El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) determinó que la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) debe informar el folio único de búsqueda y la entidad federativa donde desapareció cada una de las 20 mil 193 personas reportadas como localizadas al 18 de marzo de 2024

La ex integrante del Consejo Nacional Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda, Virginia Garay Cázares, acusó a la Comisionada Nacional de Búsqueda, Teresa Reyes, de excluir a las familias de personas desaparecidas para la toma de decisiones en la materia.

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) instruyó a la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas (CNBP) dar a conocer cuántas acciones de búsqueda de personas desaparecidas le fueron solicitadas en 2023 por parte de cada uno de los colectivos especializados en la materia.

Según el caso expuesto por la Comisionada del INAI, Blanca Lilia Ibarra Cadena, una persona hizo una solicitud de información a la CNBP luego de que un funcionario federal de alto rango señaló en una entrevista que el año pasado se habían recibido 302 solicitudes de acción por parte de colectivos que se dedican a la búsqueda de personas, pero que sólo se pudieron atender 32, detalló el INAI en un comunicado.

El censo de personas desaparecidas publicado en las páginas web de la Estrategia y del Registro Nacional de Personas Desaparecidas es “apenas un ejercicio, el real no es público”, dijo Xasni Pliego, directora general de Vinculación y Políticas Públicas de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), a la madre buscadora Ana Enamorado y su abogado, Sandino Rivero, previo a una reunión no programada a la que accedieron los funcionarios luego de la protesta de varias familias de víctimas en las puertas de dicha institución.

Ana es madre del hondureño Óscar Antonio López Enamorado, quien fue desaparecido en México el 19 de enero del 2010 en Jalisco. El subregistro de migrantes desaparecidos en el país es una de las inconsistencias más graves denunciadas por madres y colectivos de búsqueda, y según diversas fuentes las víctimas podrían ser hasta 35 mil personas.

Hasta el 31 de enero, de acuerdo con el recuento que los mismos exempleados han hecho, más de 100 personas servidoras públicas de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas han sido despedidas, presionadas para renunciar o rechazada la posibilidad de renovar sus contratos.

Entre ellas, se cuentan 45 personas de la Dirección General de Búsqueda –hoy a cargo de Carlos Alberto Reyes Campos–, que se encargaban de diferentes tareas relacionadas con la búsqueda de poblaciones desaparecidas en contextos específicos como la Guerra Sucia, migrantes, asuntos internacionales, búsqueda generalizada e individualizada y análisis de contexto.