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Piden a FGR fincar responsabilidades a Ulises Ruiz y Jorge Franco por delitos de lesa humanidad

By: Draco Dracul on 12:27:00 / comment : 0 , ,

El Congreso de Oaxaca hizo un llamado al fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, para que se finquen responsabilidades al exgobernador y a quien fuera su secretario general de Gobierno.

El Congreso local hizo un llamado al fiscal general de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, para que se finquen responsabilidades al exgobernador Ulises Ruiz Ortiz y a quien fuera su secretario general de Gobierno, Jorge Franco Vargas, por delitos de lesa humanidad cometidos durante la represión contra el movimiento social y magisterial de 2006.

También demandó que investigue y sancione a los fiscales generales del estado de Oaxaca por omisiones para investigar los delitos cometidos por servidores públicos en ese periodo, pese a que hubo 383 personas arrestadas, 20 asesinatos y 87 lesionados, según el informe de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Ejército mexicano responsable de crímenes de lesa humanidad

By: Draco Dracul on 17:57:00 / comment : 0 , , ,

El Estado mexicano garantiza impunidad en violaciones a derechos humanos cometidas por militares y por paramilitares, en territorios de pueblos originarios ocupados militarmente, como parte de una política contrainsurgente cuyo objetivo ha sido eliminar la resistencia zapatista y otros proyectos de organización autónoma.

 En el contexto de la estrategia diseñada e implementada desde el Plan de Campaña Chiapas 94, el Ejército mexicano provocó crímenes de lesa humanidad que permanecen en la impunidad.

 El 18 de febrero de 1995 inició la incursión militar en el ejido La Grandeza, municipio de Altamirano, Chiapas, al día siguiente las familias se desplazaron forzadamente a la montaña por miedo, la mayoría eran mujeres, niñas, niños y personas mayores.

Sí es posible llevar a Duarte y a Fidel a la Corte Internacional por dar agua a niños con cáncer

By: Draco Dracul on 14:43:00 / comment : 0 , , , , , ,

El caso de las quimioterapias falsas aplicadas a niños con cáncer en Veracruz podría considerarse un crimen de lesa humanidad ante la Corte Penal Internacional cuando en México se agoten las instancias legales. Pero fincar responsabilidades a los ex gobernadores Fidel Herrera Beltrán y Javier Duarte de Ochoa se prevé difícil, pues debe comprobarse que ellos firmaron directamente las licitaciones. Sin embargo, antes de cualquier paso, la Procuraduría General de la República (PGR) debe atraer el caso de inmediato, pues hasta el momento sólo es el dicho del Gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, alertaron especialistas en derechos humanos y de la infancia.
El suministro de agua destilada a niños enfermos de cáncer en Veracruz podría considerarse crimen de lesa humanidad, pero será muy difícil fincar una responsabilidad directa a los ex gobernadores Fidel Herrera Beltrán y Javier Duarte de Ochoa, dijeron expertos en derechos humanos y de la infancia a SinEmbargo.

 Miguel Ángel Yunes Linares denunció hace unos días que ambas administraciones de sus antecesores aplicaron medicamentos apócrifos a niños enfermos durante las quimioterapias. Su dicho lo sustentó en un estudio realizado por el Laboratorios Roche.

 Sin embargo, a pesar de la denuncia pública, el Gobierno de Veracruz aún no ha interpuesto una denuncia penal ante la Procuraduría General de la República (PGR) u otra instancia, lo que es considerado por los especialistas como el primer paso para buscar la verdad y justicia.

 Jesús Robles Maloof, abogado y defensor de los derechos humanos, dijo que el Estatuto de Roma, aceptado por México, establece en su artículo séptimo que se entiende como crimen de lesa humanidad al ataque generalizado o sistemático contra la población civil, perpetrado con conocimiento.

“Si hubiese habido información oculta por parte del proveedor de las medicinas, igual podría alegarse que este daño que se generó se dio sin consentimiento, sin embargo, todo indica que había no sólo conocimiento de que estos no eran los medicamentos adecuados, sino que se buscaba que así fuera para obtener el lucro. El Estatuto de Roma dice que se entiende por ataque generalizado a una línea de conducta que implique la comisión de actos sistemáticos en contra de la población civil”, explicó.
El caso de los niños de Veracruz podría ser atraído por la Corte Penal Internacional, luego de que en México se denuncie y se juzgue por un tribunal. El proceso podría llevar varios años, quizás hasta una década, pero de encontrar culpables las penas podrían ir desde los 10 años hasta la reclusión perpetua si la gravedad de la denuncia lo amerita.
“Si las víctimas no obtienen justicia en un tribunal mexicano, de ahí la Corte Penal Internacional considera si estas instancias no son las adecuadas para brindar justicia y toma el caso”, añadió.

Robles Maloof precisó que los delitos de lesa humanidad no prescriben, por lo que Javier Duarte podría huir durante 10 o 15 años de las acusaciones por corrupción, fraude o saqueo de las arcas públicas, pero no de un crimen de esa magnitud.

 Yunes denunció que los medicamentos apócrifos se suministraron en el Centro Estatal de Cancerología, y que fue el Laboratorio Roche quien analizó varias muestras tomadas en 2010, cuando aún era Gobernador Fidel Herrera, para concluir que lo utilizado en las quimioterapias no contaba con el principio activo del medicamento.

 De acuerdo con Miguel Ángel Yunes, el ex mandatario prófugo de la justicia Javier Duarte no hizo nada para investigar el hallazgo, sino al contrario continuó adquiriendo la solución a la compañía Especialidades Médicas del Sureste S.A. de C.V, una empresa de familiares del Diputado federal Jorge Carvallo Delfín.

 Hoy el Diputado perredista Alejandro Ojeda Anguiano, vicepresidente de la Cámara de Diputados, solicitó a la PGR y al Presidente Enrique Peña Nieto una investigación más exhaustiva para verificar “hasta dónde se extendió el uso de medicamentos apócrifos que ponen en riesgo la vida de los veracruzanos”.

 Ojeda Anguiano afirmó que Javier Duarte dejó una secuela de “corrupción y de delitos de lesa humanidad que rayan en genocidio”.
“Estamos en presencia de conductas que van más allá de la corrupción, porque se trata de delitos contra la humanidad y por ello Duarte debe ser detenido de inmediato; no sólo que devuelva el dinero que se robó, sino que responda ante la justicia por sus actos en contra la niñez veracruzana”, exigió.

Sin embargo será difícil que Fidel Herrera y Javier Duarte sean acusados directamente de suministrar agua destilada a los niños con cáncer. Juan Martín Pérez García, director de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), explicó que se tendrá que comprobar que ellos firmaron directamente las órdenes.

 En el suministro de la solución apócrifa hay toda una cadena de personas involucradas, que incluye desde servidores públicos, altos mandos, hasta médicos y enfermeras, detalló.

 Pérez García consideró que también será difícil comprobar que el agua destilada se inyectó en los niños con la intención de matar, como sugiere un crimen de lesa humanidad.
“Tendría que haber un hilo claramente conductor de que los dos ex gobernadores sabían, firmaron y autorizaron ese medicamento. Si ellos firmaron la licitación y se demuestra que hubo actos de corrupción puede fincarse responsabilidades directas, pero si lo hizo el controlador, el administrador, ni siquiera el Secretario de Salud del estado, entonces sólo hay una responsabilidad como Gobernador del estado”, dijo.

El director de Redim insistió en que la acusación de Yunes debe ser atraída los más pronto posible por la PGR, pues de no ser así, sólo quedará en el “dicho del Gobernador”.
DEBE INVESTIGARSE CON ORGANISMOS ESPECIALIZADOS

 El caso podría derivar en un crimen de Estado, añadió, pero el proceso será largo, pues deben ubicarse a los niños que fueron inyectados con el medicamento apócrifo en el hospital veracruzano.
“Deben tener lo registros y los expedientes. Tiene que atraerlo la PGR de manera inmediata y ser acompañada por instituciones especializadas con una investigación independiente. Es decir por el Instituto Nacional de Pediatría, de Cancerología, expertos que nos van a decir dónde buscar para obtener evidencia; porque un Ministerio Público cualquiera no sabrá qué buscar y dirá que no hay pruebas”, explicó.

Si se logra ubicar a niños y niñas que recibieron los tratamientos con agua destilada, el proceso podría acelerarse si las familias recurren a las instancias internacionales apelando a los derechos de los niños, pero de acuerdo con Pérez García, sólo es una posibilidad.

 Daniel Gersherson Shapiro, activista y presidente de Alconsumidor, dijo que las autoridades mexicanas no tienen interés en investigar casos como el que se denunció en Veracruz, por lo que sólo quedará en un “tema para la sobremesa”, pero no irá más allá.
“Exhibe a un país donde ya no hay limites a la corrupción, a la impunidad, pues el dinero es el único valor. No importa que se mueran niños, siempre y cuando esos niños no tengan recursos y pertenezcan a los grupos vulnerables principales víctimas de estas políticas que aunadas a la corrupción y a la impunidad conforman una coctel tóxico, donde nada nos sorprende […]. Esto lamentablemente será una anécdota más que se le agregará al historial de Javier Duarte y Fidel herrera, porque no hay una voluntad de la PGR y del Gobierno por combatir esta situación”, dijo.
El activista recordó la necesidad de que se incorpore en México un instrumento similar al que se introdujo en Guatemala: una Comisión Internacional contra la Impunidad.
“Es un tema que hemos estado discutiendo en juntas formales e informales, creo que es lo único que podría salvar a este país”, dijo.

 FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: SHAILA ROSAGEL.
LINK: http://www.sinembargo.mx/19-01-2017/3138243

Con Calderón y Peña, medio centenar de crímenes de lesa humanidad: Open Society

By: Draco Dracul on 9:48:00 / comment : 0 , ,

CIUDAD DE MÉXICO: Este jueves el organismo Open Society Justice Initiative presentó en el Congreso de Baja California un informe sobre la situación de los derechos humanos en México, en el que concluye que en el sexenio de Felipe Calderón y en lo que va de la gestión de Enrique Peña Nieto se tienen contabilizados medio centenar de crímenes de lesa humanidad.

Ina Zoon, coordinadora de proyectos de justicia penal para América Latina de Open Society, resaltó que “la conclusión principal del informe es que en este periodo hay una base razonable para creer que se cometieron crímenes de lesa humanidad”.

Precisó: “Estamos hablando más o menos de 50 casos mencionados, que están ilustrando uno u otro de los elementos de los crímenes, se están utilizando los casos de Ayotzinapa, Tlatlaya, de Apatzingán, pero también casos de desapariciones de dos o tres personas no necesariamente masacres”.

El reporte se centra en la naturaleza de los crímenes cometidos en este periodo, en particular sobre desapariciones, tortura y ejecuciones extrajudiciales y asesinatos consumados por elementos de las fuerzas federales.

De acuerdo con Zoon, lo que ha caracterizado a los gobiernos de Calderón y de Peña es la estrategia de militarización y la continuidad de la magnitud de los crímenes cometidos y exacerbación de la crisis de impunidad.

Peor aún, abundó, la constante en ambos sexenios es la confusión en la información de datos, la falta de claridad y las contradicciones.

También señaló que el nivel de violencia en México, donde no hay un conflicto armado en contexto internacional reconocido, ya sobrepasa el de países donde hay guerra, por lo que la magnitud es mucho más alta y se vuelve obvia la tipificación de atrocidades y delitos.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Antes de irse impune, Graco debe ser juzgado por crímenes de lesa humanidad, exige Sicilia

By: Draco Dracul on 15:47:00 / comment : 0 , , ,

Como en Veracruz, Coahuila, Chihuahua y Quintana Roo y a la par de los gobernadores priistas, Graco Ramírez Garrido Abreu, un Gobernador emanado de la izquierda y en un primer momento apoyado por Andrés Manuel López Obrador, entonces candidato a la Presidencia de la República, debe ser enjuiciado e investigado antes de que se vaya, dijo Javier Sicilia Zardain. Morelos es seguro, dijeron las familiares de víctimas, pero “es seguro que te maten, roben, te secuestren” y Graco oculta la realidad.
Graco Ramírez Garrido Abreu, Gobernador de Morelos, debe rendir cuentas y ser enjuiciado por los crímenes de lesa humanidad, antes de dejar el cargo, dijo Javier Sicilia Zardain, líder del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad.

 A dos años de que concluya la actual administración, el también escritor y poeta expuso que el Gobierno federal debe ir por Graco y no esperar a que el daño aumente, como lo hizo con el Gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa.
“Que rinda cuentas antes de irse, porque se van en la absoluta impunidad. Duarte va a salir así, como salió [Humberto] Moreira, luego tenemos que perseguirlos, o como salió el de Oaxaca, Ulises Ruiz, y tantos. ¿Dónde está Ángel Aguirre y Ayotzinapa?Empecemos por ahí, porque si no la estructura está al servicio de los criminales, de los intereses más obscuros”, dijo.

En los cuatro años de Gobierno del perredista, recordó Sicilia, en Morelos ocurrieron 3 mil 600 homicidios, 191 feminicidios, 384 secuestros y 77 mil robos.

 “Y la deuda del estado es monstruosa. No ha dejado un sólo problema, ha agravado los problemas; es un Gobierno de saliva, que ha usado la mentira como forma de Gobierno”, detalló.
Sicilia y víctimas –entrevistadas por SinEmbargo– coincidieron en que en la entidad el Gobernador Graco Ramírez niega la realidad y los crímenes que se cometen en contra de la población civil.

 Las fosas de Tetelcingo y en Jojutla revelaron 117 cuerpos y nueve bolsas con 12 fragmentos de personas. Algunos de los cadáveres con el tiro de gracia, sin identificación, en total clandestinidad.
“Las fosas de Jojutla son del Estado, donde no siguieron ningún protocolo. No se les informó a las familias. Otros están con tiro de gracia, sin necropsia, huesos. Y el Gobierno sale con que es una falta administrativa, una práctica común. Ese es un crimen de lesa humanidad, ¿por qué están desapareciendo cuerpos sin protocolos?”, planteó Sicilia.

La fosa de Tetelcingo fue descubierta por la familia de Oliver Wenceslao Navarrete, un joven había que fue secuestrado y asesinado en 2013, y cuyo cuerpo fue llevado a la morgue, pero la Fiscalía morelense en lugar de entregarlo a sus familiares lo mandó a la fosa común sin avisar a la familia.

 Tras el descubrimiento, otros familiares de desaparecidos, así como organizaciones y colectivos civiles, presionaron al gobierno de Morelos, por lo que la Fiscalía empezó a retirar los cadáveres del sitio. Entre los cuerpos había dos niños y un feto.

 “Graco es un maestro de la corrupción, de la retórica de la mentira con una estructura psicópata. Hay una complicidad desde el Gobierno federal, que en lugar de investigar lo arropa, lo protege. Pero ahí están los agravios y las víctimas brotan de la tierra, como en Tetelcingo”, dijo Sicilia.

 El activista afirmó que “a Graco lo vamos a sacar” y agregó que si la Secretaría de Gobernación no ataca la impunidad contra los gobernadores es síntoma de que “trabaja” con el crimen organizado.
LA MARCHA DEL 16 DE AGOSTO

 Sicilia recordó que la marcha que se prepara para este 16 de agosto, en donde participarán líderes transportistas, las bases magisteriales, iglesia católica, la Asamblea Permanente de los Pueblos de Morelos, colegios de abogados, el Frente Popular Gustavo Salgado, la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (AUEM) y familiares de víctimas de distintos delitos y violaciones de derechos humanos, será para exigir la renuncia y juicio político de Graco Ramírez.

 Algunos familiares de víctimas aseguran que en Morelos sólo han obtenido retrasos en la investigación de sus casos, como le ocurre a Tranquila Hernández Lagunes.

 La mujer perdió a su hija, entonces de 18 años, un 13 de septiembre de 2014 cuando la joven se dirigía a una tienda cercana a su domicilio.
“No he tenido ninguna respuesta, ni siquiera atención. No me han atendido, porque aunque te den una cita, te tienen sentada horas y horas. La última cita que tuve fue hace seis meses. Me dijeron que ellos me hablaban y no me han hablado”, dijo.

Tranquilina criticó la falta a avances para dar con el paradero de su hijo y se quejó del Gobierno de Graco Ramírez.

 “Yo me siento perdida. No hay avances  y para ellos no pasada nada. Morelos es seguro sí: seguro te roban, te matan, te secuestran, pero para el Gobernador no pasa nada”, indicó.

 Angélica Rodríguez Monroy, mamá de Viridiana Anahí Morales,  estudiante de la UAEM y desaparecida desde 2012 cuando acampaba con su esposo en un pueblo del Estado de México, coincide con Tranquilina.

 En Morelos el peregrinar de los familiares de las víctimas por la justicia puede llevar años. Desde que su hija desapareció el caso pasó de Fiscalía en Fiscalía e incluso el expediente fue turnado al Estado de México, sin resultados.
“En Morelos ya no existe la carpeta de mi hija, porque ellos fueron a acampar a un pueblo del Estado de México, pero nunca regresan. Luego se localiza el cuerpo de su esposo en una cañada, desnudo. Se localizan sus objetos, la casa de campaña, pero de mi hija ni un solo objeto personal ni la ropa que llevaba. Levanto mi denuncia en Morelos, paso de Fiscal a Fiscal y ninguno hizo una investigación  adecuada. Después me preguntaba el asesor del Procurador que si yo a quién quería que investigaran, porque ellos ya no sabían”, narró.

Como Tranquilina, Angélica también ha tenido que esperar y llevar oficios de una oficina a otra, porque en la fiscalía no hay nadie que haga ese trabajo.

 “Las cifras que saca el Gobierno de  Morelos en el periódico no son reales, es peor; es difícil en Morelos la seguridad, por mi experiencia con las víctimas todos los días hay desparecidos”, indicó.

 Jacobo Dayán, especialista en Derechos Humanos y analista internacional, precisó que el caso de las fosas de Morelos, es un ejemplo más de los crímenes que se cometen en el país.
“Tenemos miles y miles de personas desaparecidas y el estado está enterrando personas. No se hace la búsqueda de los familiares, en el caso de Tetelcingo personas que fueron inhumadas, el ocultamiento de cadáveres también es desaparición forzada, esas personas por qué murieron. Si no hay expedientes, cómo se atreve el Estado mexicano a dar por concluido el caso y enterrar 117 casos”, dijo.
Dayán recordó la negativa del Gobierno de Graco Ramírez a entregar información sobre las fosas a los familiares de las víctimas.
“El Gobierno del estado de Morelos tiene que aclara qué pasó, porque no puede salí con que es un problema administrativo. Lo que tratan de hacer es meter la pata por delante y no enfrentar el problema”, finalizó.

 FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: SHAILA ROSAGEL.
LINK: http://www.sinembargo.mx/10-08-2016/3078091

Justicia en África… impunidad en México

By: Draco Dracul on 16:56:00 / comment : 0 , ,

Varios son los paralelismos entre la situación de violencia en México y la reciente sentencia de la Corte Penal Internacional en el caso Bemba.

 Jean Pierre Bemba, exvicepresidente de la República Democrática del Congo, fue recientemente sentenciado a 18 años de prisión.
Fue encontrado culpable de crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra cometidos en la República Centroafricana entre octubre de 2002 y marzo de 2003; en concreto por: asesinato, violación y saqueo. De acuerdo con el tribunal, los crímenes fueron perpetrados por las tropas del Movimiento de Liberación de Congo que eran dirigidas por Bemba quien “tenía la autoridad y control sobre las fuerzas que cometieron los crímenes”.
El juicio se centró en la responsabilidad de mando que se encuentra regulado en el Artículo 28 del Estatuto de Roma que da sustento a la Corte Penal Internacional:
El fallo del tribunal indica que Bemba era quien “efectivamente actuaba como comandante militar”; que “las fuerzas bajo su control cometían o estaban por cometer… asesinato, violación y saqueo”; que estos “crímenes son el resultado de las fallas de Bemba por ejercer el control adecuadamente”; que “tomó algunas medidas como reacción a las acusaciones públicas de crímenes…pero falló al tomar medidas en respuesta a acusaciones de crímenes reportados al interior”; que no “intentó genuinamente tomar todas las medidas necesarias y razonables dentro de sus capacidades para prevenir o reprimir la comisión de crímenes, como era su obligación”, en lugar de ello “su principal intención fue contrarrestar las acusaciones públicas y rehabilitar la imagen pública” del grupo armado; y por último, que “repetidamente falló en tomar genuinas y adecuadas medidas para prevenir y reprimir los crímenes, y someterlos a las autoridades competentes”.

 Es decir, Bemba fue encontrado culpable no por haber cometido u ordenado los ataques, sino porque no hizo lo suficiente por detener los patrones sistemáticos o generalizados de los crímenes que sabía, o de debía saber, estaban ocurriendo. ¿Suena familiar?

 La Fiscal de la Corte Penal Internacional, Fatou Bensouda, comentó que “una larga sentencia para Bemba debería disuadirá otros mandos militares de cometer crímenes similares”.

 Todo esto nos hace pensar en la situación mexicana. El caso Bemba puede ser un referente jurisprudencial importante para lo que ocurre en México. Recientemente, Open Society Justice Initiative (OSJI) presentó el informe Atrocidades innegables. Confrontando crímenes de lesa humanidad en México.

 Algunos de los hallazgos del reporte apuntan en la misma dirección: la responsabilidad de las autoridades al no hacer todo lo que está en sus posibilidades para intentar prevenir o reprimir los crímenes; mucho menos se ha hecho algo por terminar con la escandalosa impunidad que impera en estos casos; la reacción que han tenido distintos mandos ante hechos criminales que se han hecho públicos para decir que son hechos aislados y así intentar recomponer la imagen pública de las fuerzas del Estado.
Destacando algunas líneas del informe en relación a ello:
























Así de claro.
Se deben retomar con seriedad los múltiples informes que se han presentado sobre la crisis de violencia e impunidad que se vive en México.

 Las autoridades deciden si implementan las recomendaciones, como la realizada por OSJI: “la creación de una entidad de investigación internacional, con sede en México, que tenga el poder de investigar y procesar causas de manera independiente en materia de crímenes atroces y casos de gran corrupción… Este órgano también puede brindar asistencia técnica a la Procuraduría General de la República / Fiscalía y a la policía de investigaciones; desarrollar propuestas de reforma para el sector judicial para su consideración por parte del gobierno mexicano, el Congreso y el público; y elaborar informes públicos sobre el estado de las reformas del sector judicial y el estado de derecho en México”. O lo hará, tarde o temprano, la Corte Penal Internacional.

 FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: JACOBO DAYÁN.
LINK: http://aristeguinoticias.com/0607/mexico/mensaje-de-la-corte-penal-internacional-para-mexico-articulo-e-infografias/
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