CIDH: “Altas autoridades” de México están detrás del “ataque cobarde” contra Álvarez Icaza

El día de ayer, tres relatores de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) exigieron al Gobierno de México a contrarrestar activamente “la actual campaña de difamación” en contra de defensores de derechos humanos y lamentaron el que el GIEI  haya sido objeto “de campañas para desacreditar su trabajo y los resultados de sus investigaciones”.

Paulo Vannuchi, integrante de la Comisión Interamericano de Derechos Humanos (CIDH), condenó la demanda en contra del Secretario Ejecutivo de ese organismo, Emilio Álvarez Icaza Longoria, la cual calificó de “cobarde” y lamentó que la Comisión sufriera “ataques por parte de altas autoridades del Estado mexicano”.

“Ya se provocó un daño irreparable a la persona de nuestro Secretario Ejecutivo, Emilio, y un poco cobarde, porque debía ser un ataque a la Comisión. Todo el trabajo de Emilio fue en nombre de los comisionados”, dijo Vannuchi durante la audiencia “Situación de los Derechos Humanos en México”.

En el marco de esta audiencia que lleva a cabo en el 157 periodo de sesiones de la CIDH en Washington, representantes de organizaciones civiles también manifestaron su preocupación por “la campaña de ataques y desprestigio” contra asociaciones civil y defensores de derechos humanos. Dijeron que “si organismos internacionales son atacados, imaginemos lo que viven organizaciones en zonas rurales”.

En respuesta, Miguel Ruiz Cabañas, Subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, aseguró que “no hay nadie del Gobierno mexicano” involucrado en la campaña en contra de Álvarez Icaza, ni en contra de la CIDH, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que coadyuva en la investigación del caso Iguala, o defensores de derechos humanos.

“No fue nadie del Gobierno de México, ningún funcionario del Gobierno de México tuvo nada que ver en la denuncia penal en contra del Secretario Ejecutivo de la CIDH, ni mucho menos fue un ataque a la CIDH de parte del Gobierno de México”, aseguró Ruiz Cabañas.

La Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales de la Procuraduría General de la República (PGR) inició el pasado 22 de marzo la averiguación previa contra el Secretario Ejecutivo de la CIDH a raíz de la denuncia interpuesta por el Consejo Ciudadano por la supuesta “conducta antisocial” de Álvarez Icaza en la investigación de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, ocurrida el 26 de septiembre de 2014. La demanda fue desechada el pasado 5 de abril.

El presidente del Consejo Ciudadano, José Antonio Ortega, acusó Álvarez Icaza de haber cometido fraude al Gobierno mexicano de entre un millón 250 mil y 2 millones de dólares al no cumplir con el acuerdo en el que, como parte de la investigación del caso Iguala, “la CIDH enviaría a México como expertos a personas probas, pero los cinco integrantes del GIEI son todo lo contrario”.

La Comisión Interamericana dijo en días pasados que la averiguación previa iniciada por la PGR contra Alvarez Icaza era “temeraria e infundada”. Además, condenó “la campaña de desprestigio que tiene lugar en México contra el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI)”.

Este día, el Subsecretario de Relaciones Exteriores explicó que la Procuraduría explicó que al tratarse de una denuncia formal, la PGR tenía la obligación legal de revisarla. Sin embargo, dijo, fue desechada por que no cumplía con los requisitos y no por una cuestión política.

Ruiz Cabañas insistió que el Gobierno de México no está detrás de lo que se ha denunciado como una campaña de desprestigio en contra de defensores de derechos humanos o instancias internacionales.”México es una sociedad compleja y democrática, y hay libertad de expresión y es un derecho humano fundamental, y en esa libertad de expresión hay que respetar la opinión de todos”, dijo.

El día de ayer, tres relatores de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) exigieron al Gobierno de México a contrarrestar activamente “la actual campaña de difamación” en contra de defensores de derechos humanos y lamentaron el que el GIEI  haya sido objeto “de campañas para desacreditar su trabajo y los resultados de sus investigaciones”.

Mediante un comunicado de prensa fechado en Ginebra, el relator especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, Michel Forst; el relator sobre libertad de opinión y de expresión, David Kaye; y el relator sobre el derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación, Maina Kiai hicieron el llamado “en el contexto de una ola de críticas en diversos medios mexicanos contra defensores de derechos humanos, organizaciones no gubernamentales y miembros de organismos internacionales de derechos humanos”.

Los relatores dijeron que estas críticas y campañas de difamación sólo empeoran el clima para la promoción y protección de los derechos humanos en México. Recordaron que en el último mes, “a través de una campaña mediática”, varios defensores y organizaciones de derechos humanos de la sociedad civil han sido acusados de fraude y corrupción, de defender presuntos delincuentes y de promover la impunidad realizando falsas denuncias de tortura.


Los relatores dijeron a su vez que varias organizaciones nacionales e internacionales y expertos involucrados en la investigación del caso de la desaparición forzada de los estudiantes de Ayotzinapa, incluido el Grupo de Expertos Independientes de la CIDH, “han sido objeto de campañas para desacreditar su trabajo y los resultados de sus investigaciones”.

FUENTE: LA JRONADA.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/07-04-2016/1645278

CIDH lamenta ataques contra Álvarez Icaza

Ciudad de México. En la serie de audiencias públicas que tiene esta mañana el Estado mexicano ante dicho organismos internacional, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) lamentó los ataques en contra de su secretario ejecutivo, el mexicano Emilio Alvarez Icaza.

El presidente de la CIDH, James Cavallaro, cuestionó al Estado mexicano sobre la negativa de las Fuerzas Armadas a publicar datos sobre muertes de civiles. En tanto, la cancillería defendió las labores del Ejército en materia de seguridad.

La CIDH expresó su grave preocupación por la respuesta conjunta dada por el gobierno de que el informe de la visita in loco realizada el año pasado a territorio nacional “no refleja la situación actual” de los derechos humanos.

Las acusaciones judiciales en México contra Álvarez Icaza y las críticas al grupo de expertos del GIEI constituyen un "fuerte ataque" contra ese organismo, denunció el comisionado Paulo Vannuchi.

"La Comisión acaba de recibir un fuerte ataque de autoridades públicas de México", dijo Vannuchi, acotando que el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto ya rechazó esas acusaciones.

En la sesión, realizada en las instalaciones de la CIDH en Washington, el subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Miguel Ruiz Cabañas, señaló que las Fuerzas Armadas en México brindan un “apoyo” a la población en materia de seguridad pública.

Incluso, dijo que el desarrollo de sus actividades lo realiza en “áreas críticas” que enfrentan problemas de seguridad y delincuencia organizada, donde incluso ha sido rebasada la capacidad preventiva y defensiva de las policías locales o estatales.


En tanto, los representantes de la organización civil criticaron severamente la actuación de las Fuerzas Armadas en materia de respeto de los derechos humanos de la población. Advirtieron que “si organismos internacionales son atacadas, imaginemos lo que viven organizaciones en zonas rurales”.

FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/04/07/cidh-cuestiona-a-mexico-sobre-muertes-de-civiles

Menores en México, los más susceptibles de entrar al crimen organizado: CIDH

CIUDAD DE MÉXICO: A partir de los 10 años, los niños mexicanos son susceptibles de ser integrados a la larga cadena del crimen organizado y tráfico de estupefacientes, alertó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su informe “Violencia, niñez y crimen organizado”.

Realizado por la Relatoría Especial de la Niñez, el documento abordó la preocupante ausencia de políticas públicas en América Latina para detener la incorporación de niños y adolescentes a bandas del crimen organizado y maras, así como la nula reacción punitiva de los gobiernos.

En el informe, la Comisión revisó la situación de los menores en países particularmente aquejados por la presencia de grupos delictivos dedicados al tráfico y venta de narcóticos.


Con amplitud, abordó la respuesta de los Estados a cuestionarios enviados por la Relatoría, así como por visitas en 2013 y 2014 a México, Brasil y Honduras, entre otros países.

En el caso mexicano, la CIDH destacó que, de acuerdo con la información proporcionada por el Estado, “se desprende que los niños son integrados a organizaciones criminales a partir de los 10 y 11 años de edad, o incluso a edades más tempranas para trabajar para traficantes”.

De acuerdo con las respuestas del Estado mexicano, éste reconoció que hay aproximadamente “un millón y medio de niños de 5 a 17 años que no estudian ni trabajan, quienes son más fácilmente captados y explotados por el narcotráfico y la delincuencia organizada”.

La Relatoría Especial de la Niñez de la CIDH aplicó los cuestionarios también a organizaciones de la sociedad civil mexicanas, las cuales estiman que unos 30 mil menores de 18 años forman parte de las filas de la delincuencia organizada.

Las agrupaciones consultadas agregaron que niños de 9 a 10 años son víctimas de trata de personas y que hay casos de más pequeños que son “usados como vigías”.

Según los reportes de la sociedad civil, niños de 12 años son usados para cuidar casas de seguridad y a partir de los 16 ya portan armas y participan en secuestros o asesinatos.

“En lo que se refiere al narcotráfico, los niños están involucrados en toda la línea de la industria. Los más pequeños trabajan como vigilantes, los más grandes se ocupan del traslado de la droga y a partir de los 16 empiezan a ser contratados como sicarios”, según el estudio.

Niñas y migrantes, en mayor riesgo

Además de la ausencia de políticas públicas para evitar la incorporación de menores en el crimen, tampoco hay atención para los migrantes, advirtieron las organizaciones sociales a la CIDH.

La Comisión fue notificada de que niños y adolescentes migrantes centroamericanos “son secuestrados por las organizaciones criminales a su paso por México y, en caso de que la familia no cuente con recursos para pagar su rescate, los obligan a realizar acciones para el grupo criminal”.

El organismo interamericano alertó sobre la discriminación de la que son víctimas los menores de la región, sobre todo los varones de “barrios pobres y periféricos estigmatizados como peligros sociales, que deben ser controlados”.

Sin embargo, apuntó que los más jóvenes son el grupo social más afectado por la violencia y quienes están en mayor riesgo “de vulneración a derechos y actuar del crimen organizado”.

La Relatoría responsable del documento lamentó que los Estados del continente americano “siguen priorizando la respuesta punitiva y retributiva a través del sistema penal y la reinserción social, encerrando a los adolescentes en condiciones muy precarias, exponiéndolos a situaciones de abuso y violencia en las prisiones, sin ofrecer apoyos necesarios para su efectiva revinculación de forma positiva y constructiva en la sociedad”.

Al recordar que América Latina es el continente de mayor violencia en el mundo, donde el homicidio es la principal causa de muerte entre los niños y adolescentes –en una tasa de 30 asesinatos por cada 100 mil habitantes, y el de mayores desigualdades sociales–, el documento destacó que la infancia sufre violencia y abusos en todos los escenarios donde se desenvuelve y carece de alternativas educativas.

Peor aún, en las zonas donde “operan organizaciones criminales y maras, a menudo los niños y adolescentes sufren presiones, amenazas o engaños para que colaboren con esas organizaciones”. No obstante, hay quienes se acercan a los criminales “en búsqueda de oportunidades, reconocimiento, protección y sentido de pertenencia, aspectos que de otro modo no consiguen obtener”.

Para la CIDH, “la forma y el contexto en los cuales ocurre la captación de niños y adolescentes a estructuras criminales, así como las características que tiene esta vinculación al grupo delictivo pueden ser consideradas en muchos casos como situaciones de abuso y explotación”.

El género influye en esa relación, apuntó la CIDH en su informe, pues mientras los niños son utilizados para el tráfico y venta de droga, robos extorsiones y acciones violentas, “las niñas generalmente son víctimas de violencia sexual y de género, muchas son forzadas a mantener relaciones con integrantes de los grupos criminales, son abusadas sexualmente y tratadas y explotadas con fines sexuales”.


Para estas niñas, lamentó la CIDH, no existen políticas suficientes para su atención; por el contrario, son criminalizadas, sobre todo en estados donde está penalizada la prostitución.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GLORIA LETICIA DÍAZ.
LINK: http://www.proceso.com.mx/436153/menores-en-mexico-los-susceptibles-a-entrar-al-crimen-organizado-cidh

En las buenas y en las malas estamos con el GIEI, evitaremos que se vayan: Padres de los 43

Padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa respaldan el trabajo del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), a menos de un mes de que éste termine su mandato después de la prórroga otorgada en septiembre.

Los padres de familia de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, desaparecidos en Iguala, Guerrero, anunciaron que abogarán ante las autoridades para que se le otorgue una prórroga al mandato del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que vence este mes.

A falta de conclusiones en la investigación de los hechos ocurridos la noche entre el 26 y 27 de septiembre del 2014, cuando desaparecieron los jóvenes, los padres de los 43 consideran necesario que el GIEI siga sus labores en el país.

“Desgraciadamente ustedes saben los ataques de desprestigio que tuvieron hacia sus personas. Nunca los dejaron trabajar, y  cuántas trabas no les pusieron para los expedientes y para lo que ellos querían. Nosotros lo que exigimos es la permanencia del GIEI, y nosotros vamos a seguir luchando por la permanencia”, dijo Mario César González Contreras, padre del estudiante Manuel González Hernández.

González Contreras explicó que la ausencia de los padres en la conferencia de prensa realizada ayer por los integrantes del GIEI fue una decisión de la Junta de los padres; sin embargo, el apoyo hacia los expertos internacionales es total.

“Nosotros los vamos a respaldar en las buenas y en las malas. No queremos que digan lo que nosotros queremos que digan, sino que digan la verdad. Y que el Estado les dé las facultades para hacer su trabajo”, dijo el padre de familia.

Hasta el momento las divergencias entre el GIEI y la Procuraduría General de la República (PGR) respecto a las investigaciones se han concentrado en la posibilidad de que los estudiantes fueron quemados en el basurero de Cocula, Guerrero.

Los resultados preliminares de un tercer peritaje en el basurero dados a conocer de forma unilateral por la PGR el 31 de marzo han orillado al grupo de expertos a estar a punto de romper con la coadyuvancia para esclarecer si el basurero tiene algo que ver con la desaparición de los 43.

“Las discrepancias se centran en el basurero porque eso es lo que hasta ahora ha sido la ’versión histórica’ de la PGR. Ellos prefieren salir a decir que al menos 17 fueron calcinados ahí, porque de alguna forma valida su versión”, detalló la Diputada Araceli Damián González, del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

Claudia Paz y Paz, una de las expertas internacionales del GIEI, expuso durante la conferencia que al dar a conocer los resultados preliminares de forma pública y sin consenso, se revictimizó a los familiares, quienes tampoco estaban enterados y debían ser los primeros en conocer los resultados.

“Nosotros no vamos a dar información sobre el informe preliminar. Porque nosotros sí lo respetamos, si la reunión de este viernes no escuchamos dar las explicaciones pertinentes de parte de los peritajes. Ahí terminamos esta colaboración [estrictamente sobre el peritaje del basurero]”, agregó la experta colombiana Ángela María Buitrago.

El Diputado del Partido Movimiento Ciudadano (MC), Víctor Sánchez Orozco, quien también es miembro de la comisión especial de seguimiento al caso en la Cámara de Diputados, interpretó las recientes acciones de la PGR como un intento de darle “carpetazo al caso”.

“Nosotros creemos que sería importante que se le dé una prórroga al GIEI, porque se ha querido cuestionar un trabajo serio formal e importante. Nosotros lo respaldamos, el trabajo ha venido a confirmar las deficiencias en la investigación”, agregó.

La resistencia del Gobierno federal también se ve en el trabajo legislativo que hacen los diputados del Partido Revolucionario Institucional (PRI), dijo Sánchez. Ayer, por ejemplo, usaron la mayoría para descartar dos propuestas en el orden del día de la Comisión Especial para este caso, que trataban sobre otorgar la palabra en tribuna a los padres de los 43 estudiantes y de que la comisión hiciera un pronunciamiento de respaldó la labor del GIEI.

QUINTO AUTOBÚS

Otro de los puntos en los que han mostrado distintas posturas es la hipótesis del quinto autobús, que el GIEI ha puesto sobre la mesa de líneas de investigación, y que supondría que el traslado de droga en el transporte motivo un ataque a los estudiantes.

“El quinto autobús, hemos dicho nosotros, necesita verificaciones de que sea el bus que se nos puso en el presente, después de que estuvo tanto tiempo fuera de la escena de investigación. Ese hecho nunca ha acontecido. El origen de esa información de prensa, la desconozco, pero sí es cierto que se realizaron revisiones dentro de la investigación de ese bus que hemos puesto entre interrogantes [por no saber si es el bus correcto]”, dijo Buitrago.

La experta colombiana explicó que el GIEI ha hecho solicitudes para verificar si ese autobus corresponde al que salió por la calle Altamirano el 26 de septiembre del 2014, de las cuales la PGR no tiene pruebas.

Damián, quien es miembro de la Comisión Especial del caso Ayotzinapa, expuso que hasta ahora la falta de conclusiones sólidas en la investigación recae en las autoridades, y no precisamente, en el GIEI.

“En realidad ha habido una resistencia del Gobierno federal de atender muchas de las recomendaciones del GIEI. La falta de entrevista con presencia del grupo interdisciplinario de los militares que estuvieron presentes la noche del 26 y 27. No hubo ninguna investigación en torno a los mandos medios. Lo que se tienen son presuntos responsables que generalmente son la policía municipal, sin embargo, hubo policía estatal, federal y hasta los propios militares”, dijo Damián.


Por ahora, el GIEI se centrará en su informe final, que deberá estar listo este mes y del que se espera información sobre avances en otras las líneas de investigación sobre el caso.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: JUAN LUIS GARCÍA HERNÁNDEZ.
LINK: http://www.sinembargo.mx/07-04-2016/1645107

Cesa GIEI colaboración con PGR en peritaje de Cocula y la acusa de violar acuerdos

CIUDAD DE MÉXICO: El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) calificó como “utilización política” e “irresponsabilidad” la decisión unilateral de la PGR de dar a conocer el viernes pasado ante los medios avances preliminares del tercer peritaje al basurero de Cocula.


En rueda de prensa, los expertos anunciaron que no colaborarán más con la dependencia en ese estudio, ante la vulneración por parte de la PGR de acuerdos previos establecidos en Washington, y después en México, sobre el abordaje que se daría a los resultados del peritaje, que se transmitirían primero a los familiares de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos en septiembre de 2014.

Visiblemente molestos, los cinco especialistas en derecho humanitario, Claudia Paz y Paz, Ángela Buitrago, Carlos Beristáin, Francisco Cox y Alejandro Valencia, expusieron el proceso de rompimiento por parte de la PGR, y su determinación de concluir el informe correspondiente al segundo periodo de su mandato, continuar trabajando con las víctimas, revisar el expediente, así como la ley sobre desapariciones, situación que fue comunicada este lunes ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Los expertos leyeron un posicionamiento en el que narran a detalle cómo se fueron violentando los convenios establecidos, entre ellos que no se darían a conocer más que resultados concluyentes, lo que no ocurrió el viernes, cuando el colegiado de especialistas en dinámica de fuego entregó explícitamente un “reporte preliminar”, mismo que advierte que faltan estudios por realizarse para determinar si en el basurero de Cocula se incineró a 43 estudiantes.

“La difusión pública de un documento provisional que no responde a estas cuestiones centrales es una irresponsabilidad en un tema que toca tanto los derechos de las víctimas como los criterios de investigación científica.

“La utilización política de esta cuestión muestra una enorme irresponsabilidad y muy poca sensibilidad por el derecho a la verdad de los familiares, de México y del mundo entero, para quienes el caso Ayotzinapa se ha convertido en una referencia”, sostuvieron los miembros del GIEI en su documento.

Los expertos lamentaron la decisión de la PGR de dar una conferencia de prensa de estas características, que fue tomada mucho antes de que se llevara a cabo la reunión entre funcionarios de la dependencia, el GIEI y los especialistas en fuego, programada al mediodía, en tanto que la rueda con medios se convocó una hora antes.

Los expertos reprobaron que la dependencia haya impuesto una cláusula de confidencialidad a los especialistas en fuego, que incluye a los miembros del GIEI, lo que les ha impedido conocer “el grado de consenso” que hubo en la elaboración del estudio resumido en un documento de “dos páginas y media”, que fue lo que se les entregó el viernes anterior.

El impedimento al GIEI contrasta con la filtración “de la PGR de la existencia de dos votos particulares y de discrepancias entre dos peritos”.

Al señalar que el próximo viernes están convocados a reunirse con los expertos en fuego en la PGR, ante la exigencia del GIEI de una explicación, el grupo insistió en que “no seguirá colaborando en este caso con un proceso que no se ajusta a los acuerdos tomados, a los estándares internacionales, y que sólo contribuirá a la confusión y al descrédito”.

La guatemalteca Claudia Paz y Paz puntualizó que el peritaje fue propuesta de la PGR, y que el GIEI decidió colaborar, lo que quedó plasmado en un documento firmado en Washington, en donde “los elementos fundamentales destacan que se iba a trabajar en consenso, se iba a informar a los familiares, y esto se ha roto, nosotros entendemos que ese acuerdo se rompió, y no vamos a seguir colaborando en ese aspecto”.

Carlos Beristáin señaló que un día después de la conferencia de prensa del experto en fuego Damián Torres se reunió con la procuradora Arely Gómez para manifestarle su “perplejidad¨ sobre esa decisión, y también porque no se atendieron las recomendaciones del GIEI, a pesar de que advirtieron de los impactos negativos en “la confiabilidad, la credibilidad y en las víctimas”.

“No entendemos por qué se quiebran las reglas, no entendemos por qué se pasa por encima de los consensos, no entendemos por qué no se toma en cuenta a los familiares”, contó Beristáin que le expuso a la procuradora, quien sólo se comprometió a reunirlos con los expertos en fuego este viernes 8.

El chileno Francisco Cox puntualizó que incluso no se tiene fecha de cuándo se completarán los estudios especializados que requieren los expertos en fuego, y refirió que entre los seis especialistas, entre ellos José Torero, quien realizó el estudio que determinó que la noche del 26 de septiembre no hubo fuego en el basurero, “ninguno es especialista en antropología forense”.

Cox consideró relevante hacer la aclaración toda vez que en el comunicado leído por Torres hizo referencia a 17 restos óseos, de ahí que no tendría por qué hacer ese pronunciamiento, además de que “lo que solicitó la PGR y el GIEI tiene que ver con las dinámicas de fuego, con las cantidades de combustible necesarios para incinerar a 43 personas, de manera que no se puedan obtener muestras de ADN, esas fueron las preguntas, y los peritajes no se creen porque no son actos de fe, y los mismos se sopesan de acuerdo con los razonamientos, de ahí depende su credibilidad, no es un acto de autoridad”.

Alejandro Valencia recordó que el sábado 30 de abril concluye su segunda prórroga, y que hasta el momento “los objetivos del mandato del grupo siguen vigentes, siguen en pie los objetivos, no los hemos cumplido a cabalidad pero reiteramos que la decisión está encabezada por la CIDH en consulta con las partes, con el Estado, los peticionarios y sus respectivos representantes”.

El colombiano informó que el lunes pasado el GIEI tuvo una audiencia privada con la CIDH, donde rindieron un informe de actividades sobre su segundo periodo, e insistió en que será ese órgano de la OEA el que resuelva el futuro del grupo, en cuyo informe final incluirá los obstáculos que tuvo para lograr su objetivo.

Ángela Buitrago hizo referencia a la campaña sucia contra el GIEI, e identificó a José Antonio Ortega Sánchez como parte de ese “ataque generalizado, compuesto de mentiras, infamias, ataque que genera amenazas no solamente para el GIEI sino para los defensores.

Blanco de esas campañas, Buitrago sostuvo que se ha manipulado información “con conocimiento de que es mentira, de que es equivocada y que personas como José Antonio Ortega o del colectivo que representa lo que buscan realmente es que nosotros desistamos, de algo que no vamos a desistir, que es buscar la verdad en el caso Ayotzinapa”.

Al señalar que esta situación será expuesta también en el informe final del GIEI, Buitrago lamentó que hasta ahora el gobierno federal no se haya pronunciado en contra de la campaña de desprestigio.


“Fue el Estado quien pidió que viniéramos a apoyar, no estamos aquí sin una razón”, puntualizó la colombiana.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GLORIA LETICIA DÍAS.
LINK: http://www.proceso.com.mx/436086/cesa-giei-colaboracion-la-pgr-en-estudio-cocula-acusa-violacion-acuerdos

Desecha la PGR denuncia por fraude contra Álvarez Icaza

CIUDAD DE MÉXICO: La Procuraduría General de la República (PGR), determinó el “no ejercicio de la acción penal” por el supuesto delito de fraude, contra Emilio Álvarez Icaza Longoria, secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

La denuncia señalaba a Álvarez Icaza como responsable de haber malversado recursos que el Estado mexicano otorgó al organismo internacional para financiar su intervención, a través del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), en el caso Ayotzinapa.

En un escueto comunicado, la PGR indicó:

“En relación con la averiguación previa iniciada el día 15 de marzo del presente año en contra de Emilio Álvarez Icaza Longoria, por el supuesto delito de fraude, la Procuraduría General de la República informa que en vista de que no se cumplieron los requisitos de procedibilidad, se ha determinado la Consulta de No Ejercicio de la Acción Penal”.

Asimismo explicó que la notificación de esta determinación le fue hecha formalmente a la Secretaría de Gobernación, en su carácter de representante del Gobierno Federal, el lunes pasado.

El anuncio de la PGR, se da días después de que el presidente de la CIDH, James L. Cavallaro, se quejó en una entrevista publicada en la edición de la revista Proceso que circula esta semana, de que el gobierno mexicano no haya desechado esa denuncia.

Carvallo aseguró que hay una campaña de desprestigio contra la CIDH y una vez más, reiteró que en México existe una “muy grave” crisis de derechos humanos.

También afirmó que el Secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong, no tiene facultades para decidir de manera unilateral la permanencia del Grupo Interdisciplinario Expertos Independientes (GIEI), sino que es facultad de la Comisión.

El 15 de marzo, José Antonio Ortega Sánchez, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, presentó la denuncia contra el ombudsman por el presunto delito de fraude en perjuicio de la Federación, por un monto aproximado de dos millones de dólares.

Según Ortega Sánchez, el Código Penal Federal tipifica como fraude la conducta antisocial consistente en que alguien “engañando a uno o aprovechándose del error en que éste se halla, se hace ilícitamente de alguna cosa o alcanza un lucro indebido”.

Para el abogado en este caso las “víctimas del engaño” son el gobierno federal y contribuyentes mexicanos al fisco.


El monto del supuesto fraude, indicó, corresponde al dinero que el gobierno mexicano ha entregado a la CIDH para cubrir los gastos del GIEI, cuyos integrantes apoyan al gobierno de México en la localización de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa desaparecidos el 26 de septiembre de 2014 y en general la aclaración de los hechos criminales acaecidos en Iguala, Guerrero.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.proceso.com.mx/435886/desecha-la-pgr-denuncia-fraude-contra-alvarez-icaza

El gobierno propicia una campaña contra la CIDH, denuncia su presidente

El secretario de Gobernación dijo en una reciente entrevista radiofónica que el GIEI terminará su labor este mes y ya no se necesitarán sus servicios para saber qué pasó con los 43 normalistas de Ayotzinapa; pero el presidente de la CIDH, James L. Cavallaro, lo desmiente: no le toca a Osorio Chong decidir eso, afirma, sino a la Comisión Interamericana. En entrevista con Proceso, el abogado estadunidense asegura que hay una campaña de desprestigio contra esa institución y reitera que existe en México una muy grave crisis de derechos humanos.

WASHINGTON: No –le dice la CIDH al gobierno de Enrique Peña Nieto–; no es prerrogativa de la Secretaría de Gobernación decidir si amplía o termina la participación del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) en la investigación por la desaparición de los 43 jóvenes de Ayotzinapa.

“No es decisión del señor (Miguel Ángel) Osorio Chong, secretario de Gobernación, dar por terminada la participación del GIEI en el caso Ayotzinapa”, dice James L. Cavallaro, presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), dependiente de la OEA.


“Extender o ampliar la prórroga de trabajo del GIEI es decisión de la CIDH”, subraya Cavallaro, quien durante una larga entrevista telefónica con Proceso denuncia la campaña de desprestigio que se lleva a cabo en México contra los integrantes del GIEI y contra Emilio Álvarez Icaza Longoria, secretario ejecutivo de la Comisión.

El martes 29 de marzo, en entrevista con Radio Fórmula, Osorio Chong declaró que no habría otra prórroga para el GIEI, que el próximo 30 de abril concluye su labor como coadyuvante del gobierno mexicano en la investigación del caso Ayotzinapa.

“Estamos dentro del plazo. Estamos trabajando en el plazo que se les dio. Creo que lo que se tiene que hacer es acelerar el trabajo que viene realizando y en abril termina ese trabajo”, indicó el secretario de Gobernación en esa entrevista radiofónica.

Con un aplomo que refleja seguridad en lo que dice, el estadunidense Cavallaro enfatiza que, como lo establece el acuerdo firmado el 18 de noviembre de 2014 entre la CIDH, el Estado mexicano y los representantes de los jóvenes desaparecidos, el futuro de la participación del GIEI en el caso Ayotzinapa es un punto que nada tiene que ver con lo que quiera o no quiera el gobierno de Peña Nieto.


Fragmento del reportaje que se publica en la edición 2057, ya en circulación

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: J. JESÚS ESQUIVEL.
LINK: http://www.proceso.com.mx/435621/gobierno-propicia-una-campana-contra-la-cidh-denuncia-presidente

Gobierno de Peña y CIDH discutirán en Washington sobre el GIEI

CIUDAD DE MÉXICO: La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y funcionarios del gobierno de México sostendrán un encuentro la próxima semana en Washington para dialogar sobre distintos temas de la agenda bilateral.


La reunión entre la CIDH y representantes del gobierno mexicano se celebrará en el marco del 157 periodo ordinario de sesiones de la CIDH, que se inicia el lunes 4 de abril, y donde se celebrarán 50 audiencias sobre casos específicos y temáticos.

Según el secretario ejecutivo de la CIDH, Emilio Álvarez Icaza, el futuro del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) podría abordarse durante el encuentro.

“El día miércoles, que se hará la reunión con el Estado (mexicano), muy probablemente ese sea uno de los temas de conversación”, informó este miércoles el titular de la CIDH.

Con la extensión del acuerdo de asistencia técnica firmado entre el gobierno mexicano, los representantes de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos y la CIDH, el trabajo del grupo concluirá el próximo 30 de abril.

“Hemos recibido comunicación de parte de las organizaciones que representan a los estudiantes beneficiados de la medida cautelar, solicitando la continuación, (pero) no hemos recibido notificación del gobierno mexicano”, explicó Álvarez Icaza, según da cuenta Notimex.

Sin embargo, precisó que con base en lo que el acuerdo establece, será la comisión la que, en consulta con las partes, determine si hay elementos o no para continuar con la asistencia.

De manera adicional se tiene prevista una reunión de la CIDH con los integrantes del GIEI en la que éstos informarán al organismo si desean continuar con este trabajo, supeditado esto a una nueva extensión de las labores del grupo.

El titular de la CIDH hizo mención especial de varias audiencias relacionadas con personas privadas de la libertad, señalando que la región enfrenta una enorme crisis, ejemplificada en los 200 mil menores de edad que se encuentran en prisiones en Estados Unidos.

En la víspera el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, puntualizó en una entrevista radiofónica que el periodo dado al GIEI para investigar el paradero de los estudiantes desaparecidos en Iguala terminará en abril y no será prorrogado.


“En lugar de estar discutiendo el plazo necesitamos conclusiones, porque no encontramos una línea diferente a la que se ha estudiado” por la PGR, indicó el titular de Segob.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.proceso.com.mx/435336/gobierno-pena-cidh-discutiran-en-washington-giei

Acusan a EU ante CIDH por asesinato extrajudicial de mexicano

De las 46 muertes registradas a manos de agentes fronterizos estadunidenses desde el asesinato de Anastasio, sólo en un caso fue disciplinado un agente de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) recibió este miércoles la queja de organizaciones no gubernamentales (ONG) que acusaron a Estados Unidos del asesinato extrajudicial del mexicano Anastasio Hernández Rojas a manos de agentes fronterizos en 2010.

La demanda, de 75 páginas de extensión y acompañada de dos mil páginas adicionales de evidencias, sostiene que el mexicano fue golpeado, torturado y asesinado por miembros de la Patrulla Fronteriza (BP) de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

“Fue necesario demandar al Estado ante una instancia internacional porque Estados Unidos no hizo justicia en este caso”, dijo la abogada del caso y representante de uno de los grupos demandantes, la University of California Berkeley Human Rights Law Clinic, Roxanna Altholtz.

La demanda, apoyada por Southern Border Communities Coalition, argumenta que la investigación oficial del asesinato del mexicano estuvo plagada de “vicios”, que estuvo carente de imparcialidad y orientada para documentar la versión de los agentes y no para encontrar la verdad.

El forense del condado de San Diego dictaminó en su momento que la muerte de Hernández Rojas, quien fue golpeado por los agentes cuando era repatriado a México tras ingresar sin documentos a Estados Unidos, fue un homicidio a raíz de una encefalopatía e infarto al miocardio.

Un testigo de los hechos ocurridos en la garita de San Ysidro, California, indicó que en la golpiza participaron alrededor de 10 agentes de distintas corporaciones que le aplicaron “cuatro descargas eléctricas” para someterlo.

En el sometimiento de Hernández Rojas participaron agentes de la Patrulla Fronteriza, de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) y de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

La queja ante la CIDH documenta que los investigadores del caso llegaron a la escena del crimen hasta un día después de la golpiza y dejaron la escena del crimen en manos de los agentes que causaron la muerte de Anastasio.

“Esos agentes aprovecharon y destruyeron los videos captados por los celulares por las cámaras de los testigos oculares, aprovecharon para deshacerse de los testigos, los sacaron del lugar sin documentar sus identidades”, señaló Altholtz.

A pesar de que los grupos consideran la existencia de obstrucción de la justicia, el Departamento de Justicia anunció en noviembre de 2015 que no presentaría acusaciones ni criminales ni civiles contra ninguno de los agentes participantes en el asesinato.

“Dada la decisión del Departamento de Justicia de cerrar la investigación penal, ha sido necesario llevar el caso ante un panel de expertos de derechos humanos, la CIDH”, añadió Altholtz.

A la presentación de la demanda acudió Bernardo Hernández Rojas, hermano de la víctima. “Han pasado casi 6 años y no hemos recibido justicia en el caso, aún habiendo videos, testigos para ellos no hay evidencias suficientes”, lamentó.

“Es una injusticia lo que está pasando con el caso de mi hermano, y no sólo con su caso, sino muchos casos que están pasando por lo mismo”, añadió. “Lo que queremos es que paren con las injusticias y la violencia de los agentes”.


Los grupos esperan que la CIDH admita primer la demanda y después emita recomendaciones de cambios en las políticas de Estados Unidos relacionadas con el uso de la fuerza policial.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://aristeguinoticias.com/3003/mundo/acusan-a-eu-ante-cidh-por-asesinato-extrajudicial-de-mexicano/

Averiguación contra mí es un regreso al México autoritario: Álvarez Icaza

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) denuncia una campaña contra su secretario ejecutivo, Emilio Álvarez Icaza, a quien se le abrió una investigación por un supuesto caso de fraude.

La averiguación previa contra mí tiene un efecto amedrentador en los defensores de los derechos humanos, y si persiste es una regresión al México autoritario, expresó el secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Emilio Álvarez Icaza, de acuerdo con mensajes difundidos por el organismo en redes sociales.


Es inaudito que el Estado mexicano, expresó Álvarez Icaza, por un lado trabaje con el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y por otro dé curso a la averiguación previa, por un supuesto fraude.

.@EmilioAlvarezI: no hay antecedentes en historia de CIDH de una averiguación previa contra un Secretario Ejecutivo. #México

— CIDH (@CIDH) 30 de marzo de 2016

.@EmilioAlvarezI: México abre averiguación previa contra Secretario de organización internacional, mensaje claro contra defensores de DDHH

— CIDH (@CIDH) 30 de marzo de 2016

.@EmilioAlvarezI "#México tiene instrumentos para no tramitar denuncias temerarias e infundadas. La averiguación previa es un mensaje claro"

— CIDH (@CIDH) 30 de marzo de 2016

En un comunicado previo, publicado el martes 29 de marzo, la CIDH denunció “una campaña de desprestigio en México” contra el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y contra su secretario ejecutivo.

A través de un comunicado, la Comisión rechazó “en forma contundente” la averiguación previa iniciada contra Álvarez Icaza por un presunto delito de fraude en perjuicio del estado mexicano en relación con el trabajo del GIEI, “tras una denuncia radicada en el contexto de esta campaña de descalificación”.

La CIDH explicó que Emilio Álvarez Icaza, en su carácter de secretario ejecutivo de la Comisión, al firmar el acuerdo de cooperación con México actuó en representación de la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA), a través de la figura de “delegación de firma”.

“Conforme a las reglas de la Organización de Estados Americanos (OEA), la contribución financiera voluntaria del Estado mexicano para la instrumentación del acuerdo fue depositada directamente a las cuentas de la Secretaría General de la OEA, por medio de su Secretaría de Administración y Finanzas. La CIDH no administró estos recursos, por tanto tampoco lo hizo el Secretario Ejecutivo”, subrayó la Comisión, la cual consideró “inadmisible” la apertura de una averiguación previa sobre la base de esta denuncia, “que por no contener ningún hecho constitutivo de delito, resulta temeraria e infundada”. 

La Comisión Interamericana recordó que en 2014 se firmó un convenio de asistencia con el gobierno mexicano y con los representantes de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa que fueron víctimas de desaparición formada, a partir del cual se constituyó el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que tiene por objeto investigar qué sucedió aquel 26 de septiembre de 2014 con los normalistas.

En este sentido, la CIDH remarcó que el informe de investigación y las primeras conclusiones del GIEI, presentado el 6 de septiembre de 2015, señala “irregularidades, inconsistencias y/o ausencias en la investigación de los hechos por parte de las autoridades estatales”.

“En particular, el GIEI cuestiona “la versión histórica” de los hechos dada a conocer meses atrás por el entonces Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, de que los normalistas hubiesen sido incinerados en el basurero de Cocula. Como consecuencia del trabajo y las recomendaciones emitidas por GIEI, el Estado mexicano ha señalado que se han abierto nuevas líneas de investigación, lo cual representa un avance significativo en la búsqueda de verdad y justicia en este caso”, recalcó la Comisión.


El comunicado íntegro de la CIDH:

CIDH rechaza categóricamente campaña de desprestigio en México contra el GIEI y el Secretario Ejecutivo:

  CIDH rechaza categóricamente campaña de desprestigio en México contra el GIEI y el Secretario Ejecutivo by mureste4878

GIEI ya denunció obstáculos a su investigación

Cabe recordar que el pasado 21 de febrero, Animal Político publicó que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes designado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para investigar la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa denunció que la Procuraduría General de la República les ha negado el acceso a nuevas evidencias relacionadas con esta investigación, y que no han sido incluidas en la averiguación previa original.

Entre estas evidencias se encuentran declaraciones de presuntos implicados que han sido detenidos en los últimos meses, como la de Gilberto López Astudillo(detenido en septiembre de 2015) así como peritajes, que la PGR ha integrado a nuevas carpetas de investigación no contempladas en el acuerdo de colaboración signado entre la CIDH y el gobierno mexicano, y por esta razón, quedan fuera del escrutinio del grupo de expertos independientes.


Por ello, el GIEI instó a las autoridades mexicanas a desistirse de esta estrategia de “fragmentación” de las investigaciones, y concentrar toda la información relacionada con la desaparición de los normalistas en una sola averiguación previa.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: MANU URESTE.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/03/la-cidh-denuncia-campana-de-desprestigio-contra-grupo-de-expertos-que-investigan-caso-ayotzinapa/

Rechaza CIDH campaña para desprestigiar a Álvarez Icaza y al GIEI

WASHINGTON: De manera “categórica” la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) rechazó la campaña que se lleva a cabo en México para desprestigiar a su secretario ejecutivo, Emilio Álvarez Icaza, y contra los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que coadyuva en las investigaciones sobre los 43 normalistas de Ayotzinapa, desaparecidos en septiembre de 2014.

“La CIDH rechaza en forma contundente la averiguación previa iniciada contra Emilio Álvarez Icaza Longoria, por un presunto delito de fraude en perjuicio del Estado mexicano en relación con el trabajo del GIEI, tras una denuncia radicada en el contexto de esta campaña de descalificación”, destacó en un comunicado el órgano jurídico de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

“La Comisión desea destacar que Emilio Álvarez Icaza Longoria, en su carácter de secretario ejecutivo, al firmar el acuerdo de cooperación con México, actúo en representación de la Secretaria General de la OEA, a través de la figura de Delegación de Firma”, enfatizó.


La CIDH aclara, en términos de lo que se argumenta la denuncia contra Álvarez Icaza Longoria, entregada a la Procuraduría General de la Republica (PGR), que la contribución financiera del gobierno de México para las investigaciones del caso Ayotzinapa, se depositó directamente a las cuentas de la Secretaria General de la OEA. Por esto, la CIDH subraya que no le toca ni tocó administrar los recursos ni mucho menos a Álvarez Icaza Longoria.

“La CIDH expresa su consternación y considera inadmisible la apertura de una averiguación previa sobre la base de esta denuncia, que por no contener ningún hecho constitutivo de delito, resulta temeraria e infundada”, establece el comunicado de prensa.

Además de la denuncia contra Álvarez Icaza Longoria presentada ante la PGR, en algunos periódicos de circulación nacional del país, articulistas y columnistas han llevado a cabo una campaña de desprestigio en contra de los integrantes del GIEI, que gracias a ellos, el gobierno de Enrique Pena Nieto, se vio obligado a desmentir la “verdad histórica” que a principios de 2015, había determinado el entonces procurador general, Jesús Murillo Karam.

La CIDH indica que fue por iniciativa del mismo gobierno de Peña Nieto, y bajo un acuerdo firmado en 2014, que se seleccionó a los cinco expertos y expertas que integran al GIEI.

“En el transcurso de su mandato, el GIEI ha emitido cuatro informes. El informe de investigación y primeras conclusiones fue presentado el 6 de septiembre de 2015”, matiza la CIDH, anotando que posteriormente a esto, y “a solicitud del Estado Mexicano y de los representantes de las víctimas”, el mando del GIEI fue renovado por un periodo adicional de seis meses.

La CIDH reiteró su respaldo al GIEI y también “en forma categórica” al trabajo de su Secretario Ejecutivo.


De Álvarez Icaza, la CIDH anota que “en todo momento actuó de acuerdo a las decisiones e instrucciones de los miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, además expresa su confianza absoluta en la probidad de su secretario ejecutivo”, concluye el comunicado de prensa.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: J. JESÚS ESQUIVEL.
LINK: http://www.proceso.com.mx/435029/rechaza-cidh-campana-desprestigiar-a-alvarez-icaza-al-giei

El miedo de Peña Nieto a Álvarez Icaza

La averiguación previa abierta por la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Fiscales y Financieros de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales, contra Emilio Álvarez Icaza es un ataque directo del Presidente Enrique Peña Nieto contra los defensores de derechos humanos.

Y también, es una muestra del miedo que Peña Nieto le tiene al secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y a su extraordinario y riguroso trabajo sobre nuestro país.

Álvarez Icaza es el símbolo de la lucha por la defensa de los derechos humanos, mientras Peña Nieto es el símbolo de la violación de los derechos humanos en México y de la impunidad endémica que cubre a los servidores públicos, gobernadores, policías, militares y marinos que los violan.

Nunca antes nuestro país había estado sumido en tan severa y profunda crisis institucional en torno a los derechos humanos. Esta grave situación ha generado una cadena interminable de sufrimiento a los mexicanos.

El México gobernado por Peña Nieto, se ha convertido en el paraíso de la tortura, la desaparición forzada y las ejecuciones extrajudiciales. La impunidad es la constante y sigue invitando a la repetición del delito.

El México gobernado por Peña Nieto se ha convertido en el país de las matanzas y desapariciones masivas. Los nombres de Tlatlaya, Ayotzinapa, Apatzingán, y Tanhuato en tan solo 15 meses, nos remiten a un escenario generalizado de servidores públicos con licencia para matar y desaparecer.

El gobierno de Peña Nieto se ha destacado por las medias verdades y mentiras sobre estas tragedias. Por ocultar, simular y manipular los procesos judiciales. Por bloquear el acceso a la justicia para las víctimas. Por el desprecio a la vida. Por la indolencia ante el dolor de los padres y madres que buscan y lloran a sus hijos. Por la falta de asistencia económica, psicológica y social a las víctimas.

A Peña Nieto no le importan los derechos humanos, mucho menos el acceso a la justicia de las miles y miles de víctimas. Tampoco parece importarle el derecho a la verdad de los mexicanos.

Pero hay ciudadanos a quienes sí les importa la defensa de esos derechos humanos vulnerados flagrantemente en México. Ciudadanos que están dispuestos a arriesgarlo todo, incluso su vida porque están comprometidos con la justicia y la verdad como Emilio Álvarez Icaza, hijo de Don José Álvarez Icaza y Doña Luz Longoria, impulsadores del movimiento familiar cristiano y fundadores del Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos).

La calidad moral y ética de Emilio está sobre todas las cosas. Su grandeza humana rebasa con creces la pequeñez y la mezquindad de algunos políticos y funcionarios públicos que ahora lo quieren linchar y procesar por delitos inexistentes, por el delirio fascista de algunos miembros del gabinete peñista.

Hay que decirlo claro: la averiguación previa abierta contra Álvarez Icaza es una venganza de Peña Nieto por el demoledor informe de la CIDH sobre los derechos humanos en México, un informe que sólo dice la verdad, un informe debidamente documentado, un informe serio y riguroso que detalla los delitos deleznables cometidos por servidores públicos, policías, militares y marinos como ejecuciones extrajudiciales, tortura y desapariciones forzadas.

A Peña Nieto y su séquito les molesta que en el exterior se conozcan las fechorías cometidas por sus servidores públicos. Les molesta que se sepa que el crimen de Ayotzinapa es el claro ejemplo de la connivencia de los agentes del estado con el crimen organizado. Les preocupa quedar exhibidos como unos simuladores, como un gobierno que tolera los crímenes de Estado y que ha optado por la impunidad; un gobierno que firma todos los tratados internacionales de derechos humanos para quedar bien, pero que internamente no los respeta. Les indigna que en el exterior vean que en México no existe el delito de ejecución extrajudicial, ni servidor público importante detenido por el crimen de tortura o desaparición forzada.

Y les molesta, no porque les interese el bienestar de los mexicanos. A Enrique Peña Nieto le molesta el informe de la CIDH porque ya no podrá firmar convenios internacionales con otros países que exijan respeto a los derechos humanos. La posibilidad de negocios se reduce así para los buitres que componen nuestra corrupta e impune clase política.

Peña Nieto es hombre de venganzas. Para demostrarlo allí esta la última, la remoción de Emilio Rabasa como embajador de México ante la Organización de Estados Americanos (OEA) y su traslado al consulado de Boston, en respuesta a su respaldo al informe de la CIDH.

Las venganzas de Peña Nieto demuestran solamente su miedo, particularmente porque sabe que pronto México contara con el conocimiento y entrega de Álvarez Icaza en la observación de derechos humanos.

Emilio ya anuncio que no buscará reelegirse en su cargo de la CIDH. ¿Y saben por qué? Por amor a México. A él le duele su país, le duele esta crisis inmensa de derechos humanos que estamos padeciendo, le duele la indiferencia del grueso de la sociedad mexicana ante los horrores cometidos por el Estado.

Su carta donde da a conocer sus razones para no buscar la reelección es un hermoso testimonio de amor a México y a sus hermanos mexicanos: “Las visitas que hemos realizado recientemente y el seguimiento de lo que sucede en mi patria me interpela con fuerza. Mi país me duele profundamente. Quiero dedicar mis esfuerzos y capacidades a trabajar directa y cercanamente para transformar la crisis de derechos humanos que ahí se vive. Si bien la CIDH me brinda una oportunidad privilegiada de trabajar también por la gente de México, la grave situación que se vive me exige una prioridad en mi tiempo y agenda. Lo que veo y siento en mi país me ha hecho pensar que es mi obligación ética hacer lo que está a mi alcance por transformar esa situación”.

Emilio Álvarez Icaza afortunadamente volverá a México. Esa noticia le preocupa a Peña Nieto, le provoca miedo y por ello ha iniciado una embestida contra él, pero no ha medido su fuerza. Álvarez Icaza tiene el apoyo de las organizaciones civiles y de cientos, miles de personas que conocen su intachable trabajo.


Peña Nieto es la oscuridad, Álvarez Icaza la luz. ¿A alguien le queda alguna duda?

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: SANJUANA MARTÍNEZ.
LINK: http://www.sinembargo.mx/opinion/28-03-2016/47589

El Yunque denuncia ante la PGR a Álvarez Icaza por un presunto fraude

CIUDAD DE MEXICO: La organización extremista mexicana El Yunque, que en España ya fue declarada ilegal y repudiada por la Iglesia católica, siguió con su campaña en contra del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que busca aclarar la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, y hoy martes denunció penalmente a Emilio Álvarez Icaza, secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).


La denuncia fue presentada ante la Procuraduría General de la República (PGR) por José Antonio Ortega Sánchez, presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública y Justicia Penal, una de las caretas de El Yunque, la organización secreta de extrema derecha que ensalza a militares y políticos acusados de represores y criminales, como Álvaro Uribe, expresidente de Colombia.

La denuncia de Ortega Sánchez, uno de los máximos jerarcas de El Yunque y abogado de las familias de jefes de esta organización que fueron asesinados en condiciones no aclaradas, es por el delito de fraude por un monto de entre un millón 250 mil y 2 millones de dólares, en perjuicio de la Federación, cometido presuntamente por Álvarez Icaza, un activista a favor de los derechos humanos que presuntamente ambiciona ser candidato presidencial.


Según Ortega Sánchez, el Código Penal Federal tipifica como fraude la conducta antisocial consiste en que alguien “engañando a uno o aprovechándose del error en que éste se halla se hace ilícitamente de alguna cosa o alcanza un lucro indebido”.

“En este caso las víctimas del engaño son el gobierno federal y quienes somos contribuyentes mexicanos al fisco. El monto del fraude corresponde al dinero que el gobierno mexicano ha entregado a la CIDH para cubrir los gastos del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), cuyos integrantes deberían ayudar al gobierno de México en la localización de los 43 alumnos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa desaparecidos el 26 de septiembre de 2014 y en general la aclaración de los hechos criminales acaecidos en Iguala, Guerrero, el día mencionado y el siguiente.

“Y a quien señalamos como presunto autor del fraude es a Emilio Álvarez Icaza Longoria, quien firmó en representación de la CIDH el adendum del ‘Acuerdo para la incorporación de la asistencia técnica internacional desde la perspectiva de los derechos humanos en la investigación de la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, dentro de las medidas cautelares MC/409/14 y en el marco de las facultades de monitoreo que la CIDH ejerce sobre la situación de los derechos humanos en la región’ y que tuvo como contraparte al gobierno federal”.

Según Ortega Sánchez, el fraude consiste en que el acuerdo entre la CIDH y el gobierno mexicano implicaba que la primera enviaría a México como expertos a personas probas, pero los cinco integrantes del GIEI son todo lo contrario, y acusa a tres de ser deshonestos, quienes tampoco han hecho la más mínima contribución a la localización de los desaparecidos y al esclarecimiento de los hechos y, además, “han malversado los fondos públicos que les han sido entregados a través de la CIDH, al realizar actividades que nada tiene que ver con lo establecido en el citado acuerdo y su adendum”.

Sin embargo, el propio Ortega Sánchez ha incurrido en lo mismo que acusa como abogado del gobierno de Jalisco y de la arquidiócesis de Guadalajara, al cobrar cientos de millones de pesos por ser coadyuvante para el esclarecimiento del asesinato del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, en 1993, que según él fue producto de un “complot”.

Hace apenas un par de semanas el reportero habló con él sobre su papel como abogado del gobierno de Jalisco y su ataque a los miembros del GIEI.

–¿Este pago al GIEI no es semejante al que usted recibía del gobierno de Jalisco por el caso Posadas?

–Claro que no.

–¿En qué son diferentes?

–Bueno, es un pago que te hacen para intervenir en un asunto donde vas buscando la verdad y vas interviniendo directamente en la investigación. En el caso Posadas es un hecho que ocurrió en nuestro país que no ha sido aclarado, que la averiguación previa sigue abierta y espero yo que algún día podamos conocer públicamente lo que hay en esa averiguación previa, quiénes fueron los responsables.

–También el GIEI es coadyuvante, busca la verdad y recibe un pago, como usted lo recibía del gobierno de Jalisco.

–Y se tienen que atener a la crítica, como yo la recibí cuando fui abogado del gobierno de Jalisco. No me enojaba y decía que había conspiraciones en contra mía con todos los señalamientos que hubo en mi contra.

Ortega Sánchez recibió abundantes recursos públicos de tres gobiernos del Partido Acción Nacional (PAN) de Jalisco. Sólo en los tres primeros años del gobierno de Emilio González Márquez –otro amigo de Alvaro Uribe– obtuvo 50 cheques que sumaron 2 millones 201 mil 479 pesos, según datos oficiales.

En la entrevista, niega que haya recibido más de 5 millones de pesos en sueldos y viáticos, pero precisa que sólo tenía “una iguala” de 50 mil pesos mensuales. También con recursos públicos viajó a El Vaticano y Washington, relacionados con el caso.

“A ver: Esos asuntos, como el de Iguala, no solamente son jurídicos, son asuntos políticos y son asuntos mediáticos, y en las tres áreas tienes que defenderlos. Era parte del asunto, por lo menos así lo consideró el gobierno de Jalisco. Y yo intervine con tres gobernadores: Alberto Cárdenas, Francisco Ramírez Acuña y Emilio González”.


En España, El Yunque se instaló desde la década de los setenta y ya fue declarado proscrito por la justicia civil, y la Iglesia católica lo descalificó, con todo y sus organismos de fachada, como organizaciones extremistas, semejantes a la que encabeza Ortega Sánchez.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ÁLVARO DELGADO.
LINK: http://www.proceso.com.mx/433593/yunque-denuncia-ante-la-pgr-a-alvarez-icaza-presunto-fraude