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Presunto reclutador del CJNG había sido reportado como desaparecido en 2020 en Chiapas

José Gregorio "N", presunto líder de una célula del CJNG, estaba reportado como desaparecido en Chiapas. Fue detenido en CDMX.

José Gregorio “N”, presunto líder de una célula delictiva del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y reclutador del mismo grupo criminal que fue detenido por autoridades federales, había sido reportado como desaparecido en 2020 en Chiapas.

La Fiscalía General del Estado de Chiapas (FGE) cuenta con una ficha de desaparición, con número de registro 0260/2020, de José Gregorio “N’ con fecha del 25 de agosto de 2020.

De acuerdo con la ficha, ese día su concubina habría tenido una última comunicación con él alrededor de las 17:00 horas, en la que le avisó que se dirigía a la colonia Club Campestre en Tuxtla Gutiérrez y no volvió a saber de él.

La detención de José Gregorio “N” fue anunciada este sábado 22 por el secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, y se habría realizado el jueves 20 por la noche en la alcaldía Cuajimalpa, CDMX, de acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones.

El presunto líder criminal, de 51 años, fue detenido junto a una mujer, de 43. Ambos fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación legal.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) señaló a José Gregorio “N” como presunto líder de una célula del CJNG y responsable del “reclutamiento y adiestramiento de personas”.

Hasta el momento, autoridades no han detallado si el detenido está relacionado con el Rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco, en donde buscadoras localizaron indicios de que el sitio podría haber sido usado como centro de adiestramiento y exterminio.

El secretario Omar García Harfuch dijo que este lunes 24 darán más información sobre la detención del presunto reclutador.

En el operativo para detener a José Gregorio “N” participaron elementos del Ejército, Guardia Nacional, Marina, SSPC y del Centro Nacional de Inteligencia.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Detienen al 'Lastra', líder reclutador del CJNG, relacionado a campos de adiestramiento

La detención se da en el marco de las investigaciones en Teuchitlán, Jalisco, por el caso del Rancho Izaguirre, un presunto centro de adiestramiento.

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), anunció la mañana de este sábado la detención de José Gregorio ‘N’, alias ‘Lastra’, presunto integrante de una célula delictiva vinculada al reclutamiento de personas para el Cártel Jalisco Nueva Generación.

“Resultado de investigaciones de gabinete y campo desarrolladas desde hace meses, en una acción de el Gabinete de Seguridad fue detenido en la Ciudad de México José Gregorio “N”, alias “Lastra”, líder de la célula delictiva vinculada al reclutamiento de personas para el CJNG.

Presentaremos más información sobre esta detención el próximo lunes“, se lee en la publicación de Harfuch en X.

La detención se da en el marco de las investigaciones en Teuchitlán, Jalisco, por el caso del Rancho Izaguirre, un presunto centro de adiestramiento en el que diversos grupos de buscadores de desaparecidos afirman se realizó la cremación de cientos de personas.

Por su parte, en un comunicado conjunto, la SSPC, proporcionó más detalles de la detención del líder responsable del reclutamiento y adiestramiento de personas, junto a una mujer quien lo acompañaba, como resultado de la colaboración con elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Marina (Semar), Fiscalía General de la República (FGR), Guardia Nacional (GN) y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

En seguimiento a líneas de investigación y resultado del análisis de gabinete y campo desarrollados “durante meses de trabajo en torno a esta organización criminal con presencia en el estado de Jalisco”, los agentes de seguridad identificaron a uno de los operadores del grupo, dedicado al reclutamiento de personas en campos de adiestramiento.


A dicho sujeto se le dio seguimiento mediante vigilancias fijas, móviles y discretas, en el estado de Jalisco, donde se tuvo conocimiento que se desplazaría a la Ciudad de México, por lo que se implementó un dispositivo de seguridad en la alcaldía Cuajimalpa, donde fue detenido en compañía de una mujer.

Por lo anterior, José Gregorio “N” de 51 años y la mujer de 43 años de edad, fueron detenidos, informados de sus derechos de ley y, junto con lo asegurado, fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación legal.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
FECHA: 22 MARZO 2024.

México envió a líderes del narcotráfico a EE. UU. sabiendo que podrían ser ejecutados

Rafael Caro Quintero, quien enfrenta un juicio en Brooklyn, y al menos otras cuatro figuras de cárteles podrían enfrentar la pena de muerte, pues fueron trasladados desde México y no extraditados.

Los acusados extranjeros enviados a Estados Unidos casi nunca enfrentan la pena capital, por graves que sean las acusaciones que pesan contra ellos.

Pero cuando un célebre líder del narcotráfico llegó de México al tribunal federal de Brooklyn el mes pasado, acusado, entre otras cosas, de asesinar a un agente federal estadounidense, los fiscales del Distrito Este de Nueva York dijeron que podría ser condenado a muerte.

Los fiscales aún tendrían que solicitar formalmente la pena capital para el narcotraficante, Rafael Caro Quintero, antes de un juicio para el que podrían faltar meses o años. Pero sea lo que sea lo que ocurra con Caro Quintero, el episodio representa un cambio radical para ambos países, y refleja cómo está respondiendo México a la agresiva política exterior del presidente Donald Trump en el continente y más allá.

Antes de esto, históricamente México había enviado a delincuentes a Estados Unidos solo con la condición de que no fueran ejecutados, una disposición de su acuerdo de extradición con Washington.

Sin embargo, en lugar de pasar por el engorroso procedimiento de extradición, México simplemente envió a Caro Quintero y a otras 28 figuras del narcotráfico, como permite una ley de seguridad nacional. La medida da al gobierno mexicano flexibilidad para acelerar los traslados y significa que Caro Quintero y al menos otros cuatro presos enviados a Estados Unidos el mes pasado podrían enfrentarse también a la pena de muerte.

Para México, la decisión supone una ruptura con la antigua política del país de proteger a sus ciudadanos de la pena capital. Para Estados Unidos, hace posible la visión punitiva de la justicia de Trump, de la que la pena de muerte es una herramienta esencial.

México ha luchado encarnizadamente durante décadas para impedir que el gobierno estadounidense ejecute a sus ciudadanos. El tratado de extradición, cuya forma está en vigor desde la década de 1970, estipula que el país que solicite a un acusado no puede imponer la pena de muerte si esta no existe en el país de origen del acusado. México no aplica la pena capital desde la década de 1960, aunque no se abolió oficialmente hasta 2005.

Los distintos puntos de vista de ambos países han tensado las relaciones. En 2002, el entonces presidente de México, Vicente Fox, canceló un viaje para visitar al presidente George Bush en protesta por la inminente ejecución de un ciudadano mexicano. En 2003, México recurrió al más alto tribunal de las Naciones Unidas por las condenas a muerte que el gobierno estadounidense había impuesto a 51 ciudadanos mexicanos.

En 2017, México accedió a extraditar al narcotraficante Joaquín Guzmán Loera, conocido como el Chapo, con la condición de que los fiscales del Distrito Este no solicitaran la pena de muerte. Fue condenado a cadena perpetua en 2019.

Emily Edmonds-Poli, profesora de ciencias políticas y relaciones internacionales en la Universidad de San Diego, dijo que la decisión de la nueva presidenta de México, Claudia Sheinbaum, de trasladar a los miembros de cárteles conllevaría normalmente un riesgo político. Pero Sheinbaum, quien goza de altos índices de aprobación en medio de una oleada de nacionalismo, puede tener la libertad de actuar con audacia, dijo.

“Es un momento decisivo”, dijo Edmonds-Poli. “Abre una puerta que antes estaba firmemente cerrada”.

El predecesor de Sheinbaum, Andrés Manuel López Obrador, intentó acabar con la violencia mediante una menor confrontación con los cárteles y abordando las causas profundas. Pero su estrategia, acuñada como “abrazos, no balazos”, ha perdido popularidad en México.

En cambio, Sheinbaum ha adoptado hasta ahora un enfoque decididamente más agresivo en la lucha contra los cárteles. Además de aprobar los traslados, ha enviado más de 10.000 soldados a la frontera estadounidense y a Sinaloa, un centro de tráfico de fentanilo donde su gobierno afirma haber realizado más de 900 detenciones desde octubre.

No está claro cómo responderá el gobierno mexicano si los fiscales estadounidenses solicitan la pena de muerte contra los miembros de los cárteles. Alejandro Gertz Manero, fiscal general de México, declaró a la prensa en México que los jefes de los cárteles no pueden ser ejecutados en Estados Unidos, según informó el diario El País.

Las negociaciones para enviar a los capos de la droga de México mediante este proceso simplificado comenzaron durante el gobierno de Joe Biden, según dos personas familiarizadas con las conversaciones. La Casa Blanca de Biden reanudó esas conversaciones con Sheinbaum cuando la presidenta asumió el cargo en octubre, y el acuerdo final del traslado fue negociado por el gobierno de Trump después del día de la toma de posesión.

“Es un cortocircuito de un importante procedimiento legal”, dijo Austin Sarat, profesor del Amherst College, quien ha estudiado la pena de muerte durante décadas. “Lo que Trump está haciendo es reiniciar la conversación en torno a la pena capital”.

Caro Quintero era una captura especialmente preciada para los fiscales estadounidenses. Fue condenado en México por orquestar la tortura y asesinato en 1985 de Kiki Camarena, agente encubierto de la Administración de Control de Drogas, que transformó la agencia y las relaciones entre Estados Unidos y México.

Caro Quintero cumplió décadas en una prisión mexicana, pero fue liberado en 2013 en plena noche gracias a un vacío legal. Fue recapturado por las autoridades mexicanas en 2022. Michael Vitaliano, abogado de Caro Quintero, dijo en un comunicado que, en caso de que su cliente se enfrentara a la pena de muerte, su equipo jurídico estaba “plenamente preparado para hacer frente a ese desafío procesal y sustantivamente”, desde “el momento de su captura y expulsión de México hasta el final del juicio”.

Podrían pasar meses antes de que los fiscales anuncien si solicitan la pena de muerte. Un portavoz del Distrito Este declinó hacer comentarios.

Los fiscales tendrían primero que superar obstáculos, como una intensa revisión dentro de la oficina del Distrito Este y de un comité del Departamento de Justicia en Washington que estudia los casos de pena capital. Durante este tiempo, los abogados defensores pueden presentar apelaciones a los fiscales y luego al comité de Washington.

Los detractores de la pena de muerte llevan mucho tiempo señalando las disparidades raciales en su aplicación, junto con la cuestión moral más fundamental de si el Estado tiene derecho a quitar una vida.

Los críticos también han señalado el elevado precio de la administración de la pena de muerte, que puede ser decenas de miles de dólares más cara que la cadena perpetua, así como el hecho de que Estados Unidos ejecuta a muchas más personas que los países de su grupo. Entre los 38 países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, Estados Unidos y Japón son los dos únicos que aplican la pena de muerte.

Ken Montgomery, abogado de Vicente Carrillo Fuentes, otro miembro del cártel enviado desde México que podría enfrentarse a la pena de muerte, dijo en una entrevista que Estados Unidos no debería dedicarse a ejecutar personas.

“Para una sociedad civilizada, no creo que ejecutar a personas sea nunca algo civilizado”, dijo Montgomery.

Poco más de la mitad de los estadounidenses apoyan la pena de muerte, según una encuesta de octubre de Gallup, frente al 80 por ciento de hace tres décadas. A escala nacional, en Estados Unidos, se ejecutó a 25 personas en 2024, frente a 85 en 2000, según el Centro de Información sobre la Pena de Muerte. El presidente Joe Biden, quien en 2020 hizo campaña por el fin de la pena capital, estableció una moratoria sobre las ejecuciones federales y conmutó las penas de 37 de los 40 reclusos condenados a muerte antes de dejar el cargo.

Por el contrario, Trump y sus aliados favorecen un enfoque más punitivo de la administración de justicia, y el propio Trump alberga desde hace tiempo una afinidad por la pena de muerte. En 1989, publicó anuncios en la prensa pidiendo que el estado de Nueva York adoptara la pena de muerte tras el brutal ataque a una corredora en Central Park, por el que fueron condenados injustamente cinco adolescentes negros e hispanos. (Los anuncios no pedían directamente la ejecución de los adolescentes).

En 2017, poco después de que un terrorista uzbeko, Sayfullo Saipov, atravesara con un camión una ciclovía abarrotada en el Bajo Manhattan, y matara a ocho personas, el presidente Trump dijo en Twitter que Saipov “¡DEBERÍA RECIBIR PENA DE MUERTE!”. Durante su primer mandato, Trump reinició las ejecuciones federales tras una pausa de 20 años. Y durante su campaña para 2024, Trump dijo que “los narcotraficantes y los traficantes de personas” deberían ser condenados a muerte.

En enero, Trump firmó una orden ejecutiva que pedía la pena de muerte en los casos de “asesinato de un agente del orden” y de “un delito capital cometido por un extranjero presente ilegalmente en este país”.

En un memorando del 5 de febrero, Pam Bondi, fiscala general, levantó la moratoria que Biden había impuesto a las ejecuciones.

FUENTE: THE NEW YORK TIMES.
AUTOR: SANTUL NERKAR.

Los cárteles enganchan miembros con engaños. El Rancho Izaguirre es apenas una prueba

El reclutamiento forzado por parte del crimen organizado en México no es un fenómeno nuevo ni aislado. En Jalisco, esta práctica ha sido identificada desde al menos tres sexenios, remontándose al periodo de Aristóteles Sandoval Díaz. Durante su mandato, se descubrieron campamentos de trabajo forzado y de entrenamiento vinculados al crimen organizado, con un modus operandi que incluía la difusión de ofertas de trabajo falsas en redes sociales.

“Yo pensé que ya estaba muerta, pero todo revivió”, Contesta con la voz apagada y entrecortada Luz Elba Hernandez, madre de Brayan de Jesús Hernández Gutiérrez, de 17 años, quien fue secuestrado el 28 de abril de 2016 mientras esperaba una supuesta entrevista de trabajo a la que acudió luego de leer un volante publicitario distribuido en Poza Rica, Veracruz. La madre, que desde entonces no ha parado de buscar a su hijo, al hablar del Rancho Izaguirre en Teuchitlán hace una pausa y luego sentencia: “Con esa noticia, yo sólo reviví para volver a morir”.

Brayan cursaba el primer semestre de preparatoria y soñaba con estudiar en la Escuela Normal. Quería ser maestro. Pero su vida se truncó de golpe. Un grupo armado lo privó de la libertad en cuestión de minutos. Lo arrancaron de los brazos de su madre con la misma brutalidad con la que el crimen organizado ha arrebatado a miles más.

Su nombre desde hace años es parte de una larga lista de jóvenes desaparecidos, captados por falsas promesas de empleo. Se trata de un mecanismo empleado por el crimen organizado para alimentar las filas de su frente en la guerra que hace al Estado y también a grupos antagónicos. Unas de las agrupaciones que emplea este modus operandi es el Cártel Jalisco Nueva Generación, con presencia en gran parte del país y en el mundo.

Ricardo Ravelo, periodista y especialista en temas del crimen organizado indicó que al respecto que "el cártel sin duda se ha caracterizado por esta práctica, porque tiene en sus filas a muchos jóvenes que fueron entrenados no solamente en campos de Jalisco, sino de otros estados de Michoacán, Veracruz, Tamaulipas".

"Hay muchos muchos estados donde se habilitaron zonas territoriales para estas actividades con la variante de que pues este las formas de reclutarlos han sido diferentes. Primero se publicaban en los periódicos anuncios de empleo y luego en las redes sociales también se dio mucho este esta actividad porque el Cártel de Jalisco es uno que uno de los que más explotan las redes sociales para sus fines”, comentó en ese sentido el periodista especializado en temas de seguridad Ricardo Ravelo.


Estas mismas características han sido observadas en el Rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco. Cuando el pasado 20 de septiembre las autoridades de la Guardia Nacional y del estado aseguraron el predio, afirmaron que se trataba de “un centro de adiestramiento”.
“Coincide con el modus operandi que en otros estados también puso en marcha este grupo criminal, de tal manera que pues yo creo que ahí lo que tiene que ponerse, es una investigación de fondo para determinar realmente quiénes operaban ese rancho”, ahondó Ravelo.
Este mismo miércoles, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) ha establecido estrategias para combatir el reclutamiento de jóvenes por parte del crimen organizado a través de redes sociales.
“La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana tiene una área especializada que está bajando permanentemente estas páginas o estas cuentas de redes que buscan incorporar a jóvenes a alguna actividad delincuencial, entonces no es que no se esté haciendo nada, sino que en el momento en que se detecta se habla con Facebook, incluso con Mercado Libre se ha visto”, planteó.
Por su parte, el Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, ofreció ayer mismo una conferencia de prensa en la que confirmó que en el Rancho Izaguirre sí había restos humanos que no registró la Fiscalía de Jalisco, que la Guardia Nacional, quien cateó el predio en septiembre del año pasado, no notificó a la FGR sobre el uso de armas de alto calibre, y que algunas credenciales halladas en el lugar, corresponden a “sicarios” del cártel que fueron detenidos en otros estados.

Además, Gertz Manero, a pesar de que leyó y confirmó tener testimonios que indican que ese era un campo de reclutamiento y exterminio, no quiso detallar o confirmar si fue así. En ese sentido, sostuvo que “no hay todavía un dictamen concluyente, sí encontraron restos, pequeños trozos de osamenta, el dictamen no nos garantiza la credibilidad y las características específicas de los restos óseos".

El reclutamiento forzado por parte del crimen organizado en México no es un fenómeno nuevo ni aislado. En Jalisco, esta práctica ha sido identificada desde al menos tres sexenios, remontándose al periodo de Aristóteles Sandoval Díaz. Durante su mandato, se descubrieron campamentos de trabajo forzado y de entrenamiento vinculados al crimen organizado, con un modus operandi que incluía la difusión de ofertas de trabajo falsas en redes sociales.
“Tanto a nivel nacional como en el estado de Jalisco, no es una situación nueva y tampoco ha sido una situación aislada. Ha sucedido a lo largo de por lo menos tres sexenios partiendo, por ejemplo, en Jalisco, el sexenio de Aristóteles Sandoval Díaz, donde se han podido encontrar, por ejemplo, los campamentos de trabajo forzado, de entrenamiento donde ya también se ha detectado el modus operandi con las ofertas de trabajo difundidas en redes sociales”, expuso Anna Karolina Chimiak, coordinadora del área de incidencia del Centro de Justicia para la Paz y Desarrollo (CEPAD), quienes han acompañado a colectivos de búsqueda en Jalisco.
Inicialmente, estas ofertas se enfocaban en labores de seguridad, como guardaespaldas o escoltas. Sin embargo, con el tiempo, se han diversificado y ampliado. En aquella época, se identificaron campamentos en la zona de Tala, Teuchitlán, Tepatitlán y Lagos de Moreno. Antes del reciente hallazgo en el Rancho Izaguirre, en Teuchitlán, se había encontrado otro campamento en la zona de La Vega, donde se liberaron 36 personas que habían sido reclutadas a la fuerza.

A pesar de los cambios de administración, estas prácticas continúan y se han extendido a zonas colindantes con Colima, Michoacán y Nayarit. También se han detectado en otros estados como Veracruz y Tamaulipas. Además de los campamentos de entrenamiento, existen casas de seguridad donde personas reclutadas a la fuerza son obligadas a realizar diversas tareas para el Cártel Jalisco, incluyendo trabajos en narcolaboratorios y en la producción de drogas sintéticas.

"En ese entonces, por ejemplo, hemos escuchado de los campamentos en la zona de Tala, también de Teuchiclán y por ejemplo Tepatitlán y yendo más hacia el norte del estado, por ejemplo, en Lagos de Moreno”, detalló Chimiak.

Evolución de las ofertas laborales

Las ofertas laborales falsas han evolucionado, primero eran a través de periódicos, volantes y eran para puestos más específicos como guardaespaldas, y ahora incluyen supuestas vacantes para choferes, albañiles, obreros de construcción y pintores de casas. A Brayan, el joven de 17 años desaparecido desde el 2016, no secuestraron cuando el joven acudió sólo a pedir informes.

Luz Elba, a lo largo de los años y de buscar a su hijo, ha reconstruido por su cuenta lo ocurrido aquel día martes 26 de abril de 2016. Ella y su Luz Elba y su hijo, Brayan de Jesús, caminaban por el centro histórico de Poza Rica cuando recibieron un volante con una oferta de empleo.
"El papel anunciaba un pago de 200 pesos por cuatro horas de trabajo en un puesto de hot dogs llamado 'Bob Esponja'. Yo le dije a mi hijo: ‘Mira, son solo cuatro horas, estudias y te da tiempo de trabajar’”, recuerda Elba Hernández.
Brayan llamó al número indicado y fue citado para el jueves en el Parque Benito Juárez, justo frente al puesto de comida rápida. Supuestamente, ahí recibiría más información sobre la entrevista. “Yo lo llevé. No era una oficina, era en un parque. Lo senté y me retiré para que lo entrevistaran. Cuando regresé, Brayan ya no estaba... pero no solo se lo llevaron a él, también a varios muchachos que cayeron en el engaño del trabajo”, relata.

La madre recuerda que, tras dejar a su hijo, fue a una tienda de telas por un momento. Al regresar, unos 40 minutos después, Brayan ya no estaba. Pensó que quizá lo habían llevado a otro sitio para la entrevista. Intentó llamarlo, pero la llamada se fue a buzón. Minutos después volvió a intentarlo, pero esta vez el teléfono ya estaba apagado.

Al preguntar a quienes estaban en el parque, supo que otros cinco jóvenes habían estado en el mismo lugar. Un bolero le contó que un hombre joven se acercó a ellos y los condujo hacia la orilla del parque, ubicado detrás del Ayuntamiento de Poza Rica y junto a la Comisaría.
"Cuando usted venía por una esquina del parque, se los llevaron por la otra. Yo vi, pero no sé quiénes eran, solo que llevaban armas”, recuerda Elba que le dijo el bolero.
Con el tiempo, la madre logró recopilar otros testimonios que coincidían en que los jóvenes fueron subidos a una camioneta gris y un carro azul.

En la evolución de las ofertas laborales también se han identificado engaños en ofertas de empleo para operadores telefónicos y encuestadores. En Jalisco, el tema del reclutamiento forzado volvió a tomar relevancia en junio y julio de 2023, cuando ocurrieron numerosas desapariciones en la nueva central camionera, ubicada entre Tonalá y Tlaquepaque.

La directora de CEPAD explicó que el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco ha documentado al menos 70 casos de personas enganchadas mediante falsas ofertas de empleo en redes sociales y citadas en dicho lugar para entrevistas o para comenzar de inmediato a trabajar.

El reclutamiento forzado afecta principalmente a jóvenes en situación de desigualdad y precariedad. La falta de oportunidades y la búsqueda de una mejor calidad de vida convierten a estas falsas ofertas en un atractivo para quienes buscan empleo. Aunque la mayoría de las víctimas son hombres, también se han documentado casos de mujeres reclutadas para tareas específicas.
“Hablando también de lo que hemos visto sobre todo desde observar como esa problemática gran parte de las personas o sea de las víctimas han sido personas jóvenes eh frente a las condiciones de desigualdad y precariedad eh y la falta de oportunidades y alternativas tanto laborales como de vida, donde las falsas promesas de trabajo se han convertido en incentivos para poder contar con otro nivel de vida y tener un salario eh más atractivo que permita eh establecer eh pues una vida distinta, y principalmente han sido hombres, pero también sabemos de eh para algunas tareas también se han reclutado las las mujeres”, explicó la defensora.
Pero además, para reclutar a jóvenes no solo se usan las redes sociales, sino que también hasta a través de videojuegos.

En octubre de 2021, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) daba a conocer que había en ese entonces por lo menos 10 carpetas de investigación por al menos 10 casos de reclutamiento de menores de edad a través de videojuegos en los estados de Baja California, Oaxaca, Jalisco, Tlaxcala y Coahuila, informó
“Se han dado este tipo de situaciones de búsqueda de reclutamiento criminal (de menores) y hemos visto que a partir del año pasado se vinieron incrementando todos estos casos [...] El confinamiento pues ha generado que haya también una mayor actividad en las redes y esto a su vez genera una mayor potencialidad al riesgo”, dijo en ese momento Ricardo Mejía Berdeja, entonces Subsecretario de Seguridad Pública, en entrevista con SinEmbargo.
Lo que explicó en ese momento el funcionario es que a raíz de la pandemia por la COVID-19 se había registrado un incremento en este método de tratar de buscar a los menores a través de videojuegos y redes sociales para que se incorporen a las estructuras delincuenciales.

Jalisco ya se posicionaba como la entidad que concentra el mayor número de casos, con un total de al menos cinco carpetas de investigación, seguida de Oaxaca con dos averiguaciones, Tlaxcala, Baja California y Coahuila, uno en cada entidad, de acuerdo con la información proporcionada por el funcionario en ese momento.

Sin embargo, a la fecha la información no ha sido actualizada por la propia Secretaría de Seguridad Ciudadana, la cual, a través de su departamento de prensa, al momento de solicitar entrevista e información sobre la información de la Policía Cibernetica y los datos sobre el reclutamiento forzado, señalaron que en estos momento no había agenda para entrevistas y que la estrategia de comunicación había cambiado.

Sobre las ofertas de trabajo y ganchos falsos en redes sociales, la Secretaría de Seguridad solo ha señalado de manera escueta, a través de su titular, Omar García Harfuch, que constantemente retiran ofertas en las redes sociales.

Cuestionado el pasado 11 de marzo sobre un posible ciberreclutamiento en el rancho Izaguirre, García Harfuch dijo que que, "tanto desde la Ciudad de México como ahora en el Gobierno federal, se han detectado y eliminado numerosas cuentas vinculadas con estos delitos.

Sin reconocer la magnitud del problema

Los colectivos de familias de personas desaparecidas han denunciado en diversas ocasiones la existencia de campamentos de reclutamiento forzado. Sin embargo, las autoridades han argumentado que no pueden ingresar a ciertas zonas. En muchos casos, las familias han intentado rescatar a sus seres queridos por su cuenta, con resultados desafortunados.

Existen testimonios de personas que han logrado escapar, lo que ha permitido documentar las condiciones en estos campamentos. En 2021, se localizó un campamento en Talpa de Allende, donde se identificaron diversas prácticas que luego fueron confirmadas por familiares tras el hallazgo en Teuchitlán.

La difusión de información sobre estos campamentos y prácticas ha sido limitada debido al miedo a denunciar y a los riesgos que implica hacerlo, tanto para las víctimas como para sus familias, según explicó Anna Chimiak.

Las autoridades poco información sobre los campamentos y centros de reclutamiento forzado. La falta de información y seguimiento por parte del Estado ha impedido documentar la magnitud del problema. No existen diagnósticos o informes de análisis de contexto que permitan dimensionar la situación.
“No existen tampoco diagnósticos o por ejemplo informes de análisis de contexto que pudieran explicarnos más como sociedad en conjunto sobre la magnitud y también características de esa problemática, Lo que ha sido pues muy claro es que el estado pues representa una postura de encubrimiento de los hechos y la apuesta hacia la impunidad. Sabemos que la práctica de reclutamiento forzado involucra en la actividad muy fuerte de los grupos del crimen organizado, en muchas ocasiones también participan de forma directa o indirecta las autoridades”, dijo Chimiak.
En este contexto, la postura de las autoridades ha sido problemática. Cuando se hizo público el modus operandi de reclutamiento en la nueva central camionera, el gobernador Enrique Alfaro Ramírez calificó estos casos como "ausencias voluntarias" y negó la existencia del fenómeno. A finales de 2023, la fiscalía y el gobernador difundieron una estadística alarmante: afirmaron que el 75 por ciento de las víctimas de desaparición localizadas no habían sido víctimas de ningún delito. Sin embargo, cuando se intentó contrastar esta información, se reveló que la fuente de estos datos eran entrevistas con las víctimas y actos de investigación.

En el caso particular del rancho Izaguire, Gertz Manero, a pesar de que fue cuestionado directamente en varias ocasiones, descartó confirmar si el lugar era un centro de exterminio o un campo de entrenamiento, aún cuando en septiembre pasado la Guardia Nacional afirmó que se trataba de “un centro de adiestramiento”.

El Fiscal acusó que las autoridades del estado no hicieron la investigación completa sobre este rancho e incluso no se ha podido establecer quién era el dueño del lugar.

Otro aspecto es la indiferencia y la mala integración de los casos cuando llegan haber denuncias, Las víctimas y madres, a veces tampoco quieren denunciar porque las propias autoridades no les creen o las maltratan, como evidencia el caso de Brayan.

Y es que, Luz Elba Hernández  contó que cuando acudió desesperada a la Fiscalía Especializada en Veracruz para denunciar el secuestro desaparición de su hijo y pedir ayuda, no le creyeron y la trataron como una  mentirosa.
“Lo primero que me preguntaron fue quiénes eran sus amigos, qué andaba haciendo mi hijo, y hasta insinuaron que yo estaba mintiendo sobre el volante de trabajo. Me decían que les dijera la verdad. Les expliqué que Brayan solo buscaba empleo, pero me dijeron que eso no era cierto”, relata.
La madre intentó hacerles entender que la mentira provenía de quienes usaron el volante para engañar a los jóvenes y secuestrarlos. "Pero me ganó el sentimiento. Las palabras duras de la autoridad y mi dolor me vencieron. Terminé llorando... y haciendo lo que ellos me decían: que volviera al día siguiente, luego al otro, y así”.
Ante la falta de avances en la investigación, algunos conocidos le sugirieron acudir a la Ciudad de México para que el caso fuera tomado a nivel federal En la capital, se presentó en la Unidad de Búsqueda Especializada de la en tonces Procuraduría General de la República (PGR), hoy FGR, y solicitó que la desaparición de Brayan se investigara como un caso de trata de personas. Han pasado los años y Luz Elba sigue buscando a su hijo.

"Sí es cierto que existen las desapariciones por reclutamiento, Ellos  (las autoridades) en su momento lo han negado, pero sí existen porque a mí me pasó", expresó.
Organizaciones, como la CEPAD, que dirige Anna Karolina, han denunciado que la ausencia de estrategias coordinadas entre los distintos niveles de gobierno ha impedido enfrentar el reclutamiento forzado, aunado a que la falta de medidas de protección efectivas también ha contribuido al miedo de las víctimas a denunciar, pues temen represalias contra ellas y sus familias.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: SUGEYRY ROMINA GÁNDARA.

Cae “El Niño de Oro”, segundo al mando del Cártel de Sinaloa en Morelos

“El Niño de Oro” es señalado como el segundo al mando del Cártel en la zona oriente, bajo el liderazgo de Júpiter Araujo, mejor conocido como “El Barbas”.

Rafael “N”, conocido con alias de “El Niño de Oro” o “El Centenario”, identificado como segundo al mando del Cártel de Sinaloa en el oriente de la entidad, fue detenido esta madrugada en un operativo realizado en el municipio de Atlatlahucan. 

En la acción también fue detenido otro personaje al que apodan “El Chuckie”, presunto jefe de sicarios, además, aseguraron una camioneta de lujo.

La noticia fue confirmada por el secretario de Gobierno, Juan Salgado Brito, quien no dio a conocer mayores detalles de la operación. En redes sociales ya circulan supuestas imágenes de la detención. 

“El Niño de Oro” es señalado como el segundo al mando del Cártel en la zona oriente, bajo el liderazgo de Júpiter Araujo, mejor conocido como “El Barbas”, quien hace unas semanas apareció en un video, dado a conocer en redes sociales, en el que se le observa sentado a una mesa, con ropa táctica, gorra, chaleco antibalas y un arma larga sobre las piernas. 

En ese video aparecen también en la mesa el presidente municipal en funciones de Cuautla, Jesús Corona Damián, también el de Atlatlahucan, Agustín Toledano, municipio donde ocurrió la detención del Niño de Oro, según la información disponible. 

La difusión del video desató un escándalo mediático, además de una investigación de la Fiscalía General de la República (FGR). En torno al asunto, el secretario federal de Seguridad, Omar García Harfuch, dijo que hay una investigación sobre 17 de los 36 alcaldes de Morelos. 

De su lado, Jesús Corona, alcalde de Cuautla, ha dicho que está “limpio”, que no tiene nada que esconder. Sin embargo, no ha aclarado sí estuvo o no en esa reunión. En tanto, Toledano, alcalde de Atlatlahucan, dijo que está a la espera de que la FGR lo llame a declarar, pero por lo pronto ambos siguen en el cargo.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JAIME LUIS BRITO.

EU sanciona a la líder de una red mexicana de tráfico de personas procedentes de Guatemala

La organización López Human “es conocida por hacerse con documentos mexicanos fraudulentos y pagar tasas a los cárteles para que estos faciliten el traslado ilegal de los migrantes a través de la frontera mexicana", explicó el Departamento del Tesoro.

Las autoridades de Estados Unidos sancionaron este martes a Jumilca Sandivez Hernández Pérez, líder de la organización López Human, una red presuntamente implicada en el tráfico de miles de personas procedentes de Guatemala hacia Estados Unidos a través de territorio mexicano.

El Departamento del Tesoro estadunidense señaló en un comunicado que Hernández ha estado coordinando su "actividad ilegal" con miembros de la banda La Línea, también implicada en el tráfico de migrantes a través de la frontera entre México y Estados Unidos, así como en otros "delitos atroces, como los asesinatos de nueve ciudadanos estadunidenses registrados en 2019 en el estado mexicano de Sonora".

"Las acciones de hoy muestran el compromiso de la Administración del presidente Donald Trump a la hora de hacer frente a esta crisis migratoria ilegal y perpetua, que amenaza la seguridad y protección de los estadounidenses", indicó el secretario del Tesoro, Scott Bessent.

En este sentido, puntualizado en un comunicado que el Tesoro "está comprometido a usar todas las herramientas a su alcance para bloquear los movimientos de estas bandas criminales y llevar a sus responsables ante la justicia". Además, recalcó que López Human ha estado "introduciendo inmigrantes en Nuevo México, Arizona y California", entre otros estados.

"La organización es conocida por hacerse con documentos mexicanos fraudulentos y pagar tasas a los cárteles para que estos faciliten el traslado ilegal de los migrantes a través de la frontera mexicana", explicó.

Las sanciones tienen lugar tras años de investigaciones y operaciones lideradas por agentes especiales de la oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional, que han llevado al arresto de varias personas.

Asimismo, el Tesoro aprovechó la ocasión para emitir una alerta para "concienciar del riesgo penal que puede acarrear para las instituciones financieras extranjeras y otras entidades estar relacionadas con cárteles que hayan sido introducidos recientemente en la lista de organizaciones terroristas" del Gobierno.

FUENTE: PROCESO/EUROPA PRESS.
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Dan más de 100 años de prisión a tres de La Familia Michoacana detenidos en 2012

Los tres se encuentran compurgando sus condenas en el Centro Federal de Readaptación Social número 5 “Oriente”, en Veracruz.

Un juez federal condenó a tres personas vinculadas con La Familia Michoacana por delincuencia organizada, secuestro y portación de arma de fuego sin licencia y de uso exclusivo del Ejército, a quienes impuso penas de más de 100 años de prisión. 

Se trata de Armando Iván Salazar Pérez, alias “El Adit”; Carlos Enrique Vilchis Ramos, alias “El Guasón”, y Pedro Contreras González, alias “El Actor”, quienes fueron detenidos en enero de 2012 y fueron señalados por cometer diversos delitos, entre ellos el de secuestro, en el municipio de Ixtapaluca, Estado de México.

El juez Sexto de Distrito con residencia en Nezahualcóyotl impuso a Vilchis Ramos 181 años de prisión por delincuencia organizada (hipótesis de secuestro) y secuestro agravado de cinco personas; además deberá pagar una multa de un millón 191 mil 56 pesos. 

A Salazar Pérez le impuso 150 años y seis meses de prisión por los delitos de delincuencia organizada (hipótesis de secuestro), secuestro agravado de cuatro víctimas y portación de arma de fuego sin licencia, así como una multa de un millón 28 mil 83 pesos. 

Finalmente, a Pedro “C”, lo condenó a 117 años y seis meses de prisión por los delitos de delincuencia organizada (hipótesis de secuestro), secuestro agravado de tres víctimas y portación de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas y multa de 864 mil 633 pesos. 

De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), los tres se encuentran compurgando sus condenas en el Centro Federal de Readaptación Social número 5 “Oriente”, en Veracruz.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.

¿Narcos que hablan como funcionarios? Inconsistencias del supuesto video del CJNG

En el supuesto video del CJNG el grupo criminal se deslinda de los hechos ocurridos en el rancho Izaguirre en Teuchitlán y amenazan veladamente a las madres buscadoras, pero… ¿son ellos en realidad?

En las últimas horas ha estado circulando por redes sociales un video que fue difundido en TikTok por el usuario @juan.hernandez4011, que ya no figura en la plataforma. 

El video se difundió y propagó como fuego en los medios. En el clip se observa a una treintena de hombres con uniforme táctico, armas largas, encapuchados y cuidadosamente alineados para que se aprecie bien la cantidad de activos con los que cuenta la célula delictiva. 

En los casi cinco minutos de mensaje, resaltan algunas características que, a comparación con otros videos de amenazas difundidos por esta organización criminal, desentonan con la peculiaridad del crimen organizado. 

Por principio de cuentas, emplean un lenguaje extrañamente propio y con términos propios de funcionarios, como lo son: miembro activo, la razón del video, esclarecer, en tiempo y forma, indicios, dudosa procedencia, elementos federales, notifican el hallazgo, privaciones ilegales de la libertad, con qué fundamento, autoridad competente, armas de uso exclusivo del ejército, falsos testimonios.


¿Narcos educados y humanistas?

En ningún momento de todo el video se percibe que alguno de los integrantes que aparece en cámara porte un parche o una insignia con las siglas del CJNG, tampoco una manta o lona como ha ocurrido en otras ocasiones.

Segundo: se les observa cuidadosamente uniformados, como en la milicia. Este dato llama bastante la atención dado que en comparación con un video difundido hace tres años por El Universal, en el que presuntamente el CJNG lanza amenazas a medios de comunicación y una periodista, no utilizan ese formato de presentación, lenguaje y mucho menos su uniforme tan pulcro.


Por otra parte, al realizar una búsqueda de imágenes reversibles en Google Lens, sale un parecido con el Cártel del Noroeste, que también se uniforma de negro y pone a uno de sus miembros al frente leyendo una hoja. 

En la nota publicada por medios como Infobae el 25 de junio de 2023, “Qué hay detrás de la estrategia de cárteles para no fabricar fentanilo y buscar pactar con el presidente” anexan una fotografía del Cártel del Noreste (CDN) y es similar a lo que se observa en el video difundido por el supuesto CJNG.



Internautas cuestionan la veracidad del video, como el usuario @Jan_Sunshine11 quien destaca que a “por la forma de hablar diría que es del ejército o elemento de seguridad”. 

También destaca un video del 5 de marzo del 2024 en el que presuntos integrantes del Cártel de Noreste publican una amenaza, siendo bastante evidente las similitudes que comparten ambos grupos delictivos en la forma de expresarse como si hubieran asistido a la misma escuela de adiestramiento.
A su vez, el periodista especializado en crimen organizado, Oscar Balderas, reitera esta hipótesis en entrevista con Adela Micha, en la que señala la imagen cruel y sanguinaria que se ha creado el CJNG desde su creación en 2009 y que rompe completamente con el discurso que ofrecen. 

Igualmente hace hincapié en que la enunciación empleada por el orador es meramente militar, ya que no se utiliza palabras altisonantes, como se está acostumbrado en este tipo de clips y más del tipo de cártel en cuestión.
El periodista Luis Chaparro, en entrevista con Azucena Uresti, analizó a fondo el video llegando a la conclusión de que, igualmente resulta bastante cuestionable la veracidad del clip por el lenguaje empleado por el locutor, las armas que cataloga como hechizas y que casualmente el cártel se asome en este momento en el que hay una agresión directa del gobierno contra la organización.
Ahora, si bien es un hecho que los criminales buscan reclutar personas para incrementar el volumen y poderío de su milicia, también es un hecho, de acuerdo con sus crímenes contra la población civil, no parece importarles el bienestar comunitario. 

Es por eso que resulta cuestionable que salga el CJNG a decir que “se rigen por principios” y que están por y para el pueblo.


También otra realidad es que al crimen organizado no le interesa las labores de búsqueda de las madres buscadoras porque sus tareas no intervienen con sus actividades, la única entidad a la que le incomoda que hagan el trabajo que les corresponde es al gobierno mismo. 

Hay que recordar el asesinato de Marisela Escobedo, quien tuvo el valor de exigir justicia enfrente del Palacio Municipal de Chihuahua por el feminicidio de su hija. 

De acuerdo con las búsquedas de imágenes y datos disponibles, no se puede asegurar que sea un montaje, pero tampoco se puede afirmar que es verídico ya que existen muchas inconsistencias con lo que se sabe respecto al cártel. 

El tono del lenguaje, los uniformes, la falta de insignias del CJNG, la baja resolución del video, como si fuera hecho con un celular antiguo, además de la intención del interlocutor de culpar a madres buscadoras hacen dudar de que en verdad sea del CJNG.

FUENTE: EMEEQUIS.
AUTOR: NATH ORTIZ.

El ‘Z-40’ y el ‘Z-42’ se declaran no culpables en EU; aparecieron encadenados de los pies

Los hermanos Miguel Ángel y Omar Treviño Morales, alias ‘Z-40′ y ‘Z-42′, respectivamente, dos ex líderes de Los Zetas, se declararon no culpables, el 14 de marzo de 2025, en la Corte Federal del Distrito de Columbia, con sede en Washington D.C.

Según el Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ, por sus siglas en inglés), el ‘Z-40’ y el ‘Z-42’ fueron acusados de participar en una empresa criminal continua; conspiración de tráfico de drogas; delitos con armas de fuego; y conspiración internacional de lavado de dinero.

Ambos capos tamaulipecos comparecieron ante el juez Trevor McFadden, vestidos con uniforme de presidiarios de color azul y con los pies encadenados. Durante la audiencia estuvieron custodiados por elementos del Servicio de Alguaciles de EE. UU. (US Marshals, por sus siglas en inglés).

El juez federal fijó una nueva audiencia para las 14:00 horas del 13 de junio de 2025 (tiempo local). De ser encontrados culpables, los ex líderes de Los Zetas podrían enfrentar pena de muerte, especialmente por el cargo de crimen organizado.

Los hermanos Miguel Ángel y Omar Treviño Morales, alias ‘Z-40′ y ‘Z-42′, respectivamente, dos ex líderes de Los Zetas, fueron extraditados, el 27 de febrero de 2025, a Estados Unidos, según lo informó la oficina de Martín Cuellar, sheriff del condado de Webb, ubicado en Laredo, Texas.

“El 27 de febrero de 2025 se llevó a cabo la extradición de dos miembros de alto rango del cartel, Miguel Ángel Trevino-Morales (Z-40) y Oscar Omar Trevino- Morales (Z-42), de México a Estados Unidos. La Oficina del Sheriff del Condado de Webb está instando al público a ejercer precaución al visitar Nuevo Laredo y otras partes de Tamaulipas. Incidentes anteriores han demostrado que el cartel tiende a responder con extrema violencia contra las entidades del gobierno mexicano, lo que aumenta el riesgo para los ciudadanos en Nuevo Laredo”, indicó la oficina del sheriff, en su cuenta de la red social Facebook.

“El 3 de febrero de 2025, la ciudad de Nuevo Laredo vio un dramático aumento de violencia, con batallas de armas en toda la zona. La Oficina del Sheriff del Condado de Webb está trabajando para informar al público sobre el potencial de violencia en la región. El sheriff Martin Cuellar y su equipo están bien preparados con personal calificado y tecnología de vanguardia para salvaguardar la frontera contra cualquier posible violencia que entra a los Estados Unidos. Aconseja a los viajeros tener en cuenta los problemas de seguridad y sugiere encarecidamente que los residentes locales tomen precauciones más elevadas”, agregó la citada institución texana.

La Corte Federal del Distrito de Columbia, con sede en Washington, acusó, el 16 de octubre de 2024, a los hermanos Miguel Ángel y Omar Treviño Morales, alias ‘Z-40′ y ‘Z-42′, respectivamente, dos ex líderes de Los Zetas, en ese momento presos y con procesos de extradición pendientes, continuaban dando órdenes, desde la cárcel, al Cártel del Noreste (CDN) y a las Tropas del Infierno.

“Se hizo pública una acusación formal en el Distrito de Columbia que acusa a los líderes de la violenta organización de tráfico de drogas conocida como Los Zetas, y su organización sucesora, el Cártel del Noreste (CDN), de participar en una empresa criminal continua; conspiración de tráfico de drogas; delitos con armas de fuego; y conspiración internacional de lavado de dinero”, indicó el Departamento de Justicia de EE. UU., en un comunicado.

“Según la acusación formal, Miguel Treviño Morales, de 51 años, también conocido como Z-40, y su hermano, Omar Treviño Morales, de 48 años, también conocido como Z-42, supuestamente asumieron el control de Los Zetas después de más de una década como miembros de la violenta organización de tráfico de drogas”, recordó el Gobierno estadounidense.

“Los Zetas anteriormente sirvieron como un ala militarista armada para el Cártel del Golfo para mantener el control de las rutas de tráfico de drogas en todo México. Desde que se convirtieron en líderes de Los Zetas en 2012, al que luego rebautizaron como Cártel del Noreste, los acusados ​​​​suelen haber continuado su historia y patrón de uso de la violencia extrema para controlar grandes franjas del norte de México, incluso a lo largo de la frontera con Estados Unidos”, agregó el Departamento de Justicia de EE. UU.

“Con base en las acusaciones en la acusación formal, Miguel y Omar Treviño Morales fueron encarcelados en México en 2013 y 2015, respectivamente, pero continuaron controlando el CDN a través de varios medios, incluso instalando a varios miembros de la familia para dirigir las operaciones a su orden”, abundó el Gobierno estadounidense.

“Se presume que Miguel y Omar Treviño Morales son personalmente responsables de cometer decenas de asesinatos y de dirigir asesinatos, secuestros y actos de tortura por parte de miembros de Los Zetas y el CDN para promover y proteger las actividades de narcotráfico del Cártel y enriquecer a sus miembros”, reveló el Departamento de Justicia de EE. UU.

“Como se alega en la acusación formal, los acusados ​​dirigían una organización transnacional de tráfico de drogas que era responsable de cometer actos de violencia extrema y de traficar cantidades masivas de narcóticos a los Estados Unidos”, dijo la Fiscal General Adjunta Principal Nicole Argentieri, jefa de la División Penal del Departamento de Justicia estadounidense.

“El Departamento de Justicia está comprometido a responsabilizar a los líderes de los cárteles como los acusados ​​por envenenar a las comunidades estadounidenses y fomentar la violencia aquí y en el extranjero. También estamos comprometidos a trabajar con nuestros colegas nacionales e internacionales en este esfuerzo, y estamos agradecidos a nuestros socios de las fuerzas del orden mexicanas por su continua colaboración en este caso”, insistió Argentieri.

“Esta acusación formal sustitutiva subraya el compromiso del Departamento de Justicia de perseguir a los líderes de los cárteles de drogas más peligrosos del mundo, sin importar cuánto tiempo lleve […] Los crímenes prolíficos y los actos extremos de violencia de los acusados ​​han causado estragos en el Distrito Este de Nueva York y en todo el país, y esperamos que los acusados ​​rindan cuentas ante un tribunal de justicia de los Estados Unidos”.”, comentó, por su parte, Breon Peace, fiscal federal para el Distrito Este de Nueva York.

“Durante décadas, estos individuos han controlado una de las organizaciones de narcotráfico más violentas de México, cometiendo y dirigiendo la comisión de horribles atrocidades contra nuestros vecinos, el pueblo de México, y también en los Estados Unidos […] Nada es más importante que llevar a individuos peligrosos como este ante la justicia. Esperamos trabajar con el Gobierno de México para llevar a estos brutales líderes del cártel ante la justicia por los numerosos crímenes que han cometido”, indicó Jaime Esparza, fiscal federal para el Distrito Oeste de Texas.

“La Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional [HSI, por sus siglas en inglés] está con nuestros socios en la lucha contra las organizaciones criminales transnacionales para proteger a nuestros ciudadanos de sus acciones ilegales […] El daño causado por el cártel de Los Zetas llega mucho más allá de nuestras fronteras, dañando a las comunidades y arruinando vidas aquí en los Estados Unidos”, expresó Katrina W. Berger, directora ejecutiva asociada de dicha institución.

“Si son declarados culpables, los acusados ​​se enfrentan a una pena máxima de cadena perpetua. Un juez de un tribunal federal de distrito determinará la sentencia después de considerar las Directrices de Sentencia de los Estados Unidos y otros factores legales”, finalizó el Departamento de Justicia de EE. UU.

Hasta ese momento, el “Z-42” se encontraba preso en el Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) Número 12 ,“CPS Guanajuato”, ubicado en el municipio de Ocampo. Junto con su hermano Miguel Treviño Morales, también conocido como “El Z-40”, Óscar Omar era considerado como uno de los principales generadores de violencia en Tamaulipas, Coahuila y Nuevo León, sin embargo, fue detenido el 4 de marzo del 2015.

Elementos de la Secretaría de Marina (SEMAR) aprehendieron a “El Z-42” en una residencia ubicada en la colonia Fuentes del Valle, del municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, y fue internado en el Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) Número 1 “El Altiplano”, ubicado en Villa de Almoloya de Juárez, Estado de México, donde le iniciaron cuatro procesos penales.

En julio de 2019, Treviño Morales fue sentenciado en un juicio a 18 años de prisión, por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Estados Unidos ofrecía una recompensa de hasta 5 millones de dólares por el capo -nacido en Nuevo Laredo, Tamaulipas-, conocido por su perfil extremadamente violento.

EE.UU. buscaba la extradición de “El Z-42”, con base en una orden de captura librada el 15 de mayo de 2009 por la Corte Federal del Distrito de Columbia, con sede en Washington, por cargos de exportación y distribución de cocaína y mariguana.

“El 42” era uno de los 19 mandos de Los Zetas contra quienes se ordenó la captura en dicha Corte Federal estadounidense, entre ellos su hermano Miguel Treviño Morales, “El Z-40”; así como Jesús Enrique Rejón Aguilar, “El Mamito”, y Jaime González Durán, “El Hummer”.

Según la Agencia Antidrogas de EE.UU (DEA, por sus siglas en inglés), el presunto líder criminal coordinaba el tráfico de grandes cantidades de cocaína y mariguana en la frontera de Coahuila, además de que recibía dinero en efectivo de las ganancias en territorio estadounidense.

Con la captura de Omar Treviño Morales, quien a su vez fue sucesor del “Z-40”, la organización de Los Zetas se dividió en dos facciones: una liderada por Omar Lormendez Pitalua, alias “Z-10”, y la otra por Juan Francisco Treviño Morales, otro de los hermanos, y cuya célula fue renombrada como Cartel del Noreste (CDN).

Según investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), los días 18, 19 y 20 de marzo de 2011, Oscar Omar Treviño Morales, alias “El Z-42”, y su hermano, Miguel Ángel Treviño Morales, “El Z-40”, ordenaron a sus sicarios tomar el municipio de Allende, en Coahuila, en busca de cuatro de sus integrantes quienes supuestamente los traicionaron, y les robaron cinco millones de dólares.

Los líderes del Cártel de Los Zetas ordenaron masacrar a sus familiares, quemándolos y derritiéndolos en ácido. De las 300 víctimas que documentaron medios estadounidenses y Raúl Vera López, entonces obispo de Saltillo, el expediente de la extinta Procuraduría General de Justicia del Estado de Coahuila sólo reconocía a 26, basado en 61 testimonios y no en pruebas periciales, según reveló un informe del Centro de Estudios Internacionales de El Colegio de México (COLMEX), publicado en octubre de 2016.

Por otra parte, a finales de julio del 2021, el “Z-40” fue trasladado al Centro Federal de Readaptación Social número 15, CPS Chiapas, ubicado en el municipio de Villa Comaltitlán. Antes, en marzo del 2017, Treviño Morales fue trasladado por la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), al CEFERESO No. 9, de Ciudad Juárez, en el estado de Chihuahua.

FUENTE: SEMANARIO ZETA.
AUTOR: CARLOS ÁLVAREZ ACEVEDO.

Abogado de “El Mayo” y “El Vicentillo”, también será defensor del “Z-40” en EU

El litigante texano Frank A. Pérez asumió el cargo, el 10 de marzo de 2025, de abogado defensor de Miguel Ángel Treviño Morales, alias ‘Z-40′, ex líder de Los Zetas, quien fue extraditado, el 27 de febrero del mismo año, a Estados Unidos.

El recurso ‘pro hac vice’ fue enviado por el citado litigante a la Corte Federal del Distrito de Columbia, con sede en Washington. Pérez indicó que presentaba la solicitud para poder “argumentar y juzgar este caso en su totalidad o en parte como abogado principal de Miguel Ángel Treviño Morales”.

Además, el abogado argumentó que no contaba con asuntos disciplinarios en su contra, en ningún estado o tribunal de EE. UU. También explicó que era litigante en la Corte Federal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Oeste de Texas, en El Paso, y que no había sido detenido por algún delito ni censurado o suspendido en alguna otra corte.

El recurso de ‘pro hac vice’ le concede licencia limitada a un abogado estadounidense, para poder ejercer en una jurisdicción donde no está facultado. La audiencia de lectura de cargos contra el “Z-40” estaba programada para el 14 de marzo de 2025, en la citada Corte Federal.

“Deseo presentar mi comparecencia como abogado contratado para el acusado mencionado anteriormente en esta causa. Entiendo que es mi deber continuar representando al acusado en relación con todos los asuntos relacionados con esta causa, y en relación con todos los procedimientos en este Tribunal; a menos y hasta que, después de una moción escrita presentada por mí, sea relevado mediante una Orden del Tribunal”, indicó el escrito firmado por el litigante.

Pérez se sumó al equipo de defensa de Treviño Morales, que hasta ahora llevaba el abogado Alfred Guillaume, III, cuya firma está ubicada en Washington. Además, el litigante también está al frente de los casos del capo sinaloense Ismael Mario Zambada García, alias “El Mayo”, así como de su hijo, Jesús Vicente Zambada Niebla, “El Vicentillo”.

FUENTE: SEMANARIO ZETA.
AUTOR: CARLOS ÁLVAREZ ACEVEDO.

Aplazan un mes la audiencia de “El Güero Moreno”, hijo de “El Chapo”, en Chicago

Fuentes citadas por la cadena Televisa, el 9 de marzo de 2025, afirmaron que la audiencia programada para Joaquín Guzmán López, “El Güero Moreno” -hijo del capo sinaloense Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, “El Chapo”-, misma que estaba programada a las 10:30 horas del 19 de marzo del mismo año (tiempo local), ante la jueza Sharon Johnson Coleman, de la Corte Federal del Distrito Norte de Illinois, en Chicago, sería aplazada un mes.

Televisa detalló que la audiencia del hijo del ex líder del Cártel de Sinaloa, se pospuso para las 10:30 horas del 18 de abril (tiempo local). El joven sinaloense pertenecía a “Los Menores” y/o “Los Chiquillos”, como se le conoce a Iván Archivaldo Guzmán Salazar, “El Chapito”, y a sus hermanos, Jesús Alfredo Guzmán Salazar, alias “El Güero Moreno” y/o “El Alfredillo”, así como a Joaquín y Ovidio Guzmán López, “El Ratón”, todos hijos del capo sinaloense Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, “El Chapo”, estos últimos presos en Estados Unidos.

Ismael Mario Zambada García, alias “El Mayo”, cofundador del Cártel de SInaloa, de 76 años de edad, fue supuestamente privado de la libertad, el 25 de julio del 2024, en Culiacán de Rosales, por Joaquín Guzmán López, “El Güero Moreno” -de 38 años de edad e hijo de Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, alias “El Chapo”- , quien presuntamente también habría asesinado -el mismo día y lugar-, a Héctor Melesio Cuén Ojeda, líder del Partido Sinaloense (PAS), diputado federal electo y ex rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS). Luego, el joven lo trasladó de forma ilegal a Estados Unidos, donde él también se entregó.

Los hermanos Joaquín Guzmán López, “El Güero Moreno” y Ovidio Guzmán López, “El Ratón”, hijos del capo sinaloense Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, “El Chapo”, presos en Estados Unidos, comparecieron, el martes 7 de enero de 2025 (tiempo local), ante la jueza Sharon Johnson Coleman, de la Corte Federal del Distrito Norte de Illinois, en Chicago.

Sin embargo, los fiscales del Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ, por sus siglas en inglés), informaron que requerían más tiempo para definir los puntos concretos de un potencial acuerdo con los hijos del ex líder del Cártel de Sinaloa, que, además de los beneficios para los procesados, podría convertirlos en testigos colaboradores, declarándose culpables sin ir a juicio y obteniendo una pena reducida.

La jueza federal autorizó nuevos plazos para que las negociaciones con “El Ratón” y “El Güero Moreno” continúen, por lo que Coleman fijó nuevas fechas de audiencias de revisión del proceso de los hermanos, para las 13:30 horas del 27 de febrero de 2025 y a las 10:30 horas del 19 de marzo del mismo año, respectivamente.

Asimismo, Coleman autorizó varias mociones de la Fiscalía de EE. UU., entre las cuales destacó la posibilidad de que los hermanos fueran procesados por separado. Según corresponsales de medios como Milenio y NMás, aunque habían sido requeridos para comparecer en persona, a la audiencia del 7 de enero de 2025, sólo compareció vía telefónica su abogado defensor, Jeffrey Lichtman, debido a dificultades climáticas, derivadas de la tormenta invernal que azotó varias zonas de dicho país, durante los últimos días.

FUENTE: SEMANARIO ZETA.
AUTOR: CARLOS ÁLVAREZ ACEVEDO.

Extraditan a ‘La Gorda’ del Cártel de Sinaloa a Estados Unidos: FGR

Su papel dentro del Cártel de Sinaloa consistía en adquirir, transportar y traficar droga desde Guatemala hacia México y posteriormente a Estados Unidos.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que Jorge Alberto Soto Rodas, alias ‘La Gorda‘, presunto integrante de una organización vinculada al Cártel de Sinaloa, fue extraditado a Estados Unidos. 

La entrega se realizó en el Aeropuerto Internacional de Toluca, Estado de México, en cumplimiento del Tratado de Extradición entre ambos países.

Soto Rodas es requerido por la Corte Federal para el Distrito Este de Texas, donde enfrenta cargos por asociación delictuosa y delitos contra la salud. 

Según las autoridades, su papel dentro del Cártel de Sinaloa consistía en adquirir, transportar y traficar droga desde Guatemala hacia México y posteriormente a Estados Unidos. Fue detenido en 2023 en el estado de Puebla y, tras un proceso judicial, se aprobó su extradición.

El traslado se llevó a cabo con la presencia de agentes estadounidenses encargados de su custodia y transporte. 

La FGR señaló que esta acción forma parte de los compromisos internacionales asumidos por México en materia de combate al crimen organizado transnacional.

Extradiciones de narcotraficantes mexicanos

La extradición de ‘La Gorda’ ocurre pocos días después de que el gobierno mexicano ejecutara un operativo sin precedentes que resultó en el traslado de 29 narcotraficantes a Estados Unidos el pasado 27 de febrero. 

Entre los extraditados destacan figuras como Rafael Caro Quintero, vinculado al asesinato del agente de la DEA Enrique Camarena; Miguel Ángel Treviño Morales (Z-40) y Omar Treviño Morales (Z-42), antiguos líderes del cártel de Los Zetas; y Antonio Oseguera Cervantes (Tony Montana), operador financiero del Cártel Jalisco Nueva Generación.

Este operativo masivo involucró a más de 3,500 elementos policiales y militares y se dio en un contexto diplomático complicado. 

Las extradiciones han sido interpretadas como una respuesta a las presiones del gobierno estadounidense, que ha vinculado el tráfico de drogas, especialmente fentanilo, con amenazas comerciales como la imposición de aranceles a las exportaciones mexicanas.

En total, los 29 extraditados enfrentan acusaciones que incluyen tráfico de drogas, homicidio, lavado de dinero y conspiración.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

"El Menchito" es sentenciado a prisión de por vida

La jueza federal Beryl A. Howell al dictarle sentencia al hijo de “El Mencho”, indicó que su decisión de enviarlo a prisión por el resto de sus días, tenía que ver con un gran caso notorio que involucra al trasiego de drogas.

Rubén Oseguera González “El Menchito” hijo del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes fue sentenciado a cadena perpetua más 30 años de cárcel por los delitos de narcotráfico y conspiración para exportar a Estados Unidos con fines de distribución toneladas de cocaína y miles de kilos de metanfetamina.

La jueza federal Beryl A. Howell al dictarle sentencia al hijo de “El Mencho”, indicó que su decisión de enviarlo a prisión por el resto de sus días, tenía que ver con un gran caso notorio que involucra al trasiego de drogas y a la violencia que priva en México generada por su organización delincuencial.

“El Menchito” no mostró ninguna reacción ante el castigo que le impuso la jueza y estuvo flanqueado por sus abogados.

Los litigantes pidieron a la magistrada de la Corte Federal de Washington D.C. que considerara el recomendar que Oseguera González fuera enviado a una prisión federal en cualquier lugar del estado de California, para cumplir su sentencia y que pudiera ser visitado por su esposa y familia.

Al “Menchito” la jueza le dijo que su sentencia también se justificaba porque en él se aplica la designación de un “verdadero capo del narcotráfico internacional” e indicó que por sus años en el puesto número 2 del liderazgo del CJNG, le imponía una multa a confiscar por parte del gobierno de Estados Unidos de 6 mil 2 millones 650 mil dólares.

Durante la audiencia de sentencia que duró casi cuatro horas, el abogado de “El Menchito”, Anthony Colombo Jr. intentó argumentar que su cliente merecía una sentencia no máxima de 40 años, porque fue reclutado a los 13 años por su padre para formar parte del CJNG sin tener “otra opción”.

“Además los seis testigos incriminatorios que hablaron en su contra durante el juicio carecen que credibilidad”, dijo Colombo ante la jueza Howell.

La magistrada rechazó todos los argumentos de la defensa de “El Menchito”, asestándole que su cliente firmó en 2023 la declaración de hechos, de entre los cuales no solo aceptó haber jugado el papel del número 2 del CJNG, sino que además dio la orden para trasegar toneladas de drogas a los Estados Unidos, asesinar en 2008 a un rival del narcotráfico, participar en el derribamiento de un helicóptero militar en 2015 y ordenar el asesinato de más de 100 personas.

A nombre del Departamento de Justicia el fiscal Rapahel Horneck solicitó a la jueza que por todos lo delitos admitidos y demás hechos violentos que involucraron a Oseguera González y que se presentaron durante el proceso, el acusado merecía una condena de dos cadenas perpetuas

La jueza mostró una posición intermedia y rechazando la postura de la defensa y la de los fiscales del Departamento de Justicia dijo que si la pena de cadena perpetua, más los 30 años de cárcel no eran suficientes, y en caso de lograr cumplir sus condena “de la cárcel sería supervisado de por vida”.

Antes de terminar el castigo, la jueza le preguntó a “El Menchito” si quería decir algo en la sesión; antes de responder, el hijo de “El Mencho” se acercó a sus defensores y les “cuchicheo” algo al oído y estos les respondieron de la misma manera y a nombre de él, el abogado Colombo le dijo a la jueza que declinaba la oferta.

Poco antes de dictarle sentencia en la larguísima sesión de la Corte de la capital estadunidense la jueza le dijo al acusado que durante todo el juicio él nunca aceptó responsabilidad de nada ni demostró ninguna señal de remordimiento o arrepentimiento, por todos los crímenes que cometió siendo uno de los grandes capos del narcotráfico de México.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: SEMANARIO ZETA.

Fiscal de CDMX reconoce presencia de red internacional de trata de personas

Uno de los casos destacados fue el secuestro de varios extranjeros, de nacionalidad india y nepalí, ocurrido el pasado 21 de febrero.

En una conferencia de prensa este domingo 2 de marzo, Bertha María Alcalde Luján, Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, informó sobre los avances en el combate a la impunidad en casos de homicidios y delitos graves en la capital.

Uno de los casos destacados fue el secuestro de varios extranjeros, de nacionalidad india y nepalí, ocurrido el pasado 21 de febrero.

Tras la denuncia, las autoridades realizaron una operación de rescate que culminó con la detención de tres presuntos responsables, quienes enfrentan cargos por secuestro agravado y cobranza ilegítima.

Durante la audiencia inicial del 28 de febrero, los detenidos fueron vinculados a proceso y se les otorgaron tres meses de investigación complementaria para profundizar en su participación en los hechos.

La fiscal Alcalde Luján destacó que, además del proceso por secuestro, la Fiscalía de Trata de Personas está llevando a cabo una investigación paralela para comprender el alcance de red de trata de personas.
“Contamos ya con algunas líneas de investigación en las cuales estamos avanzando, y en su momento se podrá informar al respecto”, señaló la fiscal, sin revelar más detalles.
Durante su sus declaraciones, Alcalde Luján reconoció que las mafias internacionales están operando en la Ciudad de México, no solo en delitos de trata de personas, sino también en otras actividades criminales graves.


FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

La encrucijada de Sheinbaum: exjefes del narco no bastan; EU quiere a narcopolíticos

Los halcones de Washington van por presas más valiosas y así se lo han dicho a la presidenta Sheinbaum. Con nombre, apellido y cargo. Ese escenario la tiene en una encrucijada, pero también ante una oportunidad histórica.

La entrega de exjefes del narcotráfico no es suficiente. Menos, si la presidenta Claudia Sheinbaum evita asumir la responsabilidad de haberlos sometido a la justicia estadunidense bajo ningún procedimiento judicial y por “razones de seguridad nacional”.

Tan inverosímil como imposible es que Sheinbaum haya sido ajena a la decisión. Primero, porque en su calidad de jefa del Ejecutivo es la presidenta del Consejo de Seguridad Nacional, el mismo con el que el fiscal general, Alejandro Gertz Manero, y el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, justificaron la entrega de los narcos caídos en desgracia, la mayoría desde hace años.

En segundo lugar, porque la expulsión coloca a varios de ellos en la antesala del patíbulo. Una decisión así no se toma “de forma colegiada” por los integrantes del gabinete de seguridad nacional sin la participación de quien lo encabeza.

Esa es una medida de la más alta responsabilidad política porque, además de pasar por encima de los procedimientos judiciales, entra en conflicto con la Constitución e instrumentos internacionales de los que México forma parte respecto de la aplicación de la pena capital y la cadena perpetua.

Para la presidenta fue más fácil denostar una vez más al Poder Judicial en un intento de evadir públicamente su responsabilidad y esconder su toma de decisiones. Con el manido discurso de la corrupción de los jueces, al que también recurrieron los “colegiados” Gertz Manero y García Harfuch para justificar la expatriación de los procesados, Sheinbaum pretendió lo inevitable: la comparación con Felipe Calderón.

También a comienzos de su gobierno, en enero de 2007, Calderón pasó por encima de todo procedimiento judicial y entregó 15 excapos a Estados Unidos. Sólo que esta vez, a diferencia de la reivindicación de Calderón en torno de su “valentía”, la presidenta quiso cuidarse ante la opinión pública escudándose en el Gabinete de Seguridad Nacional.

Por más que aleguen que se trató de un tema amparado por lo establecido en la Ley de Seguridad Nacional, la misma dice que en los casos de urgencia debe intervenir una autoridad judicial.

Los mismos funcionarios que dicen haber tomado la decisión al margen de la presidenta, se encontraban en Washington, reunidos con sus pares en el Departamento de Estado, en el momento en que se operaba en México la entrega de los exnarcotraficantes.

El viernes último, el fiscal Gertz dijo que “los colegiados” de la seguridad nacional, entre los que estuvieron los jefes del Ejército y de la Marina, acordaron la medida apenas unas horas después de una solicitud de Estados Unidos.

La presidenta anunció el miércoles pasado la salida del gabinete de seguridad a Washington ese mismo día, lo cual hace suponer que la decisión de la entrega se tomó el martes. En su reunión del jueves en el Departamento de Estado, los funcionarios mexicanos pusieron a los expatriados en la mesa de las negociaciones.

Pero la entrega de delincuentes no basta para Washington. El presidente estadunidense y su gabinete de seguridad, incluido el Pentágono, quieren a quienes desde el poder han protegido las actividades del narcotráfico en México: los narcopolíticos.

Al igual que en los capos y lugartenientes del narcotráfico, en la narcopolítica hay actores principales y secundarios de ayer y hoy. El nuevo régimen se ha cebado en la figura del exsecretario de Seguridad Genaro García Luna para lucrar políticamente. Pero no mira su entorno.

El que fuera el hombre fuerte y de todas las confianzas de Calderón no es el único, ni el primero, ni el último. Es, hasta ahora, el más prominente de la política fuera de los exgobernadores que han estado presos en Estados Unidos. Forman una galería quienes han protegido y se han beneficiado del narcotráfico en México desde el poder político, militar, policial y económico.

Gobernadores, senadores, diputados, secretarios de Estado, alcaldes, jefes militares y policiales, fiscales, ministerios públicos, jueces y lavadores de dinero con la fachada de empresarios han contribuido al empoderamiento de las organizaciones criminales que tienen tan mal parado a México en el mundo y que lo hace todavía más vulnerable ante una administración colonialista como la de Trump.

Los halcones de Washington van por presas más valiosas y así se lo han dicho a la presidenta Sheinbaum. Con nombre, apellido y cargo. Ese escenario la tiene en una encrucijada, pero también ante una oportunidad histórica. Se encuentra en un momento de definición: ir contra aquellos que, con evidencias, puedan estar implicados o seguir recibiendo su respaldo político.

Mientras no dé señales, seguirá la desconfianza de Estados Unidos hacia ella y su gabinete heredado.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JORGE CARRASCO ARAIZAGA.