Es la fuente de financiamiento de un estudio, o de una revista científica, una de las razones principales para que los trabajos sean desestimados dentro de dicha comunidad.
“Cada día, en promedio, un artículo científico se retrae por mala conducta. El 2 por ciento de los científicos admiten trastocar sus datos en algún tipo de forma inadecuada. Ese número puede parecer pequeño, pero recuerde, los investigadores publican alrededor de dos millones de artículos al año, a menudo con financiación del contribuyente”, destacó en mayo un artículo del diario estadounidense The New York Times, escrito por Adam Marcus e Ivan Oransky.
Por esta razón, Álvarez-Buylla Roces sostiene que cada vez es más importante que los autores de estudios científicos hagan una declaración en la que detallen si el trabajo que realizaron o su persona tiene algún conflicto de interés.
En México, EPC, organización dedicada a la defensa de los derechos del consumidor, denunció la semana anterior que la industria de alimentos y refrescos trajo al país a tres científicos a participar en el foro “Evidencia Actual en Edulcorantes y Salud”, que han sido financiados por la industria, a presentar investigaciones donde niegan el impacto de los refrescos en la salud.
EPC denunció que el doctor James Rippie, quien negó la relación entre el consumo de bebidas azucaradas y enfermedades cardiovasculares, ha recibido más de 10 millones de dólares por parte de la Asociación de Refinadores de Maíz de los Estados Unidos, para realizar sus investigaciones.
“El doctor Rippe ha creado una institución con su nombre recibiendo financiamiento de varias empresas, entre ellas Coca Cola”, citó una misiva de EPC.
Asimismo, los otros dos expositores, el doctor John Sievenpiper y John White, han recibido fondos de Coca Cola y dado servicios profesionales a la industria de alimentos y bebidas, respectivamente, expuso la organización civil.
Cabe mencionar que en Estados Unidos, el NYT destapó el mes anterior que Coca-Cola apoyó con 1.5 millones de dólares (unos 25 millones de pesos) a la creación de una organización no gubernamental llamada Global Energy Balance Network (GEBN), que promueve el mensaje de que el consumo de calorías no es tan importante como la actividad física en la lucha contra el sobrepeso y la obesidad.
Tras el escándalo la compañía anunció que sería más transparente en las inversiones de investigación.
Lo que no fue igual en México, de acuerdo con el EPC, ya que la principal organizador que trajo a los citados tres investigadores fue el International Life Sciences Institute (ILSI).
“Tiene como miembros asociados a Coca Cola, Bimbo, Danone de México, Kellogg’s de México, Kraft Foods de México, Mars México, Nestlé México, Monsanto Comercial y PepsiCo”, acusó la organización, lo que supondría un claro conflicto de interés en un evento académico.
La presidente de la UCCS explicó que hay varios criterios que ayudan a distinguir entre el valor de un estudio y otro, además del saber quién financia un trabajo.
Uno de ellos es la “revisión por pares”, que hace que un estudio sea evaluado por otros científicos ajenos al trabajo y de esta forma lo avalen. Además de que la revista esté registrada en el Instituto de Información Científica.
Otro referente es el número de veces que un trabajo es citado o retomado por otras investigaciones científicas. “En general cuando mayor es el índice de impacto, pues se considera que tiene mayor relevancia”.
Álvarez explica que siempre tendrá más valor un trabajo científico que se dedica a comprobar una hipótesis, a uno que se dedica a negar lo que otros ya probaron.
MONSANTO FINANCIA CIENTÍFICOS
“PLOS Biology o PLOs One tienen prestigio pero uno puede ver que el artículo puede estar sesgado por intereses corporativos no científicos. Si hay un conflicto de interés por parte de los autores, la sustentabilidad del hallazgo científico es por lo menos cuestionable”, dijo Álvarez-Buylla.Este fue el caso de dicha publicación titulada “Flujo génico mediado por polen en maíz: Implicaciones en los requerimientos de aislamiento y la coexistencia en México”, en la que una serie de investigadores nacionales participaron con financiamiento de Monsanto, que es dueña de más del 90 por ciento de las patentes de transgenes en el mundo.
“Preocupa que esto está pasando en investigaciones públicas mexicanas, y que investigadores que en vez de estar dedicados a buscar alternativas lo mejor sustentadas científicamente, en vez de buscar desarrollos científicos a favor de la biodiversidad, de la bioecología, de la soberanía, se ponen al ser servicio de estos intereses corporativos a hacer una tecnociencia y, primordialmente, guiada por el enriquecimiento lucrativo”, dijo en su oportunidad a SinEmbargo la presidenta de la UCCS.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: JUAN LUIS GARCÍA HERNÁNDEZ.
LINK: http://www.sinembargo.mx/08-09-2015/1477967.
