Luego de una intensa jornada de protestas que llegaron a la agresión física con policías estatales, y bajo la cuestionable premisa de que hubo daños en el equipo técnico de las instalaciones del Poder Legislativo, diputados del Congreso del Estado, sesionaron vía remota para aprobar la reforma constitucional al Poder Judicial, la cual se encuentra en un proceso de ratificación por parte de las 32 entidades del país.

La sesión programada para las 2 de la tarde se vio suspendida luego de la irrupción violenta de un grupo de manifestantes que conforman la planilla laboral del Poder Judicial Federal, quienes sostuvieron un enfrentamiento con policías estatales que resguardaban el lugar.

El diputado local por Morena, Fernando Sánchez Sasia, presentó una iniciativa de reforma al Código Penal del Estado que criminaliza la protesta social pues propone castigar con tres días a cuatro años de prisión y multas de hasta 32 mil pesos a los manifestantes que cierren calles.

El legislador justificó su propuesta al señalar que el medio para la solución de conflictos no debe ser el cierre de vialidades, “sino el diálogo, la prudencia y el respeto a terceros”.

Aunque estaba estipulado en el último orden del día de una sesión pública tomar protesta a familiares de personas desaparecidas en el Consejo Estatal en esta materia, las y los legisladores de la XVI Legislatura del Congreso del Estado abandonaron el recinto legislativo antes de cumplir con su responsabilidad.

Lo anterior fue expuesto por integrantes del colectivo Búsqueda x La Paz que calificaron como una falta de responsabilidad grave por parte de la y los legisladores sudcalifornianos.

El Congreso de Jalisco aprobó una reforma a una ley que no existe desde 2013, lo cual fue vetado por el gobernador Enrique Alfaro, de acuerdo con una investigación de El Diario NTR.

En las observaciones del mandatario al Poder Legislativo se señala que no se puede publicar el decreto porque es una reforma “a una ley abrogada”, lo cual no fue detectado por los diputados y lo aprobaron por unanimidad.

El PAN en el Congreso de Chihuahua, junto a sus aliados de PRI, MC y PT, reformó la constitución para permitir que la gobernadora, María Eugenia Campos Galván, se ausente del estado sin informar al legislativo, además de que se borró la obligación del gabinete de entregar informes, entre otras modificaciones criticadas por la oposición.

El lunes, cuando se publicó el orden del día, no se contemplaba entre los asuntos la votación del dictamen de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales sobre esta reforma constitucional.

De gira por Tamaulipas, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, se reunió la noche del lunes con integrantes de la Legislatura local, sin embargo 15 diputados y diputadas del PAN no asistieron al encuentro.

A la reunión convocada por López Hernández llegaron los 17 diputados de Morena, el fiscal del estado, Irving Barrios Mojica, alcaldes, funcionarios del gobierno de Américo Villarreal, actual Gobernador de Tamaulipas, y mandos militares.

En el 2021, en la Legislatura LXII del Estado de Sonora, en el contexto de la crisis de la pandemia por la COVID-19, el Congreso habría desviado más de 463 millones de pesos, de un presupuesto total devengado de 814 millones 899 mil 710 pesos, es decir, el 57 por ciento del total, mediante la partida de “Ayudas Sociales”, de acuerdo con documentación oficial y testimonios a los que tuvo acceso el reportero.

Las diputadas representantes del PRI en el Congreso de Sonora, Karina Zárate y Elizabeth Sallard, se sumaron a Morena tras renunciar al partido que las postuló para ser parte de la actual Legislatura.

Con la integración de ambas diputadas, el grupo parlamentario de Morena suma 16 diputados y el PRI se queda sin ningún representante en el Congreso local.

El Congreso local de Veracruz derogó apenas dos fracciones punitivas del delito de ultrajes a la autoridad. En polémica sesión virtual, la mayoría de legisladores compuesta por Morena decidió mantener la “prisión preventiva oficiosa” para quienes cometan dicho delito, ello pese a que organismos de derechos humanos y políticos de oposición en el Senado de la República consideran vejatorios de derechos humanos y privativos de garantías individuales. 

La cantidad de personal de apoyo de los legisladores de los congresos locales tuvo un aumento del 26 por ciento de 2018 a 2019, de acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).