La sociedad civil acusó que la Junta de Gobierno sesionaba y tomaba decisiones sobre políticas públicas vinculadas a personas con discapacidad, sin la participación de los cinco representantes ciudadanos de organizaciones de y para personas con discapacidad que por ley deben estar incluidos en ese órgano de dirección.
Por esa razón la organización Consejo Consultivo para las Personas con Discapacidad (Cocopadis) interpuso un amparo contra el Estatuto Orgánico de Conadis y el pasado 9 de diciembre el juez resolvió a su favor y concedió la suspensión definitiva.
Las organizaciones civiles señalaron a Jesús Toledano Landero, quien dejó de ser titular del Conadis en diciembre pasado, como el responsable de excluir a la sociedad civil en las sesiones de la Junta.
Toledano fue director del Conadis desde diciembre de 2012, con la llegada de Enrique Peña Nieto a la presidencia de la República pero tras su salida sólo hay una encargada de despacho: Marcela Cuen Garibi.
Con el recurso que suspende la actividad del Estatuto Orgánico, la Junta de Gobierno del Conadis queda impedida para sesionar y promover la creación de políticas públicas, estrategias o planes de gobierno vinculados a la Ley General para la Inclusión de Personas con Discapacidad.
Entre sus pendientes destacan la creación de un Sistema Nacional de Atención a Personas con Discapacidad, para lograr la coordinación de políticas y acciones en los tres niveles de gobierno.
También se suspendió el seguimiento a las recomendaciones que hizo a México en octubre 2014 el Comité de las Naciones Unidas sobre Personas con Discapacidad.
La principal función del Conadis es coordinar la atención a personas con discapacidad entre secretarías de Estado y entidades federativas e implementar la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas.
La Junta de Gobierno está integrada por representantes de las secretarías de Desarrollo Social, Salud, Educación Pública, Hacienda, del Trabajo, Comunicaciones y Transportes, así como del DIF, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte.
También debe incluir a cinco representantes de la Asamblea Consultiva, un órgano de asesoría y participación ciudadana integrada por organizaciones civiles de personas con discapacidad.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
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