Una consulta popular para que la ciudadanía defina si las ministras y ministros de la Suprema Corte deben ser elegidos por voto popular no procede de acuerdo con lo que marca la ley, porque en la Constitución se establece que no pueden consultarse temas de índole electoral.

Así lo explicaron especialistas en Derecho Constitucional consultados por El Sabueso, anticipando que Morena podría recurrir a “sofismas” o “malabares” jurídicos, como decir que solo se preguntará a la gente si quiere votar para elegir ministros, aunque luego para definir el método se requeriría una reforma constitucional, más allá de la consulta.

Este 3 de febrero finaliza la consulta pública sobre la construcción de una base aérea militar y del Aeropuerto Internacional Felipe Carrillo Puerto de Tulum, Quintana Roo.

En la consulta, cualquier ciudadano puede enviar, a través de la página web de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), las observaciones, sugerencias o propuestas alrededor de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) del proyecto promovido por la Secretaría de la Seguridad Nacional (SEDENA). 

Adán Augusto López Hernández, titular de la Secretaría de Gobernación (SEGOB) presentó, el 27 de septiembre del 2022, los detalles del “ejercicio participativo para escuchar la opinión del pueblo en materia de seguridad pública”, mismo que se llevaría a cabo de las 08:00 a las 18:00 horas del domingo 22 de enero del 2023.

Durante la conferencia de prensa matutina presidencial, llevada a cabo en el Salón Tesorería del Palacio Nacional, el funcionario federal destacó que en dicho ejercicio participativo podrán participar todos los ciudadanos con Clave Única de Registro de Población (CURP) y una identificación con fotografía.

El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo este lunes que no se llamará “consulta” el ejercicio que se realizará para conocer la opinión de la ciudadanía sobre la permanencia de las Fuerzas Armadas en las calles.

Además, en su conferencia de prensa matutina anunció que este ejercicio se llevará a cabo en enero de 2023 y reiteró que no contará con la participación del Instituto Nacional Electoral (INE). Por el contrario, adelantó que el Secretario de Gobernación, Adán Augusto López, presentará mañana un programa para realizar este mecanismo.

Adán Augusto López Hernández, titular de la Secretaría de Gobernación (SEGOB) acudirá, el 27 de septiembre del 2022, al Salón Tesorería del Palacio Nacional, para dar a conocer detalles de la consulta popular respecto a la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, misma que se llevaría a cabo en enero del 2022, según lo anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Durante su conferencia de prensa matutina, el político tabasqueño adelantó que el funcionario federal dará a conocer los términos del ejercicio que no se llamará “consulta”, además de que reiteró que no será organizado por el Instituto Nacional Electoral (INE), sino por la Secretaría de Gobernación.

La consulta planteada por el presidente Andrés Manuel López Obrador para definir la permanencia de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad hasta 2028 está prohibida por la Constitución.

Durante su conferencia de prensa matutitna, el presidente López Obrador señaló que no desea que el Instituto Nacional Electoral (INE) realice la consulta sino que buscará que sea la Secretaría de Gobernación (Segob) quien lo haga aunque no sea vinculante, es decir, aunque el resultado de la votación no influya en la permanencia de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad hasta 2028.

El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que el tema del espionaje durante el gobierno de su antecesor Enrique Peña Nieto, debe ser tomado en cuenta en la consulta popular para llevar a juicio a los expresidentes.

La consulta popular del 1 de agosto para enjuiciar a expresidentes mexicanos es un “circo político”, pues deberían ser investigados por la Fiscalía General si hay pruebas en su contra sin necesidad de un referendo, advirtió este lunes Human Rights Watch (HRW).

“El fiscal general mexicano (Alejandro Gertz) puede iniciar una investigación sobre los expresidentes en cualquier momento. No requiere una consulta popular. Si tiene pruebas contra ellos, es su deber investigarlos. Esperar los resultados de una consulta es hacer de la justicia un circo político”, opinó el director para las Américas de HRW, José Miguel Vivanco.

El Instituto Nacional Electoral (INE) de México pidió este viernes “no confundir” a la ciudadanía puesto que la consulta popular del 1 de agosto preguntará por “esclarecer las decisiones políticas del pasado” y no directamente por enjuiciar a los expresidentes del país.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó infundada la controversia constitucional que promovió el Instituto Nacional Electoral (INE) en contra del ejercicio de consulta popular sobre el desempeño de los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto.

La Primera Sala de la SCJN reconoció la validez del Decreto por el que se expide la Convocatoria de Consulta Popular, misma que deberá ser organizada por el INE, según quedó publicado en el Diario Oficial de la Federación en 2020.

Llevar a cinco expresidentes de México –Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña– a un juicio histórico por los crímenes que cometieron durante sus mandatos y los daños a la Nación que causaron no requiere de una consulta ciudadana, como la que se espera que ocurra este 2021, considera el académico universitario Óscar Enrique Díaz Santos, doctor en economía por la Universidad Nacional Autónoma de México.

El especialista en administración pública dice a Contralínea que “lo que debió haber hecho [el presidente Andrés Manuel López Obrador] es aplicar la ley y listo. Finalmente, son expresidentes: ya no tienen la protección de la inmunidad política”, que les otorgaban los artículos 108 y 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, actualmente reformados.

La Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular el dictamen que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal de Consulta Popular.

El documento fue avalado en lo general por 388 votos a favor, 42 en contra y tres abstenciones, y en lo particular con 386 votos, 58 en contra y cuatro abstenciones, y será remitido al Senado para su revisión.

El Instituto Nacional Electoral (INE) evidenció intentos de defraudación en las dos solicitudes de consulta popular sobre juicio a los expresidentes, en los que se suplantó a 5 mil 530 ciudadanos fallecidos, y a 744 personas sentenciadas y presas, que por tanto no pudieron haber firmado las peticiones.

El Consejo General formalizó este miércoles los informes finales entregados al Senado de la República sobre el proceso de verificación de firmas en apoyo a la solicitud de Consulta Popular promovida por Norma Sánchez Bahena y Manuel Vázquez Arellano –con el apoyo de la senadora con licencia Citlalli Hernández, hoy secretaria general de Morena-- y por otro lado la verificación de apoyos entregados por la exlideresa morenista Yeidckol Polevnsky.

Pese a 5 mil 520 firmas de personas fallecidas y más de 700 de individuos en la cárcel, el INE reportó que las firmas validadas para una segunda consulta popular sobre juicios a expresidentes alcanzan el 2.32% de la lista nominal, y se cumple con el requisito que mandata la Constitución para su procedencia.

En su reporte del fin de semana, el Instituto Nacional Electoral indicó que en total fueron 2 millones 116 mil 837 firmas validadas, se excluyeron 23 mil 533 firmas por defunción y otras causas; 276 mil se declararon no existentes; y más de 120 mil se encontraban repetidas.

La Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral (INE) estima un gasto de mil 499 millones 392 mil 669 pesos para realizar la Consulta Popular convocada por el Poder Legislativo e impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, para juzgar las decisiones de los actores políticos del pasado.

Dicha propuesta de presupuesto para la consulta que se llevará a cabo el 1 de agosto de 2021 será sometida a consideración del Consejo General del Instituto.

La estimación realizada por el Instituto Nacional Electoral (INE), sobre un costo de 8 mil millones de pesos en la consulta popular que decida enjuiciar o no a los expresidentes, fue referida por el presidente Andrés Manuel López Obrador como un intento de influir en contra de su realización.

“Creo que se hizo un presupuesto –diría, antes de tiempo. Incluso la Corte no había validado la consulta, no la había declarado constitucional, y ya se había dado a conocer ese presupuesto --excesivo desde mi punto de vista-- un poco para tratar de influir y decir: no hay que hacer la consulta, con el mensaje de que es cara la democracia”, expresó el mandatario.

La Cámara de Diputados aprobó, en sus términos, el dictamen a la minuta en la que se resuelve la procedencia y trascendencia de la petición de Consulta Popular, presentada por el Presidente de la República, y se expide la convocatoria para este proceso que se realizará el domingo 1 de agosto de 2021.

Con 272 votos a favor, 116 en contra y cero abstenciones, se avaló el documento y fue remitido para su publicación en el Diario Oficial de la Federación y se pidió notificar al Instituto Nacional Electoral para los efectos conducentes. En él se determina que la materia de Consulta Popular cumple con el requisito de trascendencia nacional que dispone el segundo párrafo del artículo 5 de la Ley Federal de Consulta Popular.

El presidente Andrés Manuel López Obrador planteó hoy dos alternativas para realizar la consulta popular con la que se pretende decidir si se indaga y enjuicia a los expresidentes: empatar  el ejercicio con la elección, o bien, convocar voluntarios para que no sea tan oneroso.

Por segundo día consecutivo, negó el estimado de ocho mil millones de pesos que calcula el Instituto Nacional Electoral (INE) para la realización de la consulta popular, pronunciándose por esas dos alternativas.

Con 65 votos a favor, 49 en contra y 1 abstención, el Pleno del Senado de la República aprobó este miércoles, en lo general, el dictamen que expide la consulta popular propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador para preguntar si se debe investigar o no a los ex mandatarios nacionales.

Según lo establecido por la Ley de Consulta Popular, tras la declaración de constitucionalidad de parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) -lo que ocurrió el pasado 1 de octubre-, correspondería a la cámara de origen, en este caso el Senado, determinar si es procedente y trascendente.