Amplía la CIDH medidas cautelares a líderes del Pueblo Yaqui

WASHINGTON: La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) anunció la ampliación de las medidas cautelares que otorgó a Lauro Baumea Mora, Miguel Ángel Cota Tortola y Aurelia Butimenia, líderes del Pueblo Yaqui en México.

El órgano jurídico de la Organización de los Estados Americanos (OEA), en un breve comunicado de prensa, indicó que la ampliación de la medida cautelar 452/13 se autorizó el miércoles 2 para ser puesta en vigor inmediatamente.

“Por medio de la ampliación, la CIDH solicitó la protección de la vida e integridad personal de Librado Valenzuela Valencia, Esteban Cedillo Valenzuela Butimea, Arturo Matas González, Gilberto Gálvez Palma y Gregorio Valdez Molina, miembros de las comunidades yaquis en Vícam, Belem, Cocorit, Bácum y Pótam”, se destaca en el despacho de prensa.

La CIDH, basándose en la información entregada por los solicitantes de las medidas cautelares, establece que “los beneficiarios del mecanismo se encuentran en una situación de riesgo por haber sido objeto de actos de violencia, hostigamientos, seguimientos y amenazas de muerte, producto de su labor como defensores de derechos humanos y del agua”.

Junto con la ampliación de la medida cautelar, que originalmente había emitido el 18 de mayo pasado, la CIDH pide al gobierno de Enrique Peña Nieto que otorgue las garantías de seguridad y protección necesarias para que los líderes de los pueblos yaquis desarrollen sus labores en beneficio de sus comunidades.


“Que concierte las medidas a adoptarse con los beneficiarios y sus representantes, y que informe sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los hechos alegados que dieron lugar a la adopción de la medida cautelar y así evitar su repetición”, exige la CIDH al gobierno mexicano.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: J. JESÚS ESQUIVEL.
LINK: http://www.proceso.com.mx/433450/amplia-la-cidh-medidas-cautelares-a-lideres-del-pueblo-yaqui

Aumenta la crueldad en ataques contra personas LGBTI en América, advierte la CIDH

De acuerdo con el informe Violencia contra personas LGBTI en América, realizado por al Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), persisten prácticas de discriminación entre la sociedad y en los sistemas de gobierno. En 15 meses, 770 personas de la comunidad LGBTI fueron agredidas en toda América.

En 15 meses, 770 personas de la comunidad Lésbico Gay, Bi, Trans e Intersexual (LGBTI) fueron agredidas en toda América. Sin embargo, los prejuicios han impedido que las investigaciones sean eficaces y los responsables castigados, lo cual genera impunidad.

De acuerdo con el informe Violencia contra personas LGBTI en América, realizado por al Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), persisten prácticas de discriminación entre la sociedad y en los sistemas de gobierno.

La CIDH advierte que entre las diferentes formas de violencia ha aumentado el nivel de crueldad. El informe refiere que existen víctimas que murieron lapidadas, decapitadas, quemadas y empaladas.

Muchas víctimas más fueron apuñaladas o golpeadas hasta la muerte con martillos u objetos contundentes y en muchos casos fueron asesinadas luego de ser sometidas a horribles actos de tortura, tratos inhumanos o degradantes.

Aún con este panorama, si los Estados no realizan investigaciones exhaustivas e imparciales, los casos quedan en la impunidad, lo que “envía un fuerte mensaje social de que la violencia es condonada y tolerada. Esto, a su vez, puede generar más violencia y conduce a las víctimas a desconfiar en el sistema de justicia”.

Otro atenuante: los sistema de justicia ni siquiera construyen estadísticas precisas sobre el número de víctimas y sus características. Tampoco sobre las tasas de condenas penales por asesinatos y otros actos de violencia.

Las “limitadas o inexistentes” estadísticas “complica aún más el análisis de las situaciones de impunidad” contra personas LGBTI. Todo ello revela “elevados niveles de impunidad”, advierte el informe concluido en noviembre de 2015.

Con los pocos datos disponibles en los sistemas de justicia de los estados miembros, la CIDH comprobó que entre el 1 de enero de 2013 al 31 de marzo de 2014 ocurrieron 770 agresiones contra personas LGBTI en 25 Estados Miembros de la OEA (Argentina, Barbados, Belice, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Cuba, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Estados Unidos, Uruguay y Venezuela).

Sin embargo, no significa que en el resto de países de América no hayan ocurrido actos de violencia, sino que las víctimas no denunciaron.

En México, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) reportó un aumento en las cifras y la naturaleza cada vez más violenta de los delitos basados en el prejuicio contra las personas LGBT durante 2014.

Según la organización de la sociedad civil Letra S Sida, Cultura y Vida Cotidiana A.C., entre 1995 y 2014 hubo mil 218 asesinatos motivados por el prejuicio y de ellos, 80% de las víctimas habrían sido blanco de ataques antes de ser asesinadas. Mientras que entre 2007 y 2012 se registraron 164 asesinatos de mujeres transexuales. 

Leyes discriminatorias

En el análisis, la CIDH reprueba que existan legislaciones que discriminan pueden contribuir pensar que “la violencia contra las personas LGBT es tácitamente permitida o tolerada”.

Por ejemplo, Belice y Trinidad y Tobago tienen leyes que prohíben la entrada de “personas homosexuales” a su territorio. En legislaciones de Bahamas, Canadá, Chile, Paraguay y Suriname establecen diferentes edades de consentimiento para tener relaciones sexuales entre personas del mismo sexo y de distinto sexo.

En tanto, en países como Brasil, Perú y República Dominicana, existen sanciones en códigos militares o policiales a las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo

El Comité de las Naciones Unidas contra la Tortura, en relación con las personas LGBT, ha declarado que las leyes sobre la moral pública pueden otorgar a la policía y los jueces poder discrecional que, combinado con prejuicios y actitudes discriminatorias, puede llevar a abusos contra este grupo.

En el caso Mexicano, la CIDH identificó en esta clasificación, el Código Penal de Jalisco, donde se castigan los “actos contra la moral pública” y “exhibiciones obscenas”. La sociedad civil ha indicado que la sola presencia de una persona transexual, por ejemplo, podría ser considerado por la autoridad como exhibición obscena. En tanto, en Chile, El Salvador y Ecuador se protegen “las buenas costumbres”.

Además, las personas LGBTI enfrentan “varios obstáculos y barreras para acceder a la justicia” desde el momento en que la víctima intenta denunciar un crimen: tienen miedo de revelar su orientación sexual o identidad de género, carecen de programas de asistencia legal y en el sistema judicial no hay sensibilidad y entrenamiento de los operadores de justicia, incluyendo jueces, juezas y fiscales, entre otros.

En resumen, la CIDH considera que existen serias deficiencias en la investigación de casos de violencia por prejuicio contra las orientaciones sexuales en los países que incluyen el estudio: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Suriname, Uruguay y Venezuela.

La CIDH recomendó a los estados miembros a realizar esfuerzos y asignar recursos suficientes para recolectar y analizar datos estadísticos de manera sistemática sobre la prevalencia y naturaleza de la violencia y la discriminación por prejuicio contra las personas LGBTI.


En tanto, al Poder Ejecutivo de las naciones recomendó adoptar medidas inmediatas para que las leyes no sean aplicadas para criminalizar la intimidad sexual entre personas del mismo sexo.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: NAYELI ROLDÁN.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/03/aumenta-la-crueldad-contra-personas-lgbti-en-america-advierte-la-cidh/

Denuncia CIDH “grave situación” de violencia de periodistas y defensores en México

WASHINGTON: La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) denunció la “grave situación” de violencia que viven en México los periodistas y los defensores de los derechos humanos, y conminó al gobierno de Enrique Pena Nieto a resolver esta situación violatoria de las garantías individuales.

Por medio de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, la CIDH, que la semana pasada presentó su informe anual sobre la situación de los derechos humanos en México, concluyó necesario resaltar el problema que enfrentan los comunicadores y los que promueven la defensa y respeto de las personas en el país.

“La CIDH y su Relatoría Especial ponen de presente la grave situación de violencia que padecen periodistas, defensores de derechos humanos y comunicadores por el ejercicio de la libertad de expresión, que los convierte en un grupo de la población especialmente vulnerable”, indico el órgano jurídico de la Organización de Estados Americanos (OEA), en un comunicado.


El llamado de atención al gobierno de Peña Nieto lo hizo la CIDH con el “objetivo de asistir” a México en el fortalecimiento del derecho fundamental de la libertad de expresión.

Citando cifras oficiales, la CIDH menciona que entre los años 2010 y 2015, fueron asesinados más de 55 periodistas en México.

“La mayor parte de estos crímenes permanecen en la impunidad, sobre todo en lo que se refiere a autores intelectuales no identificados, lo que ha impedido determinar si tienen una conexión con la labor informativa de las víctimas”, insiste la CIDH en su comunicado.

Como lo hiciera en su informe anual sobre la situación de los derechos humanos, la CIDH destacó de manera especial su observación de que la violencia contra los comunicadores es más aguda en los estados del país donde hay una fuerte presencia de grupos del crimen organizado.

“La información con la que cuenta la CIDH permite afirmar que, en su mayoría, los periodistas que han sido víctimas de violencia habían denunciado o informado sobre corrupción administrativa en el ámbito local, narcotráfico, delincuencia organizada, seguridad pública y asuntos relacionados”, subraya el comunicado.

En este mismo sentido, dijo que las denuncias de hostigamiento contra periodistas por parte de policías municipales, estatales y federales, consisten en amenazas, vigilancias e interceptación de las comunicaciones.

De entre los estados del país donde la vulnerabilidad de los periodistas es más grave, la CIDH mencionó principalmente los casos de Veracruz, Tamaulipas, Guerrero, Chihuahua y Oaxaca.

En estas mismas entidades, la CIDH anota que hay muchas denuncias de violaciones a las garantías individuales que sufren las organizaciones y personas defensoras de los derechos humanos.

La CIDH reconoce que el gobierno mexicano ha implementado salvaguardas de protección para periodistas y defensores de los derechos humanos. “Sin embargo, se han presentado desafíos en la eficacia de las medidas dispuestas para su protección e invita al Estado a continuar con los esfuerzos desplegados para su fortalecimiento”, se lee en el comunicado.

Para la CIDH es alarmante el alto índice de impunidad de los crímenes contra comunicadores y defensores de los derechos humanos. Y afirma que del 1 de diciembre de 2012, al 31 de agosto de 2015; la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de expresión (Feadle), inició 458 averiguaciones previas. De este total, la Feadle se declaró incompetente en 176 casos y en 53 inició proceso contra un solo presunto responsable.

En este mismo sentido, acota que desde 2013, cuando se le otorgó la facultad jurídica a la Feadle, solo la ejerció en 40 casos de los casi 500 que recibido.

“La Comisión ve con preocupación que sea la propia entidad investigativa quien, haciendo uso de diferentes argumentos, se interponga obstáculos a sí misma para asumir la titularidad de la investigación, lo que puede terminar afectando su eficacia”, enfatiza el comunicado de la dependencia jurídica de la OEA.

Al gobierno de Peña Nieto le recomienda de manera específica que mantenga el carácter de fiscalía especializada a la Feadle, que la dote de recursos económicos y humanos suficientes para cumpla su labor.


Asimismo, que implemente estrategias a nivel federal y estatal para dar una respuesta integral a los casos de protección, procuración de justicia en las agresiones contra los defensores de los derechos humanos y periodistas.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: J. JESÚS ESQUIVEL.
LINK: http://www.proceso.com.mx/432974/denuncia-cidh-grave-situacion-violencia-periodistas-defensores-en-mexico

Aristegui y equipo cesados de MVS, después de publicación de ¨La Casa Blanca de EPN¨: CIDH

La terminación del programa radiofónico de Carmen Aristegui ocurrió, hace ya casi un año, después de la publicación del reportaje "La casa blanca de EPN".

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) incluyó en su informe sobre la “situación de derechos humanos” en México, un apartado  del Relator  Especial para la Libertad de Expresión,Edison Lanza, que expone “ataques contra la libertad de expresión”, como asesinatos, agresiones y detenciones de periodistas.

Pero apunta que hay más que eso, como el caso Aristegui-MVS:

“En el 2015, se presentaron otro tipo de afectaciones a la prensa que permiten observar la existencia de un contexto complejo para el ejercicio periodístico, no solo por el riesgo de agresiones y amenazas sino también por episodios como el ocurrido con la periodista Carmen Aristegui, quien puso en descubierto un caso de presunta corrupción que involucraba a altas autoridades en la compra de una lujosa casa utilizada por el Presidente de la República. Luego de esa y otras investigaciones, la periodista y su equipo fueron cesados por la empresa concesionaria de la emisora con la que mantenían un contrato, incluso cuando las mediciones indicaban que su programa tenía una alta audiencia. La empresa MVS alegó que Aristegui y su equipo habían utilizado la imagen y la marca de la empresa para fines no autorizados, en ocasión de adherir a la plataforma Mexicoleaks, destinada a conseguir información de fuentes confidenciales”.

En su informe, la CIDH indica que “en el contexto de impunidad generalizada que existe, los crímenes contra periodistas no son la excepción”. 

“En un contexto de constantes agresiones a la prensa transmiten el erróneo mensaje de la inexistencia de sanciones para quien agrede a la prensa, dejando desprotegidos a periodistas y comunicadores”, sentencia.

Y establece que “los actos de violencia e intimidación que sufren los periodistas y otros trabajadores de los medios de comunicación, constituye el principal obstáculo para el ejercicio de la libertad de expresión en México”.

Refiere que en muchos casos los periodistas optan por la autocensura.


Y subraya: “La Comisión ha señalado que la violencia contra periodistas o trabajadores y trabajadoras de los medios de comunicación que se comete a causa del ejercicio de su profesión, no solo afecta la voz de estas personas, en particular al violar su derecho a la libertad de expresión, sino que vulnera el derecho de las sociedades en general a buscar y recibir todo tipo de información e ideas de manera pacífica y libre”.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://aristeguinoticias.com/0203/mexico/cidh-sobre-el-caso-aristegui-mvs-en-mexico-es-complejo-el-ejercicio-periodistico/

Gobierno de Peña rechaza informe de la CIDH: “no compartimos la metodología”

CIUDAD DE MÉXICO: La secretaria de Relaciones Exteriores, Claudia Ruiz Massieu, reafirmó hoy el repudio del gobierno federal al informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre la situación de los derechos humanos y de la violencia en México, pues reiteró que “no compartimos la metodología que dio origen” al documento de 236 páginas que publicó ayer el organismo regional.


En el reporte “Situación de los derechos humanos en México 2015”, la CIDH subrayó que las políticas de seguridad de las administraciones de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto agravaron las violaciones a los derechos humanos “hasta alcanzar niveles alarmantes”; además, condenó la “falta de rendición de cuentas conforme a los estándares internacionales”.

Asimismo, planteó que la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa es “un ejemplo emblemático de la aparente colusión entre agentes federales del Estado e integrantes del crimen organizado”, aparte de que “es una muestra de las graves deficiencias que sufren las investigaciones sobre estos hechos y la impunidad estructural y casi absoluta en que suelen quedar estos graves crímenes”.

En reacción al informe, la Procuraduría General de la República (PGR) y las secretarías de Gobernación (Segob) y de Relaciones Exteriores (SRE) emitieron un boletín para plantear, una vez más, que el reporte de la CIDH “no refleja la situación general del país” e “ignora más de cincuenta años de avances, desafíos, cambios estructurales y procesos de un país como México”.

También reviraron que “el Estado mexicano fue enfático en afirmar que en nuestro país no se vive una crisis de derechos humanos”, y que la CIDH “desestimó los avances” que el gobierno de Peña Nieto impulsó en los últimos años.

Con estas definiciones, persistieron las descalificaciones al informe. El gobierno, incluso, aseveró que la metodología tenía un “sesgo inicial”, calificó de “sin fundamento” las conclusiones, y acusó a la CIDH de utilizar la información recabada durante su visita “de manera parcial”.

También resaltó las leyes y medidas que adoptó el Estado mexicano para buscar a las personas desaparecidas, proteger a las víctimas y los periodistas, así como para promover los derechos humanos de las personas más vulnerables.

Pese al embate de la administración de Peña contra sus conclusiones, James Cavallaro, presidente de la CIDH, admitió hoy que el informe es “muy duro”, pero llamó al gobierno a reconocer que la crisis de derechos humanos que vive México es “extremadamente grave”, pues recordó casos sintomáticos como los 27 mil desaparecidos, las ejecuciones extrajudiciales o la práctica generalizada de la tortura.

En octubre pasado, la CIDH había dado a conocer sus conclusiones preliminares sobre su visita a México, como adelanto al informe que se publicó ayer. Ya en ese entonces, el gobierno mexicano descalificó las observaciones de la CIDH, al aseverar que “no (reflejaban) la realidad del país”, lo cual generó una reacción indignada de organizaciones de la sociedad civil.

Crisis de reflexión

El gobierno de Peña Nieto cuenta con un amplio historial de negación ante los señalamientos de organismos internacionales sobre la crisis de derechos humanos en México.

En febrero de 2015, por ejemplo, la SRE descalificó las conclusiones del Comité de las Naciones Unidas contra las Desapariciones Forzadas, con el mismo argumento de que “no reflejan adecuadamente la información presentada por México”.

En el siguiente mes de marzo, el gobierno mexicano criticó a Juan Méndez, relator de la ONU sobre tortura, cuyo informe señaló que en México el uso de la tortura era “generalizado”.

Luego, el representante de México en Ginebra, Jorge Lomónaco, planteó que las observaciones del relator “no reflejan los enormes esfuerzos que ha desplegado” México en la materia y criticó las aseveraciones “sin congruencia” del experto.

En enero pasado, el gobierno envió una carta al New York Times en reacción al editorial que denunció la falta de rendición de cuentas del gobierno mexicano. En la misiva, aseveró que el texto “fracasa en reflejar las acciones concretas que adoptó el gobierno mexicano en los últimos tres años”.

Y, el pasado 14 de enero, la SRE difundió una tarjeta informativa en la que aseveró que el informe anual de Amnistía Internacional (AI)… “no refleja los esfuerzos sin precedentes” que el gobierno emprendió para enfrentar el fenómeno de desaparición forzada.


Por otra parte, el gobierno no podría sostener que las observaciones del relator especial de Derechos Humanos de la ONU Michel Frost “no reflejan” la realidad del país, pues el pasado 25 de febrero la Cancillería canceló la visita del funcionario, prevista para el próximo mes de abril.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: MATHIEU TOURLIERE.
LINK: http://www.proceso.com.mx/432297/gobierno-de-pena-rechaza-informe-de-la-cidh-no-compartimos-la-metodologia-dice

La crisis de derechos humanos en México “extremadamente grave”, insiste la CIDH

CIUDAD DE MÉXICO: En México las violaciones “saltan a la vista”, reviró el presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) James Cavallaro al gobierno mexicano, que aseguró que el informe presentado el miércoles por el organismo internacional no refleja la situación general del país y parte de premisas y diagnósticos “erróneos”.


En entrevista con Carmen Aristegui en CNN, Cavallaro sostuvo que varias de las violaciones fueron documentadas y admitió que el informe es “muy duro”, pero llamó al gobierno de Enrique Peña Nieto a “reconocer que la situación de los derechos humanos que enfrenta hoy México es extremadamente grave. Se trata de una crisis”.

Explicó el presidente de la CIDH:


“Nosotros analizamos durante los últimos meses y años, en varias visitas de integrantes de la comisión, tanto comisionados, como el personal de la secretaría ejecutiva. Y la comisión entera fue a México la última semana de septiembre. Visitamos varios lugares en varios estados. Lo que documentamos son desapariciones forzadas, centenas, miles de casos.

“El Estado ha mantenido una cifra de personas no localizadas de 26 mil 798, hasta septiembre pasado. Cada caso es muy grave. Son casi 27 mil. No todos esos casos son necesariamente desapariciones forzadas, son personas no localizadas. Pero en centenas y miles de casos sí hay involucramiento de agentes del Estado. Como es el caso de Ayotzinapa, como es el caso de Tierra Blanca, de los cinco jóvenes (levantados por policías del estado)”, ejemplificó Cavallaro.

Incluso, dijo, en el caso de Tierra Blanca el propio subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob) Roberto Campa Cifrián reconoció que se trata de un caso de infiltración de miembros del crimen organizado en el estado.

Mencionó también casos de ejecuciones extrajudiciales como el del caso Tlatlaya, en el que militares ejecutaron a 15 de los 22 muertos hallados en el suelo de una bodega ubicada en Tlatlaya, Estado de México, el 30 de junio de 2014.

“El caso Tlatlaya es un caso ejemplar, pero hay miles de personas que en los últimos años en supuestos enfrentamientos con fuerzas militares han muerto, y cuando se indaga la versión oficial inicial no se comprueba”, afirmó Cavallaro.

Se refirió también a la situación de la tortura, que es una práctica “infelizmente”, generalizada en México. “Eso también ha dicho el relator especial de la ONU sobre tortura, el doctor Juan Méndez”, recordó.

Y no se olvidó de “otros grupos vulnerables expuestos a niveles altísimos de violencia”, como las mujeres con los feminicidios y los indígenas que están desprotegidos en su lucha contra las industrias extractivas y el despojo de sus tierras.

“En todos estos casos lo que une las diversas situaciones de abuso y violación, es la impunidad”, subrayó.

Cavallaro afirmó que la CIDH reconoce avances del gobierno, como las reformas en la Constitución de 2011, “algunas políticas como el mecanismo de protección a los defensores de derechos humanos y periodistas”. Sin embargo, lamentó, “lo que pasa es que el marco legal en México, dista mucho de la realidad.

“Los hechos son muy contundentes. No se trata de casos aislados, un caso, dos casos, cinco casos de desaparición forzada, ya sería una situación preocupante pero no necesariamente una situación general. Pero sí es el caso en México que la desaparición forzada acontece en muchos estados de la república”, sostuvo.

Por si fuera poco, señaló que la actuación de las fuerzas armadas en la seguridad, es inapropiado porque “ha producido centenas, miles de muertos”.

En el caso de la Tortura, Cavallaro comentó que la Procuraduría General de la República (PGR) investiga dos mil 400 denuncias y en los últimos siete u ocho años sólo ha habido 15 condenas.

“¿Qué porcentaje es eso? Es menos de uno por ciento. Esas son las cifras en casi todos los temas donde hay índices altísimos de violencia, de muerte, de tortura y el proceso judicial no responde de forma adecuada”, cuestionó.

El presidente de la CIDH comentó que para realizar su informe, sus enviados hablaron con centenas de personas. En septiembre y octubre pasado recorrieron cinco estados y la Ciudad de México, y antes ya habían visitado otros lugares.

En todos esos lugares las víctimas les contaron que la sensación que tienen es que la justicia “es una simulación, un simulacro, que están fingiendo hacer justicia en vez de hacerlo.

“La crisis que nosotros documentamos también ha sido documentado por diversos órganos de la ONU, por las instituciones de la sociedad civil de más prestigio en México y también internacionalmente.

“Nosotros queremos trabajar conjuntamente con el Estado: el primer paso es reconocer la realidad”, acotó.
Para ello, reiteró, “no hace falta mucho esfuerzo para buscar las violaciones a los derechos humanos en México: saltan a la vista”.

Y puso ejemplos:

“Hablemos de la figura de desaparición forzada: si son casi 27 mil personas no localizadas, no es una forma, una metodología equivocada, recibir informaciones sobre las violaciones para ver si son frecuentes o no son, es una técnica de todas las instituciones que hacen monitoreo de los derechos humanos en el mundo.

“Lo que pasa es que en México al usar esa metodología se encuentran centenas y centenas y miles de violaciones y casi no se encuentra esclarecimiento, casi no se encuentran procesos exitosos”.

Cavallaro afirmó que la CIDH no está de acuerdo con la visión el Estado mexicano y que hicieron de todo para incluir sus observaciones, “pero los derechos humanos como tema busca ver qué pasa con las personas comunes, ¿qué pasa cuando alguien es detenido por la policía?, ¿sufre tortura?; ¿qué pasa cuando el hijo de la familia o una niña chica es desaparecida?, ¿hay investigación o no?, y en centenas, miles de casos la respuesta del Estado ha sido inefectiva y es eso que nos lleva a la conclusión”, dijo.

Lo que dice el informe, abundó, es que “se trata de una grave crisis” y aunque la CIDH reconoce la facultad e interés de diversas autoridades del Estado y las políticas que han sido desarrolladas, insistió, hay una grave crisis y “es algo que tiene que ser prioridad nacional, exige respuestas firmes y exige el reconocimiento del alcance del problema”.

Según el presidente de la CIDH el problema de México es que a la vez que tiene un marco legal “bueno”, una sociedad civil activa y autoridades dispuestas a colaborar con las instancias internacionales de derechos humanos, también hay elementos del Estado capturados por el crimen organizado, por la corrupción.

Ello, indicó, “permite índices alarmantes de violaciones a los derechos humanos”, lo que provoca a la vez “un índice de impunidad chocante”, y también facilita la repetición de las violaciones.


Es cierto que reconocemos los avances, hay páginas y páginas de lo que el Estado ha hecho, pero por ese reconocimiento no podemos dejar de reconocer la magnitud del desafío que México enfrenta”, finalizó Cavallaro.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.proceso.com.mx/432216/las-violaciones-saltan-a-la-vista-revira-presidente-la-cidh

5 fallas que tiene el sistema de cárceles en México, según la CIDH

Sobrepoblación en 200 de 388 cárceles, prolongados regímenes de aislamiento y falta de atención diferenciada son algunas de las problemáticas identificadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

En el reporte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre los problemas de que padece México, difundido el pasado miércoles 2 de marzo, se enumeran fallas del sistema de cárceles del país, como el hacinamiento, la corrupción y el autogobierno de los presos.

Esas carencias llevaron a que  el 10 de febrero murieran 49 personas en la cárcel de Topo Chico, Nuevo León, tras desatarse una riña entre los internos. Y antes de ese caso, en años previos se han presentado tragedias similares en las prisiones.

A continuación puedes leer sobre una decena de problemas en las cárceles que identificó la Comisión Interamericana, tras la visita de sus especialistas a México el año pasado:

1.- Hacinamiento

En México, según los datos de las autoridades carcelarias que recabó la CIDH, hay 388 centros penales o cárceles: 17 centros federales; 12 en el Distrito Federal (ahora Ciudad de México); 285 dependientes de gobiernos estatales, y 74 de tipo municipal.

Hay una población penitenciaria total de 254,469 personas privadas de libertad, de las cuales 205,644 pertenecen al fuero común (80.81%) y 48,825 al fuero federal (19.19%).

“Aproximadamente el 42.22% de las personas privadas de su libertad se encuentra en prisión preventiva”, detalla la Comisión.

El dato de que hay 254, 469 personas presas, permita calcular que hay un déficit de 51,353 plazas.

“Es decir, hay un nivel de hacinamiento general del 25.5%, por encima de su capacidad de alojamiento. De los 388 centros penales del país, 200 se encuentran sobrepoblados”, indica la CIDH.

“El hacinamiento tendría como consecuencia el incremento del autogobierno descontrolado por la falta de supervisión por parte de la autoridad penitenciaria, corrupción y violencia en los últimos años”, agrega la Comisión en el reporte “Situación de Derechos Humanos en México”.

2.- Corrupción y autogobierno

El personal carcelario en México es insuficiente, labora en condiciones precarias y no cuenta con los elementos necesarios para desempeñar su función, y esos factores llevan a que se corrompa o que se permita a los internos hacerse del control absoluto de las prisiones, según la CIDH.

“Esta situación, de acuerdo con organizaciones de la sociedad civil, se presentaría particularmente en los estados del Norte del país donde hay una fuerte presencia de delincuencia organizada”, indica el reporte.

“En particular, han destacado la complejidad de la situación en centros penales como Topo Chico, en el estado de Nuevo León, donde supuestamente los propios internos golpean, e incluso han llegado a privar de la vida a aquéllos que se han negado a cubrir los montos de las extorsiones”, agrega.

En cárceles como la de Topo Chico, según la CIDH, no se permitía que los familiares dieran artículos de primera necesidad a los internos, porque una empresa dentro de la cárcel los vendía a “precios exorbitantes”.

3.- Aislamiento

La CIDH señala que en las cárceles mexicanas hay prolongados regímenes de aislamiento, con sanciones disciplinarias que resultan desproporcionadas en relación con el acto que se sanciona.

A menudo, según la Comisión, los castigos responden a “criterios discrecionales por parte del personal penitenciario, además de que las personas a las que se les imponen este tipo de sanciones no cuentan con los mecanismos independientes y eficaces para cuestionarlas”.

El régimen de aislamiento, agrega el estudio, es uno de los castigos más comunes. Se lleva a los internos a “celdas pequeñas y en condiciones deplorables, por periodos excesivamente prolongados –hasta por meses– y con restricción de visitas y llamadas con sus familiares”.

En una visita de la CIDH al Centro Femenil de Readaptación Social Santa Martha, se observó “las condiciones deplorables de las celdas de castigo utilizadas”, y se constató el prolongado tiempo de aplicación de este tipo de sanciones.

“Al respecto, una de las internas refirió llevar encerrada tres meses en celdas de castigo por haber discutido con un jefe de seguridad; este periodo de tiempo fue también confirmado por las autoridades, quienes afirmaron que habría sido el resultado de algunas infracciones seguidas cometidas por la persona castigada”, indicó la Comisión.

En una celda donde se tenía a tres internas sometidas a régimen de aislamiento, se observaron “condiciones deplorables en cuanto a limpieza; en particular, el excusado estaba sucio, la celda estaba repleta de basura; se encontraba comida en mal estado, papeles, e incluso, una toalla femenina usada estaba a la vista”.

4.- Privatización de las cárceles

Sobre este punto, la CIDH indicó que, según los reportes que logró obtener, “desde 2006 se estarían celebrando diversos contratos de prestación de servicios para la administración y manejo de los centros de detención, a fin de disminuir la carga financiera del Estado”.

Es decir, se ha otorgado a empresas privadas el derecho a operar prisiones.

“De acuerdo con organizaciones de la sociedad civil, a fin de dar cumplimiento a los contratos con empresas privadas, cada centro debe mantener el número de personas privadas de libertad en razón de la capacidad instalada, lo que incentivaría la utilización de la prisión como el único medio para combatir el delito”, apuntó en el estudio.

Al respecto, la CIDH expresó su preocupación porque hay poca información oficial “sobre los contratos celebrados por el Estado y las empresas respectivas señaladas por organizaciones de la sociedad civil”.

De hecho, según su reporte, la Comisión solicitó la información sobre los contratos vía transparencia, pero la negó el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social por ser considerada reservada.

Otro punto de preocupación, según la CIDH, es la de que se habría iniciado en 2008 un “proceso de importación de un modelo carcelario de Estados Unidos, a través de la certificación internacional por parte del American Correctional Association (“ACA” por sus siglas en inglés)”.

De acuerdo con el reporte, el comisionado del Órgano Desconcentrado Administrativo Desconcentrado —que administra las prisiones— informó que al conseguir la certificación, a través del apoyo de la Iniciativa Mérida, “se consiguen apoyos en especie, tales como equipos tecnológicos y médicos”.

“Esta Comisión manifiesta su preocupación por la información recibida respecto a que por lo menos en algunos casos, los regímenes de los centros privatizados y la búsqueda por certificación internacional, serían planteados y ejecutados a partir de estructura de máxima seguridad estadounidense; lo que habría derivado en la aplicación de regímenes incompatibles con los derechos humanos”, indicó el reporte de la CIDH.

“En este sentido, dichos regímenes han implicado en la práctica excesivas restricciones de visitas por parte de familiares y defensores de las personas privadas de libertad; limitadísimo acceso al aire libre y actividades de recreación; revisiones físicas excesivas, incluso en partes íntimas del cuerpo de los visitantes”, agregó.

5.- Falta de atención diferenciada

La CIDH indicó que las mujeres que están encarceladas “se enfrentan a serios abusos y a condiciones que no están adaptadas a su condición; lo anterior, debido a la ausencia de perspectiva de género en la normativa local y políticas públicas”.

Organizaciones de la sociedad civil informaron a la Comisión que aproximadamente el 60 % de la población femenina se encuentra en centros de reclusión masculinos, “por lo que se encuentran en espacios que las colocan en un mayor riesgo de abusos por parte de otros internos y funcionarios”.

En cuanto a las personas con discapacidad que están en prisión, la CIDH apuntó que en su mayoría se encuentra en centros inadecuados para su condición o tratamiento, en sectores reducidos de las prisiones, con condiciones de insalubridad y hacinamiento.


El reporte completo:

Situación de Derechos Humanos en México CIDH:

  Situación de Derechos Humanos en México CIDH by http://www.animalpolitico.com

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/03/5-fallas-que-tiene-el-sistema-de-carceles-en-mexico-segun-la-cidh/

“La procuración de justicia es una simulación”, escucha una y otra vez, la CIDH por parte de víctimas.

Foto: Formato 7

A pesar del cambio de gobierno en diciembre de 2012, no habría cambios sustanciales en relación a las políticas de seguridad y a los niveles de violencia” asegura la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en su informe 2015. Una y otra vez, en todo el país, la CIDH escuchó de las víctimas que la procuración de justicia es una “simulación”, añade el organismo.

“La respuesta estatal enfrenta deficiencias, insuficiencias y obstáculos en su implementación”, por lo que son de especial preocupación las denuncias de desapariciones, ejecuciones extrajudiciales y tortura, señalan los defensores de derechos humanos. “En México sólo se han emitido seis sentencias en el ámbito federal por el delito de desaparición forzada”, puntualizan.

“La actual crisis de graves violaciones de derechos humanos que atraviesa México, es en parte consecuencia de la impunidad que persiste desde la “Guerra sucia” y que ha propiciado su repetición hasta hoy en día”, recuerda la CIDH.

La desaparición forzada de 43 jóvenes estudiantes de la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” en el estado de Guerrero, el 26 y 27 de septiembre de 2014, hechos en los que también resultaron heridas y asesinadas otras personas, constituye una grave tragedia en México, así como un llamado de atención nacional e internacional sobre las desapariciones en México. Asimismo, es una muestra de las graves deficiencias que sufren las investigaciones sobre estos hechos y la impunidad, abunda la Comisión.

En Tlatlaya Estado de México, en junio de 2014, Apatzingán Michoacán en enero de 2015 y Tanahuato y Ecuandureo, Michoacán en junio de 2015, con el paso del tiempo y la investigación, “los testimonios y los indicios apuntan a la presunta participación de autoridades federales y miembros de las fuerzas armadas”, evidencia la CIDH.

La Comisión informa que ha constatado en terreno “niveles críticos de impunidad y una atención inadecuada e insuficiente y a las víctimas y familiares”. “La falta de acceso a la justicia ha creado una situación de impunidad de carácter estructural que tiene el efecto de perpetuar y en ciertos casos impulsar la repetición de las graves violaciones a los derechos humanos”, puntualizan..

Informe: http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/Mexico2016-es.pdf#page=12&zoom=auto,-127,149

Fuente: Pozol Colectivo

http://www.pozol.org/?p=11956

En México, “niveles críticos de impunidad”: informe de la CIDH

Sobre el caso Ayotzinapa, apuntó que es "un ejemplo emblemático de la aparente colusión entre agentes del Estado e integrantes del crimen organizado".

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentó este miércoles su informe sobre la “situación de derechos humanos” en México, en el que consideró que existen “niveles críticos de impunidad” en el país. 

El documento aborda las desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y tortura, así como la situación de inseguridad ciudadana, el acceso a la justicia e impunidad, y la situación de periodistas, defensores y defensoras de derechos humanos y otros grupos afectados por el contexto de violencia en el país.

Además, recomienda al Estado que fortalezca sus esfuerzos “por proteger y garantizar los derechos humanos”.

La CIDH establece que “México atraviesa una grave crisis de violencia y de seguridad desde hace varios años”. 

“Durante el gobierno del ex presidente Felipe Calderón y el inicio en el 2006 de la llamada “guerra contra el narcotráfico”, las graves situaciones de violencia aumentaron hasta alcanzar niveles alarmantes, incluyendo la consecuente pérdida de más de cien mil personas, miles de desapariciones y un contexto que ha provocado el desplazamiento de miles de personas en el país. Como respuesta al incremento de la violencia, las autoridades han optado por aumentar el rol de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, incluyendo una política de confrontación contra el crimen organizado y el despliegue de operativos conjuntos entre las fuerzas armadas y las instituciones de seguridad estatales y municipales”, expone.

“Esta situación ha desatado aún mayor violencia así como violaciones graves a los derechos humanos en la que se observa una falta de rendición de cuentas conforme a los estándares internacionales”, abunda.

En tanto, la CIDH “constató una profunda brecha entre el andamiaje legislativo y judicial, y la realidad cotidiana que viven millones de personas en el país, en su acceso a la justicia, prevención del delito, y otras iniciativas gubernamentales. Una y otra vez, en todo el país, la CIDH escuchó de las víctimas que la procuración de justicia es una simulación“.

Con la llegada de Enrique Peña Nieto a la Presidencia, apuntó la CIDH, no hubo “cambios sustanciales en relación a las políticas de seguridad y a los niveles de violencia”.

Hoy por hoy, señaló, “son de especial preocupación las denuncias de desapariciones, ejecuciones extrajudiciales y tortura, así como la situación de inseguridad de las mujeres, la niñez, las personas migrantes, defensoras de derechos humanos y periodistas, quienes son víctimas de asesinatos, desapariciones, secuestros, tortura, amenazas y hostigamientos. México es considerado, además, uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo, exceptuando aquellos que están en guerra”.

Apuntó que en México “sólo se han emitido seis sentencias en el ámbito federal por el delito de desaparición forzada” y “las falencias en las investigaciones sobre desapariciones son graves y múltiples”. 

“México es en parte consecuencia de la impunidad que persiste desde la “Guerra Sucia” y que ha propiciado su repetición hasta hoy en día. Muchos casos de desaparición no se
denuncian debido a la desconfianza de los familiares en la capacidad de respuesta del Estado o su temor a sufrir represalias, y en los casos donde sí hay denuncia, la respuesta de las autoridades presenta graves deficiencias. En este contexto, en todos los lugares que la CIDH visitó durante su visita se reunió con víctimas, familiares y defensores, quienes describieron los obstáculos que han encontrado en su búsqueda de justicia y su desconfianza en las autoridades”, indicó.

En cuanto al caso de la desaparición forzada de 43 jóvenes estudiantes de la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” en Guerrero, el 26 y 27 de septiembre de 2014, la CIDH consideró que “constituye una grave tragedia en México así como un llamado de atención nacional e internacional sobre las desapariciones en México, y en particular en el estado de Guerrero”.

“Asimismo, es una muestra de las graves deficiencias que sufren las investigaciones sobre estos hechos y la impunidad estructural y casi absoluta en la que suelen quedar estos graves crímenes. Este caso es además un ejemplo emblemático de la aparente colusión entre agentes del Estado e integrantes del crimen organizado”, sentencia.

Por otra parte, la Comisión manifiesta que “coincide con otros organismos internacionales al señalar que en México la tortura es generalizada, y se presenta frecuentemente entre el momento de una detención—que suele ser arbitraria—y antes de que la persona detenida sea puesta a disposición de un juez. La CIDH observa que incluso en la investigación de los hechos ocurridos en Iguala, uno de los asuntos de mayor perfil en materia de derechos humanos en los últimos años, el 77% de las personas investigadas mostraban lesiones corporales, un indicio, por lo menos, de la existencia de apremios ilegales y posibles torturas perpetradas en su contra”.

La CIDH refiere que “ha constatado en terreno niveles críticos de impunidad y una atención inadecuada e insuficiente a las víctimas y familiares. La falta de acceso a la justicia ha creado una situación de impunidad de carácter estructural que tiene el efecto de perpetuar y en ciertos casos impulsar la repetición de las graves violaciones a los derechos humanos. Las amenazas, hostigamientos, asesinatos y desapariciones de personas que buscan verdad y justicia han generado un amedrentamiento en la sociedad mexicana”.


En este contexto, la CIDH hizo una serie de recomendaciones al Estado mexicano; aquí el informe que las incluye:

Mexico2016-es.pdf by Aristegui Noticias:

  Mexico2016-es.pdf

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://aristeguinoticias.com/0203/mexico/en-mexico-niveles-criticos-de-impunidad-informe-de-la-cidh/

Gobierno de Peña responde a la CIDH: su informe “parte de premisas y diagnósticos erróneos”

CIUDAD DE MÉXICO: Luego de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dio a conocer que la situación de derechos humanos en México ha empeorado en el sexenio de Enrique Peña Nieto, el gobierno federal aseguró que ese informe no refleja la situación general del país y se quejó de que parte de premisas y diagnósticos erróneos.

En un claro reclamo a la CIDH, las secretarías de Gobernación (Segob) y Relaciones Exteriores (SRE), así como la Procuraduría General de la República (PGR) del gobierno de Peña, subrayan que en el informe presentado por el organismo de la Organización de Estados Americanos (OEA) se desestimaron y no valoraron acciones a favor de los derechos humanos, que enumera.

La posición del gobierno de México al informe de la CIDH, producto de la visita que el organismo realizó en septiembre-octubre, indica que si bien el informe “da cuenta de algunos desarrollos en materia de derechos humanos, desafortunadamente no refleja la situación general del país y parte de premisas y diagnósticos erróneos, que no se comparten”.

Añade: “Tanto en la visita, como al término de ésta, el Estado mexicano fue enfático en afirmar que en nuestro país no se vive una crisis de derechos humanos, y que las observaciones preliminares de la CIDH –que hoy se retoman en el informe– se habían construido a partir de encuentros y entrevistas sobre temas específicos y en lugares focalizados, desestimando los avances y cambios estructurales que el gobierno de la República ha impulsado en los últimos años”.

FUENTE: PROCESO.

AUTOR: ÁLVARO DELGADO, PATRICIA DÁVILA.

LINK: http://www.proceso.com.mx/432085/gobierno-pena-responde-a-la-cidh-informe-parte-premisas-diagnosticos-erroneos

Estrategia de Peña Nieto empeoró situación de derechos humanos y violencia: CIDH

WASHINGTON: La estrategia del presidente Enrique Peña Nieto de conjugar a las fuerzas armadas y las policiales del Estado, así como a las municipales en la lucha contra el narcotráfico y en labores de seguridad agravó la crisis de derechos humanos y desató una mayor violencia contra la población civil, concluyó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

En su informe anual sobre la Situación de los Derechos Humanos en México en 2015, el órgano jurídico de la Organización de los Estados Americanos (OEA) destacó la falta de rendición de cuentas en el gobierno de Peña Nieto frente a las graves violaciones de las garantías individuales en el país.

“México atraviesa una grave crisis de violencia y de seguridad desde hace varios años”, asegura el documento y explica que esta situación comenzó en 2006, cuando el entonces presidente Felipe Calderón dio el banderazo de inicio a la lucha militarizada contra el narcotráfico y el crimen organizado. Ahora se mantiene, agrega, por la emulación que de ella ha hecho Peña Nieto.


De 236 páginas, el reporte de la CIDH destaca que por la lucha militarizada contra el narcotráfico de Calderón Honojosa y de Peña Nieto, en México “las graves situaciones de violencia aumentaron hasta alcanzar niveles alarmantes”. Ello provocó la muerte de más de 100 mil personas, miles de desapariciones y el desplazamiento de millares de personas por todo el país.

“Esta situación ha desatado mayor violencia así como violaciones graves a los derechos humanos en las que se observa una falta de rendición de cuentas conforme a las estándares internacionales”, recrimina el examen elaborado por la CIDH.

En su valoración, el órgano jurídico interamericano reconoce que desde 2011 el gobierno mexicano ha instrumentado reformas constitucionales y ha adoptado protocolos para investigar casos de tortura y desaparición forzada de personas. No obstante, sostiene que el gobierno de Peña Nieto no cumple con estos compromisos.

“Sin perjuicio de estos avances, la respuesta estatal enfrenta deficiencias, insuficiencias y obstáculos en su implementación. La CIDH constató una profunda brecha entre el andamiaje legislativo y judicial y la realidad cotidiana que viven millones de personas en el país en su acceso a la justicia, prevención del delito y otras iniciativas gubernamentales”, resalta el informe.

Procuración de justicia simulada

Para matizar el punto del incumplimiento del gobierno del presidente priista en la instrumentación de mecanismos para proteger los derechos humanos, la CIDH apunta que al recoger testimonios de ciudadanos víctimas de la violación de sus garantías individuales y de la violencia, estos calificaron como “una simulación” a la procuración de justicia en México.

Según la CIDH, entre el gobierno de Calderón y el de Peña Nieto “no han habido cambios sustanciales” en la instrumentación de políticas de seguridad y como resultado de ello, ni en los niveles de violencia que azotan y se registran con incrementos en el país.

“Son de especial preocupación las denuncias de desapariciones, ejecuciones extrajudiciales y tortura, así como la situación de inseguridad de las mujeres, la niñez, las personas migrantes, defensoras de derechos humanos y periodistas, quienes son víctimas de asesinatos, desapariciones, secuestros, tortura, amenazas y hostigamientos”, estipula el informe.

Por si fuera poco, agrega, “México es considerado, además, como uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo, exceptuando aquellos que están en guerra”.

En cuanto a las políticas de seguridad aplicadas en el actual gobierno, la CIDH denuncia que en algunos estados del país “va en aumento” el número de casos de personas desaparecidas, pese a que la cantidad de este tipo de delitos ha bajado a nivel nacional desde el 2013.

La realidad que se vive en México sobre la desaparición forzada de personas obligó a la CIDH a comparar la actualidad de este problema de derechos humanos con el que se vivió en la década de los años 60 y 80 del siglo pasado, durante la llamada Guerra Sucia.

“Especialmente grave es la información amplia y consistente recibida por la CIDH a través de sus distintos mecanismos, sobre la existencia de una práctica de desapariciones forzadas a manos de agentes del Estado o con la participación, aquiescencia o tolerancia de las mismas”, se lee en el informe.

Los ejemplos de la impunidad

La razón de que en México se vive una profunda crisis de violación a los derechos humanos, según la CIDH, es la “impunidad” que impera en el gobierno de Peña Nieto para castigar a los responsables de estos delitos internacionales.

“Muchos casos de desaparición no se denuncian debido a la desconfianza de los familiares (de las víctimas) en la capacidad de respuesta del Estado o su temor a sufrir represalias. Y en los casos donde sí hay denuncia, la respuesta de las autoridades presenta graves deficiencias”, sostiene la CIDH.

El problema de impunidad en la actual administración, de acuerdo con el informe, no es una simple percepción, sino el resultado de las investigaciones de organismos nacionales e internacionales dedicados a la defender los derechos humanos.

Como un ejemplo de impunidad, el organismo cita el caso de la desaparición de los 43 estudiantes de la normal Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, en Iguala, Guerrero, en septiembre de 2014.

Entre los casos que la Comisión menciona como las violaciones más graves a los derechos humanos en México, con un alto grado de impunidad y la participación de agentes del Estado, pone especial énfasis en la ejecución de 22 civiles en Tlatlaya, Estado de México, en junio de 2014; así como la muerte de civiles en Apatzingan, Michoacán en enero de 2015.

Sobre éste último, resalta el enfrentamiento entre agentes del Estado y presuntos criminales en Tanhuato y Ecuandureo, Michoacán, en junio de 2015, incidente en el que perdieron la vida 42 civiles y un policía federal.

“Con el paso del tiempo y la investigación, los testimonios y los indicios apuntan a la presunta participación de autoridades federales y miembros de las fuerza armadas, a la alteración de la escena del crimen a fin de presentar la situación como si se tratara de enfrentamientos e irregularidades en las investigaciones”, sentencia el órgano jurídico de la OEA.

El reporte de la CIDH es el resultado de la “visita in loco” que realizó este organismo interamericano a México del 28 de septiembre al 2 de octubre de 2015. Entre las conclusiones a las que llegó es que bajo el gobierno de Enrique Peña Nieto, las ejecuciones extrajudiciales, la práctica de la tortura, la desaparición forzada de las personas y la impunidad se mantienen como el común denominador en las violaciones a los derechos humanos.


“El gran desafío del Estado radica en romper el ciclo de impunidad imperante a fin de lograr una efectiva prevención, investigación, procesamiento y sanción de los responsables de derechos humanos”, concluye en su reporte la CIDH.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: J. JESÚS ESQUIVEL.
LINK: http://www.proceso.com.mx/432055/estrategia-pena-nieto-empeoro-situacion-derechos-humanos-violencia-cidh

Ayotzinapa, ejemplo emblemático de la colusión entre agentes del Estado y crimen organizado: CIDH

WASHINGTON: En clara confrontación con la posición del presidente Enrique Peña Nieto, la CIDH estableció que la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa es un “ejemplo emblemático” de la crisis de derechos humanos que se vive en ese estado sureño y en todo el territorio mexicano.

“Este caso es además un ejemplo emblemático de la aparente colusión entre agentes federales del Estado e integrantes del crimen organizado”, sentencia la CIDH en su informe sobre “Situación de los derechos humanos en México, 2015”.

La semana pasada, durante una ceremonia marcial en Iguala, Guerrero, para conmemorar el Día de la Bandera, Peña Nieto intentó minimizar el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, desaparecidos el 26 y 27 de septiembre de 2014 en aquel municipio guerrerense.


“Iguala es un municipio emblemático en nuestra historia, no puede quedar marcado por esos trágicos acontecimientos. Su gente merece ser conocida por sus fortalezas, por su calidez y su firme carácter para alcanzar logros a favor de su comunidad”, declaró Peña Nieto.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: J. JESÚS ESQUIVEL.
LINK: http://www.proceso.com.mx/432056/ayotzinapa-ejemplo-emblematico-la-colusion-agentes-del-crimen-organizado-cidh

Contra el GIEI, la sombra del Yunque

CIUDAD DE MÉXICO: El abogado José Antonio Ortega Sánchez llama “pillos”, “hato de rufianes”, “encubridores” y “verdaderos criminales” que deben ser expulsados de México a los miembros del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que investigan el caso Ayotzinapa, pero éstos estiman que en la campaña “de descalificación personal e infamia” hay alguien detrás de este exaltado activista.

“El señor Ortega es el que está liderando esta campaña, pero habría que mirar quién está detrás”, aseguró al corresponsal de Proceso en Bogotá, Rafael Croda, la exfiscal de Colombia Ángela María Buitrago. “Su propósito es obstaculizar la investigación y la defensa de los derechos humanos, impedir que haya un esclarecimiento del caso y favorecer la impunidad” (Proceso 2049).

–¿Quién está detrás de usted? –le pregunta este reportero a Ortega Sánchez.
–¡Nadie, sólo mi conciencia! –responde.
–¿Es el Ejército?
–No. A todos nos interesa el esclarecimiento pleno del caso de Ayotzinapa. Todo lo que he hecho y hago es desde la organización que presido y con información que voy obteniendo.

Presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública y Justicia Penal, que impulsa una agenda de seguridad y política con un discurso conservador, Ortega Sánchez defiende su independencia y responde con preguntas:

“¿Quién está detrás de mí cuando presenté la denuncia penal contra el exgobernador Rogelio Ortega Martínez por secuestro? ¿Quién está detrás de mí cuando presenté la denuncia por peculado contra Graco Ramírez, actual gobernador de Morelos? ¿Quién está detrás de mí cuando presenté la denuncia por narcotráfico contra el exgobernador Andrés Granier y su procurador? ¿Quién está detrás de mí cuando defendí a Florence Cassez?”

En realidad, Ortega Sánchez no actúa solo. Lo hace, como en otras ocasiones, como punta de lanza de la extrema derecha de México y específicamente de El Yunque, la organización implantada en varios países de América y Europa, como España –donde también ha sido ya desenmascarada– y Colombia, donde tiene vínculos del más alto nivel político y militar.


Fragmento del reportaje que se publica en la edición 2052, ya en circulación

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ÁLVARO DELGADO.
LINK: http://www.proceso.com.mx/431698/contra-el-giei-la-sombra-del-yunque

Responde la PGR al GIEI: rechaza que obstaculice y fragmente caso Ayotzinapa

CIUDAD DE MÉXICO: La Procuraduría General de la República (PGR) respondió al informe dado a conocer este domingo por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y destacó que éste ha tenido acceso en todo momento a las constancias de la averiguación previa radicada en la Oficina de Investigación del Caso Iguala creada en la Subprocuraduría de Derechos Humanos.


“La indagatoria de los hechos de Iguala durante la actual administración se ha caracterizado por su apertura y transparencia con los familiares, sus representantes y el GIEI, así como con la sociedad en su conjunto”, indicó la PGR en un comunicado.

En conferencia de prensa a dos meses de que concluya el mandato del GIEI, sus cinco integrantes revelaron este domingo que se les ha restringido el acceso a 12 averiguaciones previas abiertas en la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia  Organizada (Seido), relacionadas con la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa.


El grupo alertó además sobre el intento de la PGR de “generar una quinta versión de los hechos”, frente al desmantelamiento de la “verdad histórica”.

“La investigación no está fragmentada. La Oficina de Investigación del Caso Iguala se encarga de la indagatoria de los hechos respectivos, mientras que la SEIDO conoce eventos relacionados con delincuencia organizada y otros delitos de su competencia, sin que ello implique que deje de remitir las declaraciones de inculpados vinculados directamente con el Caso Iguala para su desahogo”, respondió la PGR.

En el comunicado, la PGR considera necesario precisar y establecer con toda claridad, con base en las constancias ministeriales existentes en el expediente, mismas que próximamente se darán a conocer por medio de una ampliación de la versión pública, los siguientes puntos:

Agrega que en observancia a su mandato como coadyuvante técnico, el GIEI ha tenido acceso directo a la información contenida en el expediente, como son las detenciones señaladas por el propio Grupo, y por otra parte la SEIDO ha remitido a la oficina de investigación de la Subprocuraduría de Derechos Humanos los datos de prueba que pudieran estar relacionados con los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014, aun y cuando esos datos pudieran haber tenido su origen en otros ilícitos ocurridos en fechas distintas.

La PGR reiteró que la indagatoria sobre el caso Iguala se encuentra abierta; cualquier línea de investigación será agotada exhaustivamente, tanto por ser una obligación que la ley establece, como por convicción de la institución, indicó.

Agrega que la consignación de los 22 policías señalados por el GIEI fue realizada el 30 de septiembre de 2014 por las autoridades del Estado de Guerrero y el acto reclamado en el Juicio de Amparo es la formal prisión dictada por un juzgado del fuero común. Sin embargo, la PGR ha dado seguimiento al juicio de amparo, sobre el cual interpuso un recurso de revisión que será resuelto por el Tribunal Colegiado correspondiente.

La PGR consideró necesario aclarar a la opinión pública que estas mismas personas están sujetas también a procesos federales por los delitos de delincuencia organizada y secuestro, por lo que en el supuesto sin conceder de que se actualizara la hipótesis señalada por el GIEI, ninguno de los 22 policías podría obtener su libertad hasta en  tanto los jueces federales así lo resolvieran.

La PGR señaló que brindó su apoyo a la representación legal en el seguimiento a la toma de muestra del ADN de Julio César Mondragón, dentro del proceso local. Las diligencias del caso fueron realizadas por una autoridad ministerial del fuero común, quien a su vez, consignó ante un Órgano Jurisdiccional del mismo fuero.

Destacó que dichas diligencias fueron ordenadas por la autoridad judicial local, dentro de la causa penal y no constituye un acto de investigación ordenado por el Ministerio Público de la Federación, como pareciera entenderse, ya que la solicitud formulada por los familiares de Mondragón Fontes de toma de ADN, tuvo que pasar por la autorización y posterior trámite entre órganos jurisdiccionales estatales, sirviendo la PGR como conducto para acortar tiempos.

De igual manera, aclaró que los señalamientos relacionados con el posible trasiego de droga entre Iguala y Chicago forma parte de las diversas líneas que están siendo investigadas.

Asimismo, la dependencia reiteró su rechazo y desaprobación a las filtraciones de información, por lo que instruyó al MPF investigar estos hechos. Cabe señalar que a esta información tienen acceso diversos actores procesales.

Precisó que la autoridad ministerial y los actores procesales tienen la obligación de guardar sigilo y secrecía en las indagatorias.


La Procuraduría General de la República se encuentra analizando debidamente la pertinencia y el apego a la ley de cada una las solicitudes pendientes del GIEI para su acuerdo. En este sentido se informa que las primeras 177 solicitudes (26% del total de peticiones) ya están debidamente atendidas; las 31 formuladas en el periodo previo a la prórroga del mandato (5% del total) y las 469 contenidas hasta este momento en la segunda etapa (69% del total) se encuentran con un amplio avance de atención.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.proceso.com.mx/430893/pgr-responde-al-giei-investigacion-sobre-caso-ayotzinapa-no-esta-fragmentada