Asume mexicano Eduardo Ferrer, presidencia de Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH)

El jurista mexicano Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot, de 49 años de edad, y originario de Tijuana, Baja California, asumió desde este lunes 1 de enero del 2018, la presidencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), órgano autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuya sede se encuentra en San José, Costa Rica.

Mac-Gregor Poisot se convirtió así en el tercer jurista nacido en México que llega a ocupar el principal cargo del más importante tribunal de justicia de América, encargado de la promoción y defensa de los Derechos Humanos. Los otros dos mexicanos que fueron presidentes de la CIDH son: Héctor Fix-Zamudio, de 1990 a 1993, y Sergio García Ramírez, de 2004 a 2007.

Merecemos justicia y la verdad: víctimas narran en la CoIDH el abuso que sufrieron en Atenco

Esta es la primera vez que comparecerán juntas ante un Tribunal las 11 mujeres peticionarias del caso sobre los abusos que sufrieron durante un operativo en Atenco en mayo del 2006.

Cinco mujeres relataron la violencia y el abuso sexual que sufrieron por parte de policías durante el operativo de San Salvador Atenco en mayo de 2006, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en San José, Costa Rica.

Este jueves cinco de las 11 mujeres peticionarias del caso, dan testimonio: Norma Aidé Jiménez Osorio, Claudia Hernández Martínez, Bárbara Italia Méndez Moreno, Angélica Patricia Torres Linares y Suhelen Gabriela Cuevas Jaramillo.

Llegó la hora: Víctimas del caso Atenco enfrentarán al Estado mexicano en la CoIDH

Después de una espera de 11 años, siete meses y 12 días, desde que fueron ultrajadas y vejadas, las 11 mujeres de Atenco enfrentarán al Estado mexicano en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) en busca de justicia.

Representadas por el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), las víctimas -de un grupo de más de 30 que fueron agredidas durante los operativos policiacos del 3 y 4 de mayo de 2006 en San Salvador Atenco, cuando gobernaba el Estado de México el actual presidente Enrique Peña Nieto- se presentarán en audiencias públicas este jueves 16 y viernes 17 en la sede de la CoIDH, en San José, Costa Rica, en el contexto de 120 Periodo de Sesiones.

Peña será investigado en la Corte Interamericana por el caso de las mujeres vejadas en Atenco

Desde que era gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto hizo hasta lo imposible para evitar que el caso de las mujeres de San Salvador Atenco vejadas por uniformados durante los operativos del 3 y 4 de mayo de 2006 llegara a la Corte Interamericana. Pero su desdén y el de algunos de sus antiguos colaboradores a las observaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos provocaron que el asunto llegara a esa instancia, que en el último trimestre de este año analizará el caso. Es primera vez que se toman como objeto de análisis las declaraciones públicas de Peña Nieto para investigarlo.

CIUDAD DE MÉXICO: Las declaraciones emitidas por el gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, y de miembros de su gabinete para descalificar a las víctimas de graves abusos cometidos contra la población durante los operativos policiacos del 3 y 4 de mayo de 2006 en San Salvador Atenco fueron determinantes para evitar que prosperara el litigio seguido por 11 mujeres que denunciaron tortura sexual.

Sin embargo, esa situación –los agravios contra los atenquenses, sobre todo contra las mujeres cuyas garantías individuales fueron conculcadas– es merecedora de “medidas administrativas, disciplinarias o penales”, insiste la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que remitió el caso a la Corte Interamericana luego de que el Estado mexicano se negara a atender las recomendaciones formuladas en octubre de 2015.

Ante violencia del crimen organizado, Corte Interamericana ordena a México proteger a la comunidad indígena Choréachi

La Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una Resolución en la que ordena al Estado mexicano la adopción de medidas urgentes de protección a la vida de las personas en la comunidad indígena rarámuri de Choréachi.

El 25 de marzo, la Corte Interamericana emitió la resolución que ordena al Estado mexicano tomar medidas provisionales para proteger a la comunidad de Choréachi, conocida como Pino Gordo en el municipio de Guadalupe y Calvo en el estado de Chihuahua.

Este órgano está facultado por el artículo 63.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos para dictar medidas provisionales a favor de la comunidad indígena de Choreachi  “en caso de extrema gravedad y urgencia, para evitar daños irreparables a las personas, a fin de garantizar su vida, integridad personal, así como la seguridad colectiva de todos sus miembros”.

Llega a la Corte Interamericana caso de 3 primos desaparecidos por militares en Chihuahua

CHIHUAHUA, Chih: La CIDH presentó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) el caso de los primos Alvarado, considerado la primera desaparición forzada registrada en Chihuahua, quienes fueron privados de la libertad el 29 de diciembre de 2009 en el ejido Benito Juárez del municipio de Buenaventura.


El caso 12.916 se refiere a la desaparición forzada de Nitza Paola Alvarado Espinoza, José Ángel Alvarado Herrera y Rocío Irene Alvarado Reyes por agentes estatales, en este caso militares, y a la fecha las víctimas continúan desaparecidas y gran parte de sus familiares exiliados en Estados Unidos, debido a que han sido amenazados.

La CIDH puntualiza en su portal que “este caso constituye el primero en cuanto a la desaparición forzada en el contexto de la lucha contra el narcotráfico y la delincuencia organizada en México”.

En ese sentido, abunda, “la relevancia del caso obedece a que se trata de una problemática actual que ha venido en aumento en los últimos años y que ha merecido pronunciamientos, recomendaciones y expresiones de profunda preocupación por parte de la Comisión y de múltiples organismos internacionales y mandatos especiales en el ámbito de las Naciones Unidas”.

También explica que esos hechos son un ejemplo de los factores que contribuyen a que se presente ese delito, que no sea investigado ni sancionado como consecuencia de múltiples mecanismos de encubrimiento y obstrucción.

“El caso ofrece a la Corte Interamericana la posibilidad de pronunciarse sobre otras violaciones conexas derivadas de las amenazas y hostigamientos que sufren los núcleos familiares de las víctimas desaparecidas”.

Los primos Alvarado fueron privados de su libertad por militares, de acuerdo con pruebas que se desahogaron en la CIDH, que cuenta con elementos de contexto, testigos presenciales, declaraciones de funcionarios públicos que indicaron tener conocimiento o haber recibido información en cuanto a que las víctimas se encontraban bajo custodia del Estado, entre otros elementos, además de múltiples informes de diversos organismos que consideraron que existen indicios suficientes en cuanto a la participación del Ejército en este caso.

“Cuando los familiares acudieron a denunciar lo sucedido y a solicitar información, les respondieron que no tenían conocimiento de su detención ni de su paradero, y se activaron mecanismos de encubrimiento. Con base en lo anterior, la Comisión calificó los hechos como desaparición forzada”, señala el comunicado de la CIDH.

Ello evidencia la impunidad en el caso y que la aplicación de la justicia militar en este asunto resultó violatoria del derecho a contar con una autoridad competente, independiente e imparcial para la obtención de justicia.

“El Estado incumplió el deber de investigar con la debida diligencia y en un plazo razonable, tanto respecto de la búsqueda de las víctimas desaparecidas como respecto del esclarecimiento y la individualización y sanción de los responsables. Adicionalmente, hubo violaciones a los derechos humanos de familiares derivadas de amenazas y hostigamientos en su contra, y el desplazamiento forzado de algunos de ellos”, añade el comunicado.

En el informe, la Comisión recomendó al Estado investigar de manera completa, imparcial y efectiva el paradero de Nitza Paola Alvarado Espinoza, José Ángel Alvarado Herrera y Rocío Irene Alvarado Reyes y, de ser el caso, adoptar las medidas necesarias para identificar y entregar a sus familiares, según sus deseos, los restos mortales.

El Estado también debe conducir los procesos correspondientes por el delito de desaparición forzada de las tres víctimas de manera imparcial, efectiva y dentro de un plazo razonable, con el fin de esclarecer los hechos en forma completa, identificar a todos los responsables e imponer las sanciones que correspondan, así como reparar adecuadamente las violaciones de derechos humanos, tanto en el aspecto material como moral, y disponer las medidas correspondientes frente a las acciones u omisiones de los funcionarios estatales que contribuyeron a la denegación de justicia e impunidad en la que se encuentran los hechos.

“México debe además adoptar medidas para responder a la problemática de la desaparición forzada y su especial incidencia en el estado de Chihuahua, incluyendo el fortalecimiento de la capacidad investigativa de casos de desaparición forzada de personas y la resolución de los factores estructurales que generan impunidad en estos casos”.

Incluso, “México debe además asegurar que las autoridades de la justicia penal militar se abstengan de obstaculizar investigaciones en casos de desaparición forzada”, advierte el organismo regional.


La Comisión Interamericana sometió el caso a la jurisdicción de la Corte el miércoles 9 debido a que el Estado mexicano incumplió con las recomendaciones contenidas en el Informe de Fondo.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: PATRICIA MAYORGA.
LINK: http://www.proceso.com.mx/463489/llega-a-la-corte-interamericana-caso-3-primos-desaparecidos-por-militares-en-chihuahua

Llega comitiva de la CIDH a Guerrero; se reúne con padres de los 43

Tixtla, Gro. Una comitiva encabezada por el presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), James Cavallaro, llegó a las instalaciones de la Escuela Rural de Ayotzinapa, para continuar con el trabajo del mecanismo de seguimiento para el caso de la desaparición de los 43 normalistas en septiembre de 2014 en Iguala.

Estudiantes, maestros y representantes del Centro Agustín Pro, encabezados por Mario Patrón, del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, representados por Abel Barrera, dieron la bienvenida a esta comisión de la CIDH en la que además participan Enrique Gil Botero, relator de país y coordinador del mecanismo de seguimiento; Paulo Abrão, secretario ejecutivo de la CIDH, con lo que se inicia una nueva etapa en la búsqueda de los 43 estudiantes normalistas.


La comitiva de la CIDH sostendrá aproximadamente hora y media una reunión a puerta cerrada con los padres de familia de los normalistas desaparecidos así como con los con los abogados de Tlachinollan y Agustín Pro.

FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: SERGIO OCAMPO.
LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/11/11/llega-comitiva-de-la-cidh-a-guerrero-se-reune-con-padres-de-los-43

Urge CIDH a Peña indagar si crimen de juez está ligado a casos que tuvo a su cargo

CIUDAD DE MÉXICO: La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) urgió al gobierno de Enrique Peña Nieto a esclarecer el asesinato de Vicente Antonio Bermúdez Zacarías, juez quinto de Distrito en Materia de amparo y juicios civiles federales con sede en Toluca, ocurrido el pasado 17 de octubre, así como a dar garantías de seguridad a los impartidores de justicia del país.

En un comunicado, el organismo de la OEA condenó el crimen y conminó a “incluir entre las hipótesis de la investigación la posibilidad de que el crimen esté vinculado a las causas que el juez tuvo a su cargo” y advirtió que “ha recibido información sobre otros casos de asesinatos, agresiones y amenazas contra jueces y juezas en México”.

La CIDH expresó su preocupación por el homicidio de Bermúdez Zacarías, quien fue ejecutado de un tiro en la cabeza en las inmediaciones de su domicilio en el municipio de Metepec, muy próximo al penal de alta seguridad del Altiplano.

El organismo llamó al Estado mexicano a “adoptar en forma inmediata y urgente todas las medidas necesarias a fin de garantizar el derecho a la vida, la integridad y la seguridad de juezas y jueces y de todos los operadores de justicia en el país”.

El organismo tomó nota “de las palabras del presidente de México, Enrique Peña Nieto, quien lamentó la muerte del juez (…) y pidió a la Procuraduría General de la República (PGR), atraer el caso, realizar las investigaciones correspondientes y establecer responsabilidades”.

Al recordar que casos como el de Bermúdez, es obligación del Estado investigar de oficio, la CIDH reconoció la declaración del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Luis María Aguilar Morales, sobre la importancia de garantizar la seguridad a los impartidores de justicia, de manera que puedan tomar decisiones de forma imparcial.


“En efecto, es indispensable que México garantice la seguridad de sus operadores de justicia, porque de lo contrario el ejercicio de la función jurisdiccional puede verse gravemente afectada, frustrando el acceso a la justicia”, agregó la CIDH.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GLORIA LETICIA DÍAZ.
LINK: http://www.proceso.com.mx/461254/urge-cidh-a-pena-indagar-crimen-juez-esta-ligado-a-casos-a-cargo

Anuncia CIDH viaje a México para dar seguimiento al caso Ayotzinapa

WASHINGTON: La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) anunció que estará en México del 9 al 12 de noviembre para instrumentar el Mecanismo de Seguimiento a la Medida Cautelar 409/14, emitida por el caso de los 43 jóvenes estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa desaparecidos en 2014.

La CIDH indicó que en su visita a México se realizará la presentación pública de un plan de trabajo para sostener reuniones bilaterales con actores clave para garantizar su funcionamiento, y los especialistas sostendrán encuentros con los familiares de las víctimas de Ayotzinapa.

La intención de la visita es verificar el cumplimiento de las recomendaciones que hizo el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), puntualizó.

El Mecanismo es coordinado por el Relator de la CIDH para México, Enrique Gil Botero, quien cuenta con el respaldo de los especialistas técnicos de la Secretaría Ejecutiva.

“La primera visita contará con la participación del presidente de la CIDH, James Cavallaro, y del secretario ejecutivo, Paulo Abrao.

A través de un comunicado de prensa, la CIDH –órgano jurídico de la Organización de Estados Americanos (OEA)– informó que durante su visita, la delegación realizará actividades en la Ciudad de México y en Ayotzinapa.

El Plan de Trabajo del Mecanismo tendrá una duración de 12 meses e incluirá labores de recopilación de información y documentación sobre el caso, así como la frecuencia con que se pretenden realizar las visitas regulares a México y por el tiempo que resulte necesario.

“La CIDH tiene expectativa de que las recomendaciones del GIEI sean debidamente cumplidas, y el Mecanismo sirve para dar seguimiento al progreso en la implementación de las mismas”, apuntó en una declaración por escrito el presidente del organismo.

El establecimiento de un Mecanismo de Seguimiento fue acordado entre los peticionarios de la medida cautelar y el gobierno de México, y el pasado 29 de julio fue decidido por la CIDH mediante una resolución.

La medida establece que el objetivo es dar seguimiento a las recomendaciones formuladas por el GIEI en sus dos informes, así como en el marco de la medida cautelar, principalmente la resolución 42/16.

A partir de dicha decisión, la CIDH y el gobierno de México sostuvieron conversaciones sobre la financiación del mismo. El 9 de septiembre pasado, ambas partes finalizaron un acuerdo sobre la integridad de los recursos necesarios para poner en marcha el Mecanismo.


“Es fundamental avanzar en la implementación de las recomendaciones con celeridad y tener en cuenta la centralidad de los derechos de las víctimas en todo ese proceso. Buscamos colaboración integral de las autoridades nacionales y locales, de todos los poderes del Estado, para que se pueda atender cada recomendación de los informes del GIEI y de la Medida Cautelar”, indicó Gil Botero, coordinador del Mecanismo.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: J. JESÚS ESQUIVEL.
LINK: http://www.proceso.com.mx/460023/anuncia-cidh-viaje-a-mexico-dar-seguimiento-al-caso-ayotzinapa

El caso Atenco, que involucra al Presidente Peña Nieto, ya está en la Corte, informa la CIDH

La CIDH informó que envió este día a la CoIDH el caso Atenco y aseguró que “este caso ofrece una oportunidad para que la Corte Interamericana profundice sobre la necesidad de investigar de manera integral todas las posibles responsabilidades, incluidas las derivadas de la cadena de mando, así como las derivadas tanto de las acciones u omisiones que dieron lugar a los hechos en sí mismos y también de las que pudieran haber obstaculizado su esclarecimiento”.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó este día ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) el caso Atenco.

11 mujeres han buscado instancias internacionales tras no haber hallado justicia en los tribunales mexicanos, y hace dos semanas se dio el anuncio de que la CIDH remitiría el caso, formalmente llamado Mariana Selvas Gómez y otras, a la CoIDH, lo que ocurrió este día.

En un comunicado la Comisión señaló que “el caso se relaciona con violaciones a los derechos humanos cometidas en contra de Mariana Selvas Gómez, Georgina Edith Rosales Gutiérrez, María Patricia Romero Hernández, Norma Aidé Jiménez Osorio, Claudia Hernández Martínez, Bárbara Italia Méndez Moreno, Ana María Velasco Rodríguez, Yolanda Muñoz Diosdada, Cristina Sánchez Hernández, Patricia Torres Linares y Suhelen Gabriela Cuevas Jaramillo, en el marco de las detenciones y traslados realizados en los operativos policíacos que tuvieron lugar en los municipios de Texcoco y San Salvador Atenco los días 3 y 4 de mayo de 2006, respectivamente, en el contexto del conflicto y las protestas de floricultores y otros grupos”.

Señaló que estableció que la detención de las once mujeres “fue ilegal, arbitraria y sin ser informadas sobre las razones de su detención, ni sobre los cargos respectivos” y que acudieron a rendir su primera declaración sin contar con información mínima ni defensa técnica.


Apuntó que tras analizar la prueba disponible, la Comisión consideró acreditada la existencia de graves actos de violencia física y psicológica, incluyendo diversas formas de violencia sexual en contra de las once mujeres, y de violación sexual en el caso de siete de ellas, por parte de agentes estatales,.

Señaló que encontró que las mujeres sufrieron “tortura y determinó que las once mujeres fueron víctima de diversas formas de tortura física, psicológica y sexual en el marco de su detención, traslados y llegada al centro de detención”. Mientras que sus familiares tuvieron “afectaciones a la integridad psíquica y moral”.

Respecto al Gobierno mexicano señaló que la “Comisión también estableció que el Estado mexicano incumplió con su obligación de investigar estos hechos con la debida diligencia y en un plazo razonable”.

Detalló además que la CIDH recomendó “al Estado disponer una reparación integral a favor de las víctimas por las violaciones de derechos humanos declaradas en el informe, incluyendo el aspecto material y moral, y brindar tratamiento médico y psicológico o psiquiátrico”.

Además de “continuar investigando de manera efectiva, con la debida diligencia y dentro de un plazo razonable, con el objeto de esclarecer los hechos en forma integral, e identificar y sancionar los distintos grados de responsabilidad, desde la autoría material hasta posibles autorías intelectuales y otras formas de responsabilidad”, lo que incluye, dice el comunicado, “las responsabilidades derivadas de la cadena de mando, de las distintas formas de participación de diversos cuerpos de seguridad tanto de nivel estatal como federal, así como de posibles actos de encubrimiento u omisión”.

Y “disponer las medidas administrativas, disciplinarias o penales correspondientes frente a las acciones u omisiones de los funcionarios estatales que contribuyeron a los distintos factores de denegación de justicia identificados en el informe. Además de “adoptar medidas legislativas, administrativas y de otra índole, para evitar la repetición de violaciones de derechos humanos como las cometidas en este caso”.

La CIDH recordó que durante la tramitación del caso el Estado mexicano reconoció su responsabilidad por algunas de las violaciones a los derechos humanos de las víctimas, sin embargo, señaló que tras haber evaluado el estado de la implementación de las recomendaciones contenidas en el Informe de Fondo, “la Comisión estableció que el Estado no había avanzado integral y sustantivamente en el cumplimiento de las mismas”.

Y señala “Pasados más de diez años de ocurridos los hechos, no existe un esclarecimiento judicial de las violaciones ocurridas en perjuicio de las once mujeres ni se ha emitido sentencia alguna en los procesos penales al respecto”.


“Este caso ofrece una oportunidad para que la Corte Interamericana profundice sobre la necesidad de investigar de manera integral todas las posibles responsabilidades, incluidas las derivadas de la cadena de mando, así como las derivadas tanto de las acciones u omisiones que dieron lugar a los hechos en sí mismos y también de las que pudieran haber obstaculizado su esclarecimiento”, señaló la CIDH.

FUENTE: SIN EMBARGO.
FECHA: 27 SEPTIEMBRE 2016.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/27-09-2016/3097634

Corte Interamericana de Derechos Humanos admite expediente sobre violaciones sexuales cometidas por policías en Atenco en 2006

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) determinó enviar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CORIDH), el expediente de los hechos cometidos en San Salvador Atenco, Estado de México, el 3 y 4 de mayo de 2006, donde policías cometieron violaciones sexuales, entre otras violaciones a los derechos humanos, durante un operativo policíaco.

Según información del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), la CORIDH atraerá el caso denominado: “Mariana Selvas Gómez y otras”, mujeres de origen mexicano y extranjero que enfrentaron violencia sexual por parte de policías en dichos días, luego de que fuera recibida la notificación el pasado viernes, 18 de noviembre, por las organizaciones representantes de once de las víctimas que presentaron el caso ante la CIDH: el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro PRODH), y CEJIL.

Agregaron que el caso fue presentado a la CIDH el 28 de abril de 2008 y que “involucra detenciones arbitrarias, tortura, violencia sexual y uso desproporcionado de la fuerza, violaciones perpetradas por policías estatales y federales durante la represión violenta de una protesta social ocurrida en los municipios de Texcoco y San Salvador Atenco”, detallan. Las víctimas, afirman, han denunciado la falta de una investigación adecuada por parte de las autoridades ya que los hechos continúan en la impunidad, aseguran.

Explicaron que la instancia internacional defensora de los derechos humanos, admitió el caso “ante la posibilidad de violación de los derechos a la integridad personal (incluyendo el derecho a no ser sometida a torturas), libertad y seguridad personales, garantías judiciales, protección judicial, protección de la honra y de la dignidad, e igualdad ante la ley”, y reiteró, dicen, su competencia para considerar la presunta violación de la obligación del Estado de prevenir y sancionar la violencia contra la mujer, relacionada con la Convención de “Belém do Pará” que México ha firmado y ratificado para su aplicación y cumplimiento.

Detallan que a partir de la notificación de admisibilidad, las organizaciones peticionarias tienen tres meses para presentar sus argumentos de fondo, los cuales serán transmitidas al Estado mexicano para que, en un plazo similar, presenten su defensa sobre las violaciones de derechos humanos cometidas en este caso.

Viviana Krsticevic, Directora Ejecutiva de CEJIL, advirtió que “este caso ilustra las dificultades que persisten en México para la protección de los derechos de las mujeres cuando aquellos han sido vulnerados por agentes del Estado”.

Ante estos hechos, el CEJIL dijo confiar, “en que la justicia internacional en este caso servirá para reparar a las víctimas por las violaciones de derechos humanos causadas, para investigar diligentemente otros actos de violencia sexual y tortura, así como para que se adopten medidas eficaces de prevención de la violencia contra las mujeres y su investigación efectiva” y consideró que un pronunciamiento de la CIDH en este caso serviría para que se adopten medidas eficaces de prevención del uso arbitrario y desmedido de la fuerza por parte de fuerzas de seguridad.

Durante la represión ejercida en contra de personas defensoras de la tierra y el territorio en San Salvador Atenco el 3 y 4 de mayo de 2006, medios nacionales e internacionales señalaron que durante las detenciones varias mujeres fueron agredidas física y sexualmente por policías.

Según información de Cimacnoticias, entre las mujeres que fueron agredidas se encontraban una mujer indígena de origen mazahua, dos españolas, una chilena y una alemana. De inmediato se hicieron las denuncias por parte de las víctimas que fueron acompañadas por organizaciones civiles para exigir justicia ante las violaciones a los derechos humanos cometidas por el Estado mexicano.

Dichas denuncias están integradas en un dictamen en el que se señalan tres momentos en los que los abusos sexuales fueron perpetrados, el primero durante la detención de las víctimas, el segundo al ser ingresadas a los camiones que fueran utilizados para su traslado al penal de “Santiaguito” y finalmente en los mismos vehículos durante el traslado. Por su parte, las mujeres detenidas el cuatro de mayo señalan hasta cinco lugares diferentes en los que enfrentaron estos abusos.

Según el informe los abusos enfrentados por las víctimas consistieron en “manoseos y pellizcos en varias partes del cuerpo, hasta la penetración vaginal con dedos y otros objetos, frotamientos y en algunos casos la imposición de sexo oral”.

Por otro lado, el dictamen señala que, en cuanto a las detenciones realizadas, existen contradicciones en las declaraciones y que la mayoría de las denunciantes indica no poder identificar plenamente a sus agresores y que de las 50 mujeres “aseguradas”, 31 denunció haber sufrido violencia sexual.


Han pasado ya diez años de estos hechos y de que las víctimas acompañadas por organizaciones civiles continúan exigiendo justicia, la “reparación integral del daño y la no repetición”, y esta respuesta llega luego de que, según información de La Jornada, el 5 de mayo de 2015, 11 víctimas, acudieran a la CIDH para denunciar al Estado mexicano, y en concreto a Enrique Peña Nieto, quien en 2006 fuera gobernador del estado de México, que no persistiera en evitar que la instancia internacional emitiera un informe del caso.

FUENTE: DESINFORMÉMONOS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: https://desinformemonos.org/corte-interamericana-de-derechos-humanos-admite-expediente-sobre-violaciones-sexuales-cometidas-por-policias-en-atenco-en-2006/

Llama CoIDH a EPN a atender reclamos por violaciones a derechos

CIUDAD DE MÉXICO: El presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), Roberto Caldas, hizo un llamado al gobierno de Enrique Peña Nieto para que atienda los reclamos formulados por víctimas de violaciones a garantías fundamentales.

En el marco de la 55 sesión extraordinaria de la CoIDH, realizada en las instalaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Caldas aseguró que es necesario que el Estado mexicano atienda esos casos para que las personas afectadas tengan acceso a la justicia y a la reparación del daño.

También aseguró que México presenta retos en materia de desapariciones forzadas, ataques a periodistas, desplazados, así como en agresiones a activistas.

“Es una realidad evidente que México encara hoy grandes retos en materia de derechos humanos, como todos los países de la región, familias cuyos hijos se encuentran sin paradero, periodistas cuyas voces buscan ser acabadas. Defensoras y defensores de los derechos humanos cuyas vidas corren grave peligro, miles de personas que decidieron emprender el camino de la migración en la búsqueda de un mejor porvenir”, sentenció Caldas.

En respuesta, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, aseguró que en el gobierno federal hay un compromiso de que se castiguen “sin miramiento” las violaciones a los derechos humanos, cuando éstas sean comprobadas, a fin de que no haya impunidad para los responsables.

Ante ministros de la SCJN y jueces de la CoIDH, Osorio Chong expresó el reconocimiento del gobierno de Peña Nieto a la “importante labor de las y los defensores de los derechos humanos en nuestro país”, mujeres y hombres –dijo– que en muchas ocasiones, con pocos recursos, pero siempre con gran vocación y entrega, trabajan día con día para hacer realidad los derechos, lo mismo en las ciudades que en las regiones alejadas de nuestro país.

También señaló que en su relación con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, el gobierno mexicano está acatando y cumpliendo todas las sentencias y resoluciones de la CoIDH, institución que destaca por su consistencia, objetividad y seriedad de su actuación.

“Tengan la seguridad de que así como lo hemos hecho hasta ahora, seguiremos trabajando muy de cerca con ustedes, avanzando por el camino de la cercanía y el diálogo, abriéndonos al escrutinio de la ciudadanía y de los organismos autónomos nacionales e internacionales”, dijo en el evento realizado en la sede de la SCJN.

En su turno, el presidente de la Suprema Corte, Luis María Aguilar Morales, sostuvo que los derechos humanos son condiciones esenciales para la dignidad del ser humano, constituyen el mínimo indispensable para la plenitud de las personas.

Luego señaló que estos órganos jurisdiccionales, ya sea regionales o nacionales, son el “pilar fundamental” para la defensa de las libertades, para garantizar el acceso a la justicia y para consolidar nuestras democracias.

“El fortalecimiento del Sistema Interamericano redundará en beneficios para nuestros pueblos, hermanados por la lengua, las costumbres y sistemas jurídicos semejantes que, afortunadamente, pueden dialogar entre sí”, dijo.

Aguilar Morales también ratificó el compromiso de la Corte en favor de las libertades y derechos reconocidos en nuestra Constitución y los tratados internacionales de los que México es parte.

“La pobreza, el desempleo, la carencia en materia educativa, la discriminación, la inseguridad o la impunidad colocan en situación de extrema vulnerabilidad a niñas, niños y adolescentes; a migrantes, personas mayores, a personas con alguna discapacidad o a personas en búsqueda de refugio y asilo, a personas integrantes de pueblos y comunidades indígenas y a personas y comunidades en general, de ahí la importancia al respeto de los derechos humanos”, puntualizó el también presidente del Consejo de la Judicatura Federal (CJF).


Finalmente, destacó que, de 2011 a la fecha, la Suprema Corte ha emitido criterios y jurisprudencias recogiendo resoluciones y sentencias de la CoIDH, en cumplimiento al mandato del artículo primero de la Carta Magna.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.proceso.com.mx/451906/llama-coidh-a-pena-a-atender-reclamos-violaciones-a-derechos

Decir que no hay violaciones de derechos humanos en México sería irreal: CIDH

El comisionado de la CIDH, Enrique Gil dijo que es preocupante que México no reconozca que hay violaciones a derechos humanos, como tortura y desaparición forzada. El país repondió que los informes de la comisión son parciales.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió a México reconocer que, pese a los avances que se han tenido, hay una crisis de derechos humanos.

El comisionado Enrique Gil Botero dijo que hay una actitud propositiva en México para actuar en el tema, pero añadió que “no se pueden desconocer las propias realidades”.
“Desconocer que hay violaciones a derechos humanos sería quebrantar el principio de realidad”, dijo el comisionado Enrique Gil.

El Subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Miguel Ruiz Cabañas respondió que no está de acuerdo con el informe sobre el estado de los derechos humanos, que es un informe incompleto pues quedaron temas fuera y que solo concuerdan con algunas de las recomendaciones.

Añadió que son las organizaciones criminales y no el Estado el causante de la violencia en el país, por lo que éste ha tenido que hacer frente y reaccionar.

Ruiz Cabañas destacó en la audiencia que la apertura de México ante los comisionados de la CIDH  no puede quedar en duda.

“No hay Estado más abierto frente a la CIDH que el Estado mexicano, somos el Estado que más visitas recibe todo el tiempo, y nosotros solicitamos esta audiencia”.

Estos son los temas en los que las organizaciones de la sociedad civil  y la CIDH cuestionaron a México, durante la audiencia pública de este jueves 7 de abril.

Programa frontera sur

Las organizaciones civiles denunciaron que la aplicación del programa Frontera Sur no protege los derechos humanos, por el contrario militarizó la frontera y dio facultades de verificación migratoria a los elementos castrenses, quienes aplican criterios discriminatorios que afectan más  a niños y mujeres.

Además, se han incrementado las detenciones como resultado de los operativos para el control de fronteras. Esto ha derivado en la saturación de las estaciones migratorias, que han quedado rebasadas, y el deterioro de sus instalaciones.

La respuesta de México

La representación de México dijo que con el Programa Frontera Sur se buscan medidas para dar un trato cada vez más humano a los niños migrantes, y que el Estado mexicano actúa de buena fe, aunque reconoció que hay que hacer mayores esfuerzos en esa materia.

Desaparición forzada

Las organizaciones civiles pidieron a México que incluya nuevamente el capítulo sobre pruebas ilícitas en Ley de desaparición forzada, que dijeron “borró” el presidente Enrique Peña Nieto de la iniciativa que fue enviada al Congreso.

La CIDH también criticó que la secretaría de Gobernación decidiera unilateralmente el término de las funciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales (GIEI), pues debió der la comisión la que lo decidiera.

La respuesta

Sobre esto, Ruiz Cabañas dijo que el problema para llevar un registro es que al momento de presentar la denuncia no se conoce si fue una desaparición forzada o cometida por algún integrante del crimen organizado.

Añadió que con la nueva ley de desaparición forzada que se encuentra en discusión en el Congreso espera que mejore el registro nacional de personas extraviadas, añadió que ya se cuenta con un protocolo homologado y se cuentan con unidades de búsquedas y respuesta.

Estadísticas sobre muertes de civiles

El presidente de la CIDH, James L. Cavallaro, pidió a México que explicara porque a no se cuenta con la estadística de personas muertas y heridas en los enfrentamientos entre marinos y militares contra civiles.

La respuesta

El representante de México dijo que a partir de la reforma al fuero militar ahora estas estadísticas las realiza la PGR ya que cuando hay un enfrentamiento entre militares y civiles es el Ministerio Público federal el encargado de realizar las indagatorias y ya no los tribunales militares.

México se deslinda de desprestigio contra defensores

Luego que el comisionado de la CIDH, Paulo Vannuchi, denunciara que preocupan los ataques que han sufrido defensores de derechos humanos y el GIEI, el representante del Estado mexicano dijo durante la audiencia de la CIDH que ningún funcionario del gobierno mexicano estuvo involucrado en la denuncia presentada contra el secretario ejecutivo de la Comisión, Emilio Álvarez Icaza.

Ruiz Cabañas explicó que la posibilidad que tiene todo ciudadano de presentar una denuncia es una conquista de la sociedad civil en materia de derechos humanos, por lo que la Procuraduría General de la República (PGR) debe investigar todas las denuncias.

La PGR informó en un comunicado que desechó la denuncia porque no cumplía con los requisitos de procedibilidad pues el particular que lo presentó no tenía derechos sobre los bienes del Estado mexicano.

Las organizaciones de la sociedad civil dijeron que aunque los ataques contra defensores provenían de particulares, pidieron que el Estado mexicano reconozca el trabajo de los defensores de derechos humanos para revertir la tendencia de la criminalización de su labor.


La audiencia completa:



FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/04/la-cidh-pide-a-mexico-reconocer-violaciones-a-derechos-humanos-aunque-destaca-avances/

“Absurda”, la denuncia del Consejo Ciudadano contra GIEI, dice Vidulfo Rosales

CIUDAD DE MÉXICO: Como “absurda” y parte de la campaña de desprestigio calificó Vidulfo Rosales Sierra la denuncia penal interpuesta por José Antonio Ortega Sánchez,  presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública contra el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para el caso Ayotzinapa y el secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) Emilio Álvarez Icaza.

En entrevista telefónica con Apro, el abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan –que representa a los familiares de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala en septiembre de 2014–, señaló que “a reserva de conocer con detalle la querella, lo que se ve es que la denuncia no sólo es absurda sino que forma parte de la andanada desplegada por la derecha de este país para atacar al mensajero, en este caso los integrantes del GIEI”.

Rosales Sierra consideró que la estrategia de acusar a los expertos que investigan la desaparición de los jóvenes ocurre ante “la imposibilidad de acallar el mensaje, que es el informe del GIEI que echa abajo la verdad histórica del gobierno federal”.


El abogado de Tlachinollan recordó que “el GIEI surgió a partir de un acuerdo entre el Estado mexicano, las víctimas y la CIDH, por las medidas cautelares otorgadas por ese órgano que no tiene otro objetivo más que monitorear el respeto de los derechos humanos en la región y fortalecer las democracias en el continente”.

Al señalar que el acuerdo de creación del GIEI tiene como objetivo que el Estado mexicano reciba asistencia técnica, apuntó que esa figura ha sido utilizada en otros países como El Salvador, Guatemala y Colombia “con el único objetivo de garantizar el acceso a la verdad para las víctimas y esa asistencia técnica en todo momento es auspiciada y financiada por los Estados miembros de la OEA, como es el caso de México”.

Sobre la querella contra Emilio Álvarez Icaza, el abogado señaló que de parte de los denunciantes hay total desconocimiento de la forma de operar de la CIDH, ya que “quien aprueba la creación del GIEI son los comisionados en acuerdo con el Estado y a él no le corresponde manejar recursos”.


Al insistir en que se trata de una denuncia “absurda”, Rosales Sierra apuntó que “detrás de ella está la intención de proteger al Ejército, de evitar a toda costa que se revelen el papel que jugaron los militares la noche del 26 de septiembre de 2014”.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GLORIA LETICIA DÍAZ.
LINK: http://www.proceso.com.mx/433613/absurda-denuncia-consejo-ciudadano-contra-giei-dice-vidulfo-rosales

Va México a juicio ante la CIDH por caso Ayotzinapa

WASHINGTON: Por violaciones a los derechos que van desde tortura hasta ejecuciones extrajudiciales y, en especial, por el caso de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) someterá a juicio al gobierno de Enrique Peña Nieto.

Este martes 20, en la sede de la CIDH y en el marco de su 156 periodo de sesiones en Washington DC, el gobierno de Peña Nieto tendrá que responder a varias acusaciones sobre violaciones a los derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad.

En coincidencia a las cuatro audiencias que realizará la CIDH sobre México, el gobierno de Barack Obama decidió recortarle 15% de los 148 millones de dólares que destinó este año para apoyar a Peña Nieto en la lucha contra el narcotráfico, tras considerar que las fuerzas armadas cometen serias violaciones de derechos humanos.

El caso de los 43 jóvenes normalistas desaparecidos el 26 de septiembre del año pasado en Iguala, Guerrero, es de tal importancia y atención de la CIDH que determinó por su propia prerrogativa hacer una audiencia “de oficio” sobre el caso.

En la sesión se presentará el reporte sobre la desaparición de los 43 estudiantes llevado a cabo por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), cuyos resultados de la investigación del caso Iguala contrastan totalmente con la pesquisa llevada a cabo por el gobierno mexicano.

En esta audiencia de oficio el GIEI tendrá la oportunidad de cotejar y cuestionar al gobierno de Peña Nieto respecto de sus conclusiones de la “verdad histórica”, y de lo que asegura ocurrió con los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Además de la participación del GIEI y de la CIDH, en la audiencia de oficio también estarán padres de algunos de los jóvenes desaparecidos y varios grupos defensores de los derechos humanos, por lo que se adelanta que el gobierno de Peña Nieto será ampliamente sometido a varias interrogantes a las que tendrá que responder.

La jornada de audiencias sobre México en la CIDH se inicia por la mañana de este martes con el caso Manuel Santiz Culebra y el de la masacre de Acteal, Chiapas.

En la segunda audiencia, la CIDH y grupos defensores de derechos humanos analizarán judicialmente el tema “derechos humanos y políticas de drogas en México”.

En esta sesión se espera que se aborde en detalle el papel del Ejército y la Marina de México en el combate al narcotráfico y al crimen organizado, tareas en las que se les acusa de haber cometido graves violaciones a los derechos humanos.

La tercera audiencia será la de oficio sobre Ayotzinapa, y por la tarde la última, también de suma importancia para la CIDH, ya que se trata de “denuncias sobre ejecuciones extrajudiciales”.

Para la última audiencia se adelanta que nuevamente la CIDH cuestionará al gobierno de Peña Nieto sobre el caso Ayotzinapa, en torno a la masacre de Tlatlaya, Tanhuato y varias más acusaciones que se han presentado ante el órgano jurídico interamericano.

Como no ocurría desde hace varios años, y esto como resultado de la lucha militarizada contra el narcotráfico que inició el expresidente Felipe Calderón, y a la que le dio continuidad Peña Nieto, a México se le considera uno de los países latinoamericanos en el que más se cometen violaciones a derechos humanos.


El Ejército, la Marina y todas las agencias policiales mexicanos han sido denunciados ante la CIDH por cometer todo tipo de violaciones a los derechos, acusaciones que además no han sido investigadas a fondo por parte del gobierno mexicano.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: J. JESÚS ESQUIVEL.

Reforma al fuero militar en México no cumple la norma internacional: Corte Interamericana de DH

La Corte Interamericana determinó que "la actual legislación" mexicana en materia de fuero castrense continúa sin reconocer plenamente que "la jurisdicción militar no es el fuero competente para investigar y, en su caso, juzgar y sancionar a los autores de derechos humanos, aún cuando el sujeto activo y el pasivo (el victimario y la víctima) sean militares".

Luego de que, en junio de 2014, las autoridades mexicanas limitaran los alcances del fuero militar, para que los soldados que violen derechos humanos de civiles sean juzgados en tribunales civiles, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) concluyó que dicha reforma legal es insuficiente, ya que no aplica para los casos en que la víctima sea otro integrante de las Fuerzas Armadas.

A través de una resolución emitida el pasado 17 de abril, el tribunal continental determinó que, aún cuando el año pasado fue modificado el artículo 57 del Código de Justicia Militar, éste “continúa contemplando una redacción que no se adecua a los referidos estándares (internacionales), porque permite que dicho fuero mantenga competencia para la investigación y juzgamiento de violaciones a derechos humanos, cuando el imputado es un militar y la víctima también es militar“.

En concreto, la Corte Interamericana determinó que “la actual legislación” mexicana en materia de fuero castrense continúa sin reconocer plenamente que “la jurisdicción militar no es el fuero competente para investigar y, en su caso, juzgar y sancionar a los autores de derechos humanos, aún cuando el sujeto activo y el pasivo (el victimario y la víctima) sean militares“.

Además, el órgano de justicia interamericano destacó que “en el fuero militar sólo puede juzgar la comisión de delitos o faltas que, por su propia naturaleza, atenten contra bienes jurídicos del orden militar“, y los derechos humanos superan dicho orden.

La reforma aplicada en 2014 al Código de Justicia Militar, cabe recordar, fue producto de la sentencia emitida en 2010 por la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos en contra del Estado mexicano, luego de comprobar que el fuero militar había sido empleado para encubrir a soldados implicados en un caso de detención ilegal y tortura.

Así, a pesar de que la Corte Interamericana reconoció que la reforma al Código de Justicia Militar aplicada en 2014 “constituye una importante armonización del derecho interno con los estándares convencionales e internacionales”, también subrayó que esto no representa un “cumplimiento total” a la sentencia emitida en contra del Estado mexicano en 2010.


Por esta razón, la Corte Interamericana de Derechos Humanos instó a que “México adopte las medidas necesarias, a fin de adecuar de forma completa, en un plazo razonable, su derecho interno”, para que todo militar que viole las garantías de otra persona sea sometido a la justicia civil, aún cuando la víctima sea otro integrante de las Fuerzas Armadas.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: PARIS MARTÍNEZ.

Llevarán caso Marisela Escobedo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos

GUANAJUATO, Gto: El caso Marisela Escobedo Ortiz, la activista ejecutada a las puertas del palacio de gobierno de Chihuahua el 16 de diciembre de 2010, será llevado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH).

En entrevista, la abogada Luz Castro Rodríguez, directora del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, (Cedehm), afirma que en marzo próximo presentarán el caso ante el organismo para que se finquen responsabilidades al Estado mexicano “por omisión y negligencia”.

De visita en esta ciudad para participar en la Clínica Jurídica del Centro Las Libres y académicas de la Universidad de Guanajuato, Castro Rodríguez dice que el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) trabaja en la estrategia para apoyar la petición ante la CoIDH, en coordinación con el Cedehm.

“En estos momentos al Estado mexicano le importa muchísimo la mirada internacional. Entonces, vamos a hacerlo (la petición) con el Cejil. Ahora estamos en la conclusión y queremos jalar también el caso de Rubí, porque no puede entenderse el feminicidio de esta defensora (Marisela Escobedo) si no se entienden las negligencias y todo lo que falló en el caso de Rubí”, señala la abogada.

A los 16 años de edad, Rubí Marisol Frayre Escobedo fue asesinada en Ciudad Juárez, Chihuahua, por Sergio Rafael Barraza Bocanegra, su pareja. El cadáver de la joven fue calcinado y tirado a un basurero. Era el año 2008. Desde entonces Marisela inició su activismo con la búsqueda del homicida, a quien localizó con sus propios recursos.

Barraza fue detenido y confesó su crimen. También dio a conocer el sitio donde se encontraban los restos de Rubí. Pese a ello quedó en libertad “por falta de pruebas”.
En esa ocasión, el Tribunal resolvió que la única prueba presentada por el Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especial para la Investigación de Homicidios de Mujeres era insuficiente, pues se resumía a lo expresado por el propio acusado, ante diversas personas: dos agentes de la Policía Municipal, un agente de la Policía Ministerial Investigadora y a su padrastro, en el sentido de que él había dado muerte a Rubí Marisol al encontrarla con otro hombre.

“Estas manifestaciones no merecen valor probatorio suficiente para por sí solas demostrar el hecho, pues la testigo Marisela Escobedo Ortiz dijo que el acusado tenía fama de no decir la verdad y alardear. Además, no coincide con lo que el menor Ángel Gabriel Valles Maciel afirmó, que oyó decir al acusado, en los últimos días de agosto de 2008, sobre que había matado a su pareja y a otra persona, pero con disparos de pistola.

“Por ende, la única prueba en este sentido se encuentra en contradicción con otra de la misma fuente, lo que nos permite asegurar que, al menos en una de las versiones (golpes a la menor o disparos de pistola) el hoy acusado mintió, y al ignorarse en cuál de ellas lo hizo, no puede tenerse por verdadera ninguna de las versiones”, citó el juez redactor, Netzahualcóyotl Zúñiga Vázquez.

Desde ese momento Marisela Escobedo inició una serie de protestas para denunciar la actuación de los jueces en el caso de su hija, y se instaló frente al palacio de gobierno de Chihuahua, durante la administración de los gobernadores Fernando Baeza y César Duarte.
El 16 de diciembre de 2010 Marisela Escobedo fue asesinada de un disparo en la cabeza con una pistola 9 milímetros.

En noviembre de 2012 Rafael Barraza fue abatido por soldados. Ese mismo año las autoridades de Chihuahua presentaron a José Enrique Jiménez como el asesino de Marisela.

Para Luz Castro Rodríguez, la batalla de Marisela Escobedo, junto con la que años atrás iniciaron las madres y defensoras de jóvenes y mujeres desaparecidas en Ciudad Juárez, y que dio lugar al surgimiento de organizaciones como Justicia para Nuestras hijas y el propio CEDEHM, sirvió para hacer visible “todo ese ambiente putrefacto y el drama que significa para las y los defensores de este país asumir esas luchas”.

Desde la primera mitad de los noventa, agrega, las mujeres de Chihuahua, “especialmente las madres”, gritaron al mundo lo que estaba sucediendo, primero en referencia a las muertas de Juárez y luego al hablar de feminicidio, de trata y de la incorporación de la delincuencia organizada, pero “nadie hizo caso”. Desde entonces hasta la fecha, subrayó, la política de simulación del Estado prevalece, y ahora también con “juvenicidios”.

“Así como en un primer momento hablábamos de asesinatos de mujeres en Juárez y luego nos dimos cuenta de que estábamos ante un fenómeno de feminicidio, actualmente hay estados donde se dan desapariciones involuntarias, la mayoría de jóvenes en edad productiva. Y Chihuahua es uno de los estados donde más desapariciones forzadas hay: más de mil 500.

Estamos hablando en su mayoría de asesinatos o desapariciones de jóvenes, porque no se atendieron a tiempo las cuestiones estructurales que tienen que ver con el crimen organizado, que está infectando todos los niveles en el país”, dice.

La simulación.

De acuerdo con Castro, la política de simulación del Estado se demuestra con los avances en materia legislativa que el gobierno mexicano presume ante instancias internacionales para decir que está comprometido con los derechos humanos, pero luego todo falla con la interpretación que de esas leyes hacen los operadores del sistema judicial.

“Por ejemplo, los abogados (de víctimas y defensoras y defensores) estamos preocupadas porque con el Código de Procedimientos Único, realizado también desde un escritorio, no se toman en cuenta los delitos de género, ni los derechos de las víctimas. En el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres hemos litigado desde 2007 estos casos y vemos con honda preocupación un gran retroceso en el tema de víctimas”.

En Chihuahua, destaca, los feminicidios y desapariciones no han terminado. De 1994 a la fecha han sido asesinadas más de 2 mil mujeres, y la Alerta de Género prevista por la ley se ha convertido, igual que la tipificación del feminicidio, en un instrumento para evadir el tema y para la rebatinga política.

“Cuando hay una catástrofe natural, heladas o inundaciones, los estados salen a pedir de inmediato una declaratoria de emergencia, pero cuando hay violaciones masivas a los derechos humanos, los estados lo niegan”, lamenta.

Luz Castro asegura que el panorama en Chihuahua no es muy distinto al de Guerrero. “Territorios completos en manos del crimen organizado, policías al mando de los propios sicarios, delincuentes y mujeres que son obligadas a colaborar con ellos y sus historias son invisibles”, dice.

–¿Y la criminalización de las protestas también? –se le pregunta.

–Una de las estrategias que el Estado mexicano en sus diferentes niveles ha implementado siempre tiene que ver con un proceso perverso de descalificación de las víctimas. Cuando aquellas se convierten en defensoras y recurren a la justicia, lo primero que hacen es descalificarlas. Esas marchas genuinas de los jóvenes pasan por la descalificación. Lo primero que el Estado piensa es en estigmatizarlos.

“La descalificación de las luchas por los derechos humanos en este país no es nueva, es una estrategia continua, que ahí está, sirve para inhibir en el corazón de los jóvenes la indignación”.

Castro Rodríguez, quien cuenta con medidas cautelares de protección ordenadas por la CoIDH ante las amenazas recibidas, resalta que “aunque las autoridades no se han dado cuenta”, los abogados defensores de derechos humanos, a diferencia del pasado, están conscientes de que México es uno antes y otro después de la reforma al Artículo 1º constitucional.

“Nos hemos apropiado de esta reforma legal y la hacemos viva. Tiene que ver con el nuevo papel de las víctimas. Anteriormente, cuando había una ofensa, se consideraba que a quien se ofendía era al Estado. Ahora las víctimas tienen voz, y las defensoras y abogadas hemos aprendido que no podemos ser sólo despachos, tenemos que acompañar a las víctimas, ir caminando con el activismo, con la protesta, la denuncia, pero también con el estado de derecho, no el que consideran las autoridades, sino con el estado de derecho superior, encima de los bandos de policía y buen gobierno”.

La directora del Cedehm también se refirió a la actuación de la Procuraduría General de la República (PGR) con los detenidos en el Zócalo el pasado 20 de noviembre, y al respecto dice simplemente: “Da pena ajena”.

Añade: “Los presos políticos no son nuevos en México, es toda una historia de presos políticos. Lo que sucede es que ahora caminar por los derechos humanos nos ha permitido actuar distinto, además de que las redes sociales y los medios de comunicación independientes están dejando atrás a los medios cooptados por el Estado, que ya no puede fácilmente continuar con la fabricación de delitos como lo hizo el 20 de noviembre. Ya no es como antes, la movilización ciudadana ahí está”.

Finalmente, la “defensora de defensores”, como ella se define, afirma que ante la mirada internacional, el presidente Enrique Peña Nieto pasó de ser el estadista capaz de conciliar a las fuerzas políticas para firmar un Pacto por México, a la corrupción evidenciada con la adquisición de la llamada Casa Blanca, por lo que las organizaciones y ciudadanos deben seguir buscando visibilizar estos asuntos ante el mundo y organismos como la CoIDH, como ocurrirá con el caso de Marisela Escobedo y su hija Rubí Marisol.


“Peña se viene al despeñadero. Tenemos que reivindicar mucho el trabajo de los medios independientes, abren el camino de otra mirada sobre lo que está sucediendo. Por ahí se puede ver el despeñadero. Ya no es tan fácil que el pueblo se trague esa telenovela que nos quieren vender”, remata.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: VERÓNICA ESPINOSA.