Juan Pablo Castañón, presidente del organismo cúpula, dijo que el país necesita que “la ley se respete y que sus instituciones la hagan cumplir”.
Ciudad de México. Al término de la cuarta ronda de negociaciones para modernizar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), el sector privado de México reiteró que no aceptará propuestas que representen un retroceso a lo que se tiene en la versión actual del pacto comercial o que violen las reglas de comercio internacional.
En conferencia telefónica, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Juan Pablo Castañón, dijo que no se está polarizando el proceso. “Hay que tener paciencia, no podemos terminar ni un buen acuerdo, ni con un mal acuerdo en la quinta ronda”, dijo.
Ciudad de México. Entre la cuarta y quinta ronda de negociación para modernizar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) los temas más álgidos se terminarán de poner en la mesa y se buscará soluciones, sostuvo el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Juan Pablo Castañón.
Empresarios nacionales y trasnacionales inundarán el Sur-Sureste mexicano con miles de millones de dólares y cientos de miles de ofertas de empleo… a cambio de exenciones de impuestos, mano de obra barata y protección a sus megaproyectos
Negocios por 35 mil millones de dólares han pactado el gobierno federal y gobiernos estatales con empresarios del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex). Se trata sólo de las tres primeras Zonas Económicas Especiales (ZEE) que involucran a cinco entidades federativas ricas en minerales, maderas, agua y otros recursos naturales: Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Veracruz y Chiapas.
Las inversiones, proyectadas para los próximos 15 años, implican el desarrollo de obras en regiones indígenas y mestizas. Los entramados jurídicos federal y estatal están listos para legalizar cada “proyecto de inversión”, aunque los pobladores locales hasta la fecha no saben del destino que les depara a sus tierras ni de los proyectos que en las próximas semanas y meses se les impondrán.
Empresarios y gobiernos esperan echar a andar la primera etapa de las ZEE con estas tres declaratorias en los próximos días. En una segunda etapa, se lanzarán las de Tabasco, Campeche y Yucatán durante el segundo semestre del año. Y, antes de que concluya el sexenio el 30 de noviembre de 2018, el gobierno federal que encabeza Enrique Peña Nieto buscará arrancar la tercera etapa de las ZEE en Hidalgo y Puebla. No se ha hablado del monto de las “inversiones” para las etapas segunda y tercera.
En entrevista con Contralínea, el titular de la Autoridad Federal para el Desarrollo de las Zonas Económicas Especiales (AFDZEE), Gerardo Gutiérrez Candiani, informa que serán 250 mil los empleos directos e indirectos que generará esta política pública en su primera fase. Además, una inversión en 15 años que superará los 35 mil millones de dólares.
“Y lo que tenemos hoy ya va bastante avanzado: son 39 empresas con una inversión cercana a los 5 mil 700 millones de dólares y una generación de 25 mil empleos.”
Serán éstos los datos que en los próximos días anunciará el presidente de la República, Enrique peña Nieto, cuando dé por inauguradas las primeras Zonas.
Prácticamente los “polos de desarrollo” se realizarán en todas las entidades del Sur-Sureste mexicano, codiciado desde hace décadas por los grupos empresariales nacionales y trasnacionales. Con otros nombres, se han lanzado proyectos para “detonar la inversión” en estas entidades sin que hasta el momento hayan tenido éxito: Plan Puebla-Panamá y Proyecto Mesoamérica, las denominaciones durante los sexenios de Vicente Fox y Felipe Calderón.
De manera clara, en la página de la AFDZEE, se señala que “el sector privado será el protagonista fundamental del éxito de las Zonas Económicas Especiales”.
Las “oportunidades” para los empresarios aparecerán a lo largo de todo el proceso. Antes de la operación de las ZEE podrán participar “como Administradores Integrales, como socios o subcontratistas de éste y realizando los estudios necesarios para que se establezcan”. Durante la operación de la Zona: “como empresa ancla o socio de ella, como inversionista, proveedor de sectores estratégicos, como generador de nuevas líneas de negocio, dentro de las cadenas de valor y a través de alianzas estratégicas”.
También en el “Área de Influencia: aprovechando las derramas económicas en sectores productivos sociales y como proveedor de servicios de apoyo a los negocios”. Finalmente, podrán sacar ventaja en un “Clúster Regional de Servicios: ofreciendo a los inversionistas servicios profesionales, de consultoría especializada, servicios de capacitación, traducción, servicios financieros, entre otros”.
De acuerdo con el documento Mirada legislativa. Seguimiento a la instrumentalización de las Zonas Económicas Especiales, elaborado por el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República, el marco jurídico nacional en el que se basará todo el proyecto ya ha sido aprobado y promulgado: la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales (publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de junio de 2016), su Reglamento y una reforma a la Ley General de Bienes Nacionales. También, a nivel local, cinco entidades federativas ya cuentan con respectivas leyes estatales: Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Tabasco y Yucatán.
Estos siete estados de la República, junto con Michoacán, ya entregaron, durante 2016, Cartas de Intención al Poder Ejecutivo federal para la declaración de zonas especiales en sus territorios. El gobierno de Enrique Peña Nieto creó un organismo desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ex profeso: la AFDZEE, la cual está encabezada por el empresario Gerardo Gutiérrez Candiani, expresidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).
Precisamente estos organismos cúpula del alto empresariado mexicano festejaron esta iniciativa y han celebrado reuniones y mesas de trabajo con la AFDZEE para “dar seguimiento” a la instrumentación de las zonas. La Autoridad ha señalado que cuenta con 135 empresas nacionales y trasnacionales listas para “invertir” en las ZEE. Por el contrario, organizaciones sociales, campesinas, indígenas y de protección al medio ambiente se ha manifestado en contra porque, señalan, estas grandes inversiones y megaproyectos no consideran la opinión ni la perspectiva de las poblaciones afectadas.
El CCE y la Coparmex no son las únicas organizaciones empresariales que se han involucrado en el plan general de las ZEE. Entre otras, también se encuentran la Asociación de Navieros de México y la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servitur).
El Poder Legislativo federal, además, ha creado una instancia de seguimiento a la declaratoria de las ZEE. En la Cámara de Diputados se instaló la Comisión Especial para el Establecimiento de Zonas Económicas Especiales. En 2017 cuenta con 2 millones de pesos para realizar actividades de promoción y seguimiento: mesas de trabajo con gobernadores y presidentes municipales, foros, entrevistas, ruedas de prensa y spots en el Canal del Congreso.
De manera formal, con el establecimiento de las ZEE se busca la “generación de empleos bien pagados, atracción de inversión, generación y fortalecimiento de cadenas de valor locales, fomento a las exportaciones y aumentos en la productividad”, como se señala en la página de internet de las AFDZEE.
“Se trata de una política transversal –señala Gutiérrez Candiani en entrevista– donde se generan las condiciones necesarias y suficientes para que haya oportunidades para la gente (…). Se trata de generar círculos virtuosos de riqueza y de oportunidades para que las gentes actuales y, sobre todo, las generaciones futuras tengan mejores condiciones de vida.”
Sin embargo, para Mayra Monserrat Eslava Galicia, las ZEE no están diseñadas para acabar la pobreza. No se trata de beneficiar a los que menos tienen. Se trata de “zonas delimitadas dentro de un estado donde las reglas de negocios son distintas, sobre todo para las empresas son zonas importantes para las exportaciones”.
La investigadora y coautora del libro El mineral o la vida. La legislación minera en México señala que las ZEE son un modelo diseñado por el Banco Mundial que ya ha fracasado en países de América Latina y, en otros, “no ha tenido el éxito que esperaba”. Ejemplifica con los casos de América Central, donde la mayoría de las zonas están dirigidas a la exportación de textiles manufacturados sin que hayan disminuido la desigualdad ni la pobreza en la región.
En las zonas que se declaren, los empresarios tendrán beneficios fiscales (pagarán menos impuestos) y gozarán de incentivos administrativos para que se les apruebe inmediatamente sus proyectos.
La AFDZEE, bajo control del empresariado, será también la responsable de “realizar procedimientos de consulta previa, libre e informada a las comunidades y pueblos indígenas, con el fin de tomar en cuenta sus intereses y derechos”, como señala la Autoridad en su página electrónica.
El documento del Instituto Belisario Domínguez, por su parte, muestra el entusiasmo del empresariado pero también la oposición del “sector social”. Señala que organizaciones sociales, “lejos de apoyar el proyecto están en contra del mismo. Argumentan que la instrumentalización de las ZEE es otra forma de explotar la tierra, contaminar el ambiente y marginar, aún más, a los indígenas que habitan los municipios que se pretenden declarar como zonas económicas especiales”.
En marzo pasado, más de 1 mil 800 personas de distintos municipios del Istmo de Tehuantepec (Oaxaca) presentaron un amparo colectivo como pueblos indígenas con el objetivo de proteger sus derechos “respecto de la infraestructura que se pretende construir en sus territorios sin una consulta previa y sin el consentimiento libre e informado”, se asienta en el documento.
De hecho, se reconoce que “aunque [el plan general de las ZEE] busca el desarrollo económico, no está considerando el contexto particular de cada municipio y la existencia de pueblos indígenas que, según algunas organizaciones sociales, no han sido considerados para el propio desarrollo del territorio”.
Así, parte de los actores involucrados en las ZEE no están favor de las declaratorias, “ya que están seguros de que lejos de lograr un desarrollo equilibrado entre las distintas regiones del país, se logrará que los territorios y el medio ambiente se vean fuertemente afectados y los indígenas y los grupos vulnerables, desplazados”.
En este sentido, la investigadora Mayra Eslava señala que las consecuencias sociales no serán distintas a las que ya se han observado con cada megaproyecto de la iniciativa privada: “desplazamiento de la población; cambios en la educación, pues las ZEE necesitan personal capacitado para las manufacturas”, y concentración de recursos públicos, humanos y materiales en las zonas en detrimento de todo lo demás.
Por su parte, Francisco Jiménez Pablo, dirigente nacional de la Coordinadora Plan de Ayala Movimiento Nacional, considera que las ZEE sólo beneficiarán a las grandes empresas y terminarán por despojar a los pueblos y a sus comunidades de sus tierras comunales, ejidales y recursos naturales.
“No vemos que sean zonas de desarrollo, sino más bien polos donde se entregarán las riquezas nacionales y turísticas a las grandes empresas trasnacionales.”
Gerardo Gutiérrez Candiani rechaza que existirá afectación alguna a los territorios indígenas. “Son proyectos productivos del alto valor agregado; no hay afectación de tierras sociales, no hay sector primario, no hay extracción. Entonces no hay afectación a los grupos… Hay luego también mucho grupo que se dedica luego sistemáticamente a tratar de parar cualquier proyecto que lleve generación de empleos y bienestar. Las verdad [estos grupos] no tienen en qué ampararse porque no hay ninguna afectación”.
La primera etapa
Para las tres ZEE próximas a declararse, ya se han estado realizando estudios de prefactbilidad y evaluaciones estratégicas de impacto social y ambiental. No se conocen aún los dictámenes. Ya se han establecido algunos de los “incentivos” con los que contarán las ZEE de Lázaro Cárdenas (Michoacán y Guerrero), Salina Cruz-Coatzacoalcos (Oaxaca y Veracruz) y Puerto Chiapas.
Entre las ventajas aprobadas por la AFDZEE se encuentran descuentos del ciento por ciento en el pago del impuesto sobre la renta (ISR) para empresas y personas físicas con actividad empresarial durante los próximos 10 años. Posteriormente habrá otro periodo de 5 años más en el que los empresarios podrán disfrutar de un descuento del 50 por ciento en el pago de este impuesto.
Además tendrán acceso a créditos fiscales por las cuotas patronales del componente de salud del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) del 50 por ciento en los primeros 10 años y de 25 por ciento en el siguiente quinquenio. Asimismo, gozarán de un régimen aduanero específico, que incluye reducciones de cuotas de derechos y exención de impuestos al comercio exterior.
Otros estímulos para los empresarios serán las reducciones o exenciones en los impuestos predial, sobre nómina, de traslado de dominio, por adquisición de bienes inmuebles, hospedaje y compras de gobierno.
La primera Zona Económica Especial que se declarará es la del Puerto Lázaro Cárdenas, en la costa mexicana del Pacífico Sur. De acuerdo con el documento del Instituto Belisario Domínguez, ya hay cuatro empresas interesadas en “invertir”, aunque no proporciona sus nombres. La “ventaja competitiva reconocida” se ubica en la industria siderúrgica.
Una “ventaja para los negocios” adicional es que a 45 minutos se encuentra Ixtapa Zihuatanejo. De hecho, esta Zona Económica Especial abarcará regiones de dos entidades de la República: los municipios de Lázaro Cárdenas, Michoacán, y La Unión, Guerrero. En toda la zona se instalarían parques industriales.
El gobierno guerrerense, encabezado por Héctor Astudillo, y el michoacano, por Silvano Aureoles, ya han firmado sendas cartas de intención para instalar las ZEE y las ha entregado al gobierno federal. Guerrero, incluso, ya cuenta con legislación local al respecto: la Ley 427 de Zonas de Económicas Especiales.
El monto aproximado de la inversión en los próximos 10 años es de 12 mil 921 millones de dólares, según el documento Mirada legislativa. Seguimiento a la instrumentalización de las Zonas Económicas Especiales.
La segunda ZEE que se prevé declarar en esta primera etapa es la de Puerto Chiapas, para la cual también “ya hay cinco empresas interesadas en invertir”. Ahí buscará aprovecharse el litoral del Océano Pacífico. La carta de intención para la declaratoria ya fue entregada al gobierno federal de parte del propio gobernador de la entidad, Manuel Velasco Coello. Se espera que en la zona se pongan en marcha, durante las próximas semanas, 16 proyectos de energía, transporte y logística. De acuerdo con el reporte del Instituto Belisario Domínguez, “los proyectos se relacionan con dos centros logísticos, tres del sector carretero, uno ferroviario y nueve portuarios”.
La inversión proyectada es de 11 mil 600 millones de dólares. El gobernador ha destacado que se construirán “hospitales, libramientos y caminos carreteros, lo que conectará de mejor manera a los habitantes y visitantes”.
Chiapas cuenta con legislación local: la Ley de Coordinación para el Establecimiento y Desarrollo de las Zonas Económicas Especiales. Las “ventajas competitivas reconocidas” son el comercio exterior y el turismo. La inversión para los próximos 10 años serán del orden de los 11 mil 300 millones de dólares.
La tercera ZEE de esta primera etapa se ubicará en dos estados de la República. Dos semanas antes de dejar el gobierno de Oaxaca, Gabino Cué firmó y entregó una carta de intención al gobierno federal para que se declare una ZEE en el municipio de Salina Cruz. Miguel Ángel Yunes Linares, apenas tomó protesta como gobernador de Veracruz, suscribió la carta de intención para que se declare una ZEE en Coatzacoalcos.
Así, esta zona abarcará prácticamente el codiciado istmo, un corredor de Salina Cruz, puerto del Pacífico, a Coatzacoalcos, puerto del Golfo de México.
Antes de dejar el cargo, Cué también aprobó la utilización de 780 hectáreas de la zona de Salina, ubicadas en el Istmo de Tehuantepec.
Por su parte, el gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, ha dicho que espera la inversión de 12 mil millones de dólares. En un lapso de 10 años se generarían entre 27 mil y 57 mil empleos. La inversión inicial en conjunto para ambos estados será de 6 mil millones de dólares.
Cada una de las dos entidades federativas ya cuentan leyes locales específicas para las zonas económicas especiales. Las “ventajas competitivas reconocidas” de la región son la industria textil, los gasoductos, los proyectos eléctricos y las autopistas.
Segunda y tercera etapas
El gobierno de Yucatán, encabezado por Rolando Zapata Bello, ha “donado” 330 hectáreas para la ZEE que se establecerá en la entidad, en específico en el municipio de Progreso. El entusiasmo de Zapata Bello es tal que se adelantó a firmar la carta de intención para la declaratoria a los estados en que se establecerán primero las ZEE. Yucatán está contemplado en una segunda etapa.
Según las promesas de la AFDZEE y el gobierno estatal, se estarían creando, en un lapso de 20 años, más de 30 mil empleos. Ya se trabaja en un calendario para concretar la declaratoria.
Por su parte, la zona económica especial de Campeche se ubicará en los municipios de Carmen y Champotón. Según la Mirada Legislativa, el modelo de esta entidad “se basa en ciclos de valor, disposición de infraestructura logística, desarrollo humano y aplicación de incentivos fiscales”. Pero también involucrará a Tabasco, donde la actividad principal será la explotación de hidrocarburos.
La ZEE de Tabasco se establecerá en el puerto de Dos Bocas. Se busca que las empresas se beneficien de la transformación de materia prima para el sector energético, aprovechamiento de biomasa, aceite de origen vegetal para la producción de energía. Otro de los sectores en los que se busca inversión el agroindustrial, el manufacturero y el automotriz.
Con respecto de la tercera etapa, hasta el momento se han proyectado la instauración de dos ZEE en Hidalgo y Puebla. En Hidalgo se ha considerado su “potencial textil”, mientras que en Puebla el “potencial” es el de las autopartes.
La pobreza, el pretexto
Las Zonas Económicas Especiales se delimitan geográficamente. El territorio que abarcan cuenta con “ventajas tanto logísticas como naturales con potencial para convertirse en regiones altamente productivas”, señala el documento elaborado por Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República.
Y, de acuerdo con la página electrónica de la AFDZEE, cada zona será “un área delimitada geográficamente donde se ofrece un entorno de negocios excepcional”. Los privilegios son de cuatro tipos: beneficios fiscales, un régimen aduanero especial, marco regulatorio “ágil”, infraestructura “competitiva” y programas de apoyo.
Gutiérrez Candiani explica que la instauración de las ZEE se decidió por estado de la república: los 10 más pobres. “Después de esto, lo que se identificó fueron los lugares con una infraestructura básica que se pudiera potencializar. Por eso se decidió mucho en puertos con accesos ferrocarrileros, carreteros…”.
La investigadora Mayra Eslava pone en duda el objetivo formal de las ZEE. Señala que, a pesar de que la pobreza se encuentra en todo el país, en lo que se han empeñado es en la región Sur-Sureste. Señala que en realidad se busca disminuir la resistencia de las comunidades o pueblos a la entrada de los megaproyectos y la iniciativa privada en zonas donde no han podido hacerlo. Ahora, los grandes empresarios llegan disfrazados de Estado para hacer los negocios que siempre han querido hacer.
El dirigente campesino Francisco Jiménez Pablo rechaza la instauración de Zonas Económicas Especiales porque, considera, “no son más que el aprovechamiento de la mano de obra indígena y campesina para los megaproyectos de las empresas trasnacionales”. Asegura que a los pobladores sólo les dejarán salarios miserables a cambio de sus tierras. “Será un gran despojo”, considera.
Gerardo Gutiérrez Candiani, titular de la AFDZEE, rechaza que los empresarios busquen mano de obra barata y anuncia que se desarrollará un programa integral de capacitación para que los pobladores ocupen los nuevos empleos que se generarán. “Estamos trabajando con la Secretaría de Educación Pública y con la del Trabajo para capacitaciones, certificaciones. Pero sobre todo, lo que vamos a hacer es trabajar de la mano con universidades, centros tecnológicos, para ir, de acuerdo con las vocaciones ya identificadas de cada zona, que los planes de estudio, los planes de capacitación vayan n ese sentido”.
FUENTE: CONTRALINEA
AUTOR: ZÓSIMO CAMACHO
Al emitir su mensaje semanal, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) emplazó a Peña: “¡Ya basta!: los derechos y la seguridad física y patrimonial de ciudadanos y empresas no pueden ser moneda de cambio de ningún proceso de diálogo o negociación entre un grupo en particular y las instituciones del Estado”.
La iniciativa privada aseguró que se ha llegado a un punto inaceptable por la disrupción, en varias zonas del país, de la legalidad, el orden y la paz pública por parte de la CNTE y otros grupos afines que no son representativos de la mayoría de los maestros y que en muchos casos persiguen “intereses particulares”.
Este conflicto, acusó el CCE, se suma al hartazgo social y riesgos de ingobernabilidad, “por la impunidad con que se da, los costos económicos para la población ajena al conflicto y porque no se ve voluntad para resolver el problema pronto y de forma perdurable. Como nación no podemos permitir que se siga trastornando así nuestra vida económica, social y política”, reviró.
El organismo presidido por Juan Pablo Castañón también lanzó una advertencia para los maestros:
“El reclamo a la CNTE es puntual: que deponga sus acciones y métodos irresponsables, violentos y delictivos que recurren a la violación sistemática de derechos a terceros como forma de extorsión para sus demandas y preservar sus propios intereses, más allá de si hay o no legitimidad en éstas”.
Mientras que al gobierno de Peña demandó honre su razón de ser y mandato constitucional de cumplir y hacer cumplir la ley. Nadie pide que se reprima la protesta, sino que se respeten los derechos de todos por igual y se proteja a la población, instigó.
Para el sector empresarial el conflicto está generando afectaciones muy serias y cuantificables en una muy diversa gama de actividades y en el mismo ánimo de la población y la sociedad.
Juan Pablo Castañón detalló que a los problemas de desabasto de productos básicos en las zonas donde se concentran las movilizaciones se agregan los que padecen varias ramas industriales, comerciales y de servicios en regiones amplias e incluso con repercusiones nacionales, debido a bloqueos de carreteras, puertos y ferrocarriles.
No sólo eso, también acusó que existe una disrupción aguda, con efectos en cadena, de ciclos de negocio y procesos productivos que son esenciales para las comunidades y para la subsistencia no sólo de las empresas, sino de sus propios empleados y trabajadores: miles de personas que dependen de su trabajo cotidiano.
Según el CCE, se están realizando “paros técnicos” en centros de trabajo, junto con la acumulación de pérdidas millonarias, “con el riesgo, totalmente real, de que estos paros se multipliquen”.
En términos monetarios, las pérdidas son las siguientes: En el puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán, se estima una disminución en la llegada de contenedores de cerca de 17%, paralelamente a la suspensión intermitente del servicio ferroviario, en ocasiones con más de 150 trenes detenidos, con un costo promedio diario de 20 millones de pesos.
Además, la cúpula empresarial denunció filas de camiones varados de hasta 15 kilómetros que se han registrado en algunas carreteras o, en casos como el sector siderúrgico, que denuncia pérdidas por alrededor de 700 millones de pesos por falta de materiales.
En el sector turismo más de una tercera parte de los turistas que iban a asistir a las fiestas de la Guelaguetza han cancelado su viaje. Y a ello se suman las pérdidas de hoteleros en las costas de Oaxaca o en Chiapas, que son enormes; el daño a la imagen como destinos es incalculable, y por tanto “es un daño a México, a nuestra imagen como país.
“Pero no solamente se afecta a las grandes industrias y cadenas. Muy señaladamente están sufriendo también los daños las pequeñas empresas, que además tienen mucho menor margen de maniobra para hacer frente a las pérdidas. En el sector empresarial, el reclamo viene tanto de microempresarios locales y Pymes regionales como de corporativos nacionales e internacionales y sus organismos representativos”, fustigó Castañón.
Y luego sentenció: “En el diálogo entre el CNTE y el gobierno federal se requiere apertura de ambas partes, pero también, y con urgencia, de plazos y límites precisos en la negociación. No involucrar los derechos de terceros, que no se negocie la ley y que haya transparencia ante la sociedad. No debe haber, de espaldas a la sociedad, concesiones ilegítimas o inviables en el tiempo”.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JUAN CARLOS CRUZ VARGAS.
LINK: http://www.proceso.com.mx/449456/ya-basta-dicen-empresarios-a-pena-bloqueos-la-cnte
Para abatir la pobreza se necesita empleo, gasto social efectivo, educación y Estado de Derecho: CCE
Los millones de mexicanos que enfrentan la pobreza y pobreza extrema se han reducido a un ritmo con el que, calculó el Consejo Coordinador Empresarial, el país tardará décadas en erradicar el problema. En el marco de la modificación hecha por el Inegi a la medición de los ingresos de los hogares, clave para calcular la pobreza, el sector empresarial aseguró que se debe medir cada vez mejor, pero no para efectos políticos sino para combatirla.
La pobreza en México sigue siendo un reto de enormes proporciones, en el que no se ha avanzado de manera significativa a través de los años. Para reducirla al ritmo requerido, propuso el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), se necesita más empleo, que solo se genera a partir de inversión y crecimiento, sostenido e incluyente; una política social más efectiva; educación de calidad que permita la movilidad social, y un Estado de Derecho.
A propósito del cambio que hizo el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) en la metodología del Módulo de Condiciones Socioeconómicas en 2015, uno de los insumos básicos para la medición de la pobreza, el sector empresarial aseguró que es fundamental aclarar y resolver el debate para encontrar algún mecanismo que le dé continuidad a la serie de cifras y con ello puedan seguir comparándose, así como salvaguardar la credibilidad del Inegi y del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).
“Por supuesto que hay que medir adecuadamente la pobreza, y conocer sus dimensiones, causas y efectos cada vez mejor. Pero no para efectos políticos, sino para combatir la pobreza con decisión y efectividad”, determinó en su mensaje semanal.
La población total en pobreza definida como multidimensional integra a cerca de 55 millones de personas y, en números absolutos, son más de 11 millones de mexicanos en condición de pobreza extrema, de acuerdo con los últimos datos del Coneval.
“Si bien muy lentamente, la pobreza extrema ha venido disminuyendo en términos relativos. Con la tendencia que registraron las últimas mediciones, de menos de 0.5 por ciento en la reducción promedio anual, tardaremos varias décadas en erradicar este flagelo”, calculó el CCE.
CRECIMIENTO Y EMPLEO
El crecimiento sostenido es una de las partes fundamentales para abatir la pobreza.
No obstante, el país lleva tres décadas con un crecimiento promedio anual de 2.5 por ciento, y en el corto y mediano plazos, no se prevé un cambio importante en esta inercia, aseguró el sector empresarial.
Si se ha logrado contener el crecimiento de la pobreza, ha sido sobre todo por la recuperación de la estabilidad macroeconómica, tras una pérdida de alrededor de 70 por ciento del poder adquisitivo de la población más vulnerable, luego de los desajustes y las crisis que se presentaron hasta 1995.
Pero, dijo, la estabilidad no es suficiente. Necesitamos crecer más, y para ello se requieren condiciones más propicias para el desarrollo del mercado interno y de las empresas porque es allí donde se generan los empleos que brindan mejores oportunidades a las personas, reiteró en su mensaje semanal.
Para que el valor de las empresas se multiplique –y se refleje en mejores empleos y salarios– se necesita un entorno que fomente la inversión productiva, que desregule para que los negocios no vean obstaculizado su crecimiento; que dé acceso al crédito y fomente emprender.
GASTO PÚBLICO EFICAZ
En materia de la política social y de redistribución del ingreso, hay un enorme margen para la mejora. En los últimos 25 años, el gasto público destinado al desarrollo social se triplicó, mientras que el porcentaje de la población en situación de pobreza apenas ha variado.
En los países de la Unión Europea, por ejemplo, el coeficiente del índice de Gini, que mide la desigualdad, se reduce significativamente comparando la situación antes y después de la acción del Estado a través de impuestos, gasto y transferencias. Pero en México el indicador permanece casi invariable:
“Los recursos públicos invertidos después de pagar los impuestos no disminuyen la desigualdad”, expuso el Consejo Coordinador Empresarial.
Por lo tanto, pidió, se requiere de un gasto público cada vez más eficaz, transparente y con rendición de cuentas.
Además, el gasto debe concentrarse en programas de apoyo más eficaces y con resultados tangibles, y debe incrementarse de manera importante la inversión pública en infraestructura, hospitales y escuelas.
De ahí la trascendencia de proyectos que conjugan objetivos de rentabilidad social con el impulso al crecimiento, como las zonas económicas especiales, que pueden hacer mucho contra las grandes brechas de desarrollo regional que tenemos.
EDUCACIÓN DE CALIDAD
En cuanto a la educación, es indiscutible que se trata del factor definitivo para dejar la pobreza de manera sustentable. En muchas zonas, la precariedad de la infraestructura y la acción educativa operan en sentido contrario: perpetúa la exclusión, afirmó el sector empresarial.
Es importante que el Gobierno, maestros, padres de familia, sociedad, sindicatos y empresas se comprometan con una reforma profunda en materia de educación, sin excepciones, por encima de la política y los intereses de grupo.
Además, debe trabajarse muy fuertemente en la vinculación de la escuela y la universidad con el sector productivo, para alinear la oferta y demanda de especialidades y puestos de trabajo.
ESTADO DE DERECHO
No puede haber desarrollo sustentable ni político ni económico con niveles de inseguridad, corrupción e impunidad como los que se registran en diversos ámbitos y zonas de México, sentenció el CCE.
Tampoco podrá haber desarrollo y la inversión requerida sin una absoluta certeza jurídica para la inversión y una total certeza sobre los derechos de propiedad.
El Sistema Nacional Anticorrupción recién aprobado es un buen punto de partida, una extraordinaria plataforma, pero queda mucho por hacer en todos los frentes, concluyó.
AUTOR: REDACCIÓN.
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