En este sexenio, el Presidente Andrés Manuel López Obrador inauguró la política de inversiones federales en grandes obras hidráulicas pagadas al contado, cuadruplicando el presupuesto para obras federales y duplicando el presupuesto de la Conagua de su nivel histórico de 33 mil millones de pesos históricos a 69 y 3 mil millones de pesos en 2023 y 2024 respectivamente.

El año comenzó con sequías en 61.5% de municipios del país, situación que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) enfrenta con un recorte del 13% del presupuesto, en comparación con el que se le asignó para 2023, lo que implica una reducción de 9 mil 98 millones de pesos reales, de acuerdo con un análisis del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).

Germán Martínez Santoyo, titular de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), informó esta mañana que el Gobierno de México está invirtiendo 96 mil millones de pesos en 13 proyectos hídricos prioritarios, que beneficiarán a 22.2 millones de habitantes.

Desde Palacio Nacional, el titular de la Conagua detalló que los 13 proyectos hídricos prioritarios son para “garantizar el derecho al agua de las personas y fortalecer la soberanía alimentaria del país y ampliar la superficie de riego”.

Grupo México desmintió al presidente Andrés Manuel López Obrador quien ayer afirmó que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) entregó al inicio de su gobierno, en 2018, una concesión a la empresa minera.

Ayer mismo el organismo a cargo de Germán Arturo Martínez Santoyo emitió una tarjeta informativa en la que responsabilizó de la adjudicación de la supuesta concesión a Víctor Hugo Alcocer Yamanaka, quien en ese entonces se desempeñaba como responsable de la Subdirección General Técnica de la Conagua, y actualmente labora para Grupo México.

Un día antes de concluir el Gobierno de Enrique Peña Nieto, el 29 de noviembre de 2018, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) otorgó una gran concesión a la minera Buenavista del Cobre (Grupo México) de 8,000,000 de m3/año (253 litros por segundo) para uso industrial en Cananea, Sonora, una zona con acuíferos sobreexplotados, de acuerdo con el Registro Público de Derechos de Agua.

La base de datos del REPDA muestra que la operación fue desde las oficinas centrales, entonces bajo el mando de Roberto Ramírez Parra, sustituto de David Korenfeld, cesado por abuso de poder. La autoridad que emitió este título de concesión, el 02SON153500/09FMGC18, fue la Gerencia de Servicios a Usuarios, entonces dirigida por Juan Jaime Sánchez Meza, un abogado que radica en Sonora y actualmente es un consultor privado sobre temas hídricos.

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que analizan modificar la Ley de Aguas para evitar otra crisis de desabasto de agua como la que se presentó en Nuevo León, aunque le apuestan más al convencimiento.

El director general de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Germán Martínez Santoyo, aseguró que la escasez de agua que se registra en Nuevo León no ameritó que se declarara una emergencia por ser un tema relacionado con sequía de temporada.

La Comisión Nacional del Agua (Conagua), encabezada por Blanca Jiménez Cisneros, prepara cambios en su plantilla administrativa que operarán desde este 1 de abril. Ésta es la segunda reestructuración –luego de la limpia ordenada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, que dejó fuera del organismo a funcionarios con vínculos con gobiernos neoliberales–, pero incluye a siete exservidores públicos del gobierno de Felipe Calderón en puestos clave, señalan a Contralínea fuentes internas.

Los cambios fueron aceptados por el Consejo Técnico de la Conagua el pasado 25 de marzo e involucran 23 plazas, pero son al menos siete las que destacan en la lista de nuevos nombramientos: por ejemplo, la llegada de Omar Mata Cortés como subgerente de Operación Recaudatoria, quien fue jefe de Proyecto de Dictaminación en la administración de José Luis Luege Tamargo (cargo que ocupó a partir del 16 de julio de 2009).

La Comisión Nacional del Agua (Conagua), encabezada por Blanca Jiménez Cisneros, “careció de objetivos claros y de una perspectiva de mediano plazo en el tema hídrico, debido a que en ese año [2019] se inició la formulación de la política hídrica nacional para ser establecida en el Programa Nacional Hídrico…”, dictaminó la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en su más reciente fiscalización.

Apenas el 27 de diciembre pasado, el organismo anunció que “en materia de planeación, en apego a la Ley de Aguas Nacionales, se concluyeron los trabajos para la integración del Programa Nacional Hídrico (PNH), documento rector de la política en el país para la presente administración”.

La inspección y vigilancia de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) a los concesionarios del agua, como empresas y ejidatarios, con la imposición de sanciones para la mejora en la administración del recurso hídrico, fue limitada durante 2019, determinó la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Para actividades de regulación, inspección y vigilancia del recurso hídrico que, por ejemplo, eviten descargas ilegales de aguas residuales, violaciones de vedas o de derechos de núcleos agrarios, se le asignó para 2019 un monto por 6 mil 591 millones de pesos. Pero, observó el órgano en la Cuenta Pública 2019, aunque efectuó las visitas de inspección y de medición, no otorgó ni inscribió en el Registro Público de Derecho al Agua (REPDA) la totalidad de los títulos de concesión y asignaciones que recibió, no cumplió su programa de vigilancia y tampoco impuso las sanciones a los infractores por insuficiencias en la calificación de las actas derivadas de las inspecciones y verificaciones.