Organizaciones civiles evidencian ante la ONU agudización de violaciones a derechos humanos en Oaxaca

Este jueves 27 de septiembre fue presentado el informe “Bajo ataque, los derechos humanos en Oaxaca”, realizado por organizaciones civiles oaxaqueñas en el marco del Examen Periódico Universal (EPU) ante la ONU, al que el Gobierno Mexicano será sometido este año.

La realización del tercer informe ciudadano contempló para su elaboración el periodo comprendido entre 2013-2018”y fue coordinado por el Comité de Defensa Integral de los Derechos Humanos Gobixha, Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca, Espiral por la Vida y Servicios para una Educación Alternativa.

2018 inicia con más ataques a los derechos humanos

En México, la norma es que las terribles violaciones a los derechos humanos queden en la impunidad, y por ello mismo se reproduzcan cada vez con mayor violencia y peores repercusiones generando un número cada vez más amplío de víctimas.

Y es en este contexto en el cual 2018, año de elecciones de por sí convulsas, marcará un muy grave retroceso en esta materia y de ello dan cuenta ya dos graves sucesos, ocurridos en los primeros días de enero.

Reitera México que indagará acusaciones contra militares

Ciudad de México. El gobierno de México reiteró su compromiso para investigar diligentemente, a través de la Procuraduría General de la República (PGR), los hechos de su competencia presuntamente cometidos por miembros de las Fuerzas Armadas en contra de civiles, en los términos establecidos en la ley y así, cerrar cualquier espacio de impunidad.

Saquean oficinas de la CEDH en Playas de Rosarito

Las instalaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Baja California–CEDH-, ubicadas en Playas de Rosarito, fueron saqueadas y vandalizadas por tercera ocasión en lo que va del 2017, robos a los que se suman los 2 cometidos en las oficinas de San Quintín, así como el hurto de 6 vehículos.


De los hechos ocurridos durante el fin de semana, cuando no hay actividad, la Comisionada Melba Olvera dijo, “no queremos suponer que sea una agresión directa”, aunque sí se dijo preocupada porque, en el caso de Rosarito, las oficinas se ubican a una cuadra de la Dirección Municipal de Seguridad Pública y a media cuadra de Palacio municipal.

Cuestionan nombramiento de ombudsman mexiquense; “profundiza la ilegitimidad”: CDHZL

CIUDAD DE MÉXICO: El Centro de Derechos Humanos “Zeferino Ladrillero” (CDHZL) cuestionó la elección de Jorge Olvera García como ombudsman en el Estado de México, por su cercanía con el poder político y económico de la entidad.

“Los diputados locales, sin sorpresas y fieles a la tradición política de la entidad –vertical y excluyente–, nombraron a un hombre cercano al poder político y económico”, destacó en un comunicado el coordinador del CDHZL, José Antonio Lara Duque.

Derechos Humanos de Querétaro le inventa un delito a una trabajadora para despedirla

El titular de la Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro acusó del robo de un auto a una de sus empleadas para poder correrla.

En México, el acceso al trabajo en condiciones justas y equitativas es considerado, desde el año 2011, como un “derecho humano”: irrenunciable, no cancelable y, sobre todo, de protección obligatoria para todas las autoridades.

Sin embargo, en el caso de Querétaro, donde vive María Vianney Martín del Campo, el modelo se invierte: aquí, con tal de no reconocer sus derechos laborales, las autoridades encargadas de proteger los derechos humanos en el estado le fabricaron un delito que nunca existió.

Abogado y ciudadanos solicitan juicio político contra presidente de la CEDH en Sonora

HERMOSILLO, Son: El abogado Juan Antonio Ortega, en representación de decenas de ciudadanos, solicitó al Congreso local el inicio de un juicio político contra el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Raúl Arturo Ramírez Ramírez, por el supuesto incumplimiento de un deber legal, blanqueo de dinero en Estados Unidos, riqueza inexplicable y ejercicio abusivo de funciones.


La solicitud de juicio político en detrimento del llamado ombudsman sonorense, responde a que no encontró irregularidades en el proceso de arraigo y detención de Gisela Peraza, la exama de llaves de Casa de Gobierno encarcelada sin pruebas durante cuatro años, dos meses y 28 días en la administración de Guillermo Padrés.

La exempleada doméstica fue golpeada y torturada antes y durante su captura, según consigna el expediente 54/2013 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). Sin embargo, el ombudsman local desdeñó la denuncia de la inculpada.

Cuando Peraza fue liberada, interpuso una demanda penal contra Padrés y 18 de sus exfuncionarios por la presunta comisión de los delitos de tortura, abuso de autoridad, tráfico de influencias y asociación delictuosa.

Además, ella y su abogado solicitaron a la Procuraduría General de Justicia en el Estado (PGJE) que el presidente de la CEDH rindiera declaración sobre el caso. No obstante, éste se negó a rendir un informe, al grado que tramitó un amparo para no presentarse ante un juez.

En la solicitud de juicio político contra Ramírez Ramírez se añaden copias de cuentas bancarias que acumulan 20 millones de pesos en transacciones en el periodo de 2012 a 2015, cantidad injustificable si se compara con los 93 mil pesos que recibe mensualmente en ingresos.

El abogado Juan Antonio Ortega informó que al acusado se le encontró una fortuna de medio millón de dólares en bancos estadunidenses en una investigación realizada por el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés).

La petición de juicio político también se fundamenta en el ejercicio indebido de funciones del titular de la CEDH, luego de despedir injustamente a 39 trabajadores y la contratación injustificada de otros 100 empleados.

Asimismo, documenta que en la Comisión existen cinco empleados que cobran sin trabajar, conocidos como “aviadores”, y acusa que Ramírez Ramírez contrató a cinco de sus parejas y exparejas sentimentales.

La presidenta de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos en el Congreso local, la panista Célida López, se ha rehusado por semanas a emitir una declaración sobre estas irregularidades encontradas.

Y ante la omisión institucional y gubernamental en este caso por supuestos acuerdos políticos originados en el PAN, hace unos días la Confederación de Colegios y Asociaciones de Abogados de México (Concaam) ofreció total apoyo al abogado Ortega para fortalecer la solicitud de juicio político.

“Para estar al frente de la oficina de derechos humanos, se requieren humanos derechos, que no abusen del poder”, ironizó el litigante Ortega.

Al respecto, el presidente de la CEDH, Raúl Arturo Ramírez Ramírez, argumentó que no emitió resolución alguna en el caso de Gisela Peraza porque fue atraído por la CNDH. En referencia a las investigaciones en su contra, explicó que el artículo 14 de la Comisión a su cargo le ofrece la garantía de no ser sujeto a investigaciones procesales.


“En los siete años que llevo aquí en la Comisión, jamás he recibido alguna recomendación, una corrección de plana y ni siquiera se ha señalado una irregularidad cometida por nuestra parte. Entonces, estamos muy tranquilos y a la espera de cualquier solicitud que se nos pueda hacer”, justificó.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: MILTON MARTÍNEZ
LINK: http://www.proceso.com.mx/475450/abogado-ciudadanos-solicitan-juicio-politico-contra-presidente-la-cedh-en-sonora

Sinaloa: interponen queja ante CEDH por funcionario que llamó “jotos” a turistas

El secretario de Desarrollo Económico, Javier Lizárraga Mercado, pidió disculpas y dijo que estas expresiones fueron mal interpretadas.

Luego de que el secretario de Desarrollo Económico en Sinaloa, Javier Lizárraga Mercado, se refirió a turistas como “jotos”, integrantes de la comunidad lésbico-gay acudieron a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) para interponer una queja.

De acuerdo con Noroeste, el funcionario se encontraba con empresarios y autoridades del municipio de Salvador Alvarado, cuando señaló que en 2013 un crucero arribó a Mazatlán con pasajeros del “otro laredo, de los jotos y que no los dejó entrar (Alejandro) Higuera (presidente municipal)”.

Tiago Ventura, vocero de la diversidad sexual en Sinaloa, dijo que este tipo de declaraciones realizadas por el también empresario deben ser sancionadas. 

“(Que) se sancione al servidor público por la violación al artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con sus expresiones de discriminación y de odio emitidas el pasado 15 de febrero”, mencionó.

Tras recibir críticas en redes sociales, Lizárraga Mercado se vio obligado a rectificar sus expresiones, pues -dijo- fueron interpretadas como homofóbicas.


El funcionario pidió disculpas por su lenguaje y precisó que su intención no fue ofender a ninguna persona o grupo por sus preferencias sexuales.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://aristeguinoticias.com/1702/mexico/sinaloa-interponen-queja-ante-cedh-por-funcionario-que-llamo-jotos-a-turistas/

CEDH de Michoacán pide a Osorio Chong trasladar a Mireles a penal de Mil Cumbres

MORELIA, Mich: La Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) envío el oficio 0004/17 al secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong, para pedirle el traslado de José Manuel Mireles Valverde, exvocero de autodefensas, al Cereso de Morelia David Franco Rodríguez conocido como “Mil Cumbres”.


Según el organismo, el documento fue recibido el miércoles pasado en Gobernación y hoy en la Secretaría de gobierno de Michoacán y en la Dirección de Reclusorios.

En la petición se señala que Mireles está recluido en el Cefereso Número 4 de Tepic Nayarit por delitos de portación de armas de uso exclusivo del Ejército y Fuerza Aérea, y que la solicitud del traslado obedece a que la CEDH, comprobó que la salud del doctor está muy deteriorada.

“La petición de ser traslado a un centro de retención más cercano a su hogar y sus familiares, es consecuente con el derecho humano consagrado en el artículo 18 de nuestra carta magna, de ser recluido en un centro cercano a su domicilio, incluso para facilitar su derecho a la defensa”, señala el oficio de la CEDH.

Y le señalan a Osorio Chong que las fracciones I y III del artículo 8 del Reglamento del Órgano Administrativo y Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, dependiente de la Secretaría de Gobernación, le otorgan las facultades para autorizar el traslado de internos del fuero federal dentro y de entidades federativas.

Además le recuerda al funcionario federal que “en un contexto de violencia desbordada y del empoderamiento de los grupos criminales en Michoacán en años anteriores” Mireles Valverde se enfrentó no al Estado Mexicano, sino a grupos criminales “para defender legítimamente su vida y la de muchos otros, la dignidad y los bienes.


“Desde esta óptica de los derechos humanos, se puede considerar que el interno Mireles, en su momento, fue un coadyuvante del Estado y no su enemigo”, subraya la CEDH.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: FRANCISCO CASTELLANOS.
LINK: http://www.proceso.com.mx/470813/cedh-michoacan-pide-a-osorio-chong-trasladar-a-mireles-a-penal-mil-cumbres

Congreso avala designación de exmagistrado como ombudsman de Campeche

CAMPECHE, Cam: El Congreso local aprobó hoy la designación del exmagistrado Juan Antonio Renedo Dorantes como presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche (CDHEC).

Renedo Dorantes relevará a Ana Patricia Lara Guerrero, quien estuvo al frente del organismo durante dos periodos y cuya gestión concluye el próximo lunes 19.

El próximo ombudsman fungió 19 años como magistrado numerario del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJEC), al cual renunció el pasado 1 de diciembre, fecha desde la que ya se especulaba su arribo a la CDHEC.

Durante su desempeño como magistrado, el también decano de la Universidad Autónoma de Campeche (UAC) legitimó elecciones presuntamente fraudulentas como la de gobernador en 1997, sobre las que hasta ahora pesa la sospecha de que el priista Antonio González Curi arrebató el triunfo a la entonces candidata externa del PRD, Layda Sansores San Román.

De la misma manera, el Congreso aprobó ayer el nombramiento del cuestionado juez Luis Lanz Gutiérrez de Velasco como magistrado supernumerario del TSJEC.

El nuevo magistrado es hijo del exrector de la UAC Humberto Lanz Cárdenas; sobrino del exmagistrado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y exsenador José Trinidad Lanz Cárdenas y del extinto exgobernador Eugenio Echeverría Castellot.

También es primo del presidente de la Junta de Gobierno del Congreso local, Ramón Méndez Lanz; del delegado de la Secretaría del Trabajo, Víctor Méndez Lanz, de la diputada federal Adriana Ortiz Lanz, y del comisionado estatal de Seguridad Pública, Manuel Lanz Novelo.

En junio pasado el corporativo Multimedios Campeche, que edita los diarios El Expreso y La Opinión, acusó al juez Luis Enrique Lanz Gutiérrez de Velasco de servir a intereses ajenos a la justicia.

El juzgador sentenció a La Opinión a indemnizar con 6 millones de pesos a la exlideresa estatal de la Confederación Nacional Campesina (CNC), Sonia Cuevas Kantún, sentando “un precedente peligroso para el estado”, subrayó la empresa.

En vísperas del fallo los dos rotativos, que son propiedad de Alejandro Castillo Illescas, yerno del exsecretario de Obras Públicas Jorge Luis González Curi, iniciaron primero una campaña con mensajes cifrados para denunciar que “altos funcionarios” intentaban acallarlos.

En sus ediciones del pasado 21 de junio dieron a conocer que Lanz Gutiérrez de Velasco sentenció a La Opinión –de circulación gratuita– a pagar una indemnización de 6 millones de pesos a Cuevas Kantún por daño moral.

La también exalcaldesa de Calkiní, a quien políticamente se vincula con el Núcleo Comunicación del Sureste de la familia Arceo, que edita los diarios Tribuna y Crónica de Campeche, competencia de Expreso, denunció a La Opinión por el manejo noticioso que dio al homicidio de la joven Florencia Azalea Cabrera May.

La chica fue asesinada el 20 de noviembre de 2012 por su novio Edward Alejandro Cuevas Santini, sobrino de Cuevas Kantún, quien arrojó el cadáver al fondo de un pozo localizado en un predio propiedad de su tía. El joven se confesó culpable y fue sentenciado por el homicidio.

Cuevas Kantún, suplente del senador Raúl Pozos Lanz, acusó de daño moral a La Opinión por haber difundido entrevistas de los familiares de la víctima, en las que la acusaban de pretender encubrir a su sobrino valiéndose de sus influencias políticas.

El medio, por su parte, acusó al juez de haber desechado sus pruebas y consideró sospechoso que sólo procediera en contra de La Opinión, por lo que calificó la sentencia como “injusta, excesiva y contraria a derecho”.

“¿Qué intereses estará protegiendo el juez Luis Enrique Lanz Gutiérrez de Velasco?”, cuestionó el diario, y dejó a la consideración de sus “miles de lectores juzgar la actuación de un juez cuyos argumentos legales para justificar el fallo en contra de los directivos, editores y coeditores representa un precedente peligroso para todos los medios de comunicación” en el estado.


Desde entonces ya se especulaba que lo harían magistrado.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ROSA SANTANA.
LINK: http://www.proceso.com.mx/466649/congreso-avala-designacion-exmagistrado-ombudsman-campeche

Indagará CEDH de Tabasco posible participación de policías en secuestro de migrantes

VILLAHERMOSA, Tab: La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) investigará la denuncia de La 72, Hogar Refugio para Personas Migrantes de Tenosique, sobre la participación de policías del municipio de Cárdenas en el secuestro y extorsión de migrantes.

Pedro Calcáneo Argüelles, presidente de la CEDH, adelantó que se reunirá con integrantes de La 72 para que formalicen ante esa institución la denuncia y se abra un expediente de queja para indagar los hechos.

Dijo que en lo que va del año, la CEDH no tiene registrada ni una sola denuncia por secuestro de migrantes en Tabasco.

Mediante un comunicado, el Hogar Refugio La 72 denunció la forma en que delincuentes y policías de Cárdenas secuestran y extorsionan a migrantes que transitan por ese municipio.

Detalló que en la Central de Autobuses de Cárdenas “los criminales mantienen informantes las 24 horas que identifican a las personas migrantes y los entregan o canalizan a la policía municipal”.

Luego de “esta corporación los entrega al crimen organizado, no sin antes extorsionarlos y quitarles dinero. En las casas de seguridad o centros donde los mantienen privados de su libertad”.

Y bajo una fuerte tortura psicológica y física, existe toda una infraestructura y división del trabajo, “desde las personas que hacen la comida, hasta aquellas que los curan de las torturas”.

Una vez que han recibido el pago del rescate de parte de los familiares de migrantes, “les dan dinero para que regresen, no sin antes advertirles que cualquier denuncia significará la muerte, pues tienen gente en toda la zona: Tenosique, Palenque, Salto de Agua, Chontalpa, Villahermosa, Cárdenas, etcétera”, añadió.

El organismo defensor de los migrantes, que encabeza Fray Tomás González Castillo, informó que en lo que va de 2016 han documentado ocho secuestros masivos de migrantes en Cárdenas y han presentado denuncias ante la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Procuraduría General de la República (PGR), dependencias que “no han hecho absolutamente nada” para castigar a los responsables.

Han dejado en la “impunidad” a los policías involucrados en los plagios, deploró La 72 y añadió que ya se puede hablar “de una cronología de la ignominia”.

Agregó que, además, en los últimos días han recibido testimonios de mujeres que son violadas y hombres asaltados “con violencia impresionante”, quienes, adicionalmente, han sido privados de su libertad por varias horas.

En tanto, el aseguramiento de migrantes en Tabasco por parte del Instituto Nacional de Migración (INM) creció 50 por ciento del mes de julio a agosto.

Según el último reporte de la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación, en julio fueron asegurados mil 290 y mil 812 en agosto. En abril, mil 936 y en mayo mil 910.

De enero a agosto, fueron asegurados en la entidad 13 mil 399 migrantes, para seguir en el tercer lugar nacional detrás de Chiapas (47 mil 161) y Veracruz (14 mil 658).

La mayoría son centroamericanos, principalmente hondureños, guatemaltecos y salvadoreños.


En los primeros ocho meses de 2016 fueron asegurados 116 mil 312 migrantes indocumentados en todo el país.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ARMANDO GUZMÁN.
LINK: http://www.proceso.com.mx/457765/indagara-cedh-tabasco-posible-participacion-policias-en-secuestro-migrantes

Informe omite reporte del GIEI sobre los 43 normalistas

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Gobierno marcado por el registro oficial de al menos 27 mil desaparecidos, en particular por el de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Isidro Burgos de Ayotzinapa, el IV Informe de la gestión de Enrique Peña Nieto muestra los bajos resultados en materia de búsqueda y localización de personas y la ausencia del caso que puso a México en la mirada internacional.

En el apartado “Garantizar el respeto y protección de los derechos humanos y la erradicación de la discriminación”, del primer capítulo “México en paz”, destaca la creación de la Fiscalía Especializada en Búsqueda de Personas Desaparecidas (FEBPD), dependiente de la Procuraduría General de la República (PGR) el 9 de octubre de 2015, “la cual al 31 de julio de 2016, localizó a 13 personas”.

El resultado magro de la FEBPD es evidente al tener bajo investigación al menos mil averiguaciones previas.

De acuerdo con el documento presidencial, la entidad presidió 45 mesas de trabajo con familiares de desaparecidos de Coahuila, Guerrero, México, Nuevo León, Querétaro y Veracruz, encuentros en los que participaron representantes de la Policía Federal Ministerial, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) y de las fiscalías y procuradurías de dichas entidades.

Durante la existencia de la FEBPD, se indica en el IV Informe, se publicaron 22 acuerdos de recompensa para obtener información de mismo número de desaparecidos, a través del Comité de Recompensas.

El documento señala que otra de las plataformas institucionales para abatir la desaparición se ejerció a través de la Fiscalía Especial para Delitos de Violencia contra las Mueres y Trata de Personas (Fevimtra), que en el año de análisis integró 176 expedientes, de los cuales 145 correspondían a personas desaparecidas y 31 casos se refirieron a violaciones de derechos humanos.

Tras sostener que las denuncias presentadas derivaron en la implementación de mil 911 acciones de colaboración, el informe asegura que se localizaron a 36 personas, 31 de ellas con vida.

En materia de menores de edad, el informe registra la activación de 132 prealertas y alertas AMBER, además de la localización de 84 menores y adolescentes en las primeras 72 horas de presentadas las denuncias.

En cuanto a recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), se advierte un crecimiento de las mismas, pues mientras en 2015 se canalizaron 60, en los primeros siete meses de 2016 se habían acumulado 36, lo que representa 60% de los documentos emitidos por el ombudsman nacional.

De acuerdo con el documento, entre el 1 de septiembre de 2015 y el 31 de julio de 2016, 33 recomendaciones de la CNDH estuvieron dirigidas a entidades de la administración pública federal.

En el apartado destinado a las Resoluciones de Organismos Internacionales, el reporte presidencial de Peña Nieto no hace referencia a la entrega de los informes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), creado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) como parte de un acuerdo de cooperación técnica para la búsqueda de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en septiembre de 2014, en cumplimiento de las medidas cautelares emitidas por el organismo que forma parte de la Organización de Estados Americanos (OEA).

Los informes del GIEI fueron entregados en septiembre 2015 y en mayo de este año, ambos están dentro del periodo del reporte de actividades del gobierno federal.

En la sección de las resoluciones internacionales se da cuenta de cuatro soluciones amistosas de casos contenciosos ante la CIDH, un acuerdo para la atención a un informe de fondo, dos reconocimientos públicos de responsabilidad del Estado en violaciones a derechos humanos y la instalación de un Mecanismo de seguimiento de casos de tortura sexual, en cumplimiento con la recomendación de la CIDH.

Respecto al tema de la tortura, el Cuarto Informe de gobierno refiere que desde la creación de la Unidad Especializada en la Investigación del Delito de Tortura –en octubre de 2015–, al 31 de julio de 2016 existen 4 mil 715 expedientes de averiguaciones abiertas en las 32 delegaciones de la PGR.

Agrega que para la investigación del delito de tortura se integraron 783 actas circunstanciadas que se elevaron a averiguación previa y se libraron 19 órdenes de aprehensión. “De éstas se cumplimentaron cinco contra elementos del Ejército Mexicano y la Policía Federal a los cuales se les ejerció acción penal y auto de formal prisión”.

En tanto que, ante la entrada en vigor del Nuevo Sistema de Justicia Penal, esa unidad realizó entre enero y julio del año en curso, 131 atenciones y abrió 36 carpetas de investigación por tortura.

FUENTE: PROCESO
AUTOR: GLORIA LETICIA DÍAZ
LINK: http://www.proceso.com.mx/453309/informe-omite-reporte-del-giei-los-43-normalistas

'Ombudsman' de Oaxaca pide aclarar operativo en Nochixtlán

Ciudad de México. El defensor de derechos humanos del pueblo de Oaxaca, Arturo Peimbert Calvo, destacó ante senadores y diputados de la Comisión Permanente que no está claro qué perseguía el operativo de la Policía Federal el 19 de junio en Nochixtlán.

“Si querían lograr el desalojo de la carretera en 15 minutos lo consiguieron, entonces por qué persiguieron a la población y entraron a la zona urbana, a colonias como la 20 de noviembre y persiguieran a los habitantes”.

En el Senado, ante legisladores de la Comisión de Seguimiento a los hechos ocurridos en Nochixtlán, el defensor de derechos humanos de Oaxaca narró que el operativo que inició a las siete de la mañana continuó hasta las 17 horas. “Si habían desbloqueado la autopista en 15 minutos por qué siguieron persiguiendo a los habitantes, cuál era el operativo”.

Peimbert Calvo relató que antes del operativo del 19 de junio la Policía Federal intentó ingresar desde el día 13, pero el bloqueo no los dejó avanzar. Entonces quisieron pasar por otras comunidades, “tenemos información que nos ha brindado la población donde nos dicen que al no poder pasar por la autopista quisieron intentarlo por la carretera federal o libre, intentaron diferentes vías de acceso, y quisieron hacerlo por caminos municipales, Tlaltongo en particular pero no pudieron avanzar por las fiestas”.

“Tenemos información que los días 14 y 16 empezaron a regresarse los camiones de la Policía Federal ya sin policías y estos se quedaron vestidos de civil en las comunidades aledañas”.

El defensor dijo que el 19 de junio a las siete de la mañana se empezó a reagrupar la fuerza federal ya se acercaron a Nochixtlán donde había entre 60 y 70 personas bloqueando. Sin que hubiera ningún protocolo se empezaron a acercar al bloqueo, se oyeron detonaciones y se lanzó gas lacrimógeno.

“Insistió el defensor cuáles fueron los efectivos de la policía porque si en 15 minutos habían desbloqueado, por qué continuaron persiguiendo a la población”.

El defensor narró que en efecto no se conoce la cifra exacta de heridos y lesionados por el temor que tiene la población a ser criminalizada. En ese marco narró que elementos de la Policía Federal impidieron que un hospital atendiera a los heridos. “Esto incluso nos lo narra un oficio del IMSS”.

Luego, el defensor explicó que la Policía Federal al ingresar a la comunidad 20 de noviembre, donde había niños, alrededor de 30, éstos trataron de protegerse del gas que lanzó la policía, se cubrieron con su ropa y se tiraron a la sierra, se trata de 30 menores que fueron rescatados por una madre de familia que los llevó por una vereda a otra colonia.

Dijo que el evento del día 19 dejó marcada a la población, sobre todo a los menores. Luego acusó que hasta la fecha las instituciones no han entregado los informes que se les ha requerido.


En estos momentos continúa la sesión de preguntas y respuestas.

FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: VICTOR BALLINAS.
LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/07/26/ombudsman-de-oaxaca-pide-aclarar-operativo-en-nochixtlan

Crisis estructural de derechos humanos en México: ONU

Desinformémonos| Ciudad de México. 24/ 06/2016.- Emite Organización de Naciones Unidas (ONU) pronunciamiento a México ante la “crisis estructural de derechos humanos” que atraviesa, lo que es motivo de “gran preocupación y seguimiento urgente” por parte del Consejo de Derechos Humanos, los hechos de estos últimos días en Oaxaca son prueba de ello, enfatizaron por lo que se el Estado mexicano debe dar cumplimiento urgente de sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.

Como ejemplos, la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, Guerrero llamó la atención del mundo frente a las graves violaciones de derechos humanos que hoy suceden en ese país, este caso evidenció un patrón de violaciones y absoluta impunidad que el gobierno mexicano se niega a reconocer, explica en comunicado el Consejo compuesto por 47 Estados, responsable de la promoción y protección de todos los derechos humanos en el mundo entero, en el debate general de su Sesión 32 llevada a cabo en Ginebra este 22 de junio.

Al respecto recordaron que los recientes informes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos lograron demostrar la falsedad de la versión oficial sobre lo ocurrido con los 43 estudiantes y aportaron datos muy relevantes sobre la relación entre las graves violaciones de derechos humanos y el accionar de diferentes fuerzas de seguridad al servicio de organizaciones criminales asociadas al narcotráfico.
Señalaron que el Consejo debe tomar en cuenta los resultados de la labor del Grupo de Expertos, los informes de la Comisión Interamericana y de varios Procedimientos Especiales que recientemente han visitado ese país y exigir al Estado mexicano el cumplimiento urgente de sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.
El descubrimiento de fosas con cientos de restos humanos en varios lugares del país, el registro de al menos 100 mil muertes, 27 mil desapariciones, incontables detenciones arbitrarias y el desplazamiento forzado de muchas poblaciones, entre otras vulneraciones de derechos que calificó de “serias”, perpetradas en los últimos años deben ser atendidas y prevenidas.
La respuesta de la Comunidad Internacional frente a la situación en México no puede demorar ni un segundo más, insistieron, ya que las víctimas y sus familiares merecen “Verdad, Justicia y Reparación” finalmente urgieron la prevención de nuevas violaciones e indicaron la necesidad de una profunda revisión de la militarización de la respuesta estatal frente la fallida “guerra contra las drogas”.

FUENTE: DESINFORMÉMONOS
AUTOR: REDACCIÓN
LINK: http://desinformemonos.org.mx/cursis-estructural-de-derechos-humanos-en-mexico-onu/

Gobierno debe asumir su responsabilidad por violencia en Nochixtlán: ONG’s

Revelan que cortaron teléfono e internet en el momento de los hechos.

Organizaciones sociales mexicanas e internacionales exigieron al gobierno mexicano asumir su responsabilidad por los hechos de violencia ocurridos en Nochixtlán, Oaxaca.

“La reunión ministerial sobre economía digital de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que actualmente se lleva a cabo en Cancún, México, busca reflexionar sobre políticas públicas que dan forma a la economía global. Está dirigida a promover la innovación, el crecimiento y la prosperidad social. Sin embargo, la celebración de tan relevante evento internacional se da en un contexto social y político crítico para el gobierno mexicano. Los incidentes en Oaxaca no pueden ser omitidos mientras México acepta tantos compromisos internacionales a favor de la apertura, la democracia y la participación”, indicaron.

“La represión ejercida contra maestros, sociedad civil y periodistas durante una protesta el pasado 19 de junio en Nochixtlán, Oaxaca, se inserta en la grave crisis de derechos humanos que México enfrenta en los últimos años, reconocida como tal por diversos organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Relatoría Especial sobre tortura de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). El saldo es de 8 personas muertas (7 en protesta y 1 periodista en cobertura), 7 personas desaparecidas, 21 personas detenidas y 108 heridos como resultado del uso de la fuerza y armas de fuego por parte de elementos policiacos”, sostuvieron.

“Se reportó que las líneas de teléfono e internet habrían sido interrumpidas, impidiendo la labor periodística y las posibilidades de comunicación de manifestantes y pobladores. Como sociedad civil mexicana e internacional, que participa en la reunión ministerial de la OCDE a través de CSISAC, consideramos que los hechos ocurridos son sumamente graves y son incompatibles con los valores que esta reunión ministerial pretende enarbolar. No existe la democracia en un contexto de violencia de Estado, que no respeta la protesta”, refirió.

“Por estas razones, hacemos un llamado a todas las personas participantes, la prensa nacional e internacional, así como a los delegados presentes en la Ministerial, a presionar al gobierno mexicano para que asuma públicamente su responsabilidad por lo ocurrido en Oaxaca y cumplir con sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos, para poder considerarse un país innovador y con prosperidad social. Como ha sugerido el Banco Mundial, los derechos humanos mejoran el crecimiento económico y en particular, la distribución de este crecimiento en la sociedad”, apuntó.

Aquí el comunicado:

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FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS
AUTOR: REDACCIÓN
LINK: http://aristeguinoticias.com/2306/mexico/gobierno-debe-asumir-su-responsabilidad-por-violencia-en-nochixtlan-ongs/

“Crímenes contra la humanidad en México”, artículo de Jacobo Dayán

Lo que venían insinuando diversos informes de relatores y grupos de trabajo de Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos e incluso el mensaje del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos; ahora se nombra de manera contundente.

Open Society Justice Initiative (OSJI) presentó el informe “Atrocidades innegables. Confrontando Crímenes de lesa humanidad en México”. Se trata de un riguroso trabajo realizado por OSJI junto con organizaciones de la sociedad civil mexicana y expertos nacionales y extranjeros. Por primera vez se realiza un extenso informe sobre la crisis de derechos humanos en México con la visión del Derecho Penal Internacional.

El informe parte de que “a finales de 2006, el gobierno federal de México ordenó un despliegue nacional a gran escala de las fuerzas de seguridad para combatir al crimen organizado. Esta estrategia supuso que los índices de asesinatos, desapariciones, tortura y otras atrocidades se dispararan”. Los responsables son tanto actores estatales como miembros del crimen organizado.

El informe se centra en la responsabilidad del gobierno federal y el cártel de los Zetas “aunque no se descarta que otras investigaciones permitan concluir que otros cárteles también han cometido crímenes de lesa humanidad”, así como otros actores del Estado mexicano. Concluye que “la situación en México satisface la definición legal de crímenes de lesa humanidad establecida en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (suscrito por México desde enero de 2006), así como en la jurisprudencia de la CPI y de otros tribunales internacionales”.

El Estatuto de Roma establece que el Crimen de lesa humanidad es “cualquiera de los actos siguientes cuando se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque:

a) Asesinato; b) Exterminio; c) Esclavitud; d) Deportación o traslado forzoso de población; e) Encarcelación u otra privación grave de la libertad física; f) Tortura;

g) Violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, esterilización forzada o cualquier otra forma de violencia sexual de gravedad comparable; h) Persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos, de género u otros motivos universalmente reconocidos como inaceptables; i) Desaparición forzada de personas; j) El crimen de apartheid; k) Otros actos inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o la salud mental o física”.

El Derecho Penal Internacional busca proteger los valores trascendentales para la comunidad internacional por lo que existe un interés global por reprimir y prevenir los crímenes internacionales (Genocidio, Crímenes contra la humanidad, Crímenes de guerra y en un futuro Crimen de agresión) y asignar y procesar responsabilidades individuales.

La obligación inicial de investigar y procesar estos crímenes recae en el Estado. Ante la impunidad, superior al 90%, surge la pregunta si las autoridades mexicanas quieren y pueden hacerlo. Sin duda, es fundamental el reconocimiento de la gravedad de los hechos. Lo que hemos visto es una negación permanente y un descrédito a quienes señalan esta crisis. El informe indica que el gobierno debe “iniciar medidas urgentes y extraordinarias, que incluyen la invitación a la ayuda internacional a fin de garantizar procesos de investigación y procesos genuinos e independientes”.

La constante ha sido la negación, pasamos del “se están matando entre ellos” del gobierno de Calderón a la negación y posterior descrédito y ataque a organizaciones de derechos humanos y funcionarios del sistema internacional durante la administración de Peña Nieto. Llevamos años en la simulación. Se crean instituciones y promulgan leyes para aparentar acciones que no han redundado en cambios. No se hace justicia, no se garantiza el derecho a la verdad ni a la reparación integral de las víctimas, no hay voluntad para crear un sistema de búsqueda e identificación de desaparecidos, no hay acciones para ubicar fosas clandestinas, no hay estadísticas claras y confiables, no se garantiza la no repetición con un cambio en la política de seguridad y la puesta en marcha de protocolos de uso de la fuerza. Se apuesta por la impunidad, el olvido, el ocultamiento de información y la administración de la crítica internacional.

No se niega la facultad del Estado para enfrentar al crimen organizado, de hecho “todo gobierno es responsable de la seguridad de su pueblo. En concordancia con dicha responsabilidad, el gobierno federal de México se ha propuesto una meta legítima: someter al crimen organizado. Sin embargo, lo ha hecho mediante una política que implicó el despliegue de las fuerzas armadas y la policía federal, y el uso de una abrumadora fuerza extrajudicial en contra de la población civil supuestamente asociada con los cárteles delictivos, sin una regulación adecuada del uso de la fuerza y prácticamente sin ningún tipo de determinación de responsabilidades por los abusos resultantes”. En el país abundan los “falsos positivos” y las “víctimas colaterales”.

La responsabilidad criminal de funcionarios del Estado mexicano y miembros del crimen organizado alcanza límites que lesionan a la humanidad y atentan contra los principios básicos del reconocimiento de la dignidad humana.

Las recomendaciones al Estado se encuentran en el informe de OPJI y en el que entregó hace unos meses el GIEI. La ruta es clara e intransitable sin la cooperación mediante “la creación de una entidad de investigación internacional, con sede en México, que tenga el poder de investigar y procesar causas de manera independiente en materia de crímenes atroces y casos de gran corrupción… Este órgano también puede brindar asistencia técnica a la Procuraduría General de la República / Fiscalía y a la policía de investigaciones; desarrollar propuestas de reforma para el sector judicial para su consideración por parte del gobierno mexicano, el Congreso y el público; y elaborar informes públicos sobre el estado de las reformas del sector judicial y el estado de derecho en México”.

Según las normas internacionales de la Responsabilidad de proteger (R2P), “la soberanía ya no significa únicamente protección de los Estados frente a injerencias extranjeras, sino que constituye una carga de responsabilidad que obliga a los Estados a responder del bienestar de su población”. De no hacerlo, le corresponde a la comunidad internacional alentar y ayudar a los Estados a ejercer esa responsabilidad”.

Mientras, la violencia continúa. No podemos cambiar la llanta con el auto en movimiento, se requiere un cambio en el modelo de seguridad y detener la violencia. El agravio es de tal magnitud que no habrá sistema judicial capaz de procesarlo todo. “La posibilidad de establecer responsabilidades ante la CPI no deja de ser una opción si México sistemáticamente sigue sin investigar y procesar crímenes atroces”. Con la violencia contenida podríamos iniciar procesos de justicia transicional, iniciar el trabajo de comisiones de la verdad y tener una efectiva política de atención a víctimas. En este sentido resulta prioritario el trabajo de la CNDH, la CEAV y el INAI.

La presión tendrá que venir del exterior. Buena parte de los medios de comunicación ha sido comparsa y la ciudadanía no ha sabido articularse para presionar por un cambio.

Lo hacemos ahora o repetiremos la historia de los crímenes del pasado. Haber postergado ello es una de la razones por las que hoy atravesamos este oscuro y perverso presente.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS
AUTOR: JACOBO DAYAN
LINK: http://aristeguinoticias.com/0706/mexico/crimenes-contra-la-humanidad-en-mexico-articulo-de-jacobo-dayan/

Comisiones de derechos humanos forman frente contra recortes presupuestales

MÉXICO, D.F: Los titulares de las comisiones de los derechos humanos del Distrito Federal, Morelos, Querétaro y Tlaxcala pidieron a la Cámara de Diputados evitar recortes presupuestales a estos organismos en 2016.

Por el contrario, señalaron en una petición conjunta envidada al presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Jesús Zambrano Grijalva, es necesario fortalecer institucional y presupuestalmente a estos organismos autónomas ante los retos que enfrenta el país en la materia.

“Hacemos un llamado para evitar recortes presupuestales y que, por el contrario, la asignación de recursos públicos a estos organismos contribuya a llevar a cabo una verdadera transformación en materia de derechos humanos, a efecto de cumplir con la ley; respetando la cultura de la legalidad y la salvaguarda de los derechos humanos”, apuntaron los ómbudsman.

Es imprescindible, abundaron, que mediante la asignación de presupuesto suficiente se fortalezcan los mecanismos de promoción y defensa de los derechos humanos y así mejorar el acceso a la justicia de las víctimas.

Uno de sus principales retos, señalaron, es contribuir a subsanar las desigualdades y ayudar a construir y estructurar políticas y programas que enfrenten efectivamente esta problemática.

Al mismo tiempo, subrayaron que los organismos públicos de derechos humanos tienen un “compromiso indeclinable” en materia de transparencia y rendición de cuentas.

El oficio está firmado por las presidentas de las Comisiones de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Perla Gómez Gallardo, y de Morelos, Lucero Ivonne Benítez Villaseñor.

También por el presidente de la Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro, Miguel Nava Alvarado, y por Francisco Mixcoatl Antonio, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala.


Además enviaron copia de su oficio a la presidenta de la Comisión del Distrito Federal de la Cámara de Diputados, Cecilia Soto González; al presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, Roberto Gil Zuarth, y al senador Mario Delgado Carrillo, presidente de la Comisión del Distrito Federal de ese órgano legislativo.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.