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Ana Guevara bajo investigación por desvío de recursos durante su gestión en la Conade

El titular de la Conade destacó que ya hay indagatorias sobre la gestión de su antecesora Ana Gabriela Guevara por irregularidades en su gestión.

El titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), Rommel Pacheco, confirmó este viernes que existen investigaciones en curso contra Ana Gabriela Guevara, su antecesora, por presuntas irregularidades durante su gestión.

Durante una conferencia de prensa en Palacio Nacional, Pacheco detalló que las indagatorias están en manos de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y el Órgano Interno de Control (OIC) de la dependencia, quienes llevan el proceso correspondiente.

El exclavadista aseveró que la instrucción de la Presidenta Claudia Sheinbaum es transformar la Conade en un organismo transparente y cercano a los deportistas, que tolerará actos de corrupción.
“La instrucción que tengo por parte de la Presidenta es que la Conade sea una Conade nueva, transparente, cercana al deportista; que estemos pensando en el deporte social, que erradique las causas de la violencia, que sea por la paz y en contra de las adicciones, y que ayude a la salud”, sostuvo.
“Todo lo que esté mal será señalado y enviado a las autoridades pertinentes. La función de la Conade no es ser fiscalía ni policía. No se va a tolerar ninguna falta a las reglas de operación o a la Ley General de Cultura Física y Deporte”, agregó.

En 2024, la Fiscalía General de la República (FGR) inició investigaciones en contra de Ana Gabriela Guevara por desvío de recursos y malos manejos de la administración pública.

Los reportes indican que Ana Gabriela Guevara, extitular de la Conade, enfrenta señalamientos por el desvío de 200 millones de pesos, presuntamente destinados a eventos y pagos fuera del plan del organismo durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador

Por otra parte, la Auditoría Superior de la Federación encontró irregularidades en el pago de 70 millones de pesos para el salario de 500 entrenadores.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Chiapas: 'Se llevaron niños y ancianos', habitantes de Tila señalan a policías 'Pakales' y grupo delictivo

El grupo policial de élite Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP) fue creado por el gobernador Eduardo Ramírez, el 8 de diciembre de 2024 para combatir el crimen organizado en el estado.

Habitantes del ejido de Tila, organizaciones del Congreso Nacional Indígena y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) denunciaron este viernes abusos durante un operativo realizado la madrugada de este día en el ejido, encabezado por la policía de élite Pakal en alianza con el grupo criminal Karma.

Según el comunicado que leyeron en un video mensaje, el operativo incluyó un cateo de casas sin orden judicial y el secuestro de niños, ancianos, jóvenes y adultos, sin justificación legal.

“A las 3 de la mañana entró el grupo Pakal, juntamente con el grupo criminal Karma, acompañado por las tres corporaciones de gobierno. Catearon casas sin orden de cateo. Se llevaron niños, mayores, ancianos y jóvenes sin delito”, informaron.

Las autoridades locales y el gobierno federal fueron emplazados por este grupo para liberar a las 20 personas detenidas, y señalaron que “el pueblo ya está cansado de tanta injusticia”.

En su comunicado, afirmaron que esta situación ha generado un rechazo generalizado e indignación en las comunidades originarias de Tila.
Exigimos la detención del grupo Karma encabezado por Juan Flores, alias” El Chorizo”, quien es el inmediato responsable de toda la tragedia que está sucediendo en nuestro ejido originario de Tila.
Las organizaciones también pidieron la detención de una persona identificada como Manuel Utría, supuesto cuñado de “El Chorizo”; otra como Francisco Eduardo y una última como Miguel, líderes del grupo criminal Karma.

Las organizaciones pidieron el fin de la presencia de grupos criminales en el ejido Tila y denunciaron la presunta vinculación entre policías y criminales.

“Ya  basta, estamos dispuestos a morir defendiendo nuestra madre tierra porque en ella nacimos y en ella vivimos. No queremos más delincuentes en nuestro pueblo. No más narco-karma porque vamos a defender a costa de nuestra vida, porque los pakales son cómplices del crimen organizado llamado narco-karma de Tila.”

También, denunciaron que los ejidatarios son arrestados injustamente por simplemente defender sus derechos.

Mientras tanto, la Fiscalía General del Estado de Chiapas informó que el “operativo interinstitucional” en el municipio de Tila, fue “para ejecutar diversas órdenes de aprehensión y cateos derivados de investigaciones, con el firme objetivo de combatir a los grupos criminales.”

No dio a conocer los resultados; sin embargo, dijo que en el transcurso del día, proporcionará más información sobre estas acciones.


FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Las caravanas de salud de Padilla Farfán, también en BC

En el caso de Fernando Padilla Farfán ya está confirmada la participación voraz de sus empresas en Tabasco, Chiapas y Baja California de manera directa con los gobiernos estatales, y en Chihuahua, con la vertiginosa Senadora Andrea Chávez, mientras que los mexicanos si de algo padecen ahora es de una salud pública en quiebra.

Hasta 2024, y desde el inicio del Gobierno morenista de Marina del Pilar Ávila Olmeda en Baja California, las empresas de y ligadas al empresario favorito de la 4T, de acuerdo a los reportajes de Latinus, Fernando Padilla Farfán, han recibido mil 100 millones de pesos del erario bajacaliforniano.

Lo que por lo menos se suma a lo confirmado por reporteros y transmitido en el noticiero de Carlos Loret de Mola: dos mil 250 millones de pesos que otros dos gobiernos morenistas, el de Chiapas y el de Tabasco, dieron en contratos a las empresas de quien presume es amigo del exgobernador de Tabasco, exsecretario de Gobernación y hoy Legislador morenista, Adán Augusto López.

Tales hechos fueron relevantes cuando en el mismo noticiero de Loret, se reveló cómo la Senadora por Chihuahua, también de Morena, Andrea Chávez, ha usufructuado, por decirlo de alguna manera, caravanas médicas para llevar el servicio a zonas ciertamente marginadas de su Estado, pero lo hace con medios y recursos ajenos. Es decir, las camionetas que llevan servicios médicos a los chihuahuenses, a pesar de que tener plasmada la imagen de la Legisladora, sus lemas, y ofrecen los servicios a su nombre, no las paga ella, pero sí las usa a su favor político electoral, pues quien se dice la Senadora más votada de México aspiraría en 2027 al Gobierno de Chihuahua. 

El costo, de acuerdo a los reportajes de Latinus, es de 10 millones de pesos al mes por caravana, y es precisamente la empresa de Fernando Padilla Farfán la encargada del arrendamiento de las mismas, aunque la Legisladora dice que le son financiadas por “el sector empresarial”, lo que de suyo también sería una irregularidad por lo menos en actos anticipados de campaña y donativos.

Y efectivamente, como se reveló en el semanario ZETA en un reportaje de Eduardo Villa Lugo titulado “Amplía Salud contrato con empresa favorita de la 4T; serán más de 500 MDP”, la secretaría de Salud de Baja California, “en enero de 2022, contrató de manera directa, a la empresa Línea Médica del Sur, creada el 12 de diciembre de 2018 -menos de dos semanas después del ascenso del Presidente Andrés Manuel López Obrador al poder- en Villahermosa, Tabasco -entidad de donde es originario el mandatario nacional y fue Gobernador el actual secretario de Gobernación, Adán Augusto López-”.

Al inicio de la investigación de ZETA se reveló cómo los socios de Línea Médica del Sur a Ramón Eliseo Reynoso Cervantes y Artemio Villegas Zamora, sin embargo, un año después, cuando se dio cuenta, en julio de 2024, de más contratos a empresarios favoritos de la 4T, se confirmó la sociedad en F Medical, o Línea Médica del Sur, del empresario Fernando Padilla Farfán, que “fue contratada para brindar el servicio de arrendamiento de los centros de salud móviles; uno de los proyectos más cuestionados, pero también insignia, de la Gobernadora Ávila Olmeda”.

De acuerdo al reportaje de ZETA, las caravanas de la salud costaron en los dos primeros años de Ávila Olmeda más de 500 millones de pesos, y para “2024 se les amplió el contrato, por lo que estarían percibiendo más de 700 millones de pesos al concluir este ejercicio fiscal”. A tal cantidad, habría que agregarle, a favor de Padilla Farfán, otros 400 millones por la construcción de un hospital en Tijuana, entregado a su empresa Consorcio Inmobiliario y Constructora Aspen, con lo cual se acreditan mil 100 millones de pesos del recurso público de Baja California, entregados a empresas de Fernando Padilla Farfán.

En relación a las caravanas de la Salud del empresario morenista, la información la obtuvo el reportero Villa Lugo mediante la solicitud de Transparencia 021165522000508, “que refiere que la Secretaría de Salud se compromete a pagar 21 millones 217 mil 553 pesos mensuales por el servicio, mismo que se amplió a 10 meses”. 

Los 21 millones 217 ml 553 pesos de renta mensual que paga el Gobierno de Baja California es por la renta de dos caravanas de la salud que, de acuerdo al secretario de salud, Adrián Medina Amarillas, “brindan diversas atenciones, desde mastografías, exámenes de laboratorio, atención psicológica, dental, visual, auditiva, Rayos X, ultrasonido, entre otros servicios gratuitos que buscan cubrir carencias en zonas alejadas que no cuentan con acceso a centros hospitalarios de bajo, mediano ni alto nivel”.

Eso indica que, al igual que a la Senadora Andrea Chávez, las rentan a poco más de 10 millones de pesos por caravana, aunque en el caso del Gobierno de Baja California y a diferencia de la legisladora chihuahuense, sí paga por el uso de las mismas.

Ahora sí que cuando hay empresarios favoritos de los gobiernos, se nota en la generosidad de los estados gobernados por el partido guinda a la hora de entregar los contratos, sea por asignación directa o por concurso.

En el caso de Fernando Padilla Farfán ya está confirmada la participación voraz de sus empresas en Tabasco, Chiapas y Baja California de manera directa con los gobiernos estatales, y en Chihuahua, con la vertiginosa Senadora Andrea Chávez, mientras que los mexicanos si de algo padecen ahora es de una salud pública en quiebra.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: ADELA NAVARRO BELLO.

Nepotismo en el TSJCDMX: Hijos de magistrada Gloria Santos trabajan en el tribunal y buscan ascenso

En medio de la postergación de la ley contra el nepotismo, Gloria Santos quiere conservar su cargo como magistrada en el Tribunal Superior de Justicia, su hijo Joaquín Campos convertirse en juez Familiar, al igual que Vicente del Valle, esposo de Saraí Campos, hija de Gloria Santos.

La magistrada del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (TSJCDMX) y excandidata a ministra de la Suprema Corte, Gloria Rosa Santos Mendoza, tiene a sus dos hijos trabajando en la institución y uno de ellos busca convertirse en juez Familiar en la próxima elección judicial.

Se trata de Joaquín Campos Santos, director de la Unidad de Gestión Administrativa de Proceso Oral en materia Familiar del TSJCDMX, y Saraí Campos Santos, secretaria de Acuerdos del Juzgado Décimo Tercero de lo Familiar local.

La magistrada Santos Mendoza formó parte de las listas del Instituto Nacional Electoral (INE) como candidata a ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Proceso informó el 2 de febrero último que, en el año 2007, cuando era juez de lo Familiar, envió a la niña Ilse Michel a un albergue de la entonces Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) como víctima de violencia familiar, dependencia que la envió, sin previo aviso, al albergue subrogado del DIF, Casitas del Sur, de donde desapareció y cuyo caso destapó una red de tráfico de menores en esa casa hogar.

Para el 18 de febrero la magistrada presentó por escrito su declinación a la candidatura para ministra de la Corte.

Sin embargo, ratificó su intención de declinar una vez que el INE ya había impreso, al menos, 100 millones de boletas en las que su nombre aparece como candidata a la Corte, mismas que ya no pueden ser corregidas.

Esto, debido a que la magistrada ratificó personalmente sus escritos de declinación hasta el 28 de febrero último a las 15:45 horas, una semana después de que inició la impresión de las boletas.

Ante ello, la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, afirmó que no se trató de un error atribuible al órgano electoral.

“Que quede perfectamente claro y todos tengamos la misma información: no hay tal error, hay un proceso que se estableció en el Consejo General, hay una renuncia y debe existir una ratificación de la misma, ésta se dio una semana después de que inició la impresión y, por lo tanto, materialmente estamos imposibilitados para corregir, como sucede en cualquier proceso electoral”, señaló Taddei.

Debido a que el nombre de Santos Mendoza aparecerá en la boleta electoral, la consejera presidenta informó que el INE tomará las medidas jurídicas para los votos que obtenga esa candidatura que “no existe”, aunque aparezca en la papeleta.

Pase directo

En lugar de contender para ministra de la Corte, Santos Mendoza participará en la elección judicial capitalina en la que tiene pase directo a la boleta electoral para intentar conservar su cargo como magistrada en materia Familiar, en el que gana mensualmente 149 mil 302.22 pesos, menos impuestos, que quedan en 106 mil 244.55 pesos, según los registros públicos del TSJCDMX.

Como secretaria de acuerdos, su hija Saraí Campos Santos gana mensualmente 62 mil 806.8 pesos, menos impuestos, por lo que obtiene un ingreso neto de 47 mil 281.46 pesos.

Durante el proceso de insaculación del Comité de Evaluación del Poder Legislativo de la Ciudad de México, realizado el pasado 26 de febrero, Vicente del Valle Noriega, esposo de Saraí Campos Santos y yerno de la magistrada Santos Mendoza, resultó seleccionado como candidato a juez Familiar.
El pasado 19 de marzo el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) publicó las listas definitivas de candidatos a la elección judicial en las que Del Valle Noriega aparece como uno de los postulados por candidatura única —del Comité de Evaluación del Poder Ejecutivo local— para juez Familiar.
En tanto, el área de la que Joaquín Campos Santos (hijo de la magistrada) es titular se encarga de brindar apoyo administrativo a los juzgados de Proceso Oral en dicha materia, tales como las notificaciones a las partes, oficios y exhortos, entre otros.

Así como de digitalizar los documentos, administrar, controlar y supervisar las unidades de Apoyo Tecnológico y de la Central de Comunicaciones Procesales; supervisar la preparación de las salas de audiencia oral; controlar la agenda y asignación de las salas de audiencia oral, entre otras funciones.

Como titular de dicha Unidad de Gestión, Campos Santos tiene fe pública y gana 72 mil 809.36 pesos mensuales, menos impuestos, lo que implica una remuneración neta mensual de 55 mil 174.89 pesos.

Proceso verificó que tanto Joaquín como Saraí Campos Santos obtuvieron sus cédulas profesionales en el año 2014 como licenciados en Derecho por la Universidad Tepantlato, en la que su madre también es catedrática e incluso tiene un aula con su nombre: “Aula Dra. Gloria Rosa Santos Mendoza”.
Al igual que la magistrada, Joaquín Campos Santos busca quedarse en el TSJCDMX en la próxima elección judicial.
Al haber sido postulado por los comités de Evaluación del Poder Ejecutivo y del Judicial, su nombre aparece en la lista de candidatos publicada por el IECM como candidatura doble para juez Familiar.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: DIANA LASTIRI.

Señalan a Birmex de corrupción en licitaciones de medicamentos por 13 mil millones de pesos

El caso fue hecho de conocimiento al sector salud gracias a las denuncias presentadas por parte de otros participantes en la licitación de dichos insumos.

Eduardo Clark, subsecretario de Integración y Desarrollo del Sector Salud, informó en la conferencia mañanera del martes que, durante la más reciente licitación para compra de medicamentos al “menor precio posible”, se identificaron 175 insumos adjudicados a proveedores que no habían sido los de mejor costo.

“Es decir, no habíamos ejecutado la compra a los proveedores que más bajo habían ofertado”, explicó Clark, quien añadió que la adquisición corresponde al 6% de los insumos que conforman la compra consolidada de medicamentos 2025-2026.

El caso fue hecho de conocimiento al sector salud gracias a las denuncias presentadas por parte de otros participantes en la licitación de dichos insumos.

Derivado del hecho, la Secretaría de Salud inició diálogos de colaboración con la Secretaria Anticorrupción y de Buen Gobierno, puesto que el sobreprecio de dichos insumos era por más de 13 mil millones de pesos por parte de la empresa estatal Laboratorios Biológicos y Reactivos, Birmex.

Los tres funcionarios señalados ya fueron separados de sus cargos como parte de las investigaciones en curso: “Desde hace algunas semanas se separaron del cargo a las tres personas que participaban en estos procesos dentro de Birmex con el objetivo de que la investigación pueda correr su curso, pueda ser determinada la responsabilidad o no”, continuó Clark, que también recordó que con base en los resultados se determinará qué claves tienen que ser adjudicadas.

Pese a la adjudicación, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, fue clara al afirmar en Palacio nacional que los insumos “todavía no se compraron”; “Todavía no… Se adjudicaron los contratos, esto es importante decirlo, pero tan pronto nos dimos cuenta de esto, lo que hicimos fue notificar a todas las instituciones para que esas 175 claves no pidiéramos piezas”, reforzó Clark.

En caso de que la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno determine que hubo una actuación irregular de algún funcionario público en Birmex, particularmente, esas piezas no generan un perjuicio al erario.

Finalmente, también destacó Clark que se cumplirá a la cabalidad la ley, “no solo en lo administrativo, sino también en lo que puede ser posiblemente penal“.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Oaxaca: Detienen a exalcaldesa de Santa María Huazolotitlán por presunto tráfico de concesiones y permisos

La Fiscalía de Oaxaca la acusa de expedir permisos para circular para el transporte público, sin tener facultades legales para ello.

Por la presunta comisión del delito de Tráfico de Concesiones y Permisos del Servicio Público de Transporte durante su mandato, fue detenida Vilma Reyes Martínez, expresidenta municipal de Santa María Huazolotitlán, en la Costa de Oaxaca.

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) informó que, la acción penal la efectuó tras recibir una denuncia, por lo que la investigación quedó a cargo de la Vicefiscalía Regional de la Costa.

Las indagatorias revelaron la existencia de permisos para circular para el transporte público, los cuales estaban firmados por el Ayuntamiento de Santa María Huazolotitlán, periodo en que Reyes era presidenta de dicho municipio, aunque carecía de facultades legales para emitir este tipo de documentos.

La Fiscalía de Oaxaca obtuvo una orden de aprehensión del juez de control, por lo que elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) la detuvieron y presentaron ante el juez que la requirió, quien definirá su situación jurídica.

La exalcaldesa costeña, emanada del PRI, concluyó el 31 de diciembre del 2024 su trienio, que empezó en 2022.

La semana pasada fue vinculada a proceso Alba Mier Castellanos, expresidenta municipal de Mártires de Tacubaya, otro municipio de la costa oaxaqueña, acusa de posible comisión de delitos contra la salud en su modalidad de posesión de drogas, según informó la Fiscalía General de Oaxaca.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: DIANA MANZO.

Denuncian que Godoy contrató como MP a 11 personas sin experiencia ni estudios; fiscalía cierra investigación

A través de “dispensas”, la entonces fiscal Ernestina Godoy contrató como Ministerios Públicos a personal sin experiencia ni estudios concluidos, de acuerdo con una denuncia. Sin embargo, la propia Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México cerró en definitiva la investigación.

Once personas sin experiencia ni estudios en la materia fueron contratados por la exfiscal Ernestina Godoy Ramos como Ministerios Públicos (MPs), para trabajar en áreas tan sensibles de la Fiscalía capitalina como la Fiscalía de Investigación de Delitos Cometidos en Agravio de Niñas, Niños y Adolescentes, de acuerdo con la denuncia de un ciudadano francés.

Los 11 funcionarios públicos fueron contratados sin cumplir con los requisitos de ley, mediante diversas “dispensas” firmadas por la entonces fiscal capitalina, según la denuncia.

Pero la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México cerró en definitiva la investigación abierta en contra uno de los funcionarios públicos denunciados, mientras que no le permitió avanzar con la denuncia en contra del resto, al considerar que no era una “víctima directa” y que por tanto no tenía “personalidad jurídica” para continuar con el litigio.

El caso del agente del Ministerio Público, punta del iceberg

En 2022, François Marc Biard, un ciudadano francés, denunció ante diversas autoridades al agente del Ministerio Público, Francisco Eduardo Salinas Hernández por la presunta comisión del delito de ejercicio ilegal del servicio público, debido a que realizó actuaciones de “extrema relevancia” en un caso abierto en su contra por supuesta violencia intrafamiliar desde 2019, caso en el que actuó a pesar de no cumplir con los requisitos legales para ser agente del Ministerio Público.

Marc Biard no solo denunció a Salinas Hernández, sino también la existencia de toda una supuesta red de agentes del Ministerio Público que fueron contratados por la Fiscalía capitalina mediante diversas “dispensas” firmadas por la entonces fiscal Ernestina Godoy.

Pero hace unas semanas, mediante un oficio recibido por parte de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, Marc Biard se enteró que la Fiscalía había declarado la prescripción del delito en su denuncia contra Salinas Hernández, debido a que transcurrieron más de tres años entre la supuesta comisión del delito y la denuncia.

“(Esto) en virtud de que los hechos ocurrieron en fecha 15 y 16 de enero de 2019 […] por lo tanto a fenecido el término los días 15 y 16 de enero de 2022, por lo que se encuentran prescritos, extinguiéndose la pretensión punitiva, resultando evidente que al día de la presentación de la denuncia habían pasado más de tres años y atendiendo a lo establecido en el artículo 119n (sic) del Código Penal se determina que ha operado la prescripción de la acción penal”, señaló la Fiscalía a la Comisión de Derechos Humanos.

François envió un oficio a la Comisión de Derechos Humanos solicitando que continúen con la investigación de su caso y emitan una recomendación a la Fiscalía capitalina en la que soliciten al menos una disculpa pública por todas las violaciones a derechos humanos de las que fue víctima, “pues alguien que no podía ejercer (su cargo) ejerció y me hizo la vida miserable”. 

“El caso del MP -como yo lo llamo- “pirata” es un caso trascendente porque al margen de que me haya costado mucho sudor, mucho desgaste, muchas cosas, pues no solamente me ha afectado a mí sino a decenas o cientos o miles de gentes que les ha pasado lo mismo, porque este señor durante por lo menos 10 meses estuvo actuando como MP sin ser MP, sin poder ser MP. Y luego permaneció varios años, cuatro años, sin pasar un examen de conocimiento ni nada, todo a través de dispensas, todas firmadas por la fiscal Godoy y unos altos funcionarios de la Fiscalía”, señala.

El origen del caso Marc Biard contra la Fiscalía capitalina

El caso comenzó con un litigio familiar contra Marc Biard, luego de que su exesposa lo denunciara por presunta violencia familiar en perjuicio de ella y sus cuatro hijos. Como resultado, el ciudadano francés estuvo imposibilitado de ver a los menores durante meses. Sin embargo, posteriormente obtuvo una resolución favorable con la determinación de no ejercicio de la acción penal a su favor. Finalmente, el caso quedó completamente cerrado tras la firma de un convenio entre ambas partes en 2022.

Sin embargo, a partir de una de las carpetas de investigación abiertas en su contra en la Fiscalía de Investigación de Delitos Cometidos en Agravio de Niñas, Niños y Adolescentes, Marc Biard descubrió -vía transparencia- que el agente del Ministerio Público que llevaba su caso había sido contratado sin cumplir con los requisitos de la ley.

Esto, a pesar de no contar con título ni licencia profesional al momento de su contratación (ocurrida el 15 de enero de 2019, cuando él mismo admitió haber egresado de la carrera en febrero de ese año), sin experiencia solo había trabajado tres meses en un Tribunal Familiar) y sin cumplir con la edad mínima de 25 años requerida para ser Ministerio Público, ya que tenía 24. Por ello, sus actuaciones dentro de la carpeta de investigación abierta en su contra podrían ser ilegales, incluyendo la realización de una entrevista a sus hijos menores de edad sin contar con las acreditaciones necesarias.

La razón por la que Salinas Hernández logró entrar a la Fiscalía capitalina fue porque, a través de una “dispensa”, la entonces fiscal Ernestina Godoy aceptó su contratación “en consideración de su amplia experiencia profesional, así como por las necesidades institucionales”, mediante un oficio del que Animal Político tiene copia.

Marc Biard impugnó todas las actuaciones del MP que actuó en su caso y pidió que se anularan todos los asuntos en los que intervino por su contratación “ilegal”, pero en la búsqueda de pruebas también se encontró que Martha Soledad Ventura Ávila, entonces diputada local de Morena en la Ciudad de México, mandó un correo a Godoy solicitando que se apoyara al agente.

“Venimos a solicitar su valiosa intervención y apoyo en el siguiente tema. El C. Francisco Eduardo Salinas Hernández, acudió al Modulo Legislativo de Atención y Quejas Ciudadanas, de la Diputada Martha Soledad Ávila Ventura, con el objeto de buscar orientación y apoyo en el caso que a continuación se describe. Resulta que en cumplimiento de mi deber […] he sido denunciado por un violentador, que responde a nombre de François Marc Biard, de origen francés”, se puede leer en un correo enviado desde la oficina de Ávila.

Marc Biard presentó una denuncia ante la Unidad de Asuntos Internos de la Fiscalía por el aparente ingreso irregular de Salinas Hernández, así como diversas supuestas actuaciones irregulares dentro de la carpeta de investigación de su caso, y el posible tráfico de influencia por parte de la diputada local.

Durante su investigación, el ciudadano francés también se encontró que el caso de Salinas Hernández no era el único, sino que desde el 2019 habían sido contratados más agentes del Ministerio Público y Policías de Investigación sin cumplir con los requisitos previstos en el artículo 46 de la Ley Orgánica de la Fiscalía, pero cuya contratación fue autorizada por la entonces fiscal mediante una serie de “dispensas” legales.

Personal sin experiencia dentro de la Fiscalía capitalina

Entre el año 2022 y 2023, Biard presentó varias quejas ante la Unidad de Asuntos Internos de la Fiscalía capitalina por la probable comisión de diversas faltas administrativas cometidas por parte de 11 funcionarios públicos de esta dependencia, en específico en contra de siete que actuaron en su caso, asunto que incluso llegó a la Fiscalía de Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos.

Los siete funcionarios fueron investigados por la posible comisión del delito de prevaricación en una indagatoria que llegó a instancias judiciales. Sin embargo, no se logró su vinculación a proceso por falta de pruebas. Aunque, el juez que resolvió el caso destacó la existencia de líneas de investigación que debían ser agotadas.

Salinas permaneció como agente del Ministerio Público del 16 de enero de 2019 al 30 de septiembre de 2023, favorecido por la emisión de al menos 10 “dispensas” firmadas por Godoy Ramos, hasta que en abril de 2023 fue despedido en medio de las investigaciones en su contra.

9 de los 11 funcionarios siguen laborando en la fiscalía

Datos del portal de transparencia presupuestaria de la Ciudad de México señalan que de los 11 funcionarios públicos, 9 siguen laborando dentro de la fiscalía capitalina, mientras que Salinas y otros dos ya no aparecen en la lista de funcionarios públicos en activo.

“Dichas irregularidades en relación con el ingreso de Salinas ponen en tela de juicio todas las actuaciones que dicho servidor público haya realizado en todas las carpetas de investigación en las cuales haya actuado entre 2019 y 2023, máxime que dicha persona se encontraba adscrita a una de las fiscalías más relevantes y que requieren de una alta especialización y cuidado”, señaló Marc Biard.

No obstante, a través de su investigación, el ciudadano francés encontró además que en la fiscalía trabajaban hasta 276 Ministerios Públicos que habían recibido diversos tipos de “dispensas” por parte de Ernestina Godoy, otorgadas en 2019, para permitirles seguir desempeñando sus cargos.

El ciudadano francés solicitó a la Unidad de Asuntos Internos de la Fiscalía capitalina que investigue un presunto “tráfico de influencias” en la designación de todos estos Ministerios Públicos que recibieron “dispensas” por parte de Godoy para ocupar estos cargos sin cumplir con los requisitos de ley, pero fue bateado debido a que las autoridades no lo consideraron víctima directa de ninguno de estos casos.

Una disculpa pública y reparación de daño simbólica

Desde el año 2022, Marc Biard denunció ante la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México los diversos hechos de los que el ciudadano francés fue víctima, especialmente derivado de la carpeta de investigación en la que actuó Salinas Hernández, expediente en el que incluso se emitió un acuerdo de conclusión el 10 de julio de 2023, por posibles violaciones a derechos humanos.

“Yo la verdad no pido gran cosa, solo pido disculpas públicas de la Fiscalía y una reparación simbólica para mis hijos”, señala.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ALFREDO MAZA.

AMLO se fue sin aclarar 31 mil millones ‘perdidos’

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) reveló que 31,429 millones de pesos del gobierno de AMLO siguen sin aclararse, de un total de 112,635 millones detectados como irregulares en su sexenio. Casos como SEGALMEX, el Tren Maya, PEMEX y programas de Bienestar destacan por pagos sin justificar, sobrecostos y falta de transparencia.

Tras una revisión en el Sistema Público de Consulta de Auditorías de la ASF sobre las cuentas públicas de 2019 a 2023, se detectó que 31,429 millones de pesos del gobierno de AMLO siguen sin aclararse. De los 112,635 millones detectados como irregulares en su sexenio, esta es la cantidad que aún no tiene explicación.

El caso más escandaloso es SEGALMEX, Diconsa y Liconsa, el sistema que prometía garantizar la alimentación del pueblo, pero que terminó con inventarios fantasma, pagos sin justificar y hasta transacciones a proveedores fallecidos. 

Más de 6,800 millones de pesos siguen sin saberse dónde están. En cualquier otro país, este escándalo habría provocado renuncias inmediatas. Aquí, en cambio, el principal responsable, Ignacio Ovalle, se le permitió retirarse del servicio público.

Pero SEGALMEX es solo la punta del iceberg. El Tren Maya, PEMEX, Cultura, el IMSS y Bienestar encabezan la lista de dependencias con irregularidades millonarias. En total, una cantidad equivalente al presupuesto anual de varios estados ha quedado en el limbo financiero.

TREN MAYA, PEMEX Y BIENESTAR: ¿FALTA DE PLANEACIÓN O CORRUPCIÓN?

Las grandes apuestas de López Obrador también resultaron ser grandes agujeros negros para el presupuesto. 

El Tren Maya, la obra insignia del sexenio, tiene casi 3,000 millones de pesos sin aclarar su destino según datos de la ASF. ¿En qué se fueron? Pagos en exceso, obras inexistentes y duplicidad de costos. Se pagó por estructuras que no existen, por estudios que ya se habían contratado y por supervisiones fantasma. Y lo peor: no hay consecuencias.

PEMEX, la empresa que el gobierno prometió rescatar, también acumula 4,256 millones de pesos por aclarar. Los patrones son los mismos: pagos sin justificar, sobrecostos, falta de documentación y un descontrol total en contratos. La misma historia se repite en la Secretaría de Cultura y el IMSS. El dinero desaparece, los problemas crecen y nadie rinde cuentas.

PRIMERO LOS POBRES

Uno de los mayores golpes al discurso presidencial es lo que ocurre en la Secretaría de Bienestar. Los programas sociales, que deberían ser la base de la transformación, también presentan irregularidades millonarias. La ASF detectó pagos a personas fallecidas, beneficiarios sin identificación clara y transferencias a cuentas sin verificar. Más de 980 millones de pesos siguen sin aclararse.

El  problema es mayor cuando se revisa el destino de los recursos asignados a los Servidores de la Nación, el brazo operativo de los programas sociales. Se identificaron pagos sin justificación, transferencias duplicadas y recursos utilizados sin comprobar su destino. El dinero que debía llegar a los más vulnerables quedó atrapado en una burocracia opaca y, en muchos casos, mal administrada.

IMPUNIDAD COMO SELLO

La ASF ha señalado, con cifras y documentos, las irregularidades del gobierno de AMLO. Pero quienes estuvieron en su gobierno han respondido con claridad. No hay liderazgos sancionados, no hay estrategias para recuperar el dinero y, sobre todo, no hay voluntad de rendir cuentas.

El problema no es solo el dinero perdido, sino la impunidad con la que opera el gobierno. No hay castigos ni consecuencias reales. Tampoco explicaciones convincentes. El discurso de “no somos iguales” se cae cuando las auditorías muestran que las prácticas de desvío de recursos continúan con impunidad.

Si 31 mil millones pueden quedar en el aire sin que pase nada, ¿cuánto más se permitirá en los próximos años? El problema no es solo contable, es político. Y mientras el dinero siga desapareciendo sin consecuencias, la verdadera transformación será la de la impunidad convertida en política de Estado. Y aún falta la Cuenta Pública 2024.

DEPENDENCIA

POR RECUPERAR O ACLARAR (EN MILLONES DE PESOS)

Segalmex, Diconsa y Liconsa

$6,819.66

PEMEX

$4,256.82

Tren Maya

$2,946.41

Secretaría de Cultura

$1,408.61

IMSS

$1,099.48

Bienestar

$983.66

Birmex

$972.18

Aeropuerto de Texcoco

$938.44

Secretaría de Agricultura

$830.14

Tren México Toluca

$669.91

FUENTE: Sistema Público de Consulta de Auditorías de la ASF

FUENTE: EMEEQUIS (ESPECIAL)
AUTOR: JUAN ORTIZ (LUPA LEGISLATIVA)