Ciudad de México. Por primera vez en la historia del organismo, empresarios afiliados a la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) se manifestaron este jueves en las escalinatas del Ángel de la Independencia para demandar al Congreso de la Unión la aprobación del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA). "Queremos erradicar la corrupción de México, no más corruptos impunes en nuestro país", dijo el presidente nacional del organismo, Gustavo de Hoyos Walther, quien consideró que la discusión en el Congreso para aprobar el SNA es un triunfo de la sociedad. Reconoció a los senadores que sí asistieron a votar y lo hicieron en favor del espíritu original de las iniciativas, quienes, dijo, no tuvieron miedo de transparentarse frente a sus representados. Sin embargo criticó a algunos senadores que, dijo, pretenden ahora pedir a los trabajadores y a las empresas lo que ellos no están dispuestos a hacer. "Esta no es una lucha contra los políticos sino de los ciudadanos en contra de la corrupción. No queremos cacería de brujas ni persecuciones paralizantes", dijo de Hoyos. Aseguró que los empresarios tampoco piden un régimen de excepción y no ignoran que la corrupción también puede involucrar a empresarios. Por eso, explicó, es que demandan un sistema completo, con dientes y que transparente el manejo de los recursos públicos.
Su presidente, Gustavo de Hoyos condenó los hechos de violencia que se produjeron en Guerrero, Tabasco, Chiapas, Michoacán y Oaxaca, asi como los bloqueos en la CDMX.
La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) se pronunció por la vigencia del Estado de derecho y convocó a la sociedad, autoridades y actores educativos, a crear un frente común contra actos de violencia ocasionados por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE). “La Coparmex convoca a los actores educativos, autoridades, maestros y padres de familia, y particularmente a los gobernadores de las entidades en conflicto, a hacer un frente común por la educación de calidad para todos nuestros niños y jóvenes”, subrayó el presidente del organismo, Gustavo de Hoyos Walther. Condenó enérgicamente los hechos de violencia y de vandalismo que se produjeron durante el fin de semana en los estados de Guerrero, Tabasco, Chiapas, Michoacán y Oaxaca por parte de la CNTE, así como el bloqueo de vialidades en la Ciudad de México. Agregó que la Coparmex se solidariza con las empresas y las instituciones públicas que han sido y han sufrido daños en sus instalaciones, a causa de la violencia desatada por los maestros disidentes. “El sector patronal exige la aplicación de la ley, sin excepciones, contra los líderes de la CNTE que han sido acusados penalmente por la presunción de haber cometido delitos graves”, subrayó. De Hoyos Walther indicó que las agresiones y el quebranto a la ley como formas de presión política de grupos particulares son inadmisibles, más aún cuando se causan daños a las empresas, a las instituciones e incluso a la economía de las familias mexicanas de las zonas afectadas, al obstaculizar el comercio, el turismo y demás actividades. Dijo que la violencia no puede ser nunca el camino para expresar las inconformidades que deben resolverse siempre en el marco del diálogo democrático y de los canales institucionales.
La Confederación Patronal de la República Mexicana expresó a la OCDE su preocupación por el retraso en la aprobación del Sistema Nacional Anticorrupción y solicitó al organismo internacional que actúe como observador en el proceso de votación de las leyes secundarias y en su implementación.
La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) acudió a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y a su brazo empresarial, el BIAC, para expresar su preocupación por el retraso en la aprobación del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) y solicitó que los organismos actúen como observadores en el proceso de votación de las leyes secundarias y en su implementación. Previo a la reunión ministerial de la OCDE en París, el Vicepresidente de Asuntos Internacionales y de Trabajo de Coparmex, José Ignacio Mariscal, presentó al Consejo y a la Asamblea General del BIAC la situación por la que en este momento atraviesa el proceso de aprobación del SNA.
“Expresamos la preocupación por el retraso en la aprobación de ese cuerpo normativo en el Congreso y destacamos la importancia que tiene el combate a la corrupción y a la impunidad, como condiciones fundamentales para lograr un verdadero Estado de Derecho e impulsar el gran potencial que tiene México”, destacó el sector patronal en un comunicado.
El pasado 19 de mayo, la Coparmex adelantó que acudiría a instancias internacionales y organismos aliados para informar lo que los legisladores intentaban hacer a los mexicanos: mantener un sistema de privilegios e impunidad en contra de la mayoría de los ciudadanos. Ayer, las comisiones de Anticorrupción y Participación Ciudadana, Justicia y la de Estudios Legislativos Segunda del Senado, suspendieron la sesión programada en la cual se abordarían las leyes secundarias del SNA. El Senador de Acción Nacional (PAN), Juan Carlos Romero Hicks, integrante del grupo de trabajo del Sistema Nacional Anticorrupción, reconoció que aún no hay acuerdos para sacar dicho sistema. Esta mañana, entrevista con Grupo Fórmula, el Senador indicó que este martes, la Junta de Coordinación Política, está turnando al pleno de la Comisión Permanente el proyecto para acordar el periodo extraordinario, dentro de dos semanas, del lunes 13, al viernes 17 de junio.
Romero Hicks precisó que se trabajan siete leyes del SNA, cinco en el Senado y dos en la Cámara de Diputados. Ante la Asamblea del BIAC y ante el Comité Anticorrupción, los representantes de Coparmex expusieron la petición de la Confederación para que la OCDE actúe como observador permanente en el proceso de aprobación de las leyes secundarias y posteriormente en la implementación del SNA. En otras acciones emprendidas por el sector patronal de México, durante la visita a París y a nombre de los 36 mil socios de la Coparmex, se realizó la entrega física de distintas misivas dirigidas a representantes de ambos organismos internacionales en las que se realiza la petición formal para que la comunidad internacional apoye a la sociedad mexicana en la exigencia de contar con un Sistema Nacional Anticorrupción completo a la brevedad posible.
“Una de las cartas fue entregada al Secretario General de la OCDE, José Ángel Gurría, para solicitar que el organismo actúe como observador en el proceso de aprobación de las siete leyes que conforman el SNA y, posteriormente, en la implementación de las mismas”, expusieron los empresarios en un comunicado.
El Vicepresidente de Coparmex también entregó personalmente la carta al Secretario General del BIAC, Bernhard Welschke; al Presidente de la Comisión Anticorrupción del mismo organismo, Klaus Moosmayer; y al Embajador Dionisio Arturo Pérez-Jácome, Representante Permanente de México ante la OCDE.
“El Secretario General del BIAC comentó que este es un tema que está muy en línea con todo lo que la OCDE ha luchado en el tema anticorrupción. Nos dijo que esta es una iniciativa muy positiva y consideró que es importante que todos los países sigan la misma línea”, dijo José Ignacio Mariscal.
El Secretario General de la OCDE y la Coparmex acordaron dar seguimiento a este tema a través del Director de la OCDE en México, Roberto Martínez Yllescas.
“Con estas acciones, Coparmex reitera su compromiso de impulsar un México transparente a través de la aprobación del Sistema Nacional Anticorrupción que el país necesita”, puntualizó el sector patronal.
CCE URGE APROBAR LEYES ANTICORRUPCIÓN
Ayer, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) urgió a los legisladores aprobar sin demoras las siete leyes secundarias del Sistema Nacional Anticorrupción, respetando el espíritu de la reforma constitucional, para acabar con la impunidad que impide el pleno desarrollo de México. “La corrupción es uno de los principales frenos para la economía del país. Son miles de millones de pesos de los mexicanos que dejan de invertirse en educación, salud, desarrollo social o empleo”, mencionó el organismo empresarial. El CCE mencionó que el SNA debe incluir aspectos fundamentales como son la creación de una Fiscalía Anticorrupción y una Secretaría de la Función Pública.
También indicó que debe asegurar que la Auditoría Superior de la Federación cuente con atribuciones y recursos para revisar el uso del dinero público, además de establecer la Sala Especial dentro del Tribunal de Justicia Administrativa, una Ley General de Responsabilidades Administrativas que asegure el desempeño honesto de los funcionarios y que se ajuste el Código Penal para reformar los tipos penales relacionados con la corrupción.
El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Xalapa, Octavio Jiménez Silva, exigió que se lleve a cabo el juicio político en contra del gobernador de Veracruz, Javier Duarte, además, pidió que se investiguen a los secretarios de su gabinete por su participación en desvío de recursos. El empresario demandó que sea cesado el secretario de Seguridad Pública estatal, Arturo Bermúdez, aunque sólo Duarte puede realizar dicho cambio. “Esa situación enviaría una clara señal a quienes quieran gobernar el estado de que Veracruz en realidad ha cambiado y que por ello ya no se tolerará más ni la impunidad ni la corrupción” sostuvo el representante de la Coparmex. “Es un hecho que debe haber un escarmiento para los malos servidores públicos, pero deben ser los diputados al Congreso del Estado, como representantes populares y no como empleados del gobernador, quienes decidan eso con apego a la ley. El hecho sentaría un precedente para que el futuro gobernador y sus funcionarios adviertan que en Veracruz no debe haber más impunidad ni corrupción” señaló el empresario, quien recordó que en otros estados se han fincado responsabilidades contra funcionarios públicos y en la entidad deberían aplicarse las mismas medidas. “Ojalá en el Congreso del Estado se pudiera también solicitar una investigación que dé con la remoción en contra de varios funcionarios porque ellos coadyuvan a gobernar al estado, por ello también debe llamárseles a cuentas para que respondan por lo que hicieron o dejaron de hacer en el manejo de recursos públicos” aseveró Jiménez Silva.
MÉXICO, DF: El sector patronal mostró su preocupación ante el “elevado” endeudamiento que plantea la Ley de Ingresos aprobada por el Congreso de la Unión, el cual “significará un menor nivel de vida para todos los mexicanos”. A menos de 15 días de que la Cámara de Diputados apruebe el Presupuesto de Egresos de la Federación, el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Juan Pablo Castañón señaló: “Los legisladores tienen que considerar que los recursos obtenidos a través de mayor deuda se tienen que pagar en el futuro, con intereses, lo cual significará un menor nivel de vida para todos los mexicanos, si no son invertidos de manera correcta”. De acuerdo con el organismo empresarial –y como lo adelantó Proceso en su edición 2035 que circula esta semana–, durante este año la deuda pública aumentó hasta el 45.5% como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB), desde el 33.9% del PIB en diciembre de 2012. Además, según su mensaje semanal, la Coparmex estimó que la deuda pública será cercana a 48% del PIB para finales de 2016, lo que indica “un crecimiento relevante del monto y ritmo de crecimiento para un país de mediano desarrollo como lo es México”. Si bien se anuncia que el déficit público será de solo 0.5% del PIB en el próximo año, los mercados se fijan más en los Requerimientos Financieros del Sector Público, que se plantea alcancen 3.5% del PIB en 2016. La semana pasada el Congreso aprobó los Criterios Generales de Política Económica, la Miscelánea Fiscal y la Ley de Ingresos para 2016. Ésta última contempla ingresos totales y endeudamiento por 4 billones 764 mil millones de pesos. Dicho presupuesto es el más grande de la historia del país y equivale a un incremento nominal de 3.3% en comparación con el estimado de 2015. Sin embargo, se plantea una disminución de la inversión pública en 21%, ante la caída de los ingresos petroleros. Esos ingresos serán de 884 mil millones de pesos, con una disminución de 28.3% en términos reales, respecto al año anterior. En tanto, los ingresos no petroleros, donde se incluyen los recursos que provienen de impuestos, así como ingresos de empresas del sector público, se elevarán a 3 billones 270 mil millones de pesos, lo que equivale a un incremento de 12.2% por arriba de la inflación. “Esas cifras nos indican que la sociedad seguirá compensando con su propio bolsillo la caída en los ingresos petroleros, a través de una mayor recaudación, y de los precios de los distintos bienes y servicios que provee el sector público”, advirtió la Coparmex. Luego, hizo un llamado para que el gobierno utilice estos recursos de la manera más eficiente, transparente y honesta. Y que se haga un gran esfuerzo para conformar el mejor entorno posible para fortalecer nuestra economía.
El presidente del organismo Juan Pablo Castañón agregó que es necesario corregir tendencias insostenibles como las que se observan este año. Por ejemplo, el elevado crecimiento del gasto en los Ramos Autónomos, de 17% real hasta septiembre pasado, así como en el Costo Financiero, que reporta un crecimiento de 22% por arriba de la inflación al mismo mes. FUENTE: PROCESO. AUTOR: JUAN CARLOS CRUZ VARGAS. LINK: 3 DE NOVIEMBRE 2015.
