¡Ánimo compañeros, su lucha es nuestra lucha! Dicen Comunidades Indígenas de “Semilla Digna” a CNTE en Chiapas

Desinformémonos| Ciudad de México. 15/07/2016.- Las comunidades en “rebeldía y resistencia” adherentes a La Sexta Declaración de la Selva Lacandona del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), que conforman el espacio de “Semilla Digna” exigieron la libertad inmediata de las y los presos “injustamente” por manifestarse en contra de las “mal llamadas reformas estructurales” y condenaron e hicieron responsables a los tres niveles del “mal gobierno” por todos los hostigamientos y asesinatos que “ya cometieron” así como por cualquier acción en contra de las organizaciones, colectivos, barrios, madres y padres de familia, estudiantes y docentes que se manifiestan en el Bloqueo Magisterial en San Cristóbal de las Casas, Chiapas.

“Queremos decirles que no están solos y que nosotros, como hombres y mujeres originarios de nuestras tierras y comunidades, como organizaciones en resistencia, estamos con ustedes y compartimos su camino”.

Afirmaron que las personas han sido presas por protestar y pedir que se respeten sus derechos y exigieron específicamente la libertad de las y los maestros y sociedad civil que por su apoyo han sufrido la represión por ejercer, dijeron, su derecho a manifestarse en contra de las “mal llamadas reformas estructurales que lo único que hacen es seguir despojándonos de un futuro digno para todxs”.

Semilla Digna, integrada por comunidades de Candelaria el Alto, San Isidro los Laureles, San Francisco, Grupo de Trabajo No estamos todxs, Alcanfores, San Isidro del Ocotal y Cruztón en Chiapas, enviaron al mismo tiempo un mensaje de solidaridad, al magisterio disidente, ante lo que consideran como una 

“digna lucha, porque la sentimos como nuestra en contra de las reformas estructurales del mal gobierno” afirmaron.

A través de un comunicado de prensa dirigido al magisterio, las y los estudiantes en resistencia, madres y padres de familiares así como a organizaciones, colectivos y barrios que se concentran en el Bloqueo que se mantiene en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, en apoyo a la lucha de las y los docentes, recordaron que ellas y ellos, también, Comunidades Indígenas han sufrido humillación, desprecio, despojo y olvido, por lo que, dijeron entender bien su lucha, 

“nosotros estamos en la misma y compartimos el dolor y la rabia de sus corazones, por eso estamos con ustedes apoyándoles con nuestra presencia y nuestra palabra” expresaron.

Despues de 60 días de paro laboral, protestas y bloqueos carreteros entre los que se encuentra el que se mantiene en esta población chiapaneca, dijeron que enviaron un mensaje de animo y dijeron saber de las agresiones y la violencia con las que “el mal gobierno reprime al pueblo en resistencia”.

Reconocieron, en su mensaje, que las acciones emprendidas por las y los docentes disidentes está despertando más conciencias en la sociedad civil y lo que ha permitido hacer más visibles lo que aseveran son mentiras que el dice sobre las demandas que el magisterio ha establecido y en el caso de Chiapas a sumado a las de la población con quienes se han sumado.

A pesar de que en las negociaciones entre líderes nacionales de la CNTE y la Secretaría de Gobernación se planteó el levantamiento de bloqueos carreteros, sobr todo en Oaxaca y Chiapas, que se mantenían desde hace 60 días, el pasado 7 de julio la Sección 9 de la CNTE que mantiene el bloqueo en San Cristóbal de las Casas, anunció que no suspendería dicho plantón ya que aunque respetan el resolutivo emanado de la Asamblea Estatal de la Sección VII, el cual representa al Magisterio, en el caso de Chiapas, la Asamblea está integrada por otros grupos como organizaciones sociales, barrios, colonias, padres y madres de familia, estudiantes, maestras y maestros de los diferentes niveles educativos y personas jubiladas de la Región de los Altos que se suman a las decisiones y planes de acción por lo que desde entonces se mantiene y es fortalecido por otros sectores de la población que se suman a las demandas como es el caso de Semilla Digna.

FUENTE: DESINFORMÉMONOS
AUTOR: REDACCIÓN
LINK: https://desinformemonos.org/animo-companeros-su-lucha-es-nuestra-lucha-dicen-comunidades-indigenas-de-semilla-digna-a-cnte-en-chiapas/

Comunidades indígenas solicitan transformarse en municipios, en Morelos

Cuernavaca, Mor. Habitantes de las comunidades indígenas de Xoxocotla, Hueyapan, Coatetelco y Tetelcingo marcharon del Palacio de Cortés al Congreso local para solicitarle a los legisladores convertir en municipios esas comunidades, ya que según ellos tienen una población superior a los 30 mil habitantes que tienen sus propios usos y costumbres y a la fecha los gobiernos municipales se niegan a reconocer y respetar.

“Vamos al Congreso con respecto a la municipalización de los pueblos de Hueyapan, Tetelcingo, Xoxocotla y Coatetelco. Esto lo hemos venido solicitando desde hace tiempo, desde hace 25 años. Desde entonces, los habitantes de estas comunidades han tratado de independizarse de los municipios a los que pertenecen, pero no han sido escuchados”, dijo el líder de Xoxocotla, Saúl Roque Morales.

Recordó que cuando el gobernador Graco Ramírez estaba en campaña, “con el fin de obtener votos prometió que iba a proponer que se hicieran municipios, y ahora supuestamente está en ese proceso, pero no vemos interés por parte del mandatario”, aunque recordó que “llevó la iniciativa Congreso, pero creo que está detenida. Por eso vamos al Congreso, porque ya no queremos dejar pasar más tiempo”, agregó Saúl Roque Morales.

Fuente: La Jornada

Autora: Rubicela Morelos Cruz

http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/06/15/comunidades-indigenas-solicitan-transformarse-en-municipios-en-morelos

Movilización de miles de maestros en 7 entidades

.Se suman integrantes de la policía comunitaria, indígenas, burócratas y universitarios
.Rechazo a la reforma educativa gana respaldo en otros sectores
.Retienen profesores de la sección 22 a siete agentes estatales
.Marchas, bloqueos y toma de oficinas públicas
.Se inicia caravana de Chiapas a la Ciudad de México; llegaría el 10 de junio

En el contexto del paro convocado por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) para rechazar la reforma y la evaluación educativas, así como las represalias, miles de maestros realizaron en Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Michoacán, Colima y Tabasco protestas que incluyeron marchas, tomas de oficinas y casetas y cierres de carreteras.

Profesores de la sección 22 de la CNTE retuvieron a siete personas, cuatro de ellas elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones, incluido Javier Ruiz, director de averiguaciones previas, y tres de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, entre ellos Guillermo Ramírez, director de comunicación social de la dependencia.

Los siete fueron sorprendidos cerca de donde los mentores retenían vehículos de empresas comerciales en la carretera federal 175 Oaxaca-Puerto Escondido, a medio kilómetro del acceso al aeropuerto internacional. Los manifestantes los acusaron de infiltrarse en su protesta y fotografiarlos.

Jaciel Vásquez, director de la agencia, acudió para solicitar la liberación de los cautivos; asumió la responsabilidad por ellos y entregó un documento firmado en el cual se comprometió a que no se levantarían cargos.

Ocho horas después, los siete agentes estatales fueron entregados a la Defensoría de los Derechos Humanos de los Pueblos de Oaxaca, cuyos observadores certificaron que se encontraban bien.

Alrededor de mil 800 maestros de las secciones 7 y 40 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) iniciaron en Tuxtla Gutiérrez una caravana motorizada que pretende llegar el 10 de junio a la Ciudad de México para exigir la abrogación de la reforma educativa y una mesa nacional de diálogo, informó Pedro Gómez, integrante de la dirigencia política de la sección 7.

Explicó que los docentes, quienes viajan en autobuses y otros vehículos, pasarán por Veracruz, Tabasco, Puebla y Tlaxcala antes de arribar a la capital del país para participar en una marcha y luego unirse al plantón de la CNTE.

El objetivo de esta caravana es llamar a todos los trabajadores de la educación de esas entidades y de todo el país para que se atrevan a romper el yugo que los mantiene estáticos, como si no pasara nada, (como) si no fueran a perder su plaza base, añadió.

En Chilpancingo, decenas de maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (Ceteg) que simpatizan con Antonia Morales Vélez tomaron la sede de la Subsecretaría de Finanzas, que alberga oficinas del gobierno estatal, desalojaron a los trabajadores y permanecieron allí hasta las 15 horas.

En tanto, los seguidores del secretario general de la Ceteg, Ramos Reyes Guerrero, lanzaron decenas de huevos al edificio del Congreso. Luego bloquearon las vías que comunican las colonias del sur de Chilpancingo con el centro de la ciudad.

En tanto, cinco elementos de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria recientemente liberados luego de tres años de permanecer en la cárcel de Ayutla, manifestaron su respaldo a la lucha de la Ceteg contra la reforma educativa, señaló Walter Emanuel Añorve Rodríguez, vocero de la coordinadora.

El Consejo Supremo Indígena de Michoacán, que aglutina a las autoridades de unas 30 comunidades, se solidarizó con los maestros y bloqueó tramos de las carreteras Carapan-Zamora; Pátzcuaro-Uruapan; Pomacuaran-Nurio y Uruapan-Los Reyes.

En la capital del estado, más de 7 mil integrantes de la CNTE marcharon desde la casa de gobierno hacia el centro histórico; poco antes de llegar se les sumaron unos 5 mil afiliados a los sindicatos Único de Trabajadores de la Universidad Michoacana, de Profesores de la Universidad Michoacana y de Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo. Otros contingentes de maestros tomaron las casetas de Taretan, Santa Casilda, Zirahuén de la autopista Pátzcuaro-Lázaro Cárdenas.

En Colima, maestros de la CNTE bloquearon un puente en la carretera hacia Aquila, cerca del río Coahuayana, que divide esa entidad de Michoacán. Allí entregaron volantes a los viajeros informándoles de su lucha contra la reforma educativa. En Manzanillo, también en Colima, maestros del SNTE se manifestaron contra el presidente Enrique Peña Nieto en la explanada del auditorio Manuel Bonilla, en rechazo a la reforma educativa.

Por segundo día consecutivo, maestros de la CNTE se mantuvieron en la plaza de Armas de Villahermosa, Tabasco, contra la reforma educativa. Francisco Mendoza, de la dirección política y estatal de la CNTE, anunció que esperan la llegada de una caravana de docentes proveniente de Chiapas que se dirige a la Ciudad de México para respaldar sus manifestaciones en Tabasco.

(Roberto Garduño, enviado; Jorge A. Pérez, Elio Henríquez, Ernesto Martínez, Juan C. Flores, Sergio Ocampo, Héctor Briseño y René A. López, corresponsales)

FUENTE: LA JORNADA
AUTOR: CORRESPONSALES
LINK: http://www.jornada.unam.mx/2016/06/02/estados/028n1est

Mas devastación en el Estado de México, comunicado del pueblo Otomi de Santiago Tilapa.

LA MUERTE DEL CENZONTLE EN EL PUEBLO OTOMI DE SANTIAGO TILAPA

A LOS HERMANOS INDIJENAS DEL MUNDO.

A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN.

A LA OPNION PÚBLICA.

AL PUEBLO DE MEXICO.

Reciban un saludo del milenario pueblo indígena otomí de Santiago Tilapa, en el municipio de Tianguistenco, Estado de México; también denunciamos con tristeza que la explotación de una mina se ha convertido en la manzana de la discordia que responde a los intereses de unos cuanto, entre ellos algunas ex autoridades y autoridades del Comisariado Comunal, Delegados Municipales ¡Hasta la Liga de Futbol!; pero sobre todo, el daño ambiental que habrá de afectar a varias generaciones.

Han devastado hermosos paisajes en contubernio con empresas carreteras que operan en la región a nombre del progreso; con ello el habitad de plantas y animales de nuestro milenario “Cerro Cuate” que durante siglos fue orgullo de nuestros abuelos otomíes se encuentra a punto de desaparecer.

En esta región es delito y se encarcela a la persona que recoja leña para sobrevivir a causa de “Delitos Contra el Ambiente” mientas que grandes autopistas, nuevas zonas habitacionales, donde se derriban miles de árboles y destruyen el ecosistema de nuestros pueblos originarios, son aplaudidos los gobernantes como “Símbolo de Modernidad y Progreso”.

Sin ser consultados, en Santiago Tilapa, algunos cuantos, por intereses económicos y políticos, con total cinismo y prepotencia dicen que pueden y tienen la autoridad para decidir por todos.

Con todo esto se violan nuestros derechos contenidos en la Carta Magna y Tratados Internacionales como el Convenio 169 en de la OIT como el derecho de OBTENER NUESTRO CONSENTIMIENTO LIBRE, PREVIO E INFORMADO.

El canto del jilguero y el cenzontle en nuestros sagrados cerros pueden extinguirse para siempre; es tiempo de reflexionar:

“La naturaleza no pertenece al hombre,

El hombre pertenece a la naturaleza”.

ATENTAMENTE.

PUEBLO INDÍGENA DE SANTIAGO TILAPA.

Fuente: Frente de Pueblos Indígenas en Defensa de la Madre Tierra

Autor: Alerta Xochicuautla

http://frentedepueblosindigenas.org/mas-luchas/mas-devastacion-en-el-estado-de-mexico-comunicado-del-pueblo-otomi-de-santiago-tilapa/

Agresiones y desalojo en San Isidro de los Laureles, Chiapas

Denuncia la comunidad de San Isidro de los Laureles, de origen tsotsil, en el estado de Chiapas, agresiones y desalojo por parte de grupos paramilitares enviados por un político de extracción priísta.

El 20 de diciembre de 2015, miembros de la comunidad tsotsil (tzotzil) de San Isidro de los Laureles tomaron posesión de un total de 165 hectáreas en el municipio de Venustiano Carranza. 

El territorio utilizado para el ganado y cultivo de caña acaparado por caciques que dominan el negocio del azúcar en la región, fue recuperado, pues «Estas tierras las trabajaron nuestros abuelos, abuelas, padres que eran peones acasillados. 

Desde el año 1940 han trabajado con un sueldo mínimo, nunca les han dado prestaciones y aguinaldos. Por nuestras familias, porque ya no tenemos donde vivir o trabajar para el sustento de las familias como indígenas, recuperamos las tierras» mencionaron los también adherentes a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona, tras recibir amenazas de desalojo en días posteriores.

Tras 83 días defendiendo el territorio, la mañana del 12 de mayo de 2016, alrededor de 35 camiones con policías y guardias blancas entraron a los predios para desalojar violentamente a la comunidad de San Isidro de los Laureles. Entre los responsables civiles de la agresión se encuentra Octavín Albores, pariente del ex gobernador Roberto Albores Guillén, quien con armas de alto calibre disparó a matar. «Nosotros pues retrocedimos porque ya era mucho, ya estabamos viendo que las balas nos pasaban cerca, ya sentiamos la muerte, los balazos ya casi nos llegaban a la cabeza pero gracias a dios nadie salió herido» relata un miembro de la comunidad tsotsil.

VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=laF82poJE8s

*Con información de Agencia Subversiones

Llama Javier Montes a los ayuntamientos a respetar los usos y costumbres en Morelos

A propuesta del diputado, Javier Montes Rosales, el Congreso del Estado emitió un exhorto a los 33 ayuntamientos que en su población cuenten con comunidades indígenas, para que respeten la forma de organización social atendiendo a sus usos y costumbres en las próximas elecciones de sus autoridades auxiliares.

En ese sentido el legislador señaló el caso del municipio de Temoac, donde la alcaldesa, Edith Cornejo Barreto, ha violado el proceso de usos y costumbres imponiendo a los representantes auxiliares e incurriendo en irregularidades, lo cual fue denunciado por algunos vecinos de estas comunidades.

También refirió el caso de Coatlán del Río, donde un grupo de vecinos de la comunidad de Tilancingo se inconformaron por la designación del ayudante municipal.

En vísperas de elecciones de las autoridades auxiliares de los Ayuntamientos, los legisladores pugnaron porque en las próximas elecciones a celebrarse en los 33 ayuntamientos para elegir a sus autoridades auxiliares impere el respeto a los usos y costumbres que establece la Ley Orgánica Municipal para el estado ya que en el artículo 104 refiere: “los ayudantes municipales serán electos por votación popular directa, conforme al principio de mayoría relativa. En las comunidades indígenas de cada uno de los municipios que conforman nuestro estado, se procurará proteger y promover los usos, costumbres y formas específicas de organización social”.

Fuente: ADN Morelos

Autora: Aurelia Torres

http://www.adnmorelos.com/2016/03/15/llama-javier-montes-a-los-ayuntamientos-a-respetar-los-usos-y-costumbres/

Chicoasén II. Despojan a zoques de Chiapas

Avanza el despojo a ejidatarios indígenas para construir hidroeléctrica en Chiapas. Amparos individuales y colectivos aceptados por jueces locales y federales no son suficientes para detener las obras.

Chicoasén, Chiapas. En 1976, la construcción de una central hidroeléctrica diezmó las tierras productivas de Chicoasén, en el Sur de México, y 40 años después parte de sus pobladores luchan contra un nuevo despojo con la erección de una segunda represa en el área.

“Ya destruyeron todo. Las tierras son inservibles, ya no se pueden trabajar. La presa ha afectado mucho nuestra vida”, lamenta a Inter Press Service (IPS) el ejidatario Antonio Herrera, en este municipio rural del estado de Chiapas.

Herrera denuncia que los campesinos no pueden ingresar a sus parcelas desde que la empresa estatal Comisión Federal de Electricidad (CFE) licitó en enero de 2015 la construcción de la central Chicoasén II sobre el río Grijalva y reclamó el uso de parte de su ejido, un tradicional esquema de tenencia y explotación comunal de tierras públicas.

Un enorme brazo mecánico rasguña el terreno para chupar arena y grava, mientras Herrera, miembro del Comité Ejidal de Chicoasén, muestra a la distancia el lugar de la obra, donde un manto pajizo ha pintado la vegetación del entorno, ahora mutada del verde a café claro.

La represa, con 240 megavatios de capacidad instalada y un costo de unos 300 millones de dólares, tendrá un canal abierto de 933.62 metros y una cortina de 30 metros de alto y se prevé que comience a operar en julio de 2018.

El estudio de impacto ambiental, presentado por la CFE a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y consultado por IPS, indica que la superficie requerida totaliza 234 hectáreas, de las cuales 188 se destinarán al embalse, emplazado a unos 850 kilómetros al Sur de la Ciudad de México, en este municipio de 5 mil 159 habitantes, territorio ancestral del pueblo zoque.

La CFE adjudicó la construcción a un consorcio de tres empresas mexicanas y la filial costarricense de la corporación china Sinohydro. La generadora ya expropió 69 hectáreas para el nuevo emprendimiento en Chicoasén. Los perjudicados recibieron unos 2 mil 300 dólares por hectárea.

En 1951 el gobierno concedió 3 mil 440 hectáreas para la constitución del ejido, una extensión que más que se duplicó en 1986 con la cesión de otras 3 mil 461, en beneficio de un total de 460 ejidatarios, de los cuales han muerto unos 50, heredando sus parcelas a sus mujeres o sus hijos.

La primera represa, a 100 kilómetros de distancia de la segunda, tomó tierras de la cesión inicial y la planeada de la última aportación.

Cuando en 1976 la CFE construyó la central hidroeléctrica Manuel Moreno Torres, más conocida como Chicoasén I, con capacidad para generar 2 mil 400 megavatios, la empresa prometió el pago de sus tierras y aportar el servicio de agua potable, una escuela y una clínica, ofertas que no se cumplieron, aseguran los ejidatarios.

Ahora, la historia retorna con recuerdos envenenados.

“No tenemos información de la hidroeléctrica. No sabemos qué va a pasar con la población a orillas del río. La CFE dice que tiene permisos de los ejidatarios, pero no se los hemos dado. Se basa en un acta de asamblea falsa, que tiene firmas de propietarios muertos”, denuncia a IPS la hija de un ejidatario, Claudia Solís.

Para bloquear la nueva represa, los afectados han recurrido a manifestaciones, huelgas de hambre de sus ancianos y medidas legales, en un escenario en que los ejidatarios están divididos, porque un grupo de ellos apoya la segunda represa.

Los opositores, la mayoría y con edades de entre 60 y 90 años, acompañados de sus bastones, sus sombreros campesinos y sus familias, dedican sus últimas energías a defender sus posesiones y, más aún, su forma de vida.

En diciembre de 2014, 62 propietarios interpusieron amparos individuales, que fueron avalados por un juez federal en octubre pasado. Además, en marzo de 2015 presentaron un amparo colectivo, que fue admitido por otro juez federal en mayo pasado, sin que por ello se haya detenido la obra.

La población local cultiva maíz, calabaza, frijol, sandía, melón; pesca en el embalse, y atiende a los turistas que frecuentan la zona.
Chiapas, proveedor de energía

Chiapas es el escenario de grandes proyectos energéticos ya construidos o planificados por el gobierno y las empresas.

En el estado operan ya cuatro represas que aportan 45 por ciento de la capacidad hidroeléctrica del país, más otras tres pequeñas generadoras, dentro de la que es la cuenca hidrológica mexicana más importante.

La construcción de estas plantas provocó secuelas en las comunidades, la modificación del régimen hidrológico, pérdida de cobertura vegetal, desplazamiento de fauna terrestre y la desaparición de varios hábitats, denunciaron ambientalistas y ejidatarios a IPS durante la última protesta hasta ahora contra la obra y un recorrido por la zona afectada.

En México, 13 grandes centrales hidroeléctricas aportan más de 10 mil megavatios anuales, de los 65 mil generados en el país. En el Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional 2015-2029, lanzado en julio pasado, sólo hay un nuevo proyecto hidrológico, el de Chicoasén II.

El estudio ambiental de Chicoasén II reconoce la afectación directa sobre cinco comunidades del municipio e indirecta sobre otras 10 y reconoce que el embalse, desmonte, despalme, operación y mantenimiento de maquinaria y equipo perjudicará al paisaje, la fauna terrestre y el drenaje superficial.

“No queremos la presa. La CFE nos ha dicho que nos esperemos y no nos hace caso, no nos toma en cuenta”, asegura Herrera, en cuya familia hay otros cuatro ejidatarios.

En 2013, el Mecanismo de Desarrollo Limpio de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático rechazó incluir Chicoasén II como un proyecto de compensación de México de su emisión de gases de efecto invernadero, con el argumento de que no estaba demostrado que existieran beneficios de reducción de emanaciones, que el gobierno cifraba en 299 mil 436 toneladas de dióxido de carbono.

Además de su papel clave en la energía hidroeléctrica, Chiapas ha adquirido desde la década de 1970 un peso creciente en materia petrolera y tanto la compañía estatal Petróleos Mexicanos como la Secretaría de Energía (Sener) incluyeron en 2015 en sus planes nuevos campos para explotar o licitar en el estado.

En Chiapas operan 20 yacimientos, con reservas por unos 278 millones de barriles de petróleo, cuya actividad impacta sobre sobre 38 comunidades zoque, distribuidas en seis municipios.

Una encuesta realizada por la Sener sobre los impactos en otras actividades económicas por las operaciones petroleras, realizada en las gobernaciones de los estados, identificó la existencia de perjuicios en los sectores agrícolas, turísticos y en sitios arqueológicos, así como en nueve grandes áreas ambientales.

“La exploración (petrolera) tiene impactos sobre bosques, selva, recursos hídricos, asentamientos indígenas. Va a agudizar la conflictividad que ya existe…, pero las petroleras no se detienen ante los conflictos sociales”, analiza a IPS el profesor Fabio Barbosa, del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Además, el Plan Quinquenal de Expansión del Sistema de Transporte y Almacenamiento de Gas Natural 2015-2019 establece el gasoducto Salina Cruz-Tapachula, entre los estados de Chiapas y Oaxaca, de 440 kilómetros de longitud, en un proyecto que entraría en vigor en 2018, aunque todavía no se licitó.

Para Barbosa, los planes petroleros son inviables. “Si se desarrolla un yacimiento importante, se pueden repetir los desastres ambientales ocurridos en otros estados”, alerta.

La Ley de Hidrocarburos, vigente desde agosto de 2014 y parte de la reforma que abre los hidrocarburos y la electricidad al capital privado, estipula que la Sener debe organizar consultas previas, libres e informadas entre comunidades indígenas en cuyos territorios se desarrollen proyectos energéticos.

Además, los interesados en obtener permisos para ejecutar esas obras deberán presentar una evaluación de impacto social.

Estos requisitos no se han aplicado en Chiapas, según la versión de afectados y activistas sociales y ambientales.

Fuente: Contralínea

Autor: Emilio Godoy

http://www.contralinea.com.mx/archivo-revista/index.php/2016/03/25/chicoasen-ii-despojan-a-zoques-de-chiapas/?utm_content=buffer156a1&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_campaign=buffer

Denuncia FNLS desaparición forzada de uno de sus militantes en Chiapas

TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis. (apro).- El Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS) de Chiapas reportó la “desaparición forzada” de Fidencio Gómez Sántiz, uno de sus militantes y miembros activistas en el estado.

Gómez Sántiz, señaló el FNLS, es integrante del ejido Las Perlas, municipio de Altamirano, tiene 36 años de edad y es padre de familia de una niña de 10 años y de adolescente de 12.

El colectivo denunció que Gómez Sántiz fue objeto de una detención-desaparición forzada desde el pasado 5 de marzo, en la proximidad del mercado local ubicado en la cabecera municipal de Ocosingo. Desapareció entre las 15:00 y 16:00 horas luego de verse con su esposa e hijo en la terminal de transporte Jet-Ja para dirigirse a una visita familiar. Fue en ese lugar donde Gómez Sántiz fue visto por última vez.

Precisó que Fidencio se dirigía esa tarde al ejido Las Perlas, municipio de Altamirano, donde tiene su domicilio, luego de haber realizado “tareas políticas de denuncia en la Ciudad de México”. A escasos cinco u ocho minutos de despedirse de su familia, el hijo intentó hacer una llamada telefónica para asegurarse que su papá tomara sin contratiempos su transporte, pero no obtuvo respuesta.

El FNLS que se sumó a la campaña el alto al terrorismo de Estado y por la presentación con vida de todos los detenidos desaparecidos del país, en particular de Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, dijo que el caso de Fidencio es un caso más de los muchos graves que hay en el país.

Sus integrantes se dijeron preocupados de la integridad de Gómez Sántiz porque ha participado y se ha solidarizado con otros esfuerzos organizativos “que defienden los derechos del pueblo” y demandan poner fin a “la voracidad con que las fuerzas policiaco-militares y paramilitares desaparecen de manera forzada, torturan, desplazan forzadamente y ejecutan extrajudicialmente a luchadores sociales, defensores de los derechos humanos, periodistas honestos, pueblo en general que protestan contra el régimen”.

Para el FNLS, lo sucedido a Fidencio constituye un crimen de lesa humanidad, por lo tanto, es un crimen de Estado que obedece a la política gubernamental del terrorismo de Estado, “un ejemplo concreto de cómo el actual gobierno mexicano intenta ahogar el descontento popular, como de la toma de conciencia política de amplias masas populares en el país”.

Denunciaron que en esa región de Ocosingo y Altamirano, el grupo armado “Los Petules” se han dedicado a la cacería de sus compañeros por órdenes de jefes policíacos y militares, prueba de ello es el intento de asesinato del que fue objeto el estudiante Jorge Daniel Sántiz quien fue herido de bala en las instalaciones del Colegio de Bachilleres de Chiapas, esto en el poblado Cuxulja, municipio de Ocosingo, el pasado 12 de enero del presente año.

En Ocosingo este grupo patrulla la ciudad en busca de miembros del FNLS, denunciaron sus integrantes.

Acusaron que detrás de esta desaparición forzada podría estar el grupo Los Petules, conjuntamente con los cuerpos policíaco-militares adscritos en Ocosingo. “Ellos podrían ser sin duda los responsables de la desaparición forzada de nuestro compañero”, acusaron.

Hicieron un llamado a las organizaciones sociales y a los organismos defensores de los derechos humanos a que en la medida de sus buenos oficios, estén atentos y se pronuncien por el atentado que fue objeto Gómez Sántiz, que constituye una agresión más contra el FNLS.

Responsabilizaron de la integridad física y psicológica de Fidencio Gómez Sántiz y de cualquier integrante del FNLS, al presidente municipal de Ocosingo Tito Héctor Albores Cruz, a Lorenzo Sántiz López, Jesús Sántiz López y Agustín Sántiz López comandantes del grupo terrorista Los Petules, así como al representante del poder ejecutivo Enrique Peña Nieto y al gobernador de la entidad Manuel Velasco Coello.

Fuente: Proceso

Autor: Isaín Mandujano

http://www.proceso.com.mx/434636/denuncia-fnls-desaparicion-forzada-uno-sus-militantes-en-chiapas

Comunidades indígenas michoacanas exigen cese a hostilidades

Foto: La Voz de Michoacán

Morelia, Mich. Habitantes de 30 comunidades indígenas demandaron al gobierno estatal cesen actos de represión y hostigamiento, tras señalar que hubo detenciones y abuso de autoridad con tres de sus compañeros de Santa Fe de la Laguna y Cocucho, comunidades ubicadas en la zona purépecha.

El Consejo Indígena de Michoacán informó que el pasado domingo 13 de marzo el comunero Rigoberto Francisco Reyes, de 35 años de edad, y Jorge Luis Jacobo Francisco de 11 años, originarios y avecindados en la comunidad indígena de Cocucho, fueron agredidos por elementos de la Fuerza Rural de Charapan en terrenos de la propia comunidad de Cocucho, lo anterior en represalia, porque la comunidad exige la entrega y administración del presupuesto directo y la conformación de un gobierno comunal.

El estado de salud del menor es delicado. Ante ello se interpuso la denuncia correspondiente y una queja en la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) y en la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas.

Apenas en noviembre pasado fue detenido arbitrariamente el comunero de Santa Fe de la Laguna Nicolás Bautista Ramírez, mismo que posteriormente, gracias a la movilización social, fue liberado y absuelto de los cargos que injustamente se le imputaban.

“Además, nuestro asesor, el historiador Pavel Uliánov Guzmán, ha recibido diversas llamadas telefónicas donde ha sido amenazado en su integridad física, por asesorar a nuestras comunidades”, señala el comunicado enviado por la organización indígena que integran autoridades indígenas de Ostula, Santa Fe de la Laguna, Caltzontzin, Pichátaro, Zirahuén, Sevina, Capácuaro, Urapicho, Angahuan, Uricho, Pamatácuaro, Tacuro, Corupo, Nuevo Zirosto, entre otras.

Fuente: La Jornada

Autor: Ernesto Martínez

http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/03/20/comunidades-indigenas-michoacanas-exigen-cese-a-hostilidades-6549.html

La lucha del pueblo de Xochicuautla

Han sido 10 años de lucha en contra de una carretera que atravesará sus territorios, los despojará de sus tierras de cultivo, de sus lugares sagrados y de su flora y fauna. El pueblo de San Francisco Xochicuautla, en el estado de México, ha sabido resistir de múltiples formas: sus pobladores han puesto el cuerpo frente a la maquinaria; han recorrido la vía jurídica; se han movilizado en las calles y frente a organismos de derechos humanos. Un decreto de expropiación de sus tierras no los desanimó y se ampararon contra el atropello. Finalmente, el juez quinto de distrito en materia de amparo y juicios federales en el estado de México concedió la suspensión del decreto. Pero falta.

El proyecto de autopista fue puesto en marcha por el entonces gobernador del estado y ahora presidente de México, Enrique Peña Nieto, nada menos que por la constructora Autopistas de Vanguardia, perteneciente al Grupo Higa, y no sólo afecta a Xochicuautla sino al menos a otras 12 comunidades, entre ellas San Lorenzo Huitizizilapan y Santa Cruz Ayotuzco, que también la han rechazado.

El manual del despojo operó aquí como en el resto del país. Vino la división de los pueblos, la compra de voluntades, el engaño para apoderarse de las tierras. Luego la represión. Primero fueron detenidos 14 opositores, y el 3 de noviembre de 2014 otros ocho. Después, el decreto expropiatorio de 37 hectáreas, 93 áreas y 86 centiáreas de uso común. Este es el decreto que lograron echar para atrás.


Pero el pueblo de Xochicuautla no se confía, y tiene razones para ello. Y si no, que le pregunten a la tribu yaqui, que ganó todas las instancias posibles contra un acueducto que casi está terminado. Las suspensiones concedidas por el Poder Judicial de la Federación tienen el objetivo de proteger los derechos humanos de los pueblos indígenas, como el derecho al territorio, a la autodeterminación, al agua, la cultura, a la libertad de culto, y a los recursos naturales, entre otros, mientras dure el juicio. Lo anterior implica que la comunidad tiene la posesión legal del territorio expropiado y, en consecuencia, ni la empresa ni las autoridades del Estado involucradas cuentan con fundamento legal alguno para continuar las obras de construcción de la autopista por dicho periodo, explicaron en un comunicado.

La defensa continúa y las movilizaciones no cesarán hasta quela autopista sea cancelada de manera definitiva y se respeten plenamente los derechos de las comunidades como pueblo indígena otomí, por lo que desde el estado de México demandan estar alertas por posibles represalias que estas suspensiones generen en contra de los defensores del bosque sagrado.

Fuente: Los de Abajo/La Jornada

Autora: Gloria Muñoz Ramirez

http://www.jornada.unam.mx/2016/03/12/opinion/012o1pol

Exigen respeto a comunidad indígena y pueblos originarios en la Constituyente

Por mandato jurisdiccional, los partidos políticos deben registrar a ciudadanos de origen indígena en la lista de aspirantes a ocupar una diputación en la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México.

Esto abre la entrada para que los pueblos originarios de la capital tengan voz y cuenten con una representación en el Constituyente y darle continuidad a sus usos y costumbres, afirmó el consejero electoral del Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF) Pablo César Lezama Barreda.

Al participar en el Conversatorio sobre el Proceso Constituyente con integrantes de grupos indígenas y pueblos originarios de la capital del país, realizado en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las comunidades del gobierno capitalino (Sederec), Lezama Barreda destacó que en la ciudad existen casi 700 mil habitantes indígenas.

El Constituyente representa una oportunidad para hacer escuchar su voz y proteger la cultura y tradiciones originarias, agregó.

Invitó a las y los representantes de los pueblos originarios asistentes para que hagan valer sus derechos y alcen la voz para hacer propuestas con libertad desde el punto de vista de sus usos y costumbres.

Tras reconocer que existe desconfianza de la ciudadanía hacia los partidos políticos, el consejero del IEDF insistió en que la organización es la vía. “Organícense, designen a sus representantes, hablen y elijan a sus candidatos”, apuntó.

En un foro con representantes de diferentes pueblos originarios, el consejero del IEDF invitó a contribuir en la construcción del texto constitucional, “ustedes son quienes deben proponer y determinar cómo van a ser representados”, dijo.

Durante la sesión de preguntas y respuestas, los representantes de grupos indígenas presentes, dejaron en claro que no aceptarán candidatos que no sean originarios de sus comunidades. “Por ello, no queremos que nos condicionen la selección de candidatos la haremos desde el seno de las asambleas comunitarias”, manifestaron.

De igual forma, pidieron respeto a los usos y costumbres y solicitaron que se dé una mayor difusión para lograr una participación activa y lograr una representación en el Constituyente de la Ciudad de México, “queremos ser escuchados y que respeten nuestras raíces”, manifestaron.

Fuente: Diario de México

Autor: Redacción

http://www.diariodemexico.com.mx/exigen-respeto-comunidad-indigena-pueblos-originarios-la-constituyente/

Planean indígenas de Michoacán marchas por obras inconclusas

Morelia, Mich. Autoridades de 30 comunidades manifestaron que si la Secretaría de Pueblos Indígenas del gobierno estatal no resuelve las solicitudes de obras comprometidas en diciembre pasado antes del 17 de marzo se movilizaron dentro y fuera de sus territorios.

A través de un comunicado, El Consejo Supremo Indígena de Michoacán manifestó que en diciembre de 2015, la Secretaria de Pueblos Indígenas se comprometió con esta organización a realizar proyectos de alto impacto a favor de las comunidades. Les dijeron que los recursos serían gestionados antes las dependencias e instituciones involucradas, debido a que este año un cuentan con suficiente presupuesto, toda vez que la mayor parte de los recursos procede de la federación y es destinado a gastos operativos.

A más de tres meses del acuerdo no ha habido respuesta de la dependencia estatal, por lo que “emplazamos a la Secretaría de Pueblos Indígenas públicamente a resolver nuestras demandas a más tardar el próximo 17 de marzo, de lo contrario, no nos dejaran más alternativa que ejercer acciones conjuntas al interior y exterior de nuestros territorios ancestrales”.

Firman las comunidades de Santa Fe de la Laguna, Naranja de Tapia, Caltzontzin, Pichátaro, Zirahuén, Sevina, Capácuaro, Urapicho, Angahuan, Uricho, Pamatácuaro, Cuanajo, Comachuén, Cocucho, San Felipe de los Herreros, Sicuicho, Cherato, Tacuro, Corupo, Ostula, entre otros.

Fuente: La Jornada

Autor: Ernesto Martínez

http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/03/11/planean-indigenas-de-michoacan-marchas-por-obras-inconclusas-5600.html

Asesinan a Berta Cáceres, líder indígena hondureña, premio Goldman 2015

Berta Cáceres, coordinadora del Consejo de Pueblos Indígenas de Honduras (COPINH) fue asesinada esta madrugada cuando sujetos desconocidos entraron a su vivienda.

A la una hora local, según lo reportó la corresponsal de TeleSur, la líder indígena fue asesinada al interior de su vivienda ubicada en el sector La Esperanza, departamento del Intibucá al suroeste del país.

Berta era líder de la comunidad indígena lenca y de varios movimientos campesinos, defensora de los derechos humanos. La semana anterior había ofrecido una rueda de prensa en la que denunció el asesinato de cuatro dirigentes de su comunidad.

Berta Cáceres recibió el premio ambiental Goldman en 2015 por su contribución a la lucha persistente en contra de la construcción de una represa hidroeléctrica que amenazaba con desplazar a cientos de indígenas hondureños.

Cáceres se ganó el reconocimiento de la gente al ser co-fundadora del Consejo Nacional de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) y fue candidata a vicepresidente en las elecciones nacionales antes del golpe de Estado realizado en 2009, que rompió el orden constitucional del país.

El gobierno siguió una estrategia de desarrollo que inició deliberadamente en los tribunales con empresas transnacionales para la construcción de proyectos hidroeléctricos y operaciones de mineras a cielo abierto.

Uno de estos proyectos fue la represa de Agua Zarca. Los residentes cercanos al proyecto recurrieron a Cáceres y COPINH para pedirles que detuvieran la construcción de la represa, que se estaba haciendo sin el consentimiento de las comunidades afectadas. Cáceres, junto con miembros de la comunidad de Río Blanco, condujeron una campaña para detener la construcción del proyecto.

A pesar de la abrumadora oposición de la comunidad, el gobierno continuó con el desarrollo de la represa, obligando a sus residentes a establecer un bloqueo de carreteras. Ese bloqueo tuvo éxito en detener la construcción, aunque con un precio.

Cáceres y otros líderes de la comunidad fueron objeto de amenazas de violencia por parte de las fuerzas del Estado, así como la empresa responsable del proyecto. El líder de la comunidad Tomas García fue muerto a tiros durante una manifestación pacífica en 2013.

En respuesta a la oposición de la comunidad, un socio importante en el proyecto de la represa se retiró en 2013. Uno de los patrocinadores del proyecto era la Corporación Financiera Internacional, brazo del sector privado del Banco Mundial.

La violencia en Honduras

La construcción de la presa no se ha reanudado. Sin embargo, hay otros proyectos en Honduras plagadas de violencia.

El anuncio que declaró Cáceres como ganadora del premio Goldman coincidió con la publicación de un informe de Global Witness, que declaró a Honduras como el país más peligroso del mundo para los activistas del medio ambiente y de la tierra.

“El pueblo hondureño, junto con la solidaridad internacional, pueden salir de esta situación injusta, la promoción de la esperanza, la rebelión y organizarnos para la protección de la vida”, dijo Cáceres en esa oportunidad. “La aprobación de es proyecto hubiese significado desplazamientos de la población y hubiera impedido a la comunidad desarrollar sus actividades agrícolas, ya que no sólo se privatizaría el río, sino también varios kilómetros a la redonda” terminó diciendo la líder asesinada el día de hoy.

De acuerdo con un informe de la organización no gubernamental Global Witness, con sede en Londres; Honduras es uno de los países más peligrosos del mundo para los defensores de los derechos medioambientales, junto a Perú y Brasil.

Según el documento, entre los años 2002 y 2014 se registraron un total de 111 asesinatos vinculados a personas defensoras del medio ambiente.

Global Witness cuestionó que líderes internacionales se reúnen para discutir sobre el cambio climático; mientras los defensores del medio ambiente son asesinados de forma impune y sin cobertura mediática.

Fuente: Desinformémonos con información de TeleSur.net y Resumen Latinoamericano

Autor: Redacción

http://desinformemonos.org.mx/asesinan-a-berta-caceres-lider-indigena-hondurena-premio-goldman-2015/

Anuncian mujeres rurales jornada en defensa de derechos

Ciudad de México. El 8 de marzo, en el marco del Día Internacional de la Mujer, 20 mil mujeres de diversas comunidades rurales del país del Frente Auténtico del Campo iniciarán una jornada nacional en defensa de los derechos de las mujeres indígenas y campesinas por ser incluidas en la política pública y no ser vistas únicamente como beneficiarias de comedores comunitarios o de acciones asistencialistas.

En conferencia de prensa, las representantes de la Unión Nacional de Trabajadores, Coalición de Organizaciones Democráticas Urbanas y Campesinas, Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos, y Movimiento Social por la Tierra denunciaron que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación entrega recursos de programas sólo a grupos afines a su política y deja en las listas de las ventanillas a las organizaciones que exigen cambios en las acciones públicas.

María del Pilar Campos Tapia, de la UNTA, dijo que los programas no están diseñados para las mujeres rurales, quienes siguen sin acceder a un trabajo digno, a servicios médicos, a educación.

Esta será la primera vez que las mujeres campesinas e indígenas marcharán en la ciudad de México para visibilizar sus demandas. Alzarán su voz diciendo !ya basta! de marginación, pobreza, hambre, delincuencia organizada y violencia.

El próximo martes las mujeres se reunirán en el Monumento a la Revolución y marcharán por avenida Juárez y manifestarán en la Secretaría de Gobernación. "Esperamos sensibilidad política del secretario de Gobernación y de todos los titulares de las diversas dependencias relacionadas con el sector rural", apuntó Yuri Uribe Montero, del Movimiento Social por la Tierra.

Fuente: La Jornada

Autora: Matilde Pérez U.

http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/03/01/iniciaran-20-mil-mujeres-indigenas-jornada-en-defensa-de-derechos-4148.html

Iniciativa de diputados para promover en medios las culturas indígenas

Ciudad de México. La discriminación y exclusión contra los derechos lingüísticos de los pueblos indígenas, propició en la Cámara de Diputados la elaboración de una iniciativa de reforma a la fracción XII del Artículo 41 bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, con objeto de “promover la producción cinematográfica, de radio y televisión y en la industria editorial temas de interés cultural y artístico y de aquéllas tendientes al mejoramiento cultural y la propiedad de todas las lenguas nacionales reconocidos por la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, así como diseñar, promover y proponer directrices culturales y artísticos en dichas producciones”.

Clemente Castañeda, coordinador del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, refiere en su propuesta que la misma Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) ha expuesto que “en la actualidad 23 de los grupos etnolingüísticos se encuentran en extinción acelerada y 15 en extinción lenta, 14 de éstos ya están en vías de desaparecer. En los próximos 30 o 40 años estos 14 grupos etnolingüísticos dejarán de existir y con ello el país habrá perdido de manera irreparable parte de su riqueza cultural y de su historia".

El fondo de tal circunstancia se manifiesta, aduce el legislador se encuentra “las omisiones del Estado mexicano en su obligación de generar mecanismos jurídicos de protección y salvaguarda de los derechos lingüísticos de los pueblos indígenas”, y la ejemplificación de tal señalamiento es el menoscabo a sus derechos en el artículo 230 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.

Este apunta que en sus transmisiones, las estaciones radiodifusoras de los concesionarios deberán hacer uso del idioma nacional. Lo anterior, sin perjuicio de que adicionalmente las concesiones de uso social indígena hagan uso de la lengua del pueblo originario que corresponda.

El 20 de enero de 2016, refiere el diputado Castañeda, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resolvió el amparo concediéndole la razón, dado que “que esta disposición limita el uso de las lenguas indígenas y viola su libertad de expresión”.

Así, se aduce, las lenguas indígenas mexicanas conforman un legado milenario de incalculable valor cultural para México y para el mundo entero. Las 364 variantes lingüísticas, correspondientes a 68 agrupaciones lingüísticas derivadas de 11 familias lingüísticas indoamericanas, que según el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas conforman la riqueza plurilingüística de las lenguas indígenas de nuestro país representan no sólo el vivo testimonio de una sobrevivencia de más de cinco siglos, sino que en ellas habitan las posibilidades del pensar y del ser del indígena en tanto que ser humano, en tanto que existe.

Fuente: La Jornada

Autor: Roberto Garduño

http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/02/27/promueve-camara-de-diputados-derechos-linguisticos-de-indigenas-1000.html

Comunicado desde una comunidad en Chiapas: San Isidro los Laureles denuncia hostigamiento

Fecha:27 feb 2016

San Isidro los Laureles, municipio de Venustiano Carranza, Chiapas México, Adherentes a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona, del espacio de lucha de Semilla Digna, integrantes del CNI.


Denuncia pública.

AL EZLN.
A los y las adherentes a la sexta nacional e internacional.
A Los organismos de derechos humanos nacionales e internacionales.
AL Congreso Nacional Indígena (CNI).
A Los medios de comunicación libres y alternativos.
A La opinión publica de México y del mundo.

A los 62 días de haber recuperado nuestra madre tierra, siendo a las 12:40 pm, pasó una camioneta doble cabina Cheyenne color blanca con placas de circulación DSF-73-24, llevando consigo 6 personas dentro del vehículo, usando chalecos antibalas llevando armas de alto poder, en los predios recuperados del municipio de Venustiano Carranza Chiapas, mandados por los propietarios Rodrigo Ruiz, Francisco Ruiz, Octavín Albores, y apoyados por algunos pequeños propietarios, con toda la intención de intimidarnos a las compañeras y compañeros, jóvenes y niños de San Isidro los Laureles y comunidades, y que denunciamos lo siguiente.
Damos a conocer que estando reunidos en la finca recuperada “El Refugio”, conviviendo con nuestras familias en armonía y tranquilidad, pasaron exhibiéndose su gente armada (Guardias blancas de los propietarios), creando miedo a nuestras compañeras, compañeros, jóvenes, jóvenas, niñas y niños. Al mismo tiempo hacemos de su conocimiento que nuestra manta fue destrozada con lujo de violencia, ese mismo día siendo las 10:30 pm, ordenado por los propietarios Rodrigo Ruíz, Francisco Ruíz y Octavín Albores.

Tememos pues que pueda ocurrir el mismo desalojo y violencia que ocurrió en el año 1994, cuando decidimos recuperar dichos predios, la cual el mismo estado intervino desencadenando represión a nuestras compañeras y compañeros.

A través de este comunicado hacemos de su conocimiento a los tres niveles de los malos gobiernos federal, estatal y municipal, de lo que nos fundamenta la tierra, que legítimamente nos corresponde, como ustedes saben nosotros los campesinos e indígenas hemos dejado huellas y cicatrices en estas tierras por que nuestros abuelos y abuelas trabajaron sin llevarse nada a cambio.

Es por ello a través de nuestro comunicado, exigimos pues a las autoridades tomar en cuenta y respetar nuestra decisión de recuperar nuestra tierra, pedimos pues al CNI, a la opinión pública, a los organismos de derechos humanos, a los medios alternativos, estar pendientes porque les seguiremos manteniendo informados, en tiempo y forma, de todo lo que venga en contra nuestra y a nuestros derechos y también de nuestros avances.

Nuestra decisión es y será resistir y defender a lo que nos corresponde legítimamente para así llegar a nuestro objetivo, que será a beneficios de nuestras familias indígenas, donde vivir, donde trabajar y el sustento familiar.

Responsabilizamos a los tres niveles de gobierno federal, estatal y municipal, con los propietarios Rodrigo Ruíz, Francisco Ruíz, Octavín Albores junto con Jesús Orantes Ruíz, de todo lo que pueda pasarnos, en contra nuestra.

ATENTAMENTE.

Comunidad San Isidro los Laureles, municipio de Venustiano Carranza Chiapas.
Adherentes a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona, integrantes de Semilla Digna del CNI.

“Un revolucionario si no actúa con dignidad nos es revolucionario.”

Fuente: Semillitas Zapatistas

https://www.facebook.com/Semillita.Zapatista/posts/1081730971891004

A más de 4 años, desplazados de Banavil mantienen la esperanza de retornar al verdadero hogar

Una estructura de paredes y techos construidos de malla metálica y nailon es su hogar desde hace más de cuatro años. Trozos de árbol la hacen de varillas y, de paso, de bases de cama. Cobijas y trapos fungen como puertas.

En el espacio de escasos 15 metros cuadrados no hay chimenea. Para paliar el intenso frío que cunde en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, los habitantes de esta casa plástica han recurrido a su ingenio: con un bote de metal improvisan un fogón alimentado de aserrín. La casa se llena de humo; los ojos de los principiantes arden.

¿Que si la humareda daña su salud? Ni siquiera se lo preguntan. El objetivo inmediato es mantener el cuerpo tibio. El remedio es efectivo. Nada más importa.

Ellos y ellas son los desplazados de Banavil, localidad chiapaneca ubicada en el municipio de Tenejapa. En total suma 19 las personas afectadas, todas ellas integrantes de la familia López Girón. La violencia por parte de los grupos del Partido Revolucionario Institucional (PRI) los arrancó de su raíz, el territorio donde yacen sus muertos. Su simpatía con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) sería la causa de la violenta expulsión.

Los desplazados de Banavil sobreviven en una de las empinadas lomas que rodean el valle que es San Cristóbal. Un buen hombre les prestó un lote para instalarse, al que se llega por un camino empedrado. Los vecinos, gente pobre igual que ellos, los han cobijado. Por eso piden no tomar fotografías de los alrededores del lugar; para no incomodarlos.

Antonia, una mujer de semblante triste, el rostro del despojo, solo habla tzotzil. Es la madre, la mayor de la familia. Ella también está presente en la entrevista, no así su mirada. Mientras los suyos relatan lo ocurrido, los ojos de la mujer se descargan en inagotable llanto.

Miguel, de 27 años de edad, menudo de cuerpo, cuenta que el 4 de diciembre de 2011 su familia fue atacada por unos 50 priistas que cargaban palos y armas de fuego. El saldo del episodio fue de una persona muerta, seis heridas, dos encarceladas (quienes ya están fuera de prisión) y una más desaparecida forzadamente. Se trata, en el último de los casos, de Alonso López Luna, padre de Miguel. Hasta el momento nada se sabe del señor. A sus familiares les fue devuelto únicamente su antebrazo.

Para sobrevivir, la familia tuvo que abandonar las ocho y media hectáreas de tierra que tienen en Banavil, la herencia de sus antepasados. La vida de los López Girón ha cambiado radicalmente desde entonces. Antes se dedicaban al cultivo de maíz y frijol, ahora los varones la hacen de jornaleros y las mujeres se ocupan en lavar ropa ajena.

Los más pequeños de la familia no asisten a la escuela. No alcanza para la educación; tampoco para la salud. Por eso, cuando se enferman se curan con hierbas y sólo en casos extremos compran medicamentos. Los 13 miembros que llegaron a San Cristóbal de las Casas a finales de 2011, luego de la violencia que los llevó al exilio, ahora suman 19. La familia ha crecido.

Miguel relata que en 1996 su familia se adhirió a las bases de apoyo del EZLN. En congruencia con su lucha, se resistieron a aceptar los proyectos sociales ofertados por el gobierno. Fue entonces que empezó el hostigamiento, las amenazas de muerte, el aislamiento, al grado de que las personas que cruzaban palabra con ellos eran multadas económicamente. Así transcurrían las cosas hasta ese 4 de diciembre, cuando la violencia escaló a su máximo nivel.

En dos ocasiones, los López Girón retornaron provisionalmente a su territorio, con acompañamiento de organizaciones nacionales e internacionales. Una de ellas fue para enterrar a una integrante de la familia, quien falleció por los estragos del desplazamiento. Sin embargo, les fue imposible permanecer en el lugar por falta de garantías de seguridad. Además porque encontraron sus viviendas en mal estado y saqueadas.

Hoy, a poco más de cuatro años de los hechos, la familia mantiene la espereza de retornar de forma permanente y segura al verdadero hogar. Sus exigencias, dirigidas a los tres niveles del “mal gobierno”, son: justicia, verdad y retorno. Y es que, denuncian, trascurrido el tiempo, los hechos continúan impunes ya que el gobierno se ha negado a investigar y castigar a los responsables de los mismos.

La familia de 19 integrantes, incluidos bebés, pide al gobierno de Chiapas, a cargo de Manuel Velasco, que busque a su padre hasta encontrarlo, así como hacer efectivas las 10 órdenes de aprehensión que existen en contra de los responsables de la desaparición forzada de Alonso López y del desplazamiento familiar.

Además de ello, demanda las condiciones de seguridad y de no repetición de los hechos que les permitan su inmediato y definitivo retorno a Banavil, aunado a la reparación del daño por el saqueo del que fueron objeto sus viviendas. Finalmente piden la cancelación de las órdenes de aprehensión giradas contra Antonio y Pedro López Girón, a quienes se les acusa de portación de arma de fuego y del asesinato de un militante del PRI, delitos fabricados, según refiere Miguel.

El hombre asevera que a pesar de los ocurrido, su familia se mantiene firme en su lucha por el derecho a la tierra y a la libertad, demandas que los llevaron a simpatizar con el movimiento zapatista (ahora ya no pertenecen a éste; así lo decidieron, en tanto no resuelvan su problemática particular). “Nosotros resistimos. Mi familia no se desvía”, dice Miguel.

El indígena externa la solidaridad de su familia para con otros grupos víctimas de desplazamiento forzado en Chiapas. De acuerdo con el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba), con sede en San Cristóbal, recientemente han ocurrido en la entidad al menos cuatro desplazamientos forzados que involucran a unas 70 familias: Viejo Velasco (2006), San Marcos Avilés (2010), Banavil (2011), Primero de Agosto (2012).

Pedro Faro Navarro, director de la organización no gubernamental, refiere que los desplazamientos forzados referidos se relacionan principalmente con conflictos armados internos orquestados por el Estado a través de grupos de poder.

A finales de 2014, el Frayba lanzó la campaña Rostros del Despojo con el objetivo de hacer visible la problemática del desplazamiento forzado en Chiapas, misma que se enmarca, según refieren, dentro las estrategias gubernamentales que eliminan de manera sistemática la cultura comunitaria y niegan el reconocimiento pleno de derechos colectivos de los pueblos indígenas.

Fuente: Desinformémonos

Autor: Redacción

http://desinformemonos.org.mx/a-mas-de-4-anos-desplazados-de-banavil-mantienen-la-esperanza-de-retornar-al-verdadero-hogar/