A la Corte de La Haya, represión en Oaxaca a grupos civiles

El expediente de la represión contra el magisterio y el movimiento de la Asamblea Popular de los Pueblos en Oaxaca (APPO) en 2006 y 2007 será presentado ante la Corte Penal Internacional de La Haya por considerar que los agravios y los estragos perpetrados por el ex gobernador priísta Ulises Ruiz siguen vigentes y porque se enmarcan en un modelo de intervención violenta y sistemática del Estado para reprimir la protesta social que después de esos hechos se generalizó y se sigue aplicando en distintas partes del país.

El titular de la Defensoría de los Derechos Humanos de Oaxaca, Arturo Peimbert, acompañado por tres víctimas de persecución y tortura de esos hechos –Flavio Sosa, César Mateos y Emeterio Marino Cruz– y un integrante de la ya disuelta Comisión de la Verdad de Oaxaca –Diego Osorno–, pedirá a la CPI que admita su informe para ser investigado por este tribunal internacional.

Denunciarán a Fox, Calderón y Ruiz ante la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad

La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca presentará una denuncia ante la Corte Penal Internacional por los crímenes de lesa humanidad cometidos por exfuncionarios del Estado Mexicano en contra de la población civil del estado de Oaxaca, durante el conflicto sociopolítico de 2006 y 2007, los cuales se encuentran en la absoluta impunidad.

Entre los funcionarios que serán llevados a la Corte se encuentran los expresidentes Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón Hinojosa, así como los entonces funcionarios federales Francisco Ramírez Acuña, Eduardo Medina Mora, Genaro García Luna y Ardelio Vargas Fosado.

Denuncian ejecuciones extrajudiciales en Oaxaca, durante conflicto con APPO

El conflicto entre la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca y el gobierno ascendió a tal grado, que se reportan cerca de una treintena de fallecidos.

La Comisión de la Verdad reportó que “en el contexto del conflicto social oaxaqueño de 2006 y 2007, ocurrieron 28 muertes, de las cuales 24 fueron en el año de 2006: 7 en agosto, 16 en octubre y 1 en diciembre. En 2007 sucedieron tres: dos en enero y una en abril, pero este último caso se refiere a una persona que fue herida el 27 de octubre en la colonia Santa Lucía del Camino, en el mismo evento en que fue asesinado Bradley Roland Will”.

En un nuevo apartado de su informe, apuntó que “algunos de los homicidios acaecidos en el estado de Oaxaca durante el conflicto social de 2006-2007 podrían ser clasificados como ejecuciones extrajudiciales”. 

La comisión recordó que “una ejecución extrajudicial es cuando se consuma la privación arbitraria de la vida por parte de agentes del Estado, o con la complicidad, tolerancia o aquiescencia de estos, sin un proceso judicial o legal que lo disponga”.

Puso de ejemplo los casos de José Jiménez Colmenares y Lorenzo Sampablo Cervantes, quienes “fueron ejecutados extrajudicialmente en el mes de agosto de 2006”.

“En ese mes, las acciones colectivas de la población que participaba en el movimiento social fueron ascendentes y respondían, en buena medida, al plan que la APPO se fijó en su asamblea del 6 de agosto de 2006, donde acordaron llevar a cabo tres medidas: La toma de instituciones públicas, tanto en la ciudad de Oaxaca como en los municipios donde la Sección XXII tenía influencia, el cierre de autopistas importantes por su afluencia y la conexión entre las diferentes regiones del estado de Oaxaca; y los paros de 24 horas o indefinidos que algunos sindicatos realizaron”, expuso.


Previamente, la comisión había reportado la existencia de centros de tortura en la entidad.

APARATO SOBRE EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://aristeguinoticias.com/1205/mexico/denuncian-ejecuciones-extrajudiciales-en-oaxaca-durante-conflicto-con-appo/

Calderón exigió el envío de fuerzas federales a Oaxaca en 2006, revela Fox

OAXACA, Oax: Una década después del conflicto sociopolítico que se vivió en esta entidad, el expresidente Vicente Fox Quesada reveló que su sucesor, Felipe Calderón Hinojosa, le exigió el envío de fuerzas federales a Oaxaca para garantizar la asistencia del PRI a su toma de protesta como presidente de la República, el 1 de diciembre de 2006.

De acuerdo con el informe dado a conocer este lunes por la Comisión de la Verdad de Oaxaca (CVO), Fox actuó de esa manera en respuesta a la crisis poselectoral de 2006, cuando el candidato de la coalición “Por el bien de todos”, Andrés Manuel López Obrador, denunció un fraude. Su contrincante, el panista Felipe Calderón, necesitaba del PRI para legitimarse.

Como moneda de cambio, el Revolucionario Institucional pidió la protección para el entonces gobernador Ulises Ruiz Ortiz.


En su testimonio a la Comisión de la Verdad, Fox también dijo que con aquella decisión rompió un paradigma en la institución presidencial después de la masacre de estudiantes perpetrada el 2 de octubre de 1968 en la Ciudad de México, que impedía a los mandatarios de la República ordenar la represión directa contra un movimiento social.

El guanajuatense consideró que el operativo instrumentado el 29 de octubre de 2006 en esta capital acabó con “el síndrome presidencial de Tlatelolco” (ningún presidente quería ser Gustavo Díaz Ordaz), y para continuar con eso, dijo, Felipe Calderón mantuvo y acrecentó las acciones represivas directas en contra de los movimientos sociales bajo el contexto del combate a las drogas.

“Esta caracterización hecha por el expresidente, sumada a otros testimonios y análisis recabados por la CVO, permiten considerar que el Estado mexicano ensayó en 2006 en Oaxaca un conjunto de procedimientos que tienen como objetivo fortalecer la impunidad y cuya aplicación en los años siguientes, a nivel nacional, derivó en lo que ahora es denunciado y visibilizado como una crisis nacional de derechos humanos, la cual tiene como epicentro la ejecución y desaparición de estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa ocurrida en septiembre de 2014”, señaló Diego Enrique Osorno, integrante de la CVO.

En su comparecencia ante esa Comisión, Fox reconoció que inicialmente la Secretaría de la Defensa Nacional se negó a participar en el operativo, pero finalmente envió a un grupo de militares vestidos de policías federales para reprimir a los participantes en el movimiento social de 2006.

Alejandro Solalinde Guerra, Marina Patricia Jiménez y Diego Enrique Osorno, integrantes de la CVO, reiteraron que el responsable de las graves violaciones a los derechos humanos cometidas en el conflicto sociopolítico de ese año, derivadas de la ingobernabilidad, es el exgobernador Ulises Ruiz Ortiz, por lo tanto hay una clara responsabilidad de Estado.

Adelantaron que en abril próximo acudirán ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para presentar el informe realizado, pero antes (el 16 del mismo mes) lo darán a conocer a los oaxaqueños en un acto público en la Alameda Central de esta ciudad.

Solalinde, Jiménez y Osorno señalaron que a partir de este lunes se dan por concluidos los trabajos de la CVO, y en el transcurso del día harán entrega del informe a los tres poderes del Estado, además de que realizarán los trámites administrativos para el cierre de la gestión.

Destacaron que con la entrega del reporte iniciará un proceso de edición y publicación del mismo, a fin de que el pueblo de Oaxaca conozca la versión de los acontecimientos investigados por la CVO.

En el resumen ejecutivo, los participantes explicaron que la Comisión de la Verdad inició sus funciones en septiembre de 2014, de conformidad con el Decreto legislativo 2056, y ejerció un presupuesto total de 18 millones 173 mil pesos durante su periodo legal de existencia, entre septiembre de 2014 y febrero de 2016, cantidad que equivale al gasto que hizo el gobierno federal para publicitarse en medios de comunicación en tan sólo tres días.

Entre sus conclusiones menciona que a partir del 14 de junio de 2006, luego de que el gobierno estatal instrumentó un operativo con el fin de desalojar el zócalo de esta ciudad, el movimiento magisterial contó con el apoyo de personas y organizaciones que a la postre conformarían el movimiento social cuyo objetivo común fue la destitución de Ulises Ruiz Ortiz como gobernador.

Y mientras el movimiento se dio a la tarea de incrementar las acciones colectivas, entre ellas la toma de instituciones, bloqueo de carreteras, instalación de barricadas, paros sindicales y manifestaciones, el gobierno estatal recurrió a todos los medios legales e ilegales para contener la inconformidad generalizada.

Con el apoyo de la Policía Federal Preventiva (PFP) y del Ejército, el gobierno oaxaqueño realizó los operativos denominados ‘14 de junio’, ‘Plan General de Operaciones Antibloqueo’ (20 de julio a 20 de agosto de 2006), ‘Limpieza de Vialidades’ (21 y 22 de agosto de 2006), ‘Plan Hierro’ (1 al 27 de octubre de 2006), ‘Plan Rector de Operaciones “Juárez”’ (28 de octubre de 2006 al 24 de enero de 2007) y ‘Guelaguetza’ (1 de julio al 1 de agosto de 2007).

Con ello, el Estado violó de manera masiva y sistemática el principio de presunción de inocencia y el derecho al debido proceso y garantías judiciales, además de que realizó detenciones arbitrarias, tratos crueles, inhumanos y degradantes, e incluso incurrió en desapariciones forzadas, tortura y ejecuciones extrajudiciales, consideradas como violaciones graves a los derechos humanos.

La tortura fue sistemática y generalizada, dado que el tiempo que duró el conflicto se detectó una frecuencia casi diaria de detenciones acompañadas de esa práctica. Por lo anterior se puede presumir la existencia de crímenes de lesa humanidad.

A casi una década de esos hechos, la población oaxaqueña no ha tenido conocimiento de la cantidad de recursos públicos que se erogaron para publicitar al gobierno de Oaxaca en medio de la crisis social, y se desconoce el monto destinado a los distintos medios de comunicación que recibieron dinero bajo el concepto de publicidad oficial. Esta situación está directamente relacionada con temas de transparencia, acceso a la información y gasto público.

La CVO registró que al menos 33 periodistas, comunicadores o miembros de los medios de comunicación fueron agredidos físicamente, algunos de ellos en más de una ocasión. Y precisó que fueron ejecutados al menos dos periodistas entre octubre y diciembre de 2006: Bradley Roland Will y Raúl Marcial Pérez.
De igual manera, destacó la existencia de 373 víctimas, sin incluir a familiares, que por diversas razones no se han presentado a declarar ante ninguna instancia.

Y con el fin de garantizar su derecho de audiencia, la CVO solicitó formal y públicamente la comparecencia de 68 funcionarios relacionados con el conflicto, incluido el exgobernador Ulises Ruiz Ortiz. El llamado sólo fue atendido por el expresidente de la República, Vicente Fox Quesada, y el exsecretario de Salud estatal, Martín Vázquez Villanueva.

En el apartado de anexos del informe se mencionan los nombres de 154 funcionarios de los tres ámbitos de gobierno que las víctimas entrevistadas por la CVO señalan de manera directa como perpetradores o participantes del conflicto.

Sobre los asesinatos de Arcadio Fabián Hernández, Eleuterio José Jiménez Colmenares, Lorenzo Sampablo Cervantes, Alejandro García Hernández, Emilio Alonso Fabián, Esteban López Zurita, Bradley Ronald Will, Raúl Marcial Pérez y Alberto Jorge López Bernal, la CVO concluyó que existen elementos suficientes para sostener que se trató de ejecuciones extrajudiciales, es decir, crímenes de Estado.

Destacó que durante el conflicto de 2006-2007 en Oaxaca, las detenciones respondieron a un patrón de actuación por parte del Estado. En primer lugar, apuntó, fueron realizadas de manera arbitraria y acompañadas por tratos crueles, inhumanos, degradantes y tortura, y en su gran mayoría las perpetraron grupos armados ilegales, los cuales llevaban a las personas detenidas a sitios desconocidos donde las torturaban.

El siguiente paso era entregarlos a alguna autoridad que volvía a torturarlas y luego ésta las ponía a disposición del Ministerio Público.

Después de la entrada de la PFP a Oaxaca, en esta cadena de custodia fueron incluidos elementos del Ejército bajo el formato de “personal comisionado a la Secretaría de Seguridad Pública”, según información proporcionada por la Secretaría de la Defensa Nacional.

Por consiguiente –según la información recabada por la CVO–, tanto en documentación oficial como mediante la recolección de testimonios, existen elementos para señalar al entonces gobernador Ulises Ruiz Ortiz; al procurador Evencio Nicolás Martínez Ramírez; al secretario de Protección Ciudadana, Sergio Segrestre Ríos; al director de la Policía Ministerial estatal, Daniel Camarena Flores, y al coordinador de Seguridad, Vialidad y Tránsito Municipal, Aristeo López Martínez.

Todos ellos cometieron una serie de agravios contra Emeterio Marino Cruz, entre los que se incluye: tentativa de homicidio calificado, abuso de autoridad, tortura, y trato cruel, inhumano y degradante.

Según el Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas, operado por las secretarías de Gobernación y Defensa Nacional, así como por la Presidencia de la República, se tienen documentadas 216 personas desaparecidas de 2005 a julio de 2015 en 35 de los 570 municipios que componen el estado de Oaxaca.

De esa cifra, 97 desapariciones se registraron en el periodo de gobierno de Ulises Ruiz Ortiz y 119 desde el inicio de la administración de Gabino Cué Monteagudo hasta julio de 2015.

En total suman 216 desapariciones, de las cuales 18 pertenecen al fuero federal y se registraron de 2005 a julio de 2015, mientras que 198 son del fuero común y se perpetraron en el periodo que va de 2007 a 2015.

En ese grupo había 115 varones y 101 mujeres, y la media de edad es de 27 años.

También se estableció la responsabilidad del Senado de la República, ya que atendió la solicitud de desaparición de poderes en el estado, privilegiando los intereses políticos enmarcados en la sucesión presidencial de 2006, en lugar de procurar la estabilidad, seguridad y paz en Oaxaca, donde se cometieron una serie de violaciones graves a los derechos humanos luego de su negativa.

Sobre la reparación a las víctimas del conflicto, se realizaron dos procesos: uno a través del fideicomiso F/2001442 conseguido por la dirigencia de la Sección 22 mediante negociaciones con la Secretaría de Gobernación, en 2006, por la cantidad de 5 millones de pesos destinados a 16 deudos de personas que fueron víctimas de homicidio en los años 2006 y 2007 en Oaxaca.

El otro fondo fue gestionado por la Coordinación de Derechos Humanos del gobierno de Oaxaca a partir de una demanda civil, lo que derivó en un acuerdo con el gobierno estatal por 11 millones de pesos para 64 víctimas, quienes presuntamente recibieron 170 mil pesos cada una. Pero la realidad es esto que contribuyó a la división y confrontación entre víctimas.

Finalmente, la gran mayoría de las víctimas de violación a los derechos humanos que fueron entrevistadas por la CVO coincidieron en que el gobierno encabezado por Gabino Cué Monteagudo no les hizo justicia, debido a que los perpetradores no han sido sancionados hasta ahora, y a las víctimas no se les reparó el daño de manera integral.

Y, lo peor, dijeron sentirse engañadas porque los presuntos responsables de la crisis en aquellos años fueron premiados con puestos en el gobierno de la alternancia, y a últimas fechas algunos de ellos o ellas se han postulado como candidatos para ocupar puestos públicos en las siguientes elecciones.


En ese sentido, la CVO consideró que mantener a los perpetradores y encubridores del conflicto sociopolítico en cargos públicos es algo que fortalece la impunidad y daña el proceso de transición democrática.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: PEDRO MATÍAS.
LINK: http://www.proceso.com.mx/431854/calderon-exigio-el-envio-de-fuerzas-federales-a-oaxaca-en-2006-revela-fox

Fox, el único de 68 exfuncionarios que compareció ante la Comisión de la Verdad: Solalinde

OAXACA, Oax: El padre Alejandro Solalinde Guerra confirmó esta mañana que el expresidente Vicente Fox fue el único de los 68 exservidores públicos que compareció ante la Comisión de la Verdad por su presunta responsabilidad en la violación de los derechos humanos cometida en 2006 y 2007, durante el conflicto socio-político que se vivió entonces en la entidad.

De acuerdo con el fundador del albergue “Hermanos en el Camino”, Fox accedió a reunirse hace 10 días con el comisionado Diego Osorno, quien lo entrevistó en privado en la ciudad de México. Solalinde evitó proporcionar mayor información al respecto porque, dijo, se dará a conocer en el informe que presentarán en febrero próximo.

Señaló que la cita a los presuntos responsables del conflicto era una oportunidad para que se defendieran, sin embargo, no se presentaron y entonces no tendrán ninguna calidad moral para refutar el informe.

Aunque se corría el riesgo de que los exservidores públicos que comparecieran respondieran a modo, eso y nada es lo mismo, pero la Comisión tenía la obligación de citarlos para que dieran su versión, de lo contrario el informe quedaría incompleto, y su decisión de no comparecer sólo ratifica que el que calla otorga, subrayó.

“Ya se les dio la oportunidad de que se defendieran y no quisieron, ahora serán responsables de que se les finque responsabilidad por los hechos de 2006 y 2007 que dejaron 25 muertos, alrededor de 500 detenidos, 380 torturados y cinco desaparecidos”, apuntó el presidente de la Comisión de la Verdad.

Insistió en que el conflicto “nos robó la paz, hizo mas honda la brecha que había entre políticos y pueblos, entre ricos y pobres, y rompió el tejido social que se recuperará llevando a la justicia a los responsables del conflicto”.

Para realizar su investigación, la Comisión de la Verdad citó a declarar a diversos exfuncionarios, entre ellos los expresidentes Vicente Fox y Felipe Calderón; el exgobernador Ulises Ruiz; el exsecretario de Seguridad Pública federal y ahora ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Eduardo Medina Mora, y la exprocuradora de Justicia de la entidad, Lizbeth Caña Cadeza.

Solalinde consideró que por acción u omisión, esas personas participaron en los hechos que presuntamente violentaron derechos humanos, o incurrieron en delitos en contra de la población civil participante o no participante en el movimiento social de 2006 y 2007.


Entre los citados a comparecer también se encuentran el exsecretario de la Defensa Nacional, Gerardo Clemente Ricardo Vega García; el exsecretario de Marina Marco Antonio Peyrot González, y el comisionado del Instituto Nacional de Migración, Ardelio Vargas Fosado.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: PEDRO MATÍAS.
LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=427694

Extitular de la Defensa y el ministro Medina Mora también llamados a comparecer

OAXACA, Oax: La Comisión de la Verdad de Oaxaca (CVO) solicitó la comparecencia de 68 exservidores públicos de los ámbitos estatal y federal por su presunta responsabilidad en la violación de los derechos humanos cometidos durante el conflicto sociopolítico de 2006 y 2007.

La CVO fue creada hace dos años para investigar el conflicto que protagonizaron la CNTE y la APPO hace nueve años en Oaxaca que provocó 25 muertes, alrededor de 500 detenidos, 380 torturados y cinco desaparecidos.

Como se dio a conocer el domingo pasado entre los citados a comparecer se encuentran los expresidentes Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón Hinojosa y el exgobernador Ulises Ruiz Ortiz, pero también se encuentran otros exfuncionarios de alto nivel.

Entre ellos: el exsecretario de la Defensa Nacional Gerardo Clemente Ricardo Vega García, el exsecretario de Marina Marco Antonio Peyrot González, el actual ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Eduardo Medina Mora y el comisionado del Instituto Nacional de Migración Ardelio Vargas Fosado.

También están Jaime Domingo López Buitrón, del centro de investigación y seguridad nacional; Clemente Ricardo Vega, exsecretario de la Defensa Nacional; Augusto Moisés García Ochoa, exsecretario particular de la Sedena y a Juan Alfredo Oropeza Garnica general de la 28ª zona militar.

En el mismo tenor solicitó la comparecencia de Medina Mora, exsecretario de Seguridad Pública Federal; Marco Antonio Peyrot González, exsecretario de Marina; Francisco Arellano Noblecia, ex coordinador de las fuerzas federales de apoyo de la PFP; Ardelio Vargas Fosado, exjefe del Estado Mayor de la PFP, y Juan Manuel Herrera Marín, excomisionado de la Secretaría de Seguridad Pública Federal.

Otros exfuncionarios federales llamados a comparecer son: Daniel Francisco Cabeza de Vaca, exprocurador General de la República; Javier Arévalo Molina y Jordán de Jesús Alegría Orantes, exdelegados de la PGR; Gustavo Carlos Romero Kuhliger, auxiliar de la PGR; Francisco Garduño Juárez, exjefe regional de la Agencia Federal de Investigaciones y Celina Oseguera Parra, exdirectora del Centro Federal de Readaptación Social número 3, de Matamoros, Tamaulipas, quien se encuentra actualmente presa por su presunta responsabilidad en la fuga de Joaquín El Chapo Guzmán.

Independientemente de que todos los exfuncionarios están siendo notificados formalmente en sus domicilios o centros de trabajo de la solicitud, la CVO que preside el padre Alejandro Solalinde les hizo un llamado público para que comparezcan del 25 de noviembre al 15 de diciembre próximos.

Dicha comisión considera que por acción u omisión participaron en los hechos que presuntamente violentaron derechos humanos o incurrieron en delitos contra la población civil participante, o no, en el movimiento social de 2006 y 2007.

Autoridades estatales

La lista dada a conocer el domingo pasado por la CVO incluye a varios exfuncionarios estatales.

Junto a Ulises Ruiz Ortiz encabezan la lista Evencio Nicolás Martínez Ramírez, exsecretario general de gobierno; Héctor Pablo Ramírez Puga, exsecretario técnico; Lizbeth Caña Cadeza exprocuradora general de justicia y Bulmaro Rito Salinas, expresidente de la Cámara de Diputados.

Además están en la lista los actuales aspirantes a la gubernatura del estado Héctor Pablo Ramírez Puga, actual director general de Liconsa, y el senador Eviel Pérez Magaña, quien en el sexenio de Ulises fue secretario de obras públicas.

Le siguen el exdiputado Genaro Vázquez Colmenares, Miguel Ángel Ortega Habib, exsecretario de finanzas y su secretaria particular Magnolia López Morales; Teófilo Manuel García Corpus, exsecretario general de gobierno; Jorge Toledo Luis, ex secretario general de gobierno; Heliodoro Díaz Escárraga, expresidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados en 2006; José Manuel Vera Salinas, exdirector general de seguridad pública estatal y Manuel Moreno Rivas, exdirector de la policía ministerial estatal.

A la lista se suman Mercedes Rojas Saldaña, exdirectora de canal 9 Cortv; Pedro Ismael Díaz Laredo, exdirector de seguridad pública; Alma López Vázquez y Sergio Segreste Ríos, exsecretarios de protección ciudadana; Joaquín Darío Berges, exjefe de la policía auxiliar, bancaria, industrial y comercial; Jorge Alberto Quezada Jiménez, excomisionado de la policía estatal; Gustavo Eduardo Castellanos Castellanos, excomandante de la secretaria de seguridad pública; Margarito Martínez Flores, policía “a” de la segunda compañía del quinto batallón y Tranquilino Alvarado Martínez.

Además deben comparecer Martín Vázquez Villanueva, exsecretario de salud; Leticia Mendoza Toro, exrectora de la UABJO; Daniel Camarena Flores, exdirector de policía ministerial; Juan José Ramírez López, exsupervisor general de la policía ministerial.

Gustavo Francisco García Bautista, exdirector de averiguaciones previas y consignaciones de la procuraduría; Netolín Chávez Gallegos, exsubprocurador general de averiguaciones previas; Jorge Pérez, exdirector del instituto pericial; Héctor Anuar Mafud, expresidente del Tribunal Superior de Justicia, y Hermilo Aquino Díaz, ex director de prevención y readaptación social.

Así como Juan Carreño Morales, exdirector del reclusorio regional de Miahuatlán; Enrique Noé Morales Ramírez, exdirector del reclusorio de “Tanivet”; Jesús Martínez Álvarez, exdirector del reclusorio de Ixcotel; Juan Manuel Herrera Marín, ex comisionado de la secretaría de seguridad pública federal; Jaime Mario Pérez Jiménez y Heriberto Antonio García, expresidentes de la Comisión Estatal de Derechos Humanos; Elpidio Concha Arellano, actual delegado de Sedatu, y José Yuri Arias Cruz exdirector de los Servicios de Salud.

Las municipales

Respecto de las autoridades municipales involucradas en los hechos fueron citadas a comparecer: Jesús Ángel Díaz Ortega, expresidente municipal de Oaxaca de Juárez; Delfino Cruz Hernández, exdirector de Seguridad Pública Municipal; Alberto Sibaja Ramírez, exdirector operativo de seguridad pública municipal; Jorge Pablo Méndez, expresidente municipal de Santa María Coyotepec; Meinardo López Sánchez, expresidente municipal de San Antonino Castillo Velasco; Abel Santiago Zárate, exregidor de Seguridad Pública de Santa Lucía del Camino y Orlando Manuel Aguilar Coello,ex suboficial de la policía municipal.

La comisión también citó a Beatriz Quintanar, exdelegada de la Cruz Roja en Oaxaca; Enrique de Gaspe Domville, exdirector del hospital regional del ISSSTE; Felipe Gama Casas, exdirector del hospital civil “Aurelio Valdivieso” y a Rosalino Vásquez Cruz, director del hospital del IMSS.

En un comunicado la CVO indicó que realiza una investigación “basada en estándares internacionales de derechos humanos y justicia transicional” con base en la ley que dio origen a la comisión.

Señaló que de acuerdo con sus investigaciones y los testimonios de 300 personas víctimas, testigos presenciales o actores sociales de los hechos “existen evidencias sobre la responsabilidad de servidores públicos, por acción u omisión, en los hechos que presuntamente violentaron derechos humanos o incurrieron en delitos en contra de la población civil participante, o no participante, en el movimiento social de los años 2006 y 2007”.

Con las comparecencias, abundó espera “recibir testimonios y establecer los mecanismos para que las víctimas, ciudadanos y personas en general aporten información o pruebas sobre hechos que pudieran constituir violaciones de derechos humanos o presuntos delitos, así como investigar las condiciones políticas, administrativas y jurisdiccionales de las distintas instituciones del Estado”.

Gabino Cue conformó la CVO cuatro años después de iniciado su gobierno y los resultados del informe final serán dados a conocer el 15 de marzo de 2016, unos meses antes de que concluya su gestión.

La CVO se creó mediante el decreto 2056 aprobado por el Congreso de Oaxaca. La presiden el sacerdote y defensor de derechos humanos Alejandro Solalinde Guerra, la investigadora y maestra en antropología social Marina Patricia Jiménez Ramírez y el periodista y escritor Diego Enrique Osorno.

Justicia incompleta

A la fecha las conclusiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que estimó que “sí hubo violación grave generalizada y particularizada de garantías individuales y derechos fundamentales”, ni la recomendación 15/2007 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) han sido fueron suficientes para castigar a los responsables.
Con el paso del tiempo incluso han sido silenciados algunos de los involucrados como el excoordinador de Seguridad Pública Municipal de Oaxaca, Aristeo López Martínez, ejecutado en enero de 2009.

Antes el 30 de enero de 2008 fue asesinado el director de la Policía Auxiliar Bancaria, Industrial y Comercial, Alejandro Barrita Ortiz.

Barrita y López Martínez fueron vinculados con secuestros, torturas y asesinatos cometidos en el marco del conflicto sociopolítico de 2006 y 2007. En particular por los “levantones” que realizó la llamada “caravana de la muerte” que utilizaba vehículos sin placas y ocupantes sin identificación oficial.

A esas muertes se suma la del comandante Ricardo Rodríguez Silva, la desaparición del comandante Jonás Efigenio Gutiérrez Corro y las ejecuciones de Rubén Maldonado Marmolejo “El Dragón” y José María González Porras “El Chema” o “El Güero” quienes fueron identificados como integrantes de las caravanas de la muerte en 2006.


El exsecretario de Protección Ciudadana Lino Celaya Luría a quien le atribuyen la conformación de las “caravanas de la muerte” murió a consecuencia de una enfermedad.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: PEDRO MATÍAS.
LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=421400

Comisión de la Verdad de Oaxaca cita a Fox y Calderón por conflicto de la APPO

MÉXICO, DF: La Comisión de la Verdad de Oaxaca (CVO) dio a conocer este domingo una lista de funcionarios públicos a nivel estatal y federal e incluso organismos civiles, que han sido llamados a declarar sobre los hechos violentos de 2006 y 2007.

En el listado destacan los expresidente panistas Vicente Fox Quezada y Felipe Calderón Hinojosa, el exgobernador Ulises Ruiz Ortiz y varios de sus colaboradores.
La CVO fue creada hace dos años para investigar el conflicto que protagonizaron la CNTE y la APPO hace nueve años en Oaxaca.

El organismo público que preside el sacerdote Alejandro Solalinde dio a conocer una lista de 38 exfuncionarios estatales y 15 exfuncionarios federales, además de cinco exdirectores de hospitales públicos de Oaxaca.

En un comunicado, la Comisión de la Verdad indicó que “se encuentra realizando una investigación basada en estándares internacionales de derechos humanos y justicia transicional. El fundamento jurídico de esta acción se inscribe en la Ley que crea la Comisión de la Verdad para la investigación de los hechos que motivaron las violaciones a los derechos humanos del pueblo de Oaxaca, misma que fue publicada el 19 de octubre de 2013 en el periódico oficial del gobierno de Oaxaca, bajo el Decreto número 2056 de la LXI Legislatura del Congreso Local”.

Agrega que derivado de las investigaciones realizadas por la Comisión y de los testimonios levantados a 300 personas víctimas, testigos presenciales o actores sociales, existen evidencias sobre la responsabilidad de servidores públicos, por acción u omisión, en los hechos que presuntamente violentaron derechos humanos o incurrieron en delitos en contra de la población civil participante, o no participante, en el movimiento social de los años 2006 y 2007.

El organismo destaca que, en virtud de lo anterior y en base a las facultades que tiene esta Comisión para “recibir testimonios y establecer los mecanismos para que las víctimas, ciudadanos y personas en general aporten información o pruebas sobre hechos que pudieran constituir violaciones de derechos humanos o presuntos delitos, así como investigar las condiciones políticas, administrativas y jurisdiccionales de las distintas instituciones del Estado”.

Por tal motivo, la Comisión de la Verdad hizo un llamado público a los siguientes funcionarios para declarar ante esta honorable Comisión para el esclarecimiento de la verdad y la búsqueda de la justicia. Estos mismos servidores públicos están siendo notificados formalmente en sus domicilios o centros de trabajo.


La CVO precisa que el periodo de comparecencias dará inicio el 25 de noviembre y concluirá el 15 de diciembre de 2015.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
FECHA: 22 NOVIEMBRE 2015.
LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=421384