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«México es responsable» de la desaparición del zapatista Antonio González, sentencia Corte IDH

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) declaró a México «responsable internacionalmente por la desaparición forzada cometida en perjuicio de Antonio González Méndez», base de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), desaparecido por el grupo paramilitar Desarrollo, Paz y Justicia el 18 de enero de 1999, en el marco de la contrainsurgencia en Chiapas.

«Es un día histórico para el movimiento zapatista, para la familia de Antonio y también para las víctimas del terrorismo de Estado ejercido por el gobierno mexicano en la época de los 90. La Corte deja en claro que el Estado emprendió una estrategia de contrainsurgencia y que esas prácticas generaron los grupos paramilitares que eventualmente desaparecieron a Antonio», dijo a Desinformémonos Emiliano, del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba).

AMLO pide no culpar al Ejército de acciones indebidas, que avergüenzan y manchan a México

“Fueron ordenadas por las autoridades civiles” asegura el presidente, sin referirse directamente a la matanza del 68 o el Halconazo, durante la conmemoración del Día del Ejército Mexicano.

Ante las críticas que ha recibido su gobierno por la creación de la Guardia Nacional y el uso de las fuerzas armadas en labores que corresponden a autoridades civiles, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió no culpar al Ejército Mexicano “de acciones indebidas” que avergüenzan y manchan la historia de México.

Exigen investigación internacional sobre crímenes “atroces” cometidos al amparo del poder en México

Organizaciones de derechos humanos demandaron la intervención internacional para que se investiguen casos de “crímenes atroces” cometidos por la delincuencia organizada con la presunta protección de autoridades municipales o estatales.

En México parece haber un patrón en el que crímenes perpetrados por los cárteles de la droga se han cometido en colusión con funcionarios corruptos, señala el informe “Corrupción que mata”, elaborado por un grupo de organizaciones no gubernamentales con el patrocinio de Open Society Justice Iniciative, un programa de la fundación Open Society.

En Nochixtlán, crimen de lesa humanidad, acusan víctimas

Víctimas de Nochixtlán y sus familiares consideran que la Procuraduría General de la República (PGR) ha infravalorado el caso y ha pretendido transformar una tragedia colectiva, en la que los agentes del Estado tuvieron responsabilidad, en una serie de delitos comunes.

El 19 de enero se cumplirán siete meses del desalojo de protestas de profesores de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y sus simpatizantes, en el que participaron policías estatales y federales y que terminó en represión con diez muertos y un centenar de heridos en ese poblado de Oaxaca. Y hasta ahora no ha habido ningún avance en la investigación, sólo promesas, dice Juana Ramón Solís, presidenta del Comité de Víctimas de Nochixtlán.

Un grupo de víctimas y familiares, acompañados por abogados y el ombudsman de Oaxaca, Arturo Peimbert, entregaron ayer en la PGR una petición dirigida al procurador Raúl Cervantes. Le exigen que la investigación se haga a partir del reconocimiento de que ellos son víctimas de un crimen de lesa humanidad.

Queremos volver a creer en las instituciones, aunque hasta ahora dejan mucho qué desear, dijo Solís tras entregar el documento en una ventanilla. Exigimos a la PGR que cumpla con la función para la que fue creada.

El texto dirigido al procurador, con más de 80 firmas, dice: Venimos a exigir que se nos reconozca el carácter de víctimas de un crimen de lesa humanidad, como consecuencia del ataque generalizado o sistemático en contra de la población civil de Asunción Nochixtlán, derivado de un operativo pajeado y ejecutado por funcionarios como el ex gobernador oaxaqueño Gabino Cué, el ex comisionado de la Policía Federal, Francisco Galindo Ceballos, y 850 policías federales y estatales.

Exigimos que se reconduzca la investigación con apego a los principios constitucionales del sistema acusatorio adversarial y que la PGR adopte criterios de autonomía e independencia para investigar.

El objetivo de que se reconozca esta calidad, señaló Francisco Acevedo Castro, uno de los abogados del grupo, es que tanto las víctimas directas como indirectas de los hechos de Nochixtlán tengan acceso a un debido procedimiento de investigación, que puedan estar representados por asesores jurídicos y que se les garantice que se aplicarán los convenios y tratados internacionales aplicables al caso.

Hizo énfasis en que no están buscando indeminzaciones económicas, sino que se cumpla con la ley, según los estándares internacionales, y se dé con los responsables.





Fuente: La Jornada
Autor: Arturo Sánchez Jiménez
http://www.jornada.unam.mx/2017/01/14/politica/011n1pol

Cinco crímenes sobre el presidenciable Osorio Chong

Se han convertido en su herencia. Los crímenes de Estado de la era Peña Nieto le han caído como una loza de granito al flamante presidenciable, el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y tal vez se conviertan en su pase a semifinales.

Tlatlaya, Ayotzinapa, Tanhuato, Apatzingán y Nochixtlán perseguirán el resto de sus días a Osorio Chong y serán un elemento definitorio para sacrificarlo en la carrera por la candidatura priísta a la Presidencia.

Así de claro. Osorio Chong no pudo o sencillamente no quiso resolver o mínimamente permitir a las víctimas tener acceso a la justicia. Despreció y violentó sus propias leyes e incluso la Constitución.

Los cinco crímenes de Estado siguen impunes: dos con participación directa del Ejército mexicano y los últimos tres con la actuación criminal de la Policía Federal. Ningún agente del Estado ha sido castigado por la barbarie de ejecutar arbitrariamente a civiles. Así lo ha decidido el Secretario de Gobernación, Osorio Chong, y su equipo más cercano de colaboradores, encargados a la tarea de ir tapando los horrendos crímenes de militares y policías.

Y es que el señor Osorio Chong nos ha dejado claro que las Fuerzas Armadas tienen licencia para ejecutar, torturar y desaparecer, al igual que la Policía Federal una entidad paramilitar que igual encabeza la industria del secuestro como matanzas, estilo Tanhuato o Nochixtlán.

Hagamos un recuento de los crímenes para ver las cinco lozas de granito que perseguirán a Osorio Chong el resto de sus días. He cubierto los cinco crímenes de Estado y tengo conocimiento de primera mano sobre estos hechos.

Empecemos con Tlatlaya, la matanza de 22 personas cometida por militares en ese lugar del Estado de México el 30 de junio de 2014, sigue impune. El pasado 30 de noviembre, el Supremo Tribunal Militar determinó la absolución de los militares asesinos y sólo condenó a un año de prisión a un militar de bajo rango por el delito de “desobediencia”.

Ya saben ustedes que los militares no pueden ser juzgados por las leyes civiles, por eso las violan constantemente. Ellos están por encima de la Constitución. Son unos privilegiados, ciudadanos “especiales” porque pueden cometer todo tipo de crímenes y casi siempre quedarán impunes.

En el caso Tlatalaya, Clara Gymez González, una de las sobrevivientes de la matanza solicitó al tribunal militar que le reconocieran su calidad de víctima y así tener acceso al proceso castrense contra los militares. ¿Y qué creen que le contestó el tribunal militar? Pues obviamente que no. A ellos no les importan las víctimas, solo los verdugos vestidos de verde oliva, para protegerlos.

Continuemos con nuestro recuento de los cinco crímenes que perseguirán a Osorio Chong por haberse encargado de darles “carpetazo”, falso, pero al fin carpetazo.

El caso Ayotzinapa sigue impune y estancado. Osorio Chong ha sido partícipe de esta impunidad gracias a la protección que el Estado brindó a los militares implicados. El gobierno de Peña Nieto nunca permitió que se les interrogara. Y para colmo decidieron ascender al militar encargado de Ayotzinapa durante la desaparición de los 43 estudiantes, el general Alejandro Saavedra Hernández.

En el caso Tanhuato, Osorio Chong también se encargó de proteger a los policías federales que cometieron la matanza de 42 personas en el rancho “El Sol” en Tanhuato, Michoacán. Hasta la parcial Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ha reconocido que se trató de una masacre por “venganza” de los federales, pero Osorio Chong junto a la (CEAV) se empeñan en darle carpetazo al asunto sin permitir que las víctimas accedan a la justicia y la reparación.

En Apatzingán es la misma historia. Los federales que participaron en lo que fue calificado como una “carnicería” por los sobrevivientes el 6 de enero de 2015 cuando un grupo de personas participaban en un plantón afuera del Palacio Municipal y la Policía Federal inició una balacera a las 2:30 de la madrugada. El Estado se ha encargado de tapar los crímenes cometidos por los policías federales, desde ejecuciones arbitrarias, tortura y hasta desapariciones. Los responsables siguen libres e impunes gracias a la protección del gobierno.

Y lo mismo sucede con el último crimen de Estado, Nochixtlán en donde elementos de la Policía Federal y la Gendarmería de Oaxaca se encargaron de masacrar a seis personas mientras participaban en un bloque carretero en protesta por la reforma educativa el pasado 19 de junio.

Osorio Chong y su equipo de colaboradores cercanos se han encargado de proteger a los agentes del Estado. Todo antes de hacer justicia. Para empezar, ni siquiera existe una averiguación previa gracias a que la PGR en coordinación con la Secretaría de Gobernación se ha encargado de criminalizar a los sobrevivientes y víctimas.

Es evidente que la Secretaría de Gobernación con Osorio Chong se ha convertido en una especie de Gestapo, una institución dispuesta a operar por la libre para garantizar la impunidad de las fuerzas del Estado.

Mientras el poderoso general Salvador Cienfuegos Zepeda quiere regular con un marco legal que les garantice la impunidad total y eterna a los militares, Osorio Chong prefiere seguir como estamos, total, las Fuerzas Armadas ya tienen licencia para cometer todo tipo de fechorías sin que la ley civil los alcance. En la práctica, ese marco supralegal ya existe, no hay necesidad de más leyes.

Pero los dueños de México, es decir, los ricos y millonarios señores de la Confederación Patronal de la República Mexicana, los señores de la Coparme que ponen presidentes de la Nación, quieren su Ley de Seguridad Interior al igual que el supremo todopoderoso general Cienfuegos. Acostumbrados a las Guardias Blancas o a los paramilitares, los empresarios no escatiman en presiones a Osorio Chong. Pero igualmente. ¿Para qué quieren una Ley de Seguridad Interna si en la practica ya son la Ley por encima de la Ley”.

Finalmente, Osorio Chong lo que busca es su pase a la semifinal para convertirse en el tapado del PRI, aunque Carlos Salinas de Gortari ya tenga su tapada en Claudia Ruiz Massieu. Difícil lo tiene el Secretario de Gobernación, a quien la era peñista lo ha puesto a hacer el trabajo más sucio e indigno.

Claro, no se puede meter debajo de la alfombra a tanta víctima, tanta violencia institucional, tanta barbarie. Y menos borrar de un plumazo, cinco crímenes de Estado, aunque así lo siga intentando desde su puesto de Gran Hermano de nuestra República Bananera, el Secretario de Gobernación y dizque presidenciable Miguel Ángel Osorio Chong.

¿A quién le ven más futuro? ¿A la llamada Lady Guacamole, Claudia Ruiz Massieu por el simple hecho de ser pariente de Salinas de Gortari o a Osorio Chong por esconder la podredumbre y los crímenes de Estado?

¡Hagan sus apuestas!

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: SANJUANA MARTÍNEZ.
LINK: http://www.sinembargo.mx/12-12-2016/3124713

Ejército “ordenó, orquestó y organizó” la noche en la que desaparecieron los 43: Anabel Hernández

“De acuerdo a los propios peritajes de balística que yo tengo en mi poder, disparó también el Ejército y hay cartuchos de la fábrica de cartuchos de la Sedena, entre los cartuchos encontrados en las escenas del crimen".

La periodista Anabel Hernández expuso en Aristegui CNN su nuevo libro “La verdadera noche de Iguala“, resultado de dos años de investigación.

“Lo que me he encontrado es una historia que no ha sido contada por nadie. Para mucha gente ya es un caso olvidado, aislado, yo lo traigo de regreso y lo pongo sobre la mesa porque es un retrato fiel de lo que es nuestro gobierno, es un retrato fiel de lo que somos como mexicanos”, indicó.

“Yo no creo que quien pase por estas casi 400 páginas del libro, al final no se sienta identificado con uno u otro personaje: un normalista desaparecido esa terrible noche; uno de los sobrevivientes; uno de los valientes vecinos que abrió las puertas para refugiar a estos muchachos… los torturadores, los marinos, los policías federales, los policías ministeriales, el procurador Jesús Murillo Karam, quien por órdenes presidenciales se dedicó a ocultar la verdad durante el tiempo que estuvo en el cargo; Arely Gómez, que entra y toma el cargo en una situación bastante incómoda con una investigación mal hecha desde el principio…

“O la gente puede identificarse con los vecinos atemorizados, que escucharon esa terrible noche a los muchachos tocando la puerta, suplicando que les abrieran para no ser masacrados y hoy viven con un gran remordimiento, y son los que empiezan a reconstruir la historia y los que narran quiénes estaban en la historia, cómo los persiguieron, cómo los balacearon.

“No hay un personaje en este libro donde no retrate exactamente lo que somos como sociedad. Y la gente tendrá que decidir qué quiere ser”, aseguró la reportera.

Apuntó que en la PGR con Arely Gómez al mando y el visitador César Amador Chávez Flores, ordenaron una investigación de la indagatoria que se había realizado hasta ese momento.

“Me encontré con un montón de verdades que la PGR estaba ocultando”, señaló.

Por ejemplo, detalló, que los estudiantes fueron monitoreados desde que salieron de la Normal de Ayotzinapa; que la Policía Federal estuvo ahí vigilándolos; el nombre del capitán José Martínez Crespo que esa noche estuvo circulando por toda la ciudad; además de presuntas torturas referidas en dictámenes médicos; que a quienes se les achaca el homicidio y cremación de estudiantes en el basurero son 4 albañiles; y cómo en el expediente de José Luis Abarca y su esposa, no había un caso sólido contra ellos.

“Paralelo a la investigación que tiene sus propias conclusiones, a punto de terminar el libro, me encuentro con dos documentos claves que revelan que mi investigación ha sido absolutamente correcta y atinada”, contó Hernández. Dicha auditoría comenzó en mayo 2016 y terminó en septiembre 2016; la encabezó el visitador general de la PGR y el resultado de ésta “le costó el cargo”, dijo.

En la investigación de la visitaduría de PGR, “la orden final que se da en esta auditoría es: investiguen al Ejército sobre lo que pasó esa noche. Investiguen al capitán José Martínez Crespo, que esa noche salió en un escuadrón de más de 14 personas, investíguenlo por vínculos con el crimen organizado. No ocurrió. Estos documentos que han sido escondidos por órdenes presidenciales”.

“Pero no sólo se involucra a Tomás Zerón, al Ministerio Público, al capitán Crespo, involucra a centenas de funcionarios públicos, porque violaron derechos humanos, torturaron e incluso cometieron delitos sexuales para fabricar la verdad histórica”, sostuvo.

“Mi investigación se enfoca en que fue el Ejército principalmente el que actúa esa noche, el que ordenó, el que orquestó, el que organizó, el que coordinó a las demás dependencias para atacar esos camiones y detener a los estudiantes”, precisó.

Esa noche, los normalistas, por accidente, sin saberlo, viajaban en al menos dos autobuses que tenían un cargamento de heroína de un valor de 2 millones de dólares.

“El entonces capo que tenía control de la región, que no es ninguno de los detenidos por el caso Ayotzinapa, se entera de esta situación y de acuerdo con la información que he recibido, él directamente habla con los mandos militares del 27 Batallón de Infantería, que supuestamente estaban bajo su nómina, y les ordena ir a recuperar los camiones porque en eso les iba la vida”, aseveró la periodista.

Es entonces cuando los militares, “quienes tenían control de la ciudad y el mando sobre las demás corporaciones que estaban ahí”, desatan este operativo.

Otra revelación la apunta Hernández:

“De acuerdo a los propios peritajes de balística que yo tengo en mi poder, disparó también el Ejército y hay cartuchos de la fábrica de cartuchos de la Sedena, entre los cartuchos encontrados en las escenas del crimen, tanto del camino a Santa Teresa, donde fueron atacados en el camión Los Avispones, tanto en la calle Juan N. Álvarez”.

Solicitudes de información a la Sedena corroboran que el calibre G-3, que usó el Ejército esa noche, “al menos 19 cartuchos pertenecían al arma G-3… nadie puede adquirir esos cartuchos, sólo los usa el Ejército”.

“El capo ordena a los mandos militares del 27 Batallón la operación para detener a los autobuses. Supuestamente no había intención de dañar a los estudiantes, el capo sabía que eran estudiantes, lo único que quería era recuperar su mercancía”, comentó.

-¿Hablaste con el cártel que controla Iguala?-, le preguntó Carmen Aristegui.

“Tuve contacto directo con esta informantes de esta organización criminal… me dicen que es una cuestión de control de plaza…”, respondió.

-¿Por qué la agresividad?

“La única intención era parar los autobuses a como diera lugar, bajar a los estudiantes y recuperar la droga. En esa recuperación de la droga de estos dos camiones algunos estudiantes se dan cuenta de que lo que están tratando de recuperar las autoridades es droga. Y en ese momento es cuando súbitamente surge la orden de desaparición, no antes de ese momento, fue supuestamente porque los estudiantes vieron que estaban sacando la droga de los camiones, que dijeron no puede haber testigos, no fue la orden supuestamente del capo, el capo se molestó bastante porque le arruinó el negocio, le arruinó la plaza”.

En su investigación, Hernádez encuentra tres últimas rutas a donde habrían sido llevados los 43:

-La carretera Iguala-Ciudad Altamirano, donde hay quienes dicen que bajaron de un “camión de redilas a algunos de los estudiantes”.

-Otro punto donde son vistas patrullas a alta velocidad que van rumbo a Huitzuco.

-Y camionetas blancas de la policía ministerial, no se sabe si de Guerrero o de la PGR, llevaban cuerpos sin vida a las 5 de la mañana, rumbo a Taxco, el 27 de septiembre.


“Esta es la historia que el gobierno no ha contado, esta es la historia que yo cuento en La Verdadera Noche de Iguala, basada en documentos, cientos de testimonios y miles y miles de fojas, peritajes, y demás información a la que tuve acceso”, finalizó.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://aristeguinoticias.com/2811/mexico/ejercito-ordeno-orquesto-y-organizo-la-noche-en-la-que-desaparecieron-los-43-anabel-hernandez-en-cnn/