“Si hubiese habido información oculta por parte del proveedor de las medicinas, igual podría alegarse que este daño que se generó se dio sin consentimiento, sin embargo, todo indica que había no sólo conocimiento de que estos no eran los medicamentos adecuados, sino que se buscaba que así fuera para obtener el lucro. El Estatuto de Roma dice que se entiende por ataque generalizado a una línea de conducta que implique la comisión de actos sistemáticos en contra de la población civil”, explicó.El caso de los niños de Veracruz podría ser atraído por la Corte Penal Internacional, luego de que en México se denuncie y se juzgue por un tribunal. El proceso podría llevar varios años, quizás hasta una década, pero de encontrar culpables las penas podrían ir desde los 10 años hasta la reclusión perpetua si la gravedad de la denuncia lo amerita.
“Si las víctimas no obtienen justicia en un tribunal mexicano, de ahí la Corte Penal Internacional considera si estas instancias no son las adecuadas para brindar justicia y toma el caso”, añadió.
“Estamos en presencia de conductas que van más allá de la corrupción, porque se trata de delitos contra la humanidad y por ello Duarte debe ser detenido de inmediato; no sólo que devuelva el dinero que se robó, sino que responda ante la justicia por sus actos en contra la niñez veracruzana”, exigió.
“Tendría que haber un hilo claramente conductor de que los dos ex gobernadores sabían, firmaron y autorizaron ese medicamento. Si ellos firmaron la licitación y se demuestra que hubo actos de corrupción puede fincarse responsabilidades directas, pero si lo hizo el controlador, el administrador, ni siquiera el Secretario de Salud del estado, entonces sólo hay una responsabilidad como Gobernador del estado”, dijo.
“Deben tener lo registros y los expedientes. Tiene que atraerlo la PGR de manera inmediata y ser acompañada por instituciones especializadas con una investigación independiente. Es decir por el Instituto Nacional de Pediatría, de Cancerología, expertos que nos van a decir dónde buscar para obtener evidencia; porque un Ministerio Público cualquiera no sabrá qué buscar y dirá que no hay pruebas”, explicó.
“Exhibe a un país donde ya no hay limites a la corrupción, a la impunidad, pues el dinero es el único valor. No importa que se mueran niños, siempre y cuando esos niños no tengan recursos y pertenezcan a los grupos vulnerables principales víctimas de estas políticas que aunadas a la corrupción y a la impunidad conforman una coctel tóxico, donde nada nos sorprende […]. Esto lamentablemente será una anécdota más que se le agregará al historial de Javier Duarte y Fidel herrera, porque no hay una voluntad de la PGR y del Gobierno por combatir esta situación”, dijo.El activista recordó la necesidad de que se incorpore en México un instrumento similar al que se introdujo en Guatemala: una Comisión Internacional contra la Impunidad.
“Que rinda cuentas antes de irse, porque se van en la absoluta impunidad. Duarte va a salir así, como salió [Humberto] Moreira, luego tenemos que perseguirlos, o como salió el de Oaxaca, Ulises Ruiz, y tantos. ¿Dónde está Ángel Aguirre y Ayotzinapa?Empecemos por ahí, porque si no la estructura está al servicio de los criminales, de los intereses más obscuros”, dijo.
“Las fosas de Jojutla son del Estado, donde no siguieron ningún protocolo. No se les informó a las familias. Otros están con tiro de gracia, sin necropsia, huesos. Y el Gobierno sale con que es una falta administrativa, una práctica común. Ese es un crimen de lesa humanidad, ¿por qué están desapareciendo cuerpos sin protocolos?”, planteó Sicilia.
“No he tenido ninguna respuesta, ni siquiera atención. No me han atendido, porque aunque te den una cita, te tienen sentada horas y horas. La última cita que tuve fue hace seis meses. Me dijeron que ellos me hablaban y no me han hablado”, dijo.
“En Morelos ya no existe la carpeta de mi hija, porque ellos fueron a acampar a un pueblo del Estado de México, pero nunca regresan. Luego se localiza el cuerpo de su esposo en una cañada, desnudo. Se localizan sus objetos, la casa de campaña, pero de mi hija ni un solo objeto personal ni la ropa que llevaba. Levanto mi denuncia en Morelos, paso de Fiscal a Fiscal y ninguno hizo una investigación adecuada. Después me preguntaba el asesor del Procurador que si yo a quién quería que investigaran, porque ellos ya no sabían”, narró.
“Tenemos miles y miles de personas desaparecidas y el estado está enterrando personas. No se hace la búsqueda de los familiares, en el caso de Tetelcingo personas que fueron inhumadas, el ocultamiento de cadáveres también es desaparición forzada, esas personas por qué murieron. Si no hay expedientes, cómo se atreve el Estado mexicano a dar por concluido el caso y enterrar 117 casos”, dijo.Dayán recordó la negativa del Gobierno de Graco Ramírez a entregar información sobre las fosas a los familiares de las víctimas.
