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Señalan a Birmex de corrupción en licitaciones de medicamentos por 13 mil millones de pesos

El caso fue hecho de conocimiento al sector salud gracias a las denuncias presentadas por parte de otros participantes en la licitación de dichos insumos.

Eduardo Clark, subsecretario de Integración y Desarrollo del Sector Salud, informó en la conferencia mañanera del martes que, durante la más reciente licitación para compra de medicamentos al “menor precio posible”, se identificaron 175 insumos adjudicados a proveedores que no habían sido los de mejor costo.

“Es decir, no habíamos ejecutado la compra a los proveedores que más bajo habían ofertado”, explicó Clark, quien añadió que la adquisición corresponde al 6% de los insumos que conforman la compra consolidada de medicamentos 2025-2026.

El caso fue hecho de conocimiento al sector salud gracias a las denuncias presentadas por parte de otros participantes en la licitación de dichos insumos.

Derivado del hecho, la Secretaría de Salud inició diálogos de colaboración con la Secretaria Anticorrupción y de Buen Gobierno, puesto que el sobreprecio de dichos insumos era por más de 13 mil millones de pesos por parte de la empresa estatal Laboratorios Biológicos y Reactivos, Birmex.

Los tres funcionarios señalados ya fueron separados de sus cargos como parte de las investigaciones en curso: “Desde hace algunas semanas se separaron del cargo a las tres personas que participaban en estos procesos dentro de Birmex con el objetivo de que la investigación pueda correr su curso, pueda ser determinada la responsabilidad o no”, continuó Clark, que también recordó que con base en los resultados se determinará qué claves tienen que ser adjudicadas.

Pese a la adjudicación, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, fue clara al afirmar en Palacio nacional que los insumos “todavía no se compraron”; “Todavía no… Se adjudicaron los contratos, esto es importante decirlo, pero tan pronto nos dimos cuenta de esto, lo que hicimos fue notificar a todas las instituciones para que esas 175 claves no pidiéramos piezas”, reforzó Clark.

En caso de que la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno determine que hubo una actuación irregular de algún funcionario público en Birmex, particularmente, esas piezas no generan un perjuicio al erario.

Finalmente, también destacó Clark que se cumplirá a la cabalidad la ley, “no solo en lo administrativo, sino también en lo que puede ser posiblemente penal“.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Oaxaca: Detienen a exalcaldesa de Santa María Huazolotitlán por presunto tráfico de concesiones y permisos

La Fiscalía de Oaxaca la acusa de expedir permisos para circular para el transporte público, sin tener facultades legales para ello.

Por la presunta comisión del delito de Tráfico de Concesiones y Permisos del Servicio Público de Transporte durante su mandato, fue detenida Vilma Reyes Martínez, expresidenta municipal de Santa María Huazolotitlán, en la Costa de Oaxaca.

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) informó que, la acción penal la efectuó tras recibir una denuncia, por lo que la investigación quedó a cargo de la Vicefiscalía Regional de la Costa.

Las indagatorias revelaron la existencia de permisos para circular para el transporte público, los cuales estaban firmados por el Ayuntamiento de Santa María Huazolotitlán, periodo en que Reyes era presidenta de dicho municipio, aunque carecía de facultades legales para emitir este tipo de documentos.

La Fiscalía de Oaxaca obtuvo una orden de aprehensión del juez de control, por lo que elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) la detuvieron y presentaron ante el juez que la requirió, quien definirá su situación jurídica.

La exalcaldesa costeña, emanada del PRI, concluyó el 31 de diciembre del 2024 su trienio, que empezó en 2022.

La semana pasada fue vinculada a proceso Alba Mier Castellanos, expresidenta municipal de Mártires de Tacubaya, otro municipio de la costa oaxaqueña, acusa de posible comisión de delitos contra la salud en su modalidad de posesión de drogas, según informó la Fiscalía General de Oaxaca.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: DIANA MANZO.

Denuncian que Godoy contrató como MP a 11 personas sin experiencia ni estudios; fiscalía cierra investigación

A través de “dispensas”, la entonces fiscal Ernestina Godoy contrató como Ministerios Públicos a personal sin experiencia ni estudios concluidos, de acuerdo con una denuncia. Sin embargo, la propia Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México cerró en definitiva la investigación.

Once personas sin experiencia ni estudios en la materia fueron contratados por la exfiscal Ernestina Godoy Ramos como Ministerios Públicos (MPs), para trabajar en áreas tan sensibles de la Fiscalía capitalina como la Fiscalía de Investigación de Delitos Cometidos en Agravio de Niñas, Niños y Adolescentes, de acuerdo con la denuncia de un ciudadano francés.

Los 11 funcionarios públicos fueron contratados sin cumplir con los requisitos de ley, mediante diversas “dispensas” firmadas por la entonces fiscal capitalina, según la denuncia.

Pero la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México cerró en definitiva la investigación abierta en contra uno de los funcionarios públicos denunciados, mientras que no le permitió avanzar con la denuncia en contra del resto, al considerar que no era una “víctima directa” y que por tanto no tenía “personalidad jurídica” para continuar con el litigio.

El caso del agente del Ministerio Público, punta del iceberg

En 2022, François Marc Biard, un ciudadano francés, denunció ante diversas autoridades al agente del Ministerio Público, Francisco Eduardo Salinas Hernández por la presunta comisión del delito de ejercicio ilegal del servicio público, debido a que realizó actuaciones de “extrema relevancia” en un caso abierto en su contra por supuesta violencia intrafamiliar desde 2019, caso en el que actuó a pesar de no cumplir con los requisitos legales para ser agente del Ministerio Público.

Marc Biard no solo denunció a Salinas Hernández, sino también la existencia de toda una supuesta red de agentes del Ministerio Público que fueron contratados por la Fiscalía capitalina mediante diversas “dispensas” firmadas por la entonces fiscal Ernestina Godoy.

Pero hace unas semanas, mediante un oficio recibido por parte de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, Marc Biard se enteró que la Fiscalía había declarado la prescripción del delito en su denuncia contra Salinas Hernández, debido a que transcurrieron más de tres años entre la supuesta comisión del delito y la denuncia.

“(Esto) en virtud de que los hechos ocurrieron en fecha 15 y 16 de enero de 2019 […] por lo tanto a fenecido el término los días 15 y 16 de enero de 2022, por lo que se encuentran prescritos, extinguiéndose la pretensión punitiva, resultando evidente que al día de la presentación de la denuncia habían pasado más de tres años y atendiendo a lo establecido en el artículo 119n (sic) del Código Penal se determina que ha operado la prescripción de la acción penal”, señaló la Fiscalía a la Comisión de Derechos Humanos.

François envió un oficio a la Comisión de Derechos Humanos solicitando que continúen con la investigación de su caso y emitan una recomendación a la Fiscalía capitalina en la que soliciten al menos una disculpa pública por todas las violaciones a derechos humanos de las que fue víctima, “pues alguien que no podía ejercer (su cargo) ejerció y me hizo la vida miserable”. 

“El caso del MP -como yo lo llamo- “pirata” es un caso trascendente porque al margen de que me haya costado mucho sudor, mucho desgaste, muchas cosas, pues no solamente me ha afectado a mí sino a decenas o cientos o miles de gentes que les ha pasado lo mismo, porque este señor durante por lo menos 10 meses estuvo actuando como MP sin ser MP, sin poder ser MP. Y luego permaneció varios años, cuatro años, sin pasar un examen de conocimiento ni nada, todo a través de dispensas, todas firmadas por la fiscal Godoy y unos altos funcionarios de la Fiscalía”, señala.

El origen del caso Marc Biard contra la Fiscalía capitalina

El caso comenzó con un litigio familiar contra Marc Biard, luego de que su exesposa lo denunciara por presunta violencia familiar en perjuicio de ella y sus cuatro hijos. Como resultado, el ciudadano francés estuvo imposibilitado de ver a los menores durante meses. Sin embargo, posteriormente obtuvo una resolución favorable con la determinación de no ejercicio de la acción penal a su favor. Finalmente, el caso quedó completamente cerrado tras la firma de un convenio entre ambas partes en 2022.

Sin embargo, a partir de una de las carpetas de investigación abiertas en su contra en la Fiscalía de Investigación de Delitos Cometidos en Agravio de Niñas, Niños y Adolescentes, Marc Biard descubrió -vía transparencia- que el agente del Ministerio Público que llevaba su caso había sido contratado sin cumplir con los requisitos de la ley.

Esto, a pesar de no contar con título ni licencia profesional al momento de su contratación (ocurrida el 15 de enero de 2019, cuando él mismo admitió haber egresado de la carrera en febrero de ese año), sin experiencia solo había trabajado tres meses en un Tribunal Familiar) y sin cumplir con la edad mínima de 25 años requerida para ser Ministerio Público, ya que tenía 24. Por ello, sus actuaciones dentro de la carpeta de investigación abierta en su contra podrían ser ilegales, incluyendo la realización de una entrevista a sus hijos menores de edad sin contar con las acreditaciones necesarias.

La razón por la que Salinas Hernández logró entrar a la Fiscalía capitalina fue porque, a través de una “dispensa”, la entonces fiscal Ernestina Godoy aceptó su contratación “en consideración de su amplia experiencia profesional, así como por las necesidades institucionales”, mediante un oficio del que Animal Político tiene copia.

Marc Biard impugnó todas las actuaciones del MP que actuó en su caso y pidió que se anularan todos los asuntos en los que intervino por su contratación “ilegal”, pero en la búsqueda de pruebas también se encontró que Martha Soledad Ventura Ávila, entonces diputada local de Morena en la Ciudad de México, mandó un correo a Godoy solicitando que se apoyara al agente.

“Venimos a solicitar su valiosa intervención y apoyo en el siguiente tema. El C. Francisco Eduardo Salinas Hernández, acudió al Modulo Legislativo de Atención y Quejas Ciudadanas, de la Diputada Martha Soledad Ávila Ventura, con el objeto de buscar orientación y apoyo en el caso que a continuación se describe. Resulta que en cumplimiento de mi deber […] he sido denunciado por un violentador, que responde a nombre de François Marc Biard, de origen francés”, se puede leer en un correo enviado desde la oficina de Ávila.

Marc Biard presentó una denuncia ante la Unidad de Asuntos Internos de la Fiscalía por el aparente ingreso irregular de Salinas Hernández, así como diversas supuestas actuaciones irregulares dentro de la carpeta de investigación de su caso, y el posible tráfico de influencia por parte de la diputada local.

Durante su investigación, el ciudadano francés también se encontró que el caso de Salinas Hernández no era el único, sino que desde el 2019 habían sido contratados más agentes del Ministerio Público y Policías de Investigación sin cumplir con los requisitos previstos en el artículo 46 de la Ley Orgánica de la Fiscalía, pero cuya contratación fue autorizada por la entonces fiscal mediante una serie de “dispensas” legales.

Personal sin experiencia dentro de la Fiscalía capitalina

Entre el año 2022 y 2023, Biard presentó varias quejas ante la Unidad de Asuntos Internos de la Fiscalía capitalina por la probable comisión de diversas faltas administrativas cometidas por parte de 11 funcionarios públicos de esta dependencia, en específico en contra de siete que actuaron en su caso, asunto que incluso llegó a la Fiscalía de Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos.

Los siete funcionarios fueron investigados por la posible comisión del delito de prevaricación en una indagatoria que llegó a instancias judiciales. Sin embargo, no se logró su vinculación a proceso por falta de pruebas. Aunque, el juez que resolvió el caso destacó la existencia de líneas de investigación que debían ser agotadas.

Salinas permaneció como agente del Ministerio Público del 16 de enero de 2019 al 30 de septiembre de 2023, favorecido por la emisión de al menos 10 “dispensas” firmadas por Godoy Ramos, hasta que en abril de 2023 fue despedido en medio de las investigaciones en su contra.

9 de los 11 funcionarios siguen laborando en la fiscalía

Datos del portal de transparencia presupuestaria de la Ciudad de México señalan que de los 11 funcionarios públicos, 9 siguen laborando dentro de la fiscalía capitalina, mientras que Salinas y otros dos ya no aparecen en la lista de funcionarios públicos en activo.

“Dichas irregularidades en relación con el ingreso de Salinas ponen en tela de juicio todas las actuaciones que dicho servidor público haya realizado en todas las carpetas de investigación en las cuales haya actuado entre 2019 y 2023, máxime que dicha persona se encontraba adscrita a una de las fiscalías más relevantes y que requieren de una alta especialización y cuidado”, señaló Marc Biard.

No obstante, a través de su investigación, el ciudadano francés encontró además que en la fiscalía trabajaban hasta 276 Ministerios Públicos que habían recibido diversos tipos de “dispensas” por parte de Ernestina Godoy, otorgadas en 2019, para permitirles seguir desempeñando sus cargos.

El ciudadano francés solicitó a la Unidad de Asuntos Internos de la Fiscalía capitalina que investigue un presunto “tráfico de influencias” en la designación de todos estos Ministerios Públicos que recibieron “dispensas” por parte de Godoy para ocupar estos cargos sin cumplir con los requisitos de ley, pero fue bateado debido a que las autoridades no lo consideraron víctima directa de ninguno de estos casos.

Una disculpa pública y reparación de daño simbólica

Desde el año 2022, Marc Biard denunció ante la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México los diversos hechos de los que el ciudadano francés fue víctima, especialmente derivado de la carpeta de investigación en la que actuó Salinas Hernández, expediente en el que incluso se emitió un acuerdo de conclusión el 10 de julio de 2023, por posibles violaciones a derechos humanos.

“Yo la verdad no pido gran cosa, solo pido disculpas públicas de la Fiscalía y una reparación simbólica para mis hijos”, señala.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ALFREDO MAZA.

AMLO se fue sin aclarar 31 mil millones ‘perdidos’

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) reveló que 31,429 millones de pesos del gobierno de AMLO siguen sin aclararse, de un total de 112,635 millones detectados como irregulares en su sexenio. Casos como SEGALMEX, el Tren Maya, PEMEX y programas de Bienestar destacan por pagos sin justificar, sobrecostos y falta de transparencia.

Tras una revisión en el Sistema Público de Consulta de Auditorías de la ASF sobre las cuentas públicas de 2019 a 2023, se detectó que 31,429 millones de pesos del gobierno de AMLO siguen sin aclararse. De los 112,635 millones detectados como irregulares en su sexenio, esta es la cantidad que aún no tiene explicación.

El caso más escandaloso es SEGALMEX, Diconsa y Liconsa, el sistema que prometía garantizar la alimentación del pueblo, pero que terminó con inventarios fantasma, pagos sin justificar y hasta transacciones a proveedores fallecidos. 

Más de 6,800 millones de pesos siguen sin saberse dónde están. En cualquier otro país, este escándalo habría provocado renuncias inmediatas. Aquí, en cambio, el principal responsable, Ignacio Ovalle, se le permitió retirarse del servicio público.

Pero SEGALMEX es solo la punta del iceberg. El Tren Maya, PEMEX, Cultura, el IMSS y Bienestar encabezan la lista de dependencias con irregularidades millonarias. En total, una cantidad equivalente al presupuesto anual de varios estados ha quedado en el limbo financiero.

TREN MAYA, PEMEX Y BIENESTAR: ¿FALTA DE PLANEACIÓN O CORRUPCIÓN?

Las grandes apuestas de López Obrador también resultaron ser grandes agujeros negros para el presupuesto. 

El Tren Maya, la obra insignia del sexenio, tiene casi 3,000 millones de pesos sin aclarar su destino según datos de la ASF. ¿En qué se fueron? Pagos en exceso, obras inexistentes y duplicidad de costos. Se pagó por estructuras que no existen, por estudios que ya se habían contratado y por supervisiones fantasma. Y lo peor: no hay consecuencias.

PEMEX, la empresa que el gobierno prometió rescatar, también acumula 4,256 millones de pesos por aclarar. Los patrones son los mismos: pagos sin justificar, sobrecostos, falta de documentación y un descontrol total en contratos. La misma historia se repite en la Secretaría de Cultura y el IMSS. El dinero desaparece, los problemas crecen y nadie rinde cuentas.

PRIMERO LOS POBRES

Uno de los mayores golpes al discurso presidencial es lo que ocurre en la Secretaría de Bienestar. Los programas sociales, que deberían ser la base de la transformación, también presentan irregularidades millonarias. La ASF detectó pagos a personas fallecidas, beneficiarios sin identificación clara y transferencias a cuentas sin verificar. Más de 980 millones de pesos siguen sin aclararse.

El  problema es mayor cuando se revisa el destino de los recursos asignados a los Servidores de la Nación, el brazo operativo de los programas sociales. Se identificaron pagos sin justificación, transferencias duplicadas y recursos utilizados sin comprobar su destino. El dinero que debía llegar a los más vulnerables quedó atrapado en una burocracia opaca y, en muchos casos, mal administrada.

IMPUNIDAD COMO SELLO

La ASF ha señalado, con cifras y documentos, las irregularidades del gobierno de AMLO. Pero quienes estuvieron en su gobierno han respondido con claridad. No hay liderazgos sancionados, no hay estrategias para recuperar el dinero y, sobre todo, no hay voluntad de rendir cuentas.

El problema no es solo el dinero perdido, sino la impunidad con la que opera el gobierno. No hay castigos ni consecuencias reales. Tampoco explicaciones convincentes. El discurso de “no somos iguales” se cae cuando las auditorías muestran que las prácticas de desvío de recursos continúan con impunidad.

Si 31 mil millones pueden quedar en el aire sin que pase nada, ¿cuánto más se permitirá en los próximos años? El problema no es solo contable, es político. Y mientras el dinero siga desapareciendo sin consecuencias, la verdadera transformación será la de la impunidad convertida en política de Estado. Y aún falta la Cuenta Pública 2024.

DEPENDENCIA

POR RECUPERAR O ACLARAR (EN MILLONES DE PESOS)

Segalmex, Diconsa y Liconsa

$6,819.66

PEMEX

$4,256.82

Tren Maya

$2,946.41

Secretaría de Cultura

$1,408.61

IMSS

$1,099.48

Bienestar

$983.66

Birmex

$972.18

Aeropuerto de Texcoco

$938.44

Secretaría de Agricultura

$830.14

Tren México Toluca

$669.91

FUENTE: Sistema Público de Consulta de Auditorías de la ASF

FUENTE: EMEEQUIS (ESPECIAL)
AUTOR: JUAN ORTIZ (LUPA LEGISLATIVA)

Diputada del PT exige remoción de la secretaria de Turismo de Oaxaca por "despilfarro de recursos"

El argumento de la legisladora es que, en estos casi tres años de gobierno, Saymi Pineda ha despilfarrado los recursos públicos como pagar más de 3 millones de pesos en papel picado, otros 10 millones en regalos a invitados de lujo y más de 12 millones de pesos para el concierto de Julión Álvarez.

La diputada federal del Partido del Trabajo (PT), Margarita García García, pidió al gobernador Salomón Jara Cruz que destituya a Saymi Pineda Velasco como secretaria de Turismo por el despilfarro de recursos públicos y sus escandalosos actos de corrupción en un estado donde hay carencias en hospitales, falta de medicamos en centros de salud y equipo médico.   

Investigación a los Cabeza de Vaca por presuntos desvíos en Tamaulipas no es persecución: Morena

Isamel García Cabeza de Vaca, hermando del exgobernador de Tamaulipas que está prófugo, es señalado de desviar más de mil 500 mdp.

La presidenta de Morena en Tamaulipas, Lupita Gómez Núñez, afirmó que las investigaciones contra Ismael y Francisco García Cabeza de Vaca no son una persecución política, y al contrario, aseguró que es justicia basada en pruebas y hechos.

“El PAN sólo puede alegar persecución porque su red de corrupción en Tamaulipas está siendo desmantelada”, declaró la dirigente partidista.

Gómez Núñez aseguró que el diputado local Ismael García Cabeza de Vaca es señalado por un saqueo superior a mil 500 millones de pesos, desviados a través de operadores en áreas clave de la administración panista de su hermano.

“Ni es un ataque mediático, ni una venganza política. Es justicia”, enfatizó.

La presidenta de Morena, recordó además que Francisco García Cabeza de Vaca sigue prófugo de la justicia, mientras su hermano se aferra al fuero para evitar la cárcel.

Reveló que existen más de 60 carpetas de investigación contra exfuncionarios panistas por desvío de recursos federales hacia familiares y empresas fantasma.

“El PAN dice que Ismael nunca manejó recursos públicos, pero ¿cómo explican que su círculo cercano se enriqueció con dinero del Estado?”, cuestionó la presidenta de Morena.

Mientras el PAN defiende a presuntos delincuentes, Gómez Núñez destacó que el gobernador Américo Villarreal está reconstruyendo Tamaulipas con más de ocho mil millones de pesos en inversión, mejoras en salud, educación y seguridad.

“Ni perdón ni olvido. El dinero que se robaron es del pueblo y debe ser devuelto. Tamaulipas no se gobierna con impunidad, sino con justicia”, puntualizó.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO/ELEFANTE BLANCO.
AUTOR: 

La encrucijada de Sheinbaum: exjefes del narco no bastan; EU quiere a narcopolíticos

Los halcones de Washington van por presas más valiosas y así se lo han dicho a la presidenta Sheinbaum. Con nombre, apellido y cargo. Ese escenario la tiene en una encrucijada, pero también ante una oportunidad histórica.

La entrega de exjefes del narcotráfico no es suficiente. Menos, si la presidenta Claudia Sheinbaum evita asumir la responsabilidad de haberlos sometido a la justicia estadunidense bajo ningún procedimiento judicial y por “razones de seguridad nacional”.

Tan inverosímil como imposible es que Sheinbaum haya sido ajena a la decisión. Primero, porque en su calidad de jefa del Ejecutivo es la presidenta del Consejo de Seguridad Nacional, el mismo con el que el fiscal general, Alejandro Gertz Manero, y el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, justificaron la entrega de los narcos caídos en desgracia, la mayoría desde hace años.

En segundo lugar, porque la expulsión coloca a varios de ellos en la antesala del patíbulo. Una decisión así no se toma “de forma colegiada” por los integrantes del gabinete de seguridad nacional sin la participación de quien lo encabeza.

Esa es una medida de la más alta responsabilidad política porque, además de pasar por encima de los procedimientos judiciales, entra en conflicto con la Constitución e instrumentos internacionales de los que México forma parte respecto de la aplicación de la pena capital y la cadena perpetua.

Para la presidenta fue más fácil denostar una vez más al Poder Judicial en un intento de evadir públicamente su responsabilidad y esconder su toma de decisiones. Con el manido discurso de la corrupción de los jueces, al que también recurrieron los “colegiados” Gertz Manero y García Harfuch para justificar la expatriación de los procesados, Sheinbaum pretendió lo inevitable: la comparación con Felipe Calderón.

También a comienzos de su gobierno, en enero de 2007, Calderón pasó por encima de todo procedimiento judicial y entregó 15 excapos a Estados Unidos. Sólo que esta vez, a diferencia de la reivindicación de Calderón en torno de su “valentía”, la presidenta quiso cuidarse ante la opinión pública escudándose en el Gabinete de Seguridad Nacional.

Por más que aleguen que se trató de un tema amparado por lo establecido en la Ley de Seguridad Nacional, la misma dice que en los casos de urgencia debe intervenir una autoridad judicial.

Los mismos funcionarios que dicen haber tomado la decisión al margen de la presidenta, se encontraban en Washington, reunidos con sus pares en el Departamento de Estado, en el momento en que se operaba en México la entrega de los exnarcotraficantes.

El viernes último, el fiscal Gertz dijo que “los colegiados” de la seguridad nacional, entre los que estuvieron los jefes del Ejército y de la Marina, acordaron la medida apenas unas horas después de una solicitud de Estados Unidos.

La presidenta anunció el miércoles pasado la salida del gabinete de seguridad a Washington ese mismo día, lo cual hace suponer que la decisión de la entrega se tomó el martes. En su reunión del jueves en el Departamento de Estado, los funcionarios mexicanos pusieron a los expatriados en la mesa de las negociaciones.

Pero la entrega de delincuentes no basta para Washington. El presidente estadunidense y su gabinete de seguridad, incluido el Pentágono, quieren a quienes desde el poder han protegido las actividades del narcotráfico en México: los narcopolíticos.

Al igual que en los capos y lugartenientes del narcotráfico, en la narcopolítica hay actores principales y secundarios de ayer y hoy. El nuevo régimen se ha cebado en la figura del exsecretario de Seguridad Genaro García Luna para lucrar políticamente. Pero no mira su entorno.

El que fuera el hombre fuerte y de todas las confianzas de Calderón no es el único, ni el primero, ni el último. Es, hasta ahora, el más prominente de la política fuera de los exgobernadores que han estado presos en Estados Unidos. Forman una galería quienes han protegido y se han beneficiado del narcotráfico en México desde el poder político, militar, policial y económico.

Gobernadores, senadores, diputados, secretarios de Estado, alcaldes, jefes militares y policiales, fiscales, ministerios públicos, jueces y lavadores de dinero con la fachada de empresarios han contribuido al empoderamiento de las organizaciones criminales que tienen tan mal parado a México en el mundo y que lo hace todavía más vulnerable ante una administración colonialista como la de Trump.

Los halcones de Washington van por presas más valiosas y así se lo han dicho a la presidenta Sheinbaum. Con nombre, apellido y cargo. Ese escenario la tiene en una encrucijada, pero también ante una oportunidad histórica. Se encuentra en un momento de definición: ir contra aquellos que, con evidencias, puedan estar implicados o seguir recibiendo su respaldo político.

Mientras no dé señales, seguirá la desconfianza de Estados Unidos hacia ella y su gabinete heredado.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JORGE CARRASCO ARAIZAGA.

Silvano Aureoles es investigado por millonario desfalco durante su gubernatura en Michoacán

La ASF presentó al menos dos denuncias en la Fiscalía General de la República contra el exgobernador por su presunta responsabilidad en el desvío de recursos públicos y delincuencia organizada.

El exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, es investigado por un desfalco de más de 30 mil millones de pesos al erario federal, según fiscalizaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

La ASF presentó al menos dos denuncias en la Fiscalía General de la República (FGR) contra el exgobernador por su presunta responsabilidad en el desvío de recursos públicos y delincuencia organizada.

En la audiencia que inició la noche del sábado en los juzgados de procesos penales federales del Reclusorio Oriente, se reveló que entre el 2016 y 2021, Aureoles generó un daño patrimonial de más de 3 mil 400 millones de pesos debido a operaciones irregulares de arrendamiento, mantenimiento y posteriormente adquisición de siete cuarteles policiacos en el estado de Michoacán, operación realizada de "manera sumamente inexplicable e irracional", según la Fiscalía General de la República.

Los cuatro excolaboradores del mandatario estatal de extracción perredista, detenidos el sábado 1 de marzo escucharon de la parte acusadora una relatoría de los hechos que configurarían los presuntos delitos de peculado, operaciones con recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa y administración fraudulenta.

Los cuarteles policiacos autorizados por Aureoles están en los municipios de Huetamo, Jiquilpan, Apatzingán, Coalcoman, Uruapan, Zitacuaro y Lázaro Cárdenas, y a decir de la Fiscalía, el daño patrimonial por dicha operación ascendería a 3 mil 412 millones 165 mil 310 pesos.

Aureoles prófugo

El pasado 1 de marzo, se giró la orden de aprehensión contra Aureoles y fueron detenidos cuatro exfuncionarios y colaboradores suyos: En Estados Unidos fue capturado el ex secretario de Finanzas del estado, Carlos Maldonado; en Morelia fueron detenidos Mario Delgado Murillo y Elizabeth Villegas Pineda, ex delegado de Finanzas de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Michoacán y antigua funcionaria de Seguridad en el Estado; también fue detenido Antonio Bernal Bustamante, exsecretario de Seguridad Pública. 

Según una revisión de Milenio al sistema de auditorías de la ASF, el gobierno de Michoacán no ha podido justificar irregularidades por más de 28 mil 588 millones de pesos detectadas entre 2016 y 2021, distribuidas en 204 expedientes. Además, otros 2 mil 139 millones de pesos siguen pendientes de aclaración y ya son considerados un posible daño patrimonial; correspondiente a 60 expedientes de los años 2019, 2020 y 2021.

Ambas denuncias presentadas ante la FGR derivan de una auditoría a las participaciones federales recibidas por el gobierno de Michoacán en 2020, aunque no se especifica el monto involucrado en la denuncia.

De esa misma auditoría, existe también un expediente por más de mil 221 millones de pesos sin solventar, que está pendiente de resolución en la Dirección General de Investigación. 

Aún más, hay tres expedientes adicionales relacionados con esta auditoría, en seguimiento por más de 800 millones de pesos que no han sido reintegrados a la Federación.

En febrero de 2023, Proceso publicó que tras conocerse el reporte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) sobre la cuenta pública 2021, donde aparecen observaciones al gobierno de Michoacán en torno al manejo de más de 12 mil millones de pesos, el actual mandatario, Alfredo Ramírez Bedolla, ordenó “emprender una investigación profunda de este desfalco”, que “no debe quedar impune”.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Detienen a 3 excolaboradores del exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles

Las detenciones se dan ante las denuncias del actual gobernador Alfredo Ramírez Bedolla por supuestas irregularidades relacionadas con la construcción de siete cuarteles policiales durante la gestión de Silvano Aureoles.

Al menos tres exfuncionarios de la administración del exgobernador perredista de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, fueron detenidos la mañana de este sábado por diversos delitos. 

Entre ellos se encuentra Carlos Maldonado Mendoza, exsecretario de Finanzas y Administración, quien de acuerdo con información del Registro Nacional de Detenciones, fue capturado durante su arribo al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM). 

A esta detención se suma la de Mario Delgado Murillo, exdelegado administrativo de la Secretaría de Finanzas, y la de Elizabeth Villegas Pineda, exdirectora de Catastro. 

De acuerdo con Latinus, La Fiscalía General de la República (FGR) investiga a Carlos Maldonado Mendoza y a Mario Delgado Murillo por presuntamente autorizar la entrega de 4 millones de pesos para la construcción de una obra pública en el municipio de Zitácuaro, de la cual no existe evidencia de que se haya realizado.

Asimismo, indicó que la FGR está a la espera de una orden de aprehensión en contra del exgobernador por el presunto delito de peculado.

Hasta el momento las autoridades no se han pronunciado al respecto, por lo que se desconocen los cargos que pesan sobre las personas mencionadas.

Silvano Aureoles Conejo se desempeñó como gobernador de Michoacán de 2015 a 2021, convirtiéndose así en  último gobernador emanado del PRD en el país.

A pesar de ser uno de los miembros fundadores del partido, su militancia se vio marcada por un desencuentro en 2018 derivado del apoyo que expresó a favor del entonces candidato presidencial priista, José Antonio Meade Kuribreña. El PRD consideró el gesto como una falta de respeto e inició un procedimiento en su contra para sancionarlo o expulsarlo, sin embargo, el asunto se dio por terminado como una forma de mantener la unidad interna.

En 2023, Aureoles Conejo intentó ser candidato presidencial de la alianza PAN PRI, PRD, en el proceso interno del Frente Cívico, pero dicha candidatura recayó en la panista Xóchitl Gálvez, a cuya campaña se sumó en 2024.

En meses previos, estuvo presionando a la dirigencia del PRD para dejar la alianza con el PAN y PRI y que su partido compitiera solo en las elecciones presidenciales, pero finalmente desistió.

Además de unirse a la campaña de Gálvez, Aureoles compitió por una diputación por el distrito 3 de Zitácuaro. Sin embargo, fue derrotado por Mary Carmen Bernal, integrante del Partido del Trabajo (PT) con casi el doble de votos. Tres días después de la jornada electoral compartió un carta en la que expresó su resignación y que sirvió como una despedida de su vida pública.

Denuncias contra Silvano Aureoles

Estas detenciones de exfuncionarios se dan ante las acusaciones del actual gobernador Alfredo Ramírez Bedolla por supuestas irregularidades en el manejo del gasto público halladas durante el gobierno de su antecesor y que ascienden a más de 5 mil millones de pesos.

Las irregularidades están relacionadas con la construcción de siete cuarteles policiales en predios que fueron adquiridos a sobreprecio y que incluían diversas amenidades, entre ellas un helipuerto, de uso exclusivo del entonces gobernador.

Las denuncias fueron presentadas desde inicios de 2022 e implican delitos por presunto enriquecimiento ilícito, ejercicio indebido de funciones, tráfico de influencias, cohecho, peculado, asociación delictuosa, delincuencia organizada y operación con recursos de procedencia ilícita.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Trump recomendará investigar nexos entre políticos mexicanos y el narco

Sobre si consideraría una "acción cinética en México", Trump se limitó a responder que “preferiría no decírselo".

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró en una entrevista concedida a la revista The Spectator que pedirá a la Fiscal General de Estados Unidos, Pam Bondi, investigar a políticos, incluidos los mexicanos, por beneficiarse del trasiego de drogas, especialmente fentanilo.

Cuestionado por el entrevistador Ben Domenech, Trump aseguró que sí irá por una rendición de cuentas ante “políticos corruptos”, refiriéndose primero a los demócratas, a quienes increpó por “, las fronteras abiertas”, un tema que calificó prioritario entre sus principales fallas.

“Obviamente, su Departamento de Estado, bajo su dirección, ha hecho ahora algo que yo, y muchos otros, creemos que tenía que haber hecho hace mucho tiempo, que era nombrar a estos grandes grupos de cárteles como organizaciones terroristas extranjeras”, afirmó Domenech, una declaración a la que Trump respaldó tajantemente.
¿Va a pedir cuentas a muchos de esos políticos corruptos que se beneficiaron de ese tráfico de personas, del vertido de fentanilo? ¿Incluyendo a los principales mexicanos?
“Bueno, ciertamente… recomendaría que se les investigara“, aseguró el mandatario, quien destacó la gran labor que ha realizado la fiscal Pam Bondi , a quien encargaría iniciar las labores investigativas.

Sobre si consideraría una “acción cinética en México”, Trump se limitó a responder que “preferiría no decírselo”.

Trump no ve progresos en lucha antidrogas

El pasado jueves el presidente estadounidense aseguró desde el Despacho Oval que no está viendo progresos en la lucha contra las drogas por parte de México y Canadá que le permitan considerar no imponer aranceles del 25% contra ambos vecinos norteamericanos la semana que viene.

A la pregunta de si ha detectado progresos para eximir a México y Canadá del aumento arancelario, contestó que “para nada, no en drogas”, pese a que ha habido mejoras en cuanto a los cruces fronterizos irregulares.
Las drogas siguen llegando a nuestro país y matando a cientos de miles de personas… Las drogas vienen de México, muchas de ellas de China, no todas, pero muchas vienen de China.
Trump abundó en el mensaje que publicó este jueves en su red Truth Social, en el que dijo que el 4 de marzo, el próximo martes, entrarán en vigor los nuevos aranceles a México y Canadá si no hay mejoras en la lucha contra el tráfico de fentanilo.

En su opinión, con estas medidas arancelarias eventualmente se verá que “las drogas se detienen”.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Sí hay funcionarios de Morelos involucrados en video con "El Barbas", asegura Harfuch

García Harfuch confirmó que la FGR investiga a funcionarios de Morelos por un video con "El Barbas", presunto líder local del Cártel de Sinaloa.

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, anunció la mañana de este martes que la Fiscalía General de la República (FGR) abrió una carpeta de investigación contra funcionarios de Morelos, quienes fueron captados en un video durante una reunión junto a Júpiter Araujo Bernard, alias "El Barbas", presunto operador del Cártel de Sinaloa en esa entidad.

Penúltimo año de AMLO: 51 mil millones de pesos en irregularidades

La ASF destapó el despilfarro: 51 mil millones en irregularidades. El Tren Maya sigue tragando dinero con sobrecostos de 2,592 millones, el IMSS pagó 1,225 millones en servicios que nadie puede comprobar y Birmex perdió 1,044 millones en medicinas fantasma. Segalmex, Diconsa y Liconsa siguen siendo un hoyo negro de corrupción. La historia se repite: el dinero se evapora y nadie rinde cuentas.

Cada año, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) destapa irregularidades en el gasto público. Y cada año, la historia se repite: desvíos millonarios, opacidad y dinero que simplemente desaparece sin dejar rastro.

La Cuenta Pública 2023 no fue la excepción: más de 51 mil millones de pesos en anomalías. Pagos sin justificación, contratos sin supervisión y dinero que simplemente desapareció. De esa cifra, 11 mil 173 millones corresponden al penúltimo año del gobierno de López Obrador. Uno de cada cinco pesos mal gastados salió de la administración federal.

Y el problema crece: en solo un año, las irregularidades del Gobierno Federal casi se duplicaron. En 2022, el monto fue de 6 mil 872 millones. Hoy, la cifra es casi el doble.

El problema sigue siendo estructural. Y lo más grave: nadie rinde cuentas.

TREN MAYA: EL AGUJERO SIN FONDO

La ASF detectó 2,592 millones de pesos en irregularidades dentro del Tren Maya. El megaproyecto estrella del sexenio acumuló pagos en exceso, sobrecostos, contratos opacos y falta de documentos.

Desde Palenque hasta Cancún, los auditores encontraron lo mismo: dinero pagado sin justificación. En algunos tramos, los gastos superaron las previsiones sin que existiera un solo documento que lo explicara.

No es la primera vez que pasa. Desde el arranque del Tren Maya, las auditorías han señalado falta de planeación, costos inflados y contratos a modo. Y lo peor: el gobierno sigue enterrando dinero en la obra sin aclarar el destino de miles de millones de pesos.

BIRMEX: LA COMPRA DE MEDICINAS A CIEGAS

Birmex, la empresa pública encargada de las compras de vacunas y medicamentos, arrastra un desastre financiero. Mil 044 millones de pesos en pagos sin justificar, contratos sin evidencia y adquisiciones de medicinas que ni siquiera estaban aprobadas.

Los hallazgos de la ASF son escandalosos:
  • 819 millones de pesos pagados a un proveedor sin pruebas de que entregó medicamentos.
  • 152 millones de pesos en contratos sin documentos que acrediten el servicio de almacenamiento y entrega.
  • Más de 24 millones de pesos gastados en medicamentos no autorizados.
  • Más de 15 millones de pagos por lotes de medicinas que no pasaron las pruebas de calidad.
El sistema de salud sigue colapsado, los hospitales sin insumos y el desabasto sigue golpeando a millones de mexicanos. Pero los contratos siguen fluyendo y el dinero sigue evaporándose.

IMSS: ESTUDIOS DE LABORATORIO Y ANESTESIA FANTASMAS

El IMSS tampoco se salva. La ASF encontró 1,225 millones de pesos en anomalías por servicios médicos integrales de laboratorio clínico y anestesia. Pagos sin documentación, contratos sin supervisión y servicios que, en el papel, se pagaron… pero nadie sabe si se realizaron.

Entre los principales hallazgos:
  • 984 millones de pesos por servicios de laboratorio y anestesia sin pruebas de ejecución en hospitales de Yucatán, Baja California, Quintana Roo, Campeche, Oaxaca, Tabasco, Nuevo León, CDMX y Jalisco.
  • 241 millones de pesos en estudios de laboratorio que no tienen respaldo en Nuevo León, Jalisco, Campeche y Oaxaca.
  • Facturación de anestesia sin que existan registros de cirugías realizadas.
  • Faltantes en control de insumos médicos.
El IMSS, con un déficit de atención que afecta a millones de personas, parece más enfocado en mantener la maquinaria de contratos que en resolver los problemas del sistema de salud.

PEMEX: SALDOS INCOBRABLES

La ASF también puso la lupa en Pemex. 971 millones de pesos sin aclarar, principalmente en deudas que llevan más de una década sin recuperarse.
  • Saldos vencidos desde hace 25 años sin ningún intento de cobro.
  • Registros duplicados y cuentas mal gestionadas.
  • Un nuevo programa de recuperación de dinero… que aún no da resultados.
Mientras Pemex acumula pérdidas, los huecos financieros siguen sin resolverse. Y la deuda sigue creciendo.

SEGALMEX, DICONSA Y LICONSA: SIGUEN SIENDO UN FOCO ROJO

Segalmex, Diconsa y Liconsa vuelven a aparecer en la lista negra de la Auditoría. Esta vez, con nuevas irregularidades en la Cuenta Pública 2023. 

Malos manejos, pagos en exceso, contratos sin justificación y millones de pesos en compras que nadie puede comprobar, sumando a un historial que ya supera los 20 mil millones de pesos en corrupción.

En 2023, la ASF detectó anomalías por más de 146 millones de pesos solo en Segalmex. Los hallazgos más graves incluyen:
  • 97.9 millones de pesos en pagos irregulares para el transporte de maíz.
  • 17.7 millones de pesos en contratos con empresas que no presentaron la documentación comprobatoria.
  • 20.4 millones de pesos en sobrepagos por el transporte de maíz, ignorando los montos establecidos en los convenios.
  • 9.2 millones de pesos en sobrepagos por frijol negro San Luis, con una diferencia de 300 toneladas entre lo almacenado y lo distribuido.
  • 175 mil pesos sin justificar por la falta de certificados de depósito de 25 toneladas de maíz blanco.
La ASF fue clara en su dictamen: estas irregularidades ocurrieron por un “deficiente control, administración y supervisión” dentro de Segalmex.

Pero no es el único problema. Diconsa y Liconsa, que forman parte del mismo esquema de seguridad alimentaria, también presentan graves anomalías.

Diconsa: irregularidades por 260.6 millones de pesos
  • 177.5 millones de pesos por frijol que no se acredita en almacenes.
  • 33.5 millones de pesos en devoluciones de maíz y frijol sin comprobar reposición o reintegro del dinero.
  • 19.8 millones de pesos en pagos indebidos a Liconsa sin justificación.
  • 6.5 millones de pesos en combustible cargado en vehículos que no están registrados en el sistema.
Liconsa: pagos millonarios a proveedores “fantasma”
  • 35.2 millones de pesos a proveedores que rebasaron el límite de vacas en ordeña, por lo que no deberían haber recibido dinero.
  • Pagos a dos proveedores fallecidos por 1 millón de pesos en leche fresca.
  • 8.8 millones de pesos en leche que no se comprobó haber recolectado ni trasladado.
La gran apuesta del gobierno anterior para garantizar el abasto de alimentos se convirtió en su peor escándalo financiero. 

Y aunque Claudia Sheinbaum anunció la desaparición de Segalmex para dar paso a las ‘Tiendas del Bienestar’, la corrupción no se borra con un cambio de nombre. Lo que sigue pendiente es la rendición de cuentas.

MORELOS: EL DESASTRE FINANCIERO DE CUAUHTÉMOC BLANCO

El gobierno de Morelos, durante el mandato de Cuauhtémoc Blanco, dejó un desastre financiero. 1,921 millones de pesos sin aclarar en 2023, que se suman a los más de 3 mil millones de pesos observados en años anteriores.

El problema no es menor:
  • Desvíos y fallas administrativas en el manejo de 1,685.2 millones de pesos en participaciones federales.
  • Violaciones a leyes de contabilidad gubernamental y disciplina financiera.
Las auditorías determinaron 20 observaciones y recomendaron sanciones administrativas. Pero si algo nos ha enseñado la historia, es que en México los responsables rara vez enfrentan consecuencias.

Lo ocurrido en Morelos es parte de los más de 40 mil millones de pesos de las irregularidades en el Gasto Federalizado que recibieron estados y municipios.

De hecho, estos son los cinco gobiernos estatales con más dinero sin justificar en 2023:
  • Baja California Sur: 3,203 millones
  • Nuevo León: 2,235 millones
  • Morelos: 1,921 millones
  • Veracruz: 1,724 millones
  • Estado de México: 1,617 millones
El patrón se repite: dinero que llega a los estados y simplemente se pierde entre trámites opacos y proyectos sin sustento.

LA HISTORIA DE SIEMPRE

El oficialismo hizo de la lucha contra la corrupción su bandera. Pero los datos de la ASF muestran otra realidad: el dinero sigue desapareciendo, los desfalcos continúan y las auditorías solo confirman lo que ya sabemos.

El Tren Maya, Birmex, el IMSS, Pemex, Segalmex los gobiernos estatales… todos con millones sin justificar, todos con la misma impunidad de siempre.

Y mientras tanto, los hospitales siguen sin medicinas, las grandes obras siguen sin terminarse, y las promesas siguen sin cumplirse.

La pregunta no es si este dinero se podrá recuperar. La verdadera pregunta es: ¿alguien pagará por este saqueo o volveremos a fingir que no pasó nada?

FUENTE: EMEEQUIS.
AUTOR: JUAN ORTIZ (LUPA LEGISLATIVA)

Cae militar acusado de asaltar 8 comercios en 40 minutos en Veracruz

El militar presuntamente robó bebidas alcohólicas y pertenencias de la clientela.

El fin de semana, un elemento de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), identificado como teniente de sanidad, y un taxista, fueron detenidos tras cometer varios asaltos en tiendas de conveniencia en diferentes puntos de la ciudad de Minatitlán, Veracruz .

En un lapso de menos de 40 minutos, el militar asaltó al menos ocho establecimientos, generando alarma entre trabajadores y clientes.

Los primeros reportes indican que los asaltos comenzaron en las colonias Cuauhtémoc y Tacoteno, y se extendieron hasta el centro de Minatitlán.

Posteriormente, el individuo se dirigió al fraccionamiento Soto Inés, donde fue finalmente capturado.

Según testimonios difundidos en medios locales, el militar ingresaba a los Oxxos con actitud agresiva, portando un arma de fuego, y exigía dinero en efectivo a los empleados.

Además, robó bebidas alcohólicas y pertenecías de los clientes presentes; se transportaba en un taxi.

Tras su arresto, el teniente fue trasladado a las instalaciones de la 29 Zona Militar, donde se encuentra a disposición de las autoridades castrenses.

Hasta el momento no hay posicionamiento oficial de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa).

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Auditoría detecta multimillonarias irregularidades y nepotismo en INAI

Los probables daños o perjuicios a la Hacienda Pública Federal suman más de 4 millones de pesos, además de que el INAI tiene pendiente de aclarar más de 8 millones de pesos.

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) realizó una auditoría de la gestión financiera del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) correspondiente al ejercicio fiscal 2023, detectando irregularidades que abarcan: falta de control y supervisión en la gestión de fondos públicos, erogaciones no justificadas, inconsistencias en la documentación y  cumplimiento contratos de servicios, así como nepotismo.

El análisis de la ASF abarca un total de 665.25 millones de pesos, lo que representa el 64.2% del universo seleccionado para su revisión. La muestra incluyó el análisis de egresos, pagos a personas morales, así como conceptos de nómina y viáticos, entre otros.

Uno de los hallazgos principales fue el pago de 37 plazas no autorizadas en el Anexo 5 del Manual de Percepciones del INAI 2023, lo que generó un posible gasto indebido de 5 millones 910 mil 700 pesos. Este pago, según la Auditoría, fue realizado sin la debida autorización inicial y representa un incumplimiento a las normativas internas.

En días pasados, funcionarios del INAI enfrentaron acusaciones de presunta extorsión y pago de sobornos por parte de la Femexfut, imputación que fue negada por uno de los implicados, Jonathan Mendoza Iserte, quien fungió como secretario de Protección de Datos Personales hasta que fue separado del cargo para ser investigado por este caso.

Los probables daños o perjuicios a la Hacienda Pública Federal identificados en el informe incluyen 2 millones 320 mil 683.84 pesos por pagos efectuados a 17 elementos de seguridad que cubrieron turnos sin realizar los relevos correspondientes, además de $20 mil 348.64 por retribuciones duplicadas.

Otro caso de pagos duplicados es el contrato de servicios número OA/C003/2023 que benefició a Despacho Milán Brito, S.C. Según la Auditoría, se realizaron pagos de forma duplicada al despacho encargado de los servicios contratados, que eran la elaboración de estados financieros y sus notas. El análisis de la ASF estima que los perjuicios a la Hacienda Pública ascienden a 1 millón 810 mil 296 pesos,. 

La ASF observó que el despacho no cumplió con las especificaciones contractuales en la prestación de los servicios. En particular, detectó que la empresa no presentó la documentación requerida para la formalización del contrato, lo que implica un incumplimiento de obligaciones contractuales y normativas.

Adicionalmente, el reporte muestra que el INAI pagó un total de 1.2267 millones de pesos a B2B Mensajería. Sin embargo, debido a la falta de documentación adecuada para respaldar los servicios prestados, no se pudo justificar correctamente el uso de estos recursos públicos federales.

El INAI también contrató a la empresa “El Mundo es Tuyo” para servicios de “Transportación Aérea Consistente en la Radicación, Reservación, Expedición y Entrega de Boletos de Avión, Físicos y/o Electrónicos” . Durante la fiscalización, se evidenció que el INAI no cumplió con las normativas establecidas. En particular, la Auditoría detectó incumplimientos del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (RAAS).

El INAI no presentó los reportes semanales sobre la adquisición de vuelos con la compañía, lo que contraviene las disposiciones establecidas en los contratos abiertos de prestación de servicios. Además, los informes y reportes requeridos por el organismo autónomo carecían de la firma de las personas responsables.

En total, hay un monto pendiente de aclaración de 8 millones 331 mil 866.94 pesos.

Nepotismo

El informe de la Auditoría Superior también exhibe la falta de medidas efectivas para prevenir el nepotismo en el INAI. 

A pesar de la existencia de un Código de Ética que prohíbe explícitamente las contrataciones de familiares hasta el cuarto grado de parentesco, el INAI no aplicó adecuadamente esta norma, pues la ASF detectó servidores públicos que laboran en la institución y que tienen lazos de parentesco, como padres, hijos, hermanos, primos, tíos y cónyuges.

El informe identificó un total de 62 servidores públicos en el organismo autónomo que contaban con familiares laborando dentro de la institución. En algunos casos, dos de estos servidores públicos tenían parentesco de hermanos en la misma área de adscripción.

“No se contó con un mecanismo para identificar estos parentescos ni prevenir posibles conflictos de interés o temas de nepotismo”, señala la Auditoría.


FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

'Embargo de nómina' impulsado por Pedro Haces beneficiaba a negocio de su hija y allegados

La 'cobranza delegada' que impulsó desde el congreso el diputado por Morena Pedro Haces buscaba beneficiar a INMEDIPREST, un negocio de créditos de nómina en el que participan su hija y políticos allegados. La polémica iniciativa pretendía “embargar” el salario de los trabajadores en caso de que no pagaran sus créditos. La financiera vinculada a Haces tiene convenios con gobiernos locales y estatales, sobre todo de Morena, revela una investigación de MCCI.

Faprei, sociedad financiera que ha firmado convenios con múltiples gobiernos estatales para otorgar créditos de nómina, tiene como accionistas y miembros de su consejo de administración a exintegrantes del partido Fuerza por México y a familiares del líder de la CATEM y diputado federal de Morena, Pedro Haces Barba.

La financiera, cuyo nombre comercial es Inmediprest, tiene como uno de sus accionistas a Jesús Enrique Cuellar Guzmán, quien en 2021 fue candidato a una diputación plurinominal por Fuerza por México, partido fundado por Pedro Haces.

Cuellar Guzmán incluso es socio de Pedro Enrique y Martha Alejandra Haces Lago, hijos del diputado morenista, en Mexiqui Hostales, empresa que opera un hostal del mismo nombre ubicado en el centro histórico de la Ciudad de México.

Martha Alejandra también forma parte del consejo de administración de Inmediprest, donde ocupa un cargo como consejera independiente desde octubre de 2024.

Otros funcionarios de Inmediprest también están vinculados con el líder sindical. El tesorero de la financiera, Pablo Enrique Gutiérrez Mondragón, fungió como secretario de Administración de Fuerza por México y fue señalado por la Unidad de Fiscalización del INE por manejo irregular de los recursos del partido.

Mientras que Cayetano Víctor Leal López, consejero patrimonial de la financiera, es un empresario taurino que fundó junto con Haces la Asociación Mexicana de la Tauromaquia.




En las últimas semanas, Pedro Haces ha sido señalado por impulsar la polémica reforma de cobranza delegada, la cual permitiría a instituciones de crédito, como Inmediprest, “embargar” el salario de los trabajadores para cobrar créditos de nómina.

Ante los señalamientos, el diputado morenista negó la autoría de la reforma y afirmó que el dictamen que buscaba ser votado por la Comisión de Hacienda del Senado el pasado 5 de febrero no tenía nada que ver con el espíritu de la iniciativa que él presentó en 2018.

Sin embargo, Haces no hizo mención alguna al hecho de que allegados políticos y familiares suyos participan activamente en negocios de este giro.

La controvertida reforma, criticada por legisladores de oposición y especialistas que la consideraron violatoria de los derechos de los trabajadores, llegó hasta Palacio Nacional, donde la presidenta Claudia Sheinbaum anunció en su conferencia matutina que ejercería su derecho de veto en caso de ser aprobada.

De acuerdo con su sitio web, Inmediprest mantiene convenios para otorgar créditos de nómina con los gobiernos de Coahuila y Yucatán, así como con la Secretaría de Salud de Puebla y el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMyM).

Otras dependencias con las que la financiera ha firmado convenios son la Secretaría de Educación de Durango, la Secretaría de Educación de Guerrero y el Colegio de Bachilleres de Coahuila.

Información de la Condusef consultada por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) revela que Inmediprest maneja una cartera vigente por créditos de nómina de 638 millones de pesos con un índice de morosidad del 4.3%.

En redes sociales, la hija de Pedro Haces, Martha Alejandra Haces Lago, incluso ha demostrado su cercanía y afecto por Jesús Enrique Cuellar Guzmán, socio y director general de la financiera, y por su esposa.

Otro de los accionistas de Inmediprest es la empresa Chemok, la cual tiene como accionista mayoritario a Samuel Mustri Amiga, empresario que en 2016 fue denunciado ante la entonces PGR por la Unidad de Inteligencia Financiera por el presunto delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

El veto de AMLO al embargo salarial

Tan solo tres semanas después de que Andrés Manuel López Obrador rindió protesta como presidente de México, Pedro Haces Barba utilizó su perfil de senador suplente para impulsar una iniciativa en el Cámara alta para insertar la figura de cobranza delegada en los créditos de nómina otorgados a trabajadores a través de instituciones de crédito como las sociedades financieras de objeto múltiple (SOFOM).

El documento tiene fecha del 20 de diciembre de 2018 y fue suscrito también por Miguel Ángel Navarro Quintero, entonces senador de Morena y hoy gobernador de Nayarit.

La propuesta tenía como objetivo adicionar la cobranza delegada, lo que significa que las instituciones financieras que hicieran préstamos pudieran descontar sus pagos directamente de los salarios de los trabajadores.

En su iniciativa, Haces Barba y Navarro Quintero sugirieron la creación del Artículo 301 Bis en el que se consideraron como fuentes de pago de créditos de nómina el salario del actual trabajo o futuros, las percepciones extraordinarias (como aguinaldo, primas vacacionales, compensaciones o indemnizaciones), incluso pensión o renta vitalicia.



Otra propuesta fue adherir el 301Bis1 en el que se indica que solo tendrán el carácter para ofrecer crédito de nómina las instituciones de crédito y las SOFOM, con lo que se acotan las compañías que pueden aplicar la cobranza delegada, y coincide con la participación de los allegados y la hija de Haces en Inmediprest.

En la iniciativa también se propuso introducir el Artículo 431Bis, el cual indica que la cobranza delegada se efectuará para que el trabajador y su patrón se obliguen a garantizar los pagos a la institución de crédito o SOFOM, a través de un contrato de retención.

A pesar de que la iniciativa de Haces y Navarro se presentó en diciembre de 2018, continuó su ruta legislativa de manera lenta y, después de ser aprobada en el Senado, fue avalada en la Cámara de Diputados en marzo de 2022, el entonces presidente López Obrador rechazó que se comprometiera el ingreso de los trabajadores.

“No estoy de acuerdo con esa reforma, no creo que deba de embargarse el salario de los trabajadores, bajo ninguna circunstancia. El salario es sagrado, es lo que permite el sustento de la familia y no se puede utilizar la nómina, apropiarse de la nómina del trabajador, ningún banco debe hacerlo, ninguna institución financiera y el gobierno no debe prestarse a eso. No estoy de acuerdo con esa iniciativa”, dijo AMLO en su conferencia matutina del 18 de marzo de ese año sobre la propuesta de Haces y Navarro.

Y 3 años después buscaban revivirla

Tras años en la congeladora, la polémica reforma para permitir la “cobranza delegada” buscaba ser revivida en este periodo en el Senado.

Incluso se había convocado el 5 de febrero a una reunión de las comisiones unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativas Segunda para discutir y aprobar el dictamen que facultaría el embargo del salario de los trabajadores para cobrar créditos de nómina, que fue cancelada.

La reforma fue rechazada y cuestionada por legisladores de Oposición e incluso por la propia presidenta Claudia Sheinbaum, quien se manifestó en contra de la misma y advirtió desde el pasado 7 de febrero que de ser aprobada vetaría la modificación legal.

“Nosotros no estamos de acuerdo”, enfatizó Sheinbaum en la mañanera. “El salario de los trabajadores es intocable”.

Al igual que con la iniciativa presentada hace algunos años por Pedro Haces, la Condusef volvió a posicionarse esta vez en contra de la cobranza delegada bajo el argumento de que el dictamen contenía vacíos e inconsistencias que debían solventarse para proteger al trabajador de los créditos de nómina.

Cuauhtémoc Ochoa, hasta hace unos días presidente de la Comisión de Hacienda y vicecoordinador de la bancada de Morena en el Senado, dijo desconocer quién impulsó el dictámen en su comisión y se limitó a decir que éste venía de la Cámara de Diputados.

“No hay ningún interés de nadie, eso hay que ser muy claros…”, dijo al ser cuestionado por reporteros sobre la autoría de Haces. “Ahí estaba en la comisión”, insistió.

Luego de que se frenara la reforma, Ochoa fue sustituido el 12 de febrero por el Senador morenista Miguel Ángel Yunes Márquez -ex panista- como presidente de la Comisión de Hacienda.

Aún sin reforma, retienen salario a empleados

Sin embargo, pese a que la aprobación de esta reforma se frenó de nueva cuenta, decenas de empresas de este tipo, que firman convenios principalmente con gobiernos locales y con instituciones del sector educativo y salud, siguen operando desde hace años sin restricción alguna.

Tal es el caso de Inmediprest, que aun cuando la cobranza delegada no se encuentra inserta en la ley, firma con los trabajadores una “autorización irrevocable para descuento en nómina” para así cobrar los pagos directos en los salarios de los deudores de un crédito de nómina.

La práctica de comprometer el sueldo de los trabajadores para asegurar los pagos de créditos de nómina es una práctica común en el sector de las instituciones de crédito o SOFOM.

MCCI revisó el Registro de Contratos de Adhesión disponible en Condusef y encontró que otras crediticias condicionan el otorgamiento de préstamos a la firma de estas autorizaciones para obtener el consentimiento de los trabajadores para realizarles los descuentos directamente en su salario.



Desde el pasado lunes 17 de febrero, MCCI solicitó una postura de Pedro Haces sobre la presente investigación periodística, pero no hubo respuesta.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS/MEXICANOS CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD.
AUTOR: REDACCIÓN/IVÁN ALAMILLO, VERÓNICA AYALA, EDUARDO BUENDÍA.