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El capo sinaloense Ernesto Fonseca Carrillo, alias “Don Neto”, ya es libre, a los 94 años

El capo sinaloense Ernesto Fonseca Carrillo, alias “Don Neto”, de 94 años de edad -cofundador del Cártel de Guadalajara, el primero que hubo en México, junto a Rafael Caro Quintero, alias “El Príncipe” y Miguel Ángel Félix Gallardo, “El Padrino” o “El Jefe de Jefes”-, purgó una condena de 40 años de prisión por el caso del secuestro, tortura y ejecución, perpetrado en febrero de 1985, de Enrique “Kiki” Camarena, agente especial de la Administración Antidrogas de EE. UU. (DEA, por sus siglas en inglés), así como del piloto aviador de la extinta Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, Alfredo Zavala Avelar.

Según lo reveló el diario Reforma, basado en fuentes de autoridades federales, “Don Neto” quedó libre el sábado 5 de abril de 2025. “También es el único que libró la extradición, ya que en 2015 el entonces canciller José Antonio Meade [Kuribreña] negó su entrega a Estados Unidos porque ya había sido juzgado y sentenciado en México por el asesinato del agente”, señaló el citado rotativo

“‘El día 5 de abril compurgó su pena y no había más cosas por cumplimentar, ni en los estados’, dijo un funcionario federal relacionado al caso. En contraste, Rafael Caro Quintero, ‘El Narco de Narcos’, fue enviado a EU el 27 de febrero [de 2025], y Miguel Ángel Félix Gallardo, ‘El Jefe de Jefes’, aunque el año entrante cumplirá su condena de 37 años por el mismo asunto, quedará libre hasta 2029, por una sentencia de 40 años por delitos contra la salud, acopio de armas y cohecho”, detalló el Reforma.

“Ahora, con 18 enfermedades diagnosticadas, incluidas artritis, pérdida de visión y un tumor en el colon, el capo tiene el derecho a desplazarse en territorio nacional sin obstáculo alguno”, abundó el citado rotativo.

A cinco meses de que terminara de pagar su condena de 40 años de prisión por el asesinato del ex agente de la DEA y del piloto aviador de la extinta Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, el capo sinaloense pidió que su castigo se tuviera por cumplido y quedara libre antes de compurgar su pena, el 7 de abril de 2025.

Según lo informó el diario Reforma, el 22 de noviembre de 2024, citando registros judiciales, el cofundador del primer cártel que hubo en México, el de Guadalajara, promovió, ante Jesús Chávez Hernández, titular del Juzgado Décimo Tercero de Distrito en Materia Penal, una demanda de amparo para que resolvieran su solicitud de remisión parcial de la pena, un beneficio que consiste en descontar un día de prisión por cada dos de trabajo a los sentenciados.

El capo sinaloense reclamó en su demanda de amparo, que tanto el Segundo Tribunal Colegiado de Apelación en Materia Penal, como el Juzgado Primero de Distrito Especializada en Ejecución de Penas en la Ciudad de México, no emitieron ningún acuerdo a su recurso de queja y ejecución de la sanción penal.

Sin embargo, Chávez Hernández se declaró incompetente para tramitar el amparo solicitado por “Don Neto” y lo remitió a un Tribunal Colegiado de Apelación, porque debería resolverlo un órgano jurisdiccional del mismo nivel que el responsable del acto que reclamaba.

“Conforme a la previsión normativa establecida en la ley reglamentaria, la autoridad competente para conocer del acto reclamado, al haberlo emitido un Tribunal Colegiado de Apelación del Primer Circuito, es otro tribunal similar”, señaló el juez, en su resolución.

Familiares de Enrique “Kiki” Camarena presentaron, el 19 de marzo de 2025, una demanda civil, en la Corte Federal de San Diego, California, contra Caro Quintero, Félix Gallardo y Fonseca Carrillo, para exigir pago de daños y perjuicios a los tres capos sinaloenses, a los que acusan de “actos de terrorismo” por el secuestro, tortura y ejecución del del agente especial de la DEA, en febrero de 1985.

Los afectados -entre ellos nueve parientes de Camarena, incluidos su viuda y tres hijos-, demandaron a Caro Quintero, Félix Gallardo y Fonseca Carrillo, bajo reglas de la Ley Antiterrorismo de 1992, que permitía a cualquier estadounidense afectado por este tipo de actos, demandar a los extranjeros supuestamente responsables de dicho delito.

Sin embargo, los demandantes no especificaron el monto de su reclamo, que quedaría a decisión del jurado, pero pidieron pago por daños compensatorios, daños punitivos, y un concepto conocido como “treble damages”, previsto en la Ley Antiterrorismo, por el cual la Corte Federal debería triplicar la cantidad que determinara el jurado.

“Como integrantes de una organización criminal de narcotráfico especialmente designada, y de una organización terrorista extranjera, los demandados causaron las lesiones y muerte aquí descritas, y son responsables por los actos criminales, incluidos actos de terrorismo internacional, conspiración para cometer actos de terrorismo internacional, y participación en una empresa criminal continua con fines de terrorismo”, señalaron los afectados en la demanda.

Según lo reportó el diario Reforma, la mayor parte del escrito era una narración de la vida de Enrique Camarena, su carrera en el Cuerpo de Marines y sus años como policía local en Calexico, California, antes de unirse a la DEA y ser transferido a Guadalajara, Jalisco.

También detalló el secuestro de Camarena y el piloto aviador de la extinta Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, Alfredo Zavala Avelar, perpetrado en febrero de 1985, como reacción de Caro Quintero ante vuelos de reconocimiento que llevaron a un decomiso masivo de mariguana en el rancho Búfalo, ubicado Chihuahua, en noviembre de 1984.

Además, se alegó el sufrimiento de su esposa, Mika, quien se quedó esperando a Camarena en un restaurante en Guadalajara el día que fue secuestrado, y luego tuvo que quedar con sus hijos bajo vigilancia permanente del Gobierno de EE. UU., antes de regresar a San Diego.

Según datos del Buró Federal de Prisiones de EE. UU. (BOP, por sus siglas en inglés), Caro Quintero -de 72 años de edad- se encontraba recluido en el Centro Correccional Metropolitano, Nueva York (MCC New York, por sus siglas en inglés), con el número de registro 12303-016, ello después de ser enviado por el Gobierno mexicano a Estados Unidos, por supuestas causas de seguridad nacional.

Caro Quintero se declaró, el 28 de febrero de 2025 -luego de ser extraditado a EE. UU., un día antes-, en la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York, como no culpable, de los múltiples cargos en su contra.

Por su parte, lo último que se supo del capo sinaloense Miguel Ángel Félix Gallardo, alias “El Jefe de Jefes” o “El Padrino” -fundador del primer cártel que hubo en México, el de Guadalajara y quien habló por primera vez en público en los 32 años que llevaba preso-, fue en agosto de 2021, cuando se calificó a sí mismo, como un hombre “honesto”, que dijo no saber nada de los crímenes y leyendas que le imputaban.

Durante una entrevista que la cadena estadounidense Noticias Telemundo le realizó, se veía al ex narcotraficante como un hombre anciano, de 75 años de edad -ahora tendría 79-, preso en la zona de máxima seguridad del Penal Estatal de Puente Grande, en Jalisco, postrado en una silla de ruedas, sordo, ciego, afectado por una neumonía y con el brazo roto.

Asimismo, en la entrevista negó haber conocido a Enrique “Kiki” Camarena Salazar, agente de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA por sus siglas en inglés), asesinado el 7 de febrero de 1985, también en Guadalajara.

“Es un tema muy lamentable. Este señor Camarena. Quienes fueron, quienes hayan sido, hay autores materiales e intelectuales, presos, que han pagado su vida en la prisión y que les ha ido muy mal”, aseveró Félix Gallardo.

“Ignoro el porqué se me relaciona, porque a ese señor yo no lo conocí. Porque te vuelvo a repetir: yo no soy una persona de armas. Lamento mucho, porque sé que era un buen hombre”, insistió el fundador del Cártel de Guadalajara.

Aunado a lo anterior, “El Jefe de Jefes” le deseó a Mika Camarena, viuda del finado agente de la DEA, “la resignación y que tenga la satisfacción de que los culpables del asesinato de su esposo están pagando sus culpas (sic)”.

Por otra parte, Félix Gallardo negó conocer a los también capos sinaloenses Rafael Caro Quintero y Ernesto Fonseca Carrillo, alias “Don Neto”, los otros dos fundadores del Cártel de Guadalajara.

“No los conozco. En la calle no nos conocimos. Estas personas y yo nunca hemos platicado al respecto. Mi abogado, [Fernando] Martínez Inclán, me dijo: ‘no estás involucrado, nunca platiques’”, señaló ‘El Jefe de Jefes’.

FUENTE: SEMANARIO ZETA.
AUTOR: CARLOS ÁLVAREZ ACEVEDO.

EU aún busca a otros capos que están en México: "El Cuini", "La Tuta”, "El Teo"...

Pese a que el Gobierno que encabeza la Presidenta Sheinbaum Pardo no ha brindado detalles de quienes podrían enfrentar un posible proceso de extradición, hay varios líderes del narcotráfico, ya encarcelados en México, que desde hace años intentan frenar su traslado a la Unión Americana.

Abigael González Valencia, "El Cuini"; Servando Gómez Martínez, alias “La Tuta”, el último líder del cártel "Los Caballeros Templarios"; Teodoro García Simental, alias “El Teo”, quien fuera lugarteniente del Cártel de Tijuana, entre otros capos que se encuentran detenidos en México, son solicitados por el Gobierno de EU, que hace unas meses logró el envío de 29 narcotraficantes, entre ellos Rafael Caro Quintero.

De hecho, se espera que próximamente sean extraditados a Estados Unidos, otro número significativo de personajes vinculados al crimen organizado, así lo confirmó este martes 1 de abril, la propia Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. “Hay listas de extradiciones, hay más listas de extradiciones, y en la medida en que se pueda colaborar, se colabora”, dijo la mandataria federal.

La Presidenta destacó que las listas de personas solicitadas para extradición por parte de Estados Unidos existen desde hace tiempo y que la colaboración se realiza en la medida en que se pueden cumplir con los procedimientos.
“Sí hay [listas de extradiciones], pero desde hace tiempo, no es de ahora, además de las 29 personas que ya están allá”, aseguró la mandataria mexicana en referencia a los 29 reos que las autoridades mexicanas enviaron a principios de marzo a Estados Unidos, entre ellos, Rafael Caro Quintero, uno de los líderes del narcotráfico más conocidos, quien está acusado del asesinato Enrique “Kiki” Camarena, un agente de la DEA hace 40 años.
Pese a que el Gobierno que encabeza la Presidenta Sheinbaum Pardo no ha brindado detalles de quienes integran estas listas de extradición, hay varios líderes del narcotráfico, ya encarcelados en México, que desde hace años intentan frenar su extradición. Otros criminales continúan en libertad, pero son buscados por dependencias estadounidenses, las cuales, incluso, ofrecen recompensa por información que lleve a su captura.

Uno de estos casos es el de “El Cuini”. Desde hace años, el Gobierno de Estados Unidos busca extraditar a Abigael González Valencia, alias “El Cuini”, líder financiero del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), sin embargo, diversos amparo han logrado que se mantenga recluido en México, actualmente en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso), número 1, conocido como El Altiplano.

Luego de la captura del “El Cuini”, también cuñado de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del CJNG, en febrero de 2015, en Puerto Vallarta, Jalisco, las autoridades estadounidenses comenzaron con los protocolos para su extradición. En 2016, el Departamento de Justicia de la Unión Americana presentó una solicitud de extradición formal.

Pero aunque dicha solicitud fue aprobada en 2019, por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), la defensa del también conocido como el líder de “Los Cuinis” se ha dedicado a interponer varios recursos legales para frenar su extradición a Estados Unidos. No obstante, se espera que el próximo mes de julio se lleve a cabo una audiencia en la que se defina el futuro de González Valencia.

Servando Gómez Martínez, alias “La Tuta”, el último líder del cártel "Los Caballeros Templarios", es otro narcotraficante mexicano que está buscando frenar su traslado a la Unión Americana. Este jueves 3 de abril, presentó un amparo ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal con sede en Toluca, Estado de México, contra su posible extradición a Estados Unidos.

De acuerdo con lo señalado en su demanda, el capo argumentó que se encuentra cumpliendo condenas de 30 y 28 años de prisión por los delitos de delincuencia organizada, contra la salud y secuestro, por lo que, dijo, tiene derecho a impugnar cualquier intento de extradición en su contra.

En este sentido, recordó que el pasado 31 de marzo de 2025, la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la vocería de la Presidencia anunciaron que procederían a la extradición de varios narcotraficantes a Estados Unidos, incluyendo su nombre como uno de los candidatos sin ser notificado.

Sin embargo, el Juez a cargo del caso, Daniel Marcelino Niño Jiménez, resolvió que la solicitud del recluso carece de fundamentos suficientes para conceder la suspensión provisional, debido a que sigue sin demostrar una relación clara entre las declaraciones oficiales y una acción inmediata de extradición en su contra.

En consecuencia, el juzgador afirmó que es necesario presentar mayores hechos para determinar si procede o no la suspensión de oficio y de plano instada. A raíz de ello, dio un plazo de 24 horas para que, bajo protesta de decir verdad, “narre los hechos o abstenciones del acto o actos reclamados" que están siendo vulnerados.
Teodoro García Simental, alias “El Teo”, quien fuera lugarteniente del Cártel de Tijuana, es otro capo que a toda costa está buscando frenar su proceso de extradición, ya que este jueves 3 de abril, el Juzgado Décimo de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México suspendió de manera provisional el proceso de extradición del capo hacia Estados Unidos.

A “El Teo”, quien permanece recluido en el Cefereso número 1, "El Altiplano", se le acusa por haberse desempeñado como jefe de sicarios del cártel de los hermanos Arellano Félix y de haber ordenado la ejecución de, al menos, 300 personas, cuyos eran disueltos en ácido, tarea que fue era llevada a cabo por un sujeto identificado como Santiago Meza Flores, alias “El Pozolero”.

A inicios del pasado mes de marzo, elementos de la Guardia Nacional, de la Fiscalía General de la República (FGR), de la Secretaría de Marina (Semar), y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC) lograron la detención de Leobardo "N", alias "Leo", presunto delincuente vinculado al tráfico de drogas y otros delitos graves, por quien el Gobierno de Estados Unidos ofrecía una recompensa de hasta cuatro millones de dólares.

Las autoridades mexicanas informaron que Leobardo "N" es requerido por la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) "por delitos de delincuencia organizada, contra la salud, y violación a la Ley federal de armas de fuego y explosivos". Las investigaciones señalan que el detenido fue un presunto colaborador cercano de Joaquín "El Chapo" Guzmán e Ismael "El Mayo" Zambada, además de ser el "responsable de la producción y distribución de metanfetamina y fentanilo para el Cártel de Sinaloa".
El 27 de marzo, también se logró la detención de Jesús Guadalupe “N”, alias “Jasiel Beltrán Reyes”, un presunto narcotraficante, quien cuenta con una solicitud de extradición por parte del Gobierno de Estados Unidos,  según informó la SSyPC, la cual explicó que el "sujeto que es requerido por autoridades estadounidenses por delitos de asociación delictuosa y tráfico de narcóticos".

"Al detenido se le relaciona con los delitos de asociación delictuosa y tráfico de drogas. Continuamos reforzando la seguridad en la entidad federativa para detener a los generadores de violencia que operan en la región", dijo por su parte el titular de la dependencia, Omar García Harfuch, en X, antes Twitter.
Además de estos narcotraficantes, ya en manos de las autoridades mexicanas, hay otros capos mexicanos, quienes se encuentran en libertad, que son buscados por la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) y el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos, a los que acusan de diversos delitos, particularmente relacionados al tráfico de drogas, en ese país.

Los criminales forman parte de las listas de los más buscados de la DEA y el FBI, entre ellos se encuentran do hijo del narcotraficante mexicano Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo Guzmán”, quien se encuentra preso y condenado en Estados Unido, Se trata de Ivan Archivaldo Guzman Salazar y de Jesus Alfredo Guzmán Salazar, por quienes las autoridades norteamericanas ofrecen recompensas millonarias.

A Ivan Archivaldo Guzman Salazar, apodado “El Chapito”, la DEA lo acusa de liderar, junto con su hermano Jesús Alfredo Guzmán Salazar, al Cártel de Sinaloa, organización criminal dedicada al tráfico de drogas, como cocaína, heroína, metanfetamina, marihuana y el fentanilo, hacia la Unión Americana, así cómo de enviar a este país “precursores químicos del fentanilo de China a México”.

Además, al hijo de “El Chapo” se le señala como el responsable de comandar sicarios armados que “perpetran actos de violencia para proteger y promover las operaciones del Cártel”; así como de recolectar las ganancias que les deja la droga a los socios del Cártel de Sinaloa, por lo que la Agencia está ofreciendo 10 millones de dólares por información que lleve a su captura.


Jesús Alfredo Guzmán Salazar, alias “Alfredillo” figura en la lista de fugitivos del Departamento de Estado de EU. Es señalado de traficar cocaína, marihuana y heroína hacia Estados Unidos, entre 2004 y 2005. Por él, como por su hermano, la DEA ofrece una recompensa de 10 millones de dólares por información que lleve a su captura.

El informe de la Agencia estadounidense señala a “Alfredillo” de ser el encargado de las operaciones del Cártel de Sinaloa en Colombia, puntualmente en Medellín, donde se dedicaría a pactar operaciones para lavar dinero con empresarios locales y a controlar la producción de cocaína en dos laboratorios que tiene el cártel en la ciudad.

Entre los más buscados también se encuentra “El Mencho”, líder del CJNG, grupo delictivo dedicado al tráfico de drogas, extorsión, secuestro, cobro de piso y saqueo de combustibles, por lo que la agencia antidrogas estadounidense lo clasificó como “armado y peligroso” y está ofreciendo una recompensa de hasta 10 millones de dólares por información que lleve a su captura.

En la ficha de búsqueda de la DEA, se le señala de violar el “21 Código de los Estados Unidos, artículos 846; 21 Código de los Estados Unidos, artículos 963; 21 Código de los Estados Unidos, artículos 959; 21 Código de los Estados Unidos, artículos 841; 21 Código de los Estados Unidos, artículos 924”.
“Oseguera Cervantes ha hecho que el CJNG pase de ser una organización de tráfico de drogas con base regional a una potencia del crimen organizado internacional, involucrada en la producción y distribución de narcóticos en todo el mundo”, se lee en la ficha de las autoridades de EU, país en donde se le acusa a él y a su cártel de elaborar metanfetamina y heroína, y de traficar cocaína.


Fausto Isidro Meza Flores está incluido en la lista de los más buscados del FBI. Ésta dependencia estadounidense está ofreciendo hasta 5 millones de dólares por información que lleve a la captura del capo, también conocido como “Chapito Isidro”, a quien se le acusa de fabricar y distribuir metanfetamina; distribuir cocaína, marihuana y heroína en Estados Unidos, así como por el uso y posesión de arma de fuego.

El FBI señala al “Chapito Isidro” como el líder de la organización criminal Meza Flores “responsable de la posesión, distribución e importación de grandes cantidades de heroína, metanfetamina, cocaína, fentanilo y marihuana a los Estados Unidos”, la cual presuntamente controla “la producción, el transporte y la distribución de drogas en varios lugares de México”.

Liborio Núñez Aguirre, alias “El Karateca”, presunto integrante del Cártel de Sinaloa también forma parte de los 10 criminales más buscados por la DEA, la cual le imputa cargos de “conspiración para la importación de fentanilo, conspiración para el tráfico de fentanilo, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos y conspiración para el lavado de dinero”.

La Agencia ofrece hasta un millón de dólares por información que conduzca al arresto de “El Karateca”, a quien señala como el encargado de movilizar, de México hacia la Unión Americana, “grandes cantidades de fentanilo”, las cuales fueron transportadas en forma de pastillas y polvo”. Incluso, detalla la DEA, en 2022, “negoció la venta en Estados Unidos de aproximadamente 70 mil pastillas de fentanilo”.


Alan Gabriel Núñez Herrer es otro criminal al que la DEA vincula con el Cártel de Sinaloa. La agencia estadounidense lo acusa de trabajar para “Los Chapitos”, y lo señala de conspirar “para la importación de fentanilo, conspiración para el tráfico de fentanilo, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos y conspiración para el lavado de dinero”.

Por información que conduzca al arresto de Núñez Herrer, la Agencia ofrece hasta un millón de dólares, ya que lo clasifica como “armado y peligroso”, al señalarlo como el responsable de suministrar fentanilo a sus socios en Estados Unidos, en diversos momentos de 2022 y 2023, por lo que en éste mismo año, un jurado federal en el Distrito Sur de Nueva York presentó una acusación formal contra Núñez Herrera.

Óscar Noe Medina Gonzalez “El Panu” es otro presunto integrante del Cártel de Sinaloa que es buscado por la DEA, la cual lo acusa de ser el principal lugarteniente de Iván Archivaldo Guzmán Salazar, por lo que esta dependencia estadounidense está ofreciendo cuatro millones de dólares a quien brinde información para lograr su captura.

“Medina González supervisa a cada uno de los comandantes regionales de los ‘Chapitos’, quienes son responsables de la seguridad en sus áreas designadas de México, y a los pistoleros de los Chapitos, los sicarios”, quienes se encargan de “proteger las operaciones de tráfico de fentanilo de los Chapitos, asesinar a miembros de cárteles rivales”, entre otras tareas criminales.


Hace unos días el medio de comunicación Milenio dio a conocer una supuesta lista con los nombres que el Gobierno de México está contemplando extraditar hacia Estados Unidos. El listado está compuesto por 29 narcotraficantes, 18 de los cuales ya están detenidos y 11 continúan en libertad. Entre ellos, se mencionan nombres como Abigael González Valencia y “El Cuini”, Servando Gómez “La Tuta”.

También se menciona a los hermanos Jesus y Luis Ignacio Amezcua, los llamados “reyes de la metanfetamina”, sin embargo, no existe información pública de que se solicite su extradición o de que ellos estén interponiendo algún amparo para evitar este proceso. Además, se habla de Oscar Mogollón Restrepo, Rubén Antonio Calderilla y Jesús Ramón Núñez Angulo.

Otro nombre que Milenio señala es el de Fidel Urbina, quien fue detenido en 2015 luego de estar en la lista de los más buscados del FBI. Así como Teodoro García Simental, alias “El Teo”; Enedina Arellano, alias “La Jefa”, Cartel de Tijuana, quien se encuentra en libertad; y Fernando Sánchez Arellano, también del Cartel de Tijuana y quien tampoco ha sido arrestado.

Albino Quintero Meraz, del Cártel de Juárez; Óscar Malherbe de León, del Cártel del Golfo; Alfredo Andrade Parra, de los Zetas y quien en 2015 fue designado como “un importante narcotraficante”, por parte del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, bajo la Ley Kingpin; y Fausto Isidro Meza Flores, alias “Chapo Isidro”, son otros nombres que Milenio señala como posibles extraditados.


También menciona a Gerardo Álvarez Vázquez, alias “El Indio”, de Cártel de los Beltrán Leyva, no obstante, en 2019, Estados Unidos desistió de extraditar a “El Indio” y a Rodolfo Pérez Ibarra, El Nito Amavizca, también del Cártel de los Beltrán Leyva, sin embargo, éste fue extraditado a Estados Unidos el pasado mes de febrero junto con otros 28 criminales, hecho que dio a conocer el propio Gobierno de México.

Otros posibles extraditables, según Milenio, son: Martín Gaudencio Avendaño Ojeda, alias “Chiquilín”, de quien tras su detención, en 2016, se habló de su posible extradición, sin embargo, actualmente no hay información que confirme que el Gobierno de Estados Unidos mantenga este propósito. También menciona a Francisco Javier Cantabarra; y a Arturo Díaz Díaz, del Cártel de Sinaloa.

Inés Coronel Barrera y Omar Coronel Aispuro, suegro y cuñado, respectivamente de “El Chapo”, aunque no hay información actual que confirme un proceso de extradición contra ellos. También Milenio menciona a: Alfredo Guzmán Beltran, “El Mochomito”; Alfonso Limón, del Cártel de Sinaloa; Félix Uriel Tinajero, del Cártel de Sinaloa; Guadalupe Féliz Núñez, “El Changuito Ántrax”, del Cártel de Sinaloa; Miguel Ángel Guzmán Loera, hermano de “El Chapo”; y Ramón Álvarez Ayala, “El R-1”, del CJNG.


FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: NORA NANCY GASPAR RESENDIZ.

EU impone sanciones a 6 personas y 7 empresas por lavar dinero al Cártel de Sinaloa

El Gobierno de EU asestó un golpe financiero al Cártel de Sinaloa al sancionar a seis personas y siete empresas clave en una red de lavado de dinero.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos (EU) sancionó ayer a seis personas y siete empresas por participar en una red de lavado de dinero que financiaba las operaciones del Cártel de Sinaloa.

Estados Unidos bloqueó los bienes y activos de seis personas y siete empresas vinculadas a un esquema de lavado de dinero que beneficiaba al Cártel de Sinaloa. Según informó el Departamento del Tesoro en un comunicado, la operación canalizaba ganancias del tráfico de drogas entre México y EU.

El Gobierno estadounidense acusó a Enrique Dann Esparragoza Rosas de encabezar una organización dedicada a blanquear fondos mediante la conversión de dólares a pesos. Se le relaciona con "Los Chapitos" y con la facción de Ismael "El Mayo" Zambada.

Las sanciones alcanzaron a Alan Viramontes Sesteaga, presunto operador del cártel cercano a Iván Archivaldo Guzmán. Salvador Díaz Rodríguez, acusado de recaudar "impuestos" para la organización, también fue incluido en la lista.
El Gobierno de Washington responsabilizó a Díaz de ejecutar a quienes se niegan a pagar las cuotas impuestas por el cártel. Otro de los sancionados, Israel Daniel Páez Vargas, ha sido vinculado con operaciones similares dentro de la red criminal.

La lista se completa con Alberto David Benguiat Jiménez y Christian Noé Amador Valenzuela. Benguiat, de acuerdo con EU, manejaba una red de empresas fachada que habría lavado más de 50 millones de dólares hasta la fecha.

Las empresas sancionadas son Scatman, Hatman Corp S.A.P.I, Personas Unidas Hoas S.A.P.I., Grupo Zipfel de México S.A., Grupo Unter Empresarial S.A., Productions Pipo S. de R.L. y Grupo Vindende S.A.

El Departamento del Tesoro explicó que "el dinero de las drogas blanqueado es el sustento del negocio narcoterrorista del Cártel de Sinaloa, posible sólo a través de facilitadores financieros de confianza".
A partir de abril de 2023, la red de Esparragoza blanqueó al menos 16.5 millones de dólares para la organización. Este mecanismo permitió al cártel mover grandes sumas de dinero entre ambos países sin levantar sospechas.

La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) emitió una alerta para advertir a las instituciones financieras sobre el peligro del contrabando de dinero en efectivo.

Los bienes de los sancionados en territorio estadounidense han sido bloqueados, impidiendo cualquier transacción financiera con entidades estadounidenses o relacionadas.

La medida forma parte de un esfuerzo más amplio para combatir el tráfico de drogas y frenar el financiamiento de grupos criminales. Washington reafirmó su compromiso de utilizar "todas las herramientas disponibles" para enfrentar esta amenaza.


El Departamento del Tesoro detalló que el cártel ha explotado diversos puntos fronterizos para sus actividades delictivas, lo que ha intensificado las acciones en su contra.

Las sanciones fueron resultado de una investigación coordinada con la Fiscalía de EU, la DEA, el FBI, el Servicio de Impuestos Internos y el Gobierno de México.

Autoridades mexicanas, incluida la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), participaron en la indagatoria que permitió identificar a los involucrados.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Gobernador de Jalisco condena “homenaje” al fundador del CJNG en un concierto

“Todos tenemos que hacer lo que nos toca para dejar de normalizar la violencia”, dijo Pablo Lemus sobre la proyección de imágenes de Nemesio Oceguera “El Mencho” el sábado en el Auditorio Telmex.

Pablo Lemus, gobernador de Jalisco, condenó la proyección de imágenes de Nemesio Oceguera “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), durante un concierto en el sábado en el Auditorio Telmex de la Universidad de Guadalajara.

El sábado 29 de marzo, la banda sinaloense Los Alegres del Barranco proyectó imágenes del presunto líder criminal durante su presentación en el foro de Zapopan.

Los videos del concierto se viralizaron en redes sociales y desataron repudio de usuarios de redes sociales, que consideraron que se trata de apología del delito.

"Dejar de normalizar la violencia"

Al respecto, el mandatario de Movimiento Ciudadano publicó un pronunciamiento en X en el que llamó a no normalizar la violencia.

“Este fin de semana, durante un concierto de música regional en el @AuditorioTelmex, se proyectaron imágenes para homenajear al fundador de uno de los cárteles más violentos de México.

“Justo en ese lugar, apenas el miércoles pasado, expresé que tras lo ocurrido en el rancho Izaguirre era tiempo de tocar fondo y salir unidos para no repetir tales tragedias”, dijo Pablo Lemus, y añadió:

“Lo visto en el concierto de este fin de semana va en la dirección opuesta. Todos tenemos que hacer lo que nos toca para dejar de normalizar la violencia.

“No debe suceder en éste ni en ningún otro lugar de nuestro estado. En Jalisco estamos trabajando en todos los frentes para combatir cualquier manifestación de este tipo”, concluyó.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Hacen otro homenaje a “El Mencho”, en concierto de Universidad de Guadalajara; Sheinbaum pide investigar

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo pidió, el 31 de marzo de 2025, que se investigara el homenaje que realizó la la banda sinaloense ‘Los Alegres del Barranco’, en un concierto llevada a cabo en un auditorio de la Universidad de Guadalajara (UdeG), en el cual se proyectaron imágenes de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, y/o “El Gallero” y/o “El Señor de los Gallos”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

“No debería de ocurrir eso, no está bien, que se haga una investigación, no es correcto”, aseguró la titular del Poder Ejecutivo Federal, durante su conferencia de prensa matutina, llevada a cabo desde el Salón Tesorería del Poder Ejecutivo Federal.

“¿Debería haber consecuencias sobre este acto?”, le preguntó un reportero. “Hay que ver si tiene una connotación de qué tipo, pero pues hay que fijarse a quién invitan y cuál es el espectáculo que va a haber porque no se puede hacer apología de la violencia ni de los grupos delictivos”, respondió la presidenta.

El 29 de marzo de 2025, durante la interpretación canción ‘El Dueño del Palenque’, en las pantallas laterales y en la central del auditorio universitario aparecieron imágenes e ilustraciones de “El Mencho”, mientras los asistentes al concierto denominado ‘Los Señores del Corrido’, respondieron con vítores y aplausos. La letra del tema hace referencia a un capo que se autodenomina “El Señor de los Gallos”, apodo que ha sido vinculado con el líder del CJNG.

FUENTE: SEMANARIO ZETA.
AUTOR: CARLOS ÁLVAREZ ACEVEDO.

Presunto reclutador del CJNG había sido reportado como desaparecido en 2020 en Chiapas

José Gregorio "N", presunto líder de una célula del CJNG, estaba reportado como desaparecido en Chiapas. Fue detenido en CDMX.

José Gregorio “N”, presunto líder de una célula delictiva del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y reclutador del mismo grupo criminal que fue detenido por autoridades federales, había sido reportado como desaparecido en 2020 en Chiapas.

La Fiscalía General del Estado de Chiapas (FGE) cuenta con una ficha de desaparición, con número de registro 0260/2020, de José Gregorio “N’ con fecha del 25 de agosto de 2020.

De acuerdo con la ficha, ese día su concubina habría tenido una última comunicación con él alrededor de las 17:00 horas, en la que le avisó que se dirigía a la colonia Club Campestre en Tuxtla Gutiérrez y no volvió a saber de él.

La detención de José Gregorio “N” fue anunciada este sábado 22 por el secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, y se habría realizado el jueves 20 por la noche en la alcaldía Cuajimalpa, CDMX, de acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones.

El presunto líder criminal, de 51 años, fue detenido junto a una mujer, de 43. Ambos fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación legal.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) señaló a José Gregorio “N” como presunto líder de una célula del CJNG y responsable del “reclutamiento y adiestramiento de personas”.

Hasta el momento, autoridades no han detallado si el detenido está relacionado con el Rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco, en donde buscadoras localizaron indicios de que el sitio podría haber sido usado como centro de adiestramiento y exterminio.

El secretario Omar García Harfuch dijo que este lunes 24 darán más información sobre la detención del presunto reclutador.

En el operativo para detener a José Gregorio “N” participaron elementos del Ejército, Guardia Nacional, Marina, SSPC y del Centro Nacional de Inteligencia.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Detienen al 'Lastra', líder reclutador del CJNG, relacionado a campos de adiestramiento

La detención se da en el marco de las investigaciones en Teuchitlán, Jalisco, por el caso del Rancho Izaguirre, un presunto centro de adiestramiento.

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), anunció la mañana de este sábado la detención de José Gregorio ‘N’, alias ‘Lastra’, presunto integrante de una célula delictiva vinculada al reclutamiento de personas para el Cártel Jalisco Nueva Generación.

“Resultado de investigaciones de gabinete y campo desarrolladas desde hace meses, en una acción de el Gabinete de Seguridad fue detenido en la Ciudad de México José Gregorio “N”, alias “Lastra”, líder de la célula delictiva vinculada al reclutamiento de personas para el CJNG.

Presentaremos más información sobre esta detención el próximo lunes“, se lee en la publicación de Harfuch en X.

La detención se da en el marco de las investigaciones en Teuchitlán, Jalisco, por el caso del Rancho Izaguirre, un presunto centro de adiestramiento en el que diversos grupos de buscadores de desaparecidos afirman se realizó la cremación de cientos de personas.

Por su parte, en un comunicado conjunto, la SSPC, proporcionó más detalles de la detención del líder responsable del reclutamiento y adiestramiento de personas, junto a una mujer quien lo acompañaba, como resultado de la colaboración con elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Marina (Semar), Fiscalía General de la República (FGR), Guardia Nacional (GN) y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

En seguimiento a líneas de investigación y resultado del análisis de gabinete y campo desarrollados “durante meses de trabajo en torno a esta organización criminal con presencia en el estado de Jalisco”, los agentes de seguridad identificaron a uno de los operadores del grupo, dedicado al reclutamiento de personas en campos de adiestramiento.


A dicho sujeto se le dio seguimiento mediante vigilancias fijas, móviles y discretas, en el estado de Jalisco, donde se tuvo conocimiento que se desplazaría a la Ciudad de México, por lo que se implementó un dispositivo de seguridad en la alcaldía Cuajimalpa, donde fue detenido en compañía de una mujer.

Por lo anterior, José Gregorio “N” de 51 años y la mujer de 43 años de edad, fueron detenidos, informados de sus derechos de ley y, junto con lo asegurado, fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación legal.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
FECHA: 22 MARZO 2024.

México envió a líderes del narcotráfico a EE. UU. sabiendo que podrían ser ejecutados

Rafael Caro Quintero, quien enfrenta un juicio en Brooklyn, y al menos otras cuatro figuras de cárteles podrían enfrentar la pena de muerte, pues fueron trasladados desde México y no extraditados.

Los acusados extranjeros enviados a Estados Unidos casi nunca enfrentan la pena capital, por graves que sean las acusaciones que pesan contra ellos.

Pero cuando un célebre líder del narcotráfico llegó de México al tribunal federal de Brooklyn el mes pasado, acusado, entre otras cosas, de asesinar a un agente federal estadounidense, los fiscales del Distrito Este de Nueva York dijeron que podría ser condenado a muerte.

Los fiscales aún tendrían que solicitar formalmente la pena capital para el narcotraficante, Rafael Caro Quintero, antes de un juicio para el que podrían faltar meses o años. Pero sea lo que sea lo que ocurra con Caro Quintero, el episodio representa un cambio radical para ambos países, y refleja cómo está respondiendo México a la agresiva política exterior del presidente Donald Trump en el continente y más allá.

Antes de esto, históricamente México había enviado a delincuentes a Estados Unidos solo con la condición de que no fueran ejecutados, una disposición de su acuerdo de extradición con Washington.

Sin embargo, en lugar de pasar por el engorroso procedimiento de extradición, México simplemente envió a Caro Quintero y a otras 28 figuras del narcotráfico, como permite una ley de seguridad nacional. La medida da al gobierno mexicano flexibilidad para acelerar los traslados y significa que Caro Quintero y al menos otros cuatro presos enviados a Estados Unidos el mes pasado podrían enfrentarse también a la pena de muerte.

Para México, la decisión supone una ruptura con la antigua política del país de proteger a sus ciudadanos de la pena capital. Para Estados Unidos, hace posible la visión punitiva de la justicia de Trump, de la que la pena de muerte es una herramienta esencial.

México ha luchado encarnizadamente durante décadas para impedir que el gobierno estadounidense ejecute a sus ciudadanos. El tratado de extradición, cuya forma está en vigor desde la década de 1970, estipula que el país que solicite a un acusado no puede imponer la pena de muerte si esta no existe en el país de origen del acusado. México no aplica la pena capital desde la década de 1960, aunque no se abolió oficialmente hasta 2005.

Los distintos puntos de vista de ambos países han tensado las relaciones. En 2002, el entonces presidente de México, Vicente Fox, canceló un viaje para visitar al presidente George Bush en protesta por la inminente ejecución de un ciudadano mexicano. En 2003, México recurrió al más alto tribunal de las Naciones Unidas por las condenas a muerte que el gobierno estadounidense había impuesto a 51 ciudadanos mexicanos.

En 2017, México accedió a extraditar al narcotraficante Joaquín Guzmán Loera, conocido como el Chapo, con la condición de que los fiscales del Distrito Este no solicitaran la pena de muerte. Fue condenado a cadena perpetua en 2019.

Emily Edmonds-Poli, profesora de ciencias políticas y relaciones internacionales en la Universidad de San Diego, dijo que la decisión de la nueva presidenta de México, Claudia Sheinbaum, de trasladar a los miembros de cárteles conllevaría normalmente un riesgo político. Pero Sheinbaum, quien goza de altos índices de aprobación en medio de una oleada de nacionalismo, puede tener la libertad de actuar con audacia, dijo.

“Es un momento decisivo”, dijo Edmonds-Poli. “Abre una puerta que antes estaba firmemente cerrada”.

El predecesor de Sheinbaum, Andrés Manuel López Obrador, intentó acabar con la violencia mediante una menor confrontación con los cárteles y abordando las causas profundas. Pero su estrategia, acuñada como “abrazos, no balazos”, ha perdido popularidad en México.

En cambio, Sheinbaum ha adoptado hasta ahora un enfoque decididamente más agresivo en la lucha contra los cárteles. Además de aprobar los traslados, ha enviado más de 10.000 soldados a la frontera estadounidense y a Sinaloa, un centro de tráfico de fentanilo donde su gobierno afirma haber realizado más de 900 detenciones desde octubre.

No está claro cómo responderá el gobierno mexicano si los fiscales estadounidenses solicitan la pena de muerte contra los miembros de los cárteles. Alejandro Gertz Manero, fiscal general de México, declaró a la prensa en México que los jefes de los cárteles no pueden ser ejecutados en Estados Unidos, según informó el diario El País.

Las negociaciones para enviar a los capos de la droga de México mediante este proceso simplificado comenzaron durante el gobierno de Joe Biden, según dos personas familiarizadas con las conversaciones. La Casa Blanca de Biden reanudó esas conversaciones con Sheinbaum cuando la presidenta asumió el cargo en octubre, y el acuerdo final del traslado fue negociado por el gobierno de Trump después del día de la toma de posesión.

“Es un cortocircuito de un importante procedimiento legal”, dijo Austin Sarat, profesor del Amherst College, quien ha estudiado la pena de muerte durante décadas. “Lo que Trump está haciendo es reiniciar la conversación en torno a la pena capital”.

Caro Quintero era una captura especialmente preciada para los fiscales estadounidenses. Fue condenado en México por orquestar la tortura y asesinato en 1985 de Kiki Camarena, agente encubierto de la Administración de Control de Drogas, que transformó la agencia y las relaciones entre Estados Unidos y México.

Caro Quintero cumplió décadas en una prisión mexicana, pero fue liberado en 2013 en plena noche gracias a un vacío legal. Fue recapturado por las autoridades mexicanas en 2022. Michael Vitaliano, abogado de Caro Quintero, dijo en un comunicado que, en caso de que su cliente se enfrentara a la pena de muerte, su equipo jurídico estaba “plenamente preparado para hacer frente a ese desafío procesal y sustantivamente”, desde “el momento de su captura y expulsión de México hasta el final del juicio”.

Podrían pasar meses antes de que los fiscales anuncien si solicitan la pena de muerte. Un portavoz del Distrito Este declinó hacer comentarios.

Los fiscales tendrían primero que superar obstáculos, como una intensa revisión dentro de la oficina del Distrito Este y de un comité del Departamento de Justicia en Washington que estudia los casos de pena capital. Durante este tiempo, los abogados defensores pueden presentar apelaciones a los fiscales y luego al comité de Washington.

Los detractores de la pena de muerte llevan mucho tiempo señalando las disparidades raciales en su aplicación, junto con la cuestión moral más fundamental de si el Estado tiene derecho a quitar una vida.

Los críticos también han señalado el elevado precio de la administración de la pena de muerte, que puede ser decenas de miles de dólares más cara que la cadena perpetua, así como el hecho de que Estados Unidos ejecuta a muchas más personas que los países de su grupo. Entre los 38 países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, Estados Unidos y Japón son los dos únicos que aplican la pena de muerte.

Ken Montgomery, abogado de Vicente Carrillo Fuentes, otro miembro del cártel enviado desde México que podría enfrentarse a la pena de muerte, dijo en una entrevista que Estados Unidos no debería dedicarse a ejecutar personas.

“Para una sociedad civilizada, no creo que ejecutar a personas sea nunca algo civilizado”, dijo Montgomery.

Poco más de la mitad de los estadounidenses apoyan la pena de muerte, según una encuesta de octubre de Gallup, frente al 80 por ciento de hace tres décadas. A escala nacional, en Estados Unidos, se ejecutó a 25 personas en 2024, frente a 85 en 2000, según el Centro de Información sobre la Pena de Muerte. El presidente Joe Biden, quien en 2020 hizo campaña por el fin de la pena capital, estableció una moratoria sobre las ejecuciones federales y conmutó las penas de 37 de los 40 reclusos condenados a muerte antes de dejar el cargo.

Por el contrario, Trump y sus aliados favorecen un enfoque más punitivo de la administración de justicia, y el propio Trump alberga desde hace tiempo una afinidad por la pena de muerte. En 1989, publicó anuncios en la prensa pidiendo que el estado de Nueva York adoptara la pena de muerte tras el brutal ataque a una corredora en Central Park, por el que fueron condenados injustamente cinco adolescentes negros e hispanos. (Los anuncios no pedían directamente la ejecución de los adolescentes).

En 2017, poco después de que un terrorista uzbeko, Sayfullo Saipov, atravesara con un camión una ciclovía abarrotada en el Bajo Manhattan, y matara a ocho personas, el presidente Trump dijo en Twitter que Saipov “¡DEBERÍA RECIBIR PENA DE MUERTE!”. Durante su primer mandato, Trump reinició las ejecuciones federales tras una pausa de 20 años. Y durante su campaña para 2024, Trump dijo que “los narcotraficantes y los traficantes de personas” deberían ser condenados a muerte.

En enero, Trump firmó una orden ejecutiva que pedía la pena de muerte en los casos de “asesinato de un agente del orden” y de “un delito capital cometido por un extranjero presente ilegalmente en este país”.

En un memorando del 5 de febrero, Pam Bondi, fiscala general, levantó la moratoria que Biden había impuesto a las ejecuciones.

FUENTE: THE NEW YORK TIMES.
AUTOR: SANTUL NERKAR.

Los cárteles enganchan miembros con engaños. El Rancho Izaguirre es apenas una prueba

El reclutamiento forzado por parte del crimen organizado en México no es un fenómeno nuevo ni aislado. En Jalisco, esta práctica ha sido identificada desde al menos tres sexenios, remontándose al periodo de Aristóteles Sandoval Díaz. Durante su mandato, se descubrieron campamentos de trabajo forzado y de entrenamiento vinculados al crimen organizado, con un modus operandi que incluía la difusión de ofertas de trabajo falsas en redes sociales.

“Yo pensé que ya estaba muerta, pero todo revivió”, Contesta con la voz apagada y entrecortada Luz Elba Hernandez, madre de Brayan de Jesús Hernández Gutiérrez, de 17 años, quien fue secuestrado el 28 de abril de 2016 mientras esperaba una supuesta entrevista de trabajo a la que acudió luego de leer un volante publicitario distribuido en Poza Rica, Veracruz. La madre, que desde entonces no ha parado de buscar a su hijo, al hablar del Rancho Izaguirre en Teuchitlán hace una pausa y luego sentencia: “Con esa noticia, yo sólo reviví para volver a morir”.

Brayan cursaba el primer semestre de preparatoria y soñaba con estudiar en la Escuela Normal. Quería ser maestro. Pero su vida se truncó de golpe. Un grupo armado lo privó de la libertad en cuestión de minutos. Lo arrancaron de los brazos de su madre con la misma brutalidad con la que el crimen organizado ha arrebatado a miles más.

Su nombre desde hace años es parte de una larga lista de jóvenes desaparecidos, captados por falsas promesas de empleo. Se trata de un mecanismo empleado por el crimen organizado para alimentar las filas de su frente en la guerra que hace al Estado y también a grupos antagónicos. Unas de las agrupaciones que emplea este modus operandi es el Cártel Jalisco Nueva Generación, con presencia en gran parte del país y en el mundo.

Ricardo Ravelo, periodista y especialista en temas del crimen organizado indicó que al respecto que "el cártel sin duda se ha caracterizado por esta práctica, porque tiene en sus filas a muchos jóvenes que fueron entrenados no solamente en campos de Jalisco, sino de otros estados de Michoacán, Veracruz, Tamaulipas".

"Hay muchos muchos estados donde se habilitaron zonas territoriales para estas actividades con la variante de que pues este las formas de reclutarlos han sido diferentes. Primero se publicaban en los periódicos anuncios de empleo y luego en las redes sociales también se dio mucho este esta actividad porque el Cártel de Jalisco es uno que uno de los que más explotan las redes sociales para sus fines”, comentó en ese sentido el periodista especializado en temas de seguridad Ricardo Ravelo.


Estas mismas características han sido observadas en el Rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco. Cuando el pasado 20 de septiembre las autoridades de la Guardia Nacional y del estado aseguraron el predio, afirmaron que se trataba de “un centro de adiestramiento”.
“Coincide con el modus operandi que en otros estados también puso en marcha este grupo criminal, de tal manera que pues yo creo que ahí lo que tiene que ponerse, es una investigación de fondo para determinar realmente quiénes operaban ese rancho”, ahondó Ravelo.
Este mismo miércoles, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) ha establecido estrategias para combatir el reclutamiento de jóvenes por parte del crimen organizado a través de redes sociales.
“La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana tiene una área especializada que está bajando permanentemente estas páginas o estas cuentas de redes que buscan incorporar a jóvenes a alguna actividad delincuencial, entonces no es que no se esté haciendo nada, sino que en el momento en que se detecta se habla con Facebook, incluso con Mercado Libre se ha visto”, planteó.
Por su parte, el Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, ofreció ayer mismo una conferencia de prensa en la que confirmó que en el Rancho Izaguirre sí había restos humanos que no registró la Fiscalía de Jalisco, que la Guardia Nacional, quien cateó el predio en septiembre del año pasado, no notificó a la FGR sobre el uso de armas de alto calibre, y que algunas credenciales halladas en el lugar, corresponden a “sicarios” del cártel que fueron detenidos en otros estados.

Además, Gertz Manero, a pesar de que leyó y confirmó tener testimonios que indican que ese era un campo de reclutamiento y exterminio, no quiso detallar o confirmar si fue así. En ese sentido, sostuvo que “no hay todavía un dictamen concluyente, sí encontraron restos, pequeños trozos de osamenta, el dictamen no nos garantiza la credibilidad y las características específicas de los restos óseos".

El reclutamiento forzado por parte del crimen organizado en México no es un fenómeno nuevo ni aislado. En Jalisco, esta práctica ha sido identificada desde al menos tres sexenios, remontándose al periodo de Aristóteles Sandoval Díaz. Durante su mandato, se descubrieron campamentos de trabajo forzado y de entrenamiento vinculados al crimen organizado, con un modus operandi que incluía la difusión de ofertas de trabajo falsas en redes sociales.
“Tanto a nivel nacional como en el estado de Jalisco, no es una situación nueva y tampoco ha sido una situación aislada. Ha sucedido a lo largo de por lo menos tres sexenios partiendo, por ejemplo, en Jalisco, el sexenio de Aristóteles Sandoval Díaz, donde se han podido encontrar, por ejemplo, los campamentos de trabajo forzado, de entrenamiento donde ya también se ha detectado el modus operandi con las ofertas de trabajo difundidas en redes sociales”, expuso Anna Karolina Chimiak, coordinadora del área de incidencia del Centro de Justicia para la Paz y Desarrollo (CEPAD), quienes han acompañado a colectivos de búsqueda en Jalisco.
Inicialmente, estas ofertas se enfocaban en labores de seguridad, como guardaespaldas o escoltas. Sin embargo, con el tiempo, se han diversificado y ampliado. En aquella época, se identificaron campamentos en la zona de Tala, Teuchitlán, Tepatitlán y Lagos de Moreno. Antes del reciente hallazgo en el Rancho Izaguirre, en Teuchitlán, se había encontrado otro campamento en la zona de La Vega, donde se liberaron 36 personas que habían sido reclutadas a la fuerza.

A pesar de los cambios de administración, estas prácticas continúan y se han extendido a zonas colindantes con Colima, Michoacán y Nayarit. También se han detectado en otros estados como Veracruz y Tamaulipas. Además de los campamentos de entrenamiento, existen casas de seguridad donde personas reclutadas a la fuerza son obligadas a realizar diversas tareas para el Cártel Jalisco, incluyendo trabajos en narcolaboratorios y en la producción de drogas sintéticas.

"En ese entonces, por ejemplo, hemos escuchado de los campamentos en la zona de Tala, también de Teuchiclán y por ejemplo Tepatitlán y yendo más hacia el norte del estado, por ejemplo, en Lagos de Moreno”, detalló Chimiak.

Evolución de las ofertas laborales

Las ofertas laborales falsas han evolucionado, primero eran a través de periódicos, volantes y eran para puestos más específicos como guardaespaldas, y ahora incluyen supuestas vacantes para choferes, albañiles, obreros de construcción y pintores de casas. A Brayan, el joven de 17 años desaparecido desde el 2016, no secuestraron cuando el joven acudió sólo a pedir informes.

Luz Elba, a lo largo de los años y de buscar a su hijo, ha reconstruido por su cuenta lo ocurrido aquel día martes 26 de abril de 2016. Ella y su Luz Elba y su hijo, Brayan de Jesús, caminaban por el centro histórico de Poza Rica cuando recibieron un volante con una oferta de empleo.
"El papel anunciaba un pago de 200 pesos por cuatro horas de trabajo en un puesto de hot dogs llamado 'Bob Esponja'. Yo le dije a mi hijo: ‘Mira, son solo cuatro horas, estudias y te da tiempo de trabajar’”, recuerda Elba Hernández.
Brayan llamó al número indicado y fue citado para el jueves en el Parque Benito Juárez, justo frente al puesto de comida rápida. Supuestamente, ahí recibiría más información sobre la entrevista. “Yo lo llevé. No era una oficina, era en un parque. Lo senté y me retiré para que lo entrevistaran. Cuando regresé, Brayan ya no estaba... pero no solo se lo llevaron a él, también a varios muchachos que cayeron en el engaño del trabajo”, relata.

La madre recuerda que, tras dejar a su hijo, fue a una tienda de telas por un momento. Al regresar, unos 40 minutos después, Brayan ya no estaba. Pensó que quizá lo habían llevado a otro sitio para la entrevista. Intentó llamarlo, pero la llamada se fue a buzón. Minutos después volvió a intentarlo, pero esta vez el teléfono ya estaba apagado.

Al preguntar a quienes estaban en el parque, supo que otros cinco jóvenes habían estado en el mismo lugar. Un bolero le contó que un hombre joven se acercó a ellos y los condujo hacia la orilla del parque, ubicado detrás del Ayuntamiento de Poza Rica y junto a la Comisaría.
"Cuando usted venía por una esquina del parque, se los llevaron por la otra. Yo vi, pero no sé quiénes eran, solo que llevaban armas”, recuerda Elba que le dijo el bolero.
Con el tiempo, la madre logró recopilar otros testimonios que coincidían en que los jóvenes fueron subidos a una camioneta gris y un carro azul.

En la evolución de las ofertas laborales también se han identificado engaños en ofertas de empleo para operadores telefónicos y encuestadores. En Jalisco, el tema del reclutamiento forzado volvió a tomar relevancia en junio y julio de 2023, cuando ocurrieron numerosas desapariciones en la nueva central camionera, ubicada entre Tonalá y Tlaquepaque.

La directora de CEPAD explicó que el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco ha documentado al menos 70 casos de personas enganchadas mediante falsas ofertas de empleo en redes sociales y citadas en dicho lugar para entrevistas o para comenzar de inmediato a trabajar.

El reclutamiento forzado afecta principalmente a jóvenes en situación de desigualdad y precariedad. La falta de oportunidades y la búsqueda de una mejor calidad de vida convierten a estas falsas ofertas en un atractivo para quienes buscan empleo. Aunque la mayoría de las víctimas son hombres, también se han documentado casos de mujeres reclutadas para tareas específicas.
“Hablando también de lo que hemos visto sobre todo desde observar como esa problemática gran parte de las personas o sea de las víctimas han sido personas jóvenes eh frente a las condiciones de desigualdad y precariedad eh y la falta de oportunidades y alternativas tanto laborales como de vida, donde las falsas promesas de trabajo se han convertido en incentivos para poder contar con otro nivel de vida y tener un salario eh más atractivo que permita eh establecer eh pues una vida distinta, y principalmente han sido hombres, pero también sabemos de eh para algunas tareas también se han reclutado las las mujeres”, explicó la defensora.
Pero además, para reclutar a jóvenes no solo se usan las redes sociales, sino que también hasta a través de videojuegos.

En octubre de 2021, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) daba a conocer que había en ese entonces por lo menos 10 carpetas de investigación por al menos 10 casos de reclutamiento de menores de edad a través de videojuegos en los estados de Baja California, Oaxaca, Jalisco, Tlaxcala y Coahuila, informó
“Se han dado este tipo de situaciones de búsqueda de reclutamiento criminal (de menores) y hemos visto que a partir del año pasado se vinieron incrementando todos estos casos [...] El confinamiento pues ha generado que haya también una mayor actividad en las redes y esto a su vez genera una mayor potencialidad al riesgo”, dijo en ese momento Ricardo Mejía Berdeja, entonces Subsecretario de Seguridad Pública, en entrevista con SinEmbargo.
Lo que explicó en ese momento el funcionario es que a raíz de la pandemia por la COVID-19 se había registrado un incremento en este método de tratar de buscar a los menores a través de videojuegos y redes sociales para que se incorporen a las estructuras delincuenciales.

Jalisco ya se posicionaba como la entidad que concentra el mayor número de casos, con un total de al menos cinco carpetas de investigación, seguida de Oaxaca con dos averiguaciones, Tlaxcala, Baja California y Coahuila, uno en cada entidad, de acuerdo con la información proporcionada por el funcionario en ese momento.

Sin embargo, a la fecha la información no ha sido actualizada por la propia Secretaría de Seguridad Ciudadana, la cual, a través de su departamento de prensa, al momento de solicitar entrevista e información sobre la información de la Policía Cibernetica y los datos sobre el reclutamiento forzado, señalaron que en estos momento no había agenda para entrevistas y que la estrategia de comunicación había cambiado.

Sobre las ofertas de trabajo y ganchos falsos en redes sociales, la Secretaría de Seguridad solo ha señalado de manera escueta, a través de su titular, Omar García Harfuch, que constantemente retiran ofertas en las redes sociales.

Cuestionado el pasado 11 de marzo sobre un posible ciberreclutamiento en el rancho Izaguirre, García Harfuch dijo que que, "tanto desde la Ciudad de México como ahora en el Gobierno federal, se han detectado y eliminado numerosas cuentas vinculadas con estos delitos.

Sin reconocer la magnitud del problema

Los colectivos de familias de personas desaparecidas han denunciado en diversas ocasiones la existencia de campamentos de reclutamiento forzado. Sin embargo, las autoridades han argumentado que no pueden ingresar a ciertas zonas. En muchos casos, las familias han intentado rescatar a sus seres queridos por su cuenta, con resultados desafortunados.

Existen testimonios de personas que han logrado escapar, lo que ha permitido documentar las condiciones en estos campamentos. En 2021, se localizó un campamento en Talpa de Allende, donde se identificaron diversas prácticas que luego fueron confirmadas por familiares tras el hallazgo en Teuchitlán.

La difusión de información sobre estos campamentos y prácticas ha sido limitada debido al miedo a denunciar y a los riesgos que implica hacerlo, tanto para las víctimas como para sus familias, según explicó Anna Chimiak.

Las autoridades poco información sobre los campamentos y centros de reclutamiento forzado. La falta de información y seguimiento por parte del Estado ha impedido documentar la magnitud del problema. No existen diagnósticos o informes de análisis de contexto que permitan dimensionar la situación.
“No existen tampoco diagnósticos o por ejemplo informes de análisis de contexto que pudieran explicarnos más como sociedad en conjunto sobre la magnitud y también características de esa problemática, Lo que ha sido pues muy claro es que el estado pues representa una postura de encubrimiento de los hechos y la apuesta hacia la impunidad. Sabemos que la práctica de reclutamiento forzado involucra en la actividad muy fuerte de los grupos del crimen organizado, en muchas ocasiones también participan de forma directa o indirecta las autoridades”, dijo Chimiak.
En este contexto, la postura de las autoridades ha sido problemática. Cuando se hizo público el modus operandi de reclutamiento en la nueva central camionera, el gobernador Enrique Alfaro Ramírez calificó estos casos como "ausencias voluntarias" y negó la existencia del fenómeno. A finales de 2023, la fiscalía y el gobernador difundieron una estadística alarmante: afirmaron que el 75 por ciento de las víctimas de desaparición localizadas no habían sido víctimas de ningún delito. Sin embargo, cuando se intentó contrastar esta información, se reveló que la fuente de estos datos eran entrevistas con las víctimas y actos de investigación.

En el caso particular del rancho Izaguire, Gertz Manero, a pesar de que fue cuestionado directamente en varias ocasiones, descartó confirmar si el lugar era un centro de exterminio o un campo de entrenamiento, aún cuando en septiembre pasado la Guardia Nacional afirmó que se trataba de “un centro de adiestramiento”.

El Fiscal acusó que las autoridades del estado no hicieron la investigación completa sobre este rancho e incluso no se ha podido establecer quién era el dueño del lugar.

Otro aspecto es la indiferencia y la mala integración de los casos cuando llegan haber denuncias, Las víctimas y madres, a veces tampoco quieren denunciar porque las propias autoridades no les creen o las maltratan, como evidencia el caso de Brayan.

Y es que, Luz Elba Hernández  contó que cuando acudió desesperada a la Fiscalía Especializada en Veracruz para denunciar el secuestro desaparición de su hijo y pedir ayuda, no le creyeron y la trataron como una  mentirosa.
“Lo primero que me preguntaron fue quiénes eran sus amigos, qué andaba haciendo mi hijo, y hasta insinuaron que yo estaba mintiendo sobre el volante de trabajo. Me decían que les dijera la verdad. Les expliqué que Brayan solo buscaba empleo, pero me dijeron que eso no era cierto”, relata.
La madre intentó hacerles entender que la mentira provenía de quienes usaron el volante para engañar a los jóvenes y secuestrarlos. "Pero me ganó el sentimiento. Las palabras duras de la autoridad y mi dolor me vencieron. Terminé llorando... y haciendo lo que ellos me decían: que volviera al día siguiente, luego al otro, y así”.
Ante la falta de avances en la investigación, algunos conocidos le sugirieron acudir a la Ciudad de México para que el caso fuera tomado a nivel federal En la capital, se presentó en la Unidad de Búsqueda Especializada de la en tonces Procuraduría General de la República (PGR), hoy FGR, y solicitó que la desaparición de Brayan se investigara como un caso de trata de personas. Han pasado los años y Luz Elba sigue buscando a su hijo.

"Sí es cierto que existen las desapariciones por reclutamiento, Ellos  (las autoridades) en su momento lo han negado, pero sí existen porque a mí me pasó", expresó.
Organizaciones, como la CEPAD, que dirige Anna Karolina, han denunciado que la ausencia de estrategias coordinadas entre los distintos niveles de gobierno ha impedido enfrentar el reclutamiento forzado, aunado a que la falta de medidas de protección efectivas también ha contribuido al miedo de las víctimas a denunciar, pues temen represalias contra ellas y sus familias.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: SUGEYRY ROMINA GÁNDARA.

Cae “El Niño de Oro”, segundo al mando del Cártel de Sinaloa en Morelos

“El Niño de Oro” es señalado como el segundo al mando del Cártel en la zona oriente, bajo el liderazgo de Júpiter Araujo, mejor conocido como “El Barbas”.

Rafael “N”, conocido con alias de “El Niño de Oro” o “El Centenario”, identificado como segundo al mando del Cártel de Sinaloa en el oriente de la entidad, fue detenido esta madrugada en un operativo realizado en el municipio de Atlatlahucan. 

En la acción también fue detenido otro personaje al que apodan “El Chuckie”, presunto jefe de sicarios, además, aseguraron una camioneta de lujo.

La noticia fue confirmada por el secretario de Gobierno, Juan Salgado Brito, quien no dio a conocer mayores detalles de la operación. En redes sociales ya circulan supuestas imágenes de la detención. 

“El Niño de Oro” es señalado como el segundo al mando del Cártel en la zona oriente, bajo el liderazgo de Júpiter Araujo, mejor conocido como “El Barbas”, quien hace unas semanas apareció en un video, dado a conocer en redes sociales, en el que se le observa sentado a una mesa, con ropa táctica, gorra, chaleco antibalas y un arma larga sobre las piernas. 

En ese video aparecen también en la mesa el presidente municipal en funciones de Cuautla, Jesús Corona Damián, también el de Atlatlahucan, Agustín Toledano, municipio donde ocurrió la detención del Niño de Oro, según la información disponible. 

La difusión del video desató un escándalo mediático, además de una investigación de la Fiscalía General de la República (FGR). En torno al asunto, el secretario federal de Seguridad, Omar García Harfuch, dijo que hay una investigación sobre 17 de los 36 alcaldes de Morelos. 

De su lado, Jesús Corona, alcalde de Cuautla, ha dicho que está “limpio”, que no tiene nada que esconder. Sin embargo, no ha aclarado sí estuvo o no en esa reunión. En tanto, Toledano, alcalde de Atlatlahucan, dijo que está a la espera de que la FGR lo llame a declarar, pero por lo pronto ambos siguen en el cargo.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JAIME LUIS BRITO.

EU sanciona a la líder de una red mexicana de tráfico de personas procedentes de Guatemala

La organización López Human “es conocida por hacerse con documentos mexicanos fraudulentos y pagar tasas a los cárteles para que estos faciliten el traslado ilegal de los migrantes a través de la frontera mexicana", explicó el Departamento del Tesoro.

Las autoridades de Estados Unidos sancionaron este martes a Jumilca Sandivez Hernández Pérez, líder de la organización López Human, una red presuntamente implicada en el tráfico de miles de personas procedentes de Guatemala hacia Estados Unidos a través de territorio mexicano.

El Departamento del Tesoro estadunidense señaló en un comunicado que Hernández ha estado coordinando su "actividad ilegal" con miembros de la banda La Línea, también implicada en el tráfico de migrantes a través de la frontera entre México y Estados Unidos, así como en otros "delitos atroces, como los asesinatos de nueve ciudadanos estadunidenses registrados en 2019 en el estado mexicano de Sonora".

"Las acciones de hoy muestran el compromiso de la Administración del presidente Donald Trump a la hora de hacer frente a esta crisis migratoria ilegal y perpetua, que amenaza la seguridad y protección de los estadounidenses", indicó el secretario del Tesoro, Scott Bessent.

En este sentido, puntualizado en un comunicado que el Tesoro "está comprometido a usar todas las herramientas a su alcance para bloquear los movimientos de estas bandas criminales y llevar a sus responsables ante la justicia". Además, recalcó que López Human ha estado "introduciendo inmigrantes en Nuevo México, Arizona y California", entre otros estados.

"La organización es conocida por hacerse con documentos mexicanos fraudulentos y pagar tasas a los cárteles para que estos faciliten el traslado ilegal de los migrantes a través de la frontera mexicana", explicó.

Las sanciones tienen lugar tras años de investigaciones y operaciones lideradas por agentes especiales de la oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional, que han llevado al arresto de varias personas.

Asimismo, el Tesoro aprovechó la ocasión para emitir una alerta para "concienciar del riesgo penal que puede acarrear para las instituciones financieras extranjeras y otras entidades estar relacionadas con cárteles que hayan sido introducidos recientemente en la lista de organizaciones terroristas" del Gobierno.

FUENTE: PROCESO/EUROPA PRESS.
AUTOR: 

Dan más de 100 años de prisión a tres de La Familia Michoacana detenidos en 2012

Los tres se encuentran compurgando sus condenas en el Centro Federal de Readaptación Social número 5 “Oriente”, en Veracruz.

Un juez federal condenó a tres personas vinculadas con La Familia Michoacana por delincuencia organizada, secuestro y portación de arma de fuego sin licencia y de uso exclusivo del Ejército, a quienes impuso penas de más de 100 años de prisión. 

Se trata de Armando Iván Salazar Pérez, alias “El Adit”; Carlos Enrique Vilchis Ramos, alias “El Guasón”, y Pedro Contreras González, alias “El Actor”, quienes fueron detenidos en enero de 2012 y fueron señalados por cometer diversos delitos, entre ellos el de secuestro, en el municipio de Ixtapaluca, Estado de México.

El juez Sexto de Distrito con residencia en Nezahualcóyotl impuso a Vilchis Ramos 181 años de prisión por delincuencia organizada (hipótesis de secuestro) y secuestro agravado de cinco personas; además deberá pagar una multa de un millón 191 mil 56 pesos. 

A Salazar Pérez le impuso 150 años y seis meses de prisión por los delitos de delincuencia organizada (hipótesis de secuestro), secuestro agravado de cuatro víctimas y portación de arma de fuego sin licencia, así como una multa de un millón 28 mil 83 pesos. 

Finalmente, a Pedro “C”, lo condenó a 117 años y seis meses de prisión por los delitos de delincuencia organizada (hipótesis de secuestro), secuestro agravado de tres víctimas y portación de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas y multa de 864 mil 633 pesos. 

De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), los tres se encuentran compurgando sus condenas en el Centro Federal de Readaptación Social número 5 “Oriente”, en Veracruz.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.