Todopoderosa, Gina premiaba a la prensa afín o castigaba; quitaba reporteros y manoseaba medios

Cuando Javier Duarte de Ochoa era amo y señor de la prensa, todos los días aparecía su foto en las portadas, e incluso las notas llevaban una misma cabeza. El dinero fluía por toda la prensa, a pasto. Nacional o veracruzana. Gina Domínguez, de acuerdo con distintos testimonios, podía quitar y poner reporteros a voluntad, y daba órdenes a dueños y directores de medios. Cuando dejó el Gobierno se refugió en medios afines. Y luego, vino la tragedia…

Hasta hace tres años, una llamada de ella hacía temblar al más bragado director de medios de comunicación de Veracruz. “[Fulano] debe salir así, y así. A tal espacio, con tales palabras, y tal encabezado. Quiero esta foto y quiero que la firme tal reportero”. Palabras más, palabras menos, eran las órdenes que Gina Domínguez Colío dictaba desde su oficina en Xalapa a cualquier directivo o jefe de información.

Diarios, televisoras, estaciones de radio, portales de internet: No había quién se resistiera a sus embates.

La exvocera de Javier Duarte benefició a red de medios en Veracruz que ahora controla

En 2007, Gina Domínguez tenía una empresa de floricultura con un capital de 8,000 pesos, pero tras su paso por la administración de Javier Duarte ahora dirige un consorcio de medios que recibió 38.2 millones de pesos del gobierno.

Gina Domínguez utilizó su cargo de vocera en el gobierno de Javier Duarte para beneficiar con contratos y convenios a una empresa de medios que luego pasó a ser de su propiedad y a tres radiodifusoras que ahora controla editorialmente.

La empresa Servicios Especializados de Comunicación en Imagen S.A. de C.V. (SECI) –creada en 2008 y que en 2015 pasó a ser de su propiedad– recibió al menos 17.2 millones de pesos entre 2013 y 2016.
Mientras que las tres radiodifusoras solicitaron a Dominguez 21 millones de pesos, a pesar de que aún no contaban con permiso para operar.

Piden modificar proyecto que otorga a SG control de archivos

Ciudad de México. Durante las audiencias públicas sobre la Ley General de Archivos, expertos, académicos y organizaciones de la sociedad civil se manifestaron por modificar el proyecto legislativo ya que le otorga a la Secretaría de Gobernación el control político de los documentos y la información.

El presidente del Consejo Académico del Archivo General de la Nación e investigador del CIDE, Mauricio Merino, advirtió que aprobar la ley en sus términos, sería una grave amenaza de regresión política para el país y para el Sistema Nacional de Transparencia y Combate a la Corrpución.

En su intervención, en el Senado, Merino sostuvo: “no hay una sola razón para que la Secretaría de Gobernación encabece el Sistema Nacional de Archivos, que no sea la del poder político. Hemos pedido que el Archivo General de la Nación desde todos los espacios que tenemos a nuestro alcance, deje de ser una dependencia dirigida por la Segob”.

Asimismo, abundó, es una de las más graves amenazas de regresión política, si se aprueba como ha sido presentada sin matices y sin reservas. Es una regresión porque los archivos son la base del Sistema Nacional de Transparencia y del combate a la corrupción, donde se conserva la evidencia.

En su oportunidad, Lourdes Morales Canales, directora ejecutiva por la Red y Rendición de Cuentas, criticó que con esta ley, la política nacional archivística quede en manos de políticos. “Perdonen la metáfora, pero se quería un Ferrari y nos están dando un vocho destartalado, lo peor de todo es que el Archivo General de la Nación quiere ser vocho”.

Asimismo cuestionó el poder que se pretende otorgar a Gobernación sobre manejo de los documentos y criticó que se pretenda incorporar al consejo a los 32 secretarios de los gobiernos de los estados. “Siempre fuimos enfáticos en establecer que no se podía dejar la decisión de la política de archivos en manos de políticos”.

El investigador del Instituto de Investigaciones Histórica de la UNAM, Alfredo Ávila, expuso su preocupación por la mala redacción de la iniciativa y llamó la atención de que de aprobarse la ley como ha sido presentada se pone en riesgo la conservación de los archivos históricos.


En tanto, la ex directora general del Archivo General de la Nación, Aurora Gómez, de igual forma impugnó la propuesta que fue presentada la semana pasada por las senadoras, la priísta Cristina Díaz, la panista Laura Rojas y el perredista Zoé Robledo.

FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: VÍCTOR BALLINAS.
LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/11/28/piden-modificar-proyecto-que-otorga-a-sg-control-de-archivos