Centenario de un fracaso

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ha cumplido un siglo de haber sido promulgada, si bien no entró en vigencia hasta unos meses después, el 1 de mayo de 1917. Aunque en la historia oficial se trató del punto de llegada de las convulsiones revolucionarias que sacudieron a México desde noviembre de 1910, la verdad es que solo se trató de un paso hacia la estabilización, la cual no se logró hasta años después, cuando la lucha armada por el control territorial y el reparto de rentas devino en pacto político, con su conjunto de reglas del juego no escritas que en algunos casos completaron las establecidas en la carta del 17, mientras que en otros las suplantaron.

La Constitución de 1917 tiene, sin duda, un enorme valor histórico. En primer lugar, porque se trató de un nuevo intento por dotar al Estado de una institucionalidad formal eficaz. Carranza convocó al Congreso Constituyente de 1916 con el objetivo de reformar la Constitución Política de la República Mexicana de 1857, precisamente en aquellos aspectos que se consideraba habían provocado su fracaso: la extrema debilidad de la Presidencia de la República, acotada por un Congreso demasiado poderoso, lo cual había conducido, según la entonces popular tesis de Emilio Rabasa, a que, en lugar de un régimen constitucional democrático, engendrara la dictadura de Porfirio Díaz.

Sin embargo, la convocatoria del congreso no fue un dechado de ejercicio democrático, pues expresamente quedaron impedidos de participar aquellos que hubieran combatido contra el ejército constitucionalista, con lo que fueron excluidos no tanto los representantes del antiguo régimen porfirista, como quienes colaboraron con el gobierno de Huerta, lo mismo que los partidarios de Villa y la Convención y los zapatistas. Solo estuvieron representados los constitucionalistas, por lo que solo estuvieron representados los triunfadores de la guerra civil. El Constituyente de 1916–17 no fue, así, un espacio en el que estuviera representada la pluralidad del país. Una vez más, como sus predecesoras de 1824, 1836, 1843 y 1857, la carta resultante fue el producto de una victoria militar, no del consenso de la diversidad política del país en conflicto.

El Constituyente aceptó casi sin réplica las propuestas de Carranza, elaboradas en realidad por Luis Cabrera, respecto a la relación entre poderes. Se estableció la elección directa del jefe del ejecutivo por voto universal, en lugar de la indirecta establecida en 1857, y se le otorgaron mayores atribuciones respecto al legislativo y al judicial. Además del fortalecimiento solicitado por Carranza, el constituyente le dio al Presidente de la República enormes atribuciones en materia de derechos de propiedad, pues con el objetivo de llevar a cabo la reforma agraria, el ejecutivo quedó facultado para llevar a cabo expropiaciones sin contrapeso judicial. Con ello, los gobiernos posteriores tuvieron una gran capacidad para manipular la economía.

A pesar del pacto político que le dio origen, la Constitución de 1917 fracasó como marco institucional para resolver la primera sucesión presidencial de su etapa de vigencia, en 1920. Fue una nueva rebelión militar la que zanjó la cuestión de la sucesión de Carranza, con su muerte de por medio. Rebelión hubo de nuevo en 1923–24 para determinar la sucesión de Obregón y la constitución hubo de ser reformada para que el caudillo se reeligiera en 1928 en un proceso sin contrincantes auténticos. Ninguno de los señores de la guerra que aspiraban a ocupar la presidencia confiaba en el respeto a las reglas establecidas para llevar a cabo la elección. El ideal democrático había tornado en entelequia.

Además, a pesar del supuesto fortalecimiento de la presidencia, desde el principio se hizo obvio que el nuevo diseño no había resuelto el potencial conflicto entre ejecutivo y legislativo implícito en todo régimen presidencial. Carranza se vio enfrentado a la primera legislatura electa con las nuevas reglas y después el poderoso Obregón hubo de sobornar a unos diputados y provocó el desafuero de otros para lograr sacar sus presupuestos y su agenda legislativa. Durante la década de 1920 fueron el cohecho y la coacción los mecanismos con los que se obtuvo la disciplina legislativa necesaria para avalar las políticas presidenciales. En 1928, de nuevo el desafuero de legisladores fue usado para obtener la unanimidad en el Congreso con la que se eligió a Emilio Portes Gil como presidente provisional después del asesinato del caudillo.

Fueron el pacto político de 1929 y los sucesivos de 1938 y 1946 los que establecieron la auténtica constitución, no escrita, en la que se sustentó la estabilidad del régimen autoritario que imperó en el país durante el resto del siglo. Un arreglo que tomaba elementos establecidos en la Constitución formal –como la no reelección absoluta de presidente y gobernadores y la no sucesiva de legisladores y ayuntamientos, lo cual, por lo demás, no formaba parte del texto original, sino que fue añadido  en 1933, como parte del pacto que dio paso al régimen de partido (casi) único, para lograr la disciplina política centralizada–, pero que se afianzó sobre la base de reglas fuertemente institucionalizadas aunque informales, como la facultad del presidente saliente para nombrar a su sucesor o las atribuciones del propio ejecutivo para ejercer el arbitraje en todo conflicto político del país, lo que hizo a cada presidente igual a Porfirio Díaz, pero solo por seis años.

Fue en lo económico donde el texto constitucional tuvo mayor influencia, precisamente por el grado de arbitrariedad que concedía al Presidente de la República para llevar a cabo procesos de expropiación, pero también en ese terreno la estabilidad se alcanzó con base en un pacto informal, establecido en 1946 con la llegada de Miguel Alemán a la presidencia, que supuso la suspensión de la modificación de los derechos de propiedad a cambio de un pacto rentista con los empresarios dispuestos a medrar bajo el manto protector del modelo de industrialización orientado al mercado interno. La espada de Damocles del artículo 27 constitucional se mantuvo como mecanismo de disciplina y su aplicación, en 1982, cuando la nacionalización de la banca, supuso la ruptura del concierto entre el régimen y los empresarios acordado 36 años antes.


La Constitución de 1917, con sus remiendos y contrahechuras no se convirtió en un ordenamiento real de la vida política, en un límite a la arbitrariedad del poder, sino a partir del último lustro del siglo pasado, con las reformas a la Suprema Corte para convertirla en un tribunal de constitucionalidad y con la reforma electoral que dio certidumbre a los comicios. De entonces para acá ha demostrado sus limitaciones para garantizar la gobernación eficaz y ha sido objeto de reformas que han desfigurado su núcleo garantista con el pretexto de la seguridad. Es un texto abigarrado y monstruoso que ameritaría una reforma integral para, de paso, dotarla de la legitimidad que no tuvo en su origen como producto de un consenso nacional ampliamente plural. Pero después de lo visto en el Constituyente de la Ciudad de México, con el engendro de cursilería y buenas intenciones que resultó de ahí, mejor ni menearle.

FUENTE SIN EMBARGO.
AUTOR: JORGE JAVIER ROMERO VADILLO.
LINK: http://www.sinembargo.mx/09-02-2017/3148108

El 84% de los mexicanos considera que Constitución se cumple poco o nada: UNAM

El 84 por ciento de los mexicanos considera que la Constitución se cumple poco o nada; 56.1 por ciento dice conocer poco de la Carta Magna, y 52.7 desconoce el año en que se aprobó y no la relaciona con la Revolución Mexicana, revela una encuesta de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

En el marco del centenario de la promulgación de la Carta Magna, la UNAM da a conocer esta encuesta, en la que precisa que uno de cada cuatro mexicanos piensa que “violar la ley no es tan malo, lo malo es que te sorprendan”; el 46.6 por ciento dice que los miembros de una comunidad tienen el derecho de tomar justicia por mano propia; y 27.3 por ciento está de acuerdo con que un funcionario público puede aprovecharse de su puesto si hace cosas buenas.

“La pregunta central es hasta qué punto, 100 años después, los mexicanos se identifican con su Constitución y la hacen suya mediante el conocimiento no sólo de los preceptos que componen el documento, sino también de las instituciones y las estructuras de gobierno que se han creado con fundamento en ella; no únicamente mediante la percepción de su cumplimiento por las autoridades y los conciudadanos, sino además por la disposición propia a acatar dichos preceptos y reconocer los principios y valores que los subyacen”, informó la Universidad en un comunicado difundido este domingo.

Los resultados fueron arrojados de la Tercera Encuesta Nacional de Cultura Constitucional: los mexicanos y su Constitución, elaborada por especialistas del Instituto de Investigaciones Jurídicas (Departamento de Investigación Aplicada y Opinión) de la UNAM.

La encuesta, aplicada a nivel nacional en mil 200 casos en vivienda a población de 15 años y más, en octubre de 2016, es la tercera de una serie iniciada en 2003, que ofrece la posibilidad de mirar la evolución de los saberes y opiniones de los mexicanos sobre su Constitución, el cumplimiento de la ley y la democracia.

En el documento, la máxima casa de estudios dice que la democracia mexicana está cimentada sobre una débil cultura de la legalidad, fruto de la desconfianza de los ciudadanos hacia las instituciones, de los elementos autoritarios presentes en segmentos de la población a lo largo del país, de la percepción negativa del desempeño de las instituciones y funcionarios encargados de la procuración y administración de la justicia.

Otro de los resultados importantes añade: “Al preguntar ¿qué es más importante para usted?, la mayoría de los entrevistados (57.1 por ciento) eligió la opción ‘Una sociedad donde se apliquen y respeten las leyes’, por sobre otras como ‘Una sociedad sin delincuencia’ (55.4 por ciento), ‘Una sociedad donde existan menos diferencias entre ricos y pobres’ (42.8 por ciento) y ‘Una sociedad más democrática’ (24 por ciento)”.

La UNAM indicó que los resultados de la encuesta se analizan en el libro “Los mexicanos y su Constitución”, coordinado por Héctor Fix-Fierro, Julia Isabel Flores y Diego Valadés, que se presentó el viernes pasado en el XIII Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional, en el Palacio de Minería.

Fuente: Proceso

Autor: Redacción

http://www.proceso.com.mx/473232/84-los-mexicanos-considera-constitucion-se-cumple-poco-nada-unam

LA CONSTITUCIÓN YA NO ES LA DE 1917: SUS SÍMBOLOS SE QUEBRARON

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que hoy cumple 99 años, vive otro sexenio sujeta a la mayor cantidad de modificaciones de su historia.

Después de que los 38 decretos y 110 cambios publicados por el Presidente panista Felipe Calderón Hinojosa lo convirtieran en el mayor reformador del texto Constitucional desde 1917, Enrique Peña Nieto presenta el mismo patrón y, a la mitad de su administración, ha enviado a la imprenta del Gobierno federal otros 22 decretos con 145 ajustes al texto de la Carta Magna.

Entre ellos, las “once reformas estructurales” que lograron modificaciones detenidas por años, como la aprobada en materias Educativa, Energética, de Telecomunicaciones, Hacendaria, Laboral y otras.

En total, de acuerdo con el conteo de modificaciones registrado por la Secretaría de Servicios Parlamentarios de la Cámara de Diputados, la Constitución que los académicos consideran “rígida” –por el proceso que exige aprobar cada cambio– ha tenido 697 modificaciones en casi un siglo de existencia. El más reciente, el publicado el pasado 29 de enero “en materia de reforma política de la Ciudad de México” y que implicó 52 adecuaciones en la Carta Magna.

CIENTOS DE ALTERACIONES

De acuerdo con expertos consultados, estos cientos de alteraciones y su secuencia puede ilustrar la historia de las agendas de cada periodo presidencial y, en un análisis general, narran también la transformación jurídica que ha dado cabida a los cambios políticos y económicos impulsados en las últimas tres décadas.

Así, por ejemplo, el registro de las reformas publicadas hasta hoy muestra cómo la mayor cantidad del total de cambios, 484, se hicieron a partir del Gobierno de Miguel de la Madrid Hurtado, entre diciembre de 1982 y 1988, periodo en el que inicia la apertura de la economía mexicana a los mercados internacionales y, en ese contexto, se aprueban también 66 reformas, la mayor cantidad hasta ese momento.

Una de ellas, se observa en la lista de decretos publicados en su sexenio, fue la hecha el 23 de diciembre de 1986 al Artículo 123 Constitucional, que norma “el trabajo y la previsión social” y al que, en esa ocasión, se le eliminó la existencia de “comisiones regionales” de salarios mínimos y se centralizó la decisión alrededor de este indicador en una Comisión Nacional que diversos análisis consideran sometida al Ejecutivo y sin representación de la población trabajadora.

Entre 1994 y 1988, Carlos Salinas de Gortari decretó otras 55 reformas y dio inicio al primer “gran momento de las reformas estructurales”; Ernesto Zedillo Ponce de León continuó con 77 y sólo el panista Vicente Fox Quesada, el primero emanado del Partido de Acción Nacional, logró un número menor de cambios, 31.


La contabilidad de las reformas disponibles en la Secretaría de Asuntos Parlamentarios muestra también que las modificaciones se han concentrado en tres artículos en particular; dos de ellos considerados ejemplos esenciales del “sentido social” que tenía el texto constitucional aprobado hace cien años: el Artículo 27, que establece los términos de lo que debe considerarse como “propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional” y que ha sufrido 20 reformas –tres de ellas en este sexenio; y el Artículo 123, que regula el trabajo y que ha sufrido 26 cambios; también los tres últimos en la actual administración de Peña Nieto.



EL ARTÍCULO 27

“Hay un sustrato ideológico neoliberal en muchas de las reformas”, dice Francisco Ibarra Palafox, académico del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Uno de los principales ejemplos, explica, es la serie de alteraciones hechas Artículo 27, al que Carlos Salinas de Gortari, en 1992, en la víspera de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica (TLCAN), le eliminó un párrafo para acabar con el carácter inalienable de las tierras comunales o ejidos para que pudieran ser propiedad privada y vendidas a empresas extranjeras. Veintidós años después, en diciembre de 2013, Peña Nieto le adicionó el permiso para que empresas privadas pudieran participar en actividades de exploración y extracción de petróleo e hidrocarburos, oficializando así la Reforma Energética.

“El libre comercio ha generado una serie de privatizaciones que vieron la Constitución como un texto renovable”, dice Ibarra en entrevista.

“Las grandes petroleras internacionales siempre vieron al Artículo 27 Constitucional como un obstáculo, porque establecía no sólo el dominio de la nación sobre los hidrocarburos, sino la prohibición de la participación de capital privado, ya sea de capital nacional o extranjero; en consecuencia, los círculos económicos internacionales y los pequeños grupos económicos mexicanos vieron desde hace décadas al Artículo 27 como un rival a vencer, porque, sin modificarlo, sería imposible la Reforma Energética”, agrega.

La sustancia de lo modificado en ese sentido, explica, es de tal proporción que el cambio no sólo es jurídico, sino ideológico, “un giro completo” a lo que los Constituyentes de 1917 decidieron que sería la política nacional hacia las petroleras internacionales. Y no sólo por el control de los hidrocarburos, dice, sino por el de la seguridad en los territorios en los que operaban estas empresas.

“Las petroleras extranjeras eran no sólo un grupo ajeno, sino grupos con guardias paramilitares que las protegían. Y, como los revolucionarios tenían la intención de crear un Ejército, se encontraban con que los petroleros tenían grupos de seguridad privada. No nos extrañe que, en el futuro, y ante el crecimiento de las empresas no sólo petroleras sino mineras y de algunos otros sectores, veamos crecer aún más la seguridad privada, que ya ha estado creciendo en México”, dice.

REFORMA POR REFORMA

De acuerdo con la lista de “Reformas Constitucionales por Artículo”, disponible en el sitio electrónico gubernamental www.constitucion1917.gob.mx, las 20 modificaciones hechas al Artículo 27 lo colocan como el tercero más distorsionado, mientras que el 123 es el segundo.

En primer lugar, con 76 cambios, se encuentra el Artículo 73, que regula las facultades del Congreso y cuya ampliación, de acuerdo con José Antonio Caballero, profesor del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE), muestra la tendencia política a centralizar decisiones que contradicen el carácter federal de la República.
“Esto se puede entender como una manera de subsidiar a los estados en cosas que no pueden hacer solos”, dice. “Indica es que la estructural federal, la soberanía de los estados, en algunos casos pareciera que no está funcionando, y la manera de resolver el problema es quitándoles atribuciones”, agrega.

Como Ibarra, Caballero advierte que los rasgos de la política económica vigente son visibles en los cambios constitucionales, como los que dieron paso, ejemplifica, a la creación de órganos reguladores de todo tipo de negocios e industrias.

Pero estos cambios de las últimas décadas, agrega, también han reflejado otras causas impulsadas por la sociedad civil, como las aprobadas en materia de transparencia y derechos humanos.

También hay modificaciones, dice Caballero, que son “frívolas o absurdas”, como la que hizo obligatoria la educación preescolar y creó una problemática para quienes no tienen acceso a este tipo de servicios a la hora de inscribir a sus hijos en primaria.

Otras, agrega el investigador del CIDE, reflejan “amarres” políticos o consensos con respecto a contextos específicos, como la reforma del 18 de junio de 2008 en materia penal, cuando se modificó el Artículo 20 para establecer que “el proceso penal será acusatorio y oral” y, entre otros cambios, elevó a rango constitucional la aplicación de procedimientos de extinción de dominio para acusados de delincuencia organizada.

“Lo que Calderón quería era más herramientas contra la delincuencia organizada, y no se veía mal que la extinción de dominio se subiera a la Constitución, como la transición a la oralidad”, dice Caballero.

Otro “amarre” visible que afectará el texto constitucional, agrega, es el consenso de gobernadores alrededor del “mando único” y que, en esta ocasión, restará soberanía a los municipios, a los que ahora se les quitará el poder para decidir sobre seguridad pública que les da, hasta ahora, el Artículo 115.

Desde el inicio de su mandato, Enrique Peña Nieto hizo de las “reformas estructurales” la principal estrategia de su sexenio. Así, desde el 2 de diciembre de 2012 obtuvo la firma de los dirigentes de los principales partidos de oposición para sacar adelante la cargada agenda de modificaciones que, de acuerdo con Ibarra y varios documentos, eran a su vez parte de las agendas de empresas internacionales.

La efectividad de los acuerdos políticos con los que la administración de Peña Nieto sacó adelante estas “reformas estructurales” le ganaron, como en su tiempo a Salinas, elogios en los medios extranjeros. Uno de ellos, el de estar “salvando a México”, como publicó en febrero de 2014 la revista Time.

“Hace cinco años, la violencia de las drogas estaba explotando, la economía mexicana se tambaleaba y un informe del Pentágono comparaba a la nación azteca con el caso perdido de Pakistán”, indicó el artículo de Time.

“Ahora las alarmas están siendo reemplazadas con aplausos. Después de un año en el despacho, Peña Nieto ha sacado adelante el más ambicioso paquete de reformas sociales, políticas y económicas de las que se tenga memoria. Las fuerzas económicas globales, también, se han movido en dirección al país. Lanzado por la apertura de las reservas de petróleo a la inversión extranjera por primera vez en 75 años, y el dinero inteligente ha empezado a apostar al poder del peso”, agregó el medio.

Otras investigaciones, en cambio, muestran que el camino recorrido durante 33 años de intensas transformaciones fijadas en la Constitución han derivado, entre otros problemáticas, en el estancamiento del poder adquisitivo de la población.

“Entre 1982 y 1992 se da la peor caída del salario mínimo en la historia del país: 6.36 por ciento anual acumulando un baja de 63.6 por ciento. Posteriormente, entre 1992 y 1995, la caída es un poco más suave: 2 por ciento anual, para luego volver a incrementarse entre 1995 y 2003 a un ritmo negativo de 2.5 por ciento anual. Finalmente, entre 2003 y 2014, el salario mínimo se mantiene constante, ni crece ni decrece”, advirtió desde diciembre de 2014 el investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia, Saúl Escobar Toledo.

En general, coinciden los estudiosos entrevistados, el texto de la Carta Magna ha sufrido tal cantidad de transformaciones y varias de ellas de tal sustancia que puede afirmarse que “queda poco” del original. O, como considera Ibarra, “estamos frente a un texto Constitucional materialmente nuevo”.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: SANDRA RODRÍGUEZ NIETO.
FECHA: 6 FEBRERO 2016.
LINK: http://www.sinembargo.mx/05-02-2016/1614094

Con recientes reformas, Carta Magna da "certeza y rumbo al país": Peña

Querétaro, Qro. En el 98 Aniversario de la Promulgación de la Constitución del país, el presidente Enrique Peña Nieto aseguró que la Carta Magna que se ha renovado a partir de las recientes reformas “da certeza y rumbo al país. Quien desee asomarse al México de las próximas décadas sólo tiene que voltear a ver el texto constitucional”, indicó.

Frente a voces que aquí mismo se pronunciaron por revisar si conviene o no elaborar un nuevo texto constitucional, como la del presidente de los diputados Silvano Aureoles, el mandatario insistió que en la actual Constitución se encuentra “nuestra ruta y nuestra meta”.

Reunidos en el Teatro de la República, gobernadores del país, legisladores y miembros del gabinete federal escucharon también al presidente del Senado de la República, Miguel Barbosa, señalar que desgraciadamente muchas aspiraciones y preceptos fundacionales de la constitución están pendientes, sobre todo las relacionadas con la igualdad y la justicia.