(Actualizado) PF ejecutó a uno y cometió graves violaciones a derechos humanos en Apatzingán: CNDH

En su recomendación sobre el caso Apatzingán, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos resolvió que hubo “uso excesivo de la fuerza" en contra de cinco personas que fallecieron y cometió una ejecución extrajudicial en contra de otra.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) confirmó que integrantes de la Policía Federal cometieron graves violaciones a derechos humanos en Apatzingán, Michoacán, el pasado 6 de enero contra integrantes de autodefensas.

En su recomendación, la CNDH resolvió que hubo “uso excesivo de la fuerza” en contra de cinco personas que fallecieron y cometió una ejecución extra judicial en contra de otra.

“Hubo uso excesivo de fuerza que derivó en ejecución extrajudicial cometida en perjuicio de una persona, tripulante de la camioneta Acadia negra”, señaló la CNDH en su recomendación contra la Policía Federal presentada este miércoles 25 de noviembre.

En las pruebas periciales, se determinó que las personas que murieron durante los dos eventos estaban desarmadas.

De acuerdo con la CNDH, entre las 2:30 y las 7:40 horas del 6 de enero, 44 policías federales y 287 militares realizaron un operativo donde se encontraban en plantón de elementos de las autodefensas. En ese evento murió una persona en el estacionamiento de la Alcaldía de Apatzingán.

La CNDH explicó que en el primer evento se documentó la violación del derecho a la vida, debido al fallecimiento de una persona que fue atropellada; el derecho a la legalidad y seguridad jurídica, por la detención arbitraria de 5 personas no identificadas que se encontraban en el jardín ubicado frente al Palacio Municipal; el derecho a la integridad personal, por el trato cruel, inhumano y/o degradante, por las lesiones innecesarias que se infligieron a 8 personas detenidas.

Además se documentó la violación del derecho a la legalidad y seguridad jurídica, por la indebida procuración de justicia “derivada de las inconsistencias en el levantamiento del cadáver y las omisiones en el protocolo de necropsia de la persona fallecida”.

En el segundo evento, ocurrido entre las 7:41 y las 11:31 horas, perdieron la vida nueve personas: tres de ellas estaban en una pick-up blanca, cinco en una Acadia negra y el último dentro de un restaurante, aunque luego apareció afuera de un hospital.

En este segundo evento, se violó el derecho a la vida, por el uso excesivo de fuerza que derivó en la privación de la vida de 5 personas, así como la ejecución extrajudicial de una más, atribuible a policías federales.

También se acreditó la violación del derecho a la integridad personal, “por la dilación en la solicitud de auxilio para la atención médica prehospitalaria a 4 personas, atribuible a personal paramédico de la Policía Federal (…) además, por la inadecuada atención médica prehospitalaria de dos personas por dicho personal paramédico y una
atribuible a Protección Civil del Municipio de Apatzingán.

Por esa razón, la recomendación de la CNDH sobre el operativo realizado en Apatzingán es para la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), al gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, y al presidente municipal.

“A los titulares de la Sedena y de la CNS se les recomienda colaborar con la CNDH en la denuncia y queja que presente con motivo de la detención arbitraria de cinco personas que estaban en el jardín, de otras siete que dijeron haber sido detenidas por elementos de ambas instancias, así como por las lesiones innecesarias infligidas a una persona más, a quien se deberá reparar el daño.

“Al gobernador de Michoacán se le pide instruya la colaboración con la CNDH en la queja que presente con motivo de la omisión en el envío de fotografías relativas al levantamiento y necropsia de un cuerpo, por las omisiones en las necropsias de 10 personas, así como en la queja que presente por las irregularidades en la identificación de dos cadáveres y la inadecuada preservación de la cadena de custodia, al no embalar algunos indicios, evidencias o medios probatorios recabados en el lugar de los hechos.

“Se solicita al Presidente Municipal de Apatzingán, colaborar en la queja que presente la CNDH por la inadecuada atención médica prehospitalaria que se brindó a un adolescente, así como instruir que las ambulancias de protección civil cuenten con equipo y material médico”, indicó la CNDH.

#ViolacionesGraves a #DDHH consistieron en uso excesivo de fuerza, privación de la vida de 5 personas y #EjecuciónExtrajudicial de una más

— CNDH en México (@CNDH) noviembre 25, 2015

#CNDH solicita a Presidente Municipal #Apatzingán colaborar en queja por inadecuada atención médica prehospitalaria brindada a adolescente

— CNDH en México (@CNDH) noviembre 25, 2015

Horas después de que se presentó la recomendación, el comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia, explicó que están analizando el documento presentado por la CNDH para que, en su momento, puedan realizar precisiones sobre el mismo.

Señaló que las autoridades federales aceptan la recomendación por el abuso de fuerza y la ejecución extrajudicial. “Hemos instruido desde este momento a las áreas correspondientes abocarse la cumplimiento puntual de los puntos recomendatorios dentro de los plazos establecidos”, dijo.

Al ser cuestionado sobre si se suspenderá a los mandos involucrados en el caso Apatzingán, Sales Heredia respondió: “Lo que el punto recomendatorio señala en particular es que hay que colaborar con las instancias investigadoras y con la integración del procedimiento administrativo (indagatoria interna de PF) y es lo que haremos. Colaboraremos con la instancia investigadora que es la PGR y acataremos en sus términos, no solo lo que dice la propia CNDH, sino lo que determine la PGR”.

De acuerdo con la recomendación, desde el 20 de diciembre de 2014, un grupo de personas se encontraba en “plantón” en las inmediaciones de la Presidencia Municipal de Apatzingán, en protesta por el excesivo costo del suministro de energía eléctrica, la inseguridad prevaleciente en esa localidad, la disolución del “G250” y la omisión en el pago de sus salarios por los servicios prestados.

Tres días después, un grupo de autodefensas tomó las instalaciones de la presidencia municipal de Apatzingán para exigir la captura de los responsables de la muerte de Manolo, el hijo de Hipólito Mora, y la detención de Servando Gómez, La Tuta, líder del grupo de Los Caballeros Templarios.

Fue hasta el 6 de enero de este año, cuando el desalojo del Palacio Municipal ocasionó un saldo de al menos nueve personas muertas.


La recomendación de la CNDH:

  Recomendación CNDH Por Caso Apatzingan

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2015/11/federales-cometieron-una-ejecucion-extrajuduicial-y-graves-violaciones-a-derechos-humanos-en-apatzingan-cndh/

NOTA: EL POSTO ANTERIOR CON EL MISMO TITULO FUE BORRADO Y SUSTITUIDO POR ESTA VERSIÓN ACTUALIZADA.

LA DELINCUENCIA ORGANIZADA ES HIJA DE LA CORRUPCIÓN POLÍTICA: BUSCAGLIA

El fuero constitucional del que gozan legisladores y gobernantes es una protección que funciona como en tiempos de la Colonia, dice Buscaglia.

México carece de una política de Estado para atender las decenas de miles de casos de desaparición forzada que hay en el país y para los que no hay legislación que proteja a víctimas ni a los potenciales testigos de los crímenes.

Así, planteó ayer en un foro el investigador Edgardo Buscaglia, en el país está prácticamente cancelada la posibilidad de que la información sobre los perpetradores fluya hacia las investigaciones y, con ella, se pueda establecer el paradero de las víctimas.

Buscaglia participó ayer vía skype en el “Foro Internacional Sobre Personas Desaparecidas en México”, en el que insistió en que la Ley que se genere –en discusión en el Senado de la República– debe contar con programas integrales de protección a víctimas y a testigos; esto, dijo varias veces, para que puedan avanzar las indagatorias ahora detenidas por “el terror” que viven potenciales testigos.


Otro problema para la solución de los casos, agregó el experto en marco legal para el combate al crimen organizado, es el fuero constitucional del que gozan legisladores, Gobernadores y otros funcionarios para no ser procesados y que, dijo Buscaglia, funciona como el sistema de protección política vigente durante la Colonia.

“Tenemos que entender que la delincuencia organizada es hija de la corrupción política, y en la medida en la que sigan teniendo un sistema de protección de políticos a través de un fuero tan amplio, jamás podrán llegar a la verdad”, dijo.

“Una de las principales medidas que deben impulsar es limitar el fuero del que gozan estos legisladores y se les pueda procesar por delitos”, agregó.

En su participación, Buscaglia también insistió en que las familias se organicen para tratar de llevar los casos ante la Corte Penal Internacional, en lugar de la Corte Interamericana, debido, dijo el académico, a que esta segunda instancia carece “de dientes” y no puede ni girar órdenes de detención contra probables responsables.

Las recomendaciones, sin embargo, fueron desairadas por cuatro servidores públicos que llegaron a la inauguración del foro realizado en la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) Xochimilco y que, sin embargo, se fueron justo antes de que iniciara la ponencia de Buscaglia –conocido crítico de los “vacíos” del Estado mexicano ante el crimen organizado.

–¡Ya se fueron! –exclamaron desde su silla en el salón en el que se realizaba el foro algunas madres de víctimas mientras Buscaglia, a través de la pantalla, criticaba que los legisladores mexicanos dieran discursos en lugar de “llenar los vacíos legales”.


Se referían a la Senadora Angélica de la Peña Gómez, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado; Sergio Rochín del Rincón, presidente de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de la Secretaría de Gobernación; Mercedes Peláez, directora de Estrategias para la Atención de Derechos Humanos de la misma Segob; y Jorge Aguilar Montaño, director general de Promoción de Cultura de los Derechos Humanos de la Procuraduría General de la República (PGR).

“Desgraciadamente llegaron aquí la fauna de políticos, y en cuanto usted empezó a hablar, salieron volando, para no oír. Inmediatamente salieron y sólo llegaron para que nosotras pudiéramos escuchar su discurso, ya sabe”, dijo al micrófono Julia Alonso, integrante de la organización de familias de víctimas Ciencias Forenses, que busca generar un banco de datos sobre casos.

“Saben que les íbamos a decir todo lo que tienen que hacer”, dijo Teresa Vera, hermana de Minerva Vera –desaparecida en Oaxaca en 2006–, entrevistada por este medio al final de la ponencia. “Pero nosotros solicitamos que esté la autoridad presente, para que escuchen nuestras necesidades”, agregó la también integrante de la Plataforma de Víctimas de Desaparecidos de México.

La única funcionaria que regresó al término de la ponencia de Buscaglia, y para presentar sus datos, fue Peláez, que dijo haberse ausentado para atender “precisamente un caso”. En su exposición, la funcionaria planteó que –de los más de 26 mil casos de desaparición que, se estima, existen en el país– la dependencia a su cargo “acompaña” actualmente mil 348; es decir, un 5.1 por ciento.


“JUSTICIA INEXISTENTE”

Los servidores públicos tampoco escucharon las quejas de familiares que, a lo largo del foro, expusieron la total impunidad en la que se encuentran los casos y los diferentes obstáculos que enfrentan en las agencias del ministerio público.


Tita Radilla Martínez, de la Asociación de Familiares de Detenidos, Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a Derechos Humanos, participó como ponente y planteó que la inoperancia de las instituciones del país es tal que, a cinco años de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sentenciara al Estado mexicano por la desaparición, en los años 70, de su padre Rosendo Radilla, la investigación sigue sin avances.

“Este caso ilustra claramente cómo se ha negado a las víctimas de la desaparición forzada el acceso a la justicia; asimismo, ha servido para demostrar que en nuestro país la justicia es inexistente, permitiéndonos tener acceso a los tribunales internacionales, porque pues aquí no están haciendo nada”, dijo Radilla.

“Pero, como decía el ponente, no tiene dientes la Comisión Interamericana, porque a cinco años de emitida la sentencia, no hay ninguna pista no hay nada en cuanto a la investigación”, agregó.

La impunidad e incluso la obstaculización de las indagatorias por parte de las autoridades, sobre todo la exigencia de esperar 72 horas para que inicien los trabajos de búsqueda, fueron los temas comunes planteados tanto por investigadores como por víctimas.

“Yo quiero denunciar a Juan Antonio Ferrer, director del Centro de Atención a Personas Extraviadas y Ausentes de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (Capea), y a su equipo, porque quieren hacer el trabajo de coordinar la atención desde el escritorio”, dijo una madre de familia cuya hija se perdió en agosto en esta capital y que, por temor a represalias, pidió no revelar su identidad.

En el mes y medio que lleva buscando a su hija, agregó, ha sido ella quien ha tenido que recorrer el lugar de los hechos, rogado por pesquisas y oficios para poder revisar, ella, los videos de las cámaras de Seguridad Pública en la zona donde ocurrió el extravío. Videos que, por lo demás, explicó, eran inservibles y carecían de nitidez para poder hacer identificaciones.

“Se da uno cuenta de la falta de sensibilidad y capacidad téncica para investigar, la falta de voluntad, de diligencias, y de que, pese a que existen varias instancias en el Gobierno federal con funciones parecidas, no se coordinan”, dijo la madre de familia en entrevista con este medio.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: SANDRA RODRÍGUEZ NIETO.
LINK: http://www.sinembargo.mx/30-09-2015/1502710

Ayotzinapa: Por acción u omisión, servidores públicos delinquieron

MÉXICO, D.F: Existen elementos para sancionar administrativa y penalmente a los involucrados en la fallida indagatoria sobre la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, y las sanciones pueden ir desde la inhabilitación vitalicia para desempeñar el servicio público hasta 10 años de cárcel, afirman abogados consultados por este semanario.

El 7 de noviembre de 2014 el exprocurador Jesús Murillo Karam presentó la versión de la PGR, apoyada en declaraciones de cinco sicarios. El pasado 27 de enero la elevó a verdad histórica, supuestamente con base en los estudios de fuego y explosivos realizados por los peritos de la PGR Marcos Soto Villalobos, ingeniero en comunicación y electrónica, y Moisés Moreno Gallegos, con estudios inconclusos de ingeniería civil y arquitectura.

El estudio de las plantas y larvas es de Mauricio Cerón Solana, entomólogo del Instituto de Biología de la UNAM y subdirector de Genética Forense de la procuraduría.

El pasado domingo 6, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dio a conocer que la indagatoria de la PGR está plagada de irregularidades en todos los peritajes.

Por ese motivo, los expertos independientes pidieron reorientar cada hipótesis del informe: “No sabemos si se podrá determinar el destino de los desaparecidos, pero sí creemos que es el único modo de poder llegar a la verdad sobre el caso y acabar con la impunidad”.

Horas después de que se presentó el informe, la procuradora Arely Gómez anunció que se realizaría un nuevo peritaje; pero al día siguiente Tomás Zerón, director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la PGR, afirmó que la postura oficial se mantenía y que el dictamen del CIEI no implicaba que se abriera otra línea de investigación.

Para Daniel Márquez Gómez, experto en función pública adscrito al Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la UNAM, el informe del GIEI hace una presunción muy sólida de que en la investigación se cometieron irregularidades que violan la Ley Orgánica de la PGR, la de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Púbicos y la Federal de Responsabilidades, así como protocolos en manejo de evidencia y técnicas básicas de peritación, además del Código Penal Federal.

“Estamos frente a deficiencias en la integración de la investigación, en peritajes; hay diligencias que no se realizaron. A partir de aquí, la visitaduría de la PGR tendría que abrir una investigación, documentar todas estas irregularidades. Habría por lo menos tres clases de responsabilidades claramente identificables.”

La primera de ellas, dice, les atañe a funcionarios de alto rango, como secretarios de Estado y directores, como los titulares de la AIC y de la SEIDO, y consiste en juicio político, responsabilidad administrativa y una violación al artículo 8 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, además de responsabilidad penal vinculada a colusión de servidores públicos u obstrucción de la justicia.

–¿Para fincar responsabilidades es suficiente el informe del GIEI de la CIDH?

–Sí, es una presunción muy sólida de que existe en la investigación un manejo deficiente, desaseado, inadecuado; de que hay complicidades, encubrimiento.

Por una parte, dice que el informe tiene validez porque “el propio Estado mexicano fue el que solicitó la coadyuvancia, y por otra parte México es parte de la Organización de Estados Americanos (OEA, a la que pertenece la CIDH) y está sujeto a su orden jurídico.

Considera importante que la OEA despliegue su diplomacia para que el Estado mexicano cumpla sus responsabilidades:

“Difícilmente se puede valorar el papel que hicieron los expertos de la CIDH si se empieza a generar ruido para descalificarlos, cuestionar el informe o su mandato legal –apunta el académico–. Creo que hay que darnos una oportunidad. Guatemala para nosotros es un buen ejemplo. Allá, un grupo de expertos independientes de la ONU hizo una investigación sobre corrupción y ya vimos las consecuencias: a un expresidente corrupto en la cárcel, sujeto a un posible juicio, y un pueblo que empieza a confiar en sus instituciones. Habría que valorarlo aquí también.”

A decir de Márquez Gómez, la CIDH abrió un paréntesis para revisar tres problemas estructurales: la manera en que se investigan los delitos, la forma en que se construyen las supuestas verdades históricas y una oportunidad para mejorar esos esquemas.

Indica que la Ley Orgánica de la PGR delimita el papel de todos los participantes en la investigación: el MP, el policía como auxiliar del MP que se ocupa de averiguar ilícitos y los procesos vinculados al desempeño eficiente de un empleo, cargo o comisión.

–¿La sanción se aplica aunque exista falta de capacidad para investigar?

–Por lo que haya sido: falta de capacidad o dolo. Pero en caso de que se probara el dolo, lo que pondría en evidencia serían ilícitos de naturaleza penal. Y aquí, por lo que destacan los expertos, el dolo es evidente: encontraron evidencia, como ropa, no integrada a actuaciones, que apenas se mandó a Innsbruck para su peritaje. Tampoco se investigó la línea que apuntaba a la posible participación de militares. Todo es demasiado evidente como para ignorarlo.

–¿Qué consecuencias jurídicas tiene la proclamación de la versión de Murillo Karam como “la verdad histórica”?

–En principio es una afirmación temeraria. La verdad histórica sólo la fija el juez una vez que valoró evidencia. Lo de Murillo Karam fue precipitado. También se toma en una segunda dimensión, que pone en evidencia la prisa por cerrar el expediente, y quizá tendrá que indagarse si se quiere buscar la responsabilidad de los servidores públicos que hayan incurrido en las omisiones y comisiones de delito en el caso Ayotzinapa.

–¿El Estado mexicano no tiene la voluntad de esclarecerlo? El titular de la AIC, Tomás Zerón, afirma que nada cambia el rumbo de la investigación.

–Esta es una cuestión de incumplimiento fuerte de la Ley. En esto también tiene responsabilidad la actual procuradora, Arely Gómez, porque a su llegada pudo ordenar los peritajes a la ropa y llamar a los militares, pero tampoco lo hizo. Se puede tipificar, entre otras conductas, la obstaculización de la administración e impartición de justicia.

“El procurador, el subprocurador, los directores, los peritos como auxiliares de la investigación de los delitos, el MP, cada uno tiene una obligación. Por eso cuando los padres de los jóvenes afirman que fue un crimen de Estado, tienen razón. En el caso Ayotzinapa, reconocemos como un hecho indubitable que la investigación se hizo mal. Por ejemplo, aparecen peritajes de una persona experta en informática haciendo un peritaje sobre el incendio.”

–¿Considera que la responsabilidad jurídica puede llegar al presidente Enrique Peña Nieto?

–En este país se dice que el presidente es el hombre mejor informado, pero muchas veces lo está a través de tres personas, lo que me lleva a pensar que posiblemente no esté tan bien enterado. Si el presidente sabía y no actuó en consecuencia, estaríamos en un caso como el de Guatemala: en un grave problema.

Entrevistado aparte, el abogado Porfirio Martínez, miembro de la Asociación Civil Mexicanos Unidos, opina sobre este último punto:

“De acuerdo con el artículo 108 constitucional, el presidente de la República, durante el tiempo de su encargo, podrá ser juzgado por traición a la patria y delitos graves del orden común. Aquí hablamos de desaparición y homicidio, de ocultar evidencias, tergiversar una investigación, no decir la verdad.”

Y todavía habría que analizar la responsabilidad que le resulte a Peña Nieto por no haber sancionado a Murillo Karam cuando se mostró que sus conclusiones no eran verdaderas:

“Como jefe de Estado, al tener conocimiento de la ‘verdad histórica’ llena de graves mentiras y errores, la avaló como versión de su gobierno. Por eso Peña Nieto incurre en colusión, encubrimiento o coparticipación.”

En cuanto a los altos funcionarios, señaladamente Murillo Karam, pueden haber ejercido indebidamente el servicio público, lo que conlleva una pena de dos a siete años de prisión (artículo 214). También puede imputársele un delito contra la administración de justicia, como aparece en el artículo 225, fracción VIII, es decir, que retarde o entorpezca la administración de justicia maliciosamente o por negligencia.

Y en la fracción 21, dicho artículo sanciona los actos de “alterar, destruir, perder o perturbar indistintamente el lugar de los hechos, los indicios, huellas”, mientras que la siguiente prevé las penas por desviar u obstaculizar la investigación de hechos delictuosos a favor del inculpado y se sustraiga a la acción de la justicia… Para esos delitos se prescriben de tres a ocho años de cárcel, y las últimas fracciones son de cuatro a 10 años de prisión”.


“Lo cierto es que el Estado mexicano está acorralado por la verdad científica”, concluye Martínez.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: PATRICIA DÁVILA.

Iguala: la noche del horror minuto a minuto

Durante 11 meses de investigación sobre los hechos del 26 de septiembre de 2014 –con apoyo del Programa de Periodismo de Investigación de la Universidad de California en Berkeley–, se han obtenido decenas de testimonios, videos, fotografías, audios y miles de fojas de expedientes de la Fiscalía General de Guerrero y de la PGR. Con esta información se han reconstruido hechos, como los que aquí se narran,  que hasta ahora ninguna instancia ha tomado en cuenta, como el tiroteo de media hora contra uno de los autobuses en los que viajaban los normalistas de Ayotzinapa o la presunta participación de agentes encubiertos del Cisen en una de las muchas agresiones de esa trágica noche.

MÉXICO, D.F: Fernando Marín estaba en el suelo, junto al autobús Estrella de Oro, bañado en su propia sangre, sometido como sus compañeros de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos. El disparo que recibió minutos antes le destrozó el antebrazo derecho. La herida aún estaba caliente y todavía no dolía tanto.

“¿Sabes qué? ¡Te vas a la chingada!”, le espetó un policía estatal. “¡Mátalo de una vez!”, lo alentó en el anonimato de la calle desolada otro uniformado. En ese momento Carrillas, como lo apodan en la Normal de Ayotzinapa, sintió el metal del arma en la sien izquierda. Eran casi las 22:30 horas del 26 de septiembre de 2014 y en ese punto, la calle Juan N. Álvarez, a pocas cuadras del centro de Iguala, estaba desierta.

Policías estatales y municipales, así como civiles armados, tenían acorralados a tres autobuses en los que viajaban estudiantes de la normal de Ayotzinapa, en esa calle casi esquina con Periférico. Unas cuadras atrás, la Policía Federal (PF) desviaba el tránsito y a los curiosos.

El policía estatal quitó el arma de la cabeza de Carrillas y llamó a una ambulancia. Lo último que vio el normalista antes de que lo llevaran al hospital, dice en entrevista, fue a sus compañeros del camión Estrella de Oro, el número 1568, sometidos, en el suelo. No los ha vuelto a ver. Todos están desaparecidos.

Hasta las 23:00 horas el trato a los estudiantes fue uno: la policía envió a los heridos al hospital, dice a los reporteros Vidulfo Rosales, abogado de los normalistas y de los padres de los 43 desaparecidos. Pero después “hubo una decisión, que no sé de dónde vino, de borrar toda huella que hubiera de los estudiantes. Y a partir de ahí vienen la segunda agresión y la cacería”.

17:59. Salida de Ayotzinapa

La tarde del 26 de septiembre de 2014, Fernando Marín se encontró en las canchas de la escuela a su amigo Bernardo Flores Alcaraz, Cochiloco, quien lo invitó a ir a un “boteo” y por unos camiones para acudir a la marcha del 2 de octubre en la Ciudad de México.

Desde que salieron de la escuela en los autobuses Estrella de Oro números 1568 y 1531, todos los niveles de gobierno fueron notificados por el Centro de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo (C4) de Chilpancingo, según la tarjeta informativa 02370 de la Secretaría de Seguridad Pública de Guerrero. La maquinaria del Estado se echó a andar.

El autobús 1531 paró en la comunidad Rancho del Cura, y el 1568, donde iban Carrillas y Cochiloco, continuó hasta la caseta Iguala-Puente de Ixtla. Ahí llegaron patrullas de la PF y de la Secretaría de Seguridad Pública estatal y también una motocicleta roja con un tripulante. El coronel José Rodríguez Pérez, comandante del 27 Batallón de Infantería, reveló ante la Procuraduría General de la República (PGR) que hay un grupo –el Órgano de Búsqueda de Información– cuyos integrantes visten de civil (Proceso 2027). Dijo que esa noche mandó uno a la caseta.

Cuando Carrillas vio las patrullas pensó que ya no iban a conseguir más camiones. Estaban a punto de darse por vencidos y regresar a Ayotzinapa, cuando recibieron la llamada de los estudiantes del autobús 1531 para avisar que algunos compañeros estaban atrapados en la central camionera.


(Fragmento del reportaje que se publica en la revista Proceso 2029, ya en circulación)



FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ANABEL HERNÁNDEZ/ STEVE FISHER.

Mal archivados y ‘perdidos’, documentos del 68 y la Guerra Sucia

MÉXICO, D.F: Parte de los informes de inteligencia del gobierno mexicano durante el Movimiento del 68 y la Guerra Sucia están “extraviados”.

Los documentos sobre crímenes durante esas etapas de la vida del país carecen de clasificación ya que están mal archivados, de acuerdo con el diario Reforma.

La publicación precisa que durante el mes de agosto se resolvió una serie de recursos de revisión contra la Procuraduría General de la República (PGR), sobre solicitudes de cifras de homicidios, tortura y desapariciones forzadas desde 1960 a la fecha.

La dependencia respondió que la información no se encuentra en sus archivos.

Sin embargo, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos (INAI) ordenó a la PGR buscar en los archivos que la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp) entregó a la Dirección General de Investigaciones de la Procuraduría.

El comisionado Francisco Javier Acuña Llamas, del INAI, recordó en entrevista que en julio de 2014 la PGR advirtió que el envío de datos de la Femospp presentó irregularidades y hay expedientes que se quedaron en la Galería Uno del Archivo General de la Nación (AGN).

En aquella ocasión el particular se inconformó con una respuesta de la PGR a cifras de delitos cometidos durante la llamada Guerra Sucia, toda vez que éstos no coinciden con los del AGN.

Acuña Llamas advirtió de que no hay garantía de que la información que se encuentra en el AGN se hubiese clasificado correctamente.

“Hubo envíos que no fueron ordenados porque por decreto presidencial fueron enviados allá como si fuera un cajón o una bodega y así llegaban cajas y cajas, entonces tampoco el Archivo… quizá no ha podido ordenar todos los fondos que le fueron depositados de forma tan arbitraria y tan descomedida”.

Los archivos de la Femospp incluyen información reservada en poder de la Secretaría de Gobernación (Segob) y resguardada en el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) en su archivo histórico, agrega el diario Reforma.


También mil 653 legajos entregados por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), 15 expedientes de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y dos más de la Dirección General de Derechos Humanos.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Gobernador de Guerrero presume que consiguió 50 mdp para Ayotzinapa

CHILPANCINGO. Gro. (apro).- “Orgulloso de apadrinarlos”, expresó el gobernador provisional Rogelio Ortega Martínez, luego de que el semanario Proceso dio a conocer que el mandatario destinó más de un millón de pesos del erario para subsidiar el festejo y comprar trajes, anillos y regalos para la generación de egresados de la normal de Ayotzinapa.

A través de su cuenta personal de Twitter, Ortega recordó que la fiesta de graduación de sus ahijados será el próximo sábado 18 y enseguida emitió el siguiente comentario para este reportero:

“Te quedaste corto Cheque. Conseguimos 50 millones de pesos para Ayotzinapa, en fondos y proyectos concursables. Vamos bien”, expresó el gobernador, quien se ha caracterizado por entregar dinero y prebendas a las organizaciones sociales que exigen justicia por el caso Ayotzinapa como estrategia para desactivar el movimiento.

De esta forma, Ortega confirmó públicamente que fue elegido por los 117 estudiantes que conforman la generación 2011-2015 que lleva por nombre “Sangre, resistencia y esperanza”.

Hasta el momento, los integrantes del comité pro clausura de la normal de Ayotzinapa han guardado silencio ante el hecho de que el gobernador Ortega será el padrino de esta generación.

El texto publicado en Proceso bajo el título Ayotzinapa: el gobernador, padrino de conveniencia, se puede leer en la siguiente dirección:http://www.proceso.com.mx/?p=410147

Fuente: Proceso

Autor: Ezequiel Flores Contreras

Exigen a Duarte investigar agresión contra universitarios

XALAPA, Ver: Académicos de la Universidad Veracruzana exigieron al gobernador Javier Duarte y a la Fiscalía General del Estado (FGE) investigar la agresión perpetrada el viernes pasado por un grupo de encapuchados contra ocho alumnos de la UV, quienes se encontraban en una cuartería de la calle Herón Poal, localizada a una calle de la sede del PRI estatal.

En el comunicado se destaca que tras el ataque debieron ser hospitalizados tres de los jóvenes por distintas fracturas, pérdida de dientes, policontusiones y, uno de ellos, con traumatismo craneoencefálico.

Sin embargo, el pronunciamiento no fue respaldado por la rectora Sara Ladrón de Guevara, quien ha sido blanco de críticas en redes sociales por su pasividad ante la acción.

En rueda de prensa Alejandro Saldaña, de la Facultad de Contaduría y Administración, leyó el documento de repudio a los actos de represión que, sostuvo, fueron originados desde el gobierno estatal.

“Exigimos una línea de investigación clara y sin cortapisas, pues la magnitud de los hechos requiere una respuesta institucional a la altura de las circunstancias. Instamos y exigimos a la autoridad estatal para que sean dadas a conocer las líneas de investigación que se siguen para el esclarecimiento de este caso”, expresan más de 70 profesores en el pronunciamiento.

Incluso, lunes y martes grupos de estudiantes se concentraron afuera del edificio A y B de Rectoría, en señal de protesta por la brutal agresión del viernes 5, pero también han manifestado su preocupación por otros hechos de violencia e inseguridad que se han suscitado en los alrededores del campus universitario.

Apenas el lunes por la tarde-noche, unas 500 personas, entre estudiantes y profesores de la Facultad de Humanidades, del Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales, activistas y anarquistas, salieron a las calles a protestar por los hechos, el grito popular fue: “Si nos tocan a uno, nos tocan a todos”.

Las protestas llegaron hasta el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), la sede del PRI, Diario de Xalapa, oficinas de la SSP, palacio de gobierno y rectoría de la UV.

Pese a que hay dos distritos electorales donde no hay un claro ganador (Veracruz urbano y Papantla), los consejeros del INE decidieron suspender la instalación del consejo permanente y abandonar el inmueble para evitar ser blanco de las protestas de estudiantes, así como garantizar la seguridad del personal.

Al paso de la manifestación, un grupo de anarquistas destruyó las luminarias del INE y dañó paredes y puertas. En el PRI repitieron el mismo operativo.

Sobre avenida Ávila Camacho, los encapuchados rompieron las ventanillas de una patrulla de la Policía Vial en movimiento, aunque el hecho fue reprobado por catedráticos universitarios, quienes solicitaron a los estudiantes matriculados “desmarcarse” de los anarquistas.

En la marcha se gritaron consignas en contra del gobernador priista Javier Duarte; el secretario de la SSP, Arturo Bermúdez, y la rectora Ladrón de Guevara, quien apenas ayer acudió de forma exprés a visitar a los estudiantes agredidos.


En el transcurso de la movilización destacaron las consignas: “No somos todos, faltan los golpeados”, “No somos infiltrados, somos un pueblo encabronado” y “No más violencia”.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: NOÉ ZAVALETA.

‪#‎FreeNestora‬. Ayotzinapa: omisión criminal

MÉXICO, D.F: La indolencia de Enrique Peña Nieto y todo su equipo de seguridad nacional no tiene límites. Insensibilidad o componenda pero a fin de cuentas un único resultado: impunidad que abona a desapariciones forzadas, asesinatos, levantones, persecución y abusos, por decir lo menos.

Desde hace seis meses, justo el 29 de octubre, el presidente de México, Peña Nieto; el titular de Sedena, Salvador Cienfuegos Zepeda, y el comisionado nacional de seguridad, Monte Alejandro Rubido, sabían que en Chilapa, Guerrero, iban a desaparecer jóvenes en contra de su voluntad.

Lo supieron cuando don Clemente Rodríguez Moreno, padre del estudiante de 19 años, Cristian Alfonso Rodríguez Telumbre, les informó, primero, y reclamo después, que algunos de los desaparecidos de la Normal Rural de Ayotzinapa habían sido vistos por los rumbos de Chilapa.

Y debió pasar un mes de la desaparición forzada de los 43 estudiantes para que Peña Nieto se dignara a recibir a los padres en Los Pinos. Ahí, don Clemente Rodríguez le narró lo que apenas tres días antes le comentó una vieja conocida de la familia.

“Nosotros pensamos que ya había regresado tu hijo porque el otro día pasó una camioneta por acá, por Tuxtla, rumbo a Chilapa, una camioneta de redilas, y su hijo me dijo adiós”. “¿Lo vio solo o con quién?”, preguntó enseguida don Clemente.

La mujer aclaró: “No, iba llena de muchachos, y atrás de ellos iba otro carro grande”.

Don Clemente no pudo explicar en aquellas cinco horas de su encuentro con Peña Nieto quién pudo haber trasladado a los jóvenes hacia Chilapa, pero sí le exigió que buscaran por ahí, y lanzó como hipótesis la participación del grupo delictivo de Los Rojos, según publicó Proceso en su edición 1983, de noviembre pasado.

Transcurría apenas el primer mes de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.

El gobierno federal y su comandante en jefe, Enrique Peña Nieto, no hicieron nada al respecto. Por lo menos oficialmente nada se supo de alguna búsqueda por la zona. Sí, en cambio, una semana después, el 7 de noviembre, el gobierno federal priista intentó convencer a padres y sociedad en general que los muchachos habían sido “quemados en una pila” con llantas y diesel.

En aquella ocasión nadie le creyó a Jesús Murillo Karam, entonces procurador general de la República y quien lo mismo tiene la capacidad de indagar la desaparición de jóvenes que de presentar un análisis sobre las nuevas viviendas que recibirán los afectados por el tornado en Ciudad Acuña, Coahuila.

Seis meses después de que los padres de Ayotzinapa alertaran a Peña Nieto y al equipo de seguridad nacional que algo grave sucedía en Chilapa, vino otro evento llenando nuevamente de indignación a los mexicanos: la desaparición de 30 jóvenes de entre 25 y 30 años en el municipio de Chilapa.

Durante cinco días, a partir del sábado 9 de mayo, un grupo delictivo local se dedicó a catear casas y levantar jóvenes,  ante la mirada de elementos de Seguridad Pública, aparte de mofarse de los militares, quienes tienen retenes ahí, y todo ello como parte de la lucha que mantienen las bandas delictivas de Los Rojos y Los Ardillos por el control de la zona por ser un lugar de paso para el trasiego de la droga.

Lo ocurrido el 26 de septiembre de 2014 se pudo evitar lo mismo que lo sucedido el 9 de mayo en Chilapa. Sin embargo, la complicidad, inacción, omisión, indolencia e insensibilidad de algunas autoridades federales, estatales y/o municipales no hace sino abonar a que ello siga ocurriendo.

A Peña Nieto –un hombre que gusta de jugar golf tres veces por semana, que se levanta pasadas las diez de la mañana y que ahora, ante el temor de un ataque, ya no sólo tiene al edecán militar a sus espaldas en cada acto público, sino que además incluye a un elemento castrense camuflado en los presídium– no parece importarle lo que le suceda a los jóvenes. Su único fin parece ser el disfrute, actuar como un sibarita bien protegido.

Saber de su acceso a lo más caro mientras otros no pueden tener caso nada, parece ser el deleite de Peña Nieto y su equipo, incluyendo, por supuesto, el lujo de la seguridad y la evasión a la muerte.

Al sibarita de Peña Nieto don Clemente le narró ese 29 de octubre en Los Pinos cómo fue que ante su incredulidad por el dicho de su amiga, todavía le preguntó: “A lo mejor se equivocó”.

La mujer le respondió, “cómo cree, si yo conozco rebien a su hijo y él a mí, pues hasta me dijo adiós”.

Ese día don Clemente dijo en Los Pinos que termino creyéndole a su amiga. Y también expresó: “A mí me hace pensar que se lo llevaron por Chilapa porque allá hay muchos pueblos, y creo que por allá han de estar, porque ahí en Chilapa esta la mera plaza de Los Rojos. Es la base de ellos; como en Iguala, la de Guerreros Unidos. Los rumores de la gente que va para Chilapa es que ven gente armada y los militares a un lado, o sea, con ellos, haciéndose como que no ven. Yo no sé si están involucrados o están recibiendo dinero o alguna cuota”.

El 26 de octubre pasado, la amiga de don Clemente le dijo que hacía “dos semanas” había visto a su hijo camino a Chilapa, custodiado por otros vehículos. Es decir, 15 días después del 26 de septiembre.

Todo esto se narró a Peña Nieto, e incluso el padre de familia le reclamó: “¿Cómo es posible que no puedan entrar y que el Ejército está a un lado y los delincuentes, Los Rojos, estén ahí. ¡Voy a creer que no se den cuenta de que está el enemigo ahí!”.


A Peña Nieto le recriminaron, le pidieron que fueran a Chilapa pero no actuó. Sólo seis meses después, cuando de nueva cuenta desapareció una treintena de jóvenes de los cuales se sabe el nombre de 16, el sibarita del presidente decidió actuar… demasiado tarde.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JESUSA CERVANTES.