aristeguinoticias.com/0906/mexico/cuestion-de-urgencia-el-apoyo-financiero-adicional-para-la-cidh-pen-international-carta/

“Crímenes contra la humanidad en México”, artículo de Jacobo Dayán

Lo que venían insinuando diversos informes de relatores y grupos de trabajo de Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos e incluso el mensaje del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos; ahora se nombra de manera contundente.

Open Society Justice Initiative (OSJI) presentó el informe “Atrocidades innegables. Confrontando Crímenes de lesa humanidad en México”. Se trata de un riguroso trabajo realizado por OSJI junto con organizaciones de la sociedad civil mexicana y expertos nacionales y extranjeros. Por primera vez se realiza un extenso informe sobre la crisis de derechos humanos en México con la visión del Derecho Penal Internacional.

El informe parte de que “a finales de 2006, el gobierno federal de México ordenó un despliegue nacional a gran escala de las fuerzas de seguridad para combatir al crimen organizado. Esta estrategia supuso que los índices de asesinatos, desapariciones, tortura y otras atrocidades se dispararan”. Los responsables son tanto actores estatales como miembros del crimen organizado.

El informe se centra en la responsabilidad del gobierno federal y el cártel de los Zetas “aunque no se descarta que otras investigaciones permitan concluir que otros cárteles también han cometido crímenes de lesa humanidad”, así como otros actores del Estado mexicano. Concluye que “la situación en México satisface la definición legal de crímenes de lesa humanidad establecida en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (suscrito por México desde enero de 2006), así como en la jurisprudencia de la CPI y de otros tribunales internacionales”.

El Estatuto de Roma establece que el Crimen de lesa humanidad es “cualquiera de los actos siguientes cuando se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque:

a) Asesinato; b) Exterminio; c) Esclavitud; d) Deportación o traslado forzoso de población; e) Encarcelación u otra privación grave de la libertad física; f) Tortura;

g) Violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, esterilización forzada o cualquier otra forma de violencia sexual de gravedad comparable; h) Persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos, de género u otros motivos universalmente reconocidos como inaceptables; i) Desaparición forzada de personas; j) El crimen de apartheid; k) Otros actos inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o la salud mental o física”.

El Derecho Penal Internacional busca proteger los valores trascendentales para la comunidad internacional por lo que existe un interés global por reprimir y prevenir los crímenes internacionales (Genocidio, Crímenes contra la humanidad, Crímenes de guerra y en un futuro Crimen de agresión) y asignar y procesar responsabilidades individuales.

La obligación inicial de investigar y procesar estos crímenes recae en el Estado. Ante la impunidad, superior al 90%, surge la pregunta si las autoridades mexicanas quieren y pueden hacerlo. Sin duda, es fundamental el reconocimiento de la gravedad de los hechos. Lo que hemos visto es una negación permanente y un descrédito a quienes señalan esta crisis. El informe indica que el gobierno debe “iniciar medidas urgentes y extraordinarias, que incluyen la invitación a la ayuda internacional a fin de garantizar procesos de investigación y procesos genuinos e independientes”.

La constante ha sido la negación, pasamos del “se están matando entre ellos” del gobierno de Calderón a la negación y posterior descrédito y ataque a organizaciones de derechos humanos y funcionarios del sistema internacional durante la administración de Peña Nieto. Llevamos años en la simulación. Se crean instituciones y promulgan leyes para aparentar acciones que no han redundado en cambios. No se hace justicia, no se garantiza el derecho a la verdad ni a la reparación integral de las víctimas, no hay voluntad para crear un sistema de búsqueda e identificación de desaparecidos, no hay acciones para ubicar fosas clandestinas, no hay estadísticas claras y confiables, no se garantiza la no repetición con un cambio en la política de seguridad y la puesta en marcha de protocolos de uso de la fuerza. Se apuesta por la impunidad, el olvido, el ocultamiento de información y la administración de la crítica internacional.

No se niega la facultad del Estado para enfrentar al crimen organizado, de hecho “todo gobierno es responsable de la seguridad de su pueblo. En concordancia con dicha responsabilidad, el gobierno federal de México se ha propuesto una meta legítima: someter al crimen organizado. Sin embargo, lo ha hecho mediante una política que implicó el despliegue de las fuerzas armadas y la policía federal, y el uso de una abrumadora fuerza extrajudicial en contra de la población civil supuestamente asociada con los cárteles delictivos, sin una regulación adecuada del uso de la fuerza y prácticamente sin ningún tipo de determinación de responsabilidades por los abusos resultantes”. En el país abundan los “falsos positivos” y las “víctimas colaterales”.

La responsabilidad criminal de funcionarios del Estado mexicano y miembros del crimen organizado alcanza límites que lesionan a la humanidad y atentan contra los principios básicos del reconocimiento de la dignidad humana.

Las recomendaciones al Estado se encuentran en el informe de OPJI y en el que entregó hace unos meses el GIEI. La ruta es clara e intransitable sin la cooperación mediante “la creación de una entidad de investigación internacional, con sede en México, que tenga el poder de investigar y procesar causas de manera independiente en materia de crímenes atroces y casos de gran corrupción… Este órgano también puede brindar asistencia técnica a la Procuraduría General de la República / Fiscalía y a la policía de investigaciones; desarrollar propuestas de reforma para el sector judicial para su consideración por parte del gobierno mexicano, el Congreso y el público; y elaborar informes públicos sobre el estado de las reformas del sector judicial y el estado de derecho en México”.

Según las normas internacionales de la Responsabilidad de proteger (R2P), “la soberanía ya no significa únicamente protección de los Estados frente a injerencias extranjeras, sino que constituye una carga de responsabilidad que obliga a los Estados a responder del bienestar de su población”. De no hacerlo, le corresponde a la comunidad internacional alentar y ayudar a los Estados a ejercer esa responsabilidad”.

Mientras, la violencia continúa. No podemos cambiar la llanta con el auto en movimiento, se requiere un cambio en el modelo de seguridad y detener la violencia. El agravio es de tal magnitud que no habrá sistema judicial capaz de procesarlo todo. “La posibilidad de establecer responsabilidades ante la CPI no deja de ser una opción si México sistemáticamente sigue sin investigar y procesar crímenes atroces”. Con la violencia contenida podríamos iniciar procesos de justicia transicional, iniciar el trabajo de comisiones de la verdad y tener una efectiva política de atención a víctimas. En este sentido resulta prioritario el trabajo de la CNDH, la CEAV y el INAI.

La presión tendrá que venir del exterior. Buena parte de los medios de comunicación ha sido comparsa y la ciudadanía no ha sabido articularse para presionar por un cambio.

Lo hacemos ahora o repetiremos la historia de los crímenes del pasado. Haber postergado ello es una de la razones por las que hoy atravesamos este oscuro y perverso presente.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS
AUTOR: JACOBO DAYAN
LINK: http://aristeguinoticias.com/0706/mexico/crimenes-contra-la-humanidad-en-mexico-articulo-de-jacobo-dayan/

La OEA debe garantizar financiamiento a la CIDH: HRW

CIUDAD DE MÉXICO: La organización Human Rights Watch (HRW) pidió a los países miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) asegurarse de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) reciba financiamiento suficiente para continuar con su mandato y evitar que las víctimas de abusos pierdan la posibilidad de obtener justicia.

“Desde hace tiempo la CIDH ha sido la última esperanza para víctimas de la región que durante años han luchado para hacer valer sus derechos en los sistemas judiciales nacionales”, destacó José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW.

Y subrayó que si los Estados miembros de la OEA no atienden la crisis financiera que enfrenta la CIDH y que podría obligarla a despedir a casi la mitad de su personal y a suspender las audiencias programadas para julio y octubre de este año, “sembrarán serias dudas sobre su compromiso con los derechos humanos y levantarán sospechas de que pretenden librarse del escrutinio de la comisión”.

En un comunicado, HRW destacó que el embajador mexicano ante la OEA, Luis Alfonso de Alba Góngora, sugirió que la CIDH podría estar recibiendo menos fondos debido a su supuesta “parcialidad” y sus “retrasos” en el tratamiento de casos, y pidió a la OEA que tomara “medidas correctivas” para reformarla.

Las declaraciones del mexicano se dieron después de que en abril de 2016 un grupo de expertos internacionales designados por la CIDH refutó la versión oficial de México sobre la desaparición de 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa. Los expertos indicaron que los detenidos habían sufrido abusos y que la investigación oficial estuvo marcada por la manipulación irregular y pérdida de pruebas clave, e incluso su posible destrucción.

Los expertos fueron obligados a concluir su investigación, luego de que el gobierno mexicano no renovara su mandato.

“El gobierno mexicano pareciera estar dispuesto a aprovechar esta crisis financiera para debilitar a la comisión, que se atrevió a cuestionar su investigación sobre las desapariciones de Ayotzinapa”, opinó Vivanco. “Ello sería una grave afrenta a las víctimas de atrocidades en México y en el resto de la región”, dijo.

En su texto, HRW detalló que desde que fue instalada en 1979, la Comisión ha sido clave para promover los derechos humanos en la región.

“La comisión, y los casos que ha llevado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, han contribuido a fortalecer estándares universales de derechos humanos. Estos estándares se refieren, entre otros, a la incompatibilidad de las amnistías por violaciones graves de derechos humanos con el derecho internacional, el limitado alcance de la jurisdicción penal militar, el acceso a información pública, los derechos de las personas LGBT y la violencia de género”, apuntó.

Resaltó, asimismo, que la CIDH ha protegido de abusos a cientos de víctimas y sus familiares a través de medidas cautelares. Actualmente supervisa el cumplimiento por parte de numerosos gobiernos de cientos de medidas cautelares, y emite decenas de nuevas medidas cada año, sostuvo.

“Si los Estados miembros de la OEA no abordan oportunamente esta crisis financiera, es probable que se agraven los riesgos para numerosas personas, incluidos activistas y defensores de derechos humanos”, sostuvo Human Rights Watch.

Expresó que las audiencias de la comisión, que este año podrían suspenderse si no se aborda la crisis financiera, contribuyen a poner de relieve las violaciones de derechos humanos sufridas por numerosas víctimas en la región.

Cada año, decenas de organizaciones denuncian abusos ante la comisión, y tienen la posibilidad de interpelar a las autoridades gubernamentales para que rindan cuentas por su récord de derechos humanos, en lo que constituye el foro de derechos humanos más importante de las Américas, puntualizó.

Luego de precisar que la OEA ha enfatizado en reiteradas ocasiones la importancia del sistema interamericano de derechos humanos (SIDH) para consolidar los derechos humanos y la democracia en la región, y se ha comprometido a reformar el financiamiento del sistema, la CIDH subrayó que en marzo de 2013 la Asamblea General de la OEA “reafirmó su compromiso de lograr el pleno financiamiento del SIDH” a través del fondo regular de la OEA, y pidió a los países que realizaran contribuciones voluntarias “mientras se alcanza ese compromiso”.

No obstante, los Estados miembros de la OEA todavía no han cumplido con este compromiso y la comisión aún depende de donaciones voluntarias, que representan cerca de la mitad de su presupuesto, apuntó.


Tales donaciones –sobre todo las procedentes de Estados que no son miembros de la OEA– se redujeron drásticamente en 2015 y 2016, lo que propició la actual crisis financiera en la CIDH.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.proceso.com.mx/442792/la-oea-debe-garantizar-financiamiento-a-la-cidh-hrw

CIDH suspende visitas y despide personal

Nueva York. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) anunció hoy que se encuentra en una grave crisis financiera cuyas consecuencias incluyen la suspensión de la realización de visitas de monitoreo a países miembros, sesiones ya programadas para julio y octubre y el inminente despido de 40 por ciento de su personal.

En un comunicado informo que la CIDH “atraviesa una crisis financiera extrema que tendrá graves consecuencias en su capacidad para cumplir con su mandato y funciones básicas”. Agregó que el próximo 31 de julio se vencen los contratos de 40 por ciento de su personal “y no se cuenta en estos momentos con los fondos, no con la expectativa de recibir fondos, para poder renovarlos”.

Alerta que “resulta alarmante para la CIDH el hecho de que esta situación resultara en el desmantelamiento de áreas esenciales en el cumplimiento de su mandato” y lamenta que no podrá cumplir con tareas ya programadas para este año, su preocupación sobre el impacto de esto para atender denuncias de violaciones de derechos humanos, y el “estado de indefensión en que se quedarán miles de visitas de violaciones de derechos humanos”.

A la vez, expresa preocupación de que esta emergencia financiera podrá resultar en la pérdida de funcionarios que han trabajado en la causa de la CIDH.

A pesar de esfuerzos para obtener donaciones, algunas ya prometidas pero no cumplidas, la CIDH “hace un llamado a los países miembros de la Organización de Estados Americanos y otros para aportar los recursos necesarios antes del 15 de junio, para poder evitar “esta situación catastrófica”.

Más allá de esta crisis inmediata, la CIDH señala que durante un par de décadas ha padecido de una falta de apoyo financiero suficiente para cumplir el mandato que los estados miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) le han asignado. Señala que su presupuesto para el año en curso es de menos de 5 millones de dólares y que el personal financiado por la OEA suma 31 personas (un número menor que el total de los países miembros de la región).

Aunque los países miembros, durante años, han aprobado en la Asamblea General resoluciones para atender la insuficiencia de apoyo para la CIDH, esto no ha resultado en la asignación de más fondos.

Por lo tanto, la CIDH declaro que “espera que la próxima Asamblea General de la OEA, a realizarse en junio, adopte una decisión histórica y transcendental que refleje el compromiso de los Estados con la defensa de los derechos humanos en la región”, y que eso resulte en aumentar de manera “radical” el presupuesto de la CIDH.

La CIDH es “un órgano principal y autónomo de la OEA establecido bajo el rubro de la Carta de la OEA y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y está integrada por 7 miembros independientes elegidos por la Asamblea General.

El perfil público de la CIDH fue elevado tanto en México como en Estados Unidos en torno a las labores de su Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes en torno al caso de Ayotzinapa.

FUENTE: LA JORNADA.

AUTOR: DAVID BROOKS.

LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/05/23/despedira-cidh-a-40-de-su-personal

Los habitantes de Xochicuautla que se enfrentan a Higa-Edomex están en riesgo: CIDH

La CIDH señala que tras recibir la información por parte de los miembros de la comunidad se pudo determinar que los indigenas “se encuentran en una situación de riesgo”, misma que se “ha incrementado en los últimos meses”. Los detalles de la vía concesionada a uno de los empresarios más favorecidos por la administración de Enrique Peña Nieto no pueden saberse: una Ley de Transparencia con plazos flexibles le permitió al actual Gobernador Eruviel Ávila Villegas clasificar la información como “reservada” hasta 2024. Así, la autoridad guarda bajo candado lo relativo a la construcción, explotación, operación, conservación y mantenimiento de la autopista Toluca-Naucalpan.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó al Estado de México la adopción de medidas cautelares en favor de los 595 miembros de la comunidad indígena otomí de San Francisco Xochicuautla, Lerma, Estado de México, ante el proyecto de construcción de la autopista Toluca-Naucalpan, concesionada a Grupo Higa, una de las constructoras más favorecidas por la administración federal y de varios estados del país en el actual sexenio.

“La Comisión requirió al Estado de México que adoptara las medidas necesarias para preservar la vida e integridad personal de los miembros identificados de la comunidad indígena Otomí-Mexica de San Francisco Xochicuautla; que concierte las medidas a adoptarse con los beneficiarios y sus representantes; y que informe sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los hechos alegados que dieron lugar a la adopción de esta medida cautelar, y así evitar su repetición”, se lee en la notificación sobre la medida.

En la resolución, la CIDH señala que tras recibir la información por parte de los miembros de la comunidad se pudo determinar que los indigenas “se encuentran en una situación de riesgo”, misma que se “ha incrementado en los últimos meses”.  Y que su solicitud cumple con los requisitos de gravedad, urgencia e irreparabilidad necesarios para solicitar las medidas.

El organismo internacional señaló que la solicitud de medidas, que se le hizo llegar desde el año 2013, argumenta que “el proyecto de construcción de la autopista Toluca-Naucalpan incluye una sección que atravesaría el territorio ancestral de la comunidad indígena Otomí-Mexica de San Francisco Xochicuautla, donde sus miembros desarrollan actividades de caza, pesca y recolección”.

La carretera Toluca-Naucalpan está planeada para ser una vía de cuota de 39 kilómetros para beneficiar el tránsito vehicular procedente de la zona poniente del Estado de México y el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de Toluca. El negocio es siete mil 200 millones de pesos y desde que Enrique Peña Nieto era Gobernador de la entidad mexiquense, fue concesionado a Grupo Higa.


Los detalles de la concesión no pueden saberse. Una Ley de Transparencia con plazos flexibles le permitió al actual Gobernador Eruviel Ávila Villegas clasificar la información como “reservada” hasta 2024. Así, la autoridad guarda bajo candado lo relativo a la construcción, explotación, operación, conservación y mantenimiento de la autopista.

Pero la carretera ha traído otro tipo de destino que no está relacionado con el dinero. En la comunidad otomí de Santiago Xochicuautla, en Lerma, en el Estado de México, se vive con zozobra. El 11 de abril pasado, el pueblo amaneció con la amenaza de ser desalojado debido a un decreto expropiatorio del Presidente Enrique Peña Nieto. Higa no pudo avanzar en sus trabajos.

Aquel día, la incursión de mil policías para garantizar la construcción de la vialidad fue difundida en las redes sociales por varias organizaciones no gubernamentales y las imágenes sirvieron para que autoridades del Gobierno del Estado de México y de la Secretaría de Gobernación (Segob), firmaran un acuerdo para suspender los trabajos en tanto se buscan “alternativas”.

La vivienda del delegado Armando García Salazar fue derruida. Las redes sociales Twitter y Periscope difundieron las imágenes de la destrucción, así como mensajes que reproducían el temor a que la maquinaria avanzara por los caminos del pueblo, destruyendo cualquier hogar a su paso. De nada servía en esos momentos el juicio de amparo promovido en el juzgado quinto de distrito con sede en Toluca. Los obreros sostenían que ese terreno correspondía a las 37 hectáreas expropiadas.

Las acciones de “represión y desalojo cometidas” fueron condenadas por organizaciones civiles nacionales e internacionales que exigieron que la obra le fuera retirada a Grupo Higa.

“Éste tipo de actos no solo constituyen graves violaciones a los derechos de libertad de expresión, de reunión y protesta, sino que además se enmarcan en un contexto de represión en contra de pueblos indígenas que defienden sus derechos frente a la imposición de megaproyectos en México y de la habilitación de legislaciones que permiten, como en el caso de la Ley que regula el uso de la fuerza pública en el Estado de México, denominada ‘Ley Eruviel’, habilitar el uso de la fuerza, incluso letal, en contextos de manifestación pública”, señalaron a través de un comunicado las organizaciones que conforman el Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social (FLEPS).

De Santiago Xochicuautla, el Gobierno del Estado de México tampoco quiere hablar. También hasta 2024, mantiene clasificados estos documentos: la consulta previa en la comunidad, el financiamiento, metodología, estadísticas, medios de publicación y notificación de la consulta, así como su impacto social. También la información relativa a las contraprestaciones establecidas en el título de concesión y las que de ellas deriven.

Apenas el día de ayer, La Jornada dio a conocer que la constructora Autovan, propiedad de Juan Armando Hinojosa Cantú, dueño de Grupo Higa, argumentó haber entregado al menos 100 millones de pesos a los integrantes del comisariado de bienes de dichas comunidades por concepto de ocupación territorial previa, gastos reparatorios por afectación de bienes distintos a la tierra y por indeminización expropiatoria.


La publicación menciona que los abogados de la empresa Autovan presentaron ante el Poder Judicial Federal copias certificadas de convenios legales, cheques, transferencias bancarias y otras pruebas tendientes a comprobar que el comisariado ha aceptado dinero en representación de los 882 comuneros.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/17-05-2016/1661607

“No hay condiciones” para que siga en México el GIEI, concluye la CIDH

CIUDAD DE MÉXICO: El presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), James Cavallaro, anunció hoy que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) culminará su trabajo en México después de presentar su segundo informe sobre el caso Ayotzinapa, el próximo domingo 24 del mes en curso.


En conferencia de prensa, el representante de la CIDH, organismo dependiente de la Organización de Estados Americanos (OEA), subrayó que “no hay condiciones” para que el grupo de expertos alargue su estancia en México para culminar su investigación sobre la desaparición de los normalistas desaparecidos.

Cavallaro lamentó la posición del gobierno mexicano de “querer terminar su colaboración” con el grupo de expertos y no renovar su mandato, pese a la petición expresa de los padres de los estudiantes que solicitaron que continuaran su labor.

Luego DE advertir que la CIDH seguirá monitoreando la investigación que lleven a cabo las autoridades mexicanas, apuntó que el “tiempo dirá” el precedente que está sentando México.

Cavallaro escribió en su cuenta de Twitter al menos cuatro tweets que reflejan su sentir por la decisión del gobierno del presidente Enrique Peña de cortar la participación del GIEI en la investigación del caso Ayotzinapa.

A continuación se reproducen textualmente los tweets del presidente de la CIDH:

10:57 horas: “GIEI no ha terminado porque no ha encontrado la verdad, pero ha contribuido y ha desmentido ‘la verdad histórica’”.

11:02 horas: “El caso no ha sido esclarecido, por eso lamentamos que #México termine mandato de @GieiAyotzinapa”.

11:04 horas: “reconoció que no se ha cumplido con el acuerdo pero prefirió terminar mandato@GIEIAYOTZINAPA igualmente”.


11:06 horas: “Mantengo esperanza de que habrá colaboración para llegar a la verdad @GIEIAYOTZINAPA #México#CIDHAudiencias”.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.proceso.com.mx/437247/condiciones-siga-en-mexico-giei-concluye-la-cidh