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Asume mexicano Eduardo Ferrer, presidencia de Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH)

El jurista mexicano Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot, de 49 años de edad, y originario de Tijuana, Baja California, asumió desde este lunes 1 de enero del 2018, la presidencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), órgano autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuya sede se encuentra en San José, Costa Rica.

Mac-Gregor Poisot se convirtió así en el tercer jurista nacido en México que llega a ocupar el principal cargo del más importante tribunal de justicia de América, encargado de la promoción y defensa de los Derechos Humanos. Los otros dos mexicanos que fueron presidentes de la CIDH son: Héctor Fix-Zamudio, de 1990 a 1993, y Sergio García Ramírez, de 2004 a 2007.

Merecemos justicia y la verdad: víctimas narran en la CoIDH el abuso que sufrieron en Atenco

Esta es la primera vez que comparecerán juntas ante un Tribunal las 11 mujeres peticionarias del caso sobre los abusos que sufrieron durante un operativo en Atenco en mayo del 2006.

Cinco mujeres relataron la violencia y el abuso sexual que sufrieron por parte de policías durante el operativo de San Salvador Atenco en mayo de 2006, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en San José, Costa Rica.

Este jueves cinco de las 11 mujeres peticionarias del caso, dan testimonio: Norma Aidé Jiménez Osorio, Claudia Hernández Martínez, Bárbara Italia Méndez Moreno, Angélica Patricia Torres Linares y Suhelen Gabriela Cuevas Jaramillo.

Llegó la hora: Víctimas del caso Atenco enfrentarán al Estado mexicano en la CoIDH

Después de una espera de 11 años, siete meses y 12 días, desde que fueron ultrajadas y vejadas, las 11 mujeres de Atenco enfrentarán al Estado mexicano en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) en busca de justicia.

Representadas por el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), las víctimas -de un grupo de más de 30 que fueron agredidas durante los operativos policiacos del 3 y 4 de mayo de 2006 en San Salvador Atenco, cuando gobernaba el Estado de México el actual presidente Enrique Peña Nieto- se presentarán en audiencias públicas este jueves 16 y viernes 17 en la sede de la CoIDH, en San José, Costa Rica, en el contexto de 120 Periodo de Sesiones.

Peña será investigado en la Corte Interamericana por el caso de las mujeres vejadas en Atenco

Desde que era gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto hizo hasta lo imposible para evitar que el caso de las mujeres de San Salvador Atenco vejadas por uniformados durante los operativos del 3 y 4 de mayo de 2006 llegara a la Corte Interamericana. Pero su desdén y el de algunos de sus antiguos colaboradores a las observaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos provocaron que el asunto llegara a esa instancia, que en el último trimestre de este año analizará el caso. Es primera vez que se toman como objeto de análisis las declaraciones públicas de Peña Nieto para investigarlo.

CIUDAD DE MÉXICO: Las declaraciones emitidas por el gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, y de miembros de su gabinete para descalificar a las víctimas de graves abusos cometidos contra la población durante los operativos policiacos del 3 y 4 de mayo de 2006 en San Salvador Atenco fueron determinantes para evitar que prosperara el litigio seguido por 11 mujeres que denunciaron tortura sexual.

Sin embargo, esa situación –los agravios contra los atenquenses, sobre todo contra las mujeres cuyas garantías individuales fueron conculcadas– es merecedora de “medidas administrativas, disciplinarias o penales”, insiste la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que remitió el caso a la Corte Interamericana luego de que el Estado mexicano se negara a atender las recomendaciones formuladas en octubre de 2015.

Ante violencia del crimen organizado, Corte Interamericana ordena a México proteger a la comunidad indígena Choréachi

La Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una Resolución en la que ordena al Estado mexicano la adopción de medidas urgentes de protección a la vida de las personas en la comunidad indígena rarámuri de Choréachi.

El 25 de marzo, la Corte Interamericana emitió la resolución que ordena al Estado mexicano tomar medidas provisionales para proteger a la comunidad de Choréachi, conocida como Pino Gordo en el municipio de Guadalupe y Calvo en el estado de Chihuahua.

Este órgano está facultado por el artículo 63.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos para dictar medidas provisionales a favor de la comunidad indígena de Choreachi  “en caso de extrema gravedad y urgencia, para evitar daños irreparables a las personas, a fin de garantizar su vida, integridad personal, así como la seguridad colectiva de todos sus miembros”.

Llega a la Corte Interamericana caso de 3 primos desaparecidos por militares en Chihuahua

CHIHUAHUA, Chih: La CIDH presentó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) el caso de los primos Alvarado, considerado la primera desaparición forzada registrada en Chihuahua, quienes fueron privados de la libertad el 29 de diciembre de 2009 en el ejido Benito Juárez del municipio de Buenaventura.


El caso 12.916 se refiere a la desaparición forzada de Nitza Paola Alvarado Espinoza, José Ángel Alvarado Herrera y Rocío Irene Alvarado Reyes por agentes estatales, en este caso militares, y a la fecha las víctimas continúan desaparecidas y gran parte de sus familiares exiliados en Estados Unidos, debido a que han sido amenazados.

La CIDH puntualiza en su portal que “este caso constituye el primero en cuanto a la desaparición forzada en el contexto de la lucha contra el narcotráfico y la delincuencia organizada en México”.

En ese sentido, abunda, “la relevancia del caso obedece a que se trata de una problemática actual que ha venido en aumento en los últimos años y que ha merecido pronunciamientos, recomendaciones y expresiones de profunda preocupación por parte de la Comisión y de múltiples organismos internacionales y mandatos especiales en el ámbito de las Naciones Unidas”.

También explica que esos hechos son un ejemplo de los factores que contribuyen a que se presente ese delito, que no sea investigado ni sancionado como consecuencia de múltiples mecanismos de encubrimiento y obstrucción.

“El caso ofrece a la Corte Interamericana la posibilidad de pronunciarse sobre otras violaciones conexas derivadas de las amenazas y hostigamientos que sufren los núcleos familiares de las víctimas desaparecidas”.

Los primos Alvarado fueron privados de su libertad por militares, de acuerdo con pruebas que se desahogaron en la CIDH, que cuenta con elementos de contexto, testigos presenciales, declaraciones de funcionarios públicos que indicaron tener conocimiento o haber recibido información en cuanto a que las víctimas se encontraban bajo custodia del Estado, entre otros elementos, además de múltiples informes de diversos organismos que consideraron que existen indicios suficientes en cuanto a la participación del Ejército en este caso.

“Cuando los familiares acudieron a denunciar lo sucedido y a solicitar información, les respondieron que no tenían conocimiento de su detención ni de su paradero, y se activaron mecanismos de encubrimiento. Con base en lo anterior, la Comisión calificó los hechos como desaparición forzada”, señala el comunicado de la CIDH.

Ello evidencia la impunidad en el caso y que la aplicación de la justicia militar en este asunto resultó violatoria del derecho a contar con una autoridad competente, independiente e imparcial para la obtención de justicia.

“El Estado incumplió el deber de investigar con la debida diligencia y en un plazo razonable, tanto respecto de la búsqueda de las víctimas desaparecidas como respecto del esclarecimiento y la individualización y sanción de los responsables. Adicionalmente, hubo violaciones a los derechos humanos de familiares derivadas de amenazas y hostigamientos en su contra, y el desplazamiento forzado de algunos de ellos”, añade el comunicado.

En el informe, la Comisión recomendó al Estado investigar de manera completa, imparcial y efectiva el paradero de Nitza Paola Alvarado Espinoza, José Ángel Alvarado Herrera y Rocío Irene Alvarado Reyes y, de ser el caso, adoptar las medidas necesarias para identificar y entregar a sus familiares, según sus deseos, los restos mortales.

El Estado también debe conducir los procesos correspondientes por el delito de desaparición forzada de las tres víctimas de manera imparcial, efectiva y dentro de un plazo razonable, con el fin de esclarecer los hechos en forma completa, identificar a todos los responsables e imponer las sanciones que correspondan, así como reparar adecuadamente las violaciones de derechos humanos, tanto en el aspecto material como moral, y disponer las medidas correspondientes frente a las acciones u omisiones de los funcionarios estatales que contribuyeron a la denegación de justicia e impunidad en la que se encuentran los hechos.

“México debe además adoptar medidas para responder a la problemática de la desaparición forzada y su especial incidencia en el estado de Chihuahua, incluyendo el fortalecimiento de la capacidad investigativa de casos de desaparición forzada de personas y la resolución de los factores estructurales que generan impunidad en estos casos”.

Incluso, “México debe además asegurar que las autoridades de la justicia penal militar se abstengan de obstaculizar investigaciones en casos de desaparición forzada”, advierte el organismo regional.


La Comisión Interamericana sometió el caso a la jurisdicción de la Corte el miércoles 9 debido a que el Estado mexicano incumplió con las recomendaciones contenidas en el Informe de Fondo.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: PATRICIA MAYORGA.
LINK: http://www.proceso.com.mx/463489/llega-a-la-corte-interamericana-caso-3-primos-desaparecidos-por-militares-en-chihuahua