Ante falta de pruebas, liberan a comuneros de Arantepacua

Una semana después de los acontecimientos en Arantepacua, fueron liberados ocho de los nueve comuneros que habían sido acusados de ataques a las vías de comunicación y homicidio en grado de tentativa, como resultado del operativo que realizó la policía michoacana en aquel municipio, en busca de liberar vehículos que habían sido secuestrados. 

El juez encargado del caso, Juan Salvador Alonso Mejía, no encontró pruebas suficientes para que continuaran en prisión por el segundo delito, sin embargo, sí fueron vinculados al referido al ataque a las vías de comunicación, por lo que su libertad fue obtenida bajo las medidas cautelares del caso, mismas que aceptaron para que fuera suspendido el proceso legal en su contra.

Queman comuneros de Milpa Alta papelería dada por constituyentes

Comuneros de los 12 pueblos de Milpa Alta impidieron la realización de la asamblea informativa sobre la consulta a poblados, barrios y comunidades indígenas residentes acerca del proyecto de constitución de la Ciudad de México, y quemaron la papelería explicativa del proceso, molestos porque no fueron incluidos en la discusión de la reforma, la elaboración de la iniciativa y la integración de la Asamblea Constituyente con diputados designados.

Al comenzar la reunión en el centro cultural Calmecac de Milpa Alta, con la presencia de unas 70 personas, los comuneros expresaron su rechazo al dictamen que se discute en la Constituyente e indicaron que impugnaron el proceso ante organismos internacionales por ser violatorio del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre pueblos indígenas.

La protesta impidió a las diputadas Patricia Ruiz Anchondo, de Morena, y a las perredistas Ana Julia Hernández Pérez y Antonia Juárez Audelo exponer el contenido del dictamen relativo a los derechos de los pueblos, barrios y comunidades indígenas residentes dentro de la constitución local y el proceso de consulta.

En sus reclamos, los inconformes expresaron además su irritación por el incremento en el precio de las gasolinas anunciado a partir del primero de enero. Entre el tumulto se escucharon algunas consignas contra el presidente Enrique Peña Nieto; posteriormente, la mayoría abandonó el auditorio y afuera arrojaron al piso los documentos distribuidos por las legisladoras y les prendieron fuego.

Ruiz Anchondo expresó su sorpresa por esta situación que juzgó de extrema, pero también la consideró justificada, ya que los pueblos y barrios sí debieron ser consultados desde el principio.

Lamentó que no se les diera la oportunidad de exponer el dictamen aprobado por la Comisión de Pueblos y Barrios Orignarios y Comunidades Indígenas Residentes. Nos costó trabajo sacarlo por consenso, fueron muchas horas de debate y discusión, es un buen documento y hay que defenderlo porque no existe en otra parte del país un proyecto que defienda sus derechos como éste, apuntó la legisladora.

Las diputadas constituyentes entregaron a más de una decena de personas, que decidieron permanecer en el auditorio, el resto de los cuadernillos que les quedaron y las exhortaron a organizar asambleas por su cuenta a fin de que los pueblos y barrios de Milpa Alta no queden fuera de la consulta.

Hernández Pérez adelantó que por este caso y otras reuniones en las que hubo poca participación propondrá la próxima semana a la comisión realizar una segunda vuelta los días 7 y 8 de enero, de asambleas informativas simultáneas en las 16 delegaciones.

Fuente: La Jornada

Autor: Ángel Bolaños Sánchez

http://www.jornada.unam.mx/2016/12/31/capital/026n1cap

Impiden comuneros consulta “amañada” sobre ampliación de proyecto minero en Oaxaca

OAXACA, Oax: La comunidad de Magdalena Ocotlán impidió una consulta “amañada” para la ampliación del proyecto minero impulsado por la empresa Cuzcatlán, filial de la canadiense Fortuna Silver Mines, al tiempo que ratificó que continuará con la defensa de su territorio como lo han hecho desde 2005.


También responsabilizaron a la empresa minera Cuzcatlán, a la Procuraduría Agraria y a la Secretaría General de Gobierno de Oaxaca por cualquier confrontación o atropello en su comunidad porque su defensa es pacífica y por las vías legales.

Los inconformes denunciaron que el pasado 29 de noviembre, la empresa minera Cuzcatlán en complicidad con la Procuraduría Agraria, la Secretaría General de Gobierno de Oaxaca y una Notaría Pública presionaron a las autoridades agrarias y municipales de Magdalena Ocotlán para aceptar la firma de contratos o convenios de exploración mediante la simulación de una consulta, la cual no se consumó debido a la oposición de la comunidad.


En una carta dirigida a organismos de derechos humanos, precisaron que esa acción generó una fuerte confrontación, ya que la empresa minera con la finalidad de lograr la aceptación de dicha consulta, trasladó a trabajadores de la localidad al palacio municipal, lugar donde se realizaría la actividad.

Por su parte el representante legal de la empresa minera, Javier Castañeda Pedraza y el subdelegado de la Procuraduría Agraria presionaban a las autoridades locales para que la ciudadanía firmara la boleta por un “sí”.

Los comuneros explicaron que “la ‘consulta’ estuvo plagada de una serie de irregularidades, además de que fue amañada y tendenciosa por lo que generó una fuerte indignación” en su comunidad, por lo que actualmente existe un clima de enojo y hostilidad”.

Consideran que estos hechos violentan su “derecho a la paz social, a la libre determinación, a la integridad de nuestro territorio, así como el derecho al consentimiento previo libre e informado, derechos reconocidos por el gobierno mexicano”.

Por tal razón, denunciaron que las autoridades federales y estatales, principalmente la Procuraduría Agraria se encuentran en complicidad con la empresa minera, dejando en total desprotección los derechos reconocidos constitucionalmente a la comunidad, cuando esa instancia gubernamental debería velar por los intereses y derechos de las y los ejidatarios, no por los intereses particulares de una compañía minera.

Se quejaron que esta acción forma parte del proceso de ampliación del proyecto minero “San José”, ubicado en el municipio vecino de San José del Progreso, el cual ha generado una fuerte conflictividad social y política, además de contaminar el territorio.

Como ejemplo citaron que durante 2016 se ha incrementado la emisión de polvo, existe contaminación en el arroyo El Coyote por un derrame de la presa de jales, así como un sinnúmero de explosiones que han agrietado sus casas.

Por consiguiente, la comunidad de Magdalena Ocotlán, exigió a las autoridades federales y estatales respeten su decisión porque “la consulta representa para nosotras y nosotros un acto de provocación, ya que desde 2005 hemos definido no aceptar ningún proyecto minero.

“Magdalena Ocotlán no ha pedido ninguna consulta a ningún orden de gobierno, sino más bien el respeto a los acuerdos establecidos por la comunidad donde rechazamos tajantemente cualquier actividad minera”, subrayaron los comuneros.


Finalmente exigieron al gobierno federal, estatal y municipal que cese “el hostigamiento constante que hemos vivido, el cual se incrementó a partir de 2009, fecha en la que sufrimos un desalojo violento por policías federales y estatales, así como 2012, fecha en la que de manera arbitraria y flagrante violación a nuestros derechos, la empresa minera introdujo una manguera de aguas residuales en nuestro territorio”.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: PEDRO MATÍAS.
LINK: http://www.proceso.com.mx/465728/impiden-comuneros-consulta-amanada-ampliacion-proyecto-minero-en-oaxaca

Tribunal obliga a comuneros a pagar 5 mdp a una minera para recuperar sus tierras

El Tribunal Unitario Agrario de Torreón emitió una sentencia en la que obliga a los comuneros de La Sierrita en Coahuila a pagar cinco millones 612 mil pesos a la minera Excellon de México para recuperar sus tierras, tras cuatro años de litigio.

Se trata de mil 100 hectáreas que por el momento están embargadas. Es decir, ni la minera ni los ejidatarios pueden hacer uso de ellas. Sin embargo, los 123 ejidatarios interpusieron un amparo para revocar esa multa, porque, según argumentan, el juez ignoró sus demandas.

Juan Antonio López, coordinador del área de justicia trasnacional de Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC), organización que representa a los comuneros, asegura que “al condicionar la entrega al pago se está manteniendo un embargo sobre las tierras de uso común que son propiedad del ejido La Sierrita, lo que significa una clara violación al artículo 27 de la Constitución”

En entrevista con Animal Político, explica que el amparo será turnado a un Tribunal Colegiado y deberá emitir sentencia en un plazo de cuatro meses.

La Sierrita era un modelo exitoso en el que una empresa minera y los pobladores establecieron un contrato para la explotación de territorio de manera controlada y con el pago de una renta anual por parte de los empresarios. Sin embargo el acuerdo se rompió debido a incumplimientos según alegaron ambas partes.

Acuerdo y rompimiento

La minera Excellon de México S. A de C. V. fue constituida en 1997 para la exploración, explotación, producción y comercialización de minerales metálicos y pertenece al grupo canadiense Excellon Resources Inc., según indica el registro ante la Secretaría de Economía.

La empresa inició operaciones en el ejido La Sierrita en 2004, pero, según explica Juan Antonio López, “engañó” a los pobladores para firmar un contrato para explotar 27 hectáreas durante 30 años por un pago único de 1 millón 200 mil pesos.

Sin embargo, cuatro años después, los comuneros consiguieron un mejor acuerdo. En

2008, ambas partes firmaron un Contrato de Ocupación Temporal por la renta de mil 100 hectáreas por un monto de 5 millones 500 mil pesos anuales, con el aumento correspondiente a la inflación.

En ese documento se establecieron cláusulas económicas, sociales y medioambientales pero fueron incumplidas por la empresa, como la construcción de una planta tratadora de agua, un aspecto fundamental para la operación de la mina y la protección ambiental de la zona.

La empresa tampoco cumplió con la concesión del comedor para trabajadores, pese a que uno de los puntos importantes para los ejidatarios era crear fuentes de trabajo.

Por tanto, en septiembre de 2012, los ejidatarios de La Sierrita presentaron una demanda ante el Tribunal Unitario Agrario por rescisión del contrato con la minera argumentando los incumplimientos.

La respuesta de la minera fue otra demanda, argumentando que los ejidatarios habían prohibido la operación de la mina y, por tanto, habían generado pérdidas económicas. El alegato judicial se basó en una manifestación de los pobladores en 2012 para pedir la presencia de los directivos para solucionar el conflicto.

Sin embargo, “nunca se prohibió la entrada a nadie; incluso, el trabajo en la mina estuvo compuesta por seis cuadrillas de seis trabajadores cada uno”, asegura Juan Antonio López.

Aunque la minera pagó la renta anual de 2008 a 2012, a partir del inicio del proceso legal suspendió los pagos, aunque continuó los trabajos en las mil 100 hectáreas de La Sierrita.

Finalmente, el Tribunal agrario tomó en cuenta dicho argumento y estableció el pago de 5 millones 612 mil pesos para retirar el embargo. En tanto, obligó a la empresa a entregar las mil 100 hectáreas.

“En un juicio en que las dos partes están demandando que la otra parte incumplió, el Tribunal dice ‘los dos incumplieron y los dos páguense similares’”, lo cual resulta desigual para los ejidatarios, asegura el representante legal de los comuneros.

El argumento legal del Tribunal es que la minera incumplió sus compromisos desde 2008, pero “ante reiteradas violaciones, el ejido demandó la recisión del contrato hasta 2012, por lo cual estaba dando una aceptación tácita de las violaciones”.


Después de estos años de conflicto, los ejidatarios confían “una vez más en los tribunales para que se haga justicia” y esperan que el Tribunal Colegiado emita una sentencia apegada a derecho, asegura Juan Antonio López.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: NAYELI ROLDÁN.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/12/tribunal-obliga-comuneros-pagar-5-mdp-una-minera-recuperar-tierras/

Comunidades en Puebla rechazan gasoducto Tuxpan-Tula

Las comunidades de la sierra norte de Puebla aseguraron que no permitirán que el gasoducto Tuxpan-Tula atraviese sus tierras, ante la violación al derecho de los pueblos de ser informados y consultados previamente y por tratarse sólo de un “beneficio para las grandes empresas” y no para los pobladores.

“Nos quieren hacer menos porque somos indígenas, pero nosotros tenemos fuerza, y vamos a defendernos de estas personas que nos quieren robar nuestras tierras”, afirmaron luego de reunirse en asambleas comunitarias.

Si el gasoducto penetrara en el territorio de las comunidades, especies como las chicatanas y los cultivos de café, cacahuate y paguas desaparecerían, indican los pobladores, cuyos medios de sustentabilidad se verían afectados. “Esos tubos son una amenaza para nuestra forma de vida”, dijeron.


Las comunidades, entre las que se encuentran San Nicolás, Zoyotla, Pahuatlán y Santa Mónica, indicaron que no habrá líderes que encabecen el movimiento en defensa de sus tierras, sino que cada pueblo se organizará en asamblea y se apoyarán entre ellos.

FUENTE: DESINFORMÉMONOS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: https://desinformemonos.org/comunidades-en-puebla-rechazan-gasoducto-tuxpan-tula/